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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04205-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04205-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04205-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04205-01
Demandante: Elkin Horacio Gereda Antolínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04205-01
Demandante: ELKIN HORACIO GEREDA ANTOLÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia judicial que rechazó recurso de reposición y en
subsidio de apelación presentado contra auto de rechazo de
demanda de acción de cumplimiento

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Elkin Horacio Gereda Antolínez
contra la sentencia del 14 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 4 de agosto de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Elkin Horacio Gereda
Antolínez pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso.

A juicio la demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 1º
de agosto de 2023, que rechazó por improcedente los recursos de reposición y apelación
que presentó el actor contra el auto que rechazó la demanda de acción de cumplimiento
con radicado No. 25000-23-41-000-2023-00880-00.

2. Pretensiones

La actora formuló las siguientes pretensiones:

Se amparen mis derechos fundamentales a un debido proceso.

Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitar y remitir al H Consejo de Estado
el trámite 25000234100020230088000, Recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de
una acción de cumplimiento incoada por el suscrito ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

3. Hechos

Del expediente y del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Elkin Horacio Gereda Antolínez presentó acción de cumplimiento contra el
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Seguro Social (PARISS) cuya administradora
y vocera es la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria), con el
objeto de obtener el cumplimiento de la Resolución No. 3071 del 11 de noviembre de

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Demandante: Elkin Horacio Gereda Antolínez

2014, por medio de la cual se reconoce y admite con cargo a la masa de liquidación el
crédito laboral de primera clase por valor de $5.384.798,39.

El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que, por auto del 12 de julio de 2023,
la rechazó de plano, con fundamento en que no se acreditó el cumplimiento del inciso 2
del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, esto es, la constitución en renuencia de la autoridad
presuntamente obligada.

En contra de la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación.

Por auto del 1º de agosto de 2023, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, rechazó por improcedente los recursos interpuestos, con
fundamento en el artículo 161 de la Ley 393 de 1997.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El actor alegó que la providencia del 1º de agosto de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, por cuanto no tenía competencia para rechazar el
recurso de apelación, debido a que se trataba de un trámite vertical y el juez competente
para conocer del recurso era el Consejo de Estado.

Además, señaló que no contaba con otro mecanismo de protección, por lo que era
procedente la acción de tutela.

5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, ponente de la providencia acusada, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela. En concreto, señaló que frente al único argumento
propuesto por el actor relativo a la falta de competencia para rechazar el recurso, era
preciso señalar que era justamente el juez de primera instancia “quien decide respecto de
la procedencia o no de los recursos ordinarios y se establece en las diferentes normas, otra cosa
es la decisión en sí del recurso, v.gr. de apelación, que debe ser enviado al Superior para su
pronunciamiento, pero esto en caso de que proceda de acuerdo a las normas aplicables a cada
proceso o medio de control, en tratándose de esta jurisdicción”.

El apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes I.S.S. solicitó la
desvinculación del presente trámite de tutela, con fundamento en que no era competente
para atender las pretensiones de la demanda, pues estaban dirigidas contra una
providencia judicial dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. A juicio del a quo, la acción de tutela no cumplía con carga argumentativa
para efectos de demostrar la trascendencia de la inconformidad a un debate propuesto
desde una perspectiva constitucional.

Lo anterior, por cuanto consideró que el actor se limitó a indicar que el derecho
fundamental se vio conculcado con la decisión el 1º de agosto de 2023, debido a que el
competente para decidir sobre la procedibilidad del recurso de apelación era el Consejo
1 Artículo 16. Recursos. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de

la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual
admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a
más tardar al día siguiente.

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Demandante: Elkin Horacio Gereda Antolínez

de Estado y no el tribunal demandado. Luego, ese argumento no estaba enmarcado en
alguno de los defectos especiales como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.

Además, advirtió que la demanda de tutela no contaba con el desarrollo de los errores
en los que habría podido incurrir la providencia del 1º de agosto de 2023 “ aunado a la
ausencia de la carga desde la perspectiva constitucional según lo establecido en la sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022”. En ese sentido, adujo que no podía
avizorar la trascendencia del caso a un debate que implicara la interpretación de la
Constitución Política con el fin de determinar si el núcleo esencial del derecho invocado
en realidad se había vulnerado.

En ese contexto, el juez de primera instancia estimó que la solicitud de amparo se empleó
como una instancia adicional a la del juez natural, en tanto no iba más allá de la mera
inconformidad del tutelante frente a una decisión que se adoptó en derecho.

Finalmente, a manera de conclusión, el a quo concluyo que: (i) el escrito de tutela carecía
de carga argumentativa mínima; (ii) no evidenciaba una vulneración palmaria o perjuicio
irremediable derivado de la providencia acusada, y (iii) la decisión acusada se dictó en
el marco de una acción de cumplimiento, la cual podía volver a incoarse por la parte
tutelante.

7. Impugnación

El actor impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara y que, en su
lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Así sustentó la impugnación:

Que si bien el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 establecía que contra las providencias
que se dictan en el marco de la acción de cumplimiento diferentes de la sentencia, no
cabía recurso alguno, esa norma no podía interpretarse de forma aislada, debido a que
el artículo 243 del CPACA establecía que son apelables además de las sentencias de
primera instancia de los tribunales y de los jueces, el auto que rechace la demanda,
dictada por los tribunales administrativos en primera instancia.

Que aunque el Consejo de Estado ha estudiado y se ha decantado por una tesis
restrictiva en materia de recursos contra el auto que rechaza la demanda de acción de
cumplimiento, no advertía que esa corporación realizara un pronunciamiento con
posterioridad a la vigencia del Código General del Proceso respecto del tema.

Indicó que, en sentencia C-319 de 2013, la Corte Constitucional lo único que hizo fue
“repetir el texto de la norma, sin más elementos de juicio”. Que, por su parte, en la sentencia
C-329 de 2015, la Corte, refiriéndose a la diferencia de trato en materia de recursos en
el trámite contencioso administrativo, estableció que había restricción del recurso de
apelación de autos que no ponían fin a la actuación procesal ni tenían incidencia en el
proceso, dictados por el tribunal administrativo.

Debido a lo anterior, adujo que, invirtiendo el razonamiento de la Corte, el auto que ponía
fin a una actuación procesal como ocurrió en el caso concreto con el auto de rechazo de
la demanda, por tener incidencia en el proceso, “debe tener recurso de apelación”.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Elkin Horacio Gereda Antolínez contra la providencia del 1º de agosto de 2023, dictada

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por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que
rechazó por improcedentes los recursos interpuestos en el trámite de la acción de
cumplimiento de radicado número 25000-23-41-000-2023-00880-00.

La Sala anticipa que, como bien lo consideró el a quo, la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional por falta de carga mínima de argumentación.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) la relevancia constitucional; (iii) sobre la carga
mínima de argumentación en materia de tutela, y (iv) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.

En cuanto al segundo criterio, esta Sala es de la tesis de que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando el interesado no cumple con la carga mínima de
argumentación que permita conocer las razones por las que se presenta la acción de
tutela5. Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario,
se trata simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación
para ilustrar al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así
poder tomar decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
“es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos”.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5 Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias del 10 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-15-000-

2018-02212-00, y del 12 de diciembre de 2018, expediente 11001-03-15-000-2018-00790-01.

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Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima “de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección”6.

4. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, en el escrito de tutela, el señor Elkin Horacio Gereda Antolínez
alegó que la providencia del 1º de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que rechazó el recurso de reposición
y en subsidio de apelación contra el auto de rechazo de la demanda, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso “en atención a que al ser un trámite vertical, el juez competente
para conocer del mismo es el Consejo de Estado”.

Como se ve, si bien la parte actora aludió a una presunta falta de competencia del tribunal
para tramitar el recurso de reposición y en subsidio de apelación que presentó contra el
auto que rechazó la demanda de acción de cumplimiento, lo cierto es que no hizo el
ejercicio concreto de poner en evidencia los motivos por los que estima que se configura
esa falta de competencia. Esto es, en el escrito de tutela, el actor no expuso razones
concretas contra el fundamento de la decisión de rechazo, ni puso de presente algún
error ni la de falta de razonabilidad de la decisión frente a los postulados básicos
constitucionales.

Ahora, la Sala no desconoce que en la impugnación el actor sustentó la acción de tutela
en la falta de aplicación del artículo 243 del CPACA, norma que, a su juicio, permite la
apelación de la providencia que rechaza la demanda.

Sin embargo, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga
mínima de argumentación debe evaluarse en los estrictos términos propuestos en el
respectivo escrito de tutela, pues se trata del acto procesal que fija la discusión y frente
al cual los demandados ejercen la garantía de defensa y contradicción. La impugnación
no es una oportunidad para corregir omisiones en la argumentación de la demanda de
tutela, por cuanto eso implicaría que los demandados no tengan la oportunidad de ejercer
adecuadamente las garantías de contradicción y defensa.

En consecuencia, no podría la Sala decidir el asunto a partir de la nueva argumentación
expuesta en la impugnación. Aunque la acción de tutela se caracteriza por ser un recurso
de defensa principalmente informal, eso no significa que durante su trámite se puedan
pasar por alto las garantías fundamentales del debido proceso.

En todo caso, vale precisar que el auto del 1º de agosto de 2023 se dictó conforme con
la norma especial que rige las acciones de cumplimiento, esto es, el artículo 16 de la Ley
393 de 1997, que dispone que “las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de
Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno”. De hecho, se trata
de una norma que fue declarada constitucional en sentencia C-319 de 2013.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, por falta de carga mínima de argumentación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

6 Sentencia C-483 de 2008.

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III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

Ausente con excusa (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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