Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00005-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Empleo de libre nombramiento y remoción
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00005-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2014-00005-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
21 de junio de 2018
EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / NOMBRAMIENTO EN ENCARGO / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MOTIVACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / FUERO DE INMOBILIDAD
[E]l nombramiento de un director regional está sujeto a previo procedimiento de selección orientado por los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones, de los cuales los nombres de los tres primeros serán remitidos al respectivo gobernador para que escoja quien deberá ser nombrado en dicho empleo por parte del director nacional del Sena; por lo tanto, el cargo de director regional comporta la naturaleza de libre remoción, mas no de nombramiento, puesto que este se encuentra sujeto a un procedimiento meritocrático. […] [E]l encargo permite que mientras se provea el empleo en vacancia definitiva del titular, no cese el ejercicio de las funciones de este, por lo que es dable encomendar a otro servidor vinculado a la entidad pública para que lo desempeñe durante el término de 3 meses, sin necesidad de que se desvincule de las funciones de su cargo original. […] [E]l cargo de la accionante (directora regional) si bien no comporta el carácter de libre nombramiento, sí el de libre remoción, en ejercicio de la facultad discrecional del director general de Sena, por ende, su retiro debe estar precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés general, sin que con ello quiera decir que el acto mediante el cual se declara la insubsistencia deba contener una motivación expresa. […] [E]l desempeño de un cargo de libre remoción no confiere fuero de inamovilidad alguno al empleado que lo ocupa, por tanto, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional que la ley le otorga podrá removerlo libremente en aras de un mejor servicio público. […] [H]a de colegirse que resulta indispensable que el servidor público que se designe a través de esta figura colme los requisitos del empleo, empero, en el caso del director regional del Sena, en particular, respecto de la exigencia de estar vinculado a la región, ante la urgencia de designar a un empleado, en aras de no perturbar la continuidad del servicio público, no es necesario exigir tal condición, la cual sí debe cumplir ineludiblemente quien sea nombrado de manera definitiva en el empleo. […] [D]ado que el cargo que desempeñaba la actora era de la categoría de libre remoción, el nominador tenía la facultad de disponer su insubsistencia en cualquier momento por motivos del buen servicio, y en razón a que ella no demostró una finalidad distinta a aquella, la presunción de legalidad del acto administrativo demandado continúa incólume.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 20001-23-33-000-2014-00005-01(4667-15)
Actor: CARMEN MARLENE QUINTERO ROMERO
Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Referencia: INSUBSISTENCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante (ff. 1296 a 1313 c. 4) contra la sentencia de 1° de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar (ff. 1270 a 1290 c. 4), mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 79 a 94 y 122 a 134 c. 1). La señora Carmen Marlene Quintero Romero, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 744 de 24 de mayo de 2013, por medio de la cual la directora nacional del Sena declaró insubsistente el nombramiento de la demandante como directora regional grado 5 del Cesar de esa entidad.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a (i) reintegrar a la actora al mismo cargo que ejercía o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad; (ii) cancelar, de manera indexada, los salarios y las prestaciones sociales que ha dejado de devengar desde su retiro; y pagar costas y agencias en derecho.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[…] como resultado del proceso de elección público y abierto (meritrocratico [sic]) establecido en el Decreto Reglamentario 1972 de 2002 […]», fue nombrada el 14 de diciembre de 2005 como directora regional grado 5 del Cesar del Sena, pero por medio de Resolución 744 de 24 de mayo de 2013, se le declaró insubsistente su nombramiento, acto notificado en la misma fecha (oficio 2-2013-006518), y se le otorgó un término de 3 días hábiles (27 a 29 de mayo de 2013) para hacer la respectiva entrega del cargo a la persona que la reemplazaría.
Que con Resolución 755 de 27 de mayo de 2013, la directora nacional del Sena encargó en su reemplazo a la doctora Martha Lucía Ducón Fonseca, quien para ese momento fungía como subdirectora de centro grado 2 en la regional de Santander con sede en Barrancabermeja.
Dice que la doctora Ducón Fonseca se posesionó para ejercer ese encargo el 27 de mayo de 2013 en la ciudad de Bogotá, sin embargo, se presentó hasta el 4 de junio de dicha anualidad en la regional Cesar (Valledupar), y permaneció solo hasta el 6 siguiente. En atención a esa situación, trabajó hasta el mes de junio, «[…] cuando después de ingentes esfuerzos por fin logra hacer entrega del cargo a la persona designada para remplazarla a pesar de que por encontrarse ausente esta no firma el informe de entrega y recibo [del] cargo, por lo que mediante comunicaciones suscritas por [ella] y radicadas el 17 de junio y el 18 de septiembre de 2013 deja expresa constancia de ello. Por lo anterior, en la resolución No. 000167 de junio 21 de 2013 por medio de la cual la Directora € [sic] de la Regional Cesar [le] reconoce y ordena el pago de las prestaciones sociales […], se incluye el reconocimiento y pago de $1.237.543.oo por concepto de “DIAS ADICIONALES ENTREGA DE CARGO”, es decir, de días posteriores al 24 de mayo, fecha de comunicación del acto de retiro».
Que ejerció sus funciones de manera satisfactoria y no ha sido sancionada disciplinaria, penal ni fiscalmente. En virtud de la Resolución 780 de 22 de febrero de 2010, por la cual se adoptó el sistema de evaluación de acuerdos de gestión de gerentes públicos el Sena, durante las anualidades 2010, 2011 y 2012 obtuvo calificación por «cumplimiento del acuerdo de gestión» de 93.92%, 90.30%-90.88% y 89.76%, en su orden.
Arguye que a la fecha de su desvinculación no se había iniciado el procedimiento de selección establecido en el Decreto reglamentario 1972 de 2002, para la designación de la persona que la reemplazaría. Asimismo, la doctora Martha Lucía Ducón Fonseca ejerció funciones como directora regional del Cesar hasta finales de octubre de 2013 y simultáneamente fungió como subdirectora de centro grado 2 en la regional Santander del Sena, lo que evidentemente conllevó un desmejoramiento en la prestación del servicio.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 21, 15, 29, 53, 113, 121, 122, 123 (incisos 1º y 2º), 125, 209 y 229 de la Constitución Política; l, 2, 3, 44, 137 y 138 del CPACA; 15, 21 y 23 de la Ley 119 de 1994; 23 del Decreto 249 de 2004; y la Resolución 986 de 2007, modificada por la Resolución 2191 de 2011, de la dirección general del Sena.
Arguye la demandante que el acto acusado fue expedido en forma irregular, por razones diferentes al mejoramiento del servicio y con desviación de poder, puesto que al momento de su desvinculación (i) había obtenido excelentes calificaciones por el cumplimiento del acuerdo de gestión, y (ii) no se había iniciado procedimiento de selección para proveer en carrera su empleo.
Que además con el nombramiento de la doctora Ducón Fonseca se incumplió la Resolución 986 de 2007, modificada por la Resolución 2191 de 2011, de la dirección general del Sena, ya que ella no se encontraba vinculada a la región, por lo que se violó el derecho al trabajo de la accionante.
Agrega que «La ausencia permanente de la Directora Regional Encargada, debido a sus múltiples funciones, las que también debía cumplir en la regional SENA SANTANDER, a la cual viene vinculada desde hace varios años como Subdirectora de Centro G-02, fue de conocimiento público, considerándolo como un hecho notorio por parte de los medios de comunicación regional y además por la Asamblea Departamental del Cesar, la comunidad en General y por los funcionarios y trabajadores del SENA Cesar».
Que «[…] también resulta evidente la estructuración de la causal de desvío de poder, la que se configura cuando el reemplazo carece de los requisitos mínimos para ejercer un determinado empleo público, puesto que queda desvirtuada la presunción de que la remoción se realizó atendiendo razones del buen servicio público, toda vez que si el funcionario reemplazante no acredita los requisitos para el desempeño del cargo y sí los demuestra el empleado declarado insubsistente, es forzoso concluir que dentro de esa circunstancia no se podía mejorar el servicio, como sucedió en el caso sub lite».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 402 a 409 c. 2 y 581 a 582 c. 3). La entidad accionada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no le constan y los demás no constituyen situaciones fácticas.
Asevera que «El hecho de que la escogencia por parte del gobernador y el posterior nombramiento por parte del Director de la entidad de los Directores Regionales esté precedida de un concurso de méritos, no significa que la persona nombrada tenga una estabilidad especial o superior, similar a la de los empleados públicos de carrera administrativa, y que por ende solo puedan ser declarados insubsistentes por una calificación insatisfactoria del servicio, o que su retiro debe obedecer a la imposición de una sanción disciplinaria (destitución)».
Que «Además de lo establecido expresamente por los artículos 20 de la ley 119 de 1994 y 23 del Decreto 249 de 2004, en cuanto a la naturaleza de libre remoción del cargo de Director Regional que ocupaba la demandante, y de lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-295 de 1995, el hecho de que ese cargo sea un empleo de gerencia pública, reitera la naturaleza de libre remoción, conforme a lo dispuesto por el numeral 2° del mismo artículo 47 de la Ley 909 de 2004 […]».
Concluye que la declaratoria de insubsistencia de la actora se encuentra amparada de legalidad, toda vez que su empleo era de libre remoción, conforme al Decreto 249 de 2004, por lo que podía ser retirada en ejercicio de la facultad discrecional, en armonía con la Ley 909 de 2004.
1.6 La providencia apelada (ff. 1270 a 1290 c. 4). El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de 1° de octubre de 2015, negó las súplicas de la demanda, con condena en costas, al considerar que los testimonios recaudados «[…] son coincidentes en señalar que, existieron inconvenientes en ciertos aspectos administrativos durante el encargo de la señora DUCÓN FONSECA en la Dirección Regional del SENA en el Cesar, pero que, las mismas, no tuvieron la magnitud de paralizar la actividad propia de dicha institución y que tales inconvenientes eran resueltos en tiempo. En este orden de ideas, la desmejora del servicio, que alega la parte demandante para que pueda declararse la nulidad de la resolución acusada, no aparece acreditada en grado alguno, por lo que esta causal no tiene vocación de prosperar».
Que «[…] en cuanto al argumento de la accionante CARMEN MARLENE QUINTERO ROMERO, que durante el periodo de su gestión cumplió con todas la metas señaladas por la Dirección General del SENA, y que sus calificaciones (Sistema de Evaluación de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos del SENA), en los períodos de 2010, 2011 y 2012, fueron de 93.92, 90.30 y 89.76, denotan el buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones, que contrastan con la toma de la decisión de declararla insubsistente. Empero, este argumento acabado de anotar, no encuentra respaldo jurídico y probatorio que le indique a esta Sala de decisión que, el hecho de ser un buen servidor público no pueda recaer sobre él una declaratoria de insubsistencia, cuando se ocupa cargos de libre nombramiento y remoción, dado que el buen desempeño en el ejercicio de la actividad pública, es una obligación de dicho servidor, pues no existe razón alguna el tener que premiar a quien hace las cosas bien cuando esto se constituye en obligatorio cumplimiento».
Sostiene que «[…] tampoco le asiste razón a la demandante respecto del argumento de pedimento de nulidad del acto administrativo impugnado, que tiene que ver con el requisito que contiene la Resolución No. 986 de 2007, arriba anotada, en cuanto a que, la persona a ocupar el cargo de Director Regional Grado 05, debe estar vinculada a la región respectiva de dicho nombramiento, ya que encuentra la Sala que, si bien es cierto dentro de los requisitos que se exigen para ocupar el cargo de Director Regional del SENA este debe de estar vinculado a la respectiva región de nombramiento, ha de tenerse claro que, este requisito se encuentra establecido para aquella persona que aspire ser escogido [sic], por el Gobernador del Departamento, para ocupar dicho cargo en propiedad luego de adelantar el concurso de méritos que es obligatorio para designarlo en esa condición cuando el cargo esté vacante».
Que «[…] la obligatoriedad de nombrar a una persona de la región en el cargo de Director Regional, está dirigido a quien se va a desempeñar en propiedad, y no a un encargo, pues es de recordar que esta situación laboral administrativa se configura “... cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.” (artículo 24 del Decreto 1950 de 1973); por lo que pretender estructurar una causal de nulidad a partir de la supuesta omisión de un requisito contenido en el manual de funciones, es desconocer la naturaleza misma del encargo, ya que como se adujo, el nombramiento de la señora Ducón Fonseca, fue de carácter temporal mientras se adelantaba el proceso de selección a que alude el artículo 23 del Decreto 249 de 2004, como en efecto se llevó a cabo».
Concluye que «[…] la decisión de declarar insubsistente a la señora Carmen Marlene Quintero Romero, se ajustó a los parámetros establecidos por la jurisprudencia que dispuso que, en el evento en que el nominador no encuentre que su relación laboral con un funcionario bajo su dependencia y que ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción, goce de su confianza plena, de la confidencialidad necesaria, del conocimiento personal y del convencimiento del sometimiento de éste a su dirección, puede hacer uso de la facultad discrecional de remover a dicho funcionario, por cuanto tales características especiales de la relación laboral son imprescindibles para el cumplimiento de las responsabilidades que le atribuye la Constitución y la ley (Sentencia SU-448 de 2011)».
1.7 El recurso de apelación (ff. 1296 a 1313 c. 4). Inconforme con la anterior sentencia, la demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que se «[…] desconoció nuestra PRIMERA CAUSAL DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO: INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍA FUNDARSE, argumentando, superficialmente y sin ningún respaldo legal que, por tratarse de un encargo, la designación de la persona que reemplazó a la demandante no estaba sujeta a los requisitos establecidos en los artículos 15 y 21 de la Ley 119 de 1994, la Resolución No. 000986 del 25 de mayo de 2007, con la modificación hecha por la Resolución No. 2191 del 25 de noviembre del 2011, anexos del artículo 1o., literal “C”, ambas proferidas por la Dirección General del SENA, concretamente al requisito consistente en ESTAR VINCULADO A LA REGIÓN».
Que «En su afán por negar esta causal de nulidad, el Tribunal no solo ignoró las precisas argumentaciones que en relación con este tema expusimos en las págs. 1 a 10 de nuestro alegato de conclusión que hoy reafirmamos como fundamento de este recurso de apelación, sino que usurpó precisas atribuciones del legislador y de la Dirección del SENA, en la medida que creó arbitrariamente una excepción que la ley y las disposiciones antes invocadas no contemplan, en efecto, ni la Ley 119 de 1994, ni la Resolución No. 000986 del 25 de mayo de 2007, ni la Resolución No. 2191 del 25 de noviembre del 2011, proferidas estas por la Dirección General del SENA, liberan, ni exceptúan, ni exoneran, los encargos en las Direcciones Regionales, del cumplimiento del requisito consistente en ESTAR VINCULADO A LA REGIÓN. Requisito anterior que es exigible en todos los casos, es decir, tanto en nombramiento en provisionalidad y/o por encargo, como mediante concurso de méritos; contrario a lo sostenido por el Tribunal, en las páginas 18 y 19 de la Sentencia, al indicar que el requisito legal “...de estar vinculado a la respectiva región de nombramiento, ha de tenerse claro que, este requisito se encuentra establecido para aquella persona que aspire ser escogido, por el Gobernador del departamento, para ocupar dicho cargo en propiedad luego de adelantar el concurso de mérito…” y continuar indicando que “...la obligatoriedad de nombrar a una persona de la región en el cargo de Director Regional, está dirigido a quien se va desempeñaren propiedad, y no a un encargo...”».
Asevera que «[…] resulta incontrovertible que el Tribunal vuelve a usurpar funciones del legislador en la medida que en la sentencia aquí impugnada admite que se probó el desmejoramiento (“inconvenientes”) pero niega la nulidad del acto acusado por desviación de poder, porque impone, crea, unas condiciones o requisitos para la prueba de la desviación de poder que no están previstas en la ley, ni en la jurisprudencia: que el desmejoramiento produzca un caos administrativo, que genere parálisis de la actividad propia de la administración y que no se corrija en tiempo».
Que «[…] sólo hasta octubre la doctora MARTHA LUCIA DUCON FONSECA, vino a recibir formalmente la entrega del cargo y enterarse de la gestión y asuntos a cargo de la Dirección Regional en trámites y pendientes al 24 de mayo del 2013, fecha de declaratoria de insubsistencia de mi poderdante; lo cual significa que si [sic] se causó un traumatismo, desmejoramiento y afectación de la buena prestación del servicio, cuando no hubo continuidad en el cumplimiento de las metas, programas y gestiones administrativas y misionales, cuando sólo vino a conocer del informe de gestión y acta de entrega de la Dirección Regional hasta el mes de octubre del 2013, casi 5 meses después de haberse proferido el acto de retiro aquí demandado».
Por otra parte, que «[…] si el Honorable Consejo de Estado estima que no se configuraron y demostraron procesalmente las causales para anular el acto demandado, desde ahora solicit[a] revocar la condena en costas impuesta […a la actora] en la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, se dispondrá la liquidación de costas en contra de la parte demandante; lo cual se hizo de manera objetiva, sin hacer un pronunciamiento o argumentación sobre si era o no procedente proferir una condena en costas en contra de mi prohijada».
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 22 de octubre de 2015 (f. 1315 c. 4) y admitido por esta Corporación a través de auto de 24 de junio de 2016 (f. 1320 c. 4), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 22 de septiembre de 2017 (f. 1327 c. 4), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras.
2.1.1 Parte demandante (ff. 1325 a 1335 y 1414 a 1421 c. 4). La actora, por intermedio de apoderado, aportó escrito tendiente a relacionar jurisprudencia atañedera al requisito consistente en estar vinculado a la región para ejercer el empleo de director regional del Sena.
Afirma que «Aunque nuestra negación indefinida en el sentido de que MARTHA LUCIA DUCON FONSECA, nunca había tenido vínculos con la Región Caribe y mucho menos con Departamento del Cesar, invirtió la carga probatoria y por lo tanto le correspondía SENA demostrar que ella si ostentaba vínculo con el Departamento del Cesar, pero [la] entidad demandada ni siquiera lo intentó, tampoco controvirtió nuestra negación indefinida. No obstante, en el sub lite resulta evidente e indiscutible que antes del encargo en comento, la Doctora MARTHA LUCIA DUCON FONSECA, nunca había tenido vínculos con la Región Caribe y mucho menos con el Departamento del Cesar. Esta situación quedó plenamente demostrada en el expediente con las pruebas documentales visibles a folios 1028 (contiene fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la Doctora DUCON FONSECA), 1065 al 1070, 1072 y 1073 contentivos de las diferentes constancias laborales de la Doctora DUCON FONSECA) e igualmente con los testimonios de los funcionarios del SENA, Señores JOSE FERNANDO DIAZ PARODL BETTY BEATRIZ BENITEZ VASQUEZ, LUIS EMIRO QUINTERO ROMERO y el Diputado del Departamento del Cesar, Doctor EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ» (sic).
2.1.2 Entidad accionada (ff. 1427 a 1433 c. ppal.). La demandada, a través de apoderado, aduce que «El acto administrativo acusado se fundamenta en la legislación vigente al momento de ser expedido, pues como ya lo habíamos indicado anteriormente la declaratoria de insubsistencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción o en provisionalidad como el caso de la señora CARMEN MARLENE QUINTERO, es un acto discrecional, que tiene su fundamento en la facultad discrecional de la autoridad administrativa, por lo tanto dicha autoridad NO TIENEN LA OBLIGACION DE MOTIVAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS que declaran insubsistente a un empleado que ocupe el cargo de libre nombramiento y remoción» (sic).
Que «[…] las especulaciones hechas por el apoderado de la actora acerca de la declaratoria de insubsistencia de la señora CARMEN MARLENE QUINTERO, a través de la Resolución N°00744 del 24 de mayo de 2013, son solo eso ESPECULACIONES».
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar la ilegalidad del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de directora regional grado 5 del Cesar del Sena, por cuanto se encuentra viciado por desviación de poder, además de que fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse.
3.3 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:
a) Certificaciones del coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la regional Cesar del Sena, según las cuales la accionante laboró en dicha entidad desde el 14 de diciembre de 2005 hasta el 24 de mayo de 2013, mediante nombramiento ordinario, como directora regional grado 5 (ff. 3 c. 1 y 660 a 661 c. 3).
b) Resolución 2460 de 29 de noviembre de 2005, con la que el director general del Sena designa a la demandante, mediante nombramiento ordinario, como directora regional grado 4 del Sena (regional Cesar), luego de realizado el procedimiento meritocrático, cuyo resultado arrojó la correspondiente terna, que fue enviada al gobernador del Cesar, quien finalmente la escogió (f. 806 c. 3).
c) Resolución 2273 de 20 de octubre de 2006 (ff. 833 c. 3 a 837 c. 4), por la cual el Sena modifica la nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos públicos del nivel directivo, establecida en el Decreto 3696 de 20 de octubre de 2006, motivo por el cual el cargo de la actora de directora regional grado 4 cambió al grado 5.
d) Resolución 744 de 24 de mayo de 2013, por medio de la cual se declara la insubsistencia del nombramiento ordinario de la actora en el cargo de directora regional grado 5 del Cesar del Sena (f. 4 c. 1) y se le advierte que debe realizar la entrega del puesto dentro de los 3 días hábiles siguientes al servidor que la va a reemplazar; decisión comunicada por oficio 2-2013-006518 de la misma fecha (f. 5 c. 1).
e) Resolución 755 de 27 de mayo de 2013, a través de la cual la directora general del Sena encarga a la subdirectora grado 2 del centro industrial y del desarrollo tecnológico de la regional Santander, Martha Lucía Ducón Fonseca, del empleo de directora regional grado 5 del Cesar del Sena, en razón a la vacancia definitiva de este y hasta por el término de 3 meses «[…] con diferencia salarial y sin desprenderse […] de las funciones que viene ejerciendo» (f. 7 c. 1).
f) Resolución 1352 de 2 de septiembre de 2013, con la que se encarga nuevamente a la doctora Martha Lucía Ducón Fonseca, subdirectora grado 2 del centro industrial y del desarrollo tecnológico de la regional Santander, en el puesto de directora regional grado 5 del Cesar, en las mismas condiciones anotadas en la resolución anteriormente citada (f. 8 c. 1).
g) Resolución 167 de 21 de junio de 2013 de la directora regional del Cesar del Sena, que reconoce a la demandante las prestaciones sociales definitivas hasta el 24 de mayo de 2013 (ff. 40 y 41 c. 1).
h) Certificación de 14 de enero de 2014 del coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la regional del Cesar del Sena, de acuerdo con la cual «[…] en la resolución 000167 del 21 de junio de 2013, mediante el cual se le liquida, reconoce y ordena el pago de prestaciones se reconoce y paga el valor de $1.237.543,00, por concepto de 7 días adicionales por entrega del cargo hasta el 7 de junio de 2013, del 25 al 30 de mayo se le pagaron en la nómina por un valor de $1.060.750» (f. 136 c. 1).
i) Evaluaciones realizadas respecto de la actora en el marco del acuerdo de gestión de gerentes públicos – directores regionales del Sena, durante los períodos 2010, 2011 y 2012 (ff.42 a 71 c. 1).
j) Resolución 986 de 25 de mayo de 2007, mediante la cual se adopta el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos públicos de la planta de personal del Sena, entre los cuales se encuentra el de director regional grado 5 (ff. 137 a 148 vuelto y 190 a 193 c. 1 y 677 a 699 c. 3).
k) Resolución 2191 de 2011, por la cual se modifica el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos públicos de la planta de personal del Sena (ff. 149 a 151 c. 1 y 700 a 702 c. 3).
l) Resolución 749 de 24 de mayo de 2013, por medio de la cual se ordena la apertura de un proceso de selección meritocrático, público y abierto a partir del 27 siguiente, para integrar terna de elegibles que se enviará al gobernador del departamento del Cesar para que designe, entre otros servidores, director regional grado 5 del Sena (ff. 198 a 200 c. 1).
m) Hojas de vida de la accionante (ff. 787 c. 3 a 957 c. 4) y de la doctora Martha Lucía Ducón Fonseca (ff. 958 a 1172 c. 4).
n) Resolución 780 de 22 de febrero de 2010, por la cual se adopta el sistema de evaluación de acuerdos de gestión de gerentes públicos del Sena (ff. 775 a 781 c. 3).
ñ) Testimonios de los señores José Fernando Díaz Parodi, Betty Beatriz Benítez Vásquez, Luis Emiro Quintero Romero y Eduardo Emilio Esquivel López, recibidos por el a quo (disco compacto visible en el folio 646 del c. 4), los cuales en la medida en que alguno de sus dichos resulten pertinentes para la resolución del asunto, se relacionarán en el acápite siguiente.
3.4 Caso concreto. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, sea lo primero precisar que la Constitución Política, en su artículo 125, preceptúa que «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley».
El precitado artículo 125 de la Carta Política, en principio, fue desarrollado por la Ley 27 de 1992, cuyo artículo 10 previó que «La provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción se hará por nombramiento ordinario. La de los de carrera se hará previo concurso, por nombramiento en período de prueba o por ascenso».
Por lo tanto, la Constitución Política distingue cuatro categorías de empleos públicos, entre los cuales se encuentra el de libre nombramiento y remoción, que debe ser provisto mediante nombramiento ordinario.
Por otra parte, en lo atañedero al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se tiene que la Ley 119 de 1994 lo constituyó como «[…] establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», y respecto de la dirección y administración de sus regionales, se estableció que estarían a cargo de un consejo y un director regionales.
En lo concerniente a este último, el artículo 20 de la citada Ley 119 de 1994 prevé que «[…] será representante del Director General, de su libre nombramiento y remoción, y tendrá la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA dentro de su jurisdicción». Asimismo, «Los Directores Regionales serán seleccionados de ternas que le presenten al Director General, los Consejos Regionales respectivos. Para ser nombrado Director Regional, se requiere poseer título profesional universitario, acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en cargos de nivel directivo, en áreas relacionadas con la gerencia administrativa, educativa, de formación profesional o desarrollo tecnológico y estar vinculado a la región» (artículo 21).
Las anteriores disposiciones fueron objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, en sentencia C-295 de 1995, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, que discurrió así:
Resulta contrario al precepto del art. 305-13 el texto legal mencionado, pues si la escogencia del director regional se hace, según se ha visto, por el gobernador de ternas que elabora y le presenta el director general del ente descentralizado, es obvio que el aludido mandato constitucional condicionó expresamente la facultad de nominación de éste [sic] último, pues sólo puede nombrar a la persona escogida por el gobernador, en virtud de que el ejercicio de su función requiere, como complemento ineludible, la participación activa del gobernador en los términos señalados. En tal virtud, en el evento de que medie algún impedimento que imposibilite el nombramiento, como por ejemplo la presencia de una inhabilidad o incompatibilidad del candidato del gobernador, debe repetirse el proceso de escogencia y nombramiento.
De esta manera se puede afirmar que el nombramiento de un director regional de establecimiento público no es libre, por parte del director, gerente o presidente del establecimiento, aun cuando si le compete su postulación, a través de las ternas que se le presentan al gobernador, y su nombramiento. Pero se advierte que la remoción de los directores regionales por el Director General si es libre.
• La norma acusada del artículo 21 en parte alguna recoge el mandato constitucional de que la escogencia del director regional es responsabilidad del respectivo gobernador, pues la norma omite tal determinación. La situación da pie para que se entienda, al armonizar los dos textos legales, que los directores regionales de establecimientos públicos nacionales se nombran libremente por el Director General, seleccionándolos de las ternas que le presenten los directores regionales. Por este camino indudablemente se viola tanto el art. 305-13, como el numeral 2 del artículo 287 de la Carta, pues desconoce al gobernador como representante de la entidad territorial el derecho a ejercer las competencias que les corresponde a ésta. Además, dicha norma limita la facultad que tiene el Director General del SENA para hacer la postulación de los candidatos, mediante las ternas que debe presentar al gobernador, cuando dispone que son los consejos regionales respectivos los que elaboran las ternas.
Para la Corte, la intención que revelan las normas demandadas no es otra que la de excluir al gobernador de la "escogencia" de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos, pues de no ser así, sus textos se habrían redactado con la claridad y precisión debidas, dando a entender sin ambages que el gobernador participa en la escogencia de los referidos funcionarios, aún [sic] cuando su nombramiento finalmente corresponde al director general del establecimiento público.
En razón de lo anotado, se declarará inexequible la expresión "libre" del art. 20, con la advertencia que se consignará en la parte resolutiva. Igualmente se declararán inexequibles el aparte demandando del art. 21 […] (negrilla de la Sala).
Por las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «libre» de los incisos primero de los artículos 20 y 21 de la Ley 119 de 1994, con la advertencia de que los directores regionales del Sena son de libre remoción del director general.
En armonía con la precitada disposición, el artículo 23 del Decreto 249 de 2004, «por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA», dispuso:
Direcciones Regionales y del Distrito Capital. Las Direcciones Regionales y la Dirección del Distrito Capital, serán ejercidas por un Director de libre remoción, que será representante del Director General, escogido por el correspondiente Gobernador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política, de ternas seleccionadas mediante un proceso meritocrático y tendrán la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA y de los Centros de Formación Profesional Integral, dentro del área de su jurisdicción conformada por el respectivo Departamento o por el Distrito Capital, según el caso, así como de las delegaciones que al efecto realice la Dirección General del SENA.
Las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, serán: Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, Caquetá, Casanare, Chocó, San Andrés, Sucre, Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y la Dirección del Distrito Capital.
Acerca del proceso meritocrático para seleccionar a los profesionales que integrarán la terna para efectos de designar a los directores regionales y del Distrito Capital, el Decreto 1972 de 2002 preceptúa:
Artículo 1°. El Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de selección público abierto que se establece en el presente decreto.
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo caso.
Artículo 2°. La conformación de las ternas de que trata el artículo anterior, se efectuará con las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección público abierto.
Los representantes legales de las entidades objeto del presente decreto, efectuarán los trámites pertinentes para la realización del proceso de selección público abierto, el cual podrá efectuarse directamente por la entidad pública, o con universidades públicas o privadas, o con entidades privadas expertas en selección de personal, o a través de convenios de cooperación.
Dicho proceso de selección tendrá en cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo y por lo menos deberá comprender la aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una valoración de antecedentes de estudio y experiencia.
Parágrafo. El proceso de selección público abierto que se realice en cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se efectuará bajo los criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.
Artículo 3°. El proceso de selección público abierto para la integración de las ternas no implica el cambio de la naturaleza jurídica de los empleos a proveer y tampoco limita la facultad discrecional del nominador.
Artículo 4°. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40079" \l "0" Modificado por el Decreto Nacional 307 de 2005. La selección de la persona para ser nombrada en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el que haga sus veces, por parte del Gobernador, deberá efectuarse dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la terna.
En las regionales o seccionales cuya área de influencia comprenda dos o más departamentos, el plazo será de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada al Gobernador del departamento sede de la regional o seccional.
Si en dichos plazos no se efectuare la selección por parte del Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de no afectar el servicio, esta será decidida por el representante legal del establecimiento público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al vencimiento de los términos anteriormente señalados
Artículo 5°. El nombramiento y remoción del Director o Gerente Regional o Seccional se efectuará por el representante legal del respectivo Establecimiento Público.
En el caso de vacancia temporal del empleo, éste será provisto por el Representante Legal de cada establecimiento público, mediante la figura del encargo.
Artículo 6°. La Vicepresidencia de la República podrá adelantar evaluaciones, sondeos y estadísticas sobre el desarrollo de los procesos de selección públicos abiertos establecidos en el presente decreto, con el propósito de garantizar su eficiencia y transparencia.
Así mismo, en desarrollo de su función de lucha contra la corrupción, podrá recibir las quejas relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones señaladas en este decreto y de las irregularidades que se presenten en el proceso de selección, para ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.
Nótese que el nombramiento de un director regional está sujeto a previo procedimiento de selección orientado por los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones, de los cuales los nombres de los tres primeros serán remitidos al respectivo gobernador para que escoja quien deberá ser nombrado en dicho empleo por parte del director nacional del Sena; por lo tanto, el cargo de director regional comporta la naturaleza de libre remoción, mas no de nombramiento, puesto que este se encuentra sujeto a un procedimiento meritocrático.
Ahora bien, en caso de vacancia de ese empleo, procede la figura del encargo, regulada por Decreto 1950 de 1973, «por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil», al contemplar:
Artículo 34º.- Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.
Artículo 35º.- Cuando se trata de vacancia temporal, el encargado de otro empleo solo podrá desempeñarlo durante el término de esta, y en el caso de definitiva hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. Al vencimiento del encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente.
Artículo 36º.- El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de antigüedad en el empleo de que se es titular, ni afecta la situación de funcionario de carrera.
Artículo 37º.- El empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular
Igualmente, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 estipula:
[…]
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.
Por consiguiente, el encargo permite que mientras se provea el empleo en vacancia definitiva del titular, no cese el ejercicio de las funciones de este, por lo que es dable encomendar a otro servidor vinculado a la entidad pública para que lo desempeñe durante el término de 3 meses, sin necesidad de que se desvincule de las funciones de su cargo original.
En este orden de ideas, el cargo de la accionante (directora regional) si bien no comporta el carácter de libre nombramiento, sí el de libre remoción, en ejercicio de la facultad discrecional del director general de Sena, por ende, su retiro debe estar precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés general, sin que con ello quiera decir que el acto mediante el cual se declara la insubsistencia deba contener una motivación expresa.
Asimismo, el desempeño de un cargo de libre remoción no confiere fuero de inamovilidad alguno al empleado que lo ocupa, por tanto, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional que la ley le otorga podrá removerlo libremente en aras de un mejor servicio público.
Al respecto, esta Corporación ha dicho que «Cuando al nominador se le ha conferido la facultad discrecional para remover libremente a sus empleados, goza de un cierto margen de libertad para decidir con qué funcionarios cumple mejor la administración los fines que se le han encomendado, y con mayor razón tratándose de funcionarios que ocupan cargos como el que desempeñaba la demandante, que son de absoluta confianza y manejo en estos casos la facultad discrecional qué [sic] le asiste al nominador es más amplia que la que se puede ejercer respecto de empleados de menor nivel, pues el jefe de la entidad, que es el responsable del servicio, puede decidir en forma libre y prudencial con cuales funcionarios adelantará su tarea; este acto discrecional debe entenderse con el sano propósito de acertar en la dirección de la entidad».
Por lo tanto, frente a los empleados de libre remoción, el nominador goza de facultad discrecional para disponer su retiro; potestad que se presume ejercida con el propósito de lograr el mejoramiento del servicio oficial, razón por la cual en el evento de que se acuse de nulidad el acto discrecional por desviación de poder, debe ser demostrado el elemento subjetivo contrario a dicha finalidad, y/o por falsa motivación, resulta indispensable probar la inexactitud de los hechos que sustentaron la decisión administrativa o su apreciación errónea.
En el sub lite se tiene que la accionante fue designada como directora regional grado 4 del Sena en el Cesar (cuyo grado cambió a 5 por Resolución 2273 de 20 de octubre de 2006), por parte del director general de esa entidad, mediante nombramiento ordinario, efectuado con Resolución 2460 de 29 de noviembre de 2005, previo procedimiento meritocrático, quien fue declarada insubsistente a través de Resolución 744 de 24 de mayo de 2013, de manera discrecional (sin motivación expresa), y para dicha fecha, con Resolución 749, se ordenó la apertura de un proceso de selección público y abierto a partir del 27 siguiente, para integrar terna de elegibles que se enviaría al gobernador del Cesar para designar al que ocuparía el empleo de director regional grado 5.
En reemplazo de la demandante, se designó en encargo a la señora Martha Lucía Ducón Fonseca, quien ejercía el empleo de subdirectora grado 2 del centro industrial y del desarrollo tecnológico de la regional Santander, por el término de 3 meses, por medio de Resolución 755 de 27 de mayo de 2013, quien fue nuevamente encargada con Resolución 1352 de 2 de septiembre de 2013, por el mismo lapso.
Ahora bien, la accionante sustenta su recurso de apelación, en primer lugar, en el hecho de que su reemplazo no colmó el requisito para ejercer el empleo de director regional del Sena consistente en estar vinculado a la respectiva región. Al respecto cabe anotar que la señora Martha Lucía Ducón Fonseca fue designada mediante la figura del encargo, en relación con el cual el Consejo de Estado ha precisado:
Los encargos temporales originados en situaciones de urgencia no pueden estar sujetos a los mismos requisitos y ritualidades que debe cumplir el posterior acto electoral por el cual se suple la falta absoluta o temporal, ya que dichas exigencias podrían impedir a la autoridad competente designar prontamente a las autoridades territoriales y evitar de esa manera perturbaciones al orden público originadas en la ausencia del gobernante.
En atención a lo expuesto, la Sala considera que ante la ocurrencia de la falta temporal de un gobernador, la persona nombrada temporalmente y con carácter de urgencia por el Presidente de la República en encargo, de manera previa a la remisión de la terna por parte de la agrupación política o coalición por la cual fue inscrito el gobernador elegido popularmente, no necesariamente debe pertenecer a dicha agrupación política o coalición. Lo anterior debido a que el carácter de urgencia, se reitera, de dicho nombramiento, originado en la necesidad de evitar un vacío de poder, exime el cumplimiento de tal requisito fijado por el artículo 303 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el cual solamente puede ser exigido respecto de la persona que supla definitivamente la falta temporal.
De las normas atañederas al encargo como del anterior precedente, ha de colegirse que resulta indispensable que el servidor público que se designe a través de esta figura colme los requisitos del empleo, empero, en el caso del director regional del Sena, en particular, respecto de la exigencia de estar vinculado a la región, ante la urgencia de designar a un empleado, en aras de no perturbar la continuidad del servicio público, no es necesario exigir tal condición, la cual sí debe cumplir ineludiblemente quien sea nombrado de manera definitiva en el empleo.
Frente a este último punto, esta Corporación ha advertido que «[…] el artículo 21 de la Ley 191 de 1994, al referirse a la exigencia de “estar vinculado a la región”, pretende que los candidatos al cargo de director regional acrediten que, al momento de la inscripción, tiene alguna relación con el departamento sede de la regional del "SENA” a la cual aspiran. Nótese que el legislador no precisó a qué vinculo se refiere, por tanto, bastará con demostrar que se tiene alguna relación con el departamento, sea cual fuera como residencia, laboral o académica, para tener por superado el mentado requerimiento» (se destaca). Por consiguiente, se insiste, tal requisito se exige de la persona que pretenda ocupar el empleo en forma definitiva, esto es, quien participe en el procedimiento de selección meritocrático.
Asimismo, aclárase que el mismo día en el que se expidió el acto administrativo de retiro de la accionante (24 de mayo de 2013), se dio apertura al procedimiento de selección público y abierto a partir del 27 de mayo de 2013, para integrar terna de elegibles que se enviaría al gobernador del Cesar para que designara, entre otros servidores, director regional grado 5 del Sena, claramente en reemplazo de la demandante, por lo que la designación de la señora Martha Lucía Ducón Fonseca, en encargo, ameritó urgencia, con el propósito de no afectar el servicio público en sus labores primordiales.
Si bien la directora regional designada en encargo ejerció sus funciones de manera virtual y podía asistir dos o una vez a la semana, como lo expresaron los testigos, así como hubo retrasos en la entrega de dotaciones y conoció el informe de gestión de la empleada saliente meses después del retiro de la accionante, lo cierto es que no existe certeza acerca de que se haya generado una afectación al servicio público que presta la dirección regional del Sena en el Cesar; lo que resulta claro es que la entidad demandada procuró que no se paralizara ese servicio, mientras se elegía a la persona que lo ocuparía definitivamente, por lo que no se encuentra comprobado el caos administrativo que le endilga la demandante.
Ahora bien, aunque la demandante demostró su idoneidad en el ejercicio del empleo de directora regional del Sena, al comprobar sus destacadas evaluaciones que le fueron efectuadas dentro del marco del acuerdo de gestión de gerentes públicos durante los años 2010 a 2012 y su experiencia profesional, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en sostener:
Ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad profesional para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo.
Si bien obran diversos elementos probatorios que señalan la destacada eficiencia en el desempeño del cargo por parte de la demandante, el cumplimiento de los deberes inherentes al mismo y el tiempo de vinculación laboral, estos hechos no constituyen límites a la facultad del nominador para remover a un empleado ajeno a la carrera administrativa, puesto que bien pueden existir otros motivos de servicio.
Cabe precisar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo (CPC), hoy 167 del Código General del Proceso (CGP), «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», carga que evidentemente desatendió la accionante en este proceso, máxime cuando el acto administrativo se encuentra cobijado por la presunción de legalidad, de conformidad con el artículo 66 (inciso 1º) del CCA, según el cual «Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]», ello en armonía con el artículo 83 superior, que establece que «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
Por lo expuesto, dado que el cargo que desempeñaba la actora era de la categoría de libre remoción, el nominador tenía la facultad de disponer su insubsistencia en cualquier momento por motivos del buen servicio, y en razón a que ella no demostró una finalidad distinta a aquella, la presunción de legalidad del acto administrativo demandado continúa incólume.
En lo que hace a la condena en costas, que incluye las agencias en derecho que correspondan a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, en el sentido de que «[…] corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma».
Por ello, esta Sala considera que el artículo 365 del CGP, por remisión del 188 del CPACA, deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que no se observa en el proceso.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará parcialmente la sentencia de primero instancia, que negó las súplicas de la demanda, y se revocará la condena en costas.
Por otra parte, comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello confirió poder en nombre del Sena, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de dicho mandato (ff. 1423 a 1426 c. 4)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º Confírmase parcialmente la sentencia de primera (1°) de octubre de dos mil quince (2015) proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Carmen Marlene Quintero Romero contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), conforme a la parte motiva.
2.° Revócase el ordinal segundo del fallo apelado, en cuanto condenó en costas a las parte demandante, que incluye las agencias en derecho, de acuerdo con lo indicado en la motivación.
3.° Reconócese personería al abogado Alberto Luis Gutiérrez Galindo, con cédula de ciudadanía 77.191.911 y tarjeta profesional 165.710 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder obrante en el folio 1423 del cuaderno 4.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 23 de febrero de 2006, consejero ponente Jaime Moreno García, expediente 25000-23-25-000-2002-01649-01 (7195-05).
BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2016, p. 550. «Este vicio se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de derecho que se aducen para proferir el acto y la realidad fáctica y/o jurídica, de allí que se dé en las siguientes situaciones:
Por falsedad en los hechos, esto es, cuando se invocan hechos que nunca ocurrieron, o se describen de forma distinta a como ocurrieron.
Por apreciación errónea de los hechos, de suerte que los hechos aducidos efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto administrativo o no corresponden a los supuestos descritos en las normas que se invocan».
Consejo De Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro, ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), radicado 11001-03-28-000-2017-00012-00.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), radicado 25000-23-41-000-2015-01845-02.
Consejo de Estado, sentencia de 23 de febrero de 2006, con ponencia del doctor Jaime Moreno García, expediente 25000-23-25-000-2002-01649-01 (7195-05).
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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