Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07070-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07070-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07070-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: WBEL DUARTE DUARTE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL: no se satisface el requisito de
relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido y no se cumple con la carga
argumentativa suficiente de tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 presentada por Wbel
Duarte Duarte, por conducto de apoderada, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 2 de septiembre de 2026, el accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva.
Hechos relevantes
2. El tutelante en el año 2001 construyó una vivienda en el predio Rancho Alegre II,
lote 3, parcela 3A, de la vereda La Chuscula del Municipio de Caldas, Antioquia.
Según él, el plan de ordenamiento territorial vigente para esa época regulado por el
Acuerdo 56 de 2000 le permitía construir en ese predio. El Concejo Municipal adoptó
un nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo 014 de 2010.2
3. En el año 2022, el actor solicitó al Municipio de Caldas el reconocimiento de la
edificación existente. El secretario de Planeación negó la solicitud mediante
Resolución 421 del 3 de mayo de 2022, al interponer recursos de reposición y
apelación, se confirmó decisión mediante la Resolución 716 del 25 de julio de 2022.
El alcalde la confirmó mediante el Decreto 175 del primero (1°.) de agosto de 2022.
Argumentaron que el Acuerdo 014 de 2010 no permitía la construcción en esa área
1 Que ingresó al despacho para fallo el 14 de septiembre de 2026.
2 Escrito de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del 16 de febrero de 2023, hechos
1 a 3.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
debido a que la ubicó en suelo de protección al sistema hídrico y con amenaza alta
por movimiento en masa.
4. El señor Duarte Duarte interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Caldas con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución 421 de 2022 proferida por la Secretaría de
Planeación del municipio de Caldas y a través de la cual se negaba la solicitud de
reconocimiento de una edificación existente. Asimismo solicitaba que el municipio
de Caldas reconociera la construcción de vivienda ubicada en el predio Rancho
Alegre II ubicado en la vereda La Chuscala.
5. El asunto le correspondió al Juzgado Noveno (9.º) Administrativo Oral del Circuito
de Medellín que mediante sentencia del 20 de mayo de 2025 negó las pretensiones
al considerar que el reconocimiento solicitado en 2022 debía cumplir el uso previsto
en el plan de ordenamiento vigente.3 El Juzgado no condenó en costas, para esa
autoridad, el artículo 188 del CPACA no autoriza una imposición objetiva de la
condena, que afirma, solo procede cuando la demanda carece manifiestamente de
sustento legal o cuando la defensa ejercida resulta irrisoria, en el presente caso
consideró que la demanda se fundó en una interpretación razonable del
ordenamiento y que la entidad demandada ejerció su defensa en debida forma.
6. Inconforme con la decisión el demandante presentó recurso de apelación el cual
fue conocido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que a través de sentencia del 26 de mayo de 2026 confirmó la decisión
de primera instancia4. La Sala compartió la tesis del Juzgado según la cual el
reconocimiento se rige por las normas urbanísticas vigentes al momento de la
solicitud. Argumentó que la fecha de la construcción no alteraba el resultado ya que
el impedimento para reconocer proviene de la ubicación actual del predio en zona
de protección ambiental y de riesgo.
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó en costas y agencias en derecho
de segunda instancia a la parte demandante que debían ser liquidadas por la
primera instancia. Fundó esta decisión en los artículos 188 del CPACA, 365 y 366
del CGP y en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, según los cuales, manifestó, se condena a la parte que se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.
8. El Magistrado John Jairo Álzate López salvó parcialmente el voto5, compartió la
decisión de fondo, pero discrepó de la condena en costas. Para el magistrado, el
artículo 188 del CPACA exige un juicio objetivo valorativo sobre causación de los
gastos y la conducta de las partes, sostiene que la condena contra la parte actora
solo procede cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal o
cuando la parte despliega maniobras dilatorias en el proceso, en el caso presente
indicó que estos supuestos no se configuraron.
3 SAMAI, expediente: 05001-33-33-009-2023-00053-00, índice: 27.
4 SAMAI, expediente: 05001-33-33-009-2023-00053-01, índice: 11.
5 SAMAI, ibidem, índice: 12.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
9. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva del señor Wbel Duarte Duarte.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTO el numeral SEGUNDO de la parte
resolutiva de la Sentencia SSO No. 102 del 26 de mayo de 2026,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia dentro del radicado 05001-33-33- 009-2023-00053-01,
por el cual se condenó en costas y agencias en derecho de segunda
instancia a la parte demandante.
TERCERA. ORDENAR a la autoridad accionada que, dentro del
término que se le fije, profiera una nueva decisión sobre la condena
en costas de segunda instancia, debidamente motivada y respetuosa
del artículo 188 del CPACA y del precedente constitucional,
realizando el juicio objetivo-valorativo de causación y el análisis de
razonabilidad y proporcionalidad que la jurisprudencia exige.
CUARTA. En subsidio de la anterior, y por no obrar en el expediente
prueba de la causación de las costas ni de conducta procesal que las
justifique, DEJAR SIN EFECTO la condena y DISPONER que no hay
lugar a condena en costas en segunda instancia.”
Fundamentos de la demanda de tutela
10. Sobre la subsidiariedad. El actor sostuvo que no dispone de otro medio de
defensa idóneo contra la condena, explicó que contra la sentencia de segunda
instancia no procede recurso ordinario ni extraordinario de revisión o de unificación
de jurisprudencia. Asimismo, indicó que la objeción a la liquidación de la condena
solo permite oponerse al monto, y que la aclaración o la adición de la sentencia no
permite revocar la condena.
11. Relevancia constitucional y demás requisitos generales. El accionante afirmó
que la controversia trasciende el plano legal y económico. No discute el acierto de
una interpretación legal ni el monto de una liquidación sino la imposición de una
carga patrimonial que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales al no tener
medio de defensa aplicable contra una condena en costas automática y sin debida
motivación.
12. Decisión sin motivación. El actor presentó este defecto como la vulneración
principal. Afirmó que el Tribunal impuso la condena en costas con una fórmula
nominal teniendo en cuenta solo el criterio de la parte vencida en el fallo del recurso
de apelación. Para el tutelante la Sala no expuso si las costas se causaron, si el
expediente contenía pruebas de gastos ordinarios a cargo del municipio ni qué
actividad profesional justificaba las agencias en derecho. Finalmente agregó que el
salvamento de voto confirmó esa omisión en el juicio.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
13. Defecto sustantivo. El accionante sostuvo que el Tribunal aplicó el artículo 188
del CPACA como si incorporara el régimen objetivo del artículo 365 del CGP, sin el
componente valorativo propio de esta jurisdicción. Para sustentar el cargo, la tutela
invocó una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que adoptó el
criterio objetivo valorativo6 y la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional.
El actor afirmó, además, que el Tribunal no estableció que la demanda careciera
manifiestamente de fundamento legal, supuesto que prevé el inciso segundo del
artículo 188, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
14. Violación directa a la Constitución. El tutelante afirmó que la condena desconoce
los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución. Según su argumento, la imposición
automática de costas convierte el ejercicio del derecho de acción en fuente
patrimonial y desalienta el acceso a la administración de justicia. El accionante
mencionó como defecto subsidiario el de desconocimiento del precedente, pero no
lo desarrolló en un acápite propio.
Trámite procesal
15. Mediante auto del 3 de septiembre de 2026 el despacho sustanciador admitió
acción de tutela7, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como
accionado y al Juzgado Noveno (9.º) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, al
Municipio de Caldas, al Ministerio Público y a los demás intervinientes del proceso
ordinario en calidad de terceros con interés. También, ordenó al Juzgado y al
Tribunal remitir en préstamo el expediente digital del proceso cuestionado. Adicional
a ello, requirió al Tribunal para que informara de manera concreta sobre la
causación de costas dentro del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-009-
2023-00053-00/01.
Intervenciones
16. El Juzgado Noveno (9.º) Administrativo Oral del Circuito de Medellín remitió
el enlace del expediente digital del proceso 05001-33-33-009-2023-00053-00
mediante oficio 00094 del cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) 8.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia informó que la Sentencia SSO 102
confirmó el fallo de primera instancia y que sus fundamentos constan en el texto de
la providencia. Sostuvo que la decisión se ajusta a derecho y que la tutela no
satisface los requisitos de procedencia, en especial el de relevancia constitucional.
El Tribunal aportó el enlace del expediente digital, pero no rindió el informe sobre la
causación de las costas que le requirió el despacho.
18. El Municipio de Caldas reconoció que no pidió la condena en costas en
segunda instancia y manifestó que se atiene a lo que decida el juez constitucional
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicado
13001-23-33-000-2013-00022-01 (4492-2013), citada en el escrito de tutela.
7 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-07070-00, índice 5. La Secretaría notificó el auto el
cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), índice 8.
8 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-07070-00, índice 12.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
sobre la legalidad de esa condena. Sin embargo, la entidad advirtió que la
controversia es patrimonial y accesoria, y que el actor cuenta con la objeción a la
liquidación de costas del artículo 366 del CGP. Con ese fundamento, el municipio
pidió declarar improcedente la tutela por falta de subsidiariedad. En subsidio, solicitó
exonerarlo de responsabilidad y resolver conforme a la causación real de las costas
que obre en el expediente.
19. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
21. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
accionante dirigió la tutela exclusivamente contra la condena en costas de segunda
instancia impuesta en el ordinal segundo de la Sentencia SSO 102 del 26 de mayo
de 2026. Con base en ese único reproche, la Sala resolverá el siguiente problema
jurídico:
22. ¿Satisface la acción de tutela el requisito general de relevancia constitucional
frente al reproche dirigido contra la condena en costas de segunda instancia
impuesta en el ordinal segundo de la Sentencia del 26 de mayo de 2026, habida
cuenta de que el actor la califica como una decisión sin motivación, pero la
controversia atañe a la aplicación de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP y
tiene contenido patrimonial?
23. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala expondrá: i) los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y
los criterios de verificación de la relevancia constitucional; y ii) el examen de los
elementos formales y del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
20059, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el
actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que
concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
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Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
25. La Corte Constitucional reiteró y ordenó los requisitos generales de procedencia
en la sentencia T-410 de 202410. Son los siguientes: i) la legitimación en la causa,
por activa y por pasiva; ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de
tutela; iii) el requisito de inmediatez; iv) la identificación clara, detallada y
comprensible de los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales,
alegados en el trámite procesal; v) el requisito de subsidiariedad; vi) la evidente
relevancia constitucional del asunto; y vii) cuando se plantee una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto determinante en la decisión cuestionada.
26. Sobre el requisito de relevancia constitucional: La relevancia constitucional es
un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. En ese sentido,
la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo
constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento en el
que pretende reabrir el debate11, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o que tenga una trascendencia para la aplicación y
el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
Estudio de los elementos formales de la acción de tutela en el caso concreto
27. En el asunto examinado, la Sala expone la aplicación de los elementos de
procedibilidad:
28. Legitimación en la causa por activa. La Sala encuentra acreditado este requisito.
El señor Wbel Duarte Duarte promueve la tutela por conducto de apoderada judicial.
El actor fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y es la parte condenada en costas en la providencia cuestionada.
29. Legitimación en la causa por pasiva. La Sala encuentra acreditado este
requisito. El actor dirige la acción contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que profirió la Sentencia SSO 102 del
26 de mayo de 2026.
30. Interés del Municipio de Caldas. El Municipio de Caldas tiene interés en el
resultado de este asunto. La entidad territorial no profirió la providencia cuestionada,
pero actuó como parte demandada en el proceso de origen y es la beneficiaria de
la condena en costas. La decisión de esta tutela podría incidir sobre los efectos de
ese ordinal, como lo reconoció el propio municipio en su contestación.
31. Análisis del requisito de relevancia constitucional. Acreditada la legitimación en
la causa, la Sala analiza si el reproche del actor supera el examen de relevancia
constitucional.
10 Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2024, párrafo 69.
11 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
32. Examen de relevancia constitucional del reproche contra la condena en costas.
El accionante cuestiona la condena en costas de segunda instancia porque, a su
juicio, el Tribunal aplicó de manera automática los artículos 188 del CPACA y 365
del CGP, sin verificar su causación ni valorar la conducta procesal de las partes. La
Sentencia SSO 102 señaló que, en aplicación de esas disposiciones, del artículo
366 del CGP y del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, procedía imponer las costas y
agencias en derecho a la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso
de apelación. El Tribunal dispuso que la instancia previa las liquidara.
33. El proceso ordinario exhibió dos lecturas del artículo 188 del CPACA sobre la
condena en costas. El Juzgado Noveno (9.º) Administrativo Oral del Circuito de
Medellín se abstuvo de condenar en primera instancia, porque entendió que la
norma exige valorar la conducta de las partes y el fundamento de la demanda. La
Sala mayoritaria del Tribunal aplicó el criterio del vencimiento en el recurso. El
magistrado John Jairo Alzate López salvó parcialmente el voto con apoyo en el
criterio objetivo valorativo. La divergencia entre esos pronunciamientos confirma
que el debate versa sobre la interpretación y aplicación de normas procesales
relativas a la imposición de costas.
34. El escrito de tutela reconoce que la condena en costas es una materia de
interpretación abierta en esta jurisdicción. El accionante afirmó que no existe una
sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre costas y citó una providencia
que constató la ausencia de una postura consolidada12. El actor planteó, incluso,
que aun si en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho operara la
regla general del vencimiento objetivo, el Tribunal debía verificar la causación de las
costas. Esas afirmaciones muestran que el reproche gira en torno a la escogencia
y al alcance de los criterios legales para imponer costas, asunto que corresponde a
la autonomía del juez ordinario.
35. La calificación del cargo como una decisión sin motivación no dota al reproche
de relevancia constitucional. La Sentencia SSO 102 identificó las normas que aplicó
y el supuesto que activó la condena: la parte demandante perdió el recurso de
apelación. Con independencia de su brevedad, esa motivación expuso la regla que
el Tribunal consideró aplicable. El actor no reprocha la ausencia total de razones,
sino que la Sala omitiera el juicio de causación y de conducta procesal que, en su
criterio, exige el artículo 188 del CPACA. Ese reproche presupone la adopción del
criterio objetivo valorativo y, por ello, reproduce la discusión legal sobre el alcance
de la norma.
36. La lectura que propone el actor sobre el inciso segundo del artículo 188 del
CPACA tampoco trasciende el plano legal. Definir si ese inciso, adicionado por la
Ley 2080 de 2021, restringe la condena de la parte demandante a los casos de
demanda manifiestamente infundada es un problema de interpretación de la ley
procesal. El Juzgado, la mayoría del Tribunal y el magistrado disidente adoptaron
posiciones distintas sobre ese problema dentro del proceso ordinario.
12 Escrito de tutela, acápite IV y nota al pie 3, que cita la sentencia de la Sección Segunda,
Subsección B, del 8 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03416-01.
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Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
37. La Corte Constitucional ha precisado que una controversia de contenido
predominantemente económico o patrimonial no satisface, por regla general, el
requisito de relevancia constitucional cuando se circunscribe a intereses
particulares y no proyecta una trascendencia constitucional o un impacto en el
interés general13. En tales eventos, el accionante no puede emplear la tutela para
obtener un nuevo pronunciamiento sobre la correcta aplicación de normas
procesales ordinarias. La sola inconformidad con la condena en costas, con su
fundamento normativo o con los criterios empleados para imponerla no transforma
la controversia en un problema constitucional.
38. De igual forma, la Corte Constitucional ha reconocido que, excepcionalmente,
una controversia sobre costas puede alcanzar relevancia constitucional cuando
trasciende su dimensión económica y compromete intereses constitucionales
cualificados. En la sentencia SU-241 de 2024, la Corte examinó la condena en
costas impuesta a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en un
proceso de reparación directa14. En ese asunto, la Corte consideró relevante que el
proceso ventilaba un interés público vinculado al resarcimiento de las víctimas del
conflicto armado. La Corte advirtió también que una condena desproporcionada
podía desincentivar a otras víctimas de acudir a la jurisdicción en busca de
reparación.
39. El caso del señor Duarte Duarte no presenta las circunstancias que justificaron
la intervención constitucional en la sentencia SU-241 de 2024. La condena
cuestionada surgió de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos que negaron el reconocimiento de una edificación en el predio Rancho
Alegre II. El actor perseguía un interés particular: el reconocimiento de su
construcción. La controversia no involucra la reparación de graves violaciones de
derechos humanos, la protección de víctimas del conflicto armado ni la situación de
un sujeto de especial protección constitucional. La Sala tampoco identifica una
consecuencia de la condena que trascienda la esfera patrimonial individual del
accionante. El cuestionamiento, por tanto, se mantiene dentro de una discusión
procesal y económica sobre la correcta interpretación de los artículos 188 del
CPACA y 365 del CGP.
40. El argumento del efecto disuasorio no suple la carga argumentativa que exige
el tercer criterio de relevancia. El actor formuló ese argumento en términos
abstractos. El escrito no explica cómo una condena que el Juzgado aún no ha
liquidado restringe de manera desproporcionada el acceso del accionante a la
administración de justicia. El efecto que describe la tutela acompaña a toda condena
en costas contra la parte vencida. Si esa sola alegación bastara, cualquier condena
en costas adquiriría relevancia constitucional y el requisito perdería su función de
filtro frente a las controversias legales y patrimoniales.
41. La Sala concluye que el reproche no satisface el requisito de relevancia
constitucional. La controversia es procesal y patrimonial, versa sobre la
interpretación de normas legales que el juez natural aplicó dentro de su autonomía
13 Corte Constitucional, sentencias SU-573 de 2019 y SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07070-00
Accionante: Wbel Duarte Duarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
y no se encuentra vinculada con un interés público cualificado ni con la protección
de derechos fundamentales cuya afectación trascienda la esfera económica
particular del accionante. La intervención solicitada exigiría que el juez
constitucional actuara como una instancia adicional de corrección de la providencia
ordinaria, finalidad ajena a la acción de tutela.
42. Los requisitos generales de procedencia son concurrentes. La falta de
relevancia constitucional basta, por sí sola, para declarar improcedente la acción.
Por esa razón, la Sala no examinará los demás requisitos generales, entre ellos el
de subsidiariedad que planteó el Municipio de Caldas con fundamento en la objeción
a la liquidación de costas. La Sala tampoco abordará los defectos específicos que
invocó el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Wbel Duarte Duarte contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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