Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00154-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
Demandada: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) dignidad humana,
iii) acceso a la administración de justicia y iv) mínimo vital.
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Carlos Alberto Borrero contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, con ocasión
a que “[…] no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las tres solicitudes de
prelación de turno al presente caso para proferir sentencia de segunda instancia,
2
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
como tampoco ha proferido la sentencia de segunda instancia en la cual se decida
si tengo derecho o no al reconocimiento de la asignación de retiro […]”, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 52001-23-33-000-2019-
00254-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] Por medio de la Resolución N° 1651 del 01 de Octubre de
2007 proferida por el señor Comandante del Ejército Nacional General MARIO
MONTOYA URIBE, el señor CARLOS ALBERTO BORRERO fue retirado del
servicio activo con novedad fiscal el día 03 de Octubre de 2007 por la causal de
RETIRO DISCRECIONAL contemplada en el artículo 104 del Decreto 1428 del 27
de Abril de 2007, la cual solamente fue establecida en nuestro ordenamiento a
partir del artículo 104 del Decreto 1790 de 2000 y cuyos presupuestos fácticos, el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 los denominaba como RETIRO POR
VOLUNTAD DE LOS COMANDOS DE FUERZA. […]”.
4. Sostuvo que, “[…] presentó derecho de petición radicado ante CREMIL el día
14 de Mayo de 2015 bajo el N° 43608, en el cual solicitó a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (CREMIL) el reconocimiento y pago de la asignación de retiro […]
junto con la correspondiente indexación o corrección monetaria. […]”.
5. Manifestó que, “[…] Por medio de la Resolución N° 6573 del 11 de Agosto de
2015 y de la Resolución N° 9539 del 30 de Noviembre de 2015, la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares (CREMIL) negó el reconocimiento y pago de la asignación
de retiro. […]”.
6. Expresó que, “[…] presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de CREMIL con el propósito de obtener la nulidad de los actos
administrativos que negaron la asignación de retiro, y que como consecuencia de
3
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
ello se ordenara el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del
señor BORRERO. […]”.
7. Afirmó que, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 13 de
octubre de 2021, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.
8. Señaló que, “[…] El expediente del proceso fue remitido al Consejo de Estado
– Sección Segunda para dar trámite a los recursos de apelación y correspondió a
la Subsección B […]”.
9. Sostuvo que, “[…] el día 12 de Septiembre de 2022 el expediente del proceso
del señor CARLOS ALBERTO BORRERO ingresó al Despacho para proferir la
sentencia de segunda instancia […]”.
10. Indicó que, “[…] A través de diversos memoriales que fueron radicados los
días 19 de Julio de 2022, 24 de Agosto de 2022 y 08 de Noviembre de 2022, por
medio de apoderado, el señor CARLOS ALBERTO BORRERO ha venido
solicitando SE BRINDE PRELACIÓN DE TURNO AL PRESENTE CASO PARA
PROFERIR LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1) CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS, DIGNIDAD HUMANA, MINIMO
(sic) VITAL Y A CONTAR CON RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES
EFECTIVAS Y EFICACES, que me han sido vulnerados por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado por la falta de sentencia de segunda
instancia dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
tramitado bajo el Radicado N° 52001-23-33-000- 2019-00254-01 y por la falta de
pronunciamiento alguno (afirmativo o negativo) frente a las solicitudes de
prelación de turno para fallo que se han presentado ante la Subsección B
dentro del trámite de dicho proceso.
2) Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUBSECCIÓN B DE LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera sentencia de
segunda instancia por medio de la cual resuelva de fondo los recursos de apelación
4
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
presentados dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
distinguido con el Radicado N° 52001-23-33-000-2019-00254-01. […]”. (Resaltado
por la Sala)
12. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente:
“[…] No puede pasarse por alto que en la actualidad, el señor CARLOS ALBERTO
BORRERO se está viendo gravemente perjudicado por la falta de sentencia que
decida de fondo si me asiste derecho o no para percibir la asignación de retiro, debido
a que hasta tanto la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
emita sentencia, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) no va a disponer
el reconocimiento y pago de la legítima asignación de retiro a la que tengo derecho,
a pesar de que se trata de un asunto que ya ha sido definido por una amplia
jurisprudencia emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin que
exista una causa atendible que justifique dicha omisión.
De ésta forma, los hechos del caso concreto ponen de presente con meridiana
claridad la urgencia y la celeridad que debe impartirse al trámite de la referencia, con
el fin de brindar la correcta protección de los derechos fundamentales del señor
CARLOS ALBERTO BORRERO para evitar que el reconocimiento de la asignación
de retiro resulte nugatorio e inefectivo. No puede desconocerse que los artículos 229
de la Constitución Política de 1991 y 2° de la Ley 270 de 1996, consagran el derecho
fundamental de toda persona a acceder a la administración de justicia, cuyo
contenido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en diferentes
ocasiones. […]”.
[…]
“[…] A partir de lo anterior, se tiene que en el caso concreto es posible evidenciar que
en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho distinguido con el
Radicado N° 52001-23-33-000-2019-00254-01 la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no ha dado solución de fondo a los recursos de
apelación propuestos por las dos partes del proceso, como tampoco ha emitido algún
pronunciamiento de fondo con relación a las tres solicitudes de prelación de turno
para fallo que formuló de manera reiterada el demandante CARLOS ALBERTO
BORRERO, lo cual constituye una situación de mora judicial o dilación injustificada
del trámite del proceso.
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administración de justicia del
desconocimiento de los términos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones,
en la sentencia T – 030 de 2005 la Corte Constitucional expresó lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] Al analizar el caso concreto materia de estudio en el proceso de la referencia,
es factible apreciar y observar que nos encontramos ante un asunto en el que resulta
viable dar aplicación a la posibilidad de proferir sentencia anticipada, en la medida en
que el proceso de la referencia constituye un asunto de puro derecho, pues el
problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si de conformidad con la
normatividad reglamentaria del régimen salarial y prestacional dispuesto para la
Fuerza Pública, el señor BORRERO tiene derecho a percibir una asignación de retiro
(que es una prestación económica vitalicia de naturaleza eminentemente pensional)
a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL). […]”.
[…]
5
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
“[…] Por ello, en el caso concreto del señor CARLOS ALBERTO BORRERO, la
protección del derecho fundamental al mínimo vital amerita el reconocimiento de la
asignación de retiro sin dilaciones injustificadas, por cuanto en casos similares al que
se debatió en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el aquí accionante, ya han sido resueltos y decididos por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, así como por los tribunales administrativos
del país, de manera favorable a retirados de la Fuerza Pública quienes se encuentran
en idéntica situación fáctica a la del aquí accionante, a quienes les ha sido reconocido
su derecho a la asignación de retiro por haber sido desvinculados de la institución
militar por causales distintas de la voluntad propia del uniformado, con más de quince
años de servicios a la Fuerza Pública; circunstancia la cual amerita que en el asunto
bajo examen SE BRINDE PRELACIÓN DE TURNO PARA PROFERIR SENTENCIA
POR CUANTO EL CASO CONCRETO CONSTITUYE UN ASUNTO EN EL CUAL SE
ENCUENTRA INVOLUCRADO EL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL
Y UN ASUNTO DE TRASCENDENCIA SOCIOECONÓMICA. […]”.
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como tercero con interés
legítimo, al Tribunal Administrativo de Nariño y a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, concediéndole el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.
14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de febrero de 2024, requirió
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rendir informe
sobre lo planteado por el actor en el escrito de tutela, concediéndole el término de
dos (2) días.
15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de febrero de 2024, requirió
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rendir informe
sobre lo planteado por el actor en el escrito de tutela, concediéndole el término de
dos (2) días.
Intervención de la demandada y el tercero con interés legítimo
16. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
17. La Sección Segunda del Consejo de Estado allegó copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicado
520012333000201900254-01.
18. El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20212 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20193, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
21. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
22. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
23. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
4 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[5].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
24. La Sala advierte que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
25. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que integra la parte
demandada en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52001-
23-33-000-2019-00254-01, es decir que, a dicha entidad le asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
26. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
27. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.
Problema jurídico
28. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consisten en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales
invocados por el actor, los cuales considera vulnerados con ocasión a que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado “[…] no ha emitido
ningún pronunciamiento sobre las tres solicitudes de prelación de turno al presente
5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
caso para proferir sentencia de segunda instancia, como tampoco ha proferido la
sentencia de segunda instancia en la cual se decida si tengo derecho o no al
reconocimiento de la asignación de retiro […]”, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 52001-23-33-000-2019-00254-01.
29. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana, ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
v) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso frente a la mora
judicial; vi) análisis del caso concreto; y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana
30. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).
31. Atendiendo a que la Corte Constitucional6 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
6 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante (sic) o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma,
este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es
un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
32. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
33. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho7:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
7 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional8 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
36. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
8 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional9 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial
38. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”10.
39. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201611, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201712, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
9 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
13
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
40. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta13, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201314, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).
41. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
13 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
14 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
14
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”15.
42. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
43. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, con ocasión a que
“[…] no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las tres solicitudes de prelación
de turno al presente caso para proferir sentencia de segunda instancia, como
tampoco ha proferido la sentencia de segunda instancia en la cual se decida si tengo
derecho o no al reconocimiento de la asignación de retiro […]”, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 52001-23-33-000-2019-
00254-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
44. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
15 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
15
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
46.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 52001-23-33-000-2019-00254-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta mora judicial
47. En el caso sub examine, la Sala abordará el reparo que propuso el actor
relacionado con una presunta mora judicial, la cual fundamentó en que, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) “[…] no ha emitido
ningún pronunciamiento sobre las tres solicitudes de prelación de turno al presente
caso para proferir sentencia de segunda instancia […]”; y ii) “[…] como tampoco ha
proferido la sentencia de segunda instancia en la cual se decida si tengo derecho o
no al reconocimiento de la asignación de retiro […]”, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 52001-23-33-000-2019-00254-01.
48. Al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por el actor en el
presente trámite de tutela, advierte la Sala que, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 52001-23-33-000-2019-00254-01, se han
realizado las siguientes actuaciones:
16
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
49. Del recuento procesal realizado supra, la Sala advierte que, en lo que
concierne al reparo propuesto por el actor relacionado con que la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado “[…] no ha emitido ningún
pronunciamiento sobre las tres solicitudes de prelación de turno al presente caso
para proferir sentencia de segunda instancia […]”, hay lugar a negar la solicitud de
amparo.
50. De conformidad con el expediente del proceso de la referencia, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió auto el 8 de marzo de 2024,
mediante el cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Negar las solicitudes de prelación de turno para tramitar y fallar el
asunto de la referencia, formuladas por el apoderado de la parte demandante,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia […]”.
51. Como fundamento de su decisión, dicha autoridad judicial consideró que:
“[…] Al respecto, se advierte que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, dispone:
"Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden
en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden
pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con
todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de
los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su
importancia jurídica y trascendencia social.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria.
En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales,
en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para
efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los
Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado
afectados por la alteración del orden."
Por su parte, el artículo 63A de la Ley 270 de 19966, establece:
"Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave
del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos
humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia
social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas,
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo
Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos
que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también
podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, esta Corporación ha precisado que "(...) por regla general en la
jurisdicción contencioso-administrativa el juez debe proferir la sentencia en el orden
en que ingrese el proceso al despacho para ello, y únicamente se puede otorgar un
trámite preferencial en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad
nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a
los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial
trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución
sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra
entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático
para su elaboración y estudio preferente, mediante acuerdo de la Sala."16
Analizados los documentos que obran en el expediente, se advierte que no
resulta procedente la solicitud de prelación para dictar fallo presentada por el
demandante, en cuanto no se relacionan con asuntos de seguridad nacional,
violación de derechos humanos, afectación del patrimonio nacional o especial
trascendencia social […]”.
52. Al respecto, la Sala advierte que dicha providencia se encuentra con estado
de 8 de marzo de 2024, “[…] A LA SECRETARIA […]”, para su respectiva
notificación.
53. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado profirió el auto de 8 de marzo de 2024, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho indicado supra, mediante el cual se pronunció respecto de la solicitud
de prelación de sentencia, encontrándose pendiente su notificación.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, providencia del 24 de abril de 2020, dentro del expediente No.
76001333300420160066301 (0724-2019), Demandante: Dolly Susana Galeano Franco, con ponencia del
doctor Carmelo Perdomo Cuéter.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
54. Por otra parte, respecto del reparo propuesto por el actor relacionado con
que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado “[…] tampoco
ha proferido la sentencia de segunda instancia en la cual se decida si tengo derecho
o no al reconocimiento de la asignación de retiro […]”, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 52001-23-33-000-2019-00254-01, la Sala
advierte que, de conformidad con el recuento procesal realizado supra, si bien el 8
de marzo de 2024 se profirió un auto que resuelve sobre una solicitud de prelación
de sentencia, lo cierto es que, desde que el expediente pasó “[…] AL DESPACHO
PARA SENTENCIA […]” (12 de septiembre de 2022), a la fecha no se ha proferido
sentencia dentro del proceso de la referencia, lo que en principio implicaría que se
configuró la mora judicial que señaló el actor.
55. Sin embargo, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los
términos por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración
de los derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad
acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que existen
circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.
56. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que recientemente la
autoridad judicial accionada profirió una providencia dentro del proceso cuestionado
y, si bien a la fecha no ha proferido la respectiva sentencia, no es posible concluir
que la referida tardanza sea atribuible a la falta de diligencia de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez que según se advierte de las
consideraciones expuestas en el auto de 8 de marzo de 2023: i) dicha autoridad
judicial tiene otros procesos judiciales que se encuentran en turno para proferir
sentencia, los cuales ingresaron al Despacho de manera previa al proceso del actor,
lo cual no puede ser desconocido, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de
los usuarios de la administración de justicia; y ii) el actor no se encuentra en alguna
de las circunstancias previstas por la Ley para desconocer el orden de ingreso de
su proceso al Despacho.
57. En ese orden de ideas es evidente que la autoridad judicial accionada no ha
sido negligente en el trámite del proceso objeto de estudio, sino que, en razón al
volumen de trabajo y a los turnos asignados a los diferentes procesos, no ha sido
19
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
posible que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelva
el proceso ordinario de la referencia.
58. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que el actor reprocha con la
presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial; es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.
59. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por el actor en la
presente acción de tutela, en razón a que no se advierte que la tardanza de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para definir la
controversia jurídica planteada, fuese desproporcionada, irracional o injustificable,
toda vez que la situación por la cual no se ha resuelto el asunto corresponde al
volumen de trabajo y a los turnos asignados a los diferentes procesos; a lo que se
suma que, recientemente dicha autoridad judicial profirió el auto de 8 de marzo de
2024, mediante el cual se pronunció frente a una solicitud de prelación de sentencia.
Conclusiones de la Sala
60. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad
20
Núm. único de radicación: 110010315000202400154-00
Actor: Carlos Alberto Borrero
accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.