Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02937-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02937-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02937-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
2 de mayo de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio de defensa judicial idóneo / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA
se observa que el requisito de subsidiariedad de la presente acción de tutela no se colma respecto de la tercera aserción expuesta por la demandante, debido a que el ordenamiento jurídico consagra otro instrumento para discutir sobre el particular, como lo es el recurso extraordinario de revisión, habida cuenta de que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que ese cargo involucra la causal de que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, (…) Así las cosas, el estudio que realizará la Sala se centrará en las restantes dos (2) afirmaciones formuladas por la tutelante en el escrito inicial, que son, desconocimiento del artículo 1653 del Código Civil y omisión de advertir que en varios proveídos emitidos en el mentado proceso ejecutivo, se aceptó que los giros realizados por Ecopetrol SA eran abonos a la obligación.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL EJECUTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Se aplicaron adecuadamente las normas llamadas a regular el caso / PAGOS PARCIALES EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO EJECUTIVO – No se pueden tener en cuenta en la sentencia, sino cumplen con los requisitos del artículo 1653 del Código Civil
[E]n el asunto sub judice se evidencia que la demandante aduce que las autoridades accionadas desconocieron su garantía superior al debido proceso, porque en el auto censurado no se advirtió que los depósitos que realizó constituían aportes a la condena judicial reclamada en el pluricitado proceso ejecutivo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta como pagos en los términos del artículo 1653 del Código Civil. (…) No obstante, la Sala observa que la providencia cuestionada no incurre en la irregularidad advertida, comoquiera que si bien es cierto que Ecopetrol SA efectuó unos giros el 21 de mayo de 2013 y 20 de noviembre de 2015, también lo es que ese dinero no era dable tenerlo en cuenta como aporte a la deuda, toda vez que no se colmaron los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para ello. (…) En otras palabras, para que dichos montos tuvieran incidencia en el crédito, era necesario que la ejecutada cumpliera las exigencias previstas en el marco jurídico, esto es, presentar las correspondientes consignaciones a órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y este, luego de correr traslado por tres (3) días a la empresa ejecutante, las aprobara como aportes de encontrarlas ajustadas al sistema normativo, de conformidad con el artículo 537 del CPC, trámite que no se surtió. (…) Además, el giro de la suma depositada el 21 de mayo de 2013 no estuvo a disposición de la sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita, pues la demandante dio la orden de no cancelarla hasta tanto no se desatara la acción de tutela 11001-03-15-000-2013-00436-00, la cual, según informa, no conoció que se haya decidido, lo que impide tener esa cantidad como abono al pasivo. (…) Resulta oportuno anotar que para que los mencionados depósitos constituyeran abonos a la deuda, era indispensable que la ejecutante autorizara esos pagos parciales, en virtud del artículo 1649 del Código Civil, lo cual no sucedió, por consiguiente, las aludidas cantidades de dinero no debían ser tenidas en cuenta al momento de liquidar el crédito, tal como lo concluyeron los accionados en el auto reprochado. (…) De igual manera, la actora sostiene que en el proveído censurado se inobservó que en varias actuaciones realizadas en el proceso ejecutivo se aceptó que esos aportes tuvieran incidencia en el pasivo, no obstante, se constata que en dicha providencia sí se hizo referencia a ello, pero se advirtió que ese criterio era equivocado, porque no se cumplieron las exigencias normativas para considerar esos abonos como pagos al crédito, aserción que goza de fundamento normativo suficiente (artículos 1659 del Código Civil y 537 del CPC). (…) En ese orden de ideas, la Sala constata que los dos (2) argumentos sobre los cuales se analizó la controversia no tienen vocación de prosperidad, de ahí que se imponga negar el amparo deprecado en relación con ellos. (…) A partir de los anteriores prolegómenos, se confirmará parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no se colma la exigencia de subsidiariedad, pero respecto de la supuesta transgresión del principio de congruencia, y se adicionará, para negar el amparo, en lo atañedero a la presunta configuración del defecto sustantivo y la omisión de advertir que en varias decisiones emitidas dentro del aludido proceso ejecutivo se aceptó que los aportes tenían incidencia en la deuda a cargo de la tutelante.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1653.
NOTA DE RELATORIA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02937-01(AC)
Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS (ECOPETROL SA)
Demandado: MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra la sentencia de 8 de marzo de 2019, proferida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 23 a 61 c. 1). La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol SA), que actúa por intermedio de apoderada, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el auto de 8 de agosto de 2018, por medio del cual el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) modificó el de 21 de marzo de 2017, emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera), para disponer que el monto de la obligación cobrada en el proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03 ascendía a $1.613ʼ475.412; y en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar uno nuevo en el que tengan en cuenta los pagos parciales que se realizaron.
Hechos. Relata la accionante que el 17 de marzo de 1991 miembros de un grupo armado ilegal detonaron una carga explosiva en el poliducto Puerto Salgar, ubicado en zona rural de Albán (Cundinamarca), que afectó varios bienes de la sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita, lo que motivó que esta instaurara demanda de reparación directa en contra suya y de la Nación – Ministerios de Defensa Nacional y de Minas y Energía (expediente 25000-23-26-000-1993-08632-00), con el propósito de que se declararan administrativamente responsables de los menoscabos que le produjo la acción subversiva y se les ordenara indemnizarlos.
Que por medio de fallo de 11 de noviembre de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas enunciadas en el párrafo precedente, al estimar que no se demostró que el daño antijurídico que se pedía resarcir fuere atribuible a la Administración, decisión revocada el 29 de octubre de 2012 por el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera), para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones ordinarias, habida cuenta de que la empresa demandante fue sometida a un riesgo excepcional al habilitarse la conducción de hidrocarburos cerca al sitio donde tenía sus inmuebles, determinación que atacó por vía de tutela (expediente 11001-03-15-000-2013-00436-00).
Dice que giró el 21 de mayo de 2013 $1.054ʼ587.631 al Banco Agrario de Colombia y $34ʼ738.604 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con la finalidad de sufragar la condena impuesta en sede contencioso-administrativa, sin embargo, el 22 de los mismos mes y año le pidió a la entidad financiera abstenerse de entregar el dinero, hasta cuando se decidiera la solicitud de amparo.
Que la sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita promovió en su contra el proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03, dentro del cual, el 15 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera) libró mandamiento de pago por $915ʼ633.215, a pesar de que la indemnización estaba consignada desde el 21 de mayo de ese año, proveído contra el cual interpuso recurso de reposición, desatado el 31 de enero de 2014, en el sentido de confirmarlo.
Sostiene que el 20 de noviembre de 2015 la ejecutante presentó liquidación del crédito, en atención al artículo 537 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el cual objetó porque no se computaron los abonos realizados, y aunque estaba en trámite esa discrepancia, canceló $211ʼ256.456, que correspondía a los intereses comprendidos entre el 12 de febrero de 2013 (día en que quedó ejecutoriada la sentencia ordinaria) y 21 de mayo siguiente (fecha en que se consignó la condena).
Que a través de auto de 7 de diciembre de 2015 (que no fue impugnado), se dispuso la incorporación al expediente del comprobante de pago enunciado en el acápite anterior, sobre el cual, junto con el aporte hecho el 21 de mayo de 2013, la «contadora» del Tribunal Administrativo de Cundinamarca calculó el valor de la obligación reclamada en $51ʼ536.139, liquidación aprobada por dicha Corporación, por medio de proveído de 21 de marzo de 2017, el cual fue apelado por la ejecutante, al considerar que esa suma era menor a la que debió reconocérsele.
Asevera que la alzada fue desatada el 8 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de aumentar el valor de la obligación a $1.613ʼ475.412, al estimar que no era dable tener en cuenta los aportes realizados, puesto que el acreedor no había autorizado pagos parciales y tampoco pudo acceder a ellos porque el Banco Agrario de Colombia tenía orden de no desembolsarlos.
Que la providencia objeto de censura incurre en defecto sustantivo, habida cuenta de que en ella las autoridades accionadas omitieron aplicar el artículo 1653 del Código Civil, el cual prevé que el pago incide en la liquidación del crédito, cuanto más si el artículo 1634 ibidem faculta a los jueces para recibir cancelaciones de las acreencias reclamadas judicialmente cuando el deudor se rehúsa a aceptarlas.
Indica que los magistrados accionados desconocieron que en los pronunciamientos emitidos dentro del proceso ejecutivo, incluso en el mandamiento de pago, se estipuló que los depósitos que efectuó, en aras de cancelar la condena impuesta en el expediente de reparación directa 25000-23-26-000-1993-08632-00, tenían incidencia en la obligación, tal como lo asumió de manera correcta la señora contadora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al liquidar el crédito en primera instancia.
Que la providencia censurada se fundó en el artículo 1649 del Código Civil, que establece que no es posible obligar al acreedor a recibir el pago de una deuda «por partes», salvo que ello se haya convenido, argumento jurídico que no fue expuesto en el recurso de apelación que desató, lo que impedía acogerlo en aquella, pero como ello ocurrió, se desconoció el principio de congruencia.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado (ff. 100 y 101 c. 1), por conducto de la ponente del auto censurado, piden negar lo pedido por la demandante en este trámite constitucional, comoquiera que esa determinación se emitió de conformidad con el ordenamiento jurídico, por cuanto la empresa Fierro Ávila y Compañía en Comandita no autorizó el pago parcial de la condena judicial impuesta en el proceso 25000-23-26-000-1993-08632-00, de ahí que los aportes que hizo la tutelante no tuvieran incidencia en la liquidación del crédito, y aunque en la decisión de las medidas cautelares de 8 de marzo de 2017 se afirmó que hubo una cancelación parcial de la obligación, en el auto acusado se advirtió que esa inferencia obedeció a una interpretación errada que no tiene fuerza vinculante.
Que en la apelación que se desató a través del proveído atacado, se indicó que los abonos a los que hace referencia la accionante no se hicieron de acuerdo con los parámetros establecidos en el Código Civil, argumento que habilitaba al ad quem a aplicar el artículo 1649 de ese compendio normativo.
1.3.2 El señor director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (f. 111 a 117 c. 1), por intermedio del director de defensa jurídica del organismo que regenta, solicita acceder al amparo deprecado por Ecopetrol SA, toda vez que la providencia censurada impuso una carga económica excesiva que compromete el patrimonio público y en la cual no se advirtió que se realizaron pagos parciales, a pesar de que así se consignó en autos previos dictados en el pluricitado proceso ejecutivo, lo que transgrede la garantía superior al debido proceso.
1.3.3 El señor Ministro de Minas y Energía, a través de apoderado (ff. 119 a 122 c. 1), alega su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no tuvo incidencia en el asunto dentro del cual se dictó la decisión reprochada, dado que se surtió contra Ecopetrol SA y no ha ejecutado actuaciones que permitan atribuirle afectación del derecho constitucional fundamental invocado en el escrito inicial, cuanto más si sus funciones no conciernen al sufragio de condenas impuestas a esa empresa.
1.3.4 El señor representante legal de la sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita (ff. 137 a 144 c. 1) aduce que se deben despachar de manera desfavorable las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, bajo el argumento de que en el auto atacado no era dable tener como aporte a la deuda lo consignado por Ecopetrol SA al Banco Agrario de Colombia el «23 de mayo de 2013», pues según certificado de esta entidad financiera, esa suma no se entregó a título de depósito judicial y tampoco podía disponer de ella porque se libró orden de no girársela.
Que no es cierto que en el proveído censurado se haya desconocido la regla procesal de congruencia, en razón a que en la apelación que decidió se controvirtió la liquidación del crédito, circunstancia que habilitaba a las autoridades accionadas a efectuar el análisis jurídico que consideraran adecuado para esclarecer si esa afirmación era verdadera o no, lo que abarcaba la posibilidad de aplicar las disposiciones del Código Civil.
1.3.5 Por conducto de apoderada, la empresa Hari SA (ff. 167 a 169 c. 1), cesionaria del 80% de la condena que Ecopetrol no ha cancelado, indica que el auto atacado no transgrede preceptos constitucionales, pues el giro de los recursos que hizo ese organismo no tiene incidencia en la deuda, debido a que en él no se incluyeron los intereses de mora y no obedeció a una liquidación de crédito realizada en un proceso ejecutivo. Además, no se ha podido acceder al dinero porque se dio la orden al Banco Agrario de Colombia de no entregarlo.
1.4 Providencia impugnada (ff. 173 a 176 c. 1). El 8 de marzo de 2019 el Consejo de Estado (sección cuarta) rechazó por improcedente la acción de tutela del epígrafe, en razón a que la discusión planteada giraba en torno al reconocimiento de sumas dinerarias y aquella no es un instrumento adecuado para dirimir controversias de naturaleza económica.
1.5 Impugnación (ff. 186 a 195 c. 2). Inconforme con la anterior providencia, la accionante la impugnó, al estimar que si bien es cierto que el asunto debatido involucra temas económicos, también lo es que está en disputa la garantía superior al debido proceso y se hace necesario emitir un pronunciamiento sobre la validez de los abonos destinados a pagar condenas, tema que es de vital importancia para todas las entidades públicas.
Que las autoridades demandadas, al asegurar en el pronunciamiento cuestionado que los desembolsos efectuados con el objeto de cancelar obligaciones derivadas de fallos judiciales no tienen incidencia en la liquidación del crédito, desconocen que en varias oportunidades, dentro del proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03, ya se había afirmado que esos giros constituían aportes a la deuda.
Asevera que los argumentos bajo los cuales los accionados fundaron la decisión reprochada, no fueron formulados en el recurso de apelación que decidió, lo que generó «desequilibrio en la balanza judicial» en afectación suya, pues no tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre el particular, y del principio de congruencia.
Que no era dable liquidar el crédito a favor de la empresa Fierro Ávila y Compañía en Comandita como se hizo en el auto atacado, en razón a que no se tuvo en cuenta los depósitos judiciales que se realizaron para cubrir la condena impuesta en la demanda de reparación directa 25000-23-26-000-1993-08632-00, los cuales no han sido reclamados por aquella, pese a que el sistema normativo le impide al acreedor rehusarse a recibir la cancelación de la obligación.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 2 del Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018, expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar el auto de 8 de agosto de 2018, por medio del cual el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) modificó el de 21 de marzo de 2017, emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera), para disponer que el monto de la obligación cobrada en el proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03 ascendía a $1.613ʼ475.412; y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
2.5 Caso concreto.
2.5.1 Procedencia de la acción de tutela para dirimir controversias relacionadas con aspectos económicos. Una de las exigencias de procedibilidad de la acción de tutela es que el asunto debatido en ella tenga relevancia constitucional, es decir, que concierna a la posible afectación de disposiciones de la Carta Política, premisa que permite colegir que no resulta útil para debatir cuestiones «exclusivamente económicas» reguladas en la ley.
Ahora bien, para determinar si una controversia es netamente económica, esto es, que no involucra una eventual vulneración de derechos constitucionales fundamentales, resulta indispensable que el juez analice las particularidades del caso concreto, dado que no es dable rechazarla por improcedente prima facie por el mero hecho de que en ella se disputen aspectos monetarios, tal como lo concluyó la Corte Constitucional en los siguientes términos:
[…] el juez de tutela, en principio, no puede declarar la improcedencia del amparo cuando está frente una controversia de naturaleza contractual o económica, con base en que, en esta clase de asuntos no se debaten derechos fundamentales, sino que, debe analizar la situación planteada y determinar si se trata de una discusión ius fundamental, a partir del estudio de elementos que hacen parte de la dimensión objetiva de los derechos afectados, así como, de las circunstancias subjetivas de las partes que solicitan la protección constitucional, de tal manera que se garantice el “efecto de irradiación” de la Carta sobre el ordenamiento jurídico.
Así las cosas, aunque en una tutela se encuentren inmiscuidos asuntos económicos, será procedente cuando se debata la transgresión de prerrogativas inherentes a la persona, máxime cuando en ella se encuentra en discusión cuestiones que afecten el erario, el cual goza de especial protección constitucional.
En el asunto sub judice se evidencia que Ecopetrol SA pide salvaguardar su derecho constitucional fundamental al debido proceso, al considerar que las autoridades accionadas lo desconocieron en la providencia acusada, por cuanto indicaron que los aportes que efectuó el 21 de mayo de 2013 y 20 de noviembre de 2015, no tenían incidencia en la cancelación de la condena que se le impuso en la demanda de reparación directa 25000-23-26-000-1993-08632-00.
En atención a lo expuesto en líneas precedentes y aunque la tutela concierne a aspectos económicos, ello no la torna improcedente, pues hay una garantía superior en controversia que hace imperativo, en principio, emitir un pronunciamiento de fondo, máxime cuando en el proceso ejecutivo dentro del cual se profirió el auto atacado se debate el traslado de recursos públicos, habida cuenta de que Ecopetrol es una sociedad de economía mixta y, por ende, tiene aportes estatales.
En ese orden de ideas y como la Sala constata que en la acción de tutela de la referencia se discute el supuesto desconocimiento del derecho constitucional fundamental al debido proceso, circunstancia que conlleva relevancia constitucional, se tendrá como el mecanismo adecuado para dirimir la controversia puesta de presente en el escrito inicial.
En este punto resulta oportuno advertir que la actora plantea tres (3) argumentos contra la providencia acusada, a saber: (i) que no se tuvo en cuenta el artículo 1653 del Código Civil, el cual prevé que el pago incide en la deuda; (ii) que no se advirtió que en otros pronunciamientos, emitidos dentro del proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03, se determinó que las consignaciones realizadas el 21 de mayo de 2013 y 20 de noviembre de 2015 repercutían en la obligación; y (iii) que se desconoció el principio de congruencia, porque se hizo referencia a una norma que no fue invocada en el recurso de apelación que decidió.
En virtud de lo expuesto en líneas precedentes, se observa que el requisito de subsidiariedad de la presente acción de tutela no se colma respecto de la tercera aserción expuesta por la demandante, debido a que el ordenamiento jurídico consagra otro instrumento para discutir sobre el particular, como lo es el recurso extraordinario de revisión, habida cuenta de que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que ese cargo involucra la causal de que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, en los siguientes términos:
[…] la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.
[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia […] pues […] el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
Así las cosas, el estudio que realizará la Sala se centrará en las restantes dos (2) afirmaciones formuladas por la tutelante en el escrito inicial, que son, desconocimiento del artículo 1653 del Código Civil y omisión de advertir que en varios proveídos emitidos en el mentado proceso ejecutivo, se aceptó que los giros realizados por Ecopetrol SA eran abonos a la obligación.
En ese orden de ideas y analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite, frente a las dos (2) inconformidades relacionadas en precedencia, se observa que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la actora; (ii) contra el auto objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitido en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el 17 de agosto de 2018 y la solicitud de amparo se instauró el 24 de los mismos mes y año, es decir, dentro de un término prudencial (7 días); y (v) la sentencia acusada no decidió una acción de tutela.
2.5.2 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) La sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita incoó acción de reparación directa contra la Nación – Ministerios de Defensa Nacional y Minas y Energía y Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol SA) [expediente 25000-23-26-000-1993-08632-00], con el propósito de que se declararan administrativamente responsables de los daños que le causó el ataque subversivo perpetrado el 17 de marzo de 1991 al oleoducto Puerto Salgar, a la altura del área rural de Albán (Cundinamarca), y se les ordenara resarcirlos, pretensiones que negó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección tercera), el 11 de noviembre de 1999, al considerar que no se demostró falla del servicio (ff. 22 a 47 c. 3).
b) La anterior decisión fue apelada por la allí demandante, alzada desatada por el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera), mediante fallo de 29 de octubre de 2012, en el sentido de revocarla y acceder a las súplicas ordinarias, solo respecto de Ecopetrol SA, y en esa medida, se le condenó al pago de $1.054ʼ587.631 por concepto de perjuicios causados, al considerar que se configuró el título de imputación de la responsabilidad extracontractual del Estado denominado riesgo excepcional, pues dicha empresa puso a aquella en una situación de vulnerabilidad al ubicar tubería de transporte de combustible cerca de sus bienes, máxime cuando en esa zona había alta presencia guerrillera (ff. 48 a 68 c. 3).
c) El 5 de marzo de 2013 el organismo condenado en sede contencioso-administrativa instauró acción de tutela 11001-03-15-000-2013-00436-00 contra los señores consejeros de Estado que desataron en segunda instancia la pluricitada demanda contencioso-administrativa, en aras de que se dejara sin efectos la providencia enunciada en la letra precedente y dispusiera dictar una nueva en la que se confirmara la de 11 de noviembre de 1999, amparo desestimado por el Consejo de Estado (sección cuarta), el 16 de mayo siguiente, determinación notificada el 28 de junio siguiente (ff. 79 y 80 c. 3).
d) El 21 de mayo de 2013 Ecopetrol SA consignó en el Banco Agrario de Colombia $1.054ʼ587.631 (f. 81 c. 3), de lo que informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera), suma que debía girarse una vez se decidiera el trámite constitucional señalado en el párrafo anterior (para esa fecha no se conocía la sentencia de 16 de mayo de 2013) [ff. 82 y 83 c. 3].
e) Dentro del proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03 promovido por la sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita, el mencionado tribunal libró mandamiento de pago el 15 de noviembre de 2013 por el monto de la condena impuesta en sede ordinaria (ff. 86 y 87 c. 3), y el 21 de julio de 2015 se decretó el embargo por el valor reclamado, decisión confirmada el 8 de marzo de 2017 por el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera), en cuya providencia afirmó que el aporte fue «una cancelación parcial» (ff. 107 a 120 c. 3).
f) El 20 de noviembre de 2015 la ejecutada depositó en una cuenta de la aludida entidad financiera $196ʼ468.504 (f. 102 c. 3) y el 7 de diciembre de esa anualidad el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera) ordenó enviar el expediente a la contadora de la Corporación, con la finalidad de que elaborara la liquidación del crédito (ff. 103 a 104 c. 3), la cual se calculó en $51ʼ536.319, dado los pagos parciales que se efectuaron, cuantía aprobada el 21 de marzo de 2017 por el a quo, determinación contra la cual la ejecutante interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de que esos aportes no se hicieron conforme al Código Civil (f. 131 a 134 c. 3).
g) La alzada fue decidida el 8 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de modificar el auto de 21 de marzo de 2017 y aumentar el monto de la obligación a $1.613ʼ475.412, al considerar que el dinero consignado no constituye pago de la condena, habida cuenta de que el acreedor no estaba obligado a recibir cancelaciones parciales, salvo que lo haya consentido (lo que no ocurrió), conforme lo establece el artículo 1649 del Código Civil (ff. 141 a 176 c. 3).
Que la entrega del dinero depositado en el Banco Agrario de Colombia fue condicionada a las resultas de la acción de tutela 11001-03-15-000-2013-00436-00, lo que permite colegir que no pudo acceder a esos recursos, y aunque en proveído de 8 de marzo de 2017 se consignó que ese aporte «podía consistir en la cancelación parcial de la deuda», ello no indica que aquel tenía el deber de aceptarlo.
Hecha la anterior relación fáctica, la Sala realizará las siguientes acotaciones jurídicas con el propósito de dilucidar si el fallo atacado quebranta preceptos superiores.
2.5.3 Defecto sustantivo. La demandante sostiene que el proveído cuestionado incurre en defecto sustantivo, habida cuenta de que en él las autoridades accionadas no atendieron lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, el cual establece que los pagos que haga el deudor inciden en la obligación, pues a pesar de que los depósitos realizados el 21 de mayo de 2013 y 20 de noviembre de 2015 se hicieron en aras de pagar la condena judicial impuesta en la demanda de reparación directa 25000-23-26-000-1993-08632-00, no fueron tenidos en cuenta al liquidar el crédito dentro del pluricitado proceso ejecutivo.
Con el propósito de dilucidar la prosperidad de ese argumento, es menester recordar que el artículo 230 superior prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas vigentes, con lo que se garantiza el principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que las pronunciamientos proferidos en desconocimiento de preceptos normativos involucran un defecto sustantivo, que se configura cuando la litis es desatada con fundamento en una norma inaplicable al caso concreto, bien sea porque fue derogada, declarada inexequible o anulada, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es irracional u omite emplearla.
Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
Ahora bien, con el fin de esclarecer si los señores magistrados accionados atendieron o no el ordenamiento jurídico al emitir la providencia cuestionada, se hace indispensable efectuar las siguientes precisiones.
2.5.3.1 Pago de obligaciones y formas de hacerlo. El pago de una obligación fue definida por el artículo 1626 de Código Civil como «la prestación de lo que se debe» por parte del deudor al acreedor, pero existen casos en que puede cancelarla a un tercero sin consentimiento de aquel o contra su voluntad. En el primer escenario, el que sufraga puede pedir el reembolso de lo costeado, lo cual no ocurre en el segundo evento.
Asimismo, dicho compendio normativo establece, en su artículo 1634, que «Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo […], o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él […]» y el deudor no puede obligar al beneficiario de la deuda a que reciba pagos parciales, salvo que lo hayan convenido o así lo dispongan normas especiales.
Lo cancelado se aplicará primero a los intereses y luego a capital, según lo señala el artículo 1653 del Código Civil, el cual puede hacerse por consignación cuando el acreedor se rehúsa a recibir lo que se le adeuda, siempre que se colmen las exigencias previstas en el artículo 1658 ibídem y lo autorice el juez.
Ahora bien, dentro del trámite de un proceso ejecutivo concerniente al pago de sumas de dinero, resulta dable destinar lo debido a órdenes del juzgado, que dará traslado de dicha actuación al acreedor por tres (3) días y posteriormente la aprobara de encontrarla ajustada al ordenamiento jurídico, conforme lo prevé el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Visto lo anterior, en el asunto sub judice se evidencia que la demandante aduce que las autoridades accionadas desconocieron su garantía superior al debido proceso, porque en el auto censurado no se advirtió que los depósitos que realizó constituían aportes a la condena judicial reclamada en el pluricitado proceso ejecutivo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta como pagos en los términos del artículo 1653 del Código Civil.
No obstante, la Sala observa que la providencia cuestionada no incurre en la irregularidad advertida, comoquiera que si bien es cierto que Ecopetrol SA efectuó unos giros el 21 de mayo de 2013 y 20 de noviembre de 2015, también lo es que ese dinero no era dable tenerlo en cuenta como aporte a la deuda, toda vez que no se colmaron los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para ello.
En otras palabras, para que dichos montos tuvieran incidencia en el crédito, era necesario que la ejecutada cumpliera las exigencias previstas en el marco jurídico, esto es, presentar las correspondientes consignaciones a órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y este, luego de correr traslado por tres (3) días a la empresa ejecutante, las aprobara como aportes de encontrarlas ajustadas al sistema normativo, de conformidad con el artículo 537 del CPC, trámite que no se surtió.
Además, el giro de la suma depositada el 21 de mayo de 2013 no estuvo a disposición de la sociedad Fierro Ávila y Compañía en Comandita, pues la demandante dio la orden de no cancelarla hasta tanto no se desatara la acción de tutela 11001-03-15-000-2013-00436-00, la cual, según informa, no conoció que se haya decidido, lo que impide tener esa cantidad como abono al pasivo.
Resulta oportuno anotar que para que los mencionados depósitos constituyeran abonos a la deuda, era indispensable que la ejecutante autorizara esos pagos parciales, en virtud del artículo 1649 del Código Civil, lo cual no sucedió, por consiguiente, las aludidas cantidades de dinero no debían ser tenidas en cuenta al momento de liquidar el crédito, tal como lo concluyeron los accionados en el auto reprochado.
De igual manera, la actora sostiene que en el proveído censurado se inobservó que en varias actuaciones realizadas en el proceso ejecutivo se aceptó que esos aportes tuvieran incidencia en el pasivo, no obstante, se constata que en dicha providencia sí se hizo referencia a ello, pero se advirtió que ese criterio era equivocado, porque no se cumplieron las exigencias normativas para considerar esos abonos como pagos al crédito, aserción que goza de fundamento normativo suficiente (artículos 1659 del Código Civil y 537 del CPC).
En ese orden de ideas, la Sala constata que los dos (2) argumentos sobre los cuales se analizó la controversia no tienen vocación de prosperidad, de ahí que se imponga negar el amparo deprecado en relación con ellos.
A partir de los anteriores prolegómenos, se confirmará parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no se colma la exigencia de subsidiariedad, pero respecto de la supuesta transgresión del principio de congruencia, y se adicionará, para negar el amparo, en lo atañedero a la presunta configuración del defecto sustantivo y la omisión de advertir que en varias decisiones emitidas dentro del aludido proceso ejecutivo se aceptó que los aportes tenían incidencia en la deuda a cargo de la tutelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. º Confírmase parcialmente la sentencia de 8 de marzo de 2019, a través de la cual el Consejo de Estado (sección cuarta) rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, pero únicamente respecto del cargo relacionado con el desconocimiento del principio de congruencia, conforme a la parte motiva.
2. º Adicionase el fallo enunciado en el ordinal anterior, en el sentido de negar el amparo deprecado por Ecopetrol SA, en lo concerniente a la configuración del defecto sustantivo e inobservancia de que en varias decisiones emitidas en el proceso ejecutivo 25000-23-26-000-1993-08632-03 se aceptó que los aportes realizados por dicha empresa tenían incidencia en la deuda a su cargo, por las razones expuestas en la motivación.
3. º Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4. º Comuníquese el presente pronunciamiento a la sección cuarta de esta Corporación y remítasele copia.
5.º Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Omite determinar el día. No la identifica. No especifica la fecha en que la formuló. No señala la fecha en que hizo el abono.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
«Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Corte Constitucional, sentencia SU-41 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ibidem. Corte Constitucional, sentencia T-610 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Artículo 1.º de la Ley 1118 de 2006. Sala especial 22 de lo contencioso-administrativo, providencia de 2 de febrero de 2016, expediente: 11001-03-15-000-2015-02342-00.
«Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
[…]». Notificada por estado de 14 de agosto de 2018. Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras. Sentencia T-259 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo 1649 del Código Civil: «El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.
[…]».
«La consignación debe ser precedida de oferta; y para que ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil: 1a.) <Numeral subrogado por el artículo 13 de la Ley 95 de 1890. El nuevo texto es el siguiente:> Que sea hecha por una persona capaz de pagar. 2a.) Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante.
3a.) Que si la obligación es a plazo, o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición. 4a.) Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. 5a.) Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor, y expresando, además, lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos; y si la oferta de consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida. 6a.) Que del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o a su representante».
«[…]
Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado y del certificado de tasa de interés y, si fuere el caso, el de la conversión de moneda extranjera a pesos, cuando no obran en el expediente. Se procederá así: 1. Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres días como dispone el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr003.html" \l "108" 108; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encontrare ajustada a la ley.
[…]». Norma que las autoridades accionadas aplicaron en el proceso ejecutivo dentro del cual se dictó la providencia censurada.
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