Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02949-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Carencia actual de objeto por hecho superado: no se configura
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02949-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-02949-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
11 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDCIAL - Ampara / DEFECTO SUSTANTIVO - Por desconocimiento de la norma aplicable al caso / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - No se acreditó la desmejora del servicio con la persona designada en encargo / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Controvierte declaratoria de insubsistencia de Directora Regional del SENA - Cesar / VINCULO CON LA REGIÓN - Requisito para desempeñar el cargo, no contempla excepciones
A juicio de la Sala, la sentencia en que se apoyó la Sección Segunda para sustentar su tesis no resulta aplicable al caso concreto, habida cuenta que el cargo de gobernador no es equiparable a uno de libe remoción como lo es el de la actora, en tanto que su naturaleza, vinculación y demás aspectos esenciales de los mismos, se rigen por normativa sustancialmente diferente. Siendo ello así, resulta claro para la Sala que la Sección Segunda de esta Corporación sí desconoció el artículo 24 de la Ley 909, pues los argumentos expuestos para justificar el nombramiento de una funcionaria en encargo sin el lleno de los requisitos exigidos para desempeñarlo, no resultaban aplicables al caso concreto y contravienen lo ordenado por la norma que regula expresamente la situación bajo análisis. (…). Ahora bien, se advierte que la accionada profirió fallo de reemplazo (…), en el que, para efecto de resolver el problema jurídico, se analizó y aplicó en debida forma el artículo 24 de la Ley 909, razón por la que la vulneración de los derechos fundamentales de la actora cesó, pero en cumplimiento de la sentencia impugnada. (…) Así las cosas, es evidente que la cesación de la vulneración de los derechos (…) se produjo en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera instancia, razón por la que la Sala considera que (…) es del caso confirmar el fallo impugnado (…).
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO - No se configura / REINTEGRO DEL EMPLEADO AL CARGO DEL CUAL FUE DESVINCULADO - Ante la imposibilidad de cumplir la orden se podrá solicitar al juez la fijación de una indemnización compensatoria
Sea lo primero advertir que uno de los argumentos expuestos por el SENA en su escrito de impugnación fue la existencia de un hecho superado debido a que el cargo que desempeñaba la accionante ya fue provisto por la persona que superó el concurso de méritos convocado para el efecto. Al respecto, la Sala considera que dicho argumento no puede ser considerado como constitutivo de un hecho superado debido a que la actora cuestiona los defectos en que incurrió una providencia judicial proferida al interior de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se demandó la declaratoria de insubsistencia, por lo que la designación del nuevo funcionario no influye en la controversia ventilada al interior del proceso ordinario, más aún si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 189 del CPACA, en los eventos en que resultare imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado, se podrá solicitar al juez la fijación de una indemnización compensatoria. (…).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / LEY 119 DE 1994 - ARTÍCULO 21 / LEY 190 DE 1995 - ARTÍCULO 5 / LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 24 - INCISO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02949-01(AC)
Actor: CARMEN MARLENE QUINTERO ROMERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA - SUBSECCION B
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el Director Regional del SENA en el Departamento del Cesar y el Consejero de Estado doctor Carmelo Perdomo Cuéter contra la sentencia de 12 de diciembre de 2018, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora.
ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La ciudadana CARMEN MARLENE QUINTERO ROMERO, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
I.2 Hechos
Manifestó que la Dirección Nacional del SENA, mediante Resolución 00744 de 24 de mayo de 2013, declaró insubsistente su nombramiento como Directora Regional Grado 5 de la Regional Cesar.
Adujo que contra dicho acto administrativo interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en atención a que, a su juicio, fue expedido irregularmente por razones diferentes al mejoramiento del servicio, con desviación y abuso de poder y en desconocimiento del vínculo de la región.
Sostuvo que la demanda fue conocida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que en sentencia de 1° de octubre de 2015, denegó las pretensiones de la demanda por considerar que: i) no se acreditó la desmejora del servicio; ii) tampoco existió desviación y/o abuso del poder, si se tiene en cuenta que la persona que ocupó el cargo con posterioridad reunía los requisitos previstos en el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales, para desempeñarlo; y iii) si bien, dentro de los requisitos para ocupar el cargo de Director Regional del SENA se exige que el aspirante esté vinculado a la respectiva región de nombramiento, lo cierto es que este requerimiento se encontraba establecido para la persona que aspire a ser escogido por el Gobernador del Departamento para ocupar el cargo en propiedad luego de adelantar el concurso de méritos y no a quien se desempeña en encargo.
Indicó que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, para lo cual argumentó que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 119 de 9 de febrero 1994, para ser nombrado como Director Regional es necesario tener un vínculo con la región, lo cual también es exigido en el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos del SENA, contenido en la Resolución 986 de 25 de mayo 2007, modificada por la Resolución 2191 de 25 de noviembre de 2011. Que aceptar la interpretación efectuada por el Tribunal, implicaría la transgresión de la normativa en comento y del inciso 3° del artículo 24 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, según la cual los empleos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados que cumplan con los requisitos y el perfil para su desempeño.
Recordó que el artículo 5° de la Ley 190 de 6 de junio de 1995 prevé que, en caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del mismo, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.
A su juicio, en atención a que la persona que ocupó el cargo posteriormente no tenía vínculo con la región al momento de su nombramiento, el acto demandado debía ser declarado nulo debido a que infringía las normas en que debía fundarse.
Puso de manifiesto que el recurso de apelación fue resuelto por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado, en sentencia de 21 de junio de 2018, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, para lo cual tuvo como fundamento la sentencia dictada por la Sección Quinta de esa Corporación el 8 de septiembre de 2017, en la que se consideró que:
“[…] los encargos temporales originados en situaciones de urgencia no pueden estar sujetos a los mismos requisitos y ritualidades que debe cumplir el posterior acto electoral, por el cual se suple la falta absoluta o temporal, ya que dichas exigencias podrían impedir a la autoridad competente designar prontamente a las autoridades territoriales y evitar de esa manera perturbaciones al orden público originadas en la ausencia del gobernante.
En atención a lo expuesto, la Sala considera que ante la ocurrencia de la falta temporal de un gobernador, la persona nombrada temporalmente y con carácter de urgencia por el Presidente de la República en encargo, de manera previa a la remisión de la terna por parte de la agrupación política o coalición por la cual fue inscrito el gobernador elegido popularmente, no necesariamente debe pertenecer a dicha agrupación política o coalición. Lo anterior debido a que el carácter de urgencia, se reitera, de dicho nombramiento, originado en la necesidad de evitar un vacío de poder, exime el cumplimiento de tal requisito fijado por el artículo 303 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el cual solamente puede ser exigido respecto de la persona que supla definitivamente la falta temporal […]”.
Explicó que con fundamento en lo anterior, el juez de segunda instancia consideró que el servidor público designado en encargo debía cumplir los requisitos del empleo, empero, en el caso del Director Regional del SENA, en lo que respecta al requisito de estar vinculado a la región, no era necesario exigir tal condición, debido a la urgencia de designar a un empleado y en aras de no perturbar la continuidad del servicio público, de tal manera que dicha condición sí es exigible ineludiblemente, solamente cuando el nombramiento sea definitivo.
Advirtió que la Sección Segunda del Consejo de Estado estimó que la urgencia se evidenció, por cuanto el mismo día en que se expidió su acto de retiro, se dio apertura al procedimiento de selección público y abierto para integrar la terna de elegibles que debía enviar el Gobernador del Cesar, por lo que la designación de la funcionaria en encargo ameritó urgencia con el fin de no afectar el servicio público en sus labores primordiales.
Puso de manifiesto que la accionada también fundamentó su decisión en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 15 de septiembre de 2016.
A su juicio, la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que se incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. Ello por cuanto la autoridad judicial accionada desconoció el hecho notorio de que el debate se daba en el curso de una inhabilidad para ocupar un cargo de dirección a través de la figura del encargo, la cual está expresamente regulada por una normativa que no se tuvo en cuenta para adoptar la decisión, esto es los artículos 19 y 24 de la Ley 909, los cuales exigen el cumplimiento de los requisitos y perfil para el desempeño de cargos en encargo, de tal manera que si el funcionario reemplazante no reúne los requisitos para ocupar el cargo y sí los demuestra el empleado declarado insubsistente, resulta forzoso concluir que no se puede predicar la mejora del servicio como sucedió en su caso.
Expresó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que la desviación de poder se configura en aquellos eventos en que se demuestra que el reemplazo efectuado por la administración luego de la declaratoria de insubsistencia no reúne los requisitos indispensables para el ejercicio. De igual forma se refirió, específicamente, a las sentencias de 11 de febrero de 2015 y 26 de septiembre de 1994, en las que esta Corporación manifestó que, para efecto de calificar la no idoneidad del reemplazo, el Juez debe cuantificar los requisitos mínimos para el desempeño del cargo, debido a que, en principio, el acto administrativo de nombramiento de un empleado es ajeno y autónomo a la declaratoria de insubsistencia, de tal manera que la eventualidad del primero no incide en la legalidad del segundo, razón por la que debe probarse que el reemplazo no reunió los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo o, en su defecto, que las calidades del nuevo funcionario eran evidentemente inferiores de las de la funcionaria saliente, de suerte que se patenticen las dificultades en la prestación del servicio generada por su retiro.
Estimó que la urgencia alegada por la Sección Segunda del Consejo de Estado se desvirtúa por el hecho de que con posterioridad al nombramiento de su reemplazo, ejerció el cargo por 11 días más, debido a que la nueva funcionaria no compareció a recibir su cargo dentro de los 3 días siguientes a su posesión, conforme lo exigía la resolución de nombramiento. Aseguró que a folios 136, 528 y 529 del expediente, obraban las pruebas documentales que daban cuenta del pago que le fue efectuado por concepto de los días laborados de manera adicional a la entrega de su cargo, así como también lo ponen de presente los señores José Fernando Díaz Parodi y Betty Beatriz Benitez Vásquez en sus testimonios rendidos al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, en atención a que la autoridad judicial fundamentó su decisión en una suposición sin soporte probatorio alguno, pues afirmó que, según los testigos, la funcionaria encargada ejerció sus funciones de manera virtual y podía asistir dos o una vez a la semana, y, que, si bien, existieron retrasos en la entrega de dotaciones y conoció el informe de gestión de la empleada saliente meses después de su retiro, lo cierto es que no existía certeza de la afectación al servicio público y, por el contrario, da cuenta que la entidad procuró que no se paralizara el servicio mientras se elegía a la persona que ocupara el cargo definitivamente, por lo que consideró que no se encontraba probado el caos administrativo endilgado por la actora.
A su juicio, es evidente la falta de valoración probatoria y el análisis en conjunto del material recaudado con fundamento en el principio de la sana crítica.
Aseguró que la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio sobre sus calidades como funcionaria y la violación de normas internas existentes al interior de la entidad, contentivas de los requisitos mínimos para el desempeño del cargo de director regional y, por el contrario, se concentró en pruebas específicas y aisladas, así como en el debate de la “Urgencia” en cargos de elección popular para ocupar el cargo referido mediante encargo, lo que, en su sentir, no tiene relación con el caso concreto.
I.3 Pretensiones
La actora solicitó lo siguiente:
“[…] Como quiera que se ha evidenciado que las irregularidades anotadas tienen un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, de fecha 21 de junio de 2018, dentro del proceso con radicado 20001-23-33-000-2014-00005-01 (4667-2015), Actor: CARMEN MARLENE QUINTERO ROMERO, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, medio de control: Nulidad y Restablecimiento), que afecta el derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, le solicito a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que proceda a dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, ordenando proferir nuevo fallo accediendo a las pretensiones de la demanda […]”.
I.4 Defensa
I.4.1.- El SENA manifestó estar de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Sección Segunda del Consejo de Estado, en atención que están ajustadas a la ley y la jurisprudencia.
Respecto del caso concreto sostuvo que la declaratoria de insubsistencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción es un acto discrecional que no tiene por qué ser motivado.
Precisó que el cargo de Director Grado 5 del SENA Regional Cesar es de libre nombramiento y remoción y la autoridad competente para la declaratoria de insubsistencia es el Director General, que fue precisamente quien expidió la Resolución 00744 de 24 de mayo de 2013, lo que pone de manifiesto que dicho acto fue emitido de forma regular y de conformidad con los preceptos legales, por lo que se descarta la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.
I.4.2.- El Consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter manifestó que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite del amparo solicitado y, en relación con los motivos de inconformidad de la actora, respecto de la providencia de 21 de junio de 2018, sostuvo que las razones que sirvieron para fundamentar su decisión están consignadas en la parte motiva de la sentencia.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2018 amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora y, en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia de 21 de junio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y le ordenó que, en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esa providencia, profiriera una decisión de reemplazo de acuerdo con los parámetros fijados en la parte motiva de la sentencia.
Para el efecto, se refirió a los argumentos expuestos por la Sección Segunda de esta Corporación, respecto de los cuales consideró lo siguiente:
-. En relación con el defecto fáctico alegado, encontró que la autoridad judicial accionada sí se pronunció sobre la idoneidad de la actora para ejercer el cargo de directora regional, lo cual no inhabilita al nominador para declarar la insubsistencia del cargo dada su naturaleza de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, consideró que dicho cargo no estaba llamado a prosperar.
-. En cuanto al defecto sustantivo alegado, manifestó que dicho cargo debe prosperar en atención a que las consideraciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en torno a que el requisito del vínculo con la región no es una exigencia que deba cumplirse cuando se efectúa el nombramiento en encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción dada la urgencia de designar a un empleado mientras se surtía el proceso de selección, desconoce el artículo 24 de la Ley 909.
Argumentó que el legislador en la norma en comento previó la posibilidad de proveer empleos de carrera a través del encargo y, de manera expresa, estableció el deber de cumplir los requisitos y el perfil para el cargo, sin excepciones.
Puso de manifiesto que en términos similares, el artículo 21 de la Ley 119, ordenó como uno de los requisitos para desempeñar el cargo de director regional del SENA el vínculo con la región. De dicha disposición destacó que tampoco previó excepciones.
Siendo ello así, consideró que de las normas en comento le resultaba claro advertir que el funcionario que acceda al nombramiento en el cargo de director regional del SENA, aún cuando sea a través del nombramiento en encargo, debe cumplir todos los requisitos establecidos para el efecto, dentro de los cuales se encuentra el vínculo a la región.
De igual forma, argumentó que la urgencia por designar un empleado tampoco habilita al nominador para omitir la mencionada exigencia expresamente ordenada en la Ley para ocupar el cargo de director regional del SENA.
Finalmente, resaltó que la razón de su decisión es la siguiente:
“[…] Encuentra la Sala que el principal argumento expuesto por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado para efectos de fundamentar la decisión objeto de tutela, consistió en que no se habría demostrado una desmejora en el servicio con el nombramiento de Martha Lucía Ducón Fonseca en el cargo de directora regional del SENA, cargo que ocupaba la actora, aun cuando no cumplía el requisito de estar vinculada a la región, pues el mismo, a su juicio, no es exigible porque fue nombrada en encargo mientras se terminaba el proceso de selección.
Frente a ello, para la Sala dicha tesis resulta contraria al ordenamiento jurídico, pues la normatividad vigente ha establecido que aun cuando se trate de un nombramiento en encargo, el funcionario deberá acreditar los requisitos y el perfil establecido para tal efecto.
Con fundamento en lo anterior, corresponde a la autoridad judicial accionada estudiar nuevamente el cargo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora contra el acto administrativo que la declaró insubsistente como directora regional del SENA, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico relativo a la exigencia del cumplimiento de los requisitos previstos para ese empleo, y que como se señaló no prevé excepciones según la naturaleza del nombramiento o por la urgencia de designar un empleado mientras finaliza el proceso de selección […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
III.1.- El SENA puso de manifiesto que había carencia actual de objeto por hecho superado que torna inane el amparo solicitado, así como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para el efecto, explicó que la resolución a través de la cual se declara insubsistente a la actora obedece a la facultad discrecional, que no está condicionada al nombramiento posterior en encargo de una funcionaria que no estuviese vinculada con el Departamento del Cesar.
Agregó que los efectos del encargo cesaron una vez se proveyó el cargo al surtirse el correspondiente proceso de méritos, razón por la que se deben respetar los derechos de la persona que actualmente ocupa ese cargo, que aunque sigue siendo de libre nombramiento y remoción es producto de un proceso público de méritos. Citó apartes de la sentencia T-118 de 2017 que se refieren al hecho superado.
Recordó que mediante Resolución 744 de 24 de mayo de 2013 se declaró insubsistente a la actora. Posteriormente, en Resolución 755 de 27 de mayo de 2013, encargó en su reemplazo a la doctora Martha Lucía Ducón Fonseca, quien se desempeñaba como Subdirectora de Centro grado 2 en la Regional Santander con sede en Barrancabermeja.
Destacó que los actos en mención son diferentes, habida cuenta que el primero fue expedido en ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción que tiene para declarar insubsistente a los Directores Regionales; y el segundo se expidió de manera transitoria mientras se realizaba el procedimiento meritocrático.
Argumentó que, aunque la designación del encargo estuviese presuntamente viciada, no afecta la primera resolución, aunado al hecho que, en la actualidad, el encargo ya no existe porque el cargo fue provisto por concurso de méritos, razón por la que la tutela resulta inane.
A su juicio, la designación de una funcionaria en encargo no desmejora el servicio, porque la discrecionalidad no está condicionada a ningún otro requisito diferente al libre ejercicio por parte del nominador y porque el encargo tenía como fin adelantar el procedimiento público para proveer el cargo en propiedad.
De otra parte, argumentó que el fallo impugnado vulnera la autonomía que tiene el juez natural, teniendo en cuenta que su interpretación sobre el artículo 21 de la Ley 119 no es arbitraria.
Expresó que los pareceres o interpretaciones más adecuadas posibles y cualquier otro argumento que un juez tenga sobre el pronunciamiento efectuado por otra autoridad judicial, no son atendibles en sede de tutela, lo que pone de manifiesto que el defecto sustantivo solamente se observa en la aplicación de una norma o una interpretación que no resista el más mínimo análisis jurídico. En consecuencia, si el juez ordinario ofrece una explicación a la interpretación de la norma, el juez constitucional no puede invadir la competencia para convertirse en una tercera instancia, porque ello transgrede el artículo 228 de la Constitución Política.
Anotó que la Sección Segunda interpretó el alcance del artículo 21 de la Ley 119 y, además, apoyó su decisión en un pronunciamiento efectuado por la Sección Quinta en un asunto similar, lo que da cuenta de la existencia de un razonamiento plausible, posible, mínimo y autónomo, el cual no puede ser soslayado en sede de tutela, pues de lo contrario, el amparo constitucional sería una tercera instancia.
Finalmente, resaltó lo siguiente:
“[…] Las Secciones Quinta y Segunda llegaron a la conclusión de que el requisito de vinculación a la región se exige cuando el cargo se va a proveer como resultado de un proceso de nominación público y abierto (meritocrático), y no cuando se encarga transitoriamente a un empleado de la misma institución mientras se realiza la respectiva convocatoria y se provee el cargo. En cambio, la Sección Cuarta considera, simplemente, que la norma no hace diferencia alguna. Ésta última interpretación se puede imponer dentro del proceso ordinario, pero no en el proceso breve que regula la acción de tutela, porque los procesos judiciales se harían interminables y se atenta contra la seguridad jurídica.
[…]
El defecto sustantivo que hace viable la tutela debe originarse en una interpretación absurda, no en pareceres. La diferencia entre la vía ordinaria y la acción de tutela, en cuanto a interpretación de la norma aplicable, radica en que para que el amparo constitucional sea viable se requiere que el juez ordinario no haya ofrecido una interpretación razonable sino arbitraria o evidentemente contraria al más mínimo razonamiento […]”.
III.2.- El Consejero de Estado, ponente de la providencia cuestionada, doctor Carmelo Perdomo Cuéter, adujo que el defecto endilgado es el sustantivo en el que, según la jurisprudencia constitucional, se incurre cuando se desconocen preceptos normativos porque la controversia es decidida con fundamento en una norma: i) inaplicable al caso concreto ya sea por estar derogada, declarada inexequible o anulada; ii) que versa sobre otro asunto que no guarda relación con lo decidido; y iii) la interpretación que hace el juez de ella no es razonable u omite emplearla. Para el efecto, citó apartes de la sentencia T- 259 de 2012, según la cual, el defecto sustantivo procede ante una irregularidad de alta trascendencia que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de derechos constitucionales.
Resaltó que en el caso concreto, la decisión adoptada no fue producto de una arbitrariedad en la aplicación de las normas concernientes al encargo, sino que, por el contrario, estuvo orientada a mandatos superiores de interés general, como lo es la no afectación del servicio de la administración pública, sin que ello implique el quebranto de los derechos subjetivos de la accionante, más aún si se tiene en cuenta que el recurso de apelación en el trámite ordinario se encausó hacía el desmejoramiento del servicio.
Explicó que la figura del encargo empleada por la administración como forma de proveer temporalmente el empleo de director regional grado 5, no fue resultado de un acto arbitrario para soslayar los derechos subjetivos de la actora, dado que esta no logró demostrar que el acto de insubsistencia tuviera como causa eficiente el encargo efectuado frente al que era su empleo con el fin de favorecer a la persona designada, toda vez que el mismo día en el que se expidió el acto de retiro se dio apertura al procedimiento de selección público y abierto a partir del 27 de mayo de 2013, para proveer el cargo de director general grado 5, por lo que la designación de la señora Martha Lucía Ducón en encargo, ameritó urgencia, con el propósito de no afectar el servicio público en sus labores primordiales.
Señaló que la sentencia impugnada no advirtió que en la decisión objeto de tutela se tuvo como precedente el fallo de 8 de septiembre de 2017, en el que la Sección Quinta al estudiar un caso concerniente al encargo efectuado por el presidente de la República en un empleo de gobernador sin que la persona perteneciere a la misma agrupación política o de coalición de quien reemplazó, mientras la agrupación política enviaba la respectiva terna, precisó lo siguiente: "[…] los encargos temporales originados en situaciones de urgencia no pueden estar sujetos a los mismos requisitos y ritualidades que debe cumplir el posterior acto electoral, por el cual se suple la falta absoluta o temporal, ya que dichas exigencias podrían impedir a la autoridad competente designar prontamente a las autoridades territoriales y evitar de esa manera perturbaciones al orden público originadas en la ausencia del gobernante […]”.
Explicó que no ahondó más acerca de la condición de la vinculación a la región de la persona encargada, habida cuenta que el análisis de este cargo estuvo enfocado en la continuidad y no afectación del servicio oficial, más aún si la actora alegó dicha circunstancia como un desmejoramiento de este, razón por la que se dio prelación al servicio público frente a la ausencia de la exigencia del vínculo.
Manifestó que le estaba vedado ir más allá del argumento de la accionante acerca del desmejoramiento del servicio ante la falta de vinculación de la encargada a la región, cuando el acto administrativo de encargo no fue objeto de demanda dentro del medio de control, ni mucho menos, si la demandante no demostró que tal situación administrativa tuviese un nexo de causalidad con su desvinculación, como lo es la finalidad de favorecer a quien se encargó.
Argumentó que, si bien, el artículo 24 de la Ley 909 prevé que los empleos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción que cumplan los correspondientes requisitos y perfil, que para el caso del director regional grado 5 del SENA el artículo 21 de la Ley 119 exige, entre otros, el vínculo con la región, lo cierto es que al examinar el caso concreto no desconoció dichos mandatos de manera caprichosa o arbitraria, habida cuenta que se estudiaron bajo la óptica de la continuidad del servicio público ante la insubsistencia de la actora, el nexo causal con su desvinculación y la no afectación de los derechos subjetivos de esta, con fundamento en la jurisprudencia de la Corporación acerca de tal situación administrativa.
A su juicio, la sentencia de tutela impugnada se redujo expresamente a lo dispuesto en las leyes 909 y 119, sin desvirtuar con suficiencia argumentativa el fundamento aducido en el fallo ordinario, así como tampoco explicó la trascendencia constitucional de que dicha interpretación constitucional debe prevalecer sobre el interés general, pues echó de menos el análisis del nexo causal entre la desvinculación de la actora y el encargo, más aún si se tiene en cuenta que el acto de encargo se expidió como forma de provisión temporal del empleo mientras se efectuaba el procedimiento de selección.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela contra providencias judiciales
En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" \o "" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" \o "" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" \o "" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" \o "" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" \o "" [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" \o "" [11].
i. Violación directa de la Constitución [...]”.
Cuestión previa
La Sala al revisar el expediente de la referencia encontró que la sentencia de primera instancia fue notificada a las partes el día 14 de enero de 2019.
El SENA impugnó la providencia el día 14 de enero de 2019, razón por la que el a quo la concedió mediante proveído de 18 de enero del presente año. Estando el expediente en Secretaría General para efecto de notificar dicha providencia, este subió nuevamente al Despacho con la impugnación presentada por el Consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter el día 16 de enero de 2019, conforme consta en el sello de recibido de la Secretaría General, respecto de la cual la Sección Cuarta no hizo pronunciamiento alguno y fue enviada a esta Sección para efecto de que se surtiera la segunda instancia.
De lo descrito se advierte que la Sección Cuarta no concedió la impugnación presentada por el Consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter en el auto de 18 de enero de 2019, pues, por un error involuntario de la Secretaría General, el escrito contentivo de la misma no obraba en el expediente al momento de proferir la providencia, razón por la que, en aras de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y el derecho al debido proceso, la Sala se pronunciará sobre los reparos manifestados por el Magistrado ponente respecto de la decisión que aquí se cuestiona, teniendo en cuenta que los mismos se presentaron dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 19 de diciembre de 1991.
Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la tutela plantea, con suficiente carga argumentativa, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión del defecto sustantivo que, en criterio de la actora, incurrió el Juez accionado; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de Jurisprudencia (artículo 256 y ss., idem); la providencia fue notificada el 13 de julio de 2018 y la acción de tutela se interpuso el 28 de agosto de 2018, es decir, en un plazo razonable y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde examinar si la Sección Segunda de esta Corporación vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora.
Caso concreto
En el presente caso se advierte que la actora pretende dejar sin efecto la sentencia de 21 de junio de 2018, por medio de la cual la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado confirmó el fallo de 1° de octubre de 2015 en el que el Tribunal Administrativo del Cesar, denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la actora contra la Resolución 744 de 24 de mayo de 2013, expedida por el SENA que declaró su insubsistencia.
A juicio de la actora, la Sección Segunda de esta Corporación incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, con fundamento en lo siguiente:
-. Defecto Sustantivo: Argumentó que, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 24 de la Ley 909, las personas designadas en encargo están obligadas a cumplir los requisitos y el perfil que este exige. En consecuencia, si contrario al funcionario declarado insubsistente, la persona encargada no reúne los requerimientos que demanda el ejercicio del empleo, no es posible asegurar que el servicio se mejoró con la designación del nuevo funcionario.
Agregó que la referida posición ha sido adoptada por la Sección Segunda de esta Corporación en otras oportunidades, para lo cual se refirió a diversas sentencias, de las cuales solamente identificó correctamente la proferida el 11 de febrero de 2015.
-. Defecto Fáctico: Aseguró que, contrario a lo afirmado en la sentencia cuestionada, en el expediente obraba el material probatorio suficiente que daba cuenta de la desmejora del servicio con la persona designada en encargo.
La Sección Cuarta de esta Corporación al resolver la acción de tutela consideró que no se configuró el defecto fáctico. No obstante, a su juicio, sí encontró demostrado el defecto sustantivo, si se tiene en cuenta que el artículo 24 de la Ley 909 ordenó que para proveer cargos de carrera en encargo, era necesario cumplir los requisitos y el perfil que el empleo exige; en consecuencia, comoquiera que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 119, para desempeñar el cargo de director regional del SENA se exige el vínculo con la región, era del caso que la autoridad judicial accionada estudiara nuevamente el cargo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En sede de impugnación, el SENA manifestó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, habida cuenta que el nombramiento de la persona encargada se efectuó hasta tanto se llevara a cabo el correspondiente concurso de méritos, el cual ya culminó y con ocasión del mismo se designó al correspondiente funcionario, razón por la que sus derechos no pueden resultar afectados. Asimismo, argumentó que el acto de declaratoria de insubsistencia difiere del acto de nombramiento en encargo, pues el primero obedece a la discrecionalidad de la administración y el segundo subsistía hasta la culminación del concurso y designación del nuevo funcionario.
Finalmente, expuso que la interpretación de la Sección Segunda del artículo 21 de la Ley 119 no fue caprichosa y obedece a la facultad del juez natural, razón por la que la acción de tutela no resulta procedente para exponer interpretaciones normativas distintas a la del juez de conocimiento.
Por su parte, el Magistrado ponente de la providencia que se cuestiona adujo que no se configuró el defecto sustantivo, debido a que su interpretación de las normas que regulan la figura del encargo no fue caprichosa y obedeció a los planteamientos expuestos por la actora en su recurso de apelación, esto es, a demostrar la afectación en la prestación del servicio con el nombramiento de la funcionaria en su reemplazo.
Argumentó que le estaba vedado ir más allá del argumento de la accionante acerca del desmejoramiento del servicio ante el incumplimiento del requisito del vínculo con la región, más aún si el acto de encargo no fue demandado, ni mucho menos, si la demandante no demostró que tal situación administrativa tuviese un nexo de causalidad con su desvinculación, como lo es la finalidad de favorecer a quien se encargó.
Argumentó que, si bien el artículo 24 de la Ley 909 prevé que los empleos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción que cumplan los correspondientes requisitos y perfil, que para el caso del director regional grado 5 del SENA el artículo 21 de la Ley 119 exige, entre otros, el vínculo con la región, lo cierto es que al examinar el caso concreto no desconoció dichos mandatos de manera caprichosa o arbitraria, habida cuenta que se estudiaron bajo la óptica de la continuidad del servicio público ante la insubsistencia de la actora, el nexo causal con su desvinculación y la no afectación de los derechos subjetivos de esta, con fundamento en la jurisprudencia de la Corporación acerca de tal situación administrativa.
Visto lo anterior, corresponderá a la Sala determinar si la Sección Segunda de esta Corporación incurrió en un defecto sustantivo por la presunta inobservancia del artículo 24 de la Ley 909 para resolver el asunto que le fue expuesto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la actora contra el acto administrativo que declaró su insubsistencia.
Sea lo primero advertir que uno de los argumentos expuestos por el SENA en su escrito de impugnación fue la existencia de un hecho superado debido a que el cargo que desempeñaba la accionante ya fue provisto por la persona que superó el concurso de méritos convocado para el efecto.
Al respecto, la Sala considera que dicho argumento no puede ser considerado como constitutivo de un hecho superado debido a que la actora cuestiona los defectos en que incurrió una providencia judicial proferida al interior de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se demandó la declaratoria de insubsistencia, por lo que la designación del nuevo funcionario no influye en la controversia ventilada al interior del proceso ordinario, más aún si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 189 del CPACA, en los eventos en que resultare imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado, se podrá solicitar al juez la fijación de una indemnización compensatoria.
Aclarado lo anterior, la Sala encuentra que la actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 00744 de 24 de mayo de 2013, por medio de la cual la Directora Nacional del SENA declaró su insubsistencia en el cargo de Directora Regional Grado 5 de la Regional Cesar. A título de restablecimiento del derecho, la actora solicitó su reintegro con efectos a partir de la fecha del retiro y el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.
A juicio de la accionante el acto demandado es nulo porque fue expedido de forma irregular, en atención a que obedeció a razones diferentes al mejoramiento del servicio y con desviación y abuso del poder, si se tiene en cuenta que al momento de su desvinculación tenía excelentes calificaciones, no se había realizado ni iniciado el proceso de selección público y abierto previsto en el Decreto 1972 de 2002 para la designación de su reemplazo y, finalmente, la funcionaria designada en encargo no cumplía con el requisito exigido en el Manual de Funciones de la entidad (Resolución 986 de 2007, modificada por la Resolución 2191 de 2011) referente a que exista un vínculo con la región.
La demanda fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar que en sentencia de 1° de octubre de 2015, consideró lo siguiente:
En relación con que el acto acusado fue expedido por razones diferentes al mejoramiento del servicio, expresó que los hechos que, a juicio de la actora, desmejoraron el servicio, no eran lo suficientemente reprochables para asegurar la desmejora institucional del SENA durante el encargo de la funcionaria Martha Lucía Ducón Fonseca. Agregó que en el plenario no habían pruebas sólidas para establecer que el nombramiento de la referida funcionaria produjo un caos administrativo como consecuencia de la declaratoria de insubsistencia de la actora.
En relación con la desviación y/o abuso de poder, constituida porque su desvinculación no atendió a criterios de oportunidad ni conveniencia, pues el servicio era prestado de manera oportuna, eficaz, eficiente e imparcial y adicional a ello, no se mejoró, ya que quien la reemplazó no cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo, el Tribunal consideró que la desmejora del servicio no estaba acreditada en el expediente, por cuanto, pese a que los testimonios recaudados dieron cuenta de algunos inconvenientes presentados en el encargo, en estos también se afirmó que tales impases no desmejoraron los procesos de formación de los aprendices y que las situaciones administrativas eran subsanadas a la mayor brevedad posible.
En cuanto al cumplimiento de metas y calificaciones de la actora, sostuvo que dicho argumento no encontraba respaldo jurídico y probatorio que indicara que por el sólo hecho de ser un buen servidor público no podía recaer sobre él una declaratoria de insubsistencia cuando se ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, pues el buen desempeño del servidor es su obligación.
En relación con el incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo por parte de la señora Ducón Fonseca, destacó que según el manual específico de funciones del SENA para desempeñar el cargo de directora regional debía tener: a) título profesional universitario; b) tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley; c) 3 años de experiencia en cargos de nivel directivo en áreas relacionadas con la gerencia administrativa, educativa, de formación profesional o desarrollo tecnológico; y d) estar vinculado a la región.
Tras analizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos en mención, concluyó que no era viable declarar la nulidad del acto acusado, por cuanto los requisitos referentes al título profesional, contar con la tarjeta profesional y la experiencia laboral estaban plenamente demostrados; y que en lo que tiene que ver con el vínculo con la región, dicha exigencia solamente aplicaba para las personas que aspiraran a ser escogidas por el Gobernador para ocupar el cargo en propiedad luego del concurso de méritos y no para el encargo.
Consideró que la declaratoria de insubsistencia de la actora y el nombramiento de su reemplazo en encargo no tenía otra finalidad que la de brindar mayor transparencia en el proceso meritocrático al cual se convocó mediante Resolución 00749 de 2013. Ello, indica que el nombramiento de la señora Ducón Fonseca tenía la única finalidad de contribuir al proceso de méritos, pues su tiempo en la dirección estaba condicionado a la elección de nuevo funcionario, por lo que no era necesario el cumplimiento del requisito exigido.
Contra la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación, en el que expuso, entre otros argumentos que el Tribunal desconoció la causal de nulidad alegada que se refiere a la infracción de las normas en que debería fundarse al considerar que por tratarse de un encargo, la persona no estaba en la obligación de dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el manual de funciones, concretamente el de estar vinculado a la región, con lo que creó una excepción que la norma no contempla.
La Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 21 de junio de 2018 consideró, entre otros argumentos, los siguientes:
Se refirió a los requisitos exigidos por el artículo 21 de la Ley 119 para ser director regional y al proceso de méritos al que debe someterse quienes aspiran a conformar la terna. Asimismo, citó apartes de la sentencia C-295 de 1995, en la que la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 20 y 21 de la Ley 119.
Del análisis de lo anterior, concluyó que el nombramiento del director está sujeto a un procedimiento previo de selección orientado por los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, en atención a la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones, de los cuales los nombres de los 3 primeros serán remitidos al respectivo gobernador para que escoja quién deberá ser nombrado en el empleo por el Director Nacional del SENA, lo que pone de manifiesto que dicho cargo comporta la naturaleza de libre remoción y no de libre nombramiento, pues este se encuentra sujeto a un procedimiento meritocrático.
Adujo que en caso de vacancia del empleo, procede la figura del encargo que se encuentra regulada por el Decreto 1950 de 1973 y el artículo 24 de la Ley 909, de las cuales concluyó que dicha figura permite que mientras se provea el empleo en vacancia definitiva del titular, no cese el ejercicio de las funciones de este, por lo que es dable encomendar a otro servidor vinculado a la entidad pública para que lo desempeñe durante el término de 3 meses, sin que sea necesario que se desvincule de las funciones de su cargo original.
Respecto del caso concreto, sostuvo que el cargo de la actora no comporta el carácter de libre nombramiento, pero si es de libre remoción en ejercicio de la facultad discrecional del director general del SENA, lo que indica que su retiro debe estar precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés general, sin que con ello se quiera decir que el acto de insubsistencia deba contener una motivación expresa. Asimismo, el desempeño de este cargo no confiere fuero de inamovilidad, por tanto el nominador, en ejercicio de su facultad discrecional podrá removerlo libremente en aras de un mejor servicio público, de tal manera que si se acusa la nulidad del acto por desviación de poder, se debe demostrar el elemento subjetivo contrario a dicha finalidad, y si es por falsa motivación es indispensable probar la inexactitud de los hechos que sustentaron la decisión administrativa o su apreciación errónea.
Puso de manifiesto que la actora fue designada por el director general del SENA mediante Resolución 2460 de 29 de noviembre de 2005, previo proceso meritocrático y fue declarada insubsistente con Resolución 00744 de 24 de mayo de 2013, de manera discrecional y sin motivación expresa. Para la misma fecha de declaratoria de insubsistencia, con Resolución 00749 se ordenó la apertura de un proceso de selección público para integrar la terna de elegibles que debía ser enviada al Gobernador del Departamento del Cesar para designar al que ocupará el empleo.
Sostuvo que, en reemplazo de la actora, se designó en encargo a la señora Ducón Fonseca, quien ejercía el empleo de subdirectora grado 2 del Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander por el término de 3 meses prorrogado por otro término igual, cuyo nombramiento ameritó urgencia con el fin de no afectar el servicio público en sus labores primordiales.
En relación con el requisito del vínculo con la región alegado por la actora, argumentó lo siguiente:
“[…] Ahora bien, la accionante sustenta su recurso de apelación, en primer lugar, en el hecho de que su reemplazo no colmó el requisito para ejercer el empleo de director regional del Sena consistente en estar vinculado a la respectiva región. Al respecto cabe anotar que la señora Martha Lucía Ducón Fonseca fue designada mediante la figura del encargo, en relación con el cual el Consejo de Estado ha precisado:
-. Los encargos temporales originados en situaciones de urgencia no pueden estar sujetos a los mismos requisitos y ritualidades que debe cumplir el posterior acto electoral por el cual se suple la falta absoluta o temporal, ya que dichas exigencias podrían impedir a la autoridad competente designar prontamente a las autoridades territoriales y evitar de esa manera perturbaciones al orden público originadas en la ausencia del gobernante.
-. En atención a lo expuesto, la Sala considera que ante la ocurrencia de la falta temporal de un gobernador, la persona nombrada temporalmente y con carácter de urgencia por el Presidente de la República en encargo, de manera previa a la remisión de la terna por parte de la agrupación política o coalición por la cual fue inscrito el gobernador elegido popularmente, no necesariamente debe pertenecer a dicha agrupación política o coalición. Lo anterior debido a que el carácter de urgencia, se reitera, de dicho nombramiento, originado en la necesidad de evitar un vacío de poder, exime el cumplimiento de tal requisito fijado por el artículo 303 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el cual solamente puede ser exigido respecto de la persona que supla definitivamente la falta temporal.
De las normas atañaderas al encargo como del anterior precedente, ha de colegirse que resulta indispensable que el servidor público que se designe a través de esta figura colme los requisitos del empleo, empero, en el caso del director regional del Sena, en particular, respecto de la exigencia de estar vinculado a la región, ante la urgencia de designar a un empleado, en aras de no perturbar la continuidad del servicio público, no es necesario exigir tal condición, la cual sí debe cumplir ineludiblemente quien sea nombrado de manera definitiva en el empleo.
Frente a este último punto, esta Corporación ha advertido que “[…] el artículo 21 de la Ley 191 de 1994, al referirse a la exigencia de “estar vinculado a la región”, pretende que los candidatos al cargo de director regional acrediten que, al momento de la inscripción, tiene alguna relación con el departamento sede de la regional del “SENA” a la cual aspiran. Nótese que el legislador no precisó a qué vinculo se refiere, por tanto, bastará con demostrar que se tiene alguna relación con el departamento, sea cual fuera como residencia, laboral o académica, para tener por superado el mentado requerimiento […]” (se destaca). Por consiguiente, se insiste, tal requisito se exige de la persona que pretenda ocupar el empleo en forma definitiva, esto es, quien participe en el procedimiento de selección meritocrático […]” (Resaltado de la Sala).
De lo hasta aquí expuesto, resulta claro para la Sala que, de acuerdo con las normas aplicables al caso concreto, conforme lo advirtió la Sección Segunda de esta Corporación, en los eventos de vacancia del empleo que desempeñaba la actora, procedía la figura del encargo, la cual está regulada, entre otros, por el artículo 24 de la Ley 909.
La norma en comento, ordena que los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal y definitiva, deberán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En consecuencia, la señora Ducón Fonseca también debía acreditar el vínculo a la región, pues este hacía parte de los requisitos para desempeñar el cargo que ocupaba la actora.
No obstante lo anterior, a juicio de la Sección Segunda, cuando se trata de encargos temporales, no resulta necesario el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, dada la urgencia de designar un empleado para no perturbar la continuidad del servicio público, los cuales sí deberán ser atendidos por quien sea nombrado definitivamente en el empleo. Dicha postura fue sustentada en la sentencia de “8” de septiembre de 2017, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, en la que se estudió la legalidad del Decreto 333 de 1° de marzo de 2017, a través del cual el Presidente de la República designó al gobernador encargado de la Guajira, el cual no cumplía con los requisitos constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo en encargo, pues no pertenecía a la agrupación política que conformaba la coalición por la cual fue elegido el Gobernador cuya falta temporal dio origen al encargo.
A juicio de la Sala, la sentencia en que se apoyó la Sección Segunda para sustentar su tesis no resulta aplicable al caso concreto, habida cuenta que el cargo de gobernador no es equiparable a uno de libe remoción como lo es el de la actora, en tanto que su naturaleza, vinculación y demás aspectos esenciales de los mismos, se rigen por normativa sustancialmente diferente.
Siendo ello así, resulta claro para la Sala que la Sección Segunda de esta Corporación sí desconoció el artículo 24 de la Ley 909, pues los argumentos expuestos para justificar el nombramiento de una funcionaria en encargo sin el lleno de los requisitos exigidos para desempeñarlo, no resultaban aplicables al caso concreto y contravienen lo ordenado por la norma que regula expresamente la situación bajo análisis.
De igual forma, la Sala considera que, si bien, el nombramiento de la funcionaria en encargo sin el lleno de los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, por sí solo no demuestra una desmejora en la prestación del servicio o desviación de poder, lo cierto es que dicha falencia debe ser analizada a la luz de la normativa que rige el caso concreto y en conjunto con los demás argumentos expuestos y demostrados en el expediente, con el fin de garantizar que la decisión adoptada se encuentre ajustada a derecho y al principio de legalidad.
Siendo ello así, resulta forzoso concluir que la Sección Segunda de esta Corporación incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 24 de la Ley 909.
Ahora bien, se advierte que la accionada profirió fallo de reemplazo el día 7 de febrero de 2019, en el que, para efecto de resolver el problema jurídico, se analizó y aplicó en debida forma el artículo 24 de la Ley 909, razón por la que la vulneración de los derechos fundamentales de la actora cesó, pero en cumplimiento de la sentencia impugnada.
Sobre situación en particular, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia de 4 de mayo de 2016, en la que con fundamento en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, señaló que si la intervención del juez de primera instancia es determinante para la cesación de la vulneración de los derechos alegados y se encuentra ajustada a derecho, corresponde confirmarla. En esta oportunidad se consideró lo siguiente:
“[…] Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe diferenciar la labor de los Jueces de instancia y la de esa Corporación en sede de revisión, por cuanto “(…) no es perentorio para los Jueces de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos, tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.
En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de un Juez para garantizar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos.
En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho reclamado.
Distinto sería si, por ejemplo, el Tribunal no hubiese concedido el amparo y aun así las entidades hubiesen contestado los derechos de petición elevados por la parte actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en atención a que la situación de vulneración ya fue superada.
Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previsto para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la intervención del Juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla […]”.
Así las cosas, es evidente que la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante se produjo en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera instancia, razón por la que la Sala considera que, de conformidad con el criterio antes expuesto, la orden del Juez de primer grado estuvo bien impuesta y, en consecuencia, es del caso confirmar el fallo impugnado, como en efecto, se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
R E S U E L V E :
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2018, proferida por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita.
TERCERO: REMÍTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de abril de 2019.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Aclara voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 8 de septiembre de 2017, número único de radicación 11001-03-28-000-2017-00012-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 15 de septiembre de 2016, número único de radicación 25000-23-41-000-2015-01845-02.
Para el efecto se refirió a la sentencia de 11 de febrero de 2015 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, sin hacer alusión a ningún otro dato que permitiera identificar la providencia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda –Subsección “A”-, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 11 de febrero de 2015, número único de radicación 05001-23-31-000-2002-00382-01.
La actora no hizo alusión a ningún otro dato que permitiera la identificación de la providencia.
Cfr. Fls. 93- 97
Cfr. Fl. 113
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
“Artículo 31: “ARTICULO 31.-Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”.
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
“Artículo 19. El empleo público.
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales.
Parágrafo. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, liderará los estudios y las mesas de concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación, apoyada en metodologías reconocidas. Los resultados de las mismas permitirán al Gobierno Nacional establecer los requisitos de formación académica y ocupacional de los cargos. El Gobierno Nacional designará el organismo competente para la normalización, acreditación y certificación de las competencias laborales en el sector público”.
“Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente.
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva”. (Resaltado de la Sala)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda –Subsección “A”-, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 11 de febrero de 2015, número único de radicación 05001-23-31-000-2002-00382-01.
En la providencia cuestionada se consignó que el día en que se profirió la sentencia de la Sección Quinta fue el 8 de septiembre, no obstante, la Sala al consultarla advierte que esta se profirió el día 14 de septiembre de 2017.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 14 de septiembre de 2017, número único de radicación 11001-03-28-000-2017-00012-00.
Expediente nro. 2016-00173-01. Consejera Ponente María Elizabeth García González.
Dicha postura también se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente María Elizabeth García González, sentencia de 13 de julio de 2017, número único de radicación 19001-23-33-000-2017-00163-01.
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