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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00853-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00853-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00853-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001 23 33 000 2019 00853 01 (2935-2023)
Demandante: James Alberto Granada Carmona
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Temas: Reconocimiento asignación de retiro. Causal de retiro
discrecional del servicio. Decreto 1211 de 1990. Régimen de
transición artículo 3.1. de la Ley 923 de 2004.
Decisión: Confirma sentencia que accedió a las pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares contra la sentencia proferida el 3 de diciembre
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las súplicas de
la demanda.
I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El señor James Alberto Granada Carmona, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 2834 del 31 de mayo de
2013 y 4933 del 23 de agosto de 2013, así como del Oficio 320 del 12 de mayo de
2017, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de una asignación
de retiro. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad
demandada expedir el acto administrativo que disponga el reconocimiento y pago
de la asignación de retiro a partir del 6 de noviembre de 2010, de conformidad con
los artículos 158 y 163 del Decreto 1211 de 1990, teniendo en cuenta el último
salario devengado o en su defecto las reglas contenidas en el Decreto 0991 del 15
de mayo de 2015.

3. De otra parte, solicitó la actualización de las sumas; el reconocimiento y pago del
retroactivo al que tiene derecho; se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
ordenados por el C.P.A.C.A., de no ser así se condene al pago de intereses, y de
las costas y agencias en derecho.

3.1. Hechos que fundamentan la demanda
2. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de oficial y fue retirado

del servicio en ejercicio de la facultad discrecional a través de la Resolución 5953
del 5 de noviembre de 2010, cuando ostentaba el grado de mayor. Al momento del

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00853 01 (2935-2023)
Demandante: James Alberto Granada Carmona

retiro acumulaba un total de tiempo de servicio de 17 años, 3 meses y 3 días, razón
por la cual y a voces de lo ordenado por el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990,
tiene derecho al reconocimiento y pago de una asignación de retiro.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
3. Citó como normas vulneradas los artículos 2, 13, 48, 53, 83, 84, 150 numeral 19,

218 y 220 de la Constitución Política; parágrafo único del artículo 7 de la Ley 180
de 1995, artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 3 de la Ley 923 de
2004 y el Decreto 1211 de 1990.

4. Los actos demandados fueron expedidos con violación de las normas en que
debían fundarse y falsa motivación; explicó a continuación que el artículo 14 del
Decreto 4433 de 2004, no respetó los límites trazados por el artículo 3 de la Ley 923
de 2004, razón por la cual debió ser inaplicado por inconstitucional e ilegal y en su
lugar reconocer el derecho con fundamento en el Decreto 1211 de 1990. Finalmente
señaló que el Gobierno nacional al expedir el régimen prestacional de los miembros
de la fuerza pública, no podía desmejorar sus condiciones laborales, en
consecuencia, existe falta de competencia al expedir una norma sin estar facultado
para ello.

1.4. Contestación de la demanda
5. Enterada de la existencia del presente asunto la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares guardó silencio2.

1.5. Sentencia de primera instancia3
6. En sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a CREMIL
reconocer y pagar al demandante una asignación de retiro, previo reconocimiento
de los tres meses de alta, prestación efectiva a partir del 5 de noviembre de 2010,
pero con efectos fiscales a partir del 11 de julio de 2015, por prescripción; de otra
parte, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

7. Como fundamento de la decisión señaló que el demandante es beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 3 ordinal 3.1. inciso 2 de la Ley 923
de 2004, toda vez que el único condicionamiento fijado es que, a la fecha de entrada
en vigencia de la norma, 30 de diciembre de 2004, el uniformado estuviere en
servicio activo. Por tanto, la asignación de retiro reclamada debe analizarse con
fundamento en el Decreto 1211 de 1990, que exige 15 años de servicio cuando el
retiro se produzca por llamamiento a calificar servicios o mala conducta, requisito
que se encuentra debidamente acreditado por el demandante quien acumuló 17
años, 3 meses y 3 días de servicios.

1.6. Recurso de apelación4

2
Así se dejó constancia en audiencia inicial celebrada el 14 de agosto de 2019 – expediente digital SAMAI índice 2 - archivo
ED_ONEDRIVE_1_1052023(.zip) - 21ActaAudienciaPruebas.PDF (sic)
3
Expediente digital índice Samai 2 archivo ED_ONEDRIVE_1_1052023(.zip) - 01.Sentencia de Primera Instancia.pdf
4
Expediente digital índice Samai 2 archivo ED_ONEDRIVE_1_1052023(.zip) - 03. Memorial del 12.01.2021Apelación.pdf y
04. Memorial del 12.01.2021Apelación.pdf, el contenido de ambos documentos es exactamente igual.

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8. A través de apoderado, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, solicitó revocar
la sentencia y en su lugar negar las pretensiones, toda vez que el demandante no
cumple con los requisitos para ser beneficiario de la asignación de retiro conforme
al artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, porque su retiro fue discrecional, causal
en virtud de la cual la norma no contempla el reconocimiento de dicha prestación.

9. De otra parte, y en caso de ser viable el reconocimiento con fundamento en el
Decreto 4433 de 2004, indicó que tampoco cumple con el requisito contemplado en
el artículo 14 ibidem, esto es, 18 años de servicio, cuando el retiro es discrecional.
Finalmente señaló que no es viable la aplicación del Decreto 0991 del 15 de mayo
de 2015, que fijó las directrices de reconocimiento de la asignación de retiro e
incluyó como causal el retiro discrecional con un tiempo mínimo de 15 años de
servicio, pues la norma entró a regir a partir de su aplicación y con efectos a futuro,
esto es el 15 de mayo de 2015.

10. En relación con la condena en costas, solicitó abstenerse de imponerla teniendo

en cuenta que la entidad no realizó actos dilatorios, ni temerarios tendientes a
perturbar el procedimiento.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
11. Por auto calendado el 30 de octubre de 2023, se admitió el recurso de
apelación5. Por auto del 2 de febrero de 20246, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.

12. En el término otorgado la apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares7 reiteró los argumentos del recurso de apelación y adicional a ello señaló
que la entidad para el trámite del reconocimiento de prestaciones sociales debe
aplicar la norma vigente, razón por la cual no es viable que el Estado asuma el
reconocimiento de una prestación cuando no se cumplen los requisitos, de hacerlo
se atenta contra la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica del sistema.
13. El demandante8 por intermedio de apoderado alegó de conclusión indicando

que contrario a lo alegado por la entidad demandada la causal de retiro discrecional
si está contenida en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 como “por voluntad
del Gobierno o de los de (sic) Comandos de la Fuerza”, figura que debe ser
acompasada según la sentencia de unificación SUJ-26S2 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

14. Respecto a la aplicación del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, recordó que
la disposición fue declarada nula por el Consejo de Estado, razón por la cual no es
aplicable, tal como lo ilustró el a quo. Finalmente, y en punto al Decreto 0991 del 15
de mayo de 2015, recodó que dicha norma no fue considerada por el Tribunal para
efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, habida cuenta que con la sola
Ley 923 de 2004, resultó suficiente. En ese orden señaló que no existen errores en
la sentencia de primera instancia, por lo que debe ser confirmada y condenar en

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Demandante: James Alberto Granada Carmona

costas a la entidad.
15. El Agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado en el término otorgado guardaron silencio.

16. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
17. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso10, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de apelación.

2.2. Del problema jurídico
18. El presente asunto se contrae a determinar si al MY ® James Alberto Granada

Carmona le asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de una asignación de
retiro de conformidad con el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, teniendo en
cuenta que fue retirado del servicio en ejercicio de la facultad discrecional.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. Sobre la asignación de retiro para el personal de las fuerzas militares
19. Se encuentra acreditado en el proceso que el señor James Alberto Granada

Carmona prestó sus servicios al Ejército Nacional por espacio de 17 años, 3 meses
y 3 días11, además que fue retirado del servicio en forma temporal con pase a la
reserva por retiro discrecional, conforme a la Resolución 5953 del 5 de noviembre
de 201012.

20. Lo anterior significa que para la fecha en que el demandante ingresó al
escalafón de oficiales del Ejército Nacional (año 1995), el régimen de asignación de
retiro estaba regulado por el Decreto 1211 de 199013, cuyo artículo 163, señala:

«Artículo 163. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del
Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por

9
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
11
Cadete del 1 de agosto de 1993 al 30 de noviembre de 1994; alférez del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de
1995; subteniente del 1 de diciembre de 1995 al 1 de diciembre de 1998; teniente del 2 de diciembre de 1998 al 30 de
noviembre de 2003; capitán del 1 de diciembre de 2003 al 2 de diciembre de 2008; mayor del 3 de diciembre de 2008 al 5 de
noviembre de 2010 y fue retirado del servicio a partir del 5 de noviembre de 2010. Expediente digital índice Samai 2 archivo
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13
Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares

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incapacidad profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
tener causa justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el Artículo 158 de este Estatuto, por los
quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) del mismo monto.

Parágrafo 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la
vigencia de este estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, ser
equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el Artículo
158, liquidadas en la forma prevista en este mismo Decreto.

Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968,
con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro
reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en
cada caso para la respectiva asignación.»

21. Conforme a lo expuesto tendrán derecho a la asignación de retiro los oficiales
y suboficiales que sean retirados con 15 años de servicio por llamamiento a calificar
servicios, voluntad del gobierno o de los comandos de la fuerza, sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, disminución de la capacidad psicofísica,
incapacidad profesional, inasistencia al servicio por más de cinco días sin tener
causa justificada y por conducta deficiente. Además, cuando el retiro sea por
solicitud propia, el uniformado debe acreditar como mínimo 20 años de servicio.

22. Con posterioridad fue proferida la Ley Marco 923 de 2004, que en sus
artículos 214 y 315 dispuso que el Gobierno Nacional al momento de fijar el régimen

14
Artículo 2o. objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad,
equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios
y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo
de la misma.
2.2. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal.
2.3. Los riesgos inherentes a la actividad especial de los miembros de la Fuerza Pública aplicando el principio de redistribución
de acuerdo con la antigüedad, grados, cuerpo, arma y/o especialidad, la naturaleza de las funciones, y sus responsabilidades.
2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas.
2.5. Los recursos que se recauden por aportes que se hagan para la asignación de retiro en la Fuerza Pública y sus
rendimientos se destinarán en forma exclusiva al pago de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales.
2.6. El manejo, inversión y control de los aportes estarán sometidos a las disposiciones que rigen para las entidades
administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a la inspección y vigilancia del Estado.
2.7. No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza Pública
para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro o pensión o sustitución.
El tiempo de servicio exigido para tener derecho a la asignación de retiro será establecido en igualdad de condiciones para el
personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Miembros del Nivel Ejecutivo que ingresen a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza
Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o
por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
15
Artículo 3o. elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión
de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el
Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta
el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro
será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior
a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá
como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.

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de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, tendría en cuenta un
tiempo de servicio mínimo de 18 años y máximo de 25, con la precisión de que a
los miembros de la fuerza pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia
de la ley (30 de diciembre de 2004), no se les podía exigir un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones que se encontraban vigentes cuando el retiro
del servicio se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando se
produzca por otra causal.

23. Ahora bien, en desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 923 de
2004, fue expedido el Decreto 4433 de 2004, que fijó el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública; particularmente respecto
a la asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares, en su artículo 14, dispuso que tendrían derecho al reconocimiento y pago
de dicha prestación si eran retirados con 18 o más años de servicio “por llamamiento
a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o
por incapacidad profesional” y con 20 años o más si el retiro se producía por solicitud
propia o separación absoluta. Nótese que en esa oportunidad para el
reconocimiento de la asignación de retiro se estableció como parámetro general
acreditar 18 o 20 años de servicios según la causal de retiro.

24. En sentencia del 23 de octubre de 2014 la Sección Segunda del Consejo de
Estado16, declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 por
desconocer los postulados contenidos en la Ley 923 de 2004, toda vez que el
Gobierno Nacional al exigir 18 y 20 años de servicios para el reconocimiento de la
asignación de retiro, no respetó las garantías mínimas que la ley fijó a favor de los
uniformados que se encontraban vinculados a la fuerza pública para la fecha de su
expedición.

25. Finalmente, a través del Decreto 911 de 201517, se ordenó el reconocimiento
de la asignación de retiro para oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, así:

«Artículo 1°. Asignación de Retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares. Fíjese el régimen de asignación mensual de retiro para el personal
de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, escalafonados con anterioridad

Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan
causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para
las mujeres y 55 años para los hombres.
En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del servicio activo sin derecho a asignación
de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad con
las normas del Sistema General de Pensiones.
3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo de servicio del miembro de la Fuerza, el cual
no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de servicio, ni superior al noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables.
3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre las cuales se fije el aporte a cargo de los
miembros de la Fuerza Pública.
3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza Pública será fijado sobre las partidas
computables para dicha asignación, el cual estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en un porcentaje que no
será inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por ciento (5%).
(…)”
16
Consejo de Estado. Sección Segunda. Consejera Ponente: DRA. Bertha Lucía Ramírez De Páez, sentencia del veintitrés
(23) de octubre de dos mil catorce (2014). REF: Expediente N° 11001-03-25-000-2007-00077
17
Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares

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al 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados del
servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por
retiro discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional y
los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, según corresponda, a que por la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 13 del
Decreto número 4433 de 2004, por los quince (15) primeros años de servicio y un
cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, incrementando en
un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de
servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco (95%) de las partidas
computables. (…)»

26. Esta norma también fue declarada nula por el Consejo de Estado en
sentencia del 18 de octubre de 202218, en atención a que no respetó los límites
establecidos en el artículo 3.1. de la Ley 923 de 2004, en tanto no podía elevarse el
requisito de tiempo de servicio para los miembros en servicio activo de la fuerza
pública.

27. En ese orden al desaparecer del mundo jurídico los artículos 14 del Decreto
4433 de 2004 y 1 del Decreto 991 de 2015, cobran vigencias las disposiciones del
Decreto 1211 de 1990, previamente analizadas.

2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
28. Se encuentra acreditado en el proceso que el Mayor ® James Alberto Granada
Carmona ingresó al escalafón de oficiales del ejército nacional en el grado de
subteniente el 1 de diciembre de 1995, esto es en vigencia del Decreto 1211 de
1990 y antes de la expedición de la Ley 923 de 2004. Además, prestó sus servicios
a la entidad castrense por 17 años, 3 meses y 3 días y fue retirado de la actividad
militar en forma temporal con pase a la reserva por retiro discrecional, a partir del 5
de noviembre de 2010.

29. En consecuencia, es beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley
923 de 2004, razón por la cual le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1211 de 1990, tal como lo ha
orientado la jurisprudencia de esta Corporación en las sentencias previamente
analizadas.

30. Ahora bien, en el recurso de apelación CREMIL alega que el demandante no
tiene derecho a la asignación de retiro con fundamento en el artículo 163 del Decreto
1211 de 1990, toda vez que el retiro discrecional no se encuentra enlistada en las
causales para obtener dicha prestación con 15 años de servicio.

18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, fallo del dieciocho
(18) de octubre de dos mil veintidós (2022), Radicados: 11001-03-25-000-2015-01058-00 (4673-2015) y 11001-03-25-000-
2016-00294-00 (1694-2016)

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00853 01 (2935-2023)
Demandante: James Alberto Granada Carmona

31. Sobre el particular, en asuntos de contornos similares al analizado esta
Sección19 ha precisado que la facultad discrecional en el retiro de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares corresponde a la voluntad de la entidad
castrense, para el caso, el Ejército Nacional, causal que se encuentra prevista en el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, como por voluntad del gobierno o de los
comandos de la fuerza, veamos:

«(…)
Según la norma, la causación del derecho a la asignación de retiro depende del
cumplimiento de una condición de naturaleza temporal que varía de acuerdo con el
motivo de retiro del servicio, en ese orden, se encuentra probado que el demandante
fue retirado del servicio por «retiro discrecional», es decir, obedeció a una disposición
del Ejército Nacional.
(…)
Acorde con lo expuesto, no es de recibo el argumento esgrimido en el recurso de
apelación por la entidad demandada, pues la causal de retiro discrecional obedece a
la voluntad del Ejército Nacional prevista en la norma aludida (Decreto 1211 de 1990),
a la cual habrá de remitirse para el reconocimiento de la asignación de retiro del
demandante.

El Consejo de Estado ha considerado que “gracias a la discrecionalidad que tiene el
nominador, el debido proceso y sus garantías, en especial la motivación no es
necesaria tratándose de desvinculación de miembros de las Fuerzas Militares20”, pero
en manera alguna, el retiro discrecional puede ser causal de rechazo para obtener la
asignación del retiro si el militar cuenta con el tiempo requerido para ello.»

32. En ese orden de ideas, no es posible negar el reconocimiento de la asignación
de retiro a los uniformados que fueron separados del servicio por discrecionalidad
del nominador, pues si bien la norma textualmente señala “voluntad del Gobierno o
de los de Comandos de la Fuerza”, lo cierto es que el sentido de la causal es el
mismo, esto es, ordenar el retiro del uniformado por disposición de la entidad en
ejercicio de la facultad discrecional, así lo orientó esta Corporación en sede de
unificación en sentencia SUJ-26-S2 del 7 de abril de 202221, al analizar los requisitos
de validez de la causal denominada “retiro del servicio por voluntad del Gobierno o
discrecional”, se destaca:

«De conformidad con el artículo 4.° de la Ley 857 de 2003, citado en precedencia, el
retiro de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional por voluntad del Gobierno y
del director general de la institución, respectivamente22, debe ser, de igual modo,
por razones del servicio, de manera discrecional y para ello debe mediar
recomendación de desvinculación de la junta asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía, cuando se trate de los primeros, o de la junta de evaluación y
clasificación, para los segundos.
(…)
Comoquiera que el retiro por voluntad del Gobierno o del director general de la
Policía Nacional es de naturaleza discrecional, esta Corporación ha precisado que
el sistema normativo no exige de la Administración «[…] dejar constancia de las

19
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Consejo ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 12 de
agosto de 2021. Expediente 15001233300020180067801 (1157-2020); Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Fallo del 1 de septiembre de 2022. Radicado 52001233300020180012101
(4433-2019; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente: Elizabeth Becertra Cornejo. Fallo del
7 de noviembre de 2025. Radicado 52001233300020190025401 (1588-2022),
20
Consejo de Estado, Sentencia de 1 de marzo de 2007, M. P. Alberto Arango, Sección 2 y Sentencia de 22 de febrero de
2007, M. P. Jesús María Lemos, Sección 2, Subsección.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Expediente 52001233100020090034901 (4288-2016)
22
En la regulación de las fuerzas militares, el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000 lo denominó retiro discrecional.

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Radicado: 68001 23 33 000 2019 00853 01 (2935-2023)
Demandante: James Alberto Granada Carmona

razones objetivas por las cuales optó por la recomendación de retiro ni […] notificar su
concepto a los funcionarios implicados»23…
(…)
Pese a que el Consejo de Estado ha sido constante en precisar que los actos
administrativos que disponen el retiro del personal uniformado de la fuerza
pública, por voluntad del Gobierno o discrecional, no deben ser motivados de
manera expresa, también ha sostenido que ello no quiere decir que carezcan de
motivos…»

33. Tampoco le asiste razón al apoderado de CREMIL cuando manifiesta que en
caso de ser viable aplicar el Decreto 4433 de 2004, el demandante no acredita los
requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues se recuerda que
el artículo 14 de la norma en cita, que regulaba el reconocimiento de la asignación
de retiro para oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, fue declaro nulo por el
Consejo de Estado en sentencia del 23 de octubre de 2014, razón por la cual no es
posible analizar el derecho pensional con fundamento en el contenido de una norma
que fue excluida del ordenamiento jurídico; y ante todo, como se explicó, le resulta
aplicable el Decreto 1211 de 1990.

2.5. Conclusión
34. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia proferida en primera

en cuanto ordenó reconocer a favor del señor James Alberto Granada Carmona una
asignación de retiro de conformidad con el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990,
por las razones expuestas en la parte motiva.

2.6. De la condena en costas
35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

37. En tal virtud, contrario a lo alegado con el recurso, la eventual condena se
impondrá a la parte vencida sin que sea necesario verificar si realizó o no actos
dilatorios; y la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

23
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2009, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero,
expediente 25000-23-25-000-2004-05256-01 (509-08).

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Demandante: James Alberto Granada Carmona

38. En consecuencia, se impondrán costas a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares por cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, conforme lo indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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