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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00121-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00121-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño (sala primera de decisión), que accedió a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Carlos Andrés Ojeda Acosta contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2°. Revócase la condena en costas impuesta a la demandada, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00121-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Demandante : Carlos Andrés Ojeda Acosta
Demandada : Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Tema : Reconocimiento de asignación de retiro; desvinculación
en ejercicio de facultad discrecional

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionada
contra la sentencia de 12 de junio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño (sala primera de decisión), mediante la cual accedió
a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 12). El señor Carlos Andrés Ojeda Acosta, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (Cremil), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 6210 de 4 de agosto
y 7968 de 2 de octubre, ambas de 2017, por medio de las cuales se le negó al
accionante la asignación de retiro.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada (i) reconocer y pagar la asignación de retiro al
demandante, «[…] a partir del 12 de octubre de 2012, correspondiente al (50%)
del monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004»
(sic); (ii) indexar las sumas adeudadas y (iii) cumplir el fallo en los términos de
los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ingresó al Ejército Nacional el
20 de agosto de 1999 y fue retirado, en ejercicio de facultad discrecional, a

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

través de Resolución 1999 de 12 de octubre de 2012, a partir de esa fecha, con
15 años, 9 meses y 20 días de servicio.

Que el 1° de agosto de 2016 reclamó de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares su asignación de retiro con fundamento en los Decretos 1211 de 1990
y 991 de 2015, negada mediante Resoluciones 6210 de 4 de agosto de 2017 y
7968 de 2 de octubre siguiente.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos censurados los artículos 1, 2, 4, 13, 25,
53 y 58 de la Constitución Política; 163 del Decreto 1211 de 1990 y 1° del
Decreto 991 de 2015; y la Ley 923 de 2004.

Aduce que Cremil desconoce que la norma aplicable a su caso es el Decreto
1211 de 1990, dado que ingresó a las filas en vigencia de este y fue retirado en
ejercicio de facultad discrecional del Gobierno nacional con 15 años, 9 meses y
20 días de servicio, y conforme al Decreto 991 de 2015, no es procedente
exigirle un tiempo superior de servicios para acceder a la asignación de retiro.

1.5 Contestación de la demanda. (ff. 46 a 49). Cremil, a través de apoderado,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a los hechos de la
demanda, en el sentido de que «[…] algunos […] se traducen a situaciones del
servicio activo, las cuales no le constan […] por cuanto no son de [su]
competencia […]». Afirma que el demandante no completó 18 años en servicio
activo y «[…] no puede pretenderse el reconocimiento de una prestación,
cuando no se cumplen los requisitos establecidos por el legislador para tal
fin».

1.6 La providencia apelada (ff. 141 a 145). El Tribunal Administrativo de
Nariño (sala primera de decisión), en sentencia de 12 de junio de 2019, accedió
a las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] a
la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de 2004) el
demandante se encontraba en servicio activo en el Ejército Nacional y, por
tanto, no se le podía exigir un tiempo de servicios superior al establecido por
las disposiciones anteriores», en consecuencia, al ser «[…] beneficiario del
régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro, le es
aplicable lo dispuesto en el artículo 163 del decreto 1211 de 1990 que exige 15
años de servicio […]» (sic).

Por lo anterior, ordenó a la accionada pagar al actor una asignación de retiro

2

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

con el «[…] 50% de las partidas de que trata el artículo 158 del [Decreto 1211
de 1990] por los 15 primeros años de servicio sin que opere la prescripción
cuatrienal […]» (sic), «[…] en la medida que el demandante presentó la
solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro el 1° de agosto de 2016,
es decir, dentro del término del artículo 174 del Decreto 1211 de 1990».

1.7 El recurso de apelación (ff. 147 a 151). Inconforme con el anterior fallo,
la accionada interpuso recurso de apelación, el estimar que «[…] la norma
aplicable al caso concreto es el Decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta que
entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2005 y que el retiro del demandante
sucedió en el año 2013, disposición que frente a la causal […] -RETIRO
DISCRECIONAL- contempla que el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas militares en actividad, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la
asignación de retiro después de 18 años de servicio y [el demandante] prestó
un tiempo de servicios de 15 años, 9 meses y 20 días […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 24 de julio de 2019 (f. 155
vuelto) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 12 de febrero
de 2020 (f. 161), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 20 de mayo de 2022 (f. 168), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada las
primeras1.

2.1.1 Actor. El accionante pide se confirme la sentencia de instancia, puesto
que «1. Dentro del expediente se encuentra probado que […] prestó sus
servicios al Ejército Nacional desde el 20-08- 1999 hasta el 12-10-2012, por
un tiempo de QUINCE (15) años NUEVE (9) meses y VEINTE (20) días,
encontrándose en servicio activo a 30 de diciembre de 2004 fecha de expedición
de la ley 923 de 2004. […] 2. Por otra parte debe traerse a colación que el
artículo 3 de la ley 923 de 2004, del 30 de diciembre de 2004, sobre la
asignación de retiro contempló que los miembros de la fuerza pública, activos
a la entrada en vigencia de la precitada ley tienen derecho a una asignación de

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

retiro con quince años de servicios» (sic).

2.1.2 Entidad accionada. Cremil, por intermedio de apoderado, expresa que la
providencia objeto de alzada «[…] incurrió en un defecto material o sustantivo,
en razón a que presenta una evidente contradicción entre los fundamentos y la
decisión; a su vez, se evidencia un defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
que sustenta la decisión; lo anterior por cuanto asemeja la causal de retiro
“facultad discrecional” con la “voluntad del gobierno”, las cuales presentan
características diferentes entre sí» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho al
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, de conformidad con el artículo
163 del Decreto 1211 de 1990; o, por el contrario, carece de razón, pues no
colma los requisitos para acceder a esa prestación, comoquiera que fue retirado
del Ejército Nacional por facultad discrecional, causal que no se encuentra
prevista para tal fin en la citada disposición, como lo alega la accionada.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

La asignación de retiro es una prestación económica2 especial3 para los
miembros de la fuerza pública que se retiran del servicio activo, por las

2
Dijo la Corte Constitucional, en sentencia T-512 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, que «[…] la
asignación de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por el retiro
del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la
normatividad de las [L]eyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Adicionalmente, es indiscutible que dicha prestación
cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal
beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus
condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus
vidas y las de sus familiares».
3
La asignación de retiro está excluida de sistema integral de seguridad social contenido en las Leyes 100 de
1993 (artículo 79) y 797 de 2003.
4

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

excepcionales funciones públicas4 que desarrollaron en cumplimiento de su
actividad militar o policial, que tiene como objetivo la financiación de sus
necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, acceso a servicios
públicos domiciliarios, recreación, atención en salud, entre otras) y familiares,
a la que se accede siempre y cuando se acrediten los requisitos legales.

Previo a la Constitución Política de 1991, la Ley 66 de 1989 revistió al
presidente de la República de facultades extraordinarias pro tempore para
reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de oficiales,
suboficiales, agentes y civiles del Ministerio de Defensa Nacional, las fuerzas
militares y la Policía Nacional y, en tal virtud, se expidió, entre otros5, el
Decreto ley 1211 de 8 de junio de 1990 o estatuto de personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, en el cual se estableció el beneficio de la
asignación de retiro (artículo 163):

Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del
servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios o por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza,
según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado,
o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
tener causa justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a
solicitud propia después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho
a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto
de las partidas de que trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince
(15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año
que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y
cinco por ciento (85%) del mismo monto.

PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y
Suboficiales que durante la vigencia de este estatuto se retiren con treinta
(30) o más años de servicio, ser equivalente al noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas fijadas en el artículo 158, liquidadas en la forma
prevista en este mismo Decreto.

4
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (artículo 216 de la Carta Política); (ii) velar
por la defensa de la soberanía, independencia, e integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art.
217 ibidem); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas
y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (art. 218 ib.).
5
Ver Decretos (i) 1212, «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional»; (ii) 1213, «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía
Nacional»; y (iii) 1214, «Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional», todos de 1990.
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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
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Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17
de diciembre de 1968, con treinta (30) o más años de servicio,
continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y
cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso
para la respectiva asignación.

En ese contexto, para acceder a la asignación de retiro, con un mínimo de 15
años de servicios, se requería que el retiro se hubiere producido por llamamiento
a calificar servicios, voluntad del Gobierno o de los comandos de fuerza, por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, por disminución de la
capacidad sicofísica, incapacidad profesional, por inasistencia al servicio por
más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por conducta deficiente.

Asimismo, cuando se contaba con más de 20 años laborados y la desvinculación
se hubiere producido por voluntad del militar, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares pagaría el equivalente al 50% del monto de las partidas de que trata el
artículo 1586 del precitado estatuto, por los 15 primeros años de servicio y un
4% más por cada año que excediera a los 15, sin que el total sobrepasara del
85% de ese valor.

Luego, la Ley 923 de 30 de diciembre de 20047, respecto de la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública, previó en su artículo 2º un régimen de transición, en cuanto dispuso
que se «[…] conservarán y respetarán todos los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones
anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de
la misma», entre los cuales se encontraba el del «reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el
derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por

6
«Liquidación prestaciones. Al personal de Oficiales y Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo
la vigencia de este estatuto, se le liquidarán las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes
partidas así:
• Sueldo básico.
• Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
• Prima de antigüedad.
• Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto.
• Duodécima parte de la prima de Navidad.
• Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.
• Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
• Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto
en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento
(47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las demás primas,
subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para efectos
de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales».
7
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
6

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
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Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal».

Ahora bien, la aludida Ley 923 de 2004 determinó un marco pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, para que el Gobierno
nacional reglamentara su régimen de pensiones, así:

Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y
los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza
Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como
mínimo los siguientes elementos:

3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de
formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para
acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de
servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el
derecho un tiempo superior a 25 años.

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta
Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.

Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio
en la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de
asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de
edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean
retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión,
tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del
tiempo servido, de conformidad con las normas del Sistema General de
Pensiones.

[…].

La mencionada Ley fue reglamentada mediante el Decreto 4433 de 2004, el
cual, para el caso de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares en
servicio activo, en su artículo 14, preceptuó:

ASIGNACIÓN DE RETIRO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN ACTIVIDAD.
Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar
servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud
propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte
(20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen
los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:

14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables
a que se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18)
primeros años de servicio.

14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un
cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta
los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento
(85%).

14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional
a los primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa
y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.

PARÁGRAFO 1o. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares,
que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince
(15) o más años de servicio que sean retirados del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o
por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una
asignación mensual de retiro, así:

El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que
se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los quince (15) primeros
años de servicio, y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda
a los quince (15) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta
y cinco por ciento (85%).

A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso anterior
se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los
primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y
cinco por ciento (95%) de las partidas computables.

PARÁGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968, con treinta (30) años o más de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva
asignación.

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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
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Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

El precitado artículo fue anulado por esta sección, en sentencia de 23 de octubre
de 20148, al considerar:

3.2. Debe recordarse ahora que en la sentencia de febrero 28 de 2013 N°
interno 1238-2007 Radicación N° 11001-03-25-000-2007-00061-
00(1238-07) Actor: José Bime Calderón y Jesús Escobar Valor9, esta
misma Sección, declaró la nulidad parcial de los artículos 24 y 30 en las
expresiones entonces acusadas del Decreto 4433 de 2004.

3.2.1. En relación con el artículo 24 del Decreto citado en la sentencia
aludida se declaró la nulidad de la expresión “sean retirados después de
dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por
disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o
de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los
que se retiren o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20)
años de servicio”, contenida en su inciso primero.

La expresión acaba de trascribir contenida en el artículo 24 del Decreto
4433 de 2004 cuya nulidad se declaró en la sentencia citada, fue retirada
del Ordenamiento Jurídico, bajo los razonamientos que por ser
pertinentes, se trascriben a continuación:

“La nulidad de las normas acabadas de mencionar tiene como
fundamento común la invocación de violación de la Ley 923 de 30
de diciembre de 2004, en cuyo artículo 3° se establecieron los
elementos mínimos que habrán de ser incluidos en el régimen de
asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la
pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos entre
los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del
artículo citado en la cual se preceptúa que:

‘3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la
Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el
tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de
servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo
de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito
para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
[…]

Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la
iniciación de la vigencia de la ley acabada de mencionar dispuso el
legislador que: ‘no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones vigentes al momento de expedición de esta ley
cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15
años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal’.

8
Consejo de Estado, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07).
9
Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez
9

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República
en cuanto al contenido de los Decretos que expida para desarrollar
esta Ley Marco quedó así expresamente delimitado por el
legislador. Ello significa, entonces, que si no obra el Ejecutivo
dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se dicte fuera
de ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del
artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.

En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004,
establece que el personal de la Policía en servicio activo que a la
fecha de entrada en vigor de ese Decreto sea retirado “después de
dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar
servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o por voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según
corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados
en forma absoluta con mas de veinte (20) años de servicio” tendrán
derecho al pago de la asignación mensual de retiro como allí se
determina, es evidente que se está exigiendo para poder ser
asignatario de la misma el cumplimiento como mínimo de
dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de
servicio en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el
personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por el
artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean
llamados a calificar servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la
Dirección General de la Policía y, de la misma manera ocurre con
respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho con 15 años
de servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del
mismo Decreto mencionado.

Igual sucede con el retiro por disposición de la Dirección General
de la Policía Nacional en los casos señalados por el artículo 78 del
Decreto 1213 de 1990, en armonía con el artículo 104 del mismo
Decreto.

Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las
normas acusadas y que ahora son objeto de análisis quebrantaron
entonces lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, dentro de cuyo marco
deberían haber sido expedidas, lo cual acarrea como consecuencia
que también se quebrantó el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución Política y, por consiguiente se encuentran viciadas de
nulidad.

[…]

De tal suerte que desaparecido del Ordenamiento Jurídico el segmento
ya aludido del artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, los porcentajes de
la asignación mensual de retiro a que este se refería, quedan sin soporte
lógico jurídico y, en consecuencia, la coherencia de la decisión que ahora
se adopte con lo que ya se resolvió en la sentencia de 28 de febrero de
2013 (N° interno 1238-2007) ya citada, impone que los tres numerales
10

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

del artículo 24 del Decreto en mención sean igualmente retirados del
Ordenamiento comoquiera que se encuentran viciados de la misma
causal de invalidez de la expresión que los subordina pues no podrían
existir sin aquella.

[…]

3.4. Con respecto a la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004
por violación de la norma que le sirve de fundamento, observa la Sección
que las mismas razones por las cuales fue declarada la nulidad del
artículo 24 de este Decreto, primero de manera parcial en la sentencia de
28 de febrero de 2013 N° interno 1238-2007 y que habrá de declararse
de conformidad con lo expuesto en esta sentencia al analizar el resto de
ese artículo, también se declarará la del artículo 14 del Decreto 4433 de
2004, en su integridad, pues su texto y las razones en que se apoyó la
declaración de nulidad del artículo 24 es idéntico al contenido de este,
pero con variación únicamente de los destinatarios de la norma en
cuestión, como quiera que en el artículo 24 son los Oficiales Suboficiales
y Agentes de la Policía Nacional en actividad y en el artículo 14 los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad [subraya la
Sala].

Como corolario de lo expuesto, cabe precisar que el derecho a devengar una
asignación de retiro, en el caso de los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares que para el 31 de diciembre de 2004 (entrada en vigor de la Ley 923
de ese año) se encontraban vinculados a estas, se rige por lo previsto en el
Decreto 1211 de 1990, por así disponerlo en el artículo 3º de la Ley 923 de
2004, por cuanto a dichos servidores, entre otros, «[…] no se les exigirá como
requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley
[…]».

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Hoja de servicios 3-12746896 de 1° de agosto de 2013, en la que consta que
el sargento viceprimero (r) Carlos Andrés Ojeda Acosta prestó sus servicios
para el Ejército Nacional entre el 5 de diciembre de 1996 y el 27 de noviembre
de 1997 (como soldado regular), del 1° de marzo de 1998 al 19 de agosto de
1999 (alumno suboficial) y desde el 20 de agosto de 1999 hasta el 12 de octubre
de 2012 (en condición de suboficial), esto es, por 15 años, 9 meses y 20 días (f.
15).

11

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

b) Resolución 1999 de 12 de octubre de 2012, por la que el comandante del
Ejército Nacional dispuso separar del servicio activo al actor, en forma temporal
con pase a la reserva, quien se desempeñaba en el grado de sargento viceprimero
de esa fuerza, por «retiro en forma discrecional», en aplicación del artículo 104
del Decreto ley 1790 de 2000 (f. 5).

c) El 1° de agosto de 2016 el accionante solicitó de la demandada el
reconocimiento de su asignación de retiro, negado mediante Resolución 6210
de 4 de agosto de 2017, por no colmar el requisito de 18 años de servicio
previsto en el Decreto 4433 de 2004 para obtener tal prestación, decisión
confirma con Resolución 7968 de 2 de octubre de 2017 (ff. 21 a 23 y 36 y 37).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor prestó sus
servicios para el Ejército Nacional, en condición de soldado regular y voluntario
y suboficial, entre el 5 de diciembre de 1996 y el 27 de noviembre de 1997, del
1° de marzo de 1998 al 19 de agosto de 1999 y desde el 20 de agosto de 1999
hasta el 12 de octubre de 2012, en su orden, esto es, por 15 años, 9 meses y 20
días; (ii) fue desvinculado del servicio oficial, en forma temporal con pase a la
reserva, en el grado de sargento viceprimero de esa fuerza, por «retiro en forma
discrecional»; (iii) el 1° de agosto de 2016 pidió de la demandada el
reconocimiento de su asignación de retiro; y (iv) mediante Resolución 6210 de
4 de agosto de 2017, se le negó la anterior solicitud, por no colmar el requisito
de 18 años de servicio previsto en el Decreto 4433 de 2004 para obtener tal
prestación, confirmada con Resolución 7968 de 2 de octubre del mismo año.

En el presente caso, el accionante alega que como su ingreso a las filas se
produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, entrada en vigor de la Ley
923 de ese año, le resultan aplicables las previsiones contenidas en el artículo
163 del Decreto 1211 de 1990, norma que exige del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares un tiempo de servicio no inferior a 15 años
para acceder a la asignación de retiro cuando la causal de desvinculación es
diferente a la de solicitud propia, como lo es el «retiro en forma discrecional».

Al respecto, se reitera que el artículo 163 del Decreto 1211 de 199010 prevé,
como requisitos para acceder a la asignación de retiro, los siguientes:

Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo después de
quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del
Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar
10
«Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares».
12

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la
capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por inasistencia al
servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por
conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que
trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los
quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%)
del mismo monto [subrayado por la Sala].

Según la precitada norma, el derecho a la asignación de retiro depende del
cumplimiento de una condición temporal que varía de acuerdo con el motivo
de retiro del servicio, para el caso 15 años por «retiro en forma discrecional»,
es decir, por voluntad del comandante del Ejército Nacional.

En ese contexto, no es de recibo el argumento de apelación de la entidad
demandada, toda vez que la causal de «retiro en forma discrecional» atañe a la
voluntad del Ejército Nacional contenida en la aludida norma (Decreto 1211 de
1990), tal como lo ha sostenido esta Corporación11, al explicar:

El Consejo de Estado ha considerado que “gracias a la discrecionalidad que
tiene el nominador, el debido proceso y sus garantías, en especial la
motivación no es necesaria tratándose de desvinculación de miembros de las
Fuerzas Militares12”, pero en manera alguna, el retiro discrecional puede ser
causal de rechazo para obtener la asignación del retiro si el militar cuenta
con el tiempo requerido para ello.

De lo expuesto en precedencia se colige que no es dable negar el reconocimiento
de la asignación de retiro de aquellos uniformados que, con fundamento en las
previsiones del Decreto 1211 de 1990, fueron separados de las fuerzas militares
por discrecionalidad del nominador, pues aunque, como ya se anotó, este habla de
«voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza», lo cierto es que no
puede interpretarse un cambio de palabras como la negativa del legislador de
conceder tal prerrogativa, máxime cuando su sentido semántico y jurídico es el
mismo.

11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 15001-2333-000-2018-00678-01(1157-20),
sentencia de 12 de agosto de 2021, C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
12
«Consejo de Estado, Sentencia de 1 de marzo de 2007, M. P. Alberto Arango, Sección 2 y Sentencia de 22
de febrero de 2007, M. P. Jesús María Lemos, Sección 2, Subsección» (sic).
13

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

Ahora bien, las pruebas dan cuenta de que el accionante laboró para el Ejército
Nacional 15 años, 9 meses y 20 días, esto es, más de lo que impone la normativa
para ser beneficiario de la asignación de retiro. Asimismo, se advierte que fue
separado de la fuerza por «retiro en forma discrecional», causal que, como se
vio, si bien no es de aquellas descritas en forma textual en el artículo 163 del
Decreto 1211 de 1990, corresponde a la de «voluntad del Gobierno o de los de
Comandos de Fuerza».

Por consiguiente, como al 31 de diciembre de 2004 el demandante se hallaba en
servicio activo en el Ejército Nacional, institución en la que laboró por más de 15
años, hasta cuando fue desvinculado, se tiene que cumple los requisitos
consagrados en el Decreto 1211 de 1990 para acceder a de la asignación de retiro
deprecada.

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al actor le
debe ser reconocida su asignación de retiro a partir del 12 de octubre de 2012
(fecha del retiro del servicio), equivalente al 50% del monto de las partidas de
que trata el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, por los 15 primeros años de
servicio, y un 4% más por cada año que exceda de los 15, sin que el total
sobrepase del 85% de los haberes de actividad.

Por otra parte, resulta oportuno precisar que por ser el derecho pensional de
carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier
época por el interesado. Contrario sensu, el legislador ha establecido el fenómeno
de la prescripción, de manera que se pagan solamente las mesadas causadas hasta
cuatro (4) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente
reclamación ante la caja de retiro, conforme al artículo 17413 del Decreto 1211 de
1990. Sin embargo, en el sub lite no trascurrieron cuatro (4) años entre la fecha
del retiro del servicio (12 de octubre de 2012) y la petición de 1° de agosto de
2016, con la que el accionante reclamó la asignación de retiro, motivo por el cual
tampoco ha operado la prescripción cuatrienal.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201614, se pronunció así:

13
«Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán
desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un
derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores
reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y
pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares».
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
15

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00121-01 (4433-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Andrés Ojeda Acosta contra Cremil

no predicarse tal proceder de la accionada, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, que accedió a las súplicas de la demanda, y revocará la condena en
costas impuesta a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 12 de junio de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño (sala primera de decisión), que accedió a
las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Carlos Andrés
Ojeda Acosta contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

2°. Revócase la condena en costas impuesta a la demandada, de conformidad
con lo indicado en la motivación.

3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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