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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00997-00

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00997-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación incoada por Scotiabank Colpatria S.A., Bancolombia S.A., Banco Pichincha S.A., Banco Agrario, Banco Caja Social S.A. y Banco Sudameris S.A., de acuerdo con lo establecido en el acápite de cuestión previa de este fallo. 2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Luis Hernando Rodríguez Muñoz, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 Certificación de pensión con fecha de emisión del 4 de marzo de 2025, correspondiente al pensionado Luis Hernando Rodríguez Muñoz. Samai, índice 18. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00 Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00997-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Radicación 11001-03-15-000-2025-00997-00
Demandante LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y
especiales de procedibilidad. Relevancia Constitucional: asunto
meramente legal y patrimonial. Proceso ejecutivo: liquidación del
crédito. Imputación de pagos parciales- artículo 1653 del Código
Civil.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Luis Hernando Rodríguez Muñoz de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de febrero de 20251 Luis Hernando Rodríguez Muñoz, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander,
por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como las garantías de
seguridad social integral y de remuneración mínima vital. La solicitud de amparo se
fundamentó en el auto emitido por el tribunal accionado el 10 de septiembre de
2024, en el proceso ejecutivo nro. 680013333005-2016-01150-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales a la igualdad (Art.
13), debido proceso (Art. 29), acceso a la administración de justicia (Art. 229), a la garantía a
la Seguridad Social Integral (Art. 48) y a la remuneración mínima vital conforme a las normas
laborales (Art. 53).
SEGUNDO: En consecuencia, se dejen sin efectos el auto mediante el cual se resuelve
recurso de apelación respecto de la liquidación del crédito, proferido en el proceso tramitado
bajo el radicado 680013333005-2016-01150-01, en el marco de un medio de control ejecutivo
soportado en sentencia, en lo referente a la inaplicación del artículo 1653 del Código Civil para
efectos de la imputación de pagos parciales respecto de condenas a cargo de la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES E.I.C.E.
TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo de Santander
emitir decisión de remplazo, en la cual se de aplicación al artículo 1653 del Código Civil, para
efectos de la imputación de la liquidación del crédito adeudado y pagos parciales surtidos al
suscrito, en relación con el crédito pensional aún pendiente de ejecución integral a la fecha»2.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índices 1 y 2.
2
Página 1 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

2.1. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 2013-
00279-00, mediante sentencia del 1° de julio de 2014 el Tribunal Administrativo
de Santander anuló los actos administrativos demandados y ordenó la
reliquidación de la asignación pensional del señor Rodríguez Muñoz teniendo
en cuenta los factores salariales que devengó en el último año de servicios.

El 23 de abril de 2015, el demandante presentó petición de pago ante la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones teniendo como título
la sentencia del 1° de julio de 2014.

La entidad emitió la Resolución GNR 98334 del 7 de abril de 2016 en la que
dio cumplimiento a la providencia judicial mencionada y pagó parcialmente el
monto adeudado.

2.2. En razón al incumplimiento parcial de la obligación, el señor Luis Hernando
Rodríguez Muñoz presentó demanda ejecutiva contra Colpensiones. Al
proceso le correspondió la radicación nro. 68001-33-33-005-2016-01150-01 y fue
tramitado en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga.

2.3. En el marco del proceso ejecutivo, Colpensiones propuso las excepciones de
pago total de la obligación y de inembargabilidad de su patrimonio.

2.4. En sentencia del 5 de octubre de 2021, el juez resolvió desfavorablemente las
excepciones propuestas. Indicó que Colpensiones dio cumplimiento apenas
parcial a la sentencia, por lo que prosperaría de manera parcial la excepción
de pago y debería aplicarse lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil
(CC). La sentencia no fue apelada.

2.5. El juez Quinto Administrativo de Bucaramanga emitió el auto del 10 de febrero
de 2023 en el que modificó la liquidación del crédito y aprobó la establecida
por el profesional contable adscrito al despacho, sin embargo, el accionante
discute que no se dio aplicación al artículo 1653 del Código Civil.

En el proveído se fijó la liquidación del crédito en la suma de $412.011.851 y
las agencias en derecho en $4.120.118,51.

2.6. La parte ejecutante apeló la anterior decisión y solicitó que se modificara la
liquidación del crédito, disponiendo la suma de $610.314.372. En auto del 10
de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la
decisión de primera instancia y aprobó la liquidación del crédito por la suma
de $571.943.314,00, más el valor que resulte de las costas de acuerdo con la
liquidación que deberá efectuar el Juzgado en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso (CGP).

Sobre la aplicación del artículo 1653 del CC, en la providencia se indicó:
«Adviértase, que el pago parcial realizado por Colpensiones se imputó de manera indistinta al
total adeudado, habida consideración que, conforme lo ha establecido la Sección Segunda –
Subsección B del Consejo de Estado en providencia de fecha 30 de mayo de 2024 Radicación:
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022), el artículo 1653 del Código Civil resulta
incompatible con el pago de obligaciones pensionales».

La providencia se notificó en estado del 11 de septiembre de 20243.

3. Fundamentos de la acción

3.1. El accionante manifestó que es una persona mayor de 81 años con graves
padecimientos de salud, por lo que los 10 años transcurridos desde que inició
el proceso ejecutivo han afectado el goce efectivo de su asignación pensional.

3
Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 680013333005-2016-01150-01, índice 14.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

Precisó que cuestiona la providencia del 10 de septiembre de 2024 en lo
relacionado a la aplicación de las reglas para imputar el pago parcial del
crédito, debido a que el tribunal accionado consideró que el artículo 1653 del
CC es incompatible con el pago de obligaciones pensionales, sin exponer
suficiente motivación sobre esa decisión y sin especificar la norma que justifica
la regla aritmética que empleó.

Precisó que la relevancia constitucional se cumple en su caso, si se considera
su situación de sujeto de especial protección constitucional, dada su edad y
estado de salud. Dijo que estos criterios subjetivos han sido considerados por
la Corte Constitucional en diferentes sentencias para acreditar el presupuesto
de relevancia constitucional en casos de pensiones, entre ellas, la sentencia
SU063 de 2023.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que la providencia judicial acusada
configura defecto sustantivo, defecto procedimental y desconocimiento del
precedente judicial.

Argumentó la configuración del defecto sustantivo en que el tribunal se
apartó injustificadamente del marco normativo aplicable para la imputación de
pagos en procesos ejecutivos. Con fundamento en el análisis realizado por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso nro. 10001-03-15-000-
2021-04403-00, señaló que se desconoció el artículo 1653 del CC, según el
cual el pago debe aplicarse primero a intereses y luego a capital, salvo pacto
en contrario. Recordó que esta regla ha sido aplicada por el Consejo de Estado
en materia pensional, sin que se impusiera un límite por la naturaleza pública
de los recursos ni por los principios del sistema de seguridad social.

El señor Rodríguez Muñoz destacó que el tribunal accionado no justificó de
manera suficiente la decisión de apartarse de la regla de imputación de pagos
establecida en la Ley. Agregó que, aunque en la providencia acusada el
tribunal mencionó una sentencia del Consejo de Estado que contenía una
aclaración y un salvamento de voto, no explicó cuál sería la norma especial
para contabilizar los pagos parciales.

Asimismo, recordó que en la sentencia SU063 de 2023, la Corte Constitucional
reconoció la relevancia constitucional de los mecanismos de actualización de
condenas asociadas al sistema de seguridad social. Esta decisión reiteró que
dichos mecanismos no comprometen por sí solos la sostenibilidad fiscal y
constituyen incentivos legítimos para proteger los derechos pensionales.

3.3. Sobre el defecto procedimental, argumentó que el auto acusado desconoció
la sentencia de excepciones emitida el 5 de octubre de 2021 en el proceso
ejecutivo que hizo tránsito a cosa juzgada respecto de la existencia de un pago
parcial y de la aplicación del artículo 1653 del CC para la imputación de esos
pagos.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada incurrió en un trámite ajeno al
legalmente establecido al contrariar lo resuelto en la sentencia ejecutoriada
sobre la liquidación del crédito, acción que materializa un defecto
procedimental y una violación al principio de cosa juzgada.

3.4. Finalmente, el actor argumentó la concreción del defecto por
desconocimiento del precedente judicial en la providencia acusada.
Manifestó que el tribunal accionado sustentó su decisión en una posición
aislada, adoptada por el Consejo de Estado en una providencia dividida, sin
ofrecer suficientes razones para apartarse de pronunciamientos previos que
reconocieron la aplicación del artículo 1653 del CC en casos análogos.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00997-00
Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

En el escrito de tutela, se identificaron al menos cuatro decisiones en la que el
Consejo de Estado reiteró la aplicación del artículo 1653 CC para la imputación
de pagos parciales efectuados por entidades sujetas al Estatuto Orgánico de
Presupuesto en procesos contencioso-administrativos. Considera que los
criterios establecidos en estos precedentes son extrapolables a su caso, ya
que refieren a créditos reconocidos en sentencias y, en este caso, se trata de
una obligación pensional de una persona con protección reforzada.

Por lo tanto, considera que la exclusión injustificada de la regla de imputación
de pagos vulneró su derecho a la igualdad ante la administración de justicia.

Las sentencias relacionadas en la acción de tutela como desconocidas fueron
las siguientes:
• Consejo de Estado, Rad. 88001-23-31-000-2011-00023-01, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
• Consejo de Estado, Rad. 68001-23-31-000-2007-00173-01, M.P. José Roberto Sáchica.
• Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2018-02937-01, M.P. Carmelo Perdomo
Cueter.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 11001-03-15-000-2021-04403-00, M.P. Martín
Bermúdez.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 25 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela presentada por el señor Luis Hernando Rodríguez Muñoz, quien
actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Santander, el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Además, vinculó, en calidad de tercero con interés, al Ministerio Público, a los
bancos que actuaron en el proceso y a las demás partes y terceros que
participan en el proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-005-2016-01150-00/01.

También se ofició al Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga para que
allegara la copia digitalizada del proceso ejecutivo sub examine y para que
notificara esta acción de tutela a los terceros vinculados.

4.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por
conducto del secretario del despacho, realizó un recuento de las principales
actuaciones del proceso analizado y relacionó los enlaces para acceder al
expediente digitalizado del ejecutivo.

Además, remitió la constancia de notificación de la acción de tutela a las
entidades y personas que fueron vinculadas como terceros con interés en el
auto admisorio de la acción de amparo.

4.3. El Tribunal Administrativo de Santander, por medio del magistrado Iván
Fernando Prada Macias, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Considera
que el debate que plantea el accionante gira en torno a una controversia
netamente económica relacionada con la imputación de intereses en la forma
prevista en el artículo 1653 del CC, aspecto accesorio a la reliquidación
pensional, por lo que no involucra una afectación ostensible de sus derechos
fundamentales.

Enfatizó en que el artículo 1653 del CC no se aplica de forma automática a los
asuntos pensionales, tal como lo sostuvo la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 30 de mayo de 2024.
Destacó que, en esa providencia se argumentó que existen diferencias
4

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

sustanciales entre las relaciones obligacionales civiles y las derivadas de
prestaciones pensionales, razón por la cual la imputación de pagos debe
responder a la naturaleza de la obligación y no a reglas generales.

Finalmente, advirtió que la providencia acusada no es arbitraria ni vulnera los
derechos fundamentales del actor. Asimismo, reiteró que la tutela no puede
ser utilizada como una instancia adicional para retomar un debate jurídico ya
resuelto con el recurso de apelación

4.4. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por conducto
de la directora de Acciones Constitucionales, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito de
relevancia constitucional. A ese respecto, explicó que la pretensión del actor
es tomar el mecanismo constitucional para retomar debates que fueron
dirimidos en las instancias ordinarias del proceso ejecutivo.

Agregó que el asunto no da cuenta de la concreción de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez de tutela, pues el actor
percibe una mesada pensional que sobrepasa los tres salarios mínimos.

4.5. Las siguientes entidades bancarias: Scotiabank Colpatria S.A.,
Bancolombia S.A., Banco Agrario, Banco Caja Social S.A. y Banco
Sudameris S.A., Banco Pichincha S.A., a través de sus apoderados y/o
representantes legales, solicitaron que se les desvincule de esta acción de
tutela porque no son competentes para satisfacer las pretensiones de la acción
de amparo ni vulneraron los derechos invocados por el actor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5

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De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Cuestión previa: solicitud de desvinculación de las entidades bancarias
por falta de legitimación en la causa por pasiva

Scotiabank Colpatria S.A., Bancolombia S.A., Banco Agrario, Banco Caja Social
S.A., Banco Pichincha S.A. y Banco Sudameris S.A., a través de sus apoderados
y/o representantes legales, solicitaron que se les desvincule de esta acción de tutela
porque no son competentes para satisfacer las pretensiones de la acción de amparo
ni vulneraron los derechos invocados por el actor. Por lo que argumentaron su falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Respecto de lo anterior, estas entidades bancarias, según lo dispuesto en el auto
admisorio de la acción de tutela, fueron vinculadas al proceso constitucional en
calidad de terceros con interés y no como sujetos demandados. Lo anterior
considerando su intervención en el proceso ejecutivo en el que se emitieron las
providencias accionadas.

De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19918, les asiste interés en las resultas de este proceso constitucional y
tienen aptitud de aportar información relevante a este proceso constitucional, por tal
motivo deben permanecer vinculadas a éste en la calidad de terceros que les fue
reconocida en el auto admisorio de la tutela.

Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta por
Scotiabank Colpatria S.A., Bancolombia S.A., Banco Pichincha S.A., Banco
Agrario, Banco Caja Social S.A. y Banco Sudameris S.A.

4. Planteamiento del problema jurídico

Dado que se trata de una acción de tutela interpuesta contra una providencia
judicial, la Sala debe determinar, en primera medida, si la petición de amparo supera
el análisis general de procedibilidad, en especial, si se cumple con el presupuesto
de la relevancia constitucional.

En caso de superarse el examen general de procedibilidad, esta Sala analizará si el
Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo, en defecto
procedimental y en desconocimiento del precedente judicial, al proferir el auto del
10 de septiembre de 2024 dentro del proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-005-2016-
01150-01, en lo que respecta a la modificación de la liquidación del crédito sin aplicar
para ello el artículo 1653 del Código Civil.

7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
8
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
6

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5. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales”9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia
adicional del proceso ordinario.

5.2. Esta Sección considera que el presente asunto no cumple con el requisito de
relevancia constitucional pues los cuestionamientos planteados se
circunscriben a una controversia estrictamente legal que corresponde resolver
a los jueces naturales de la causa. En particular, se discute la aplicación del
artículo 1653 del Código Civil para determinar la forma de imputar los pagos
parciales en la liquidación del crédito, es decir, si deben destinarse primero al
capital o a los intereses.

Adicionalmente, se advierte que el desacuerdo de la parte actora gira en torno
a un asunto de naturaleza patrimonial que no compromete de manera directa
los derechos fundamentales invocados por el señor Luis Hernando Rodríguez
Muñoz.

9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.
7

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Demandante: Luis Hernando Rodríguez Muñoz

5.3. En relación con la improcedencia de la acción de tutela en los eventos
previamente expuestos, conviene recordar lo indicado en la sentencia SU-215
de 2022, en ella la Corte Constitucional reiteró que la acción de tutela contra
providencias judiciales solo procede de manera excepcional y bajo requisitos
estrictos. En particular, enfatizó en que no procede la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se discute un asunto meramente legal, es decir,
cuando la discusión propuesta se centra en la aplicación o interpretación de
normas de rango legal o reglamentario sin implicaciones directas en los
derechos fundamentales. El alto tribunal advirtió que este tipo de controversias
deben ser decididas por los jueces de instancia en el proceso ordinario, sin
que la tutela pueda ser utilizada como un escenario para reabrir debates
jurídicos.

Asimismo, la Corte Constitucional ha advertido que la acción de tutela es
improcedente cuando el conflicto que se presenta tiene un contenido
eminentemente económico y patrimonial, como ocurre, por ejemplo, en
controversias tributarias en las que se discute el reconocimiento de una
exención. En tales eventos, el debate no trasciende el ámbito particular ni
plantea un asunto de relevancia constitucional que justifique la intervención del
juez de tutela.

En conclusión, la Corte ha reiterado que la acción de tutela no puede
convertirse en un mecanismo para reabrir inconformidades frente a decisiones
judiciales desfavorables, especialmente cuando estas se sustentan en la
valoración de pruebas o en la interpretación razonable del ordenamiento legal.
La improcedencia se refuerza si el conflicto carece de interés general, no
afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental y se limita a un debate
estrictamente legal o económico, sin dimensión constitucional.

5.4. El señor Rodríguez Muñoz alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia con fundamento en la alegada exclusión arbitraria de la regla de
imputación de pagos del Código Civil para liquidar el crédito.

El accionante argumentó que la providencia judicial acusada incurrió en
defecto sustantivo al apartarse sin justificación de lo regulado en el artículo
1653 del Código Civil; en defecto procedimental al desconocer la sentencia del
5 de octubre de 2021 que resolvió las excepciones, sobre la existencia de
pagos parciales y su imputación conforme al artículo 1653 del CC; y en
desconocimiento del precedente judicial, debido a que el tribunal accionado se
basó en una posición aislada del Consejo de Estado sin explicar su preferencia
respecto de otros fallos que si aplicaron el artículo 1653 del CC.

La Sala advierte que los fundamentos de la acción de tutela evidencian el
desacuerdo del actor con el fundamento jurídico expuesto por el tribunal
accionado para inaplicar el artículo 1653 del CC al caso analizado. Sin
embargo, se considera que la aplicación e interpretación de las normas con
miras a efectuar la liquidación del crédito en un proceso ejecutivo es de
competencia exclusiva del juez natural de la causa y no del juez de tutela.

En otras palabras, estos cargos se enmarcan en una controversia
estrictamente legal que, en principio, escapa del control del juez constitucional.
Corresponde a los jueces del proceso ejecutivo, en ejercicio de su autonomía
e independencia, establecer e interpretar el marco jurídico que respalda sus
decisiones.

Ahora, esta Sala no desconoce que la discusión sobre la aplicación del artículo
1653 del Código Civil en la liquidación de los créditos dentro de procesos
ejecutivos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no ha sido
8

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pacífica en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Se advierte que el tema
ha sido abordado por las Secciones Segunda y Tercera de esta Corporación;
no obstante, por tratarse este caso de procesos ejecutivos originados en
sentencias que reconocen derechos pensionales, lo pertinente es limitar el
análisis a los antecedentes jurisprudenciales de la Sección Segunda.

Se estableció que, al momento de proferirse el auto acusado, coexistían
posturas divergentes en las Subsecciones A y B de la Sección Segunda sobre
la aplicación del artículo 1653 del Código Civil en procesos ejecutivos
relacionados con asuntos pensionales. La Subsección A 10 defiende la
aplicación de esta disposición normativa a partir de una interpretación
analógica que garantiza el derecho a la igualdad, apoyándose en el artículo 8
de la Ley 153 de 1887 11 . En contraste, la Subsección B 12 rechaza dicha
aplicación porque considera que no hay semejanza entre las materias.
Argumentó que las obligaciones pensionales tienen una naturaleza especial -
pues incluyen retroactivos e indexación- y se enmarcan en una relación entre
el Estado y un particular, diferente de las obligaciones civiles que regula la
norma en cita.

Así las cosas, frente a la existencia de posiciones divergentes y vigentes en la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la
aplicación del artículo 1653 del Código Civil en procesos ejecutivos de
naturaleza pensional, corresponde exclusivamente al juez natural de la causa,
en ejercicio de su autonomía judicial, determinar cuál de esas posturas resulta
aplicable al caso particular. En este contexto, el Tribunal Administrativo de
Santander optó por acoger una de las tesis vigentes dentro de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo cual constituye el ejercicio legítimo de su
función de interpretación y aplicación del derecho. Este tipo de
determinaciones, que se enmarcan en una controversia eminentemente legal,
escapan del ámbito de competencia del juez constitucional, pues no
comprometen por sí mismas el contenido esencial de un derecho fundamental
ni configura una cuestión de relevancia constitucional.

5.5. Esta Sala advierte que además de tratarse de un asunto estrictamente legal
cuya resolución corresponde al juez del ejecutivo, la discusión que plantea el
accionante se enmarca en una controversia claramente patrimonial que carece
de relevancia constitucional, de conformidad con lo establecido en la sentencia
SU-215 de 2022. En efecto, lo que se debate no es el reconocimiento de la

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de julio de
2024. Proceso ejecutivo laboral nro. 05001-23-33-000-2019-01693-02 (5992-2022). M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
Se relaciona el siguiente por estimarlo relevante:
«El Consejo de Estado ha explicado que no existe una norma jurídica especial que permita determinar cómo deben
distribuirse los pagos que realiza el Estado para satisfacer las obligaciones que están a su cargo, consignadas en
documentos que presten mérito ejecutivo, si primero a capital y luego a intereses o viceversa. Por lo anterior, de acuerdo
con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, «cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las
leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de
derecho». Así las cosas, a falta de una norma que regule de manera especial la imputación de pagos cuando la parte
deudora es una entidad del Estado, resulta procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil. Igual criterio ha sido fijado
por la Sección Tercera (..)»
11
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la Ley 57 de 1887 Artículo 8. Cuando no
hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y
en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de mayo
de 2024. Proceso ejecutivo laboral nro. 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
Se relaciona el siguiente aparte de la providencia, por estimarlo pertinente:
«145. A pesar de que el artículo 1653 mencionado fue creado para ese tipo de relaciones jurídicas [entre personas de
derecho privado], esta corporación ha acudido a su aplicación con fundamento en que el Código Civil estableció el régimen
general de las obligaciones y porque así se permite en virtud del artículo 8 de la Ley 153 de 1887, conforme con el cual
«[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho». 146. Sin embargo, para la
Sala, el artículo 1653 del Código Civil no puede aplicarse automáticamente en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 8 de la Ley 153 de 1887, especialmente cuando se trata de asuntos pensionales, pues esta última establece una
regla de aplicación normativa que parte de la existencia de materias semejantes y, para estos casos, se encuentran
diferencias sustanciales como la relación jurídica [Estado - particular] y la naturaleza de la obligación principal que debe
satisfacerse, como es el pago de mesadas pensionales [retroactivo e indexación].»
9

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obligación pensional, que ya fue establecida en el proceso declarativo, ni la
existencia de un crédito, dado que fue reconocido en el curso del proceso
ejecutivo, sino la forma en que deben imputarse los pagos parciales para
liquidarlo, a partir de la eventual aplicación del artículo 1653 del Código Civil.
Esto evidencia que el debate no compromete el contenido de un derecho
fundamental, sino que se reduce a definir el valor en que se deberá pagar la
obligación previamente reconocida.
En ese sentido, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha
insistido en la improcedencia de la acción de tutela cuando la cuestión que se
debate tiene contenido meramente económico o patrimonial. En la sentencia
SU-215 de 202, se indicó expresamente que un asunto carece de relevancia
constitucional cuando «sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse
de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares, que no
representan un interés general». Justamente en este caso se discute una
diferencia relativa a la imputación de pagos en un proceso ejecutivo que no
implica una grave afectación a los derechos fundamentales, sino una
discrepancia sobre el contenido económico de una obligación ya declarada.
5.6. Finalmente, esta Sala advierte que, aunque los adultos mayores gozan de
especial protección constitucional -situación que en algunos eventos podría
flexibilizar el presupuesto de relevancia constitucional-, en el caso concreto no
se evidencia que el actor enfrente una afectación a su mínimo vital que
comprometa su vida en condiciones dignas.
Tampoco que la providencia acusada afecte el reconocimiento de sus
mesadas pensionales. De hecho, Colpensiones advirtió que en la actualidad
el actor percibe la mesada pensional que le fue reconocida en sentencia y que
es superior a los tres SMLMV y allegó el respectivo certificado13. Lo que se
discute es la regla de imputación de pagos que debe aplicarse al caso
particular, discusión que, como antes se indicó, se enmarca en una cuestión
meramente legal y económica que no evidencia un compromiso de los
derechos fundamentales del actor.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, por no cumplir a cabalidad los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente el de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación incoada por Scotiabank Colpatria S.A.,
Bancolombia S.A., Banco Pichincha S.A., Banco Agrario, Banco Caja
Social S.A. y Banco Sudameris S.A., de acuerdo con lo establecido en el
acápite de cuestión previa de este fallo.

2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Luis Hernando
Rodríguez Muñoz, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

13
Certificación de pensión con fecha de emisión del 4 de marzo de 2025, correspondiente al pensionado Luis Hernando
Rodríguez Muñoz. Samai, índice 18.
10

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3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11

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