Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03846-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03846-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03846-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
21 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03846 00
Accionante: Efrén Carvajal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03846 00
Accionante: EFRÉN CARVAJAL
Accionados: JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Efrén Carvajal,
en contra de las providencias proferidas el 7 de marzo de 2024 y el 24 de
abril de 2025 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 013 2023 00263 00/01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03846 00
Accionante: Efrén Carvajal
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Efrén Carvajal, actuando por conducto de apoderada, promovió
acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello
formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales del
demandante Efrén Carvajal: DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, DEFENSA, ASI COMO
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE FAVORABILIDAD E
IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES, artículos 13
y 53 de la Constitución Política, aunados a los principios de
seguridad jurídica, buena fe, confianza; al aplicarse por parte de
las autoridades jurisdiccionales enjuiciadas, normas procesales y
sustantivas con un alcance que no corresponden al supuesto fáctico
de la demanda impetrada; incurriendo en Defecto sustantivo por
aplicación exegética del término de caducidad e indebida aplicación
del término de caducidad, aplicando el instituto jurídico de manera
restrictiva y, en detrimento del principio de primacía del derecho
sustancial sobre la forma, efectuando una simple confrontación de
fechas lo cual desnaturaliza la norma que aplica con alcance
equivocados. E igualmente, se determine que el asunto a resolver
es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se
centra en la vulneración ius fundamental como consecuencia de
los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del derecho a que tiene todo
ciudadano al acceso de la administración de justicia,
aspectos vulnerados por las autoridades jurisdiccionales
aquí tuteladas, y en consecuencia se decrete lo pertinente a
fin de que se restablezcan los derechos y garantías
fundamentales vulnerados al demandante en el medio de
control de la referencia.
SEGUNDA: Que se declare que los autos de 07 de marzo de 2024
emanado del Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, proferido dentro del radicado No 68001 33 33 013
2023 00263 00, por medio del cual, rechazó la demanda por haber
operado la caducidad y el auto fechado 24 de abril de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander a través del
cual se confirmó la decisión anterior, vulneraron los derechos
fundamentales relacionados en el numeral precedente.
TERCERA: Como consecuencia de la decisión anterior, se dejen sin
efectos los supra citados autos y en su lugar, se ordene al Juzgado
Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, proceda
a admitir la demanda y se surta el trámite que en derecho
corresponda, a fin de garantizarle de esta manera el acceso
efectivo a la administración de justicia del demandante Efrén
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
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Accionante: Efrén Carvajal
Carvajal […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que en octubre de 2023 promovió demanda a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin
que se declarara la nulidad de la Resolución nro. 0935 del 14 de marzo
de 2023, por medio de la cual la precitada entidad lo había retirado del
servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios,
debido a que, según aseguró, dicho acto administrativo se encontraba
viciado de falsa motivación y desviación de poder.
Agregó que “(…) al expedirse la resolución de retiro, se le violaron los
derechos laborales al señor Efrén Carvajal, por ser una persona de
especial protección, porque aquella se expidió sin tener en cuenta los
presupuestos establecidos en el artículo 16 del Decreto 1796 de 2000, en
concordancia con el artículo 59 del Decreto 1791 de 2000, esto es, los
problemas de salud que aquejaban al señor Carvajal, lo que generó que
la Dirección de Sanidad le generara incapacidades parciales por más de
90 días, por la lesión de rodilla que presentaba y antes de retirar del
servicio por llamamiento a calificar servicios al señor Efrén Carvajal, debió
por lo menos la institución, contar con los conceptos de los especialistas
del área de salud ocupacional y/o medicina laboral, los cuales sugirieron
que su caso fuera llevado al Tribunal Médico de la institución a fin de
definir el grado de lesión que presentaba. Sin embargo, la institución lo
retira del servicio por llamamiento a calificar servicios, violando lo
dispuesto en el citado artículo, lo cual constituye un desvió de poder y
falsa motivación, porque desconoció los principios de protección especial
y estabilidad laboral reforzada del señor Efrén Carvajal (…)”2.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
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Accionante: Efrén Carvajal
Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Bucaramanga que, por auto del 7 de marzo
de 2024 la rechazó por haber operado la caducidad.
Señaló que, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 24 de
abril de 2025, la confirmó.
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, indicó que la “(…) pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan
su interposición. En efecto, no hay lugar a equívocos, que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos trasgredidos se encuentran
plenamente individualizados (…)”3.
En cuanto a la relevancia constitucional, anotó que “(…) no hay lugar a
ambigüedades para determinar que el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una
posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
fáctico procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
derecho a que tiene todo ciudadano al acceso de la administración de
justicia, aspectos vulnerados por las autoridades jurisdiccionales aquí
tuteladas (…)”4.
Alegó que “(…) el juzgador de primera instancia como el Tribunal que
confirmó su decisión al decretar la caducidad del medio de control,
desconocieron los derechos fundamentales del demandante de acceso a
la administración de justicia, debido proceso y defensa, aplicando normas
procesales y sustantivas con un alcance que no corresponde al supuesto
fáctico de la demanda impetrada. Incurriendo en Defecto sustantivo por
aplicación exegética del término de caducidad e indebida aplicación del
término de caducidad, aplicando el instituto jurídico de manera restrictiva
3
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
4
Ibidem.
4
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y, en detrimento del principio de primacía del derecho sustancial sobre la
forma, efectuando una simple confrontación de fechas lo cual
desnaturaliza la norma que aplica con alcance equivocados (…)”5.
Expuso que “(…) los juzgadores de instancia al declarar que en este caso
operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, incurrieron en defecto procedimental por
«exceso ritual manifiesto» en razón a que se limitaron a aplicar de manera
exegética y restrictiva, circunscribiéndose a transcribir el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, para rematar diciendo que, “(…) a
partir del 23 de marzo de 2023 (día siguiente a la notificación del retiro)
el demandante contaba con los cuatro (4) meses que refiere la norma
para interponer la demanda en término, esto es hasta el 24 de julio de
2023 (día hábil siguiente a que se cumplió tal término), más como lo hizo
hasta el 17 de octubre de 2023, ya había operado la caducidad” (…)”6.
Aseguró que “(…) tanto en el auto emanado del a quo que declaró la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho;
como el auto confirmatorio del mismo, los funcionarios judiciales que los
expidieron actuaron con apego extremo y aplicación mecánica de las
formas, renunciando conscientemente a la verdad jurídica objetiva
patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la
justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial
(…)”7.
Explicó que “si los juzgadores de instancia hubiesen aplicado la tesis
garantista de acceso a la administración de justicia y de la supremacía del
derecho sustancial sobre el formal – habrían partido del hecho cierto y
demostrado (…) – que el término de caducidad en este caso, se debió
contabilizar, indistintamente, partiendo de una de estas dos fechas: (i) la
fecha del 18 de agosto de 2023, que fue cuando el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, decidió definitivamente el estado de salud
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5
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y grado de incapacidad que presentaba el demandante Efrén Carvajal; o
(ii) la fecha de la “incidencia efectiva en la terminación de la relación
laboral administrativa, que tenía el señor Efrén Carvajal con la Policía
Nacional”, sólo se produjo hasta el día 22 de junio de 2023 (fecha en que
se produce el retiro real y efectivo de la institución policial), teniendo a
esa fecha “28 años – 2 meses – 13 días”, tal como lo certifica la misma
institución y su último grado fue el de Intendente Jefe o Coordinador de
armamento adscrito a la Metropolitana de Bucaramanga y es a partir de
esta fecha – terminación efectiva de la relación laboral administrativa –
que se debería tener en cuenta para contabilizar los 4 meses con los que
contaba el demandante para instaurar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – y no a partir del 23 de marzo de 2023
como restrictivamente lo interpretó el a quo y el ad quem – por lo tanto,
tomando cualquiera de esas dos fechas, los 4 meses vencerían el 18 de
diciembre de 2023 y/o el 22 de octubre de 2023 – y como la demanda se
presentó el 17 de octubre de 2023, es claro, que su presentación fue
oportuna y así deberá declararse, a efectos de que dicha decisión no
resulte violatoria del derecho de acceso a la administración de justicia del
demandante, por cuanto, so pretexto de una formalidad como lo es la
caducidad, se sustrae de analizar, de manera reflexiva, las circunstancias
especiales en las que se produjo el retiro ilegal del demandante Efrén
Carvajal de la institución policial”8.
Resaltó que “(…) el juzgador de instancia haciendo una interpretación
restrictiva de una sentencia del Consejo de Estado, más concretamente
de la sentencia de 17 de septiembre de 2018, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del radicado No:
11001-03-15-000-2018-02484-00 (AC), presumió y concluyó
equivocadamente, al decir que, “En ese entendido, la caducidad en el
asunto de marras debe contarse a partir del día siguiente a la notificación
del acto administrativo de retiro, es decir desde el 23 de marzo de 2023,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
8
Ibidem.
6
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Accionante: Efrén Carvajal
pues la teoría según la cual debe computarse desde la ejecución del acto
no es aplicable al subjuice, además de que en el mismo no existe tal acto
de ejecución, en tanto el retiro no obedeció a una sanción disciplinaria y
la decisión fue adoptada directamente por el nominador del servidor
afectado...” Interpretación errónea que lo conduce a su vez a afirmar que,
“(…) De acuerdo con esta relación probatoria, se permite aclarar el
despacho que si bien en la demanda se argumenta que el acto de
ejecución de la resolución (sic) se produjo hasta el 22 de junio de 2023,
esta es una interpretación errónea pues la misma está haciendo referencia
al cumplimiento de los 3 meses de alta que consagra el artículo 52 del
Decreto 1091 de 1995 (…)” (…)”9.
Aseveró que “(…) el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bucaramanga, al rechazar la demanda por caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió Efrén
Carvajal contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
incurrió en un defecto material o sustantivo, al interpretar indebidamente
y restrictivamente una sentencia del Honorable Consejo de Estado, sino
que además, interpretó indebidamente el concepto de acto administrativo
y sus efectos; al igual que hizo una interpretación indebida del artículo 52
del Decreto 1091 de 1995, lo que conllevaría a la violación del derecho al
acceso de la administración de justicia (…)”10.
Finalmente, precisó que “(…) el término de caducidad en este caso deberá
contabilizarse a partir del vencimiento de los tres meses de alta que se le
otorgan al agente retirado del servicio, porque es a partir de esa fecha,
en que se tiene incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral
administrativa, que tenía el señor Efrén Carvajal con la Policía Nacional y
de esta manera, se cumple con el propósito del supuesto retiro, cual es
el de consagrar en favor del personal retirado, entre otras medidas, “el
reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de
que puedan satisfacer sus necesidades familiares y personales”, lo cual
9
Ibidem.
10
Ibidem.
7
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Accionante: Efrén Carvajal
sólo es posible como ya se dijo, una vez venza los tres meses de alta que
se le otorgó con el propósito de cumplir con dicho objetivo y así se
consagró expresamente en el artículo segundo del acto acusado que se
adjuntó con la demanda (…)”11.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 18 de junio de 202512 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 24 de junio de 202513 la admitió y dispuso
notificar14 al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga y
al Tribunal Administrativo de Santander, como parte accionada; así como
vincular15 a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
como tercero interesado en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió lo siguiente:
(i) A la parte accionante, para que allegara la documentación relacionada
en el acápite del escrito de tutela denominado “PRUEBAS”, comoquiera
que, al revisar la información obrante en el radicado nro. 11001 03 15
000 2025 03846 00 asignado a esta solicitud de amparo, no se
evidenciaba dicha documentación; solo se encontraba registrado, para
ese momento, el escrito de tutela y el poder. La documentación requerida
fue aportada16.
11
Ibidem.
12
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
13
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
14
Esta orden se cumplió el 26 de junio de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
15
Ibidem.
16
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
8
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03846 00
Accionante: Efrén Carvajal
(ii) Al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga y al
Tribunal Administrativo de Santander, para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro.
68001 33 33 013 2023 00263 00/01, el cual fue remitido 17.
3.2. La titular del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Bucaramanga rindió informe18 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones, debido a que, según aseveró, no existe vulneración alguna
a los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Para ello, expuso que “(…) en el juzgado se tramitó el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho No 680013333013-2023-
00263-00, en el que actuaba como demandante el señor EFREN
CARVAJAL, y como demandada la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL, y al cual se le puso fin a través del auto del 7 de
marzo de 2024 que rechazó la demanda por caducidad, argumentando
que como en el mismo se demandaba el retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios, de daba aplicación a lo que determinó el
H. Consejo de Estado1 en el sentido de que no existe un acto de ejecución,
y por lo tanto dicho término debe computarse a partir de la notificación
del acto del retiro del servicio (…)”.
En ese sentido, aseguró que “(…) el referido auto se profirió conforme a
derecho, con base en las pruebas obrantes en el expediente y con la
interpretación razonable a la luz de la ley y la jurisprudencia, sin que se
advierta vulneración a los derechos de la parte demandante ni al debido
proceso, además que no se configura ninguna causal genérica ni
especifica de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencia judicial (…)”.
17
Visto en los índices 9, 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
18
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
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Accionante: Efrén Carvajal
3.3. La jefe del área jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional
allegó escrito19 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la
parte actora ante la improcedencia de la acción de tutela.
Manifestó que “(…) los derechos deprecados por el accionante no han sido
quebrantados, atendiendo que no se vislumbra, que, como resultado de
las decisiones judiciales se afectaron sus derechos; por consiguiente, en
el sub judice las garantías fundamentales vienen siendo aplicadas en su
conjunto y no existen elementos de juicio que acrediten vulneraciones a
las reglas procedimentales y sustanciales definidas por la ley (…)”.
Señaló que, en el caso objeto de debate en esta sede constitucional,
“operó el fenómeno de la caducidad del medio de control el 23 de julio de
2023; no obstante, la demanda fue presentada el 17 de octubre de 2023,
cuando ya había fenecido la oportunidad para presentar la demanda. En
consecuencia, lo pretendido por el accionante no está llamado a prosperar
atendiendo las consideraciones expuestas y la inexistencia de vulneración
de los derechos y garantías fundamentales deprecadas”.
3.4. La magistrada ponente de la providencia de segunda instancia
cuestionada rindió informe20 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela.
Sostuvo que “(…) este Tribunal no ha vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso efectivo a la
administración de justicia del actor. Para ello me remito a los argumentos
que fueron expuestos en el auto proferido el 24 de abril de 2025, que
llevaron a confirmar el rechazo de la demanda (…)”.
Indicó que “(…) una lectura del escrito de tutela permite afirmar que el
demandante no invoca una vulneración real a sus derechos
fundamentales por la existencia de algún defecto de la providencia judicial
19
Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
20
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
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Accionante: Efrén Carvajal
que torne procedente la acción constitucional. Lo que se advierte es una
inconformidad con el sentido de la decisión judicial y los razonamientos
que realizó el tribunal para adoptarla. Entonces, lo que en realidad se
persigue con la vía constitucional es sustituir el juicio emitido por el juez
natural (…)”.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 7 de julio de 202521.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199122 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,23 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202124, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201925, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:
21
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
22
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
23
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
24
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
26
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 68001 33 33 013 2023 00
263 00/01. Visto en los índices 9, 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03846 00
Accionante: Efrén Carvajal
4.2.1. El señor Efrén Carvajal, actuando por conducto de apoderada,
promovió demanda a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, pretendiendo lo siguiente:
“[…] 1.1.- Solicito se declare la nulidad de La Resolución No 0935
del 14 de marzo de 2023, mediante la cual el Director General de
la Policía Nacional de Colombia, retiró del servicio activo de la
Policía Nacional por “Llamamiento a Calificar Servicios” a un
personal del Nivel Ejecutivo, entre ellos, al demandante Efrén
Carvajal, quien tenía el grado de Intendente Jefe, por violar el
imperio de la ley, de conformidad con lo expuesto en el acápite de
concepto de la violación.
1.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título
de Restablecimiento del Derecho, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección General Policía Nacional de Colombia ordene
el reintegro de Efrén Carvajal al servicio Activo de la Policía
Nacional en el cargo y en el grado que venía desempeñando al
momento de su retiro o al correspondiente al grado jerárquico
otorgado al momento de efectuarse el reintegro definitivo.
1.3.- Que además del Reintegro sin solución de continuidad, la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Policía
Nacional de Colombia, le garantice al poderdante, los ascensos a
los grados que por su antigüedad le corresponden, sin mayores
observaciones que el cumplimiento del tiempo o antigüedad, y la
capacitación que para su nuevo grado y cargo debiera recibir, por
cuanto no se pudo valorar su trayectoria como consecuencia de su
inactividad por razones del retiro del servicio activo y se le dé un
verdadero alcance a la no existencia de solución de continuidad.
1.4.- Que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de la Policía Nacional de Colombia, le reconozca y ordene
pagar al señor Efrén Carvajal, todos los salarios o sueldos, primas
de todo orden, bonificaciones, prestaciones legales reglamentarias,
estatutarias que en todo tiempo devengue un Intendente Jefe o al
grado que corresponda al momento de su reintegro al servicio de
la Policía Nacional, reajustes salariales pertinentes, subsidios prima
de todo orden, vacaciones y demás emolumentos y derechos
prestacionales y laborales dejados de percibir inherentes a su
calidad policial, que le correspondía desde la fecha de su retiro del
servicio activo, hasta cuando sea efectivamente reintegrado al
grado y cargo que le correspondan por antigüedad dentro del
escalafón del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
incluyendo el valor de los aumentos que se hubieran decretado con
posterioridad a su separación del servicio activo, habida cuenta que
no es su responsabilidad, ni tuvo injerencia alguna en la
arbitrariedad cometida por la entidad, cuando lo desvinculó
ilegalmente de la policía nacional y mucho menos en los efectos
jurídicos causados por parte de la administración, al expedir el acto
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ilegal de retiro de servicio, indistintamente de las razones que
hayan dado lugar u origen a esas circunstancias.
1.5.- Que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de la Policía Nacional de Colombia, le reconozca y ordene
pagar al señor Efrén Carvajal, al pago de los intereses bancarios a
la tasa real más alta de mercado, sobre los valores reconocidos en
la sentencia, si se dan los supuestos de hecho y de derecho.
1.6. Se condene en costas a la entidad demandada […]”.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Bucaramanga que, por auto del 7 de marzo
de 2024 resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. RECHÁZASE la demanda de la referencia por
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por EFREN CARVAJAL contra la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la apoderada del señor
Carvajal interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de
Santander, en auto del 24 de abril de 2025, la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”27.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional28.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades29:
27
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
28
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
29
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia30. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal” (…)”31. (Se destaca).
30
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
31
Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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En la sentencia SU 215 de 202232, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora
pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que su inconformidad está
encaminada a cuestionar lo resuelto por las autoridades judiciales
accionadas frente a la interpretación de las normas aplicables al caso, en
32
Corte Constitucional. Sentencia SU 215 del 16 de junio de 2022. M.P.: Natalia Ángel
Cabo.
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Accionante: Efrén Carvajal
tanto que alega que “[hubo] una interpretación indebida del artículo 52
del Decreto 1091 de 1995”33.
En igual sentido argumentó que, tanto el juzgado como el tribunal
accionado “(…) se limitaron a aplicar de manera exegética y restrictiva,
circunscribiéndose a transcribir el literal d) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA, para rematar diciendo que, “a partir del 23 de marzo de 2023
(día siguiente a la notificación del retiro) el demandante contaba con los
cuatro (4) meses que refiere la norma para interponer la demanda en
término, esto es hasta el 24 de julio de 2023 (día hábil siguiente a que se
cumplió tal término), más como lo hizo hasta el 17 de octubre de 2023,
ya había operado la caducidad” (…)”34.
Adicionalmente indicó que “(…) si los juzgadores de instancia hubiesen
aplicado la tesis garantista de acceso a la administración de justicia y de
la supremacía del derecho sustancial sobre el formal – habrían partido del
hecho cierto y demostrado (…) – que el término de caducidad en este
caso, se debió contabilizar, indistintamente, partiendo de una de estas
dos fechas: (i) la fecha del 18 de agosto de 2023, que fue cuando el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, decidió
definitivamente el estado de salud y grado de incapacidad que presentaba
el demandante Efrén Carvajal; o (ii) la fecha de la “incidencia efectiva en
la terminación de la relación laboral administrativa, que tenía el señor
Efrén Carvajal con la Policía Nacional”, sólo se produjo hasta el día 22 de
junio de 2023 (fecha en que se produce el retiro real y efectivo de la
institución policial) (…)”35.
Lo anterior, con el fin de insistir en que “(…) el término de caducidad en
este caso deberá contabilizarse a partir del vencimiento de los tres meses
de alta que se le otorgan al agente retirado del servicio, porque es a partir
de esa fecha, en que se tiene incidencia efectiva en la terminación de la
33
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03846 00.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
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relación laboral administrativa, que tenía el señor Efrén Carvajal con la
Policía Nacional (…)”, lo cual ya fue objeto de debate ante las autoridades
judiciales accionadas36.
Al efecto, el tribunal accionado, en el auto de segunda instancia acusado,
señaló lo siguiente:
“[…] C. El problema jurídico y su resolución
De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve
el siguiente problema jurídico:
¿En los casos de retiro por llamamiento a calificar servicios,
el término de caducidad se cuenta a partir de la finalización
del período de tres meses de alta previsto en el artículo 52
del Decreto 1091 de 1995, y no desde la notificación del acto
administrativo?
Tesis: No
Fundamento: de conformidad con el artículo 164.2, literal c) del
CPACA la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se
debe presentar dentro del término de cuatro (4) meses, contados
a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo
definitivo. En el caso del retiro por llamamiento a calificar servicios,
este no requiere de un acto de ejecución, pues la desvinculación
del servicio se produce con su notificación.
(…)
E. Análisis de las pruebas
De acuerdo con las pruebas recaudadas, la Sala encuentra
acreditado lo siguiente:
1. En Junta Médico-laboral del 13 de agosto de 201812 se
determinó que el señor Efrén Carvajal presenta una disminución de
la capacidad laboral del 26.00%. El acta fue notificada al
demandante el 12 de septiembre de 2018. Posteriormente, el 18
de agosto de 2023 el Tribunal Médico Laboral modificó el
porcentaje a 25.50%.
2. Mediante la Resolución No. 0935 del 14 de marzo de 2023 el
director general de la Policía Nacional retiró del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios al señor Efrén Carvajal. La
resolución se notificó el 22 de marzo de 2023.
3. No se allegó constancia de la presentación de la solicitud de
conciliación prejudicial.
36
Ibidem.
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4. La demanda se presentó el 17 de octubre de 2023.
De acuerdo con el anterior recuento fáctico, la Sala precisa que el
llamamiento a calificar servicios no es una sanción, es una facultad
discrecional de la autoridad administrativa para retirar del servicio
al personal uniformado.
La Resolución No. 0935 del 14 de marzo de 2023, mediante la cual
se dispuso el retiro del servicio activo del señor Efrén Carvajal por
llamamiento a calificar servicios, fue notificada personalmente el
22 de marzo de 2023. Esta resolución es un acto administrativo
definitivo, en la medida en que resolvió de forma directa y final la
situación jurídica del demandante y no requería de otro acto para
su ejecución o materialización, de conformidad con el artículo 43
del CPACA.
Tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
en los casos de retiro por llamamiento a calificar servicios, el acto
de retiro no está sujeto a ejecución posterior, en tanto la
desvinculación se produce desde la notificación del acto
administrativo. El hecho de que el artículo 52 del Decreto 1091 de
1995 establezca que el uniformado continuará dado de alta en la
pagaduría por tres meses no prorroga la relación laboral, ni afecta
la firmeza ni los efectos del acto de retiro. Como se dijo en el marco
jurídico, se trata, exclusivamente, de una medida transitoria de
carácter prestacional, orientada a garantizar la consolidación del
expediente para el reconocimiento de prestaciones sociales, sin
que este período tenga alguna incidencia en el cómputo del término
de caducidad.
En cuanto a la sentencia de unificación citada por el demandante,
esta se refiere a casos en los que se impugnan sanciones
disciplinarias que implican el retiro del servicio y que, por su
naturaleza, sí requieren de actos de ejecución para materializarse.
No es el caso del llamamiento a calificar servicios, el cual no
constituye una sanción disciplinaria ni una medida de carácter
sancionatorio, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.
Así las cosas, en este caso la Resolución No. 0935 del 14 de marzo
de 2023 fue notificada el 22 de marzo de 2023, por ende, el
término para computar la caducidad iniciaba el 23 de marzo y
vencía el 23 de julio de 2023. No obstante, la demanda se presentó
el 17 de octubre de 2023, es decir, cuando ya había operado la
caducidad.
En consecuencia, no se configura el defecto sustantivo alegado por
el apelante, ni se advierte vulneración de los principios de legalidad
o buena fe, ni de los derechos fundamentales al debido proceso o
al acceso a la administración de justicia, pues, se insiste, el rechazo
de la demanda obedeció al cumplimiento del mandato legal que
impone el rechazo de plano por caducidad, conforme al artículo
169.1 del CPACA […]”. (Se destaca).
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Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para
controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa, respecto al día a
partir del cual se debe computar el término de caducidad del medio de
control, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional citada previamente, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
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Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida; pero ese no es el
supuesto en el caso que aquí se examina.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Efrén Carvajal, según lo expuesto en la parte considerativa
de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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