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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02212-00

Acción de tutela contra providencia judicial: requisitos generales de procedibilidad de la acción. Relevancia constitucional

Fecha
10 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02212-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la presente acción de tutela interpuesta por la señora Myriam Constanza Riveros Méndez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-02212-00

Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

10 de septiembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Requisitos generales de procedibilidad de la acción. Relevancia constitucional / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Argumento del decaimiento del acto administrativo

De la lectura hecha tanto al escrito de tutela inicial como al que fue presentado con ocasión del requerimiento hecho por el Despacho previo a admitir la presente acción, se advierte que no se hace una mención o referencia a los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir la providencia accionada, y tampoco se narran los hechos que permitan identificarlos. El único argumento que trae la accionante se refiere a la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, limitándose a decir que “es evidente que los actos disciplinarios han perdido su fuerza ejecutoria en cuanto han desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho que les daban su presunción de legalidad, e igualmente han perdido vigencia, lo cual lleva a que no puedan seguir teniendo efectos en la vida jurídica”, aspecto que no comporta la existencia ni fundamento de uno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha determinado como procedentes para estudiar por vía excepcional una providencia judicial. (…). Argumentos como el de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, no solo carecen de fundamento y conexidad en relación con lo resuelto por el tribunal en el proceso ordinario, sino que también implica, como lo advierte en su argumento el apoderado de la actora, un procedimiento en el que se indique bien ante la administración y en caso de considerarlo, ante el juez contencioso, acerca de las razones y la configuración de los supuestos para que opere dicha figura, pero no, pretender que en sede de tutela se analicen esta serie de supuestos. Por otra parte, si bien indica que existen “defectos fácticos”, lo cierto es que insiste en la figura del decaimiento del acto administrativo, en los poderes del juez y en el tiempo que duraría acudir a las vías pertinentes para obtener, en últimas, el derecho que dice asistirle a ser reintegrada, pero de manera alguna hace mención a las pruebas concretas que pudo desconocer el juez natural, o a la indebida valoración de las mismas, junto con una sólida argumentación en torno a este defecto, que pudieran llevar eventualmente a la intervención del juez de tutela. Lo que se evidencia es una inconformidad de la parte actora frente a la decisión adoptada y en general, lo cual, como ha dicho la misma Corte Constitucional, independientemente que se comparta o no lo resuelto por el juez natural, no descalifica la decisión judicial ni la convierte en arbitraria.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02212-00(AC)
Actor: MYRIAM CONSTANZA RIVEROS MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas:
Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Argumento del decaimiento del acto administrativo. Carga argumentativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por la señora Myriam Constanza Riveros Méndez, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

El 29 de junio de 2018, la señora Myriam Constanza Riveros Méndez, por conducto de apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Nación – Ministerio de Defensa, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al trabajo.

1. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“PRINCIPALES

Que se declaren vulnerados los derechos fundamentales de mi mandante.

Que por dicha vulneración se dejan (sic) sin efecto los actos administrativos sancionatorios proferidos por el Ministerio de Defensa y pago completo de la condena proferida por la jurisdicción contenciosa.

Lo extra y ultra petita, que por mandato legal puede otorgar el juez constitucional.

SUBSIDIARIAS

Que se declaren vulnerados los derechos fundamentales de mi mandante.

Que por dicha se dejan sin efecto (sic) los actos administrativos sancionatorios proferidos por el MINISTERIO DE DEFENSA en contra de mi mandante, se ordena (sic) al Juzgado Contencioso Administrativo dictar auto librando mandamiento ejecutivo contra el Ministerio, con el fin de dar cumplimiento integralmente al fallo proferido por la jurisdicción contenciosa.

Lo extra y ultra petita, que por mandato legal puede otorgar el juez constitucional”.

Más adelante, mediante escrito con el que pretendió aclarar la tutela inicialmente presentada, dijo en relación con las pretensiones que “efectivamente se están atacando las decisiones judiciales referidas, en razón a los hechos de tutela” (fl. 12).

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Sostuvo la accionante que en el año 2002, mediante actos administrativos emitidos por el Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, fue retirada por abandono del cargo.

2.2. Esas decisiones fueron demandadas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y el asunto fue resuelto a favor de la accionante por el Juzgado Único Administrativo de Barrancabermeja y por el Tribunal Administrativo de Santander, en las correspondientes instancias. En consecuencia, se declaró la nulidad de los actos acusados y se ordenó el reintegro al cargo que desempeñaba junto con el pago de lo dejado de percibir.

2.3. Dentro del trámite administrativo de cumplimiento a la sentencia judicial, la Nación – Ministerio de Defensa (Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar), mediante Resolución No. 000630 del 16 de septiembre de 2013 y la Resolución No. 3950 del 19 de mayo de 2015, dio cumplimiento a la decisión judicial, en el sentido de reconocer y ordenar el pago de lo correspondiente al capital e intereses moratorios de lo adeudado como consecuencia de la nulidad de la declaratoria de la vacancia del cargo que venía desempeñando la actora.

Se indicó que no era posible cumplir con la orden de reintegro, toda vez que contra la actora existía un fallo disciplinario que la había inhabilitado de manera permanente para ejercer el cargo de juez.

2.4. Al considerar que no se había dado total cumplimiento a la sentencia judicial, la accionante propuso demanda ejecutiva, tomando como base la providencia favorable a sus intereses, con el fin de que diera cumplimiento a la obligación “de hacer”, consistente en el reintegro ordenado y, se librara mandamiento de pago por concepto de los salarios dejados de pagar, la correspondiente indexación, prestaciones sociales e intereses moratorios.

2.5. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja, en sentencia del 30 de marzo de 2017, resolvió no librar mandamiento de pago a favor de la accionante, en la medida en que la decisión de la administración de dar cumplimiento al fallo en los términos en los que lo había hecho, obedecía a la imposibilidad de reincorporarla al cargo de Juez Penal Militar, al pesar sobre ella una sanción disciplinaria de destitución de 10 años e inhabilidad especial permanente para ejercer dicho cargo a partir del 5 de octubre de 2005.

2.6. La decisión fue apelada por la accionante ante el Tribunal Administrativo de Santander, que en providencia del 2 de abril de 2018, confirmó la decisión del juzgado.

2.6.1. Indicó que pese a quedar la orden de reintegro expresamente consagrada en el fallo respectivo, no era posible su reintegro al cargo al recaer una sanción disciplinaria en su contra, que imposibilitaba dar cumplimiento a la orden en su integridad y al no haber sido acreditada la revocatoria de dicha sanción.

2.6.2. En ese orden de ideas, dijo que la orden contenida en el fallo cuya ejecución se pretendía, no era exigible en los términos del artículo 422 del C.G.P., ya que su cumplimiento estaba sujeto a una condición que no fue acatada en su oportunidad.

3. Fundamentos de la acción

Indicó que de acuerdo con los artículos 91 y 92 del CPACA, los actos sancionatorios han perdido su fuerza ejecutoria en cuanto han desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho que les daban su presunción de legalidad, e igualmente han perdido vigencia, lo que lleva a que no puedan seguir teniendo efectos en la vida jurídica.

Dijo que las decisiones judiciales violan sus derechos fundamentales al obligarla a iniciar un nuevo proceso judicial con el fin de defender unos derechos que ya han sido obtenidos en un proceso judicial anterior.

Mencionó que las decisiones judiciales adolecían de “defectos fácticos”, en cuanto se limitaron a ser unos observadores de lo formal, omitiendo hacer uso de sus poderes para obtener el derecho sustancial sobre el procesal, por ejemplo, haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad para haber inaplicado el acto administrativo que había perdido su fuerza ejecutoria.

Sostuvo que no era justo solicitar al Ministerio de Defensa que declare el decaimiento de los actos administrativos sancionatorios, y en caso de obtener una respuesta negativa, tener que iniciar otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de solicitar su nulidad, ya que se trata de un proceso que dura de 6 a 7 años.

4. Trámite impartido

4.1. Inicialmente por auto del 6 de julio de 2018, se dispuso requerir a la parte actora con el fin de que aclarara las pretensiones de la demanda y que, en caso de que se solicitara dejar sin efectos providencias judiciales, se indicaran los defectos de los que adolecen las pretensiones juntos con las razones que los configuran (fl. 10).

4.2. Posteriormente, mediante auto del 24 de julio de 2018, se admitió la presente acción, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y por la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Se dispuso vincular como tercero con interés al Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja. Igualmente se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 17).

5. Intervenciones

5.1. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja, por conducto de su titular informó que lo decidido en su momento por ese despacho no vulneraba derecho fundamental alguno, al haberse evacuado en debida forma todas las instancias judiciales contempladas para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo los principios de legalidad y debido proceso.

Manifestó que una vez devuelto el expediente del tribunal, se procedió al archivo definitivo del mismo y que no obra en el proceso solicitud alguna presentada por la accionante, así como tampoco existe actuación alguna que corresponda y esté pendiente de resolver.
5.2. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto del magistrado ponente de la decisión, indicó que se habían cumplido todas las etapas del debido proceso, además, que el escrito de tutela adolece de una explicación clara y objetiva de los argumentos bajo los cuales la parte actora considera que las providencias proferidas dentro del proceso ejecutivo vulneran sus derechos fundamentales.

Precisó que en la providencia atacada fueron analizadas las condiciones que debe reunir el título ejecutivo para ser considerado como tal, esto es, contener una obligación clara, expresa y exigible y se precisó, que en el caso concreto el fallo cuya ejecución se persigue no era exigible, en la medida en que su cumplimiento se encontraba sujeto a una condición que no fue acatada de manera oportuna.

5.3. El Ministerio de Defensa, por conducto de la Coordinadora del Grupo Contencioso, sostuvo que la parte actora no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la presente acción, al no haberse realizado un análisis de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco de acreditar la presunta vulneración de derechos fundamentales.

Que lo que pretende el apoderado de la parte actora es subsanar los errores y la carencia de material probatorio que debió aportar al proceso y que busca en la acción de tutela una tercera instancia.

5.4. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional.
Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

3. Análisis del caso

3.1. Corresponde a la Sala verificar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedencia la acción de tutela contra providencia judicial, en particular, el de relevancia constitucional.

En caso de superar el estudio de procedencia de los requisitos generales, corresponderá a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander, emitió una decisión sin tener en cuenta que operaba la figura del “decaimiento del acto administrativo” y que, en consecuencia, debió librar mandamiento ejecutivo de pago en relación con la obligación “de hacer” que consistía en el reintegro de la actora al cargo que venía desempeñando.

3.2. El requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

De esta forma, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos:
El primero, que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues para ello no basta que aduzca su vulneración.

Y, el segundo, consistente en que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

3.3. De la lectura hecha tanto al escrito de tutela inicial como al que fue presentado con ocasión del requerimiento hecho por el Despacho previo a admitir la presente acción, se advierte que no se hace una mención o referencia a los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir la providencia accionada, y tampoco se narran los hechos que permitan identificarlos.

El único argumento que trae la accionante se refiere a la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, limitándose a decir que “es evidente que los actos disciplinarios han perdido su fuerza ejecutoria en cuanto han desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho que les daban su presunción de legalidad, e igualmente han perdido vigencia, lo cual lleva a que no puedan seguir teniendo efectos en la vida jurídica” (fl. 13), aspecto que no comporta la existencia ni fundamento de uno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha determinado como procedentes para estudiar por vía excepcional una providencia judicial.

3.4. Es importante precisar en este punto que, para que el juez de tutela pueda analizar una sentencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, se deben identificar razonable y suficientemente los hechos que permitan identificar los defectos que se imputan a la providencia, pues como se anotó de manera previa, no basta enunciar la transgresión de derechos fundamentales, ya que está en cabeza de la parte actora el deber de sustentar los motivos suficientes por los que considera que la autoridad judicial ha incurrido en un presunto error o defecto al proferir determinada providencia judicial.

No debe olvidarse que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso, de allí que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exija un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

Argumentos como el de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, no solo carecen de fundamento y conexidad en relación con lo resuelto por el tribunal en el proceso ordinario, sino que también implica, como lo advierte en su argumento el apoderado de la actora, un procedimiento en el que se indique bien ante la administración y en caso de considerarlo, ante el juez contencioso, acerca de las razones y la configuración de los supuestos para que opere dicha figura, pero no, pretender que en sede de tutela se analicen esta serie de supuestos.

3.5. Por otra parte, si bien indica que existen “defectos fácticos”, lo cierto es que insiste en la figura del decaimiento del acto administrativo, en los poderes del juez y en el tiempo que duraría acudir a las vías pertinentes para obtener, en últimas, el derecho que dice asistirle a ser reintegrada, pero de manera alguna hace mención a las pruebas concretas que pudo desconocer el juez natural, o a la indebida valoración de las mismas, junto con una sólida argumentación en torno a este defecto, que pudieran llevar eventualmente a la intervención del juez de tutela.

Lo que se evidencia es una inconformidad de la parte actora frente a la decisión adoptada y en general, lo cual, como ha dicho la misma Corte Constitucional, independientemente que se comparta o no lo resuelto por el juez natural, no descalifica la decisión judicial ni la convierte en arbitraria.

4. Por lo anterior, la Sala considera que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente por la accionante, lo que hace que la presente acción sea improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la presente acción de tutela interpuesta por la señora Myriam Constanza Riveros Méndez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folio 4.
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Sentencia del 5 de agosto de 2014. Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Al referirse a este requisito, dijo:
“…La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia. El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional. […]

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