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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03689-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03689-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP y, en consecuencia, anúlase la sentencia de 28 de septiembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y, en consecuencia, devuélvase el proceso a la Sección Segunda – Subsección A de dicha Corporación para que dicte nueva sentencia-, previas las actuaciones y constancias de rigor por parte de la Secretaria. 31 “(…) Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda (…)”. 27 Expediente: 11001-03-15-000-2018-03689-00 (REV) Recurrente: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Recurso extraordinario de revisión 2°) Sin condena en costas en el recurso extraordinario. 3°) En firme esta providencia, previas las actuaciones y constancias de rigor por parte de la Secretaría, devuélvase el expediente recibido en préstamo al tribunal de origen y archívese el presente expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03689-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de febrero de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOS ADMINISTRATIVO
SALA 12 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03689-00 (REV)
Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP)
Demandante: ÓSCAR DARÍO VÉLEZ VALLEJO
Demandado: ESE RAFAEL URIBE URIBE EN LIQUIDACIÓN
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Tema: REAJUSTE PENSIONAL – COSA JUZGADA

Síntesis: se pretende la revisión de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó la decisión
proferida el 15 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia por la cual se
ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo en
cuantía del 100% del salario promedio devengado durante los dos (2) últimos años de
servicio según lo dispuesto en el Decreto 1953 de 1977 y el artículo 98 de la Convención
Colectiva de Trabajo de 31 de octubre de 2001; la parte recurrente invocó la causal
contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por estimar que el fallo
impugnado desconoce el debido proceso por violar el principio de cosa juzgada, toda vez
que, dicha reliquidación pensional fue decidida previamente en el mismo sentido por la
jurisdicción ordinaria laboral mediante providencias de 28 de febrero de 2011 y 15 de
febrero de 2012 dictadas por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de Decisión Laboral,
respectivamente, con lo cual se generaría una doble reliquidación y pago de dicha
prestación.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado1 decide el recurso
extraordinario de revisión promovido por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -en

1 Los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado los conoce la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión de la
Sección que profirió la decisión, según lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno
de la Corporación asigna la decisión de estos asuntos a las Salas Especiales de Decisión.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2018-03689-00 (REV)
Recurrente: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Recurso extraordinario de revisión

adelante UGPP)- en contra de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-23-31-
000-2006-03059-01, promovido en su momento por el señor Óscar Darío Vélez
Vallejo en contra de la ESE Rafael Uribe Uribe, en la cual se resolvió lo siguiente:

“1. CONFÍRMASE la sentencia de 15 de mayo de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

2. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen”. (fl. 743 cdno. no. 1 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1) El señor Óscar Darío Vélez Vallejo promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la ESE Rafael Uribe Uribe con el fin de
obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio no. 06310 de 2 de
mayo de 2006, por el cual se le negó el reajuste de su pensión de jubilación en el
monto del 100% del salario promedio mensual devengado conforme lo dispuesto en
el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 20012,
suscrita entre el ISS y su sindicato de trabajadores (fls. 1 a 23 cdno. no. 1).

2) Como sustento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que:

a) El señor Óscar Darío Vélez Vallejo laboró en condición de trabajador oficial en el
Instituto de Seguros Sociales (ISS) entre el 1° de agosto de 1979 y el 25 de junio
de 2003; posteriormente, como consecuencia de la escisión del ISS, prestó sus

2“El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y

llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) si es mujer, tendrá
derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en
el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:
(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006,
el 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años (…)”. (fl. 89 Samai – índice
31 ED).

3

Expediente: 11001-03-15-000-2018-03689-00 (REV)
Recurrente: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Recurso extraordinario de revisión

servicios sin solución de continuidad en la ESE Rafael Uribe Uribe entre el 25 de
junio de 2003 y el 30 de diciembre de 2003.

b) El referido actor es beneficiario del régimen pensional establecido en la
convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 20013 suscrita entre el ISS y
“Sintraseguridad Social”, por lo cual su pensión de jubilación debe reliquidarse en
cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en los dos últimos años
de servicio.

La sentencia de primera instancia

El 15 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso:

“1°. INHÍBASE de proferir decisión de fondo respecto de las pretensiones
referentes a la reliquidación de prestaciones sociales de acuerdo con la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad
Social, por cuanto se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad de la
acción.

2°. DECLÁRASE no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Ministerio de Salud y de la Protección
Social.

3°. DECLÁRASE la nulidad parcial del Oficio Nro. 06310 del 2 de mayo
de 2006, en específico su numeral 2° expedido por la ESE Rafael Uribe
Uribe, por medio del cual se niega la reliquidación de la pensión de
jubilación de acuerdo con el 100% del salario promedio devengado por el
señor Óscar Darío Vélez Vallejo.

4°. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ordénase al Ministerio de Salud y de la Protección Social el
reajuste de la pensión de jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo,
identificado con cédula de ciudadanía 15.251.830, de acuerdo con lo
consagrado en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y el artículo 98 de
la Convención Colectiva de Trabajo, esto es, sobre el 100% del salario
promedio devengado, de acuerdo con la motivación de esta providencia.

5°. La entidad accionada hará la actualización de los valores cancelados
por concepto de reliquidación de pensión de jubilación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 178 del CCA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el Dane y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el H. Consejo de Estado, a saber (…):

6° La ESE Rafael Uribe Uribe o su sucesor procesal, deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 176 del CCA.

3 El documento contentivo de la convención colectiva de trabajo fue depositado el 31 de octubre de

2001 ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – división de Trabajo (fl. 128 cdno. no. 2).

4

Expediente: 11001-03-15-000-2018-03689-00 (REV)
Recurrente: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Recurso extraordinario de revisión

7° Dése cumplimiento a lo establecido en el inciso 1° del artículo 177 del
CCA.

8° Niéganse las demás pretensiones de la demanda. (…)” (fls. 569 a 570
vlto. cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

Como sustento de esa esa decisión el tribunal consideró, en síntesis, que el señor
Óscar Darío Vélez Vallejo tenía derecho a que su pensión de jubilación se
reliquidara con fundamento en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo
de 31 de octubre de 2001 suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el
sindicato de trabajadores de dicha entidad, por cuanto, pese a que el demandante
había adquirido su estatus pensional cuando laboraba como empleado público de
la ESE Rafael Uribe Uribe (26 de octubre de 2003), este no perdió ese beneficio
convencional -que adquirió previamente cuando era trabajador oficial del ISS-
debido a que dicha convención estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004; por
consiguiente, su pensión debía reliquidarse en cuantía del 100% del salario
promedio devengado por el actor en los dos (2) últimos años de servicio por
acreditar los requisitos de edad (55 años) y tiempo (20 años) de servicios exigidos
por la referida disposición convencional.

3. Los recursos de apelación

1) La parte demandante solicitó que se accediera a las pretensiones que fueron
denegadas en el fallo de primera instancia consistentes en la devolución de dineros
deducidos y pago de derechos salariales, prestacionales, retroactivo, indemnización
moratoria e intereses durante la vigencia de la referida convención, por cuanto, en
su parecer, se trataba de derechos debidamente causados (fls. 585 a 599 cdno.
no.1).

2) A su turno, las entidades demandadas consideraron, básicamente, que la
convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 2001 no era aplicable para
reliquidar la pensión de jubilación del actor por su condición de empleado público,
pues, el fallo de primera instancia desconocía lo establecido por la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional (fls. 573 a 584 y 597 a 599
cdno. no.1).

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4. La sentencia de segunda instancia

El 28 de septiembre de 2017, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia por
considerar, en síntesis, que si bien el señor Óscar Darío Vélez Vallejo en su
condición de trabajador oficial del ISS fue beneficiario de la convención colectiva de
Trabajo de 31 de octubre de 2001 suscrita entre dicha entidad y el sindicato de
trabajadores -Sintraseguridad-, este no perdió ese beneficio por haber sido
vinculado posteriormente como empleado público sin solución de continuidad a la
ESE Rafael Uribe Uribe por disposición del Decreto 1750 de 2003 debido a que,
según reiterado criterio jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte
Constitucional4, el actor conservó tales prerrogativas mientras estuvo vigente esa
convención hasta el 31 de octubre de 2004; por consiguiente, como el demandante
acredito que trabajó por más de 20 años en el ISS y que el 26 de octubre de 2003
cumplió 55 años de edad cuando laboraba en la ESE Rafael Uribe Uribe tenía
derecho a que su pensión se reliquidara de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 98 del referido acuerdo laboral, esto es, en cuantía del 100% del promedio
de los salarios percibidos en los dos (2) últimos años de servicio (fls. 726 a 743
cdno. no. 1).

5. El recurso extraordinario de revisión

El 5 de octubre de 2018, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia de 28 de septiembre de 2017 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con sustento en la causal prevista
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por estimar que viola el debido
proceso porque desconoce el principio de cosa juzgada, toda vez que, la referida
controversia pensional fue decidida previamente en idéntico sentido el 28 de abril
de 2011 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso
no. 2006-00900-01, fallo que fue confirmado el 15 de febrero de 2012 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de Decisión Laboral.

De otra parte, refiere que la UGPP no actuó como parte en esos procesos y que

4 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1º de octubre de 2009, expediente no. 0212-2008,

CP Gerardo Arenas Monsalve; sentencia C-349 de 20 de abril de 2004.

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conoció de las respectivas decisiones judiciales en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 1388 de 2013; en ese sentido, se enteró de los fallos de la jurisdicción
ordinaria laboral cuando Colpensiones le solicito darles cumplimiento, y de las
providencias emitidas por la jurisdicción contencioso administrativa a través de la
petición de cumplimiento que el pensionado presentó ante dicha entidad.

Por consiguiente, la UGPP estima que se estructura la causal de revisión
invocada, por cuanto la decisión reprochada se emitió cuando la misma
controversia judicial ya había sido juzgada previamente por la jurisdicción ordinaria
laboral; en consecuencia, solicita que se infirme la referida providencia para evitar
un detrimento de las finanzas públicas (fls. 45 a 70 cdno. ppal.).

6. Oposición al recurso extraordinario

El señor Óscar Darío Vélez Vallejo se opuso al recurso extraordinario sobre la
base de aducir, en síntesis, que i) con la sentencia de segunda instancia de 15 de
febrero de 2012 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
cesó todo su interés de perseguir nuevas o adicionales súplicas debido a que su
pensión fue reliquidada en una cuantía del 100% del promedio mensual percibido
en los últimos dos años de servicio; ii) la causal invocada en el recurso de revisión
no resulta aplicable a este caso porque la actuación judicial culminó con el régimen
jurídico anterior, por tanto, las causales procedentes son las previstas en el
artículo 180 del CCA, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA y, iii) las
decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa no
desconocieron el debido proceso, pues, no se pretermitieron las etapas procesales
y se respetaron los términos judiciales (fls. 109 a 120 cdno. ppal.).

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) generalidades del recurso extraordinario de revisión, 3) el recurso
extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, 4)
la causal de revisión invocada prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797

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de 2003, 5) el principio de cosa juzgada, 6) el caso concreto: análisis de la causal
invocada, 7) conclusión y, 8) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

En primer lugar, como el fallo cuestionado se profirió el 28 de septiembre de 2017 y
la UGPP presentó el recurso extraordinario de revisión el 5 de octubre de 2018, la
normatividad aplicable es la establecida en la Ley 1437 de 2011 según lo dispuesto
en el artículo 308 de dicha legislación5.

Ahora bien, presentado el recurso de manera oportuna6, corresponde a la Sala Doce
Especial de Decisión definir si la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2017 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A que confirmó la decisión
de primera instancia7, se encuentra incursa en la causal de revisión establecida en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque, según la UGPP, desconoce
el debido proceso por vulnerar el principio de cosa juzgada, pues, esa controversia
pensional fue resuelta previamente en idéntico sentido por la jurisdicción ordinaria
laboral8, con lo cual se generaría una doble reliquidación y pago de la referida
prestación en detrimento del tesoro nacional.

5 “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir

el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia
(…).”

6 La sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 28 de septiembre de 2017 quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2017 a
las 5:00 pm, por lo cual el término para presentar el recurso extraordinario de revisión transcurrió
entre el 21 de noviembre de 2017 y el 21 de noviembre de 2022; por tanto, como el recurso
extraordinario se interpuso el 5 de octubre de 2018 (fls. 45 a 70 cdno. ppal.), se impone concluir que
fue formulada dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, estatuto
procesal aplicable a este asunto por ser el vigente para la fecha del ejercicio del derecho de acción.
7 El 15 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló parcialmente el numeral 2 del

Oficio no. 06310 del 2 de mayo de 2006 expedido por la ESE Rafael Uribe Uribe, por medio del cual
se negó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo y, en
consecuencia, como restablecimiento del derecho ordenó que esa prestación se liquide en cuantía
del 100% del salario promedio devengado por el actor según lo dispuesto en el artículo 98 de la
Convención Colectiva de Trabajo y el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 (fls.556 a 571 – Samai -
índice 31 ED).
8 Mediante fallo de 28 de febrero de 2011 proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de

Medellín confirmado el 15 de febrero de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
se reliquidó la pensión del señor Óscar Darío Vélez Vallejo en cuantía del 100% del salario promedio
devengado durante los dos (2) últimos años, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de
la Convención Colectiva 2001 – 2004.

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Recurso extraordinario de revisión

La Sala estima que el fallo cuestionado incurrió en la causal consagrada en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque efectivamente desconoció el debido
proceso por violación del principio de cosa juzgada, pues, está demostrado que la
referida controversia prestacional fue decidida anteriormente en similares términos
por la jurisdicción ordinaria laboral mediante decisiones ejecutoriadas, sumado al
hecho de que la cosa juzgada tampoco pudo ser propuesta por la UGPP debido a
que no fue parte en esos procesos; por consiguiente, se declarará fundado el
recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia, se declarará la nulidad de la
sentencia reprochada emitida por esta Corporación y se ordenará devolver el
expediente al Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A para que falle
nuevamente el asunto de conformidad con lo expuesto en esta providencia, tal como
lo dispone el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de
la Ley 2080 de 2021.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre
que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, sin perjuicio de las dos causales adicionales previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias que
reconozcan prestaciones periódicas con cargo a recursos públicos.

2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando
se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal
gravedad que autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada, “(…) la
revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la
justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a
derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º,
228 y 230 del estatuto superior”9.

9 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001.

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3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250
de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 200310.

4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener (i) la indicación de las partes y sus representantes, (ii)
el nombre y domicilio del recurrente, (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, (iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada11.

5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera
instancia” en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en
relación con la sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y
fundamentos deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los
supuestos contemplados en las causales para su procedencia12.

6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o
bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos
de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a
excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo”13.

10 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a

fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 2018-
00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de
2021, exp. 2013-00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre

de 1997, exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del
7 de abril de 2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, exp. 2015-02342-00(REV), CP Alberto Yepes Barreiro.

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Expediente: 11001-03-15-000-2018-03689-00 (REV)
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Recurso extraordinario de revisión

3. El recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003

1) El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo
código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables14” (texto tachado declarado inexequible mediante
la sentencia C-835 de 2003 – negrillas de la Sala).

2) Dicho mecanismo presenta aspectos que lo particularizan y que han sido
advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

a) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
las cuales pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos
que sean consecuencia de acuerdos tales como transacción y conciliación 15.

14 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles mediante la sentencia C-835 de 2003 de la

Corte Constitucional.
15 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.

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b) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento
de pensiones16.

c) Respecto de su alcance, la jurisprudencia ha precisado que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que, se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además, de velar por la protección de
los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social, así como también el principio de universalidad que lo inspira 17.

d) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia18.

e) En síntesis, la finalidad perseguida por la Ley 797 de 2003 fue la de establecer
un mecanismo procesal que permitiera revisar las decisiones judiciales,
conciliaciones o transacciones que hubieren reconocido o reliquidado pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a lo previsto en el ordenamiento
jurídico, con el fin de revocarlas, contrarrestar los graves casos de corrupción en
dichos asuntos y evitar el detrimento patrimonial de la nación.

4. La causal de revisión invocada prevista en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

1) El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales
establecidas de modo general para el recurso extraordinario de revisión, procede
“cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

16 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm.

4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm.

25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.

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2) En relación con el debido proceso es importante anotar que está consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental,
constituido por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones
adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que
están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre
la aplicación correcta de la justicia19; algunas de las garantías que hacen del parte
del debido proceso son, entre otras, el derecho a la jurisdicción, al juez natural, a la
defensa, a un proceso público, a la independencia del juez y a la independencia e
imparcialidad del juez20.

3) La acción de revisión de sumas periódicas de dinero por violación del literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 objeto de análisis se configurará si no se
respeta alguna de las garantías anteriormente mencionadas o de aquellas otras que
integran ese derecho constitucional fundamental.

4) En ese sentido, la Sala Doce Especial de Decisión comparte el reiterado criterio
de la jurisprudencia constitucional que sostiene que la institución jurídica de la cosa
juzgada hace parte del conjunto de aquellas otras garantías innominadas de
carácter ius fundamental que conforman el principio del debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Carta Política y en el derecho convencional21, por cuanto, la
institución jurídica de la cosa juzgada se erige como una especie de salvaguarda
de carácter sustancial y procesal que impide que una misma controversia jurídica
se juzgue dos veces, con lo cual, a su vez, se asegura la estabilidad, firmeza,
cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y la vigencia de un orden justo
como pilar esencial del Estado Social de Derecho; de modo que, el desconocimiento
de dicha figura comporta una violación de la formas propias de cada juicio, la tutela
judicial efectiva y erosiona la confianza legítima de los usuarios del sistema judicial.

5) Desde esa perspectiva, acorde con lo dispuesto en la causal de revisión regulada
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se puede concluir, de entrada,
que un reconocimiento o reliquidación judicial de prestaciones periódicas con cargo

19 T-115 de 2018, T-010 de 2017.

20 Sentencia C-341 de 2014.

21 T-652 de 1996, y C-252 de 2001.

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a los recursos del tesoro nacional que desconozca el principio de cosa juzgada viola
el debido proceso, pues, resulta contrario al ordenamiento jurídico juzgar por
segunda vez una controversia prestacional que fue decidida previamente y que se
encuentra en firme, en la medida en que no es posible que coexistan dos decisiones
judiciales análogas sobre un mismo caso prestacional, so pena de menoscabar la
seguridad jurídica y la intangibilidad de los recursos públicos.

Dicho en otros términos, esa causal de revisión también se estructura cuando se
juzga dos veces y en idéntico sentido una controversia específica de reconocimiento
o reliquidación pensional sufragada con dineros del erario; no obstante, también es
cierto que debido a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión,
la Sala precisa que la referida causal solo se estructura cuando la cosa juzgada no
haya podido proponerse dentro del proceso primigenio en las oportunidades
procesales pertinentes por causas no imputables a la parte interesada, pues, de lo
contrario, se desfigura la razón de ser de ese mecanismo de control extraordinario
de las providencias judiciales.

6) Desde la perspectiva analizada, estima la Sala que la mencionada causal de
revisión impide en estos eventos que sobre una misma controversia prestacional
pervivan simultáneamente dos decisiones judiciales en detrimento de los postulados
de consistencia y coherencia del ordenamiento jurídico; permite el correcto
cumplimiento de la providencia judicial respectiva de modo que no se lesione el
patrimonio estatal y, por último, la cosa juzgada solo puede invocarse en sede
revisión cuando la parte interesada no pudo proponerla en el proceso
correspondiente por causas ajenas a su voluntad.

7) Por tanto, la Sala Doce Especial de Decisión estima que resulta plausible
sostener que la casual de revisión invocada también se configura cuando el
reconocimiento o reliquidación pensional vulnera el debido proceso por
desconocimiento del principio de cosa juzgada, siempre que la parte concernida no
haya podido proponerla oportunamente en el proceso originario por motivos
independientes a su albedrio.

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5. El principio de cosa juzgada

1) Esta Corporación y la Corte Constitucional22 han reiterado que la figura de la
cosa juzgada otorga a la sentencia y a otras providencias el carácter de inmutables,
vinculantes, definitivas y coercitivas en orden a finiquitar en forma definitiva e
inmodificable los litigios, con el fin de que no sea posible replantearlos o emitir un
nuevo pronunciamiento sobre los mismos so pena de vulnerar el debido proceso;
de ahí que, no le este permitido a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad promover nuevamente la misma controversia ante
la administración de justicia, lo cual implica que sus efectos son, en principio,
interpartes y, excepcionalmente, erga omnes (art. 189 CPACA).

b) En esa línea, la cosa juzgada obliga a los jueces a obedecer una decisión anterior
que se encuentra en firme, impide que estos se pronuncien sobre asuntos
previamente definidos mediante proveídos ejecutoriados y permite la ejecución
forzosa de las resoluciones judiciales en caso de incumplimiento; por tanto, dicha
institución jurídica contribuye a garantizar la efectividad de los principios superiores
de debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los
administrados con el objeto de evitar que un mismo asunto no sea juzgado
nuevamente en idéntico sentido o en forma contradictoria23.

c) Según el estatuto procesal24 vigente, para que una decisión adquiera el valor de
cosa juzgada se requiere que exista en ambos juicios i) identidad jurídica de partes,
esto es, que al proceso concurran las mismas partes e intervinientes que resultaron

22Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente no. 2007-
00116-00 (229-07), MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y C-622 de 2007.

23 C-100 de 2019.

24 “ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso

tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos.

(…).

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

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vinculados y obligados por la providencia que constituye cosa juzgada; ii) identidad
de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben
fundarse en los mismos hechos, iii) identidad de objeto o que la pretensión de la
demanda verse sobre la misma súplica -beneficio o derecho- sobre la cual se
predica la cosa juzgada25.

d) El artículo 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo26 en relación con los efectos de las sentencias dispone en lo
pertinente para la controversia en cuestión que i) el fallo que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes; ii)
el que niegue la nulidad solicitada producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada y, iii) la decisión emitida en procesos de
restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y
obtenido esta declaración a su favor.

e) Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que la cosa juzgada
puede declararse mediante sentencia anticipada (art. 182A CPCA), proponerse
como excepción previa (art. 180-6 CPACA), excepción de mérito (art. 100 CPG),
mediante la impugnación por medio del recurso de apelación o, como causal de
revisión en los términos de ley y de acuerdo con las precisiones efectuadas en esta
providencia (arts. 250 CPCA).

6. El caso concreto: análisis de la causal invocada

1) Definido entonces que en las providencias de reconocimiento o reliquidación
prestacional que profiere esta jurisdicción se puede estructurar la causal de revisión
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 cuando desconocen el
debido proceso por violación del principio de cosa juzgada, esto es, en aquellos
casos en las que se juzga dos veces una misma controversia prestacional que
previamente fue decidida en forma semejante mediante decisión ejecutoriada y

25 Ello se predica cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado

sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica; también se presenta identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

26 El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo resulta aplicable al

presente asunto, debido a que las sentencias que confirmaron las decisiones en ambas
jurisdicciones fueron emitidas una el 15 de mayo de 2013 y, la otra, el 28 de septiembre de 2017,
fecha en la que ya había entrado en vigencia la Ley 1437 de 2011.

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siempre que dicha figura no se haya interpuesto dentro del proceso inicial por
razones no atribuibles a la parte interesada, procede la Sala a verificar si en el
presente caso la sentencia reprochada se pronunció sobre una reliquidación
pensional que, supuestamente, fue zanjada originalmente por la justicia ordinaria
laboral en términos idénticos a lo resuelto por aquella decisión.

2) En ese sentido, en el proceso de la referencia se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes:

a) el 28 de abril de 2006, el señor Óscar Darío Vélez Vallejo presentó ante el Juez
Laboral del Circuito de Medellín (reparto) demanda ordinaria laboral en contra del
entonces ISS y la ESE Rafael Uribe Uribe (fls. 3 a 9 - Samai – ED 115), en los
siguientes términos:

PARTES HECHOS PRETENSIONES
Demandante: Óscar Darío “1. El actor nació el 26 de “Con base en los hechos
Vélez Vallejo octubre de 1948. expuestos, y en las normas de
derecho que más adelante
Demandadas: ESE Rafael 2. Cumplió 55 años de edad el invoco, respetuosamente
Uribe Uribe y el ISS. 26 de octubre de 2003. solicito se declare que ÓSCAR
DARIO VELEZ VALLEJO tiene
3. El actor ingresó al servicio derecho a la pensión de
del ISS el 1° de agosto de jubilación consagrada en el
1979. artículo 98 de la convención
colectiva de trabajo, firmada
4. Laboró para el ISS hasta el entre el ISS y
25 de junio de 2003. SINTRASEGURIDADSOCIAL
el 31 de octubre de 2001, a
5. En total, el actor laboró para partir del 3l de diciembre de
el ISS 24 años, 7 meses y 7 2003, en el equivalente al
días. 100% del promedio mensual
percibido en los dos últimos
6. Para el 25 de junio de 2003, años de servicio, y a que la
tenía la calidad de trabajador cesantía se le liquide en forma
oficial. retroactiva.

7. Por efectos de la escisión Como consecuencia de las
decretada por el Gobierno anteriores declaraciones,
Nacional, el 26 de junio de condenará a las demandadas
2003 pasó a prestar servicios a en forma separada, conjunta o
la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, solidaria, a pagarle al
sin solución de continuidad. demandante los siguientes
conceptos:
8. Al servicio de la E.S.E.
Rafael Uribe Uribe, en virtud 1. El reajuste de la pensión de
de la sustitución patronal que jubilación convencional,
se presentó, laboró hasta el 30 equivalente a un 25% mensual
de diciembre de 2003, sobre la pensión inicial (del art.
inclusive. 98 de la convención), a partir
del 31 de diciembre de 2003.
9. Entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL 2. El reajuste legal,
se firmó una convención consagrado en el artículo 14

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colectiva de trabajo el 31 de de la Ley 100 de 1993, sobre la
octubre de 2001, depositada diferencia debida, a partir del
en idéntica fecha, vigente entre 1° de enero de 2004 (…)”.
el lº de noviembre de 2001 y el (mayúsculas sostenidas y
31 de octubre de 2004. (…). negrillas del original).

11. En su condición de
trabajador oficial al servicio del
ISS, el actor gozaba de los
beneficios convencionales.

12. Como empleado público
de la E.S.E. Rafael Uribe
Uribe, dada la sustitución
patronal, continuó siendo
titular de dichos beneficios.
(…).

14. La E.S.E. Rafael Uribe
Uribe le reconoció pensión de
jubilación al actor, mediante
Resolución N° 1670 del 23 de
diciembre de 2004, a partir del
lº de enero de 2004, en cuantía
inicial de $3.850.293.oo
mensuales, equivalentes al
75% del promedio de lo
percibido en el último año de
servicios por concepto de
todos los factores que
constituyen salario (…).

26. Se agotó la reclamación
administrativa” (mayúsculas
sostenidas y negrillas del
original).

b) El 13 de junio de 2006, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín
(Antioquia) admitió la mencionada demanda ordinaria laboral promovida por el actor
dentro del proceso no. 2006-00900-00 y ordenó notificar a la ESE Rafael Uribe
Uribe, al ISS y al Ministerio Público; en sus contestaciones las partes demandadas
replicaron los hechos, se opusieron a las súplicas de la demanda y propusieron,
entre otras, la excepción “de falta de jurisdicción y competencia”, la cual fue
desestimada el 16 de noviembre de 2006 en audiencia pública por ese despacho;
el 25 de abril de 2008 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión
declaró que el señor Óscar Darío Vélez Vallejo tenía derecho a que su pensión de
jubilación se pagara con sujeción a lo dispuesto en el artículo 98 de la convención
colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y su sindicato de trabajadores, por tanto,
condenó a las entidades demandadas a pagar dicho reajuste, retroactivo y su
indexación y demás incrementos legales, decisión que fue apelada por ambas
partes; el 24 de julio de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín –

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Sala de Descongestión Laboral declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 14
de febrero de 2007 y ordenó continuar el proceso con la sociedad Fiduprevisora
SA27, la cual fue vinculada al proceso mediante auto de 16 de marzo de 2010,
aunque esta no intervino en el trámite subsiguiente (fls. 157, 168 a 172, 196 a 200,
246 a 258, 319 a 337 - Samai – ED -115, cuaderno no. 1; fls. 549 a 558 y 577 –
Samai – ED -115, cuaderno no. 2).

c) El 28 de febrero de 2011, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín28
declaró que el señor Óscar Darío Vélez Vallejo tenía derecho al pago de su pensión
de jubilación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la convención
colectiva de trabajo 2001-2004 y, por tanto, condenó a la ESE Rafael Uribe Uribe y
al ISS a concurrir en el pago de la pensión del actor en cuantía del 100% del
promedio mensual devengado en los dos últimos años de servicio, junto con las
mesadas adicionales de junio y diciembre, retroactivo e indexación, incrementos
legales y negó las demás súplicas de la demanda.

Dicho fallo estimó, en síntesis, que el señor Óscar Darío Vélez Vallejo tenía derecho
a que su pensión se reliquidara con fundamento en el artículo 98 de la citada
convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 2001, porque, según la
sentencia C-314 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, los trabajadores
oficiales del ISS que a partir del 26 de junio de 2003 fueron incorporados como
empleados públicos a la referida ESE, no perdieron sus derechos convencionales
entre esa fecha y el 31 de octubre de 2004, fecha ésta última de expiración de la
convención; por consiguiente, como el actor acreditó los requisitos de edad y tiempo
exigidos por el citado artículo de la convención, su pensión debía liquidarse en
cuantía del 100% del promedio mensual devengado en los dos (2) últimos años de
servicio; decisión que fue apelada por las entidades demandadas (fls. 674 a 684,
691 a 702 – Samai – ED – 115, cuaderno no. 3).

d) El 15 de febrero de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín –
Sala de Descongestión Laboral confirmó el referido fallo de primera instancia,
porque, se demostró que el demandante era beneficiario de la aludida convención

27 En esa fecha se expidió el Decreto 405 de 2007, por medio del cual se ordenó la liquidación y

supresión de la ESE Rafael Uribe Uribe.
28Acuerdo PSAA10-7575 de 16 de diciembre de 2010, proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura, por el cual se adoptaron medidas de descongestión.

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colectiva de trabajo y que durante su vigencia el actor acreditó el cumplimiento de
los requisitos de edad y tiempo exigidos en el artículo 98 para que su pensión se
reliquidara en cuantía del 100% del salario promedio mensual percibido en los dos
(2) últimos años de servicio29, decisión que quedó ejecutoriada en dicha fecha. (fls.
715 a 724 – Samai – ED. 115, cuaderno no. 3).

e) Mediante auto de 26 de junio de 2012, dicho tribunal denegó por extemporáneo
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada ESE Rafael Uribe Uribe
en liquidación (fls. 733 a 735 – Samai – ED. 115, cuaderno no. 3).

f) Posteriormente, el 18 de mayo de 2006 el señor Óscar Darío Vélez Vallejo también
presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la ESE Rafael Uribe Uribe dentro del
proceso no. 2006– 03059-00 con similar causa petendi y fáctica a la reclamación
presentada ante la jurisdicción ordinaria laboral (fls. 4 a 23 – Samai – índice 31 ED),
en los siguientes términos:

PARTES HECHOS PRETENSIONES
Demandante: Óscar “1. El actor nació el 26 de “Con base en los hechos
Darío Vélez Vallejo octubre de 1948. expuestos, y en las normas de
derecho que más adelante invoco,
Demandada: ESE Rafael 2. Cumplió 55 años de edad el respetuosamente solicito se
Uribe Uribe 26 de octubre de 2003. declare la nulidad del acto
administrativo contenido en el
3. El actor laboró al servicio documento N° 06310 del día 2 de
del ISS entre el 1° de agosto mayo de 2006, suscrito por
de 1979 y el 25 de enero Rodrigo López Ríos, Jefe de la
de 1981 y desde el 12 de División de Recursos Humanos de
mayo de 1981 hasta el 25 de la demandada, mediante el cual no
junio de 2003. se accede a nada de lo pedido.

4. En total, laboró para el ISS Como consecuencia de la anterior
durante 24 años, 7 meses y 7 declaración, y en restablecimiento
días. del derecho del demandante, se
condenará a la demandada a lo
5. Para el 25 de junio de 2003, siguiente: “(…)
tenía la calidad de trabajador
oficial 3. A reliquidar la pensión de
jubilación, con base en el art. 98 de
6. Por efectos de la escisión la convención colectiva de trabajo,
decretada por el Gobierno en el 100% del salario promedio

29 La magistrada Margarita María Builes Echeverri salvó el voto frente a dicha decisión, por
considerar, por un lado, que la jurisdicción ordinaria laboral no era competente para conocer de la
referida controversia pensional porque el actor ostentaba la calidad de empleado público por haber
prestado finalmente sus servicios en la ESE Rafael Uribe Uribe y, de otro, porque los empleados
públicos que se vincularon a partir del 26 de junio de 2003, no son beneficiarios de la referida
Convención Colectiva de Trabajo salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1750 de 2003 y en la condición de trabajador oficial (fls. 725 a 731 – Samai –
ED 115, cuaderno 3).

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Nacional, el 26 de junio de mensual devengado, teniendo en
2003 pasó a prestar servicios cuenta todos los factores
a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, salariales, a partir del 31 de
sin solución de continuidad. diciembre de 2003, inclusive.

7. Al servicio de la E.S.E. 3.1 A reconocer el reajuste legal, a
Rafael Uribe Uribe, en virtud partir del 1° de enero de 2004, más
de la sustitución patronal que los incrementos legales
se presentó, laboró hasta el posteriores (…)”. (mayúsculas
30 de diciembre de 2003, sostenidas y negrillas del original).
inclusive.

8. Entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL
se firmó una convención
colectiva de trabajo el 31 de
octubre de 2001, depositada
en idéntica fecha, vigente
entre el 1° de noviembre de
2001 y et 31 de octubre de
2004. “(…).

13. La E.S.E. Rafael Uribe
Uribe le reconoció pensión de
Jubilación al actor, mediante
Resolución N° 1670 del 23 de
diciembre de 2004, a partir del
1° de enero de 2004, en
cuantía inicial de $3.850.
293.oo mensuales,
equivalentes al 75% del
promedio de lo percibido en el
último año de servicios por
concepto de todos los
factores que constituyen
salario (…).

15.No obstante, el actor tiene
derecho a que la pensión de
jubilación se le reconozca con
fundamento en el artículo 98
convencional, en el
equivalente al 100% del
promedio salarial, a partir del
31 de diciembre de 2003. (…)

19. El actor, mediante
derecho de petición,
presentado el 27 de abril de
2006, solicitó la reliquidación
de la pensión de jubilación,
con base en el artículo 98 de
la convención colectiva de
trabajo, a partir del 31 de
diciembre de 2003. (…).

20. La E.S.E. Rafael Uribe
Uribe, mediante documento
N° 06310 del 2 de mayo de
2006, negó lo pedido,
argumentando que la
liquidación se hizo con base
en el artículo 101 de la
convención”. (mayúsculas

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sostenidas y negrillas del
original).

g) El 22 de agosto de 2006, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda contencioso administrativa y ordenó notificar al representante legal de la
ESE Rafael Uribe Uribe; no obstante, el 30 de noviembre de 2010 dispuso notificar
al representante legal del Ministerio de la Protección Social, toda vez que dicha
entidad asumió las obligaciones a cargo de la referida ESE en liquidación (fls. 151
a 152 y 319 a 321 23 – Samai – índice 31 ED).

h) El 15 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Subsección
Laboral de Descongestión anuló parcialmente el numeral 2 del Oficio no. 06310 del
2 de mayo de 2006 expedido por la ESE Rafael Uribe Uribe, a través de la cual se
negó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo
y, en consecuencia, como restablecimiento del derecho, ordenó al Ministerio de
Salud y de la Protección Social reajustar esa prestación en cuantía del 100% del
salario promedio devengado por el actor según lo dispuesto en el artículo 98 de la
convención colectiva de trabajo y el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, decisión
que, pese a que solo fue apelada por las entidades demandadas, pues, el recurso
del actor se declaró desierto, finalmente fue confirmada por el fallo objeto del
presente recurso extraordinario de revisión el 28 de septiembre de 2017, el cual
quedó ejecutoriado el 24 de noviembre de 2017 a las cinco (5) de la tarde (fls.556 a
571, 641 a 643, 650 a 652 y 726 a 743 y 751 – Samai - índice 31 ED).

i) Mediante resolución no. RDP 044496 de 28 de noviembre de 2016, la Unidad de
Administración Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- reajustó la pensión de vejez del señor Óscar Darío Vélez
Vallejo en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en cuantía del 100% del salario promedio devengado en los
años 2002 y 2003 (Samai – ED - 115, cuaderno no. 2); decisión que quedó en firme
según lo estableció la UGPP mediante auto no. ADP 001083 de 13 de febrero de
2017 (fl. 51 – Samai – índice 31 ED).

j) Posteriormente, por del auto no. ADP 003632 de 21 mayo de 2018, la UGPP
estimó que por sustracción de materia se encontraban cumplidos los referidos fallos
proferidos por la jurisdicción contencioso administrativa que ordenaron la
reliquidación de la pensión de jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo con

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fundamento dispuesto en lo dispuesto en el artículo 98 de la convención colectiva
del trabajo, toda vez que, mediante resolución no. RDP 044496 de 28 de noviembre
de 2016 la UGPP ya había liquidado esa prestación en acatamiento de las
decisiones proferidas con antelación por la jurisdicción ordinaria laboral, que
previamente ordenaron ese reajuste pensional en forma semejante a lo decidido
con posterioridad por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado
(fl.49 a 50 – Samai – índice 31 ED).

k) El 11 de febrero de 2020, en la Notaria 11 de Circuito de Medellín el señor Óscar
Darío Vélez Vallejo declaró que no tenía intención de interponer proceso ejecutivo
alguno para hacer efectivos los fallos proferidos por la jurisdicción contencioso-
administrativa que ordenaron la reliquidación de su pensión de jubilación acorde con
lo dispuesto en el artículo 98 de la pluricitada convención colectiva del trabajo de 31
de octubre de 2001 (fls. 135 a 136 – Samai – índice 31 ED).

3) Con fundamento en los anteriores hechos probados, esta Sala concluye que se
encuentran acreditados los presupuestos objetivos y subjetivos previstos en el
ordenamiento jurídico para predicar que se configuró la figura de la cosa juzgada
entre las decisiones que emitió previamente la jurisdicción ordinaria laboral en el
proceso no. 2006-00900-01, y las que con posterioridad profirió esta sede judicial
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2006-03059-01 en torno
a la reliquidación pensional del señor Óscar Darío Vélez Vallejo con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo de 31 de octubre
de 2001, suscrita entre el ISS y su sindicato de trabajadores, por las siguientes
razones:

a) Existe identidad jurídica de partes en ambos procesos, pues, se advierte que en
dichos litigios la parte activa siempre fue el señor Óscar Darío Vélez Vallejo y la
pasiva estuvo constituida en el proceso ordinario laboral no. 2006-00900-01 por la
ESE Rafel Uribe Uribe y el Instituto de Seguros Sociales, mientras que en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2006– 03059-01 se demandó
únicamente a la referida empresa social del Estado.

De igual manera, se observa que en los dos expedientes se presentó el fenómeno
de la sucesión procesal debido a los procesos de liquidación y supresión que

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afrontaron las entidades demandadas, lo cual, como es lógico, no afecta el requisito
analizado, pues, se recuerda que los sucesores procesales sustituyen a las partes
que dejaron de existir jurídicamente en el proceso.

b) Se verifica que en los referidos procesos existe identidad de objeto, toda vez que,
sin perjuicio de la especificidades técnico-jurídicas relativas a la formulación de las
respectiva súplicas de las demandas y de otras pretensiones especiales que se
presentaron en cada una de ellas, la petición principal que el demandante enunció
en dichos consistió en el reajuste de su pensión de jubilación con fundamento en lo
prescrito por el artículo 98 de referida la convención colectiva de trabajo de 31 de
octubre de 2001; pretensión principal que fue estimada en términos semejantes por
la jurisdicción ordinaria laboral y la contencioso administrativa a través de los
referidos fallos, pues, las demás suplicas de carácter laboral fueron desestimadas
por dichas decisiones.

c) También se encuentra configurado el requisito de identidad de causa, pues, las
suplicas de las demandas y las decisiones adoptadas en los referidos procesos se
basaron en los mismos hechos, esto es, los relativos a la historia laboral del señor
Óscar Darío Vélez Vallejo, la acreditación de los requisitos de edad y tiempo para
acceder a dicha prestación que exige la norma invocada y el agotamiento de la
reclamación administrativa correspondiente.

d) Por último, se advierte que los fallos proferidos por ambas jurisdicciones
apoyados en similares razonamientos jurídicos y probatorios resolvieron,
finalmente, reajustar la pensión del señor Óscar Darío Vélez Vallejo con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo de 31 de
octubre de 2001, es decir, en cuantía del 100% del promedio de lo percibido en los
dos últimos años de servicio.

e) En ese orden de ideas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 303 del
CGP, se concluye, sin hesitación alguna, que efectivamente se encuentra
estructurada la figura de la cosa juzgada frente a lo decidido por la sentencia
censurada, pues, se reitera, la misma controversia pensional fue decidida
previamente en el mismo sentido por la jurisdicción ordinaria laboral mediante
pronunciamientos de 28 de febrero de 2011 y 15 de febrero de 2012 dictados por el
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito

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Judicial de Medellín – Sala de Descongestión Laboral, respectivamente,
providencias que se encuentran en firme y no han sido anuladas

4) Sin embargo, la Sala desconoce a ciencia cierta cuáles fueron las razones por
las cuales la cosa juzgada no fue alegada en su momento por la entidad demandada
ni por su sucesor procesal en el referido proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no. 2006– 03059-01, pues, los fallos respectivos se profirieron con
posterioridad a los emitidos por la jurisdicción ordinaria laboral; sin embargo, lo
cierto es que la UGPP tampoco podía proponerla porque sencillamente no fue parte
dentro de dicho asunto; aunque, se recuerda que esta entidad fue la que finalmente
dio cumplimiento a los fallos proferidos por la jurisdicción ordinaria laboral mediante
la resolución no. RDP 044496 de 28 de noviembre de 2016 en virtud de la
asignación legal de funciones establecida en el Decreto 1388 de 2013, entidad que
también se abstuvo de dar trámite a la petición de cumplimiento de las decisiones
emitidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado a través
del auto no. ADP 003632 de 21 mayo de 2018 por existir, a su juicio, sustracción de
materia por haber acatado previamente las aludidas providencias de los jueces
laborales.

De ese modo, en el escenario procesal descrito, estima la Sala Doce Especial de
Decisión que la UGPP se encontraba habilitada para interponer el recurso
extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que, no fue parte en ninguno de los referidos procesos que tramitaron en esas
jurisdicciones y, en consecuencia, no podía alegar la configuración de la cosa
juzgada o de otra vicisitud procesal.

5) De otra parte, tampoco pasa por alto la Sala que según las reglas previstas en el
Decreto ley 01 de 198430 y la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda de
esta Corporación sobre la materia, correspondía privativamente a esta jurisdicción
y no a la ordinaria laboral el conocimiento de la controversia pensional que en forma
impropia presentó el señor Óscar Darío Vélez Vallejo en ambas sedes judiciales,
toda vez que, se discutía el reajuste pensional de un empleado público y la
demandada era una entidad pública.

30 Legislación vigente y aplicable para la fecha de los hechos.

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No obstante, como las decisiones adoptadas por el Juzgado Quince Laboral del
Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín se
emitieron con antelación a lo decidido por la jurisdicción contencioso administrativa,
cobraron firmeza, fueron cumplidas por la UGPP y se desconoce si fueron anuladas,
estima la Sala que se encuentran produciendo plenos efectos jurídicos dentro del
ordenamiento; por tanto, verificados los presupuestos exigidos por el artículo 303
del CGP, es viable concluir que efectivamente se estructuró la figura de la cosa
juzgada frente a los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala de Descongestión Laboral y la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado.

6) En esa directriz, la Sala Doce Especial de Decisión considera que en la sentencia
proferida el 28 de septiembre de 2017 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de primera instancia por la cual se
ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Óscar Darío Vélez
Vallejo con fundamento en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo de 31
octubre de 2001, se configuró la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, por cuanto, sin duda, viola el debido proceso por desconocer el
principio de cosa juzgada debido a que juzgó nuevamente dicha controversia
judicial, la cual, se enfatiza, ya había sido resuelta previamente en términos
semejantes por la justicia ordinaria laboral mediante decisión ejecutoriada, con lo
cual es inviable jurídicamente que subsistan coetáneamente dos providencias
análogas so pena de poner en peligro los recursos públicos, la consistencia del
ordenamiento jurídico, la coherencia de las decisiones judiciales y la seguridad
jurídica.

7) Por consiguiente, conforme lo dispuesto en el artículo 255 del CPACA, se anulará
la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017 por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado y, en consecuencia, se ordenará la devolución
del expediente al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo conforme lo expuesto.

7. Conclusión

Prospera el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP en contra de
la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección A , toda vez que se configuró la causal de revisión

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del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto, dicho fallo viola el
debido proceso por desconocer el principio de cosa juzgada debido a que con él se
juzgó nuevamente sobre la reliquidación pensional que solicitó el señor Óscar Darío
Vélez Vallejo, la cual ya había sido resuelta previamente por la justicia ordinaria
laboral mediante decisión ejecutoriada, en términos semejantes a lo decidido por la
providencia reprochada; por consiguiente, en aplicación lo dispuesto en el penúltimo
inciso del artículo 255 del CPACA31, se anulará dicho fallo y, en consecuencia, se
ordenará la devolución del expediente al Consejo de Estado –Sección Segunda -
Subsección A para que dicte nueva sentencia según lo expuesto.

8. Condena en costas

La Sala Doce Especial de Decisión se abstendrá de condenar en costas a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, toda vez que se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión
propuesto, conforme lo dispuesto en artículo 255 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO – SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SALA 12 ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y, en consecuencia, anúlase la sentencia de 28 de
septiembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A y, en consecuencia, devuélvase el proceso a la Sección Segunda –
Subsección A de dicha Corporación para que dicte nueva sentencia-, previas las
actuaciones y constancias de rigor por parte de la Secretaria.

31 “(…) Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada
con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para
que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda (…)”.

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2°) Sin condena en costas en el recurso extraordinario.

3°) En firme esta providencia, previas las actuaciones y constancias de rigor por
parte de la Secretaría, devuélvase el expediente recibido en préstamo al tribunal
de origen y archívese el presente expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto (Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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