Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03060-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-03060-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03060-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-03060-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA
DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Acción Sociedad
Fiduciaria S.A. contra la sentencia de 30 de agosto de 2017, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 25000-23-37-000-2012-00096-
01.
I. ANTECEDENTES
I.1. Proceso ordinario
I.1.1. Demanda
1. Acción Sociedad Fiduciaria S.A., por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, instauró demanda en contra
del Distrito Capital de Bogotá -Secretaría Distrital de Planeación-, con el fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones números: (i) 1208 de 9 de septiembre
de 2011, por medio de la cual se liquidó y determinó que el efecto plusvalía por
metro cuadrado para los predios incluidos en las Unidades de Gestión UG-1, UG-2
y UG- 3 del Plan Parcial Altamira, ubicados en la localidad de Suba, era de “[…]
$81.850,72 […]”, sobre el área bruta; y (ii) 0491 de 2 de abril de 2012 que, con
ocasión del recurso de reposición interpuesto por la demandante, disminuyó el
efecto plusvalía a “[…] $45.710,94 […]”.
2. Solicitó que se levantara el “[…] gravamen de plusvalía establecido para los
predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria 50N-20105378, 50N-
1
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
346754 y 50N-611818 […]”, denominados Altamira, Arias y La Suiza o, en su
defecto, que se disminuyera el valor o tarifa.
3. Adujo que los referidos actos fueron expedidos con vulneración de su derecho a
la igualdad respecto de la normativa urbanística aplicable, porque a los predios de
los Planes Parciales San Hilario-San Cristóbal, El Cerrito y El Santuario, con
características físicas, jurídicas y de localización similares al Plan Parcial Altamira,
la administración les aplicó los parámetros del Decreto 484 de 1988 y determinó la
inexistencia de hechos generadores del efecto plusvalía.
4. Añadió que, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, en el Plan Parcial
Altamira no se causó el efecto plusvalía, debido a que el numeral 4.3.1.2. del artículo
1°. del Decreto 320 de 29 de 1992, establece que la norma aplicable a los terrenos
de los Cerros de Suba ubicados por encima y por debajo de la cota 2700 m.s.n.m.
EAAB [2670 IGAC] -en adelante cota 2700-, era el Decreto 484 de 1988.
5.Aseguró que, después de la acción urbanística, el valor del terreno por metro
cuadrado bruto descendió, al pasar de “[…] $237.791 […]” a “[…] $178.705 […]”, es
decir que, en su criterio, no se materializó un beneficio normativo.
6.Precisó que el área de edificabilidad en vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y de los
Decretos 320 de 1992 y 484 de 1988 era de “[…] 126.391.39 m2 […]” y, con ocasión
de la expedición de los Decretos 619 de 2000 y 327 de 2004, disminuyó a “[…]
107.095.65 m2 […]”, análisis que, a su juicio, evidenciaba que no existió un área de
mayor edificabilidad imputable a la acción urbanística.
7. Señaló que en la comparación de normas para el área ubicada por encima de la
cota 2700, la administración utilizó como base el potencial básico de edificabilidad
de la norma anterior -Decreto 484 de 1988- y lo cotejó con el máximo permitido en
el Plan de Ordenamiento Territorial -Decreto 619 de 2000-, cuando lo procedente
era evaluar los potenciales máximos en cada escenario, de conformidad con los
lineamientos previstos en el artículo 5°. del Decreto 20 de 2011, sin la exigencia de
requisitos adicionales.
8. Mencionó que, según lo previsto en los artículos 80 de la Ley 388 de 1997 y 1 del
Decreto 084 de 2004, el alcalde tenía el deber de solicitar la estimación del mayor
valor por metro cuadrado de las zonas y subzonas objeto de reglamentación dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de la acción urbanística; no
obstante, el requerimiento oficial derivado del Decreto 333 de 2009 se realizó hasta
el 27 de agosto de ese año.
9.Arguyó la vulneración de su derecho al debido proceso, por cuanto no se le
permitió conocer el precálculo del efecto plusvalía, a diferencia del trámite efectuado
con otras estimaciones, ni se le notificó el estudio realizado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, motivo por el que no tuvo oportunidad
de controvertirlos.
3
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
10. Alegó falsa motivación y actuación irregular debido a que, previo a la expedición
del Decreto 333 de 2009, la administración manifestó, a través del oficio núm. 2-
2007-34674 y del memorando núm. 3-2008-06836 de 29 de agosto de 2008,
contentivo del documento denominado “Estudio Técnico Sobre la Configuración de
Hechos Generadores de Plusvalía”, que en el Plan Parcial Altamira no se
configuraron hechos generadores de plusvalía.
11. Afirmó que el porcentaje de utilidad del 18% sobre los valores de venta del
proyecto, no se encontraba debidamente sustentado por la administración y que la
base gravable del efecto plusvalía presentaba errores aritméticos y de liquidación
tarifaria, en razón a que no se estudiaron las cesiones de suelos para vías, andenes,
parques y equipamientos, las áreas localizadas por encima de la cota de 2700 y la
obligación de generar suelo para Vivienda de Interés Social o de Interés Prioritario.
I.1.2. Contestación
12. La entidad demandada se opuso a las pretensiones del libelo introductorio, por
las siguientes razones:
13. Destacó que por medio del Decreto 333 de 2009 se adoptó el Plan Parcial
Altamira y se estableció su participación en plusvalía “[…] por cambio de régimen y
zonificación de usos del suelo, así como por incremento en el aprovechamiento de
edificabilidad […]”, en consecuencia, se expidió la Resolución núm. 1208 de 2011,
acto administrativo de carácter declarativo, que se limitó a liquidar el tributo.
14. Manifestó que no era obligatorio notificar el precálculo del efecto plusvalía ni
correr el traslado de los memorandos y estudios que adelantó la Secretaría Distrital
de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, por tratarse
de actos de trámite que hacen parte de los actos administrativos demandados.
15. Sostuvo que no era viable comparar los Planes Parciales Altamira y San Hilario,
dado que cada uno cuenta con particularidades distintas.
16. Indicó que el oficio núm. 2-2007-34674 de 1° de noviembre de 2007 no es un
acto administrativo, porque se expidió en virtud de lo previsto en el artículo 25 del
Código Contencioso Administrativo.
17. Concluyó que en el Plan Parcial Altamira se generó el efecto plusvalía como
consecuencia del cambio de clasificación del suelo y el aumento de edificabilidad
permitida, pues la zona ubicada por encima de la cota 2700 era suburbana y se
convirtió en urbana, y se demostró que la edificabilidad autorizada era mayor a la
prevista en el Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 484 de 1988.
18. Propuso las excepciones de: (i) caducidad de la acción en relación con el Decreto
333 de 2009, que determinó la participación en plusvalía del Plan Parcial Altamira;
(ii) falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial;
(iii) falta de unidad de los actos administrativos demandados, toda vez que, además
4
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
de los actos de carácter particular y concreto acusados, se cuestionan otros de
carácter general; e (iv) ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación
de pretensiones al resultar excluyentes la declaratoria de ausencia de configuración
del hecho generador y la disminución de la tarifa.
I.1.3. Sentencia de primera instancia
19. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 27 de noviembre de 2013, declaró la nulidad parcial
de los actos administrativos acusados, en relación con los predios denominados
Altamira, Arias y La Suiza, y declaró que la sociedad accionante no estaba obligada
a pagar el cálculo del efecto plusvalía en dichos predios, al considerar lo siguiente:
20. Desestimó la objeción del dictamen pericial por error grave presentada por la
accionada, puesto que las apreciaciones jurídicas o el rechazo a las
manifestaciones de la administración no demostraban su configuración.
21. Explicó que el artículo 486°. del Acuerdo 6 de 1990 determinó que la
reglamentación de las áreas de preservación del sistema orográfico requería de la
adopción de un plan de ordenamiento físico, que, en este caso, correspondía al
Decreto 320 de 1992, en el que se clasificó la zona ubicada por encima de la cota
de 2700 como área suburbana y se aclaró que a los Cerros de Suba Norte y Sur les
aplican las densidades y demás normas urbanísticas contenidas en el Decreto 484
de 1988 y sus modificatorios.
22. Advirtióque “[…] el Plan Parcial El Santuario […] posee unas condiciones
similares al Plan Parcial Altamira, toda vez que una parte del área que lo constituye
se encuentra ubicada por encima de la cota 2700, la Administración con el fin de
determinar el régimen de zonificación y uso del suelo, el aprovechamiento y el
potencial de edificabilidad, realizó la comparación de las normas, acudiendo a las
densidades e índices señalados en el Decreto 484 de 1988 […] sin exigir para ello
algún requisito previo, a diferencia de lo ocurrido para el caso que ocupa la atención
de la Sala, al requerir un proceso de incorporación de la zona ubicada por encima
de la cota 2700, al área urbana, con lo cual se advierte un tratamiento desigual sin
fundamento para la determinación del efecto plusvalía […]”.
23. Encontró que los actos acusados estaban viciados de nulidad, porque en la
comparación normativa de los predios ubicados por encima de la cota de 2700 se
omitieron las densidades y demás índices previstos en el Decreto 484 de 1988,
falencia del procedimiento que evidenció la afectación del derecho a la igualdad del
extremo actor.
24. Por último, expuso que no había lugar a condenar en costas, por cuanto en el
proceso se ventiló un asunto de interés público.
5
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
I.1.4. Recurso de apelación
25. La parte demandada solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, se
declararan probadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda
y las que de oficio resultaran probadas, y se negaran las pretensiones de la
demanda.
26. Expuso que cada zona regulada en un plan parcial tiene características propias,
lineamientos urbanísticos y de uso del suelo diferentes, aspectos que impiden su
comparación. En ese sentido, afirmó que no se lesionó el derecho a la igualdad de
la sociedad demandante, pues no se aportó al plenario algún estudio que permitiera
concluir que los Planes Parciales Altamira y San Hilario eran iguales.
27. Reiteró que el cuestionamiento de la accionante se originó en actos
administrativos de carácter general que no hacían parte del objeto del litigio.
Además, indicó que los actos administrativos demandados tenían carácter
declarativo, porque se limitaban a fijar el valor por metro cuadrado para calcular el
efecto plusvalía, y que la liquidación oficial efectuada por la Secretaría Distrital de
Hacienda no se cuestionó en el proceso, motivo por el que el restablecimiento
solicitado era improcedente.
28. Explicó que el análisis de los ajustes efectuados sobre el potencial de
edificabilidad evidenció que en el Plan Parcial Altamira se materializó el hecho
generador de plusvalía, pues lo autorizado para el plan parcial era mayor a lo que
se permitía en vigencia del Acuerdo 6 de 1990.
29. Manifestó que las conclusiones del dictamen pericial aportado al expediente no
eran acertadas, por lo que pidió que se accediera a la objeción planteada por error
grave.
30. Aseguró que el potencial máximo de edificabilidad previsto en el Decreto 484 de
1988 estaba supeditado a la consecución de licencias y a la disponibilidad de
servicios públicos, trámites que únicamente se hubieran podido desarrollar en el
marco de un proceso de urbanización.
31. En síntesis, sostuvo que los actos acusados no estaban viciados de nulidad,
debido a que los terrenos del Plan Parcial Altamira ubicados por encima de la cota
2700, en vigencia del Acuerdo 6 de 1990, se consideraban área suburbana de uso
agrícola y, por ende, la aplicación del Decreto 484 de 1988 se supeditaba a un
proceso de incorporación de nuevas áreas urbanas, que en este caso no se
concretó.
I.1.5. Sentencia de segunda instancia
32. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 30 de agosto
de 2017, revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
6
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
33. Comparó los índices de ocupación, construcción, altura y densidad de los Planes
Parciales: El Santuario, San Hilario- San Cristóbal y Altamira -este último objeto de
controversia-, y encontró que no son semejantes, lo cual deriva en que el análisis
del efecto plusvalía se realiza de manera independiente de acuerdo con las
particularidades de cada uno, motivo por el que consideró que no se vulneró el
derecho a la igualdad de la sociedad demandante.
34. Argumentó que, de conformidad con el Acuerdo 6 de 1990 y los Decretos 320 de
1992, 619 de 2000 y 327 de 2004, “[…] la zona de los Cerros de Suba ubicada
por encima de la cota 2700 EAAB [2670 IGAC], en vigencia del Acuerdo
Distrital 6 de 1990, tenía uso agrícola, porque no se incorporó a la categoría
de áreas urbanas a través de un plan parcial. Fue con el Decreto Distrital 333
de 2009, por el que se adoptó el Plan Parcial Altamira, que se cumplió con el
requisito de incorporación al perímetro urbano, por lo que se permitió su uso
urbano […]” (negrilla del texto).
35. Aclaró que en la comparación de normas para establecer el efecto plusvalía,
respecto del área localizada por encima de la cota 2700, no debían aplicarse los
parámetros previstos en el Decreto 484 de 1988, porque su implementación
dependía del perfeccionamiento del proceso de incorporación de nuevas áreas
urbanas.
36. Desestimó los argumentos del “AVALÚO COMERCIAL URBANO” aportado con
la adición de la demanda y del oficio núm. 2-2007-34674 de 1º de noviembre de
2007 de la Secretaría Distrital de Planeación, comoquiera que se sustentaron en la
aplicación del Decreto 484 de 1988. Además, evidenció que en el “Estudio
Económico de precálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial Altamira”, anexo
al memorando núm. 3-2008-06836 de 29 de agosto de 2008, se concluyó que los
predios eran objeto de participación en plusvalía.
37. Consideró que la demandante no desvirtuó el cálculo de los costos del proyecto
inmobiliario y recordó que la posibilidad de urbanizar predios con tratamiento de
desarrollo implicaba la obligación de ejecutar programas de Vivienda de Interés
Social y de Interés Prioritario, sin que este deber afectara el cálculo del efecto
plusvalía.
38. Mencionó que la omisión en la notificación del precálculo del efecto plusvalía no
impidió el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, y que los términos del
trámite de liquidación tienen carácter preclusivo, de manera que su incumplimiento
no invalidaba la actuación de la administración.
39. En cuanto a la variación del cálculo de porcentaje de utilidad en ventas, anotó
que no se aportó al proceso prueba que permitiera controvertir el calculo efectuado
en los actos acusados.
7
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
40. Finalmente, decidió no condenar en costas a la parte vencida, porque no se probó
su causación, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 de la
Ley 1564 de 2012, en concordancia con el artículo 188 de la Ley 1437.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario -causal invocada-
41. Acción Sociedad Fiduciaria S.A., por intermedio de apoderado judicial, instauró
recurso extraordinario de revisión en el que solicitó que se “[…] confirme el desvalor
jurídico […]” de los actos administrativos acusados en el proceso ordinario y de la
sentencia de 30 de agosto de 2017.
42. En criterio de la revisionista, en el sub examine se configura la causal de revisión
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación,
porque la providencia censurada vulneró sus derechos a la igualdad y al debido
proceso.
43. Adujo que según el procedimiento previsto en el Decreto 320 de 1992, para
determinar el efecto plusvalía del Plan Parcial Altamira correspondía revisar la
norma vigente antes de la acción urbanística, con el fin de comparar el potencial de
edificabilidad y establecer si se configuraba el hecho generador del tributo.
44. Esgrimió que el ad quem no tuvo en cuenta que en el Plan Parcial Altamira no se
concretó el hecho generador de plusvalía, puesto que el área de edificabilidad en
vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y de los Decretos 320 de 1992 y 484 de 1988
correspondía a “[…] 126.391.39 m2 […]” y, a partir de los Decretos 619 de 2000 y
333 de 2009, disminuyó a “[…]107.098.07 m2 […]”, lo cual deriva en una diferencia
de áreas de “[…] 19.293.32 m2 […]”, cotejo que, según su interpretación, demuestra
que la norma urbana anterior establecía un mayor área de edificabilidad.
45. Señaló que la Secretaría Distrital de Planeación no tuvo en cuenta las densidades
y demás índices previstos en el Decreto 484 de 1988 para el cálculo del efecto
plusvalía de los terrenos ubicados por encima de la cota 2700 del Plan Parcial
Altamira, al considerar que se trataba de un área respecto de la cual debió
adelantarse el proceso de incorporación del suelo suburbano a urbano, exigencia
que no está prevista en el literal a. del artículo 5°. del Decreto 20 de 2011.
46. Indicó que los Planes Parciales San Hilario-San Cristóbal, El Santuario y Altamira
coinciden en su ubicación en la ciudad, en las condiciones geográficas -áreas por
debajo y por encima de la cota 2700- y la época de su adopción, por ende, para el
cálculo del efecto plusvalía se rigen por las mismas normas antes y después de la
acción urbanística, estas son: el Acuerdo 6 de 1990 y los Decretos 320 de 1992 y
484 de 1988; y el Plan de Ordenamiento Territorial y los decretos que lo adoptaron.
8
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
47. Expuso que a los predios de los Planes Parciales San Hilario-San Cristóbal y El
Santuario, la administración les aplicó los parámetros del Decreto 484 de 1988 y
concluyó la inexistencia del hecho generador del efecto plusvalía, en comparación
con el tratamiento otorgado a los terrenos que conforman el Plan Parcial Altamira a
los que les liquidó dicho tributo, vicio en el procedimiento que, a su juicio, vulnera
su derecho a la igualdad y afecta la legalidad y validez de los actos administrativos
acusados.
48. Como sustento de este cargo, afirmó que en el “ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA
CONFIGURACIÓN DE HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA”, efectuado
para el Plan Parcial El Santuario se examinó el potencial construible de los terrenos
ubicados por encima de la cota 2700, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
484 de 1988, sin la exigencia de su incorporación al suelo urbano.
49. Resaltó que el ad quem consideró que, aunque los planes parciales en mención
ostentan algunas similitudes, el efecto plusvalía debía analizarse de manera
independiente según las particularidades de cada uno, conclusión a la que arribó a
partir del estudio de un cuadro comparativo que no fue objeto de controversia y que
contiene información incompleta e imprecisa, porque “[…] no se obtiene como
resultado de aplicación de la norma el total de áreas construidas […] el total
resultante para determinar las edificabilidades o áreas construidas es producto de
aplicar índices de ocupación y edificabilidad, que por norma, son comunes para los
planes parciales en cuestión, como ya se advirtió, dependiendo si se está por
encima o por debajo de la cota 2700. […]”.
50. Hizo alusión a una tabla comparativa que, desde su punto de vista, no fue
analizada en la sentencia censurada, con el propósito de demostrar que la norma
que rige los planes parciales referidos es la misma, como se observa:
“[…]
Plan Parcial San Hilario-San
Plan Parcial El Santuario Plan Parcial Altamira
Cristóbal
AUTORIZACIÓN*
CONDICIONES*
RANGO 4A RANGO 4B
RANGO 4A RANGO 4B
sobre cota* bajo cota* RANGO 4A RANGO 4B
sobre cota bajo cota
2670 2670 (COTAS 2650- (COTAS
2670 m.s.n.m 2670 m.s.n.m
m.s.n.m* m.s.n.m* 2670) 2570-2650)
Índice de
0.20 / ANU 0.50 / ANU 0.2 / ANU 0.50 / ANU
construcción 0.10 / ANU 0.50 / ANU
Índice de
0.1 0.15 0.1 / ANU 0.1 / ANU 0.05 / ANU 0.1 / ANU
ocupación
Densidad 10 V/Ha N.U. 30 V/Ha N.U. 10 V/Ha N.U. 30 V/Ha N.U. 5 V/Ha N.U. 20 V/Ha N.U.
Máximo 2 Máximo 5 Máximo 2 Máximo 5
Altura 2 Pisos 2 Pisos
pisos pisos pisos pisos
Área bruta* 105.618.20m2* 332.361.46m2* 254.365.87m2*
Área Neta
105.618.20m2* 324.215.50m2* 252.281.55m2*
Urbanizable *
Área Neta
55.587.05m2* 50.031.15m2* 186.883.12m2* 145.478.34m2* 146.940.80m2* 105.340.75*
Urbanizable *
Área Útil* 68.393m2* 189.806.24m2* 162.523m2*
Área
11.117.40m2* 25.015.58m2* 36.673m2* 70.4*25m2* 14.694.08m2* 52.670.35m2*
Construible*
9
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Total Área
36.132.98m2* 107..098m2 (sic) 67.364.46m2*
Construible*
[…]” (negrilla del texto).
51. Reiteró que al proceso se aportaron: el Informe Técnico suscrito por el arquitecto
William Cruz Rueda, el oficio núm. 2-2007-34674 de 1º de noviembre de 2007 y el
memorando 3-2008-06836 de 29 de agosto de 2008, contentivo del “Estudio
Técnico sobre la Configuración de Hechos Generadores de Plusvalía”, acervo
probatorio en el que se reconoce la inexistencia de hechos generadores del efecto
plusvalía en el Plan Parcial Altamira.
52. Por último, refirió que el tribunal de primera instancia constató la existencia de un
vicio en el procedimiento que conllevó a la vulneración de su derecho a la igualdad,
toda vez que la administración comparó de manera indebida las normas anteriores
a la acción urbanística al omitir las disposiciones del Decreto 484 de 1988,
normativa que sí aplicó a los Planes Parciales San Hilario-San Cristóbal y El
Santuario, sin la exigencia de algún requisito previo.
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
53. El recurso extraordinario de revisión fue presentado ante la Secretaría General
del Consejo de Estado el 29 de agosto de 2018 y luego de efectuarse el
correspondiente reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Veinte Especial de
Decisión, con la radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00.
54. Mediante proveído de 8 de noviembre de 2018 se admitió el recurso
extraordinario de revisión y a través de auto de 25 de febrero de 2019 se dispuso
tener como pruebas los documentos aportados con la demanda.
55. Vencido el plazo de fijación en lista2, el expediente pasó al despacho.
56. El 5 de febrero de 2020, el Consejero de Estado, doctor Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, en su calidad de integrante de la Sala Veinte Especial de Decisión, allegó
manifestación de impedimento con fundamento en las causales 1. y 2. del artículo
141 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20123.
57. El magistrado sustanciador del proceso, en providencia de 1° de septiembre de
2020, se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo en relación con la
manifestación de impedimento en cita, en virtud a que por medio del Acuerdo 036
de 18 de febrero de 2020, la Sala Plena de la Corporación aceptó la renuncia del
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez al cargo de Consejero de Estado de la
Sección Cuarta, a partir del 1º de marzo de esa anualidad.
2
Cfr. índice 20 del expediente digital en SAMAI.
3
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
10
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
58. Mediante auto de 14 de septiembre de 2022 se solicitó a la Secretaría de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que remitiera copia
digital del expediente ordinario núm.: 25000-23-37-000-2012-00096-00/01, en el
que se profirió la sentencia de 30 de agosto de 2017; expediente debidamente
incorporado al plenario y que se encuentra visible en el índice 39 del expediente
digital.
59. El 30 de enero de 2023, el consejero sustanciador se manifestó impedido para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1. del artículo
141 de la Ley 1564. Al respecto, la Sala Especial de Decisión se pronunció a través
de proveído de 28 de julio de 2023, en el sentido de declararlo infundado.
60. El 10 de agosto de 2023, el expediente pasó para sentencia.
II.3. Secretaría Distrital de Planeación
61. LaSecretaría Distrital de Planeación, por intermedio de apoderado judicial,
arguyó que la demandante pretende reabrir el debate probatorio suscitado en el
proceso ordinario y cuestionar la interpretación normativa efectuada por el juez de
la causa.
62. Mencionó que en la providencia cuestionada se expusieron con suficiencia los
motivos por los que resultó procedente revocar la decisión del a quo y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
63. Agregó que los reproches de la recurrente no hacen parte de los eventos que
configuran la causal del numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, por tal razón,
solicitó que se negaran las súplicas de la demanda.
II.4. Ministerio Público
64. Guardó silencio4.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
65. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.
66. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
4
Cfr. Índice 11 del expediente digital en SAMAI.
11
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la Sección que profirió la decisión.
67. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en los asuntos que esta última les encomiende,
salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.
68. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]”.
69. Por su parte, los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso
extraordinario puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos
en esta última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que
se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.
70. En el caso concreto, se advierte que Acción Sociedad Fiduciaria S.A., el 29 de
agosto de 20185, presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia de 30 de agosto de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
25000-23-37-000-2012-00096-01; providencia que fue notificada por estado el 11
de septiembre de 20176 y quedó ejecutoriada7 el 14 de septiembre de 2017, es
decir, que el recurso se presentó antes del vencimiento del término de un año que
señala la norma.
71. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario
de revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los presupuestos procesales
para su estudio de fondo.
5
Cfr. Índice 1 y 32 del expediente digital en SAMAI.
6
Cfr. Índice 30 del expediente ordinario en SAMAI.
7
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564.
12
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
72. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
73. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.
74. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 8;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido9.
75. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, dado que este control autónomo vincula su procedencia a
las causales previstas por el legislador en los artículos 250 de la Ley 1437 y 20 de
la Ley 797 de 29 de enero de 200310. Es por ello que, su naturaleza excepcional
impide: (i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico, propio de las instancias
ordinarias; (ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y (iii)
cuestionar la interpretación normativa del juez natural.
III.3. De la causal invocada
76. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca el demandante, es la
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 cuyo tenor literal es el
siguiente:
8
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
9
Ibidem.
10
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
13
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]”.
77. De esta manera, se evidencia que el legislador restringió la procedencia de este
mecanismo extraordinario a las sentencias ejecutoriadas contra las que no
procedan recursos, con el fin de corregir errores graves y la perpetración de
decisiones injustas o irregulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio se presente en el momento
previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo, evento que deberá
demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión11.
78. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible valerse de esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564, sin perjuicio del deber del juez de
declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes de dictar sentencia.
79. De esta manera, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo12 ha sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia son las siguientes:
“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.
80. Adicionalmente,se ha aceptado13 que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
14
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
originan en la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Carta Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para
configurar la causal de revisión en cita.
81. En este punto, la Sala considera relevante destacar que el precepto
constitucional en mención, se relaciona con los principios de legalidad, tipicidad,
juez natural, favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad, doble instancia, non
bis in idem, entre otros. Asimismo, integra los derechos de defensa, contradicción,
autonomía e independencia del juez y contempla la declaratoria de nulidad de pleno
derecho de la prueba obtenida irregularmente y la observancia de los términos
probatorios y la oportunidad para solicitar, aportar y contradecir las pruebas.
82. Visto
lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.
III.4. Problema jurídico
83. Corresponde determinar si se configura o no la causal del numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437, dado que, según la demandante, la sentencia objeto de revisión
está viciada de nulidad por vulnerar sus derechos a la igualdad y al debido proceso,
al determinar el efecto plusvalía del Plan Parcial Altamira, a partir de una indebida
comparación normativa para el área ubicada por encima de la cota de 2700, en la
que se omitieron las densidades y demás índices previstos en el Decreto 484 de
1988.
III.5. De la configuración o no de la causal de revisión alegada
84. Del análisis de los argumentos planteados por la recurrente, la Sala Especial de
Decisión evidencia que su inconformidad se concreta en los siguientes cargos:
85. (i) La lesión de sus derechos a la igualdad y debido proceso por omitir en el
estudio del efecto plusvalía de los terrenos ubicados por encima de la cota de 2700
los parámetros previstos en el Decreto 484 de 1988, normativa que sirvió de
fundamento al examen que efectuó la administración sobre los Planes Parciales
San Hilario-San Cristóbal y El Santuario, que cuentan con características físicas,
jurídicas y de localización similares a las del Plan Parcial Altamira.
86. (ii)
La inclusión de un cuadro comparativo de los índices de construcción,
ocupación, densidad y altura de los Planes Parciales San Hilario-San Cristóbal, El
Santuario y Altamira, que no tuvo la oportunidad de controvertir y en el que se
consignaron datos incompletos e imprecisos.
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
87. (iii) La inexistencia del efecto plusvalía en el Plan Parcial Altamira con sustento
en el Informe Técnico realizado por el arquitecto William Cruz, el oficio núm. 2-2007-
34674 de 1º de noviembre de 2007 y el memorando núm. 3-2008-06836 de 29 de
agosto de 2008, contentivo del documento denominado “Estudio Técnico sobre la
Configuración de Hechos Generadores de Plusvalía”.
88. En ese sentido, la Sala resalta que en el fallo objeto de revisión se analizó lo
siguiente:
“[…] (i) Si en la determinación del efecto plusvalía para los predios denominados
Altamira, Arias y La Suiza del Plan Parcial Altamira ubicados en la localidad de Suba,
se vulneró el derecho a la igualdad de sus propietarios. En concreto, se debe
estudiar si procedía la comparación con los predios pertenecientes a otro plan
parcial14, en la misma localidad, respecto del cual, la Administración consideró
que no se configuró el hecho generador de la plusvalía.
[…]
(iv)Si en la comparación de normas para el cálculo del efecto plusvalía para la cota
por encima de los 2700 [2670 IGAC], no se podía tener en cuenta los parámetros
fijados en el Decreto Distrital 484 de 1988, porque esa franja de terreno en vigencia
del Acuerdo 6 de 1990 tenía asignados usos agrícolas.
(v) Si se configuró el hecho generador de la plusvalía en los predios pertenecientes
al Plan Parcial Altamira, en los términos indicados en los actos administrativos
demandados […]” (negrilla fuera del texto).
89. En relación con la vulneración del derecho a la igualdad y la procedencia de la
comparación entre planes parciales con el fin de determinar el efecto plusvalía, se
indicó:
“[…] 3.5 Según se explicó en la resolución Nro. 0491 de 2 de abril de 2012, que decidió
el recurso de reposición contra la resolución Nro. 1208 de 9 de septiembre de 2011 -
actos demandados-, la diferencia entre los planes parciales San Hilario y
Altamira, en relación con los “índices de ocupación, altura y densidad, surge de
las normas de edificabilidad establecidas en el respectivo decreto del plan
parcial”.
3.6 En efecto, verificadas las resoluciones que adoptaron los planes parciales
a los que se ha hecho referencia, se advierte que los índices de ocupación,
construcción, altura y densidad no son semejantes.
3.7. Para mayor ilustración, se señalan a continuación:
14
“En la demanda y en recurso de apelación se hace referencia al Plan Parcial San Hilario (Dto. 235/08). En la adición de la
demanda y en la sentencia de primera instancia se menciona el Plan Parcial El Santuario (Dto. 576/10), ambos, ubicados en
la localidad de Suba”.
16
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Plan Parcial San
Plan Parcial El Plan Parcial Hilario - San
Santuario15 Altamira16 Cristóbal17
AUTORIZACIÓN
RA RA
RAN NG NG
GO 4 RAN O4 O
A GO A 4B
sobr 4B (cot (cot
e bajo as as
cota cota 265 257
2670 2670 0- 0-
VARIA RANG RANG m.s. m.s. 267 265
BLE O4A O 4B n.m. n.m. 0) 0)
Índice
de 0,10 0,50
constru Result Result 0,2 / 0,5 / / /
cción ante ante ANU ANU ANU ANU
Índice
de
Ocupac 0,1 / 0,1 / 0,5 / 0,1 /
ión 0,1 0,15 ANU ANU ANU ANU
5 20
10V/H 30 10 30 V/H V/H
Densid a V/Ha V/Ha V/Ha a a
ad N.U. N.U. N.U. N.U. N.U N.U.
Máxi
Máxi mo
mo 5
Máxi Máxi 2
2 2 mo 2 mo 5 piso Piso
Altura Pisos Pisos pisos pisos s s
3.8 Como se observa, aunque los predios que conforman los planes parciales
reseñados se encuentran en la misma localidad -Suba- e, incluso, están
ubicados en una zona de densidad restringida, lo que conduce a que compartan
algunas similitudes en sus condiciones, el efecto plusvalía debe ser analizado
de manera independiente, porque se presentan diferencias en los Índices de
ocupación, construcción, altura y densidad, lo que resulta razonable, porque los
planes parciales son el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan
las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas determinadas
del suelo y mediante estos se establece el aprovechamiento de los espacios privados,
con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así
como las obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos,
espacios y servicios públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos
específicos de urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de
planificación18.
3.9. Por lo anterior, la Sala no comparte lo expuesto en la sentencia apelada, porque
se trata de planes parciales distintos e independientes que, aunque pueda afirmarse
que guardan similitudes, para efectos de determinar el efecto plusvalía deben ser
analizados por separado y atendiendo las particularidades de cada uno, sin que
se puedan hacer extensivas las conclusiones de uno al otro. […]” (negrilla fuera
del texto).
90. En cuanto a la aplicación del Decreto 484 de 1988 a los terrenos del Plan Parcial
Altamira ubicados por encima de la cota 2700, el ad quem encontró que no era
procedente, pues, en vigencia del Acuerdo 6 de 1990, esa zona era considerada
15
“Artículo 26 del Decreto 576 de 2010”
16
“Artículo 28 del Decreto 333 de 2009”
17
“Artículo 22 del Decreto 235 de 2008”
18
“Conforme con la definición de plan parcial prevista en el numeral 12 del artículo 2 del Decreto 2181 de 2009, por el que se
reglamenta parcialmente la Ley 388 de 1997”.
17
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
suburbana de uso agrícola y el cambio de categoría a área urbana requería de un
proceso de incorporación. Sobre el particular, precisó lo siguiente:
“[…] [L]a remisión al Decreto Distrital 484 de 1998 (sic), no conducía a desconocer la
necesidad de incorporación como áreas urbanas de ciertos sectores de las áreas
suburbanas, lo que suponía la definición de su desarrollo en determinados usos
urbanos, con sujeción a una reglamentación específica que, desde luego, debía
atender lo señalado en el Decreto Distrital 484 de 1988, solo de esta manera se
observaría el tratamiento especial previsto para la zona de reserva forestal protectora
productora (ZRF) que corresponde a las áreas por encima de la cota 2700 de los
Cerros del Norte y Sur de Suba.
5.6.1.8 Así las cosas, se concluye que mientras estuvo en vigor el Acuerdo 6 de 1990,
las zonas de preservación del sistema orográfico situadas por encima de la cota 2700
en los Cerros Norte y Sur de Suba se consideraban de uso agrícola, situación que
cambió con el Decreto Distrital 333 de 2009, porque con el proceso de incorporación,
en dicha franja de terreno se permitió el uso urbano.
[…]
5.6.2.1 En la comparación de normas con el fin de determinar el efecto plusvalía,
respecto del área ubicada por encima de la cota 2700, la Sala encuentra que no es
procedente partir de los parámetros establecidos en el Decreto Distrital 484 de 1988,
porque, si bien es cierto, el Decreto Distrital 320 de 1992 previó que las densidades y
demás normas urbanísticas serían las contempladas en dicho decreto y sus
modificatorios [numeral 4.3.1.2], no lo es menos, que la aplicación de los parámetros
previstos en el Decreto Distrital 484 de 1988 dependía de que se surtiera el proceso
de incorporación de nuevas áreas urbanas, respecto de la zona ubicada por encima
de la cota 2700, que como se analizó con anterioridad; no se llevó a cabo.
[…]
5.6.2.3 Para la Sala, es claro que la comparación de normas con el fin de determinar
el efecto plusvalía por mayor edificabilidad en una zona de terreno que pasó de ser
suburbana a urbana, no se puede partir de los parámetros señalados en un decreto
que aplicaba una vez se cumpliera con el proceso de incorporación de nuevas áreas
urbanas. […]” (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
91. Conforme se evidencia de los apartes transcritos, en la sentencia cuestionada se
coligió que no se lesionó el derecho a la igualdad de la sociedad demandante,
debido a que los índices de ocupación, construcción, altura y densidad de los Planes
Parciales San Hilario-San Cristóbal, el Santuario y Altamira son diferentes, aspecto
que deriva en que el cálculo del efecto plusvalía se efectúe de manera
independiente.
92. Asimismo, el juzgador de segunda instancia estudió con suficiencia el marco
normativo aplicable a los predios Altamira, La Suiza y Arias del Plan Parcial Altamira
y concluyó que los parámetros del Decreto 484 de 1988 no eran aplicables a los
terrenos ubicados por encima de la cota 2700.
93. Por lo tanto, la Sala considera que el primer argumento del recurso, relacionado
con la vulneración de los derechos a la igualdad y el debido proceso por omitir en el
estudio del efecto plusvalía de los terrenos ubicados por encima de la cota de 2700
18
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
los parámetros previstos en el Decreto 484 de 1988, no está llamado a prosperar,
en la medida que la anomalía planteada por la sociedad recurrente no hace parte
de los eventos que viabilizan la configuración de la causal de revisión invocada y no
se originó en la sentencia de segunda instancia, por el contrario, coincide con los
derroteros expuestos en el libelo introductorio del proceso ordinario y recae sobre
aspectos esenciales de la controversia, de modo que lo pretendido es que a través
de este mecanismo extraordinario de impugnación, se examine la labor intelectual
del juez de la causa y se enerven los fundamentos jurídicos de la decisión.
94. Frente al segundo argumento del recurso, asociado a la inclusión de un cuadro
comparativo de los Planes Parciales San Hilario-San Cristóbal, El Santuario y
Altamira, que, el extremo actor asegura, no tuvo la oportunidad de controvertir y en
el que se consignaron datos incompletos e imprecisos, se observa que los índices
de ocupación, construcción, altura y densidad se encuentran previstos en los
artículos 26 del Decreto 576 de 201019, 28 del Decreto 333 de 200920 y 22 del
Decreto 235 de 200821, los cuales fueron señalados por la accionante en la
demanda como sustento de sus pretensiones, y se incorporaron a la providencia
cuestionada a título enunciativo, pues el ad quem consideró que el cotejo de esos
datos era suficiente para plasmar las diferencias que existían entre los planes
parciales referidos.
95. Así las cosas, se reitera que el juez revisor no está habilitado para cuestionar los
criterios hermenéuticos y la confrontación normativa efectuada en el marco del
proceso ordinario, en la medida que un entendimiento distinto vulneraría el principio
de cosa juzgada, motivo por el que este reparo no tiene vocación de prosperidad.
96. Por último, frente al tercer cargo del recurso, relacionado con la falta de
configuración del efecto plusvalía en el Plan Parcial Altamira con sustento en el
Informe Técnico realizado por el arquitecto William Cruz Rueda, el oficio núm. 2-
2007-34674 de 1º de noviembre de 2007 y el memorando núm. 3-2008-06836 de
29 de agosto de 2008, contentivo del documento denominado “Estudio Técnico
sobre la Configuración de Hechos Generadores de Plusvalía”, se encuentra que en
la sentencia de 30 de agosto de 2017 se resolvió lo siguiente:
“[…] [C]ontrario a lo expuesto por la parte actora, e incluso, a lo concluido en el
“AVALÚO COMERCIAL URBANO” aportado con la adición de la demanda22,
el Decreto Distrital 484 de 1988 no resultaba aplicable para el terreno ubicado
por encima de la cota 2700, como si ocurrió con las áreas ubicadas entre las
cotas 2650 y 2700, porque conforme con el literal k) del artículo 173 del Acuerdo
6 de 1990, fueron calificadas como áreas urbanas del Distrito Especial de
Bogotá.
[…]
19
“[…] Por el cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo denominado "El Santuario", ubicado en la localidad de Suba […]”.
20
“[…] Por el cual se adopta el Plan Parcial "Altamira", ubicado en la localidad de Suba. […]”.
21
“[…] Por el cual se adopta el Plan Parcial denominado ‘San Hilario – San Cristóbal’, ubicado en la localidad de Suba. […]”
22
“Con fundamento en el numeral 4.3.1.2 del artículo 1 del Decreto 320 de 1992 se expuso que “el presente fundamento
jurídico prueba que sí existe una normatividad definida y específica para el área del plan parcial Altamira que sde (sic)
encuentra por encima de la cota 2700 EAAB (IGAC) 2670, dado que contaba con un plan de ordenamiento físico, el cual
remitía nuevamente a las normas del Decreto Distrital 484 de1998 Fl. 443 del c.p. Nro.2”.
19
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
5.6.2.4 Por otra parte, se observa que aunque en el oficio Nro. 2-2007-34674
de 1° de noviembre de 2007 de la SDP, dirigido al Director Ejecutivo
Representante Legal de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, citado por
la parte actora para sustentar sus pretensiones, se concluyó que “[a]unque se
evidencia un incremento en las densidades por hectárea neta y el número
total de viviendas resultantes, en términos de factibilidad financiera esto no
representa un incremento en el aprovechamiento del suelo en área
edificada, ya que el potencial de edificabilidad con las normas del Plan
Parcial, resulta menor en comparación con el potencial que resulta de aplicar
las normas del Decreto 484 de 1988” [Negrilla original], su contenido no puede
ser tenido en cuenta para resolver la litis, porque en la comparación de normas
hecha en esa oportunidad, se tuvo en cuenta el Decreto Distrital 484 de 1988,
tanto para las zonas por encima como por debajo de la cota 2670, lo que, como
se analizó, no es procedente.
Con posterioridad a dicho oficio, se expidió el memorando Nro. 3-2008-06836
de 29 de agosto de 2008 de la Subsecretaria de Planeación Territorial -
Dirección Planes Parciales, dirigido al Subsecretario (E) de Planeación Socio
Económica de la Secretaría de Planeación Distrital, “Estudio económico de
precálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial Altamira”, en el que se indicó
que “[u]na vez revisadas las condiciones normativas y de consolidación de la
infraestructura de acueducto y alcantarillado para el área objeto de estudio,
esta subsecretaria determinó que los predios incluidos en el Plan Parcial
Altamira son objeto de participación en plusvalía por cambio en el régimen y
zonificación de usos del suelo así como por el incremento en el
aprovechamiento del suelo en edificabilidad”23.
Adicionalmente, en el año 2010, la UAECD realizó el cálculo del efecto
plusvalía del Plan Parcial Altamira, por solicitud de la Secretaría Distrital de
Planeación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 del Decreto Distrital
084 de 200424, derogado por el artículo 19 del Decreto Distrital 20 de 2011, en
el que se concluyó lo contrario a lo expuesto en el oficio Nro. 2-2007-34674 de
1º de noviembre de 2007.
5.6.2.5 Por lo expuesto, se concluye que con el fin de determinar el efecto
plusvalía para los predios que pertenecen al Plan Parcial Altamira, la
Administración, al realizar la comparación de normas, obró conforme a derecho
al hacer la distinción entre las áreas ubicadas por debajo y por encima de la
cota 2700, sin tener en cuenta para esta última lo previsto en el Decreto Distrital
484 de 1988, porque como se analizó con anterioridad, no resultaba procedente
por corresponder a una franja de terreno con uso agrícola en vigencia del
Acuerdo 6 de 1990. […]” (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
97. Conforme se advierte, en la providencia examinada se analizó el “AVALÚO
COMERCIAL URBANO”, suscrito por el arquitecto William Cruz Rueda y el oficio
núm. 2-2007-34674 de 1° de noviembre de 2007; cuestión distinta es que el juez
ordinario estimó que dichos documentos no permitían desvirtuar la configuración del
23
“Fl. 75 del c.a.”
24
“[…] Artículo 1. Procedimiento para determinar el efecto de la plusvalía. Para determinar el efecto plusvalía se
observará el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de las decisiones
administrativas contentivas de las acciones urbanísticas generadores de plusvalía, el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital solicitará, según lo considere conveniente, al Departamento Administrativo de Catastro Distrital, al Instituto
Agustín Geográfico Agustín Codazzi o a peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas e instituciones análogas, se
proceda a establecer el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias con
características geoeconómicas homogéneas. Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital dentro del trámite de expedición de planes parciales, fichas normativas para Unidades de Planeamiento Zonal u otros
instrumentos que desarrollen el Plan de Ordenamiento Territorial podrá realizar una estimación general del efecto de plusvalía
[…]” (negrilla del texto).
20
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
efecto plusvalía en el Plan Parcial Altamira, toda vez que sus conclusiones se
derivaban de la aplicación de los parámetros del Decreto 484 de 1988 a los terrenos
ubicados por encima de la cota 2700, lo cual no resultaba procedente, en razón a
que esa zona tenía uso agrícola y no cumplía con el requisito de incorporación al
perímetro urbano.
98. Además, contrario a lo afirmado por la recurrente, en el memorando núm. 3-2008-
06836 de 29 de agosto de 2008 contentivo del “Estudio económico de precálculo
del efecto plusvalía para el Plan Parcial Altamira”, se coligió que los predios eran
objeto de participación en plusvalía.
99. En armonía con lo anterior, se itera que este mecanismo de revisión no se
instituyó como una tercera instancia en la que sea viable debatir sobre la actividad
intelectual del juez de la causa o que permita ahondar en el acervo probatorio en el
que fundó la decisión adoptada en el marco de sus competencias, por ende, este
argumento del recurso tampoco está llamado a prosperar.
100. Por contera, las objeciones de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. no se enmarcan
en las irregularidades del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia, pues se dirigen a cuestionar asuntos propios del debate
jurídico y probatorio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y surgen de la divergencia con el resultado del proceso.
101. En consecuencia, la Sala Especial de Decisión considera que no se acreditó la
configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de
la Ley 1437, razón por la cual declarará infundado el recurso.
III.6. De la condena en costas
102. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25525 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 26 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
la recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la
Secretaría Distrital de Planeación.
103. Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.27 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
25
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
26
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
27
Ibidem.
21
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-03060-00
Demandante: Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Acción Sociedad Fiduciaria S.A. contra la sentencia de 30 de agosto
de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 25000-23-
37-000-2012-00096-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.
TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.