Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02654-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02654-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-02654-00
Consejero ponente: Milton Chaves García
15 de noviembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECMIENTO DEL DERECHO / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DE UN EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / AUSENCIA DE DESVIACIÓN DE PODER / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración
[La Sala deberá] determinar si la autoridad accionada, vulneró los derechos deprecados por el [C.E.R.C.] al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual cuestionaba el acto administrativo mediante el cual la DIMAR lo declaró insubsistente del cargo de Asesor del Sector Defensa código 2-2 grado 12, de la entidad. (…) [A]dvierte la Sala que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto [fáctico] alegado, pues la autoridad judicial analizó las pruebas aportadas y concluyó que de estas no se podía inferir que la declaratoria de insubsistencia del actor obedeció a razones distintas del buen servicio. (…) [Adicionalmente, para la Sala,] en la decisión cuestionada, la autoridad judicial partió de establecer que la naturaleza del cargo que desempeñaba el actor era de libre nombramiento y remoción y con base en ello, procedió a analizar los cargos de nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente. Desestimó las de falsa motivación e expedición irregular, con fundamento en el artículo 38 del Decreto 1792 de 2000 y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado, por cuanto la declaratoria de insubsistencia es una causal de retiro del servicio del Personal Civil del Ministerio de Defensa, por ejercicio de la facultad discrecional. Frente al cargo de desviación de poder, la autoridad judicial accionada valoró la hoja de vida del actor, de la cual concluyó que no era excepcional y la experticia acreditada en materia de contratación, tampoco permitía inferir que la desvinculación fue por razones contrarias al buen servicio. (…) De acuerdo con lo anterior, es claro que la autoridad judicial demandada valoró, en conjunto, todas las pruebas allegadas a ese asunto. Que no les haya dado el valor que pretende el actor que se le dé, no puede conllevar a determinar que se incurrió en el defecto fáctico. Igualmente, se advierte que se tuvo en cuenta los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, sobre la motivación de los actos administrativos de insubsistencia de funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción y con base en esa línea jurisprudencial, procedió a analizar las pruebas allegadas al proceso y concluyó que el acto administrativo acusado, no estaba viciado de ilegalidad. En el sub lite, no se advierte que la autoridad judicial demandada haya adoptado decisiones arbitrarias o caprichosas, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama, luego, corresponde a la Sala negar el amparo solicitado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02654-00(AC)
Actor: CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E
Decide la Sala la acción de tutela presentada por el señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la citada autoridad, al considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
[…] SEGUNDO. En consecuencia, de lo anterior, dejar sin valor ni efecto la sentencia No. 59 del 26 de abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E – Sistema Oral, la cual a su vez revocó la sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de Bogotá, el día 28 de octubre de dos mil dieciséis.
TERCERO: DECLARAR FIRMEZA DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL Juzgado Once (11) Administrativo de Bogotá, el día 28 de octubre de dos mil dieciséis, que accedió a las pretensiones de la demanda..
Hechos
Revisado el expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. La Dirección General Marítima – DIMAR, mediante Resolución No, 0574 del 30 de septiembre de 2011, nombró al señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal en el cargo de Asesor del Sector Defensa código 2-2 grado 12, de libre nombramiento y remoción, quien se posesionó con Acta No. 262 de 30 de octubre del mismo año. Desde el momento de su vinculación, se desempeñó como asesor jurídico en la Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad.
2.2. Mediante Resolución nro. 0689 de 10 de diciembre de 2014, el Director General de la DIMAR declaró insubsistente al señor Rueda Carvajal, sin que existiera una razón objetiva o se le hubiera manifestado algún reparo respecto de las funciones que realizaba. Que en el acto administrativo de insubsistencia no se expusieron las razones de la decisión ni se acreditó la mejora en el servicio.
2.3. El actor promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la DIMAR, con el fin de que se dejara sin efecto el anterior acto administrativo y, en consecuencia, se ordenara el reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir.
2.4. Mediante sentencia de 28 de octubre de 2016, el Juzgado Once Administrativo de Bogotá, accedió a las pretensiones de la demanda, con el argumento de que el acto administrativo acusado se encontraba viciado, por desviación de poder, teniendo en cuenta el excelente desempeño del actor y sin acreditar que la decisión obedeció a razones del buen servicio.
2.5. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia de 26 de abril de 2018, en la que se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
3. Argumentos de la tutela
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso, pues no se tuvieron en cuenta unos documentos.
Que se desestimaron los testimonios de los señores Amanda Rincón, Nelson Tarazona y Natalia Castillo, con los cuales se probaba que la salida del actor de la entidad produjo traumatismo y desmejoró el servicio.
Aseguró que se desconoció el precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado en el cual se ha determinado que los actos administrativos de insubsistencia deben siempre propender por la mejora del servicio.
Trámite Previo
Mediante auto de 10 de agosto de 2018, se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal, se ordenó notificar a las partes y a la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima como tercero interesado, a quienes se les remitió copia de la demanda.
Intervenciones
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”
El magistrado ponente de la providencia cuestionada se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, porque no se cumplen con los presupuestos exigidos para ello, toda vez, que el demandante pretende la configuración de una tercera instancia en la que se reabra la discusión ya zanjada ante el juez natural del asunto.
Aseguró que no se incurrió en el defecto fáctico alegado, pues se analizaron los testimonios referidos y se concluyó que eran unánimes al afirmar la existencia de la desmejora en el servicio, sus declaraciones no otorgaban la certeza suficiente, para dar por probada la desviación de poder, ya que en sus dichos no referían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se presentaron los inconvenientes aludidos.
Frente al desconocimiento del precedente, aseguró que tuvo en cuenta el criterio del Consejo de Estado respecto de los límites del ejercicio de la facultad discrecional, discrepando incluso de los argumentos de la entidad demandada frente a la discrecionalidad absoluta del nominador en ejercicio de la facultad de retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción.
Dirección General de Marítima – DIMAR
El Coordinador de Grupo de Desarrollo Humano manifestó que con la presente acción de tutela se pretende controvertir una decisión proferida por un juez competente, dentro de un proceso que se adelantó conforme a la ley, lo cual podría ir en contravía de los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Por ello, consideró que en el presente caso no se cumplen los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional, sobre la procedencia de acciones de tutela contra decisiones judiciales, concretamente las de relevancia constitucional e inmediatez, conforme a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Nación - Ministerio de Defensa
La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la cartera ministerial aseguró que los argumentos del escrito de tutela ya fueron objeto de estudio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no accedió a las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque el actor no desvirtuó la legalidad del acto administrativo cuestionado.
Que en el trámite de segunda instancia no se probó que existieran razones arbitrarias o caprichosas para desvincular al demandante como quiera que no acreditó una hoja de vida excepcional y el buen desempeño del cargo, pues solo la ausencia de sanciones disciplinarias no otorga fuero alguno.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela – generalidades
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, exp 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
(Subraya de la Sala)
Aún más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.
Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.
En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable;
Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;
Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y
Que no se trate de sentencias de tutela.
Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.
Problema jurídico
Consiste en determinar si la autoridad accionada, vulneró los derechos deprecados por el Carlos Eduardo Rueda Carvajal al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual cuestionaba el acto administrativo mediante el cual la DIMAR lo declaró insubsistente del cargo de Asesor del Sector Defensa código 2-2 grado 12, de la entidad.
Del defecto fáctico
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha señalado que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-015-12.htm" \l "_ftn28" \o ""
En esta situación se incurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Caso concreto
El señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se dejen sin efectos la sentencia de 26 de abril de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, revocó el fallo de 28 de octubre de 2016, del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra de la Dirección General Marítima – DIMAR, por la declaratoria de insubsistencia del cargo de Asesor del Sector Defensa código 2-2 grado 12, de la entidad.
Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas documentales y testimoniales y desconocimiento del precedente desarrollado por el Consejo de Estado, en el cual se ha determinado que la declaratoria de insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y remoción debe obedecer a razones de buen servicio.
Para resolver el problema jurídico, es necesario verificar los argumentos expuestos en la sentencia del 26 de abril de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección E, que concluyó con la negativa a las pretensiones planteadas por el señor Rueda Carvajal en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Contenido de la decisión acusada
En la sentencia referida estableció el siguiente problema jurídico:
“Compete a la Sala determinar si la Resolución No. 0689 del 10 de diciembre de 2014, a través de la cual la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional declaró insubsistente el nombramiento del señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal en el cargo de Asesor Código 2-2 Grado 12, se encuentra viciado de nulidad por (i) falta de motivación, (ii) desviación de poder y (iii) expedición irregular.”
Respecto de la expedición irregular, señaló que la naturaleza del cargo de Asesor Defensa de la Dirección General Marítima, que ejercía el señor Rueda Carvajal, por las funciones asignadas, era de libre nombramiento y remoción. Aseguró que entre las causales de retiro se encontraba la declaratoria de insubsistencia por ejercicio de la facultad discrecional y acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado “(…) los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza”.
Igualmente, indicó que la omisión de exponer en la hoja de vida del actor los hechos y causas de la declaratoria de insubsistencia, no vicia la legalidad del acto de retiro.
Respecto a la casusa de desviación del poder, indicó que contrario a lo que afirmó la autoridad de primera instancia, a quien le corresponde probar que la decisión no obedeció a razones del buen servicio es al actor no a la entidad demandada. Así, conforme con las pruebas aportadas, frente a las calidades del actor indicó:
“(…) se acreditó que es abogado desde el 29 de marzo de 2001 (fls. 171 y 172 c1), especialista en derecho comercial (fl. 173 c1) y magister en derecho administrativo. Así mismo se probó que ha participado en seminarios de contratación estatal (fls. 19-20 CD Folio de vida), que contaba con 10 años de experiencia antes de su vinculación a la Dirección General Marítima, de los cuales solo 3 años son en asuntos relacionados con contratación estatal (INCODER, Artesanías de Colombia y Agencia Logística de las Fuerzas Militares y que durante su vinculación recibió tres felicitaciones – dos de las cuales fueron colectivas (fls. 9-11 CD Folio de vida).
De allí que la Sala discrepe de la conclusión del juez de primera instancia en tanto la hoja de vida del demandante no es excepcional ni la experticia acreditada en materia de contratación estatal es de tal entidad que haga presumir que su desvinculación obedeció a razones contrarias a la mejora del servicio, máxime si se recuerda que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las altas calidades de un empleado o el buen desempeño en el cargo no otorga fuero de estabilidad alguno ni mucho menos constituyen plena prueba de la desviación de poder.”
Posteriormente, analizó las declaraciones de los señores Luz Amanda Rincón Martínez, Natalia Mercedes Castillo Quintero, Nelson Rodolfo Tarazona y Juan Carlos Morales Cajamarca, quienes trabajaron con el actor en la entidad, de las que infirió:
“(i) sobre los testimonios, habrá de señalarse que como se vio en el acápite de pruebas, son unánimes al indicar que existieron traumatismos en los procesos contractuales de la entidad después del retiro del actor. Sin embargo, una vez revisadas sus versiones, se estima que no es posible darles la validez probatoria que les confirió el juez de primera instancia en la medida en que no refieren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjeron los supuestos inconvenientes en los procesos contractuales que adelantaba la Dirección General Marítima pues la señora Luz Amanda Rincón se limitó a señalar que tuvieron que hacerse devoluciones por procesos que quedaron mal elaborados (sin precisar cuáles ni si la falla era imputable en forma exclusiva a quien asumió las labores de asesoría jurídica).
(…)
Por lo anterior, y resaltando que además de lo antes enunciado los cuatro testigos son unánimes al indicar que desconocen las razones por las cuales fue desvinculado el actor (con excepción del testigo Juan Carlos Morales Cajamarca, quien después de afirmar que no sabe por qué se desvinculó al demandante, aduce que el retiro pudo haber estado motivado en la inhabilitación de un proponente dentro de un proceso de selección abreviada), se considera que con las mencionadas declaraciones no se puede arribar a la conclusión de que el retiro se desmejoró tras la desvinculación del demandante. “
Frente al hecho de que su retiro se hubiese dada 5 días antes del relevo del Director General Marítimo, la autoridad judicial indicó que ese hecho por sí solo no acreditaba la desviación de poder, pues no existe límite temporal para que el nominador ejerza la facultad discrecional.
En cuanto al nombramiento de la abogada Ximena Rincón, aseguró que no acredita la desviación de poder por cuanto: i) la abogada no remplazó al actor en su cargo de asesor, pues su vinculación se dio mediante un contrato de prestación de servicios suscrito el 25 de noviembre de 2014; ii) no se le asignaron todas las funciones del actor, pues uno de los testigos sostuvo que los procesos en los que participaba el señor Rueda Carvajal se asignaron a otra funcionaria que estaba trabajando en la entidad; y, iii) la contratación de la abogada se hizo antes del retiro del demandante.
Estudio del defecto alegado en el caso concreto
Del contenido de la sentencia, advierte la Sala que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto alegado, pues la autoridad judicial analizó las pruebas aportadas y concluyó que de estas no se podía inferir que la declaratoria de insubsistencia del actor obedeció a razones distintas del buen servicio.
La Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado frente a la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción, en los siguientes términos:
“Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa (…)”.
Se advierte que en la decisión cuestionada, la autoridad judicial partió de establecer que la naturaleza del cargo que desempeñaba el actor era de libre nombramiento y remoción y con base en ello, procedió a analizar los cargos de nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente. Desestimó las de falsa motivación e expedición irregular, con fundamento en el artículo 38 del Decreto 1792 de 2000 y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado, por cuanto la declaratoria de insubsistencia es una causal de retiro del servicio del Personal Civil del Ministerio de Defensa, por ejercicio de la facultad discrecional.
Frente al cargo de desviación de poder, la autoridad judicial accionada valoró la hoja de vida del actor, de la cual concluyó que no era excepcional y la experticia acreditada en materia de contratación, tampoco permitía inferir que la desvinculación fue por razones contrarias al buen servicio; en cuanto a los testimonios, los desestimó porque a pesar de concluir que después del retiro del actor se presentó traumatismos en los procesos contractuales, no se pudo establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los supuestos inconvenientes.
Así, el interesado no pudo demostrar que con la declaratoria de insubsistencia se había desmejorado el servicio y, en ese sentido, el acto acusado era ilegal, por el contrario, quedaron demostradas las razones de mejoramiento del servicio, luego el Decreto demandado se había proferido conforme a derecho y sin desviación de poder.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la autoridad judicial demandada valoró, en conjunto, todas las pruebas allegadas a ese asunto. Que no les haya dado el valor que pretende el actor que se le dé, no puede conllevar a determinar que se incurrió en el defecto fáctico.
Igualmente, se advierte que se tuvo en cuenta los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, sobre la motivación de los actos administrativos de insubsistencia de funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción y con base en esa línea jurisprudencial, procedió a analizar las pruebas allegadas al proceso y concluyó que el acto administrativo acusado, no estaba viciado de ilegalidad.
En el sub lite, no se advierte que la autoridad judicial demandada haya adoptado decisiones arbitrarias o caprichosas, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama, luego, corresponde a la Sala negar el amparo solicitado.
Lo anterior, impone a la Sala a negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Eduardo Rueda Carvajal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
2. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
3. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 1 a 34.
Folio 96.
Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.
Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA.
Sentencia T-015 de 2012, de 20 de enero de 2012, Corte Constitucional.
Ibídem.
Folios 62 a 90.
Para sustentar su argumento trajo a colación un extracto de la sentencia de 8 de febrero de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado No. 25000-23-42-000-2014-01047-01 (03744-16)
Sentencia T-372 de 2012.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018; M.P. Dr. William Hernández Gómez; radicado nro. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16).
“Por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa Especial.”
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