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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02530-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02530-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la decisión de primera instancia del 16 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A objeto de impugnación, que quedará así: 2. Declarar improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en esta providencia. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02530-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

1 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02530-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1.º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02530-01
Demandante: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Requisito
general de relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 16 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda Subsección A, que resolvió:

“PRIMERO. - NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, actuando por conducto de
apoderada, en contra del Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR– interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. – Que el H. Consejo de Estado tutele la protección los derechos fundamentales
de mi prohijada a la Igualdad (Articulo 13 C.N.), al acceso a la Administración de Justicia
(artículo 229 Ibidem) y al debido proceso (artículo 29 Ibidem).

SEGUNDO. – Se deje sin efectos la sentencia No. 053 de 31 de marzo 2022, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVA DEL CAUCA MP DR. JAIRO RESTREPO CÁCERES, dentro
del proceso ejecutivo, radicado 19001 33 33 003 2018 00049 01, notificada mediante correo
electrónico el día 07 de abril de 2022, dentro del proceso ejecutivo 19001 33 33 003 2018
00049 01, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación impetrado y estimó en su
decisión “PRIMERO.- CONFIRMAR de la Sentencia No. 261 del dos (2) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019) proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Popayán, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.
• CONDENAR en costas a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL,
en 0,5% de las condenas, conforme lo expresado en precedencia.

TERCERO. – Se le ordene al señor M.P. Dr. JAIRO RESTREPO CÁCERES, adscrito al
Tribunal Administrativo del Cauca o a quien haga sus veces al momento del cumplimiento del
fallo de amparo, dictar nueva providencia en la que se dé estricto cumplimiento a la norma
que rige el caso objeto, particularmente el Decreto 1212 de 1990 y se abstenga de incorporar
una liquidación del crédito a la Sentencia que resolvió el recurso de alzada interpuesto por mi
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional

representada, por cuanto ha omitido dar cumplimiento a las etapas y oportunidades que tienen
las partes y el Juez en el desarrollo del proceso ejecutivo, específicamente la establecida en
artículo el artículo 446 del Código General del Proceso.

CUARTO. – Que el Juez de tutela dicte providencia de remplazo en el evento que la
accionada sean renuentes en el cumplimiento de la orden constitucional.

QUINTO. – Que se impartan las demás órdenes, previsiones y comunicaciones conforme lo
exija la naturaleza de esta acción de tutela.

SEXTO. – Se adopten las decisiones que en derecho correspondan, en aras de proteger los
derechos constitucionales aquí́ señalados y otros que el Juez de tutela evidencie vulnerados,
en virtud del principio Iura Novit Curia”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Humberto Lozano Rincón estuvo vinculado al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional. Posteriormente, desde el año 1995 homologó su vinculación al de grado
de Suboficial, siendo su último cargo el de comisario.

El Juzgado Quinto Administrativo en Descongestión de Popayán, en sentencia
0029 del 15 de enero de 2015, declaró la nulidad parcial del acto administrativo
mediante el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR–
reconoció la asignación de retiro del señor Humberto Lozano Rincón, y ordenó la
reliquidación de la prestación y el pago de las diferencias causadas.

El 8 de abril de 2015, el señor Lozano Rincón presentó la solicitud de pago ante
CASUR, entidad que en Resolución 4040 del 28 de mayo de 2015 anunció el
cumplimiento de la decisión judicial, y calculó los factores computables para la
asignación de retiro correspondientes al grado de sargento mayor, a pesar de que
el último grado en servicio del señor Lozano fue el de comisario. Sin embargo,
mediante Resolución 4664 del 24 de junio de 2015, CASUR revocó este último acto,
y liquidó nuevamente los factores en un grado que no correspondía 1.

El señor Lozano Rincón presentó demanda ejecutiva en contra de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con el fin que se librara mandamiento de
pago por las sumas que adeudaba la entidad, conforme con lo ordenado en la
sentencia de 15 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo en
Descongestión de Popayán, que dispuso el reconocimiento de la asignación de
retiro.

El Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, en auto del 4 de julio de 2018, libró
mandamiento ejecutivo de pago en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional y a favor del señor Lozano por el valor de $373.751.059,65
discriminado en: (i) el capital insoluto que ascendió a $235.687.133,65; y (ii) los
intereses moratorios causados sobre el capital, por $ 38.063.926.

En audiencia de instrucción y juzgamiento del 2 de diciembre de 2019, el Juzgado
Tercero Administrativo de Popayán dictó sentencia, en la que declaró no probadas
las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con
la ejecución de la obligación determinada en el mandamiento de pago.

1 Ello, porque insistió en la consideración según la cual la reliquidación debía efectuarse “(…) en el grado
equivalente, al que ostentaba en el nivel ejecutivo a la fecha de retiro de la Institución Policial, es decir como
Sargento Mayor ®”.
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El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la providencia
señalada anteriormente, en el que alegó que el ejecutante inicialmente solicitó el
reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1212 de
1990, aplicable a suboficiales y no a miembros del nivel ejecutivo, como lo es el
comisionado, el cual era el cargo que ostentaba para la fecha de su retiro. Afirmó
que, por el contrario, su asignación debía regularse por lo previsto en el Decreto
1091 de 1995, vigente para personal del nivel ejecutivo.

Agregó que el título ejecutado no debía incluir el salario de comisionado en la
liquidación de la asignación de retiro, pues ello no se acompasa con el principio de
inescindibilidad normativa.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia del 31 de marzo de 2022,
confirmó el fallo de primera instancia, por considerar que la sentencia que fue
aportada como título contenía obligaciones claras, expresas, exigibles y
determinables o liquidables. Precisó que en la sentencia declarativa se puso de
presente que el señor Lozano Rincón fue homologado hacia el nivel ejecutivo, lo
que en su momento significó una mejora en sus condiciones salariales, y le
garantizó la preservación de los beneficios en materia pensional previstos para el
grado al que inicialmente ingresó. En ese orden, verificó que los beneficios en
materia pensional aplicables estaban previstos en los artículos 140 y 142 del
Decreto 1212 de 1990.

Con fundamento en lo anterior concluyó que la obligación que recaía en CASUR a
partir del título ejecutivo se circunscribió al reconocimiento de la asignación de retiro
a partir de los beneficios previstos en el Decreto 1212 de 1990, sin que pudiera
liquidarse la asignación de retiro con un ingreso básico que no correspondía con la
última labor desempeñada.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán y el
Tribunal Administrativo del Cauca vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con
fundamento en lo cual solicita que se deje sin efecto las providencias demandadas.

Al efecto, sostuvo que el presente caso se superan los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular el
requisito general de relevancia constitucional, pues la providencia afecta el
patrimonio público de la Nación, en la medida que se está ordenando reliquidar la
asignación de retiro aplicando beneficios de uno y otro régimen, lo que trasgrede el
principio de inescindibilidad normativa, máxime cuando el superior incorporó en la
providencia judicial cuestionada una liquidación del crédito, sin que la entidad
accionante haya tenido la oportunidad de conocer y ejercer los medios de defensa
frente a la misma.

En cuanto a los requisitos específicos de procedencia, indicó que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en el defecto material o sustantivo al tomar
fracciones de uno y otro régimen para ordenar la reliquidación de la asignación de
retiro, lo cual quebranta la Ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional porque
desconoce el principio de inescindibilidad normativa.

Afirmó que la sentencia declarativa del derecho dispuso la reliquidación de la
asignación de retiro teniendo en cuenta las partidas establecidas en el artículo 140
del Decreto 1212 de 1990, en cuanto el señor Lozano Rincón ostentaba, para la
fecha de su retiro, el grado de Comisario del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
Afirma que el juzgado de conocimiento “fue claro durante toda la motivación del fallo al
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advertir que sus condiciones laborales y prestacionales eran inmodificables, por lo tanto su
reconocimiento se encontraba ceñido al estricto cumplimiento de la norma en cita”.

Insistió en que aquellos servidores públicos que haciendo parte de la Policía
Nacional como suboficiales, homologaron su vinculación al nivel ejecutivo antes de
la entrada en vigencia del Decreto 1091 de 1995, en virtud de lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 7 de la Ley 80 de 1995 y del artículo 82 del Decreto Ley 132
de 1995, tienen una situación jurídica protegida, y en razón a ello, les asiste el
derecho a beneficiarse del régimen de asignaciones, salarial y prestacional
contenido en los Decretos Ley 1212 y 1213 de 1990, situación jurídica que se
presentó en el presente asunto.

Con fundamento en lo anterior, insistió en que las normas sobre derechos laborales
y prestacionales contenidas en el Decreto 1091 de 1995 rigen para aquellos
uniformados que ingresaron a la institución en el nivel ejecutivo, pero no para los
suboficiales trasladados, como es el caso del señor Lozano Rincón. Por ello, reiteró
que en este asunto se aplicó, por una parte, el régimen prestacional contenido en
el Decreto 1212 de 1990, y por otra parte, el Decreto 1091 de 1995 en lo que le es
favorable al ejecutante, a pesar de que contaba con los beneficios del Decreto 1212
de 1990, incluido el artículo 104 relativo a las partidas computables, lo que calificó
como la violación del principio de inescindibilidad normativa.

Señala que se incurrió en defecto fáctico porque la decisión objeto de tutela carece
de sustento probatorio, en tanto introdujo en el desarrollo del recurso de apelación
la liquidación del crédito, “obviando con ello las etapas procesales del proceso ejecutivo
en la Jurisdicción Contenciosa, lo que impide a la entidad la oportunidad de ejercer los
mecanismos de defensa, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1o del artículo 446 de la
Ley 1564 de 2012, el cual exige como condición previa para la liquidación del crédito, que
se halle ejecutoriada el auto o sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A admitió la acción de tutela
en auto de 11 de mayo de 2022, y ordenó notificar a la parte demandante, al
Tribunal Administrativo del Cauca y al señor Humberto Lozano Rincón como tercero
con interés en el resultado del proceso. Asimismo ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Cauca solicitó que se desestimen las pretensiones
de la acción de tutela, porque no se ha violado derecho fundamental alguno, y la
totalidad de actuaciones adelantadas se ajustaron a las previsiones normativas y
jurisprudenciales aplicables.

Manifestó que en ningún momento desatendió las garantías constitucionales de la
entidad actora, pues aplicó en debida forma los parámetros legales y
jurisprudenciales, analizó en su integridad las pruebas obrantes en el expediente y
garantizó el derecho al debido proceso aducido como vulnerado.

La pretensión del demandante con la acción de tutela es reabrir el debate respecto
una situación particular que desfavorece sus intereses, pues se demuestra la
intención de utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario para
plantear el debate que en su momento adelantara ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

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6. Intervención de los terceros interesados

El señor Humberto Lozano Rincón, por conducto de apoderado, solicitó que se
rechace por improcedente la acción de la referencia, por cuanto la tutela se instituyó
como mecanismo procesal inmediato, efectivo, ágil, preferente, de tramite sumario,
subsidiario y residual de protección de los derechos fundamentales, y no como una
instancia adicional para debatir nuevamente lo ya resuelto por el juez natural de la
causa.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 16 de
junio de 2022 negó el amparo solicitado, por las razones que se resumen a
continuación:

La conclusión del tribunal, según la cual “(…) sería una condición regresiva en materia
laboral y pensional, permitir que CASUR liquide la asignación de retiro del Comisario retirado
con una asignación básica que no corresponde a la última labor desempeñada, pues además
de ser de menor valor según se comprueba en la certificación allegada por la misma entidad,
tampoco respeta los derechos adquiridos por el actor desde el mismo momento de su
homologación desde el grado de suboficial hacia el nivel ejecutivo en el año 1995” es una
posición que encuentra fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
cual ha tratado casos semejantes en los que el personal de la Policía Nacional, a
pesar de haber ingresado en el nivel ejecutivo de la institución en virtud de
homologación, fueron acreedores a su asignación de retiro conforme con el régimen
establecido en el Decreto 1212 de 1990, sin que por dicha situación se pudiera
inferir que debía omitirse para la liquidación de la misma el último salario que
ostentaba al momento de su retiro.

En relación con los miembros de la Policía Nacional que son acreedores de la
asignación de retiro, la sentencia de 31 de marzo de 2022 utilizó el precedente
fijado por el Consejo de Estado 2 en el cual se señala que, de acuerdo con el régimen
de transición de la Ley 923 de 2004, no debe distinguirse entre el tipo de vinculación
para efectos de garantizar las expectativas legítimas de quienes se encontraban en
servicio activo.

Concluyó que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado, por cuanto la decisión
cuestionada aplicó las normas vigentes para concluir que se debe reconocer la
asignación de retiro según el régimen previsto en el Decreto 1212 de 1990, como
lo ordenó el título ejecutivo, pero teniendo como base del IBL el salario del nivel de
comisario que ostentaba el señor Lozano Rincón para la fecha de su retiro.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, con fundamento en que
la jurisprudencia del Consejo de Estado invocada por el a quo en efecto hace
referencia a los derechos del personal homologado al nivel ejecutivo; sin embargo,
“de ella no se evidencia que se tratara de las partidas del régimen del Decreto 1212 de
1990 y se deba conservar el salario base de que gozaban en actividad cuando
pertenecieron al nivel ejecutivo y es ahí donde se configura uno de nuestros disentir [sic]
con la sentencia de tutela”.

Insistió en que se está desconociendo el principio de inescindibilidad normativa, por
cuanto se permitió que en la asignación de retiro del señor Lozano se liquidaran las

2 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 5 de octubre del 2017. Radicado
180012333000201400085 01 (3034-2016). Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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partidas computables del Decreto 1212 de 1990, pero tomando como base el
salario del nivel ejecutivo (comisario) – previsto en el Decreto 1091 de 1995. Con
ello, se avala una aplicación mixta de regímenes laborales no autorizada por la ley.

Agregó que, a pesar de tratarse de una sentencia ejecutiva, se realizó una
interpretación más allá de lo dispuesto en la sentencia base del título ejecutivo,
pues esta en ningún momento ordenó que se debía reconocer la asignación
mensual de retiro con las partidas computables del Decreto 1212 de 1990, y
conservar el salario base mensual que traía en su actividad propia del nivel
ejecutivo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
4 5
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico

En el escrito de impugnación, la parte actora solicita que sea revocada la decisión
de tutela de primera instancia, que negó el amparo solicitado, porque no encontró
configurado el defecto sustantivo invocado; al efecto, la accionante insiste en los
argumentos del escrito de tutela y cuestiona lo relacionado con el precedente
judicial que el a quo trajo a colación para señalar que la postura de la autoridad
judicial demandada se encuentra respaldada por dicho precedente.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si procede confirmar o no la
decisión de tutela impugnada, para lo cual, de manera previa verificará: (i) si en el
presente caso se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia
constitucional en relación con el cargo por defecto sustantivo invocado, para
posteriormente (ii) abordar el estudio del defecto fáctico alegado y reiterado en la
impugnación, y en caso de superarse el requisito de relevancia constitucional frente
a los cargos formulados y estudiados en el trámite de tutela de primera instancia,
(iii) examinar el argumento relativo a la indebida aplicación del precedente que
empleó el a quo para avalar las decisiones acá cuestionadas.

(i) Requisito general de relevancia constitucional

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

“(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

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(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.”

(Se destaca)

Como se mencionó, la parte actora invocó el defecto sustantivo, en cuanto las
decisiones cuestionadas tomaron normas pertenecientes a dos regímenes distintos
para ordenar la reliquidación de la asignación de retiro a favor del señor Lozano
Rincón en orden de ejecutar la sentencia declarativa, lo que a su juicio quebranta
la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Sin embargo, de la lectura del recurso de apelación interpuesto frente a la decisión
del 2 de diciembre de 2019, se observa que el apoderado de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional sustentó la alzada con fundamento en los mismos
argumentos que aduce para invocar la configuración del defecto sustantivo en el
presente trámite constitucional.

En efecto, en el recurso de apelación la entidad ejecutada manifestó que el
ejecutante inicialmente solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro con
fundamento en el Decreto 1212 de 1990, aplicable a suboficiales y no para
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, cuando debía regularse por lo
previsto en el Decreto 1091 de 1995, vigente para personal del nivel ejecutivo. La
sentencia que se ejecutaba ordenó el reconocimiento de la asignación de retiro de
conformidad con el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, y no detalló que se debía
incluir el salario de comisario en la liquidación de la asignación de retiro, porque ello
no se acompasa con el principio de inescindibilidad normativa.

La Sala anota que el Tribunal Administrativo del Cauca, resolvió sobre los
argumentos expuestos por la entidad apelante, concluyendo que la obligación que
recaía en CASUR a partir del título ejecutivo se circunscribió al reconocimiento de
la asignación de retiro a partir de los beneficios previstos en el Decreto 1212 de
1990, sin que pudiera liquidarse la asignación de retiro con una asignación básica
que no correspondía con la última labor desempeñada. Así lo indicó el tribunal:

“(…)

En consonancia, para dar respuesta al problema jurídico arriba planteado, esta
Corporación encuentra que las partes en sus intervenciones coinciden en afirmar que
para el momento del retiro el señor Humberto Lozano Rincón tenía el grado de
Comisario - Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional, por ende, sería una condición
regresiva en materia laboral y pensional, permitir que CASUR liquide la
asignación de retiro del Comisario retirado con una asignación básica que no
corresponde a la última labor desempeñada, pues además de ser de menor valor
según se comprueba en la certificación allegada por la misma entidad, tampoco
8
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional

respeta los derechos adquiridos por el actor desde el mismo momento de su
homologación desde el grado de suboficial hacia el nivel ejecutivo en el año 1995.

Las anteriores consideraciones se refrendan en casos semejantes tramitados en contra
de CASUR y dirimidos por el Consejo de Estado6, en los cuales el personal de la Policía
Nacional a pesar de haber ingresado en el Nivel Ejecutivo de la institución en virtud de
homologación, fueron acreedores a su asignación de retiro conforme el régimen
establecido en el Decreto 1212 de 1990, sin que por dicha situación se pueda
inferir o concluir que deba omitirse para la liquidación de la misma el último
salario que ostentaba al momento de su retiro, así lo expresó la alta Corporación:

"A la altura de lo enunciado, es pertinente señalar que al demandante no se le puede
aplicar el Decreto 1858 del 2012 para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues
de hacerlo se desconocería que el régimen de transición establecido en la Ley 923 del
20047 (ley marco o cuadro), la cual garantizaba la expectativa para que la situación de
quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional, sin distinción alguna
en cuanto al tipo de vinculación al Nivel Ejecutivo, continuara rigiéndose por el Decreto
1212 de 1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio8"

Similares consideraciones fueron emanadas de esta Corporación9 dentro de procesos
ejecutivos que estudiaban similares supuestos fácticos a los ahora analizados, siendo
del caso desestimar los argumentos de CASUR en contra de la decisión de primera
instancia, pues en ningún momento es dable debatir nuevamente y mucho menos
desconocer sobre las consideraciones decantadas en la sentencia presentada
como título.

En ese orden de ideas, no es de recibo para esta Sala el argumento de la entidad
apelante, tendiente a excusarse del cumplimiento de la obligación emanada en
su contra por medio de una condena judicial con fundamento en la presunta
inescindibilidad normativa que pretendía salvaguardar, pues no se erige en un
desconocimiento de dicho principio el reconocer una asignación de retiro con la
integridad del régimen previsto en el Decreto 1212 de 1990, siendo esto lo ordenado
en el título, pero teniendo como base del IBL el salario del nivel de Comisario que
ostentaba el actor para la fecha de su retiro, lo cual resulta garante de la realidad laboral
del demandante y evita el desmejoramiento de sus condiciones prestacionales.

En igual sentido, la Sala debe prevenir que dentro de la liquidación que se realizó por
parte de la Contadora asignada para los Jueces Administrativos del Circuito y que fuese
tenida en cuenta para librar el mandamiento de pago del 4 de julio de 2018, se tuvo en
cuenta el pago de $58.427.430 efectuado por CASUR el 24 de junio de 2015, es decir,
se imputó al capital existente para la fecha de aquel pago parcial, por ende, se
desestima aquel cargo de apelación invocado por la entidad ejecutada.

Así las cosas, el Tribunal no encuentra asidero en los reparos de la entidad apelante,
máxime que, contrario a lo aducido en el recurso de alzada, la sentencia de primera
instancia acierta en la descripción de la brecha salarial existente entre el grado de
Sargento Mayor, el cual fue tenido en cuenta al momento del reconocimiento de la
asignación de retiro, con el grado de comisionario, el cual debía ser observado para
liquidar la prestación en vista que aquel fue el último grado que ostento el señor Lozano
Rincón, al momento del retiro de la institución policial.

(…)”.

(Se destaca)

6 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, (i) sentencia del 11 de

abril de 2018, Rad.25000-23-42-000-2015-01949-01,C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (i) sentencia del 7 de
septiembre de Rad.25000-23-42-000-2015-01064-01(4247-17).C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Politica.”
8 En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de octubre del 2017, con

radicado 18001 2333000201 400085 01 (3034-201 6) y ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Así mismo, en sentencia del 19 de abril del 2018, dentro del radicado 05001233300020130192201 (1288 -2016
y ponencia del Consejero William Hernández Gómez.
9 Tribunal Administrativo del Cauca, sentencia del 9 de mayo de 2019 proceso ejecutivo 2016 00254; sentencia

del 27 de agosto de 2020 proceso ejecutivo 2016 00224.
9
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional

Según lo anterior, resulta evidente que mediante el ejercicio de la presente acción
la parte actora reitera el argumento expuesto en el proceso ejecutivo sobre el
régimen prestacional aplicable, lo cual es suficiente para advertir que la accionante
emplea el mecanismo constitucional de la referencia para insistir en los mismos
argumentos que fueron expuestos, analizados, debatidos y decididos en el trámite
del proceso ejecutivo cuestionado, sin que la acción de tutela pueda ser empleada
para plantear una valoración paralela a la que efectuaron los jueces ejecutivos.

Adicionalmente, basta con leer las motivaciones de la sentencia declarativa para
advertir que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional trae a colación en
el trámite ejecutivo una discusión que se surtió a instancias del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, y que ahora pretende prolongar con el ejercicio de
la presente acción:

“(…)

4.5. Caso concreto

De la lectura integra de la demanda se entiende que la litis en el presente caso se centra en que
la parte demandante solicita la nulidad parcial de la Resolución No. 0125 del 27 de febrero de
2008, por medio de la cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional le reconoció al demandante su asignación de retiro en el 97 % con fundamento en los
artículos 49 y 51 de los Decretos 1091 de 1995, cuando en realidad debía aplicarse los
artículos 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990 régimen vigente cuando fue homologado al nivel
ejecutivo.

En ese orden y de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente se tiene que el señor
Humberto Lozano Rincón ingresó a la Policía Nacional desde el 15 de septiembre de 1969 y
mediante Resolución 07708 del 28 de julio de 1994 fue ingresado al escalafón del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional como subcomisario en el cuerpo de vigilancia (f. 9 C. Ppal.) que con la
Resolución 0125 de 02 de febrero de 1998 se le reconoció la asignación de retiro en un
porcentaje del 97 % incluidas las partidas contenidas en los artículos 49 y 51 del Decreto 1091
de 1995.

Conforme al fundamento legal y jurisprudencial antes citado es claro para esta judicatura que
como el demandante ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional con anterioridad a la
expedición del Decreto 1091 de 1995, debe respetársele su situación jurídica, es decir los
beneficios que percibía antes de entrar a ser parte de esta nueva carrera en la Institución
demandada, en la medida que el articulo 51 del decreto 1091 de 1995, los artículos 23 y 25
el Decreto 2070 de 2003 y el 4433 de 2004 artículo 25, perdieron su vigencia y debe dársele
aplicación al Decreto 1212 de 1990, artículo 144 conforme al mandato del parágrafo del
artículo 7 de la ley 180 de 1995 que dispone una protección especial para el personal de
Agentes y Suboficiales que ingresaran a la nueva carrera profesional del Nivel Ejecutivo,
señalando expresa e imperativamente la no desmejorarían ni discriminarían la situación
laboral que venían y gozaban al momento de homologarse al nuevo nivel.

Sumado lo anterior debe tenerse en cuenta la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos previsto
en el artículo 53 Superior y los establecidos en las normas laborales que consagran las garantías
y el principio de favorabilidad, tal y como lo ha reiterado la Corte Constitucional10 y nuestro órgano
de cierre contencioso11.

10 "Sobre la existencia de derechos adquiridos la Constitución Nacional en su articulo 58 garantiza los derechos

adquiridos al eslablecer: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
La teoria del derecho adquirido require de varios presupuestos para que se pueda alegar como lo son:
1. Que exista una ley laboral vigente aplicable al trabajador durante la ejecución de su relación laboral.
2. Que el trabajador cumpla con los presupuestos que ella contempla para tener acceso a sus benecificios.
3. Y finalmente, que entre en vigencia una nueva ley que regule en otra forma dicha situación o circunstancia
hacia el futuro sin que se afecte lo causado (derecho) en el pasado”.Sentencia T-559/11.
11 Dentro del marco anterior, debe tenerse en cuenta que a pesar de las dificultades que caracterizan la

aplicación de la teoria de los derechos adquiridos, existe claridad sobre el hecho de que ellos sólo comprenden
las situaciones juridicas individuales consolidadas y no las que pueden calificarse como meras expectativas,
es decir, aquellas situaciones que están apenas en tránsito de consolidarse. A su vez, ello quiere decir que la
protección de los derechos adquiridos consagrada en el artículo 58 de la Constitución actual y en el 30 de la
anterior Carta Política, consistente en que ellos "no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores", implica que las leyes posteriores si pueden regular para el futuro de manera diferente a como lo
contaban en el régimen anterior, las expeclativas que se encontraban en tránsito de consolidarse”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de
noviembre de 2010. Radicación número: 73001-23-31-000-2007-00146-01 (0465-09).Consejero ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
10
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nacional

Es preciso señalar que el demandante ingreso a la Policía Nacional el 06 de julio de 1960, en
cargo de Agente Alumno, conforme a la Resolución 5072 de 15 de septiembre de 1969 (fls. 12 a
14 C. Ppal.), posesionándose el 05 de agosto de la misma anualidad (f.15 ídem), es decir, antes
de la entrada en vigencia del "Decreto 1212 de 1990, por lo que no se podía de modo alguno
aplicarle lo señalado por el art. 51 del Decreto 1091 de 1995, por lo tanto, el acto
administrativo objeto de control de legalidad se encuentra afectado de nulidad parcial bajo la
causal de falsa motivación, toda vez que: el actor se le aplicó una normatividad que atenta contra
sus intereses y vulnera sus derechos adquiridos, muy a pesar de haberse pasado al nivel
ejecutivo.

Así las cosas, se ordenará a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que reliquide y
pague la asignación de retiro del demandante señor HUMBERTO LOZANO RINCÓN, debiendo
incluir en esta prestación social cada una de las partidas y porcentajes establecidas en los
artículos 140 y144 del Decreto 1212 de 1990, que es el régimen aplicable antes de su
incorporación al nuevo nivel ejecutivo, en aplicación del principio de favorabilidad y de
los derechos adquiridos.

(…)”.

Es claro que la entidad acá accionante pretende emplear la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ejecutivo, e incluso para alegar situaciones que
fueron definidas por el juez del proceso declarativo, lo cual deslinda los fines de la
acción de tutela.

Si el proceso ejecutivo no es el escenario para precisar esa clase de situaciones,
mucho menos lo es la acción de tutela contra la decisión que pone fin al proceso
ejecutivo.

Como en el caso objeto de estudio la acción de tutela es empleada para provocar
un nuevo pronunciamiento sobre exactamente la misma controversia planteada en
el proceso ejecutivo cuestionado, se impone modificar la decisión de tutela de
primera instancia, y se declarará improcedente por no cumplirse con el requisito
general de relevancia constitucional.

(ii) Defecto fáctico 12 en el presente caso

La parte actora señala que la decisión objeto de tutela carece de sustento
probatorio, pues, según afirmó, el tribunal demandado introdujo en el desarrollo del
recurso de apelación la liquidación del crédito “obviando con ello las etapas procesales del
proceso ejecutivo en la Jurisdicción Contenciosa, lo que impide a la entidad la oportunidad de ejercer
los mecanismos de defensa, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1o del artículo 446 de la Ley
1564 de 2012, el cual exige como condición previa para la liquidación del crédito, que se halle
ejecutoriada el auto o sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución”.

Al respecto, la Sala echa de menos alguna prueba que demuestre que, con
posterioridad a la sentencia dictada en la audiencia del 2 de diciembre de 2019 en
la que se ordenó seguir adelante con la ejecución, la entidad ejecutada haya
presentado la liquidación del crédito y, por ende, el Juzgado Tercero Administrativo
de Popayán haya omitido imprimir el trámite previsto en el referido artículo.

En ese contexto, no obra en el expediente, ni la demandante acreditó, como lo
afirma en el escrito de tutela, que “en el desarrollo del recurso de apelación se haya
introducido la liquidación del crédito” y que se hayan desconocido las etapas previstas del
artículo 446 del Código General del Proceso con posterioridad a la ejecutoria del
auto que ordenó seguir adelante con la ejecución. E incluso esta situación no fue
alegada en el escrito de alegatos de conclusión en el trámite de segunda instancia.

12 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce

cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta
situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba,
cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
11
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Con todo, el cargo por defecto fáctico tampoco cumple con el requisito general de
subsidiariedad, en cuanto, notificada la sentencia continua el trámite de la
liquidación del crédito, liquidación incluso que cualquiera de las partes está
habilitada para presentar, atendiendo lo previsto en el artículo 446 del Código
General del Proceso.

Siendo así, se impone modificar la sentencia impugnada, para negar el amparo en
relación con el defecto fáctico invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
1. Revocar la decisión de primera instancia del 16 de junio de 2022, proferida por
el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A objeto de impugnación, que
quedará así:

2. Declarar improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en esta
providencia.

3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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