República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02484-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
17 de septiembre de 2018
TUTELA CONTRA AUTO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÉRMINO DE CADUCIDAD PARA ATACAR ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS - A partir del día siguiente a la notificación
La Sala considera necesario hacer énfasis no solo en la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también en la oponibilidad y eficacia de los actos administrativos, para de esa forma definir la fecha a partir de la cual debe contarse el término de caducidad en el presente asunto.(…) [P]or vía jurisprudencial se ha determinado que la caducidad de aquellos actos de contenido particular que implican el retiro del servicio de un empleado público debe contarse a partir de su ejecución, esto es desde que se separa al interesado del ejercicio de sus funciones. A pesar de lo anterior, es claro que el precedente trascrito es aplicable solo para aquellos casos en que la decisión de retiro del servicio del funcionario obedece a una sanción adoptada en el marco de un proceso disciplinario, pues amerita la existencia de un acto administrativo de ejecución. (…) De acuerdo con lo anterior, la precitada posición del Consejo de Estado, utilizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para establecer la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del [accionante], no es aplicable al caso particular, debido a que el acto administrativo de retiro del servicio discutido no fue resultado de un proceso sancionatorio disciplinario, sino que se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del Ministerio de Defensa Nacional, por la causal de llamamiento a calificar servicios. En ese entendido, la caducidad en ese proceso debió contarse a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo de retiro. (…) Así las cosas, la Sala considera que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó el cómputo de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el [accionante] con base en apreciaciones jurisprudenciales que no son aplicables al caso concreto y no observó detenidamente el material probatorio allegado, del cual se puede concluir que las fechas utilizadas para el conteo no fueron las correctas. (…) De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, calculó incorrectamente el término de caducidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02484-00(AC)
Actor: EDWIN RICARDO BONILLA CELY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
El señor Edwin Ricardo Bonilla, quien actúa en nombre propio, interpone acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Pretensiones
Fueron concretadas de la siguiente forma:
Con fundamento en las consideraciones precedentes respetuosamente solicito a los H. Magistrados tutelar mi derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia y los demás que se me hayan conculcado con el auto proferido por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” MP. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, proferida el 11 de julio de 2018 mediante el cual, revocó el dictado (sic) por el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, el 31 de enero de 2017, declarando No probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada en la audiencia inicial celebrada en el proceso No. 11001333500820160016500 y en su lugar, DISPONGA continuar con el proceso para en esta forma tener garantizados mis derechos fundamentales conculcados.
1.2. Hechos de la solicitud
La parte accionante expone como hechos relevantes los siguientes:
Ostentaba el grado de mayor del Ejército Nacional y por medio de Resolución número 9017 del 5 de octubre de 2015 fue retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios; el mencionado acto administrativo le fue notificado el 23 de octubre de ese mismo año.
El 16 de febrero de 2016 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue celebrada el 3 de mayo de 2016 y a la que no asistió la entidad convocada, razón por la que el día 16 de ese mismo mes y año se hizo entrega de la constancia de diligencia fallida y se entendió agotado el requisito de procedibilidad.
El mismo 16 de octubre de 2016, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional que correspondió al Juzgado 8 Administrativo de Bogotá. El a quo profirió auto del 31 de enero de 2017, en donde declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada.
El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Defensa contra la anterior decisión fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en auto del 11 de julio de 2018, en donde revocó la decisión recurrida, declaró la caducidad del medio de control y dio por terminado el proceso.
1.3 Fundamentos jurídicos de la parte accionante
El accionante considera que la providencia cuestionada afectó sus derechos fundamentales al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y del precedente judicial de la Corte Constitucional relacionado con el asunto bajo estudio (folio 4).
1.4. Actuación Procesal
La presente acción de tutela fue admitida por medio de auto del 1 de agosto de 2018, en donde además se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como demandados y a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional como tercero interesado, para que dentro de los 3 días siguientes a la notificación, rindieran el respectivo informe en ejercicio del derecho de defensa y contradicción (folios 19 y vuelto).
1.5. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E allegó contestación a la presente acción de tutela por medio de memorial enviado por correo electrónico del 22 de agosto de 2018, en donde afirmó no haber incurrido en ningún tipo de irregularidad o vulneración de los derechos fundamentales alegados por el señor Edwin Ricardo Bonilla.
Realizó una trascripción de la providencia cuestionada y concluyó que la decisión estuvo plenamente justificada, en tanto el demandante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando ya se había configurado la caducidad, determinación a la que se llegó a partir de una correcta interpretación de la norma.
Dentro del proceso ordinario se acreditó que había trascurrido más de 4 meses desde la fecha de ejecución del acto administrativo de retiro, pese a la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, la cual se intentó con posterioridad al fenecimiento del término de caducidad. Por último, precisó que lo pretendido por el accionante es revivir los términos de un asunto que ya fue desatado por el juez natural (folios 36 al 37 vuelto).
Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional se pronunció sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el sentido de indicar que no cumple con los requisitos específicos de procedencia de acciones de tutela contra decisiones judiciales, pues no se manifestó o desarrolló el defecto endilgado.
Sin embargo, explicó que debido a que el accionante fue retirado por medio de Resolución 9017 del 5 de octubre de 2015, el término de caducidad debe computarse a partir del día siguiente, es decir el 6 de octubre, por lo que la solicitud de conciliación del 16 de febrero de 2016, fue presentada de forma extemporánea y no puede entenderse como una suspensión del término que ya había caducado.
La anterior afirmación obedece a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, el cual dispone que el término de caducidad para iniciar demandas por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses a partir de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo (folios 41 al 42).
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 1. º del Decreto 1983 de 2017, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», la Sala es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
El problema jurídico consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, afectó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, al incurrir en un defecto sustantivo por indebida interpretación normativa en el auto del 11 de julio de 2018, en donde declaró probada la excepción de caducidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2016-00165-01.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2 Los requisitos de procedencia en el caso concreto
La Sala considera que el asunto bajo examen es de amplia relevancia constitucional, debido a que se alega la afectación de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados en el marco de un trámite judicial, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ese mismo sentido, se cumple el requisito de inmediatez, en tanto la providencia acusada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, data del 11 de julio de 2018, aunado a que la presente acción de tutela fue interpuesta el 26 de julio de esta anualidad, según la constancia de reparto vista en el folio 17, es decir dentro del término que ha sido dispuesto por esta Corporación como inmediato para acudir al juez constitucional cuando se pretenden discutir providencias judiciales.
Frente a los requisitos específicos, la parte accionante considera que en la decisión de segunda instancia se incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues considera que se hizo un cómputo incorrecto del término de caducidad dentro del presente asunto.
Por último, el presente medio de amparo cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la providencia acusada resolvió el recurso de apelación elevado contra el auto del 31 de enero de 2017, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá, por lo que se entiende agotada esa vía de contradicción, al paso que no se refiere a una sentencia dictada dentro de un proceso de tutela.
2.4 El defecto sustantivo
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material o sustantivo» se presenta en casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
En lo que corresponde con el «defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente judicial», la Corte ha sostenido que este se configura cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
Así las cosas, los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; regla que solo permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se atiendan las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)»
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
2.5 La providencia acusada
En la contestación de la demanda ordinaria el Ministerio de Defensa propuso la excepción de caducidad del medio de control, la cual fue declarada como no probada por el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá en audiencia inicial del 31 de enero de 2017, razón por la que la entidad demandada propuso recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La alzada fue resuelta por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de auto del 11 de julio de 2018, en donde revocó la decisión de primera instancia, declaró probada la caducidad del trámite judicial y dio por terminado el proceso.
Como fundamento de la anterior decisión, el Tribunal precisó que el término de caducidad, según el literal «d» del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses contados a partir de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
En ese sentido, cuando se pretende la nulidad de un acto que disponga el retiro del servicio, la caducidad debe computarse desde la desvinculación o retiro efectivo del servicio. Para el caso de marras, se probó que el retiro del demandante se produjo por medio de la Resolución 9017 del 5 de octubre de 2015, acto en el que se precisó que regía a partir de su expedición y con efectos fiscales desde la misma fecha.
Así, la forma de ejecutar ese acto administrativo es el hecho material de dejar el cargo, lo cual, en el presente asunto, se efectuó el mismo 5 de octubre de 2015, lo que quiere decir que la caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente, es decir del 6 de octubre de 2015.
En consecuencia, el plazo para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho venció el 6 de febrero de 2016, razón por la que la solicitud de conciliación (interpuesta el 16 de febrero de 2016) no generó efectos suspensivos del término, pues este ya se encontraba caducado.
La anterior conclusión puede corroborarse con el extracto de la hoja de vida del mayor retirado Edwin Ricardo Bonilla que reposa en el folio 7 del expediente, en donde se observa que laboró hasta el 5 de octubre de 2015, fecha en la que tuvo pleno conocimiento del contenido de la Resolución demandada (folios 151 al 154 vuelto del expediente ordinario).
2.6 Hechos probados
Por medio de Resolución 9017 del 5 de octubre de 2015, el Ministerio de Defensa Nacional retiró del servicio al entonces mayor del Ejército Nacional Edwin Ricardo Bonilla Cely por la causal de llamamiento a calificar servicios (folios 2 al 4 del expediente ordinario).
El anterior acto administrativo le fue notificado al interesado por conducto del oficial de administración de personal mayor Miguel Ángel Méndez García el 23 de octubre de 2015 (folio 5 del expediente ordinario).
El 23 de noviembre de 2015, el oficial de la Sección de Atención al Usuario certificó que al mayor Edwin Ricardo Bonilla Cely se le presupuestaron 30 días de salario correspondientes al mes de octubre de ese mismo año (folio 6 del expediente ordinario).
El 23 de noviembre de 2015, el jefe de personal de la Brigada de Apoyo Logístico número 1 certificó que el mayor Edwin Ricardo Bonilla Cely «se desempeñó como Oficial de Control Interno en la Brigada de Apoyo Logístico No. 1 con sede en Bogotá – Cundinamarca, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 13 de octubre de 2015» (folio 39 del expediente ordinario).
En el extracto de la hoja de vida del mayor retirado del Ejército Nacional Edwin Ricardo Bonilla Cely se indica como fecha de ingreso a la institución el 1 de diciembre de 1997 y acto de retiro del 5 de octubre de 2015, con un tiempo de servicio total de 20 años, 1 mes y 4 días (folio 7 del expediente ordinario).
Por intermedio de apoderado judicial, el accionante interpuso solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 131 Judicial II para Asuntos Administrativos el 16 de febrero de 2016, en donde convocó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional (folio 41 del expediente ordinario).
La parte convocada no asistió a la diligencia de conciliación programada para el 3 de mayo de 2016 (folio 41 A del expediente ordinario).
El 16 de mayo de 2016, la procuraduría hizo entrega al convocante de la constancia de diligencia fallida y se dio por agotado el requisito de procedibilidad (folio 41 del expediente ordinario).
El mismo 16 de mayo de 2016, el apoderado judicial del accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional que correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá (folio 85 del expediente ordinario).
La demanda fue admitida por medio de auto del 18 de mayo de 2016 (folios 87 y 88 del expediente ordinario).
El Ministerio de Defensa contestó la demanda por medio de memorial del 25 de agosto de 2016, en donde propuso como excepción previa la caducidad del medio de control (folios 93 al 111 del expediente ordinario).
Por medio de auto del 23 de noviembre de 2016, se programó fecha para audiencia inicial el 31 de enero de 2017 (folio 130 del expediente ordinario).
Dentro de la audiencia inicial se resolvió la excepción previa de caducidad y se declaró no probada (audio visto en el folio 131 del expediente ordinario).
En la mencionada diligencia, la apoderada de la parte demandada presentó recurso de apelación que fue resuelto en auto del 11 de julio de 2018, en donde se revocó la decisión recurrida y declaró la caducidad del medio de control (folios 151 al 154 vuelto del expediente ordinario).
2.7 Análisis de la Sala
El señor Edwin Ricardo Bonilla Cely interpone el presente medio de amparo para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y que, en consecuencia, se deje sin efectos el auto del 11 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el que se revocó la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá del 31 de enero de 2017 y se declaró probada la caducidad dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2016-00165-00.
El accionante considera que los cálculos realizados por el Tribunal son incorrectos, pues computa el término de caducidad desde la fecha de elaboración del acto administrativo, es decir desde el 5 de octubre de 2015. Argumenta que el Tribunal no tuvo en cuenta que el mencionado acto solo le fue notificado hasta el 23 de octubre de 2015, lo que quiere decir que el término debe contarse a partir del 24 de octubre de ese año, esto es desde el día siguiente a que tuvo conocimiento de la decisión del Ministerio de Defensa de retirarlo del servicio activo del Ejército Nacional.
Además, precisa que debe tenerse en cuenta la suspensión del término de caducidad a partir de la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 16 de febrero de 2016, pues para esa fecha faltaban 8 días para el fenecimiento del plazo; sumado a ello, la constancia de audiencia fallida fue entregada el día 16 de mayo de 2016, momento en que se reanudó el conteo del término de caducidad, además, la demanda fue interpuesta ese mismo día, lo que permite concluir que se acudió a la jurisdicción cuando aún no había caducado el medio de control.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostiene que la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el presente asunto, debe contarse a partir del 6 de octubre de 2015 (día siguiente a su ejecución) en atención a que el acto administrativo indica, en su parte final, que rige desde el momento mismo de su expedición, lo que quiere decir que la desvinculación del demandante se profirió ese mismo día. Lo anterior, en atención a que cuando se trata de actos de retiro del servicio, el término de caducidad se cuenta desde el momento en que se separa al interesado de sus funciones.
Para el ad quem, la anterior afirmación encuentra sustento en el extracto de la hoja de vida del señor Edwin Ricardo Bonilla visible en el folio 7 del expediente ordinario, en donde se observa, además de su fecha de ingreso a la institución, la fecha hasta la que estuvo vinculado al Ejército Nacional; allí se indica que el apartamiento de sus funciones se hizo efectivo el 5 de octubre de 2015, lo que quiere decir que fue en esa fecha cuando el demandante tuvo conocimiento del retiro del que sería objeto y es a partir de ese momento desde que debe computarse el término de caducidad para atacar el acto administrativo.
Pues bien, para resolver el problema jurídico propuesto en el presente asunto, la Sala considera necesario hacer énfasis no solo en la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también en la oponibilidad y eficacia de los actos administrativos, para de esa forma definir la fecha a partir de la cual debe contarse el término de caducidad en el presente asunto.
En ese sentido, la caducidad de los medios de control se ha concebido como una institución jurídica que condiciona el ejercicio del derecho de acción a un término establecido legalmente y que impide conocer de fondo un asunto que no cumple con ese requisito; así lo ha dicho esta Sala, entre otras, en la decisión del 28 de junio de 2018 dictada dentro del proceso con número interno 3165-17, donde se precisó lo siguiente:
El ejercicio del derecho al acceso a la administración de justicia está limitado por el término de caducidad, que implica el deber de ejercerlo oportunamente, pues de no hacerlo las situaciones adquieren firmeza y ya no podrán ser ventiladas en sede judicial.
En un sentido más amplio, la Sección Tercera de esta Corporación también ha definido la caducidad como una «estructura conceptual de estricto orden público y obligatorio cumplimiento innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales». En ese entendido, cuando el juez de conocimiento advierte el incumplimiento de esta figura, se enfrenta al deber de pronunciarse sobre el particular y, en caso de ser necesario, declarar su configuración y apartarse del conocimiento del asunto.
Así lo propuso la Corte Constitucional en sentencia C-574 de 1998, en donde estableció que «la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento judicial oficioso cuando aparezca establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no se descarta la posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte». Sin embargo, para poder establecer la configuración o no del fenómeno de la caducidad, el operador judicial debe atenerse a los términos dispuestos en la norma procesal, que para el particular corresponde a la Ley 1437 de 2011.
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso, en el artículo 164, las oportunidades para ejercer los medios de control establecidos a partir del artículo 135 de la misma norma. En cuanto a la nulidad y restablecimiento del derecho, el legislador dispuso un término general de 4 meses contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo que se pretende discutir, según sea el caso.
Ello significa que es necesario identificar el tipo de acto expedido por la administración, para poder determinar la forma en que se da a conocer su contenido, pues debe recordarse, por ejemplo, que aquellos actos de carácter general deben ser publicados, mientras que aquellos de carácter particular deben ser notificados personalmente, para garantizar los derechos como el debido proceso y la defensa y principios como la publicidad y la transparencia.
En cuanto a los actos administrativos de contenido particular, debe precisarse que la notificación implica uno de los requisitos que garantizan su eficacia, pues con ella nace la facultad del administrado de discutir el contenido de la decisión y ejercer su derecho de contradicción, prerrogativa procesal que respalda la la oponibilidad del acto. En esa dirección se pronunció esta Subsección en el fallo del 5 de mayo de 2016 dentro del proceso con radicado interno 0063-13 y ponencia del doctor William Hernández Gómez, en donde se argumentó lo siguiente:
La notificación del acto administrativo se constituye entonces, en una obligación para la administración y en un presupuesto necesario de eficacia y oponibilidad del acto frente a su destinatario. La falta o la irregularidad de la misma genera como consecuencia que el acto administrativo sea ineficaz, esto es, que no produzca los efectos para los cuales se profirió, en consideración a que la publicidad del acto administrativo es un requisito indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias.
Por lo anterior, la falta de notificación o su irregularidad afectan la eficacia del acto administrativo y la sujeción al control de legalidad por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así pues, en lo que a actos de carácter particular se refiere, la caducidad debe obedecer a la segunda condición que dispone el literal «d» del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir a su notificación, pues es a partir de ese momento que el acto cobra eficacia y el administrado conoce la voluntad de la administración.
No obstante, por vía jurisprudencial se ha determinado que la caducidad de aquellos actos de contenido particular que implican el retiro del servicio de un empleado público debe contarse a partir de su ejecución, esto es desde que se separa al interesado del ejercicio de sus funciones. La posición jurisprudencial de la Sección Segunda de esta Corporación en auto de unificación del 25 de febrero de 2016 es del siguiente tenor literal:
En virtud del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 de la C.P.) y el principio de interpretación pro homine, corresponde a la Sala resolver el caso de la manera más beneficiosa, es decir, permitiendo el acceso a la justicia para que el actor obtenga la reparación de sus derechos, en el evento en que sea procedente. Es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración
A pesar de lo anterior, es claro que el precedente trascrito es aplicable solo para aquellos casos en que la decisión de retiro del servicio del funcionario obedece a una sanción adoptada en el marco de un proceso disciplinario, pues amerita la existencia de un acto administrativo de ejecución, panorama que acontece cuando el acto sancionatorio no proviene de la entidad nominadora del disciplinado; en ese entendido, cuando no existe un acto de ejecución el término de caducidad del medio de control debe obedecer a la notificación.
De acuerdo con lo anterior, la precitada posición del Consejo de Estado, utilizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para establecer la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Edwin Ricardo Bonilla, no es aplicable al caso particular, debido a que el acto administrativo de retiro del servicio discutido no fue resultado de un proceso sancionatorio disciplinario, sino que se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del Ministerio de Defensa Nacional, por la causal de llamamiento a calificar servicios.
En ese entendido, la caducidad en ese proceso debió contarse a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo de retiro, es decir desde el 24 de octubre de 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues la teoría según la cual debe computarse desde la ejecución del acto no es aplicable a este asunto, además de que en el sub judice no existe tal acto de ejecución, en tanto el retiro no obedeció a una sanción disciplinaria y la decisión fue adoptada directamente por el nominador del servidor afectado.
Establecido lo anterior, es necesario realizar el cómputo del término de caducidad dentro del presente asunto teniendo en cuenta las siguientes fechas:
La Resolución número 9017 del 5 de octubre de 2015, fue notificada el 23 de octubre de 2015, de acuerdo con la constancia obrante en el folio 5 del expediente ordinario.
El 16 de febrero de 2016, el accionante presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, como se evidencia en el folio 41 del expediente ordinario.
El 16 de mayo de 2016, la Procuraduría hizo entrega de la constancia de audiencia fallida al interesado, como se acredita en los folios 41 y 41 vuelto del expediente ordinario.
El 16 de mayo de 2016, el accionante presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante los Juzgados Administrativos de Bogotá.
De acuerdo con la anterior relación probatoria, la caducidad (que corresponde a 4 meses) debe contarse a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo, es decir a partir del 24 de octubre de 2015, lo que quiere decir que debió finalizar el 24 de febrero de 2016. Sin embargo, este cómputo se suspendió el 16 de febrero de 2016, con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y cuando aún faltaban 8 días para el fenecimiento del plazo.
La caducidad se reinició el 16 de mayo de 2016, día en que se hizo entrega de la constancia de audiencia fallida por parte de la Procuraduría, lo que quiere decir que a partir de ese día, el demandante contaba con los 8 días restantes para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el interesado ejerció su derecho de acción y presentó la demanda ese mismo día, lo que significa que fue antes del vencimiento del término de caducidad y, en consecuencia, no puede tenerse por configurado ese fenómeno procesal.
Por último, si bien es cierto que para resolver el asunto de marras resulta irrelevante la fecha de retiro del servicio (pues ya se aclaró que la caducidad debe contarse desde la notificación del acto y no desde la ejecución), si es necesario explicar el error en que incurrió el Tribunal al concluir que el accionante se separó del ejercicio de sus funciones el día 5 de octubre de 2015. En el auto del 11 de julio de 2018, el ad quem dijo lo siguiente:
Se tiene que el demandante señor Mayor (R) EDWIN RICARDO BONILLA CELY, laboró al servicio del Ejército Nacional hasta el 5 de octubre de 2015, tal como aparece acreditado en el proceso dentro del extracto de la hoja de vida obrante en el folio 7, entonces, se puede concluir que el acto acusado en Resolución No. 9017 del 5 de octubre de 2015 se ejecutó ese mismo día 5 de octubre de 2015, esto es, la fecha en la que efectivamente el actor fue desvinculado de la institución o retirado del servicio y a partir de la cual empezó a correr el término de caducidad de 4 meses.
A pesar de la anterior afirmación, lo que obra en el extracto de la hoja de vida del tutelante es la fecha del acto administrativo, no la fecha de retiro del servicio; es más, tal dato ni siquiera figura dentro del mencionado documento. Aunado a lo anterior, en el acervo probatorio allegado al proceso ordinario figura una constancia suscrita por la subteniente Carolina Jiménez Correa, de la Jefatura de Personal de la Brigada de Apoyo Logístico número 1, que da fe de que el señor Edwin Bonilla Cely se desempeñó como oficial de Control Interno de esa misma brigada hasta el 13 de octubre de 2015, documento que desvirtúa la imprecisa conclusión de la parte accionada.
Así las cosas, la Sala considera que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó el cómputo de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Edwin Ricardo Bonilla Cely con base en apreciaciones jurisprudenciales que no son aplicables al caso concreto y no observó detenidamente el material probatorio allegado, del cual se puede concluir que las fechas utilizadas para el conteo no fueron las correctas.
3 Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, calculó incorrectamente el término de caducidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2016-00165-01, pues debió tener en cuenta la fecha de notificación del acto administrativo, debido a que en asuntos como el de la referencia no se profiere acto administrativo de ejecución.
Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del mayor (R) del Ejército Nacional Edwin Ricardo Bonilla Cely, se dejará sin efecto el auto del 11 de julio de 2018 dictado dentro del proceso ordinario relacionado y se ordenará a la parte accionada proferir una nueva decisión en la que atienda los argumentos expuestos dentro de ese proveído.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Se amparan los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Edwin Ricardo Bonilla Cely, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
Se deja sin efecto el auto del 11 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2016-00165-01, donde funge como demandante Edwin Ricardo Bonilla Cely y como parte demandada la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Se ordena al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera nuevo auto de reemplazo en el que atienda los argumentos expuestos en esta decisión.
En caso de no ser impugnada la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, debe remitirse el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGASS
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2012, entre otras.
Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras.
Sentencias T-794 de 2011,T-082 de 2011 y T-209 de 2011, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.
Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011, T-464 de 2011 y C-634 de 2011.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Radicado interno: 57625. M.P: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 5 de septiembre de 2016.
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