Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2023-00048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2023-00048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2023-00048-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00048-01 (0125-2025)
Demandante: Pedro José Díaz Hernández
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Tema: Reconocimiento de asignación de retiro de las fuerzas
militares. Aplicación del régimen de transición de la Ley 923
de 2004. Alcance del Decreto 991 del 2015. Relación entre
«separación absoluta» y «conducta deficiente» en el marco
del retiro del servicio militar. Aplicación oficiosa de
prescripción cuatrienal del artículo 174 del Decreto 1211 de
1990.
Decisión: Se confirma la sentencia porque se probó que el demandante
es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
923 del 2004. Se accede al reconocimiento y pago de
asignación de retiro de las fuerzas militares. Se declara
probada de oficio la prescripción cuatrienal de mesadas.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 28 de agosto de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en
la Resolución 1743 del 10 de marzo de 2016 mediante la cual la entidad
demandada le negó el reconocimiento de la asignación de retiro.
1 Documento PDF «001EscritoDemanda.pdf» que obra en el documento
«5_EXPEDIENTEDIGI_EXPDIGITA_01PrimeraInstancia4z_0_20250123085606504.zip», visible en el
índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Pedro José Díaz Hernández
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar dicha prestación a partir del 17 de octubre de
2015, conforme al régimen previsto en el Decreto Ley 1211 de 1990 y la Ley 923
de 2004.
3. Asimismo, requirió el pago de las sumas dejadas de percibir por concepto
de asignaciones, primas, bonificaciones y demás prestaciones, debidamente
actualizadas, así como el cumplimiento de la sentencia en los términos legales y
la condena en costas. De igual forma, pretendió el reconocimiento y pago de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro,
correspondientes a las mesadas de asignación de retiro dejadas de percibir
desde la fecha de su retiro y las que se sigan causando hasta el efectivo
reconocimiento de la prestación.
4. Como fundamento fáctico, sostuvo que el régimen prestacional de las
Fuerzas Militares, contenido en el Decreto Ley 1211 de 1990, reconoce el
derecho a la asignación de retiro con un mínimo de 15 años de servicio.
5. En ese contexto, indicó que prestó sus servicios a la Armada Nacional en
distintas modalidades de vinculación: ingresó como infante de marina regular el
8 de agosto de 1997, posteriormente como infante de marina profesional y,
finalmente, como suboficial desde el 12 de septiembre de 2003 hasta el 16 de
octubre de 2015, alcanzando el grado de sargento segundo.
6. Señaló que mediante la Resolución 0885 del 14 de octubre de 2015 fue
retirado del servicio activo por la causal de separación absoluta y que en su hoja
de servicios se le reconoció un tiempo total de 16 años, 7 meses y 2 días.
7. Manifestó que, con fundamento en el tiempo de servicios acreditado y en
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, solicitó ante la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, al considerar
que superaba el mínimo de 15 años exigido por el régimen anterior.
8. Indicó que, a través de la Resolución 1743 del 10 de marzo de 2016, el
Director General de la entidad demandada negó la solicitud considerando que
por haber sido retirado por la causal de separación absoluta debía acreditar un
tiempo superior a 20 años de servicio, conforme a lo previsto en el Decreto 991
de 2015.
9. Por último, adujo que dicha decisión desconoció lo dispuesto en la Ley 923
de 2004 y vulneró los artículos 1, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política en la
medida en que a los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en
servicio activo al momento de la entrada en vigencia de dicha ley no pueden
imponérseles condiciones más gravosas que las previstas en el régimen anterior.
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Demandante: Pedro José Díaz Hernández
Contestación de la demanda2
10. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, argumentando que el expediente prestacional del demandante fue
remitido por la Dirección de Prestaciones Sociales de la Armada Nacional y
radicado en esa entidad el 22 de febrero de 2016 junto con la Hoja de Servicios
4-80002836 del 9 de febrero de 2016, documento en el cual consta que fue
retirado del servicio activo por la causal de separación absoluta, con un tiempo
total de 16 años, 7 meses y 2 días de servicio, con novedad fiscal del 16 de
octubre de 2015.
11. Indicó que, con fundamento en dicha información, expidió la Resolución
1743 del 10 de marzo de 2016, mediante la cual negó el reconocimiento y pago
de la asignación de retiro por cuanto el actor no cumplía con el tiempo mínimo de
20 años de servicio exigido por el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 para el
personal retirado por la causal de separación absoluta.
12. Sostuvo que el acto acusado se ajusta a derecho toda vez que fue
expedido con fundamento en la hoja de servicios, agregando que la separación
absoluta no constituye una causal autónoma de retiro, sino una sanción
administrativa, razón por la cual el demandante no se encuentra dentro de las
hipótesis normativas que permiten acceder a la asignación de retiro con un
tiempo inferior al previsto en el Decreto 991 de 2015.
Sentencia apelada3
13. El Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia de primera instancia
el 28 de agosto de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, declaró no probada la excepción de prescripción y se abstuvo de
condenar en costas a la entidad demandada.
14. Para el efecto, el a quo encontró acreditado que CREMIL negó el
reconocimiento de la asignación de retiro mediante la Resolución 1743 de 10 de
marzo de 2016, al considerar que el demandante —Sargento Segundo de la
Armada Nacional retirado por separación absoluta del servicio el 14 de octubre
de 2015— no cumplía el tiempo mínimo de 20 años exigido en el artículo 1 del
Decreto 991 de 2015, dado que únicamente acreditaba 16 años, 7 meses y 2
días de servicio.
15. No obstante, el tribunal precisó que el actor se encontraba en servicio
activo al momento de entrar en vigencia la Ley 923 de 2004, circunstancia que lo
hacía beneficiario del régimen de transición allí previsto. En consecuencia,
concluyó que el régimen aplicable correspondía al previsto en el Decreto 1211
2 Documento PDF «007MemorialContestaciónDemanda.pdf» Ibidem.
3 Documento PDF «022Sentencia.pdf» ibidem.
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de 1990, particularmente en su artículo 163, que exige 15 años de servicio para
acceder a la asignación de retiro.
16. Asimismo, señaló que la exigencia de 20 años prevista en el Decreto 991
de 2015 no resultaba aplicable al demandante, no solo porque el artículo 1 de
dicho decreto fue declarado nulo por el Consejo de Estado, sino también porque
la Ley 923 de 2004 garantiza el respeto de los derechos adquiridos y del régimen
de transición de quienes se encontraban vinculados al servicio activo.
17. Con fundamento en ello, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. Sin
embargo, negó el reconocimiento autónomo de perjuicios materiales por daño
patrimonial, al considerar que el restablecimiento del derecho se satisfacía con
la orden de reconocimiento, liquidación y pago de las sumas adeudadas, junto
con la correspondiente indexación.
18. Por otra parte, sostuvo que la exigibilidad del derecho no debía ubicarse
en la fecha del retiro del servicio, sino en el momento en que desapareció el
obstáculo jurídico que impedía su reclamación, esto es, con la ejecutoria de las
sentencias del 23 de octubre de 2014 y 18 de octubre de 2011 del Consejo de
Estado que declararon la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 y del
artículo 1 del Decreto 991 de 2015.
19. En ese sentido, explicó que los efectos ex tunc de las sentencias de
nulidad generan certeza jurídica sobre el derecho reclamado, razón por la cual el
término prescriptivo solo comienza a correr desde la ejecutoria de la providencia
que eliminó la restricción normativa existente.
20. Así, indicó que, dado que el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 —que
exigía un tiempo superior para acceder a la asignación de retiro— fue anulado
por sentencia del Consejo de Estado de 18 de octubre de 2022 con efectos
retroactivos, el término de prescripción debía contabilizarse desde la ejecutoria
de dicha decisión y no desde el retiro del servicio.
21. Bajo ese entendimiento, concluyó que ni el derecho principal ni las
mesadas se encontraban prescritos, pues el término cuatrienal vencía en octubre
de 2026 y la demanda fue presentada el 5 de mayo de 2023, esto es, dentro del
término legal.
Recurso de apelación4
22. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del 28 de agosto de 2024, solicitando su revocatoria integral y, en su lugar, la
negación de las pretensiones de la demanda.
4 Documento PDF «025MemorialWeb.pdf», ibidem.
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23. Sostuvo que el reconocimiento de la asignación de retiro debe efectuarse
exclusivamente con fundamento en las disposiciones especiales vigentes al
momento del retiro y en la hoja de servicios expedida por la respectiva fuerza,
documento que constituye el medio probatorio idóneo para determinar el tiempo
de servicio, la causal de retiro y las partidas computables, conforme a lo previsto
en los artículos 234 y 235 del Decreto Ley 1211 de 1990.
24. Indicó que, según la Hoja de Servicios 4‑80002836 del 9 de febrero de
2016, el actor fue retirado del servicio activo por la causal de separación absoluta,
con novedad fiscal del 16 de octubre de 2015 y un tiempo total de servicios de
16 años, 7 meses y 2 días, razón por la cual no cumple con el tiempo mínimo de
20 años exigido por el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 para el reconocimiento
de la prestación en dicha modalidad de retiro.
25. Afirmó que el Tribunal incurrió en error al aplicar el artículo 163 del Decreto
Ley 1211 de 1990, en la medida en que la causal de separación absoluta no se
encuentra prevista en dicha disposición dentro de los eventos que permiten
acceder a la asignación de retiro con un tiempo inferior a 20 años.
26. Agregó que, al momento del retiro del actor, el Decreto 991 de 2015 se
encontraba vigente y amparado por la presunción de legalidad, por lo que la
entidad se encontraba obligada a aplicarlo al caso concreto.
27. Señaló que la causal de retiro por separación absoluta derivada de una
sanción penal no es equiparable a la de conducta deficiente prevista en el
Decreto 1211 de 1990, por lo que no es posible extender dicho supuesto para
reconocer la prestación con un tiempo inferior al exigido.
28. En ese orden de ideas, reiteró que la Resolución 1743 del 10 de marzo de
2016 fue expedida con sujeción a la normativa vigente y con base en la
información contenida en la hoja de servicios del demandante, razón por la cual
insistió en que no hay lugar al reconocimiento de la asignación de retiro.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
29. Mediante auto del 20 de febrero de 20255 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a las partes procesales que tenían hasta la ejecutoria
de dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio
Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.
30. El 05 de marzo del 20256, el demandante se pronunció solicitando
confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que el Tribunal realizó
una adecuada interpretación del régimen jurídico aplicable al caso concreto.
5 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.
6 Índice 12 de SAMAI del Consejo de Estado.
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31. Sostuvo que se encontraba en servicio activo al 31 de diciembre de 2004,
razón por la cual es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923
de 2004, de suerte que los requisitos para acceder a la asignación de retiro
debían determinarse con fundamento en el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de
1990, que exige 15 años de servicio cuando el retiro se produce por causales
distintas a la solicitud propia.
32. Indicó, además, que prestó sus servicios por más de 16 años y fue retirado
por la causal de separación absoluta, circunstancia que, conforme a la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, puede subsumirse dentro del
concepto de conducta deficiente previsto en el artículo 163 del Decreto 1211 de
1990 sin que ello constituya un obstáculo para el reconocimiento de la prestación.
33. Agregó que el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 no resultaba aplicable al
caso, toda vez que dicha disposición fue anulada por el Consejo de Estado por
imponer exigencias más gravosas que las autorizadas por la Ley 923 de 2004.
Por ello, concluyó que el acto administrativo demandado desconoció el régimen
de transición y vulneró su derecho a la seguridad social.
34. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
35. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
36. En atención a los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de una asignación de retiro, pese a haber sido retirado del servicio
activo por la causal de separación absoluta y acreditar un tiempo de servicios de
16 años, 7 meses y 2 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del Decreto
Ley 1211 de 1990; o si, por el contrario, resulta aplicable el régimen previsto en
el Decreto 991 de 2015, que exigía un tiempo mínimo de 20 años de servicio para
dicha causal de retiro, lo que conllevaría a revocar la sentencia de primera
instancia y negar las pretensiones de la demanda.
Análisis del problema jurídico
37. La Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro por cuanto es beneficiario del régimen de transición
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previsto en la Ley 923 de 2004 y cumple con los requisitos establecidos en el
Decreto Ley 1211 de 1990, en particular el tiempo mínimo de servicios y el retiro
por una causal no voluntaria susceptible de ser subsumida dentro de la conducta
deficiente.
38. Revisado el expediente se observa lo siguiente: mediante sentencia del 4
de diciembre de 2014, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá declaró penalmente responsable al demandante por el delito de hurto
calificado y agravado en concurso de fabricación, tráfico, porte o tenencia de
armas de fuego y le impuso una pena de 70 meses de prisión; además que como
consecuencia de lo anterior, el comandante de la Armada Nacional expidió la
Resolución 0885 del 14 de octubre de 2015, mediante la cual se dispuso su retiro
del servicio activo por la causal de separación absoluta y continuó dado de alta
en la Tesorería Principal del Comando de la entidad por el término de 3 meses a
partir de la fecha de retiro7.
39. Además, se encuentra acreditado que, conforme a la Hoja de Servicios
4‑80002836 expedida el 9 de febrero de 2016 por la Dirección de Personal de la
Armada Nacional8, el actor prestó sus servicios en las siguientes modalidades y
períodos:
• Servicio militar obligatorio: desde el 2 de agosto de 1997 hasta el 2 de
febrero de 1999, para un total de un (1) año y seis (6) meses.
• Soldado voluntario: desde el 23 de febrero de 1999 hasta el 31 de octubre
de 2000, cuando fue retirado por solicitud propia, correspondiente a un
total de un (1) año, ocho (8) meses y ocho (8) días.
• Alumno infante profesional: desde el 3 de noviembre de 2002 hasta el 8
de enero de 2003, para un total de dos (2) meses y cinco (5) días.
• Infante profesional: entre el 9 de enero de 2003 y el 11 de septiembre de
2003, período equivalente a ocho (8) meses y dos (2) días.
• Suboficial: desde el 12 de septiembre de 2003, cuando ingresó en el grado
de marinero segundo, desempeñándose de forma continua en los grados
de cabo segundo, cabo primero y sargento segundo, hasta la fecha de
corte del retiro del 16 de octubre de 2015, para un total de doce (12) años,
un (01) mes y cinco (5) días en este interregno.
40. Asimismo, se encuentra acreditado que la entidad demandada profirió la
Resolución 1743 del 10 de marzo de 2016, mediante la cual dio respuesta al
trámite del expediente prestacional radicado bajo el número 1731612 del 22 de
febrero de 2016, a través de la cual negó el reconocimiento de la asignación de
retiro al actor9.
7 SAMAI, índice 02, expediente digitalizado, archivo «001EscritoDemanda.pdf», págs. 57-58.
8 Ibidem, págs. 98-101.
9 Páginas 17-18 ibidem.
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41. A partir de los anteriores supuestos fácticos debidamente acreditados, la
Sala procede a determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto. En ese
sentido, se tiene que el Decreto 1211 de 1990 reguló la asignación de retiro para
los miembros de las Fuerzas Militares y dispuso en su artículo 163 que esta
prestación se reconoce cuando el uniformado es retirado con un mínimo de 15
años de servicio por causales distintas a la solicitud propia, entre ellas, la
conducta deficiente.
42. Posteriormente el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 estableció un régimen
de transición en favor de los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban
en servicio activo al momento de su entrada en vigencia con el fin de proteger
sus expectativas legítimas en materia prestacional, sobre el cual el Consejo de
Estado10 ha señalado que a quienes cumplían esa condición no se les pueden
imponer requisitos más gravosos que los previstos en el régimen anterior.
43. Con lo anterior se ha precisado que el único requisito para acceder al
régimen de transición es encontrarse en servicio activo al 30 de diciembre de
2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cual comporta la
aplicación del Decreto Ley 1211 de 1990 en lo relacionado con el tiempo de
servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro a quienes se
encontraban vinculados a la Fuerza Pública antes de esa fecha.
44. De igual forma, esta Subsección11 ha precisado que a los miembros de la
Fuerza Pública que para la mencionada fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004 se encontraban en servicio activo, les resultan aplicables las
disposiciones anteriores a dicha ley, en virtud del régimen de transición allí
previsto, dentro de las cuales se encuentra el Decreto 1211 de 1990.
45. En el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante se
encontraba en servicio activo para la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004
pues ingresó como suboficial en el grado de marinero segundo el 12 de
septiembre del 2003, razón por la cual le resulta aplicable el régimen de
transición, sin que pueda exigírsele el cumplimiento de condiciones más
gravosas.
46. Seguidamente, a partir de los períodos de servicio previamente reseñados,
la Sala procede a efectuar el cómputo del tiempo total de servicios acreditados
por el actor, de conformidad con el siguiente cuadro:
Grado militar Desde Hasta Tiempo laborado
10 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 17 de febrero del 2022, rad. 76001-23-33-000-2016-01514-01 C.P. William
Hernández Gómez, y ii) sentencia de 16 de julio de 2013, rad. 25000-23-41-000-2013-00659-01, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Pedro José Díaz Hernández
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Soldado en servicio militar 02/08/1997 02/02/1999 1 6 0
obligatorio
Soldado voluntario 23/02/1999 31/10/2000 1 8 8
Alumno infante profesional 03/11/2002 08/01/2003 0 2 5
Infante profesional 09/01/2003 11/09/2003 0 8 2
Suboficial 12/09/2003 16/10/2015 12 1 5
TOTAL 16 1 20
47. En ese orden, resulta acreditado que el demandante prestó servicios por
un total de dieciséis (16) años, un (1) mes y veinte (20) días en la Armada
Nacional, con lo cual supera el mínimo de quince (15) años exigido por el artículo
163 del Decreto Ley 1211 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de
retiro en los eventos de retiro por causales no voluntarias, como la conducta
deficiente.
48. Ahora bien, en lo que respecta a la causal de retiro, la Sala advierte que
la entidad demandada alegó que la «separación absoluta» no es equiparable a la
«conducta deficiente». No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha
adoptado un sentido abierto del artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990,
estableciendo que ambos términos pueden subsumirse y encajar en el canon
mencionado.
49. En efecto, en sentencia del 8 de abril del 202112 esta Subsección
estableció que el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990 debe interpretarse
de manera amplia, de modo que la causal de «separación absoluta», aunque no
esté expresamente prevista, puede adecuarse dentro de la «conducta
deficiente».
50. A su vez en providencia del 17 de febrero de 202213 esta Subsección
sostuvo que las normas que regulan la asignación de retiro deben interpretarse
de forma flexible y acorde con la garantía del derecho a la seguridad social de tal
manera que, aunque la causal de separación absoluta no esté expresamente
contemplada, es posible entenderla comprendida dentro de la noción de
«conducta deficiente».
51. Este criterio fue igualmente adoptado en sentencia del 4 de septiembre de
2025, en la cual esta Sala consideró que, a partir de una apreciación amplia y
garantista del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, la causal de separación
absoluta del servicio y destitución son equiparables a la de mala conducta o
conducta deficiente14.
52. En ese orden de ideas, al encontrarse acreditado que el demandante
cumple con los requisitos legales exigidos, esto es, haber superado el tiempo
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia
del ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021), radicación 25000-23-42-000-2017-01913-01 (2684-2019),
C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Rad. 52001-
23-33-000-2020-00821-01 (0119-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 70001-23-33-000-2023-00048-01 (0125-2025)
Demandante: Pedro José Díaz Hernández
mínimo de 15 años de servicio y haber sido retirado por una causal no voluntaria
susceptible de ser subsumida en la noción de conducta deficiente, la Sala
concluye que le asiste el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro. En
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
reconoció dicho derecho.
Análisis oficioso sobre la prescripción de las mesadas y efectos fiscales de
la decisión
53. En virtud de la facultad de decisión oficiosa de excepciones atribuida al
juez de segunda instancia por el artículo 187 del CPACA15 y teniendo en cuenta
que la decisión del tribunal de primera instancia de no declarar probada la
excepción de prescripción no afecta la situación de la entidad apelante única —
en cuanto no puede verse en peor condición en este aspecto—, la Sala estima
necesario examinar de oficio la configuración de dicha excepción.
54. En ese sentido, corresponde determinar cuál es la norma aplicable para
establecer el término de prescripción de las mesadas derivadas del
reconocimiento de la asignación de retiro, así como verificar si a partir de las
circunstancias del caso concreto se encuentra o no probada tal medio exceptivo,
con el fin de delimitar adecuadamente los efectos económicos de la decisión.
55. En el régimen general de los empleados públicos y trabajadores oficiales
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que las acciones que emanen
de los derechos allí consagrados prescriben en 3 años contados desde que la
obligación se hace exigible. No obstante, tratándose de los miembros de la
Fuerza Pública, la Constitución Política, en su artículo 217, prevé un régimen
especial en atención a la naturaleza de sus funciones, lo cual ha sido reiterado
por la jurisprudencia de esta Corporación16.
56. En esa misma línea, esta Sección17 ha precisado que la asignación de
retiro constituye una prestación de carácter especial propia del régimen pensional
de los miembros de la Fuerza Pública en consideración a las funciones
excepcionales que desempeñan. En consecuencia, la determinación del término
de prescripción debe efectuarse con fundamento en las normas especiales que
regulan dicha prestación.
57. En el caso concreto, conforme al régimen de transición reconocido en esta
providencia, las disposiciones aplicables a la situación del demandante son las
15 Ley 1437 de 2011. Artículo 187. Contenido de la sentencia. […] En la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la no reformatio in pejus. […]
16 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Sección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 9 de marzo de 2017, rad. 25000-23-25-000-2011-00040-01 (3823-14), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez y ii) sentencia del 9 de octubre de 2020, rad. 20001-23-39-000-2016-00172-01
(0909-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 25000-23-
42-000-2019-00336-01 (3388-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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previstas en el Decreto Ley 1211 de 1990 el cual establece en su artículo 174 un
término de prescripción de 4 años contado a partir de la exigibilidad del derecho
para solicitar por escrito el reconocimiento de la asignación de retiro; dicha
solicitud interrumpe el término prescriptivo por una sola vez y por un período
igual18.
58. Lo anterior se sustenta en el principio de inescindibilidad, desarrollado por
la sentencia de unificación de esta Corporación19, que dispuso que las normas
aplicables a un caso deben ser consideradas en su integridad, sin que resulte
viable fraccionarlas para aplicar parcialmente distintos factores pensionales. En
ese sentido, si el derecho a la asignación de retiro se rige por el Decreto Ley 1211
de 1990, también debe aplicarse la regla de prescripción contenida en dicho
estatuto. Por esa razón, se aplicará el término de prescripción cuatrienal
contemplado en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
59. Pues bien, en este punto cabe precisar que el régimen de transición que
permite acudir a las disposiciones del Decreto Ley 1211 de 1990 encuentra su
fundamento en el numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, razón por la
cual la nulidad declarada judicialmente respecto de los Decretos 4433 de 2004 y
991 de 2015 no incide en el reconocimiento de la asignación de retiro en el
presente caso y podía ser invocada aun en vigencia de tales actos
administrativos.
60. En efecto, es en virtud de la Ley 923 de 2004 que el actor accede al
régimen que exige un mínimo de quince (15) años de servicio y el retiro por una
causal no voluntaria susceptible de subsumirse en la noción de conducta
deficiente conforme al Decreto 1211 de 1990, y no con base en las disposiciones
posteriormente anuladas (Decretos 4433 de 2004 y 991 de 2015).
61. En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que la exigibilidad del
derecho se consolidó con el retiro del actor del servicio activo pues a partir de
ese momento —aun encontrándose vigente el Decreto 991 de 2015— seguía
siendo aplicable el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, el cual
dispone que a los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en servicio
activo al momento de entrada en vigencia de dicha ley no se les podrá exigir un
tiempo de servicio superior al establecido en el régimen anterior cuando el retiro
se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando se trate de otras
causales.
62. En ese contexto, se encuentra acreditado que el demandante fue retirado
del servicio activo con novedad fiscal del 16 de octubre de 2015, fecha a partir
18 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Sección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 19 de abril del 2018, rad. 05001-23-33-000-2013-01922-01 (1288-16), C.P.
William Hernández Gómez. ii) sentencia del 31 de enero del 2019, rad. 76001-23-31-000-2011-00356-01
(2385-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández iii) sentencia del 6 de mayo del 2021, rad. 25000-23-42-000-
2015-04950-01 (1454-19), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y iv) sentencia del 7 de noviembre de 2025,
rad. 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022), C.P. Elizabeth Cornejo Becerra.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CESUJ-016-19, rad. 25000-23-42-000-
2013-02235-01 (2602-16)
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de la cual se hicieron exigibles las mesadas correspondientes a la asignación de
retiro y, por ende, comenzó a correr el término de prescripción cuatrienal previsto
en el Decreto Ley 1211 de 1990.
63. Empero, dicho término fue interrumpido con la solicitud escrita presentada
por el actor con el propósito de obtener el reconocimiento de la prestación. Dado
que en el expediente no obra constancia precisa de la fecha de radicación de
dicha solicitud, la Sala tomará como referencia el 22 de febrero de 2016, fecha
en la cual fue remitido a la entidad demandada el expediente prestacional, por
constituir el primer hito verificable que evidencia el impulso de la actuación
administrativa orientada al reconocimiento del derecho reclamado.
64. En consecuencia, la presentación de la solicitud no logró interrumpir el
plazo de prescripción ya que se presentó después de vencidos los 4 años
siguientes al 16 de octubre de 2015. Sin embargo, la demanda fue presentada el
29 de octubre de 2021.
65. En ese orden, la Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia para declarar la probada de oficio la prescripción cuatrienal de
las mesadas causadas con anterioridad al 29 de octubre de 2017, esto es, 4 años
antes de la presentación de la demanda, de manera que únicamente habrá lugar
al reconocimiento y pago de las causadas con posterioridad a dicha fecha.
Condena en costas
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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69. En consecuencia, no se condenará en costas en segunda instancia en la
medida en que la decisión incluye ajustes oficiosos a la sentencia de primera
instancia, lo que impide configurar la existencia de una parte vencida en esta
etapa procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción
cuatrienal de las mesadas correspondientes a la asignación de retiro causadas
en favor del señor PEDRO JOSÉ DÍAZ HERNÁNDEZ con anterioridad al 29 de
octubre de 2017, por lo tanto, esta prestación tendrá efectos fiscales a partir de
esa fecha.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 28 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia y disponer lo
siguiente:
«TERCERO: ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
CREMIL, reconocer, liquidar y pagar al señor Sargento Segundo (R)
PEDRO JOSÉ DÍAZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 80.002.836, la asignación de retiro a que tiene derecho a partir del día
siguiente de la fecha del retiro de la entidad el 16 de octubre de 2015, pero
con efectos fiscales a partir del 29 de octubre de 2017 como consecuencia
de la prescripción cuatrienal de las mesadas anteriores a esa fecha.
TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás sentencia del 28 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de la
referencia.
CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Demandante: Pedro José Díaz Hernández
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Ausente con permiso)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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