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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03416-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
8 de febrero de 2019
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03416-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Confírmase la sentencia de 29 de octubre de 2018 proferida por el Consejo de Estado (sección primera), que negó el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad del demandante, pero por las razones expuestas en la parte motiva. 2.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03416-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

8 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Se aplicaron adecuadamente las normas llamadas a regular el caso / CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO – Desborda la competencia del juez constitucional por ser un tema económico

«Frente al objeto de la alzada interpuesta, esta Sala observa que en el numeral 5o de la parte resolutiva de la sentencia objeto del recurso de apelación, se condenó en costas a la parte vencida en el proceso». (…) Al respecto, se reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso; presentándose así una apreciación objetiva valorativa. (…) Luego, al no existir en la Corporación una postura consistente y unificada sobre el asunto, no podría hablarse de un precedente judicial vinculante para la autoridad judicial y, por tanto, está facultada para acoger el criterio que estime más ajustado a derecho (…) Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala ha determinado: (…) para que proceda la acción de tutela se ha establecido que “(…) requiere que el asunto sometido a conocimiento del juez de tutela, debe tener trascendencia Superior y no solamente legal o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica de connotaciones particulares y privadas (…)”.(…) Por esa razón, es deber del juez constitucional en cada caso particular, analizar de forma clara y precisa las razones por las cuales el asunto que está bajo su conocimiento reviste de relevancia constitucional y por ello requiere un pronunciamiento de fondo sobre la posible vulneración de derechos constitucionales fundamentales. (…) De acuerdo con lo anterior, para la Sala, lo referente a la condena en costas desborda la competencia del juez constitucional para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento, pues se trata de un tema eminentemente económico que carece de relevancia constitucional. (…) Conforme al anterior derrotero jurisprudencial, se evidencia que la providencia censurada no incurre en el defecto sustantivo planteado por el accionante, pues no resulta procedente emitir un estudio de fondo sobre la condena en costas allí impuesta, dado que tal inconformidad no reviste de relevancia constitucional, al no involucrar derecho constitucional fundamental alguno, por consiguiente, impide al juez de tutela analizar dicha situación. (…) Lo expuesto, en atención a la aclaración de voto presentada respecto de la sentencia de 19 de julio de 2018 emitida dentro del trámite de tutela 11001-03-15-000-2018-02030-00, consistente en acoger la posición mayoritaria de la sala de decisión y la imperante en esta Corporación, según la cual en estos asuntos (condena en costas) «[…] carece de relevancia constitucional» por tener un carácter «[…] eminentemente económico […]». (…) A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la sentencia de 14 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión), no incurre en las causales específicas denominadas desconocimiento del precedente y defecto sustantivo por condena en costas procesales que dieron pábulo al ejercicio de la presente acción, la Sala confirmará la providencia impugnada que negó el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad del actor, pero por las precisas razones expuestas en esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 188.

NOTA DE RELATORIA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03416-01(AC)

Actor: JOSÉ RODRIGO DELGADO RUIZ

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra la providencia de 29 de octubre de 2018 proferida por el Consejo de Estado (sección primera) que negó el amparo deprecado.

ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 44). El señor José Rodrigo Delgado Ruiz, por intermedio de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por los señores magistrados de la sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.

Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la providencia de 14 de marzo de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión) revocó la de 19 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Pereira, para negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-33-33-003-2014-00405-01 incoado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); y, en su lugar, se ordene a las autoridades judiciales accionadas emitir un nuevo fallo que disponga reliquidar su pensión «[…] teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro […]» y no condenarlo en costas.

1.2 Hechos. Relata el accionante que la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE en liquidación) le reconoció pensión de jubilación, pero sin tener en cuenta todos factores salariales devengados en el último año de servicios.

Que inconforme con esa decisión, acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-33-33-003-2014-00405-01, con el propósito de que se le ordenara a la UGPP reliquidar la aludida prestación social, la cual le correspondió al Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Pereira, que con providencia de 19 de febrero de 2016 accedió a las súplicas de la demanda.

Dice que la UGPP interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, desatado el 14 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión) en el sentido de revocarlo, para en su lugar negar las pretensiones, con lo que se apartó del precedente jurisprudencial sentado por el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, pues acogió la postura de la Corte Constitucional contenida en las providencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.

Que el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión) sostiene que «[…] el ingreso base de liquidación de la pensión debe realizarse según las prescripciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, situación que a todas luces resulta desproporcionada y violatoria de los derechos fundamentales […]».

Arguye que los accionados, al condenarlo en costas, incurren en «[…] [d]efecto [m]aterial o [s]ustantivo, […], conforme […] artículo 188 del CPACA [Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], abandonando el criterio subjetivo para su imposición, y adoptando uno objetivo».

1.3 Contestaciones de la acción

1.3.1 Los señores magistrados de la sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda (ff. 121 a 124) aducen que la sentencia acusada no incurre en defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, ni vulnera los derechos constitucionales fundamentales invocados por el accionante, toda vez que se adoptó con fundamento en las normas vigentes con la interpretación que de ellas ha efectuado la Corte Constitucional.

Que «[…] la decisión adoptada obedeció a la interpretación -con base en criterios hermenéuticos- del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e igualmente, en atención a la interpretación que del mismo se hizo por parte de la Corte Constitucional […] pronunciamientos que han sido unánimes en señalar que el artículo [en mención] consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social, y que dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes en que se encontraba incurso […], pero que solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasas de reemplazo excluyendo el aspecto del ingreso base de liquidación».

1.3.2 La señora directora general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) [ff. 95 a 120], por intermedio del señor subdirector de defensa judicial pensional de ese organismo, solicita rechazar por improcedente la acción de tutela del epígrafe, por cuanto en el fallo censurado no se incurrió en defecto material o sustantivo, pues «[…] se evidenció que no había lugar a la inclusión de factores salariales diferentes a los señalados en la norma […]», conforme al precedente contenido en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 y auto 229 de 10 de mayo de 2017.

Que lo pedido en el proceso contencioso-administrativo «[…] se ajustó a derecho y fue revisad[o] por un órgano judicial de mayor jerarquía revestido de poder para confirmar, modificar o revocar las decisiones no ajustadas a derecho, de modo que se debe dar la relevancia de cosa juzgada».

1.3.3 El señor coordinador del grupo de tutelas de la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) [ff. 155 a 161] depreca se declare la improcedencia del presente asunto, puesto que no se transgreden garantías superiores, en tanto que, él no es el responsable de resolver los ruegos del tutelante.

1.4 Providencia impugnada (ff. 164 a 177). Mediante providencia de 29 de octubre de 2018, la sección primera (1.ª) del Consejo de Estado negó el amparo invocado por el actor, al considerar que en el fallo cuestionado se tuvo en cuenta que «[…] los factores salariales que se deben incluir en el IBL son únicamente aquellos sobre los que se haya cotizado al Sistema General de Pensiones, por lo que no es dable incluir otros o la totalidad de los devengados respecto de los que no se hayan realizado oportunamente estos aportes, lo que guarda armonía con la rectificación del criterio jurisprudencial de la Sala Plena [de esa colegiatura] el 28 de agosto de […]» ese año.

En lo que atañe a la condena en costas, señala que en el sub lite «[…] no se vulneró el debido proceso del tutelante, toda vez que [aquellas] en segunda instancia obedeció al juicio objetivo valorativo que conllevó el hecho de que las pretensiones de la demanda no prosperaron y que son comprobables, en la medida [en] que fue necesaria la participación de la entidad demandada mediante apoderado, quien interpuso el recurso de apelación contra la sentencia del a quo que la condenaba, por lo que objetivamente no se puede concluir nada diferente a que estas se causaron».

1.5 La impugnación. Inconforme con la decisión adoptada, el accionante la impugna (ff. 184 a 206), bajo el entendido de que está basada en una sentencia de unificación proferida con posterioridad a la fecha en que instauró la demanda contencioso-administrativa, momento en el cual la posición del Consejo de Estado era la trazada en el fallo de 4 de agosto de 2010.

Que el juez de tutela de primera instancia «[…] sustenta el precede [sic] constitucional en materia de régimen de transición en virtud de la reciente sentencia del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, sin embargo […] la anterior sentencia fue notificada […] el mes de septiembre [siguiente], por lo que no se encontraba [en vigencia en] el momento [en] que se llevó a cabo el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual no era de obligatorio análisis para la presente tutela».

Por otra parte, precisa que para «[…] condenar en costas en el proceso administrativo no basta […] que la parte sea vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte de juez de la conducta observada por ella en el proceso, y en el presente caso, [no incurrió en acciones] tendientes a dilatar el proceso, razón por la cual no habría lugar a […] la imposición de aquellas».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 2 (letra b) del Acuerdo 55 de 2003 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 14 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión), mediante la cual se decidió en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-33-33-003-2014-00405-01 incoado por el tutelante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el sentido de revocar la providencia del Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Pereira, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas, y condenar en costas al allí demandante; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que, en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por otra parte, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.

Por último, en la sentencia de 5 de agosto de 2014, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se reiteró que esta acción constitucional procede siempre que se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiaridad.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad del demandante; (ii) la sentencia controvertida no es susceptible de otro medio de defensa judicial, ya que fue proferida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que el fallo atacado es de 14 de marzo de 2018 y la solicitud de amparo se instauró el 20 de septiembre siguiente (f. 1), es decir, dentro de un término prudencial; y (v) la decisión acusada no fue dictada en una acción de tutela.

En razón a que se colman los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala procede a analizar el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo por condena en costas procesales, alegadas por el actor.

2.5.1 Desconocimiento del precedente en lo atañedero al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.

La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que está en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente.

Así, se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en atención a la línea jurisprudencial vertical u horizontal, ya que constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.

En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.

En el asunto sub examine, el accionante sostiene que el fallo objeto de estudio, al aplicar las providencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, desconoce el precedente trazado por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, según el cual «[…] en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, para liquidar las pensiones de los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, toda vez que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa [aquellos] que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios» (f. 8).

Ahora bien, revisado el contenido del fallo proferido el 14 de marzo de 2018, se observa que se acogen los lineamientos de la Corte Constitucional fijados en la sentencia SU-395 de 2017, al referir que «[…] solo podrá beneficiarse en el tema de factores salariales para el computo de su pensión de vejez, de los que hubieren servido como base de aportes al sistema de seguridad social en pensiones […]» (f. 80).

Sobre este aspecto, cabe señalar que la sala plena de la sección segunda del Consejo de Estado se pronunció por vía ordinaria, mediante providencia de unificación de 25 de febrero de 2016, acerca de los alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, en el sentido de que tales pronunciamientos cobijan a las pensiones del régimen de congresistas y similares, de lo que se colige que ratificó la postura trazada en el fallo de unificación de 4 de agosto de 2010, según el cual la liquidación de las personas beneficiarias de la transición de la Ley 100 de 1993 se debe hacer con las inclusiones de todos factores salariales devengados durante el último año de servicios.
No obstante, en sentencia de 15 de diciembre de 2016, dictada dentro del trámite de tutela 11001-03-15-000-2016-01334-01, la sección quinta del Consejo de Estado revocó la de 13 de octubre de esa anualidad proferida por la sección cuarta de esta Corporación, que negó el amparo deprecado por la UGPP, para en su lugar tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso y ordenar a la sección segunda proferir una nueva decisión en la que atienda los lineamientos trazados en el fallo SU-230 de 2015.

Asimismo, en fallos SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), la Corte Constitucional reiteró la interpretación hecha en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. Posteriormente, con sentencia T-39 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado), la Corte Constitucional precisó:

82. Una consideración adicional merece el ámbito personal de aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. Algunos jueces de instancia en el trámite de la tutela aseguraron que estas providencias solo fijaban reglas sobre el IBL de las pensiones de los congresistas y de otros servidores públicos equiparables en los términos de la Ley 4ª de 1992 y que sus consideraciones no se extendieron en forma automática a otros regímenes especiales. Con base en lo anterior, consideraron que esas reglas sobre IBL no le eran aplicables a ninguno de los casos objeto de acción de tutela y por tanto amparó los derechos al debido proceso de los accionantes, pues ninguno había obtenido su pensión conforme a la Ley 4 de 1992.

Contrario a lo expuesto por estos operadores judiciales, esta Sala constata y reitera lo expuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-230 de 2015, que precisó: “la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales. La sentencia fijó unos parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992, pero además, estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100”. De lo transcrito se concluye que lo dispuesto en la Sentencia C-258 de 2013 sobre la exclusión del IBL del régimen de transición, no solo es oponible a aquellos que obtuvieron su prestación pensional como congresistas sino a todo régimen especial al que pretenda dársele aplicación, con fundamento en el régimen de transición.

Al respecto, es menester advertir que la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, a través de fallo de 28 de agosto de 2018, emitió un nuevo pronunciamiento de unificación frente al tema, empero, comoquiera que solo fue notificado hasta el 12 de septiembre siguiente, esto es, aproximadamente 6 meses después de que la providencia acusada fue proferida, no podía ser observada por los tutelados, motivo por el cual, en virtud de su autonomía, debían cumplir con la carga argumentativa con el propósito de sustentar las razones para acoger o apartarse de alguna de las posiciones jurisprudenciales vigentes.

Con fundamento en lo anterior, revisado el contenido de la sentencia de 14 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión), en atención a su autonomía, acogió el derrotero trazado en el fallo SU-395 de 2017 (ff. 68 a 84), al argumentar:
[…]

En principio es necesario precisar que en esta instancia se tiene por sentado que el accionante se encuentra inmerso en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que tal aspecto no fue controvertido por la parte apelante, y así fue reconocido en el acto de reconocimiento de la pensión del actor.

[…]

Este tribunal ha venido aplicando el criterio jurisprudencial contenido en pronunciamiento reiterado del máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, de fecha 4 de agosto de 2010, conforme al cual los factores base de liquidación pensional enlistados en las normas especiales como en este caso la Ley 33 de 1986 y el Decreto 4017 de 1994, no es taxativa sino enunciativa y permite el cómputo de emolumentos laborales que recibe el servidor de manera habitual y periódica aunque no hayan sido base de cotización, en aplicación de los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral.

No obstante, y a tono con lo expuesto en el acápite que antecede, en el tema de factores salariales para el computo de la pensión que se debate, es preciso acudir nuevamente a la sentencia de Unificación SU-395 de 2017, en la cual por una parte se abordó el tema del ingreso base de liquidación (IBL) analizado en dicho punto y, por otra parte se señaló que la liquidación pensional de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizado[s] los aportes al sistema de seguridad social.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala de Decisión viene recogiendo el criterio que ha sido aplicado a quienes pretendan la reliquidación de la pensión, en el sentido de reconocer todos los factores salariales devengados por el pensionado sin importar que sobre los mismos no hubiese realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, tal cual lo desarrolló el Consejo de Estado en la pluricitada sentencia […], dando así aplicación inmediata al precedente contenido en la sentencia SU-395 de 2017 […] en el sentido de tener en cuenta como factores de liquidación pensional únicamente los que hubieren servido como base de aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

[…]

Así las cosas, al hacer la revisión conforme a todos los presupuestos normativos y jurisprudenciales, se advierte que la pensión de jubilación del señor José Rodrigo Delgado, se encuentra liquidada correctamente y en esas condiciones no se debe modificar con la inclusión de otros factores salariales tal como fueron enunciados por el juez de instancia, puesto que por una parte no se encuentra probado que frente aquellos se hayan realizado las respectivas cotizaciones y por otra no son de los enlistados en el marco del […] Decreto 1045 de 1978 […].

En ese orden de ideas, en consideración a que el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión) explicó en el fallo objeto de censura el motivo por el cual se aparta del precedente del Consejo de Estado y acoge el fijado por la Corte Constitucional, (que como se vio, eran los dos imperantes para la fecha en que fue dictado) se concluye que colmó los respectivos criterios de suficiencia y transparencia que exigen el deber de motivar razonablemente las decisiones judiciales, por ende, no tiene vocación de prosperidad el desconocimiento de precedente alegado por el tutelante.

2.5.2 Sobre la condena en costas. El demandante alude que la sentencia controvertida incurre en defecto sustantivo, pues allí se le condenó en costas, lo que incluye agencias en derecho, cuando para su causación no basta que se hayan despachado de modo adverso sus pretensiones, es decir, que sea vencido en el proceso, por cuanto para tal efecto resulta imperativo que el juez haga una valoración de la conducta de las partes, y como no actuó dentro del trámite ordinario de mala fe o con temeridad, no había lugar a su imposición.

Acerca de este tema, la sección cuarta del Consejo de Estado se pronunció por vía de tutela, mediante providencia de 12 de diciembre de 2018, así:

6.2. El concepto de costas está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación y comprende los denominados gastos o expensas del proceso. Pero también hay que decir que existen otros gastos, como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, entre otros. De ahí que a raíz de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas, la Sección Segunda del Consejo de Estado, sostenía que el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 no implicaba la condena de manera automática u objetiva frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Lo anterior a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el operador judicial debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión.

6.3. Posteriormente una sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas, incluidas las agencias en derecho, al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes como temerarias o de mala fe. Según el fallo, se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo establece el Código General del Proceso.

6.4. Sin embargo, la subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en reciente pronunciamiento, revocó la decisión de primera instancia que impuso condena en costas, señalado que:

«Frente al objeto de la alzada interpuesta, esta Sala observa que en el numeral 5o de la parte resolutiva de la sentencia objeto del recurso de apelación, se condenó en costas a la parte vencida en el proceso».

Al respecto, se reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso; presentándose así una apreciación objetiva valorativa.

[…]

6.6. Luego, al no existir en la Corporación una postura consistente y unificada sobre el asunto, no podría hablarse de un precedente judicial vinculante para la autoridad judicial y, por tanto, está facultada para acoger el criterio que estime más ajustado a derecho […].

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala ha determinado:

[…] para que proceda la acción de tutela se ha establecido que “(…) requiere que el asunto sometido a conocimiento del juez de tutela, debe tener trascendencia Superior y no solamente legal o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica de connotaciones particulares y privadas (…)”.

Por esa razón, es deber del juez constitucional en cada caso particular, analizar de forma clara y precisa las razones por las cuales el asunto que está bajo su conocimiento reviste de relevancia constitucional y por ello requiere un pronunciamiento de fondo sobre la posible vulneración de derechos constitucionales fundamentales.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala, lo referente a la condena en costas desborda la competencia del juez constitucional para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento, pues se trata de un tema eminentemente económico que carece de relevancia constitucional.

Conforme al anterior derrotero jurisprudencial, se evidencia que la providencia censurada no incurre en el defecto sustantivo planteado por el accionante, pues no resulta procedente emitir un estudio de fondo sobre la condena en costas allí impuesta, dado que tal inconformidad no reviste de relevancia constitucional, al no involucrar derecho constitucional fundamental alguno, por consiguiente, impide al juez de tutela analizar dicha situación.

Lo expuesto, en atención a la aclaración de voto presentada respecto de la sentencia de 19 de julio de 2018 emitida dentro del trámite de tutela 11001-03-15-000-2018-02030-00, consistente en acoger la posición mayoritaria de la sala de decisión y la imperante en esta Corporación, según la cual en estos asuntos (condena en costas) «[…] carece de relevancia constitucional» por tener un carácter «[…] eminentemente económico […]».

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la sentencia de 14 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala tercera de decisión), no incurre en las causales específicas denominadas desconocimiento del precedente y defecto sustantivo por condena en costas procesales que dieron pábulo al ejercicio de la presente acción, la Sala confirmará la providencia impugnada que negó el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad del actor, pero por las precisas razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia de 29 de octubre de 2018 proferida por el Consejo de Estado (sección primera), que negó el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso e igualdad del demandante, pero por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3. Comuníquese la presente decisión a la sección primera (1.ª) de esta Corporación y remítasele copia.

4. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Sucesora procesal de la extinguida Caja Nacional de Previsión Social.

Como fue planteado, en su momento, en el [sic] ratio decidendi de la decisión de 4 de agosto de 2010, como regla general para las pensiones de jubilación de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html" \l "86" 86 de la Constitución Política».
«Impugnación de providencias de tutela proferidas en primera instancia. Las impugnaciones contra providencias expedidas en los procesos de que trata el inciso primero del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, serán repartidas a la sección o subsección que siga en orden a aquélla que dictó la providencia, teniendo en cuenta las secciones o subsecciones que conocen de este tipo de acciones en los términos del presente acuerdo».
«Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela». Ver sentencia T-87 de 2007, M. P.

Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo. Ver entre otras, sentencias T-49 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr. Sentencia C-372 de 2011. Cfr. sentencia T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio: «[…] el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]». Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M. P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC). Sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 25000-23-42-000-2013-01541-01 (4683-2013), C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Acción de tutela mediante la cual pretendía dejar sin efectos los fallos de 24 de septiembre de 2013 y 25 de febrero de 2016, proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda) y el Consejo de Estado (sección segunda), en su orden, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento promovido por la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón en su contra, y ordenar a esas Corporaciones emitir nuevas providencias en las que se acate la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional relacionada con la forma de liquidar las pensiones de jubilación de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. C. P. César Palomino Cortés, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01. Expediente: 11001-03-15-000-2018-03614-00, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Artículo 361 del Código General del Proceso. La doctrina denomina “las agencias y trabajos en derecho, que fija el magistrado ponente o juez”. MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Cardona G. Pedro Pablo, t. i, pág. 734. Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A. CP. William Hernández Gómez, Sentencia del 5 de abril de 2006. Exp. 13001233300020130002201 (12912014). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., 22 de febrero de 2018. Exp. 250002342000201200561 02 (0372-2017). Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No.

Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente: 11001-03-15-000-2018-03286-00, C. P. César Palomino Cortés.
sentencia C-590 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño
En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 27 de junio de 2018, radicado Nº 11001-03-15-000-2017-03200-01, accionante: Reinaldo Gonzalez, C.P. Octavio Ramírez Ramírez. C. P. César Palomino Cortés. Expediente: 11001-03-15-000-2017-03200-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

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