Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2006-03059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2006-03059-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2006-03059-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá DC, diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-31-000-2006-03059-01 (0758-2014)
Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
Demandado: ESE Rafael Uribe Uribe En Liquidación y otros
Temas: Pensión convencional – Cosa juzgada
Decisión: Revoca sentencia de primer a instancia y declara
cosa juzgada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/ LEY 1437 DE 2011
1. En cumplimiento de la providencia del 22 de febrero de 2024 1, la
Sala de Subsección A procede a proferir sentencia de reemplazo ,
respecto del recurso de apelación interpuesto por las entidades
accionadas 2 contra la sentencia de l 15 de mayo de 2013, dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia 3 que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
1 Dictada por la Sala Doce Especial de Decisión dentro del recuso extraordinario de
revisión promovido por la UGPP, radicado núm. 11001-03-15-000-2018-03689-00.
2 Es de anotar el apoderado del señor Oscar Darío Vélez Vallejo (parte demandante)
(ff. 585 – 596), interpuso recurso de apelación que fue declarado desierto mediante
providencia de 19 de septiembre de 2013 por parte del A quo, toda vez, que no asistió a
la audiencia de conciliación ni presentó justificación a su inasistencia (ff. 641 – 642).
3 Subsección Laboral de Descongestión. Con ponencia del magistrado Juan Carlos
Hincapié Mejía. Hicieron también parte de la Sala los magistrados María Nancy García
García y Juan Carlos Hermosa Rojas.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001-23-31-000-20006-03059-01 (0758-2014)
Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda 4
1.1.1. Pretensiones.
2. El señor Oscar Darío Vélez Vallejo por conducto de apoderado y en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicitó la nulidad del Oficio
06310 del 2 de mayo de 2006, expedido por el jefe de la División de
Recursos Humanos de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, que
le negó su petición de reajuste y pago de «derechos convencionales» .
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenen,
paguen y/o reajusten unos «derechos convencionales» hasta el 31 de
octubre de 2004 consistentes en: establecimiento de jornada máxima
de trabajo de 44 horas semanales, licencias remuneradas, «licencia
especial de maternidad », trabajo dominical y festivo, aumento de
salario básico, incremento ad icional sobre salarios básicos, prima s
técnica, de vacaciones, de servicios y, de localización, auxilio s de
transporte, de alimentación, oftalmológico, por muerte, por
matrimonio, funerario, de maternidad y por enfermedad, incentivos
económicos, horas extras, compensatorios, vacaciones, intereses a
las cesantías, subsidio familiar, seguro de vida extralegal, recompensa
por servicios – antigüedad, servicios médicos asistenciales, servicios
odontológicos integrales, dotación d e uniformes y bonificación por
jubilación.
4. Adicionalmente reclamó:
«2. A la devolución de la suma ilegalment e deducida ($5.168.595,00).
3. A reliquidar la pensión de jubilación, con base en el art. 98 de la
convención colect iva de trabajo, en el 100% del salario promedio
mensual devengado, teniendo en cuenta todos los f actores salariales,
a partir del 31 de diciembre de 2003, inclusive.
3.1 A r econocer el r eajuste legal, a partir del 1º de ener o de 2004,
más los incrementos legales poster iores.
4. A reliquidar y reajustar el auxilio de cesantía, en forma retroactiva.
5. A reajustar los intereses a las cesantías, teniendo en cuenta el
mayor valor de est a, con la consiguiente sanción por no pago
oportuno.
6. A reliquidar y reaj ustar las dem ás prestac iones sociales causadas,
teniendo en cuenta el carácter salar ial de los derechos
convencionales y las sumas a reembolsar .
7. A pagar los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
8. A pagar la indemnización moratoria.
4 Folios 1 y s.s.
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
9. A reconocer la indexación d e las sum as debidas, hasta la f echa del
pago.
10. Y costas del proceso.» (ff. 12 y 13).
1.1.2. Hechos que fundamentan la demanda.
5. Según se indicó en la demanda, el señor Oscar Darío Vélez Vallejo
nació el 26 de octubre de 1948 y cumplió 55 años de edad el 26 de
octubre de 2003.
6. Laboró en el ISS desde el 1 .° de agosto de 1979 hasta el 25 de
enero de 1981 y del 12 de mayo de 1981 hasta el 25 de junio de 2003,
o sea, durante 24 años, 7 meses y 7 días.
7. Para el 25 de junio de 2003, tenía la calidad de trabajador oficial de
conformidad con la escisión decretada por el Gobierno Nacional el 26
de junio de 2003, por lo que pasó a prestar servicios a la E.S.E. Rafael
Uribe Uribe, sin solución de continuidad , hasta el 30 de diciembre de
2003.
8. Entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL se firmó una convención
colectiva de trabajo el 31 de octubre 2001, depositada en idéntica
fecha, vigente el 1 .° de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004.
1.1.3. Concepto de violación
8. Como normas vulneradas se indicaron:
10. Los artículos 13, 25, 29, 38, 39, 53, 58 y 243 de la Constitución
Política; 16, 21, 67, 68, 69, 70, 478 y 479 del Código Sustantivo del
Trabajo, 2.°, 83, 84, 85 y 86 del C.C.A.; los Decretos 2127 de 1945 ,
3135 de 1986, 1848 de 1969 y 1750 de 2003; las Leyes 6ª de 1969 y
100 de 1993; el Código de Procedimiento Civil y demás normas
concordantes.
11. Para el demandante los actos demandados incurrieron e n falsa
motivación, así como en indebida interpretación y aplicación de los
artículos 52 y 53 del Decreto 2127 de 1945; 17 y 18 del Decreto 1750
de 2003; 25, 38, 39, 53 y 243 Constitución Política; 67, 68, 69, 70,
467, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 .° de la Ley 6ª de
1945. Además de las sentencias de la Corte Constitucional C -314 de
1 de abril de 2004 y C -349 de 20 de abril de 2004.
12. Según lo indicó, laboró por más de 20 años para el ISS, por lo que
no se le puede negar la aplicación del artículo 98 de la convención, y
a reglón seguido reconocer la pensión con base en el artículo 101 de
la misma, so pretexto de que durante toda su vida laboral prestó
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
servicios a entidades distintas . No puede pasarse por alto el principio
contenido en el artículo 21 del C. S del T., con sistente en que, en caso
de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
prevalece la más favorable al trabajador. Y menos aún pude ignorarse
el principio que se deriva del artículo 53 de la Carta Política, conforme
al cual debe tene rse en cuenta la “situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho”. (f. 17).
13. Afirmó, que el caso sería diferente, si el señor Oscar Darío Vélez
Vallejo no hubiera trabajado 20 años en entidades diferentes al ISS.
14. Reiteró que el acto demandado está viciado de nulidad por falsa
motivación, por cuanto se afirmó en el mismo que e l actor no cumplió
con el tiempo de servicio y la edad antes del 26 de junio de 2003.
15. Según lo indicó, «La Empresa no hizo un doble pago de beneficios
convencionales; en la realidad sólo canceló $1.752.482.oo por dichos
conceptos; tanto es así que la Resolución N o 00968 de 13 de enero de
2005, en forma clara se advierte que se hace el reconocimiento del “…
pago por una sola vez … por un valor bruto de $1.752.482oo…” , y
pese a ello el acto acusado afirma que no hay lugar a devolución de
los valores retenidos “… toda vez que no es viable recibir un doble
pago por el mismo concepto …” , sin que tampoco se precise el
fundamento legal de tal deducción.» (f. 15).
16. Afirmó que las sentencias C -314 de 1 de abril de 2004 y la C -349
de 20 de abril de 2004, emitidas por la Corte Constitucional, no
autorizaron hacer deducción alguna, pese a que la entidad accionada
reconoce en el acto demandado expresó que « ”… descontó los
valores pagados en virtud de la calidad de empleado público …” »
(f. 16).
17. Finalmente indicó que el acto demandado es nulo, «por infracción
directa de los artículos 1626 del Código Civil, 141 de la Ley 100 de
1993 y 2º parágrafo de la Ley 244 de 1995. Se fundamenta este cargo
en que el pago es la prestación de lo que se debe, de suerte que, para
que sea tal, en derecho, a más de oportuno debe ser completo, y como
la demandada no ha cubierto la pensión de jubilación y el auxilio de
cesantía en sus valores reales, está en mora, razón por la cual
proceden las respectivas condenas.» (f. 18).
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1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La E.S.E. Hospital Rafael Uribe Uribe no contestó la demanda.
1.2.2. El Ministerio de la Protección Social (ff. 409 – 423), precisó
que no tiene competencia ni la función de reconocer o pagar las
pensiones, ni ordenar descuentos o retenciones de estas.
18. Lo anterior, porque esa entidad es un organismo que pertenece a
la Rama Ejecutiva del poder público, cuyas funciones están
establecidas en las Leyes 10 de 1990, 100 de 1993, 489 de 1998, 715
de 2001 y el Decreto 205 de 2003 , según las cuales es un ente rector
en materia de salud, que establece políticas y normas técnicas de
calidad que se deben aplicar en la prestación de los servicios de salud
y controlar los factores de riesgo.
19. Por tanto, le corresponde ejercer el control de tutela de las
entidades descentralizadas ads critas o vinculadas a dicho ministerio,
de conformidad con los artículos 103, 104 y 105 de la Ley 489 de 1998 ,
teniendo como función verificar que las actividades que deben
desplegar los organismos y entidades que lo integran , por lo que no
es posible que tome determinaciones de carácter administrativo
asignadas a tales entidades; por tanto, ese Ministerio no tuvo
intervención en los hechos y omisiones imputados al ISS y a la ESE
Rafael Uribe Uribe,
20. Resaltó que los decreto s que ordenaron la disolución y liquidación
de la ESE en ningún momento transfirieron las obligaciones, activos o
pasivos al Ministerio de la Protección Social , por lo que no es posible
que ese organismo del orden nacional tome determinaciones de
carácter administrativo asignadas a otras entidades.
21. Propuso como excepciones las siguientes : i) Falta de reclamación
administrativa; ii) La falta de legitimidad pasiva en la causa; iii)
Inexistencia de la obligación; iv) Inexistenc ia de la facultad y de
consecuente deber jurídico del Ministerio de la Protección Social para
reconocer y pagar pensiones derechos convencionales con
fundamento en convención colectiva en el caso de estudio y v) La
innominada.
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1.3. Sentencia apelada
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de
Descongestión, mediante providencia de l 15 de mayo de 2013 5,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se inhibió
frente la pretensión correspondiente a la reliquidación de prestaciones
sociales de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
por el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL por caducidad de la acción.
23. Para ello, declaró la nulidad parcial del Oficio 06310 de 2 de mayo
de 2006, numeral 2, proferido por la ESE Hospital Rafael Uribe Uribe,
que negó la reliquidación de la pensión de jubilación al demandante
de acuerdo con el 100% del sal ario promedio devengado.
24. En cuanto a las excepciones consistentes de falta de reclamación
administrativa, «INEXISTENCIA DE LA FACULTAD Y CONSECUENTE
DEBER JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO PARA RECONOCER Y
PAGAR PENSIONES DERECHOS CONVENCIONALES CON
FUNDAMENTO EN CONVENCIÓN COLECTIVA EN EL CASO DE
ESTUDIO» (ff. 558 vuelto y 559), manifestó que no se referirá a las
mismas, toda vez que no eran excepciones.
25. En lo referente a la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por el Mi nisterio de la Protección Social, realizó
un análisis sobre la liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en donde
concluyó que:
«… el Minister io de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y
Protección Social) efectivamente inter vino en el proceso liquidatorio
de la E.S.E. Rafael Uribe Ur ibe, por cuanto no solo la Fiduciaria La
Previsora S. A., Fiduprevisor a S. A., suscribió e l contrat o con el
mencionado ministerio para la liquidación de la ESE Rafael Uribe
Uribe, sino que además celebró el contrato de int erventoría
correspondiente par a tal contrato, luego al hacer parte del sector
central con el cual estaba ligado la entidad l iquidador a
indudablemente no es ajena al cumplim ient o de obligaciones
contraídas por esta últ ima y que perviven aun después de culminado
el proceso liquidatorio, sin que además su legit imación derive en
forma necesar ia de haber tenido que ser el actor empl eador suyo
como se plantea en el escrit o defensivo, y menos se configura un
lit isconsorcio necesario con el M inisterio de Hacienda y Crédito
Público, ya que este último debe transfer ir los recursos para atender
el cabal cumplimient o de esas obligaciones, s in que esto signif ique
necesariam ente que tenga que com parecer al proceso para
comprometer válidamente el patrimonio de la Nación (art. 149 C.C.A.),
dado que se insist e se trata de la transferencia de recursos de un
Ministerio al otro e n caso
5 Folios 556 a 570.
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
26. Con base en ello y lo señalado en sentencia de tutela de 6 de
agosto de 2012 6, proferida por el Consejo de Estado, concluyó que la
falta de legitimación en la causa por pasiva no prospera ba.
27. Como problemas jurídicos, estableció el determinar si el
demandante tenía derecho al reajuste de la liquidación de sus
prestaciones sociales y el reconocimiento de beneficios
convencionales hasta el 31 de octubre de 2004, con base en la
convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social 2001 – 2004.
También, si le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de
jubilación, de acuerdo con el artículo 98 de la Convención Colectiva
de Trabajo conforme al 100% del salario promedio mensual devengado
y no en la proporción del 75% como le fue aplicada por la ESE Rafael
Uribe Uribe.
28. Frente al primer problema expresó que no era viable el estudio de
legalidad del acto demandado , Oficio 06310 de 2 de mayo de 2006,
toda vez que mediante la Resolución 00968 de 13 de ener o de 2005,
se dispuso el reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones
pedidas en la demanda, por tanto, si el actor tenía motivos de
inconformidad frente a ello s, debió atacar su legalidad de acuerdo con
el numeral 2.° del artículo 136 del CCA , pero como no lo hizo, se
entiende que la petición posterior tiene la intención de revivir términos
para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
circunstancia que no es permitida según el artículo 72 del CCA.
29. Advirtió, que la liquidación y pago que efectuó la ESE Rafael Uribe
Uribe, versó sobre derechos convencionales adeudados al actor por el
periodo del 26 de junio de 2003 al 31 de octubre de 2004, lo que indica
que son prestaciones unitarias que no se siguie ron causando en el
tiempo de forma periódica. Por lo demás, el pago único tenía la
connotación de terminar las reclamaciones que a futuro se suscitasen
sobre derechos convencionales de empleados públicos con
posterioridad al 31 de octubre de 2004, y en con secuencia se cerraban
las posibilidades de ulteriores controversias sobre el particular.
30. Además, las sentencias C -314 y C-349 de 2004 de la Corte
Constitucional, establecieron que dichos servidores conservan los
derechos convencionales hasta la fecha de vigencia de la convención
colectiva de trabajo, lo que se aplica en aras de garantizar el disfrute
de los derechos que como trabajadores oficiales habían adquirido, sin
embargo, finalizada la vigencia de la convención, la nueva naturaleza
6 Sentenciade tutela de 6 de agosto de 2012. Consejo de Estado - Sección Segunda –
Subsección «A». M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación número 11001 -03-
15-000-2012-01063-00.
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jurídica del empleo, esto es, la de empleados públicos,
inexorablemente les impide ser titulares de derechos que solo pueden
ser beneficiarios los trabajadores oficiales .
31. En cuanto a la solicitud de la reliquidación de la pensión de
jubilación de conformidad con e l artículo 98 de la Convención
Colectiva de Trabajo pactada entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL 2001 – 2004, el Tribunal estimó que no
operó el fenómeno de la caducidad de la acción, pues es susceptible
de ser demanda en cualquier tiempo de conformidad con el artículo
136 del CCA.
32. Narró que el señor Oscar Darío Vallejo presentó renuncia
voluntaria al cargo de médico ortopedista de la Unidad Hospital León
XIII, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2003, cumpliendo con
los requisitos de edad y tiempo laborado del Decreto 1653 de 1977
para acceder a la pensión.
33. Añadió que la renuncia fue aceptada por la ESE Rafael Uribe Uribe
mediante la Resolución 00630 de 29 de diciembre de 20 03, siendo
proferida luego la Resolución 1670 de 23 de diciembre de 2004
otorgándole la pensión, frente a la cual, solicitó la reliquidación en un
100% del salario promedio mensual devengado, de acuerdo con el
artículo 98 de la Convención Colectiva de Trab ajo, lo que fue negado
en el Oficio 06310 de 2 de mayo de 2006.
34. Destacó, que la pensión reconocida al demandante tuvo
efectividad a partir del 1.° de enero de 2004 y para esa fecha la
convención aludida se encontraba vigente, toda vez que el artículo 2.°
de la misma, consagró una vigencia de tres años, que se contarían a
partir del 1.° de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004. A
su turno, la Corte Constitucional en sentencia C -314 de 2004, señaló
que a los servidores del ISS se les garantizarían el disfrute de los
beneficios convencionales mientras la respectiva convención de
trabajo estuviera vigente.
35. Además, el artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo
pactada entre el ISS y SINTRASEGUR IDASOCIAL, le fue aplicado al
demandante por la entidad accionada, por cuanto para obtener el
derecho a la pensión de jubilación los funcionarios, tenían la
alternativa de acumular tiempos de servicios prestados en diferentes
entidades de derecho público, pero en este caso, la cuantía de la
pensión se calcularía en el 75% del promedio de lo percibido en el
último año de servicios.
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36. Sin embargo, al analizar el artículo 98 del pacto colectivo, cuya
aplicación pretende la parte actora , se tiene que para o btener la
pensión de jubilación en el 100% del promedio de lo percibido en el
último año, el funcionario debía cumplir 20 años de servicios continuos
o discontinuos y cumplir 55 años de edad, requisitos que cumplía el
accionante, ya que se vinculó al ISS e l 1.° de agosto de 1979 y se
desvinculó el 31 de diciembre de 2003, fecha en la cual ya había
pasado a hacer parte , automáticamente y sin solución de continuidad ,
de la planta de cargos de la ESE Rafael Uribe Uribe, además cumplía
con más de 24 años de ser vicio, y tomando en cuenta que el
accionante nació el 26 de octubre de 1948 satisfacía también el
requisito de edad.
37. Explicó el tribunal que la entidad accionada reconoció la pensión
de jubilación del demandante dando aplicación al artículo 36 de la Ley
100 de 1993, tomando como ingreso base de liquidación el conformado
por los salarios devengados desde el 6 de junio de 1994 al 30 de
diciembre de 2003. Sin embargo, al momento de entrar a regir la Ley
100 de 1993, el 1.° de abril de 1994, el señor Oscar Darío Vélez Vallejo
se encontraba dentro del régimen de transición previsto en el inciso
2.° del artículo 36, co moquiera que, contaba con más de 40 años de
edad, más 15 de servicios y se hallaba prestando servicios al ISS, por
lo que su pensión deb ía regirse por la normatividad anterior más
beneficiosa, o sea, la establecida en el artículo 19 del Decreto 1653
de 1977.
38. Dijo que la entidad accionada mediante la Resolución 1670 de 23
de diciembre de 2004 informó que el demandante trabajó al servicio
del Instituto de Seguros Sociales por el tiempo comprendido entre el
1.° de agosto de 1979 y el 25 de junio de 2003, y del 26 de junio de
2003 hasta el 30 de diciembre de 2003 para la ESE Rafael Uribe Uribe
para un total de 9.100 días. Afirmó que la Resolución 1670 de 23 de
diciembre de 2004 estableció que el accionante nació el 26 de octubre
de 1948, lo que indica que p ara el 1.° de abril de 1994 fecha de
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 46 años cumplidos por lo que
satisfacía una de las condiciones necesarias establecidas en el
artículo 36 inciso 2 .° de la Ley 100 de 1993, para estar cobijado en el
régimen de transi ción, además de estar trabajando para el ISS.
39. Aclarado lo anterior, esbozó que al liquidar la ESE Rafael Uribe
Uribe el monto de la pensión con la Resolución 1670 de 23 de
diciembre de 2004, dejó sentado que los tiempos servidos por el
accionante fueron prestados sucesivamente en diversas entidades de
derecho público, razón por la que liquidó la cuantía de la pensión de
jubilación teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo recibido en el
último año de servicio por concepto de factores de remuneración que
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
constituyen salario en cada caso, pero tal aseveración es error, por
cuanto los servicios que se prestaron a la ESE Rafael Uribe Uribe, lo
fueron a causa de la escisión del ISS y la creación de dicha Empresa
Social del Estado, como lo establecen los a rtículos 1.° y 2.° del
Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, presentándose una misma
continuidad en la prestación del servicio en los términos del artículo
17 del Decreto 1750 de 2003 7, norma que fue desconocida por la
demandada al entender que la pensión concedida lo era por
acumulación de tiempo de servicios a las demás entidades de derecho
público, conforme al artículo 101 de la Convención Colectiva de
Trabajo y el artículo 21 del De creto 1653 de 1997, y no la tuvo como
lo que en verdad es: una relación continua entre el tiempo servido en
el ISS y en la ESE Rafael Uribe Uribe.
40. A partir de lo anterior, coligió que se desconoció el artículo 17 del
Decreto 1750 de 2003, cuando la accionada estimó que se trataba de
acumulación de tiempos de servicios a varias entidades de derecho
público y no de una continuidad en la relación de trabajo que traía
como consecuencia obligada la aplicación del artículo 19 y no del 21
del Decreto 1653 de 1977, para establecer el monto de la pensión y
esa potísima razón cuando se dispuso en el artículo primero de la
Resolución 1670 de 2004 que la pensión sería equivalente al 75% del
promedio percibido en el último año de servicios por concepto de todos
los factores salariales de remuneración que constituyen salario, se
desconoció lo consagrado en el artículo 98 de la Convención Colectiva
de Trabajo pactada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL,
además de lo ordenado en el artículo 19 del Decreto 1653 referido en
el sentido que la pensión equivaldría al 100% del promedio de lo
percibido en el último año de servicios por concepto de los factores de
remuneración allí incluidos.
41. Para el Tribunal, la interpretación de la entidad desvirtuó el
alcance del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 para aplicar una
norma desfavorable al trabajador en detrimento de sus derechos
adquiridos, como quiera que la jurisprudencia ha señalado que la
pertenencia al régimen de transición constituye un derecho adquirido
que comporta la aplicación integral de la norma anterior más favorable.
7 «Artículo 17. CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN. Los se rvidores públicos que en la
entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia
de Prestación de Servicios de Salud, a la Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria
del Instituto de Seguros Sociales, quedarán autom áticamente incorporados, sin solución
de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en
el presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de
mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la
calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad.
P a r á g r a f o . E l t i e m p o d e s e r v i c i o s d e l o s s e r v i do r e s p ú b l i c o s q u e p a s a n d e l I n s t i t u t o d e
los Seguros Sociales a la Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente decreto,
se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas,
sin solución de continuidad».
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42. Además, el artículo 17 del Decreto 1750 del 26 junio de 2003,
dispuso la incorporación automática sin solución de continuidad en la
planta de personal una vez se produjo la escisión del ISS y se creó la
ESE Rafael Uribe Uribe (sin menoscabo de sus derechos), y de
ninguna manera se verificó una prestación de servicios a las demandas
entidades de derecho público como lo entendió la mencionada
empresa social del Estado, por lo que debió darse cabal aplicación al
artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 8, expedido con base en las
facultades extraordinarias que le confirió el presidente de la República
en la Ley 12 de 1977.
43. Con base en lo anterior, estimó que en la Resolución 1670 de 23
de diciembre 2004 se dio una aplicación indebida del artículo 21 del
Decreto 1653 de 1997, debiendo, en su lugar, emplearse el artículo 19
del mismo decreto y el artículo 98 de la Convención Colectiva de
Trabajo. Por esto, ordenó a la demandada reajustar la pensión del
demandante incluyendo el 100% del promedio de lo percibido en el
último año de servicios por concepto de los factores de remuneración
de que trata el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.
44. Estimó que no se presentó el fenómeno de la prescripción, ya que
la pensión de jubilación fue reconocida el 23 de diciembre de 2 004,
con efectos a partir del 1 .° de enero de 2004, y la solicitud de reajuste
pensional fue presentada el 27 de abril de 2006 .
45. Por todo lo anterior, se inhibió de proferir decisión de fondo en
cuanto a la liquidación de las prestaciones sociales de a cuerdo con la
Convención Colectiva de Trabajo, por la ocurrencia del fenómeno de
la caducidad de la acción, y respecto de la reliquidación de la pensión
de jubilación declaró la nulidad parcial del Oficio 06310 de 2 de mayo
de 2006, en su numeral 2 .° y en consecuencia condenó a la ESE Rafael
Uribe Uribe o a la entidad encargada que la haya sucedido en sus
obligaciones y pasivo pensional, a que reliquide la pensión del
demandante de conformidad con el 100% del salario promedio mensual
8 «Artículo 19.- De la pensión de jubilación. El funcionario de seguridad social que haya
prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al Instituto y llegue a la
e d a d d e c i n c u e n t a y c i n co a ñ o s s i e s v a r ó n o d e c i n c u e n t a s i e s m u j e r , t e n d r á d e r e c h o a l
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación. Esta pensión
equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo percibido en el último año de servicios
por concepto de los siguientes factores de remuneración: a) Asignación básica mensual.
b) Gastos de representación. c) Primas técnica, de gestión y de localización. d) Prima s
d e s e r v i c i o s y d e v a c a ci o n e s . e ) A u x i l i o s d e a l i m e n t a c i ó n y d e t r a n s p o r t e . g ) C a l o r d e l
trabajo en dominicales y feriados, y h) Valor del trabajo suplementario en horas extras.
N o o b s t a n t e l o a n t e r i o r , c u a n d o h u b i e r e l u g a r a l a a c u m u l a c i ó n d e l as p e n s i o n e s d e
jubilación y de retiro por vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y
otro concepto, más del ciento por ciento del promedio a que se refiere el presente
artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilac ión será
equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez».
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devengado, de acuerdo c on el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y
el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo.
1.4. Apelación
46. Si bien el apoderado del señor Oscar Darío Vélez Vallejo (parte
demandante) (ff. 585 – 596), interpuso apelación contra la sentencia
de 15 de mayo de 2013, este fue declarado desierto mediante
providencia de 19 de septiembre de 2013 por parte del Tribunal, toda
vez, que no asistió a la audiencia de conciliación ni presentó
justificación a su inasi stencia (ff. 641 – 642).
1.4.1. La Nación – Ministerio de la Protección Social interpuso
recurso de apelación (ff. 573 a 584), en donde indicó que el a quo
incurrió en errores graves al dar por ciertos derechos inexistentes y
responsabilizándolo de obligaciones a otras entidades sin ninguna
capacidad jurídica para cumplir con las obligaciones endilgadas a la
luz de la jurisprudencia y la normatividad aplicab le.
47. Expresó que no hubo pronunciamiento alguno frente a la falta de
jurisdicción y competencia que , que es una excepción previa y por lo
tanto se debe declarar la nulidad de todo lo actuado.
48. Por otro lado, dijo que no se debe aplicar la convención colectiva
para los empleados públicos de la ESE, según el precedente
jurisprudencial; para ello aludió a la sentencia de 23 de julio de 2009
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, radicada con el número 35399. De donde concluyó que
tratándose de un empleado público las Empresas Sociales del Estado,
no tienen derechos consolidados o causados después de la entrada en
vigencia del Decreto 1750 de 2003, dado que no es dable otorgarlos
como fuente de la convención c olectiva de trabajo.
49. Por tanto, los empleados públicos de la Empresa Social de Estado
Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo
el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación
contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden
beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de
conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de
un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera
consolidado con antel ación a la escisión del Instituto de Seguros
Sociales y bajo la condición de trabajador oficial; lo cual no se asimila
al reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada
en esta litis.
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50. Expuso que la sustitución patronal no se empl ea entre entidades
del Estado, por cuanto ella es exclusiva del derecho privado, por ende,
no se puede alegar esta figura para extender la convención colectiva
aludida.
51. Así mismo, se produjo una confusión entre la calidad de trabajador
oficial y empleado público por cuanto el fallo de primera instancia
olvidó que los servidores fueron incorporados en calidad de empleados
públicos que laboraron en la planta de personal de la ESE desde el 27
de junio de 2003, por lo que no son sujetos de negociación colectiva,
ni pueden aspirar a ser beneficiarios de convenciones colectivas,
situación que quedó restringida por la ley a los trabajadores oficiales.
52. Para terminar, insistió en que existe falta de legitimación en la
causa por pasiva, aduci endo básicamente los mismos argumentos de
la contestación.
1.4.2. La Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe elevó
recurso de alzada (ff . 597 a 599), indicando que la Corte Constitucional
mediante las sentencias C -314 y C-349 de 2004, concluyó que no es
posible considerar que los beneficios extralegales se perpetúen en el
tiempo, sobre todo si el señor Oscar Darío Vélez Vallejo ostentó la
calidad de empleado público a partir del 27 de junio de 2003.
53. Precisó que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Laboral manifestó sobre las situaciones jurídicas de las personas que
por mandato del Decreto 1750 de 2003 pasaron a las diferent es
Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE Rafael Uribe Uribe,
por lo que el sentido del pronunciamiento de la Corte Constitucional
en la sentencia C -314 no es la vigencia indefinida de las cláusulas
convencionales, toda vez que ese personal ostentó por mandato legal
la calidad de empleado público .
54. Estimó que el estatus de pensionado del demandante fue
adquirido, al cumplir los dos requisitos, de edad y de tiempo de
servicios, cuando ya tenía la condición de empleado público. Es decir,
que no cumplió con los dos requisitos de edad y tiempo de servicios,
cuando se encontraba al servicio del ISS, y que, por el contrario, tuvo
esas condiciones cuando se encontraba vinculado a la ESE. Por
encontrarse en esa circunstancia, la prestac ión se liquidó con base en
los términos que aparecen en el expediente.
55. Por lo anterior pidió que se revoque la sentencia de 15 de mayo
de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y en su
lugar se absuelva de todo cargo a la ESE Rafae l Uribe Uribe.
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1.5. Alegatos de Conclusión
1.5.1. La apoderada del Ministerio de Salud y de la Protección
Social presentó alegatos de conclusión (ff. 660 a 663) , en donde
reiteró sus argumentos frente a la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada por esa entidad y la vigencia de la
Convención Colectiva suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL sería de 3 años a partir del 1 .° de
noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, de acuerdo con el
artículo 2 de la misma y el demandante ostentó la calidad de trabajador
oficial del Instituto de Seguros Sociales hasta el 25 de junio de 2003 ,
fecha en la que n o había cumplido los requisitos para acceder a la
pensión de conformidad con lo señalado en el artículo 98 del Acuerd o
Integral.
56. Así entonces, el demandante no adquirió su estatus pensional
siendo trabajador oficial del ISS, por cuanto no había reunido los
requisitos en el precedente artículo.
1.5.2. La ESE Rafael Uribe Uribe no hizo uso del término para alegar
de conclusión.
1.6. Concepto del Ministerio Público
57. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado
emitió concepto número 351 -2014 9, en donde estimó que la sentencia
de primera instancia debe ser confirmada en lo atinente con la
inhibición, igualmente frente a la pretensión de reliquidar las
prestaciones sociales, y debe revocarse en lo relacionado con la
solicitud de reliquidación del monto pensional, dado que, el actor al
momento de hacerse efectiva la pensión, o sea, el 1 .° de enero de
2004 había perdido la condición de trabajador oficial desde el 26 de
junio de 2003, circunstancia que conlleva a que no le cobijara la
convención colectiva por ostentar el estatus de empleado público.
58. Respecto a lo decidido sobre las excep ciones propuestas por las
entidades demandadas, está de acuerdo con al a quo, al considerar
que las entidades estatales accionadas habían sido demandadas en
razón de la sucesión procesal derivada de la liquidación de la ESE
Rafael Uribe Uribe en Liquidació n, por lo que no es procedente la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
59. Manifestó que al probarse en el proceso que el demandante
ostentó la condición de trabajador oficial desde el 12 de mayo de 1981
9 Folios 665 a 673.
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hasta el 25 de junio de 2003 en el ISS, y que a partir del 26 de junio
de 2003 hasta la renuncia del cargo estuvo vinculado a la ESE Rafael
Uribe Uribe como empleado públic o, por tanto, no era beneficiario de
la convención colectiva, y por ello no est aba de acuerdo con la
reliquidación de la pensión del actor.
60. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de
Subsección procede a decidir previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
61. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 10 de la
Ley 1437 de 2011.
2.2. Cuestiones preliminares.
2.2.1. Manifestación de impedimento.
62. El consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez presentó manifestación
de impedimento 11 con base en la causal del numeral 2.° del artículo
141 del CGP dado que en calidad de magistrado del Tribunal
Administrativo de Antioquia conoció el proceso y realizó actuaciones
en instancia anterior. Esta se le aceptó por auto del 4 de julio de esta
anualidad.
2.2.2. Falta de jurisdicción y competencia .
63. En primer lugar, considera la Sala necesario precisar que, en su
escrito de apelación, el Ministerio de la Protección Social señaló que
el A quo no se pronunció frente a la falta de jurisdicción y competencia.
64. Al respecto se tiene que revisado el escrito de contestación visible
a folios 409 a 423, no se advierte mención a la falta de jurisdicción y
10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no
se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
11 M e d i a n t e e s c r i t o d e 2 4 d e j u n i o d e e s t a a n u a l i d a d , v i s i b l e e n e l í n d i c e 3 9 d e l s i s t e m a
SAMAI.
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competencia como excepción previa, ya que solo aludió a: la falta de
reclamación administrativa, la falta de legiti mación en la causa por
pasiva, inexistencia de la obligación, la inexistencia de la facultad y
de consecuente deber jurídico de ese ministerio para reconocer y
pagar pensiones de derechos convencionales con fundamento en
convención colectiva y la innominad a.
65. Sea el momento para resaltar que ésta es la Jurisdicción
competente para conocer de los conflictos derivados del régimen de
Seguridad Social de los empleados públicos cuyas pensiones no se
rigen por completo por la Ley 100 de 1993. Así lo señaló esta
Subsección, en sentencia de 9 de julio de 2014, donde precisó:
«[…]
La Jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer los
lit igios que surjan entre los a filiados, beneficiarios o usuarios y las
entidades administradoras del régimen de segur idad consagr ado por
la Ley 100 de 1993. Ahora bien, de esta regla general de
competencia quedaron excluidos los conflictos de la misma
naturaleza correspondient es a l os miembros de las Fuerzas
Militares, de la Pol icía Nacional, el personal civil al servicio de
las mismas y los docent es oficiales, así como también los
conflictos de Seguridad Social de los servidores públicos, cuyas
pensiones no se rigen por complet o por la Ley 100 de 1993, acorde
con lo previsto por el artículo 279 ib i dem. Vist as así las cosas y
teniendo claro, de una parte, que la controversia planteada refiere a
un conflicto de una ex - servidor público y la entidad administradora
del régimen de seguridad social en pensiones a la que se encontraba
afiliado al moment o de adquirir el status y, de otra, que las
pretensiones se contraen a obtener la declaratoria de nulidad, con
restablecimiento del derecho, de actos administrativos que deniegan
el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia por vejez que no
se rige por la Ley 100 de 1993, la competente para avocar su
conocimiento y decidir lo pertinente no es la jurisdicción ordinaria
laboral, sino la cont enciosa administrat iva, por razón de la e xclusión
que sobre la materia se dio en la redacción de la regla general de
competencia cont enida en Ley 712 de 2001.» 12 (Negrilla de la Sala).
66. El criterio jurisprudencial citado reitera que esta jurisdicción
conoce de las pensiones de los servidores públicos que no se rigen
completamente por las disposiciones de la Ley 100 de 1993 , como en
el caso que nos ocupa.
12 C o n s e j o
de Estado Sección Segunda Subsección "A", fallo de fecha 9 de julio de
2014, número de radicación 13001 -23-31-000-2010-00846-01 (1999-14) Magistrado
Ponente Gustavo Gómez Aranguren, demandante: Néstor Rafael Coronado.
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2.2.2. Ocurrencia de la cosa juzgada.
67. En cumplimiento de lo señalado en la providencia del 22 de febrero
de 2024 13, esta Sala de Subsección se ocupará de analizar la figura
del fenómeno jurídico de la cosa juzgada en el sub lite.
68. En efecto , el artículo 303 del Código General del Proceso con
relación a la ocurrencia de la cosa juzgada disp one:
«Artículo 303. Cosa juzgada . La senten cia ejecutoriada p roferida en
proceso con tencioso tiene fuerza de cosa j uzgada siempre que el nuevo
proceso ve rse sob re el mismo objeto, se funde en la misma c ausa que
el ante rior y en tre ambos procesos haya id entidad jurídica de pa rtes .
Se entiende que hay i dentidad ju rídica de p artes cuando las del s egundo
proceso son su cesores por causa de muerte de las que figura ron en el
primero o causahabientes suyos p or ac to entre vivos celebrado con
posterioridad al regis tro de la demanda si se tra ta de derechos sujetos
a regis tro , y al secue stro en los demás ca sos.
En los procesos en q ue se emplace a pers onas indeterminadas para que
comparezcan como parte , inclui dos los de filiación, la cosa juzgada
surtirá efe ctos en relación con toda s las comprendidas en el
emplazamiento.
La cosa juzgada no s e opone al recu rso e x trao rdinario de revisi ón. ».
69. Por su parte el artículo 1 89 del CPACA establece:
«Efectos de la senten cia. La sen tencia que declare la nulidad de un ac to
administrativo en un proceso tend rá fue rza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulid ad pedida produ cirá c osa juzgada e rga omnes pe ro
solo en relación con la causa petendi ju zg ada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revi sen en ejercicio de l control
inmediato de legalidad p roducirán e fectos erga omnes solo en relación
con las normas jurídicas superio res fre nte a las cuales se haga el
examen.
[…]
La sen tencia p rof e ri da en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quie n hubiere in tervenid o en ellos y ob teni do esta
declaración a su favo r.
Las sen tencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del regis tro de acue rdo con la le y.
[…].» (Resalta la Sala).
70. Este fenómeno jurídico ha sido entendido como «una cualidad
inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan
inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto
sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni
13 D i c t a d a
por la Sala Doce Especial de Decisión dentro del proceso núm. 11001 -03-15-
000-2018-03689-00, correspondiente a recuso extraordinario de revisión promovido por
la UGPP.
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dentro del mismo proceso , ni dentro de otro entre las mismas partes y
que persiga igual objeto» 14.
71. La importancia de este atributo de las sentencias judiciales,
deviene de su propia finalidad, cual es la de conferir estabilidad,
firmeza y certeza a las decisiones judiciales, evitando que un mismo
asunto pueda ser debatido indefinidamente ante la jurisdicción.
72. Ahora bien, en el presente caso, el señor Óscar Darío Vélez
Vallejo, formuló, entre otras pretensiones, que se ordenara el reajuste
de su pensión de jubi lación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
98 de la Convención Colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de
2001 [sentencias C -314 y C-349 de 2004], vigente para la época en la
que consolidó su estatus pensional, es decir, en octubre de 2003.
73. Esto porque laboró en el ISS desde el 1.° de agosto de 1979 hasta
el 25 de enero de 1981 y del 12 de mayo de 1981 hasta el 25 de junio
de 2003, donde tenía la condición de trabajador oficial. Luego , pese a
la escisión decretada por el Gobierno Nacional el 26 de junio de 2003,
pasó a prestar servicios a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, sin solución
de continuidad, hasta el 30 de diciembre de 2003, escenario en el que
considera le es aplicable el mencionado artículo 98 convencional y con
ello, que se le reconozca la pensión «[…] el 100% del salar io pro medio
mensual devengado, teniendo en cuenta todos los fact ores salariales, a
partir del 31 de diciembre de 2003, inclusive» .
74. Ahora bien, dentro del curso del recurso extraordinario de revisión
promovido por la UGPP radicado con el núm. 11001-03-15-000-2018-
03689-00, la Sala Doce Especial de Revisión solicitó al Juzgado
Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín copia del expediente laboral
ordinario en el que fungía como demandante el señor Oscar Darío
Vélez Vallejo y como demandado la E.S.E. Rafael Uribe Uribe –
Seguros Sociales, radicado n.º 05001310501620060090000 , petición
que fue atendida a través del Oficio de 21 de septiembre de 2022,
visible en el índice 75 del aplicativo SAMAI, donde se encuentra el
link correspondiente al citado proceso .
75. Una vez consultadas las actuaciones allí surtidas se aprecia lo
siguiente:
• Pretensiones: El 28 de abril de 2006, el señor Óscar Darío Vélez
Vallejo presentó ante el Juez Laboral del Circuito de Medellín
14 Corte Constitucional, sentencia C -522 de 2009, magistrado ponente Nilson Pinilla
Pinilla.
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
(reparto) demanda ordinaria laboral en contra del ISS y la ESE
Rafael Uribe Uribe, a efectos de obtener:
1. El reajuste de la pensión de jubilación convencional,
equivalente a un 25% mensual sobre la pensión inicial (del art.
98 de la convención), a partir del 31 de diciembre de 2003.
2. El reajuste legal, consagrado en el artículo 14 de la Ley 100
de 1993 de la Ley 100 de 19 93, sobre la diferencia debida, a
partir del 1° de enero de 2004.
• Hechos: Como sustento de lo anterior precisó que nació el 26
de octubre de 1948, por lo que cumplió 55 años de edad el 26 de
octubre de 2003. Además, ingresó al servicio del ISS el 1° de
agosto de 1979 hasta el 25 de junio de 2003, cuando ostentaba
la calidad de trabajador oficial; luego, por efectos de la escisión
decretada por el Gobierno Nacional, el 26 de junio de 2003 pasó
a prestar servicios a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, sin solución
de continuidad, en virtud de sustitución patronal, hasta el 30 de
diciembre de 2003, inclusive.
En su condición de trabajador oficial al servicio del ISS, el actor
gozaba de los beneficios de la convención colectiva de trabajo
de 31 de octubre de 2001, depositada en idéntica fecha, vigente
entre el 1.º de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004.
Además, como empleado público de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe,
dada la sustitución patronal, continuó siendo titular de dichos
beneficios.
La E.S.E. Rafael Uribe Uribe le reconoció pensión de jubilación
mediante Resolución N° 1670 del 23 de diciembre de 2004, a
partir del 1.° de enero de 2004, en cuantía inicial de
$3´850.293.oo mensuales, equivalentes al 75% del promedio de
lo percibido en el último año de servicios por concepto de todos
los factores que constituyen salario.
Por ello, agotó la reclamaci ón administrativa a efectos de que su
pensión fuese reliquidada con el 100% de lo percibido en virtud
del artículo 98 de la Convención Colectiva.
• Trámite procesal:
La anterior demanda fue admitida el 13 de junio de 2006 15, por el
Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín (Antioquia)
con el radicado No. 2006 -00900-00 y ordenó notificar a la ESE
15 F o l i o
157, cuaderno principal, link del expediente 05001310501620060090000 , índice
76 del aplicativo SAMAI
19
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
Rafael Uribe Uribe, al ISS y al Ministerio Público. Las entidades
contestaron la demanda 16 en oposición a las pretensiones del
señor Vélez Vallejo y propusie ron, entre otras, la excepción “de
falta de jurisdicción y competencia”, que fue desestimada el 16
de noviembre de 2006 17 en audiencia pública.
La sociedad Fiduprevisora SA, que fue vinculada al proceso
mediante auto de 16 de marzo de 2010.
• Sentencia de primera instancia: El 28 de febrero de 2011 18, el
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín declaró que el
señor Óscar Darío Vélez Vallejo tenía derecho al pago de su
pensión de jubilación , de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 98 de la conve nción colectiva de trabajo 2001 -2004 y,
por tanto, condenó a la ESE Rafael Uribe Uribe y al ISS a
concurrir en el pago de la pensión del actor en cuantía del 100%
del promedio mensual devengado en los dos últimos años de
servicio, junto con las mesadas adi cionales de junio y diciembre,
retroactivo e indexación, incrementos legales y negó las demás
súplicas de la demanda.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 98 de la citada
convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 2001,
porque, según la se ntencia C-314 de 2004 proferida por la Corte
Constitucional, los trabajadores oficiales del ISS que a partir del
26 de junio de 2003 fueron incorporados como empleados
públicos a la referida ESE, no perdieron sus derechos
convencionales entre esa fecha y e l 31 de octubre de 2004, fecha
ésta última de expiración de la convención; por consiguiente,
como el actor acreditó los requisitos de edad y tiempo exigidos
por el citado artículo de la convención, su pensión debía
liquidarse en cuantía del 100% del promed io mensual devengado
en los dos (2) últimos años de servicio; decisión que fue apelada
por las entidades demandadas 19
• Sentencia de segunda instancia . El 15 de febrero de 2012 20, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala de
Descongestión Laboral confirmó la decisión de primera instancia,
porque, por cuanto estimó que el accionante era beneficiario de
la aludida convención colectiva de trabajo y que durante su
vigencia acreditó los requisitos de edad y tiempo exigidos en el
artículo 98 para que su pensión se reliquidara en cuantía del
16 F o l i o s 1 6 8 y s . s . y 1 9 6 y s . s . I b i d e m.
17 F o l i o s 226 y s.s. Ibidem-
18 F o l i o 6 7 3 y s . s . C u a d e r n o 3 I b i d e m .
19 f l s . 6 7 4 a 6 8 4 , 6 9 1 a 7 0 2 , c u a d e r n o n o . 3 , i b i d e m
20 F o l i o 7 1 5 y s . s . C u a d e r n o 3 . I b i d e m.
20
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100% del salario promedio mensual percibido en los dos (2)
últimos años de servicio.
Dicha decisión quedó ejecutoriada en dicha fecha y por auto de
26 de junio de 2012, el tribunal denegó por extemporáneo el
recurso de casación interpuesto por la parte demandada ESE
Rafael Uribe Uribe en liquidación (fls. 733 a 735 Ibidem).
• Salvamento de v oto 21. La magistrada Margarita María Builes
Echeverri salvó el voto frente a la anterior decisión, por cuanto
estimó que la jurisdicción ordinaria laboral no era competente
para conocer de la referida controversia pensional porque el
actor ostentaba la cal idad de empleado público por haber
prestado finalmente sus servicios en la ESE Rafael Uribe Uribe
y, porque, según lo explicó, los empleados públicos que se
vincularon a partir del 26 de junio de 2003, no son beneficiarios
de la referida Convención Colecti va de Trabajo salvo que se trate
de derechos adquiridos antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1750 de 2003 y en la condición de trabajador oficial .
76. Ahora bien, en este caso, la demanda dentro del proceso del
epígrafe fue interpuesta el 18 de ma yo de 2006 22 ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia , en contra de la ESE Rafael Uribe Uribe
dentro del proceso , donde también reclamó el reajuste de la pensión
de jubilación con base en el artículo 98 de la Convención Colectiva
suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL de 31 de octubre
2001, con vigencia entre el 1.° de noviembre de 2001 y el 31 de octubre
de 2004.
77. Mediante auto del 22 de agosto de 2006, el Tribunal Administrativo
de Antioquia admitió la demanda y ordenó notificar al representante
legal de la ESE Rafael Uribe Uribe y , por proveído del 30 de noviembre
de 2010 dispuso notificar al representant e legal del Ministerio de la
Protección Social. (fls. 151 a 152 y 319 a 321).
78. Como ya se indicó en precedencia, el 15 de mayo de 2013, el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Subsección Laboral de
Descongestión anuló parcialmente el numeral 2 .° del Oficio núm.
06310 del 2 de mayo de 2006 expedido por la ESE Rafael Uribe Uribe,
a través de la cual accedió a la reliquidación de la pensión de
jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo y, en consecuencia,
como restablecimiento del derecho, ordenó al Ministerio de Salud y de
la Protección Social reajustar esa prestación en cuantía del 100% del
salario promedio devengado por el actor según lo dispuesto en el
21 C u a d e r n o No. 3. Folios 725 a 731. Ibidem. Índice 76.
22 F o l i o 23.
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artículo 98 de la convención colectiva de trabajo y el artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977. Par a tal efecto, tomó las siguientes
determinaciones:
«1.° Inhíbase de proferir decisión de fondo respecto de las
pretensiones referentes a la reliquidación de prestaciones sociales de
acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo entre el I .S.S. y
Sintraseguridad Social, por cuanto se presentó el fenómeno jurídico
de la caducidad de la acción.
2°. DECLÁRASE no probada la excepción de falta de legit im ación en
la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Salud y de la
Protección Social.
3°. DECLÁRESE la nulidad parcial del Oficio Nro. 06310 del 2 de
mayo de 2006,en específico su numeral 2° expedido por la E.S.E.
Rafael Ur ibe Ur ibe, por medio del cual se niega la reliquidación de la
pensión de jubilación de acuerdo con el 100% del salar io pr omedio
devengado por el señor Oscar Darío Vélez Vallejo.
4°. Como consecuencia de lo anter ior y a título de restabl ecimiento
del der echo, ordénase al Ministerio de Salud y de la Protección Social
el reajuste de la pensión de jubilación del señor Oscar Dar ío Vélez
Vallejo, identif icado con cédula de ciudadanía 15. 251.830, cédula de
ciudadanía 15.251.830, de acuerdo con lo consagrado en el artículo
19 del Decreto 1653 de 1977 y el artículo 98 de la Convención
Colect iva de Trabajo, esto es, sobr e el 100% del salar io promedio
devengado, de acuer do con la motivación de esta providencia.
5°. La ent idad accionada hará la act u alización de los valores
cancelados por concepto de reliquidación de pensión de jubilación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del C.C.A.,
teniendo en cuenta los índices de inf lación certificados por el Dane y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el H.
Consejo de Estado, a saber:
R= Rh. índice f inal
índice inicial
6°. La E.S. E. Rafael Uribe Ur ibe o su sucesor procesal, deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 176 del C.C.A.
7°. Dése cumplimiento a lo establecido en el inciso 1° del artículo 177
del C.C.A.
8°. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
9°. A costa de la parte interesada, expídanse las copias que sean
solicitadas, precisando cuál presta mérito ejecutivo, la cual será
entregada al apoderado de la parte demandante que ha venido
actuando en este pr oceso.
[…]».
79. Tal decisión solo fue apelada por las entidades demandadas, pues,
el recurso del actor se declaró desierto.
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80. Ahora bien, en la sentencia del 22 de febrero de 2024 23 de la Sala
Doce Especial de Decisión se indicó que mediante Resolución RDP
044496 de 28 de noviembre de 2016 la UGPP reajustó la pensión de
vejez del señor Óscar Darío Vélez Vallejo en cumplimiento de l fallo
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en
cuantía del 100% del salario promedio devengado en los años 2002 -
2003 y, por Auto núm. ADP 003632 de 21 mayo de 2018, la UGPP
estimó que por sustracción de materia se encont raban cumplidos los
referidos fallos proferidos por la jurisdicción contencioso
administrativa que ordenaron la reliquidación de la pensión de
jubilación del señor Óscar Darío Vélez Vallejo.
81. Analizado lo anterior, es de aclarar que esta Sala en su momento
falló con los documentos aportados al plenario, que de ninguna manera
evidenciaban una cosa juzgada, ni la misma fue alegada
oportunamente, conforme se reconoce en la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario.
82. Ahora bien, como lo señaló el juez extraordinario, a través de los
documentos que fueron posterior mente allegados, se advierte la
configuración de la cosa juzgada por cuanto:
(i) Estamos ante la presencia de identidad de objeto porque los
hechos y las pretensiones en ambos casos giran en torno a l
reajuste de la pensión con base en el artículo 98 de la
convención colectiva de trabajo, en el 100% del salario
promedio mensual devengado, teniendo en cuenta todos los
factores salaria les, a partir del 31 de diciembre de 2003.
(ii) Existe identidad de causa puesto que las razones o motivos
que en esta oportunidad se invocan por el demandante como
soporte de sus pretensiones, son los mismos que esgrimió en
el proceso ordinario, y que aluden de igual manera a obtener
la reliquidación pensional, con base en el artículo 98
mencionado.
(iii) Igualmente se presenta la identidad jurídica de las partes
habida cuenta de que en ambos procesos actúa como
demandante el señor Oscar Darío Vélez Vallejo y la ESE
Rafael Uribe Uribe . Si bien en el proceso ordinario actuó el
ISS y en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
también intervino el Ministerio de la Protección Social, esto
ocurrió debido a la sucesión procesal que ocurrió por la
23 D e n t r o
del recuso extraordinario de revisión promovido por la UGPP, radicado núm.
11001-03-15-000-2018-03689-00.
23
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liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, en virtud del Decreto
2605 de 2008, según el cual, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público asumió el pago de las obligaciones
pensionales, reclamaciones laborales reconocidas y los
procesos laborales de la ESE Rafael Uribe Uribe, en
conjunción con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1005
de 2006, que modificó el artículo 35 del Decreto ley 254 de
2000.
De acuerdo con esta última norma, l as obligaciones
contraídas por la ESE Rafael Uribe Uribe son asumidas por la
Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Sin embargo, como lo dijo el a quo, el Ministerio de la
Protección Social efectivamente intervino en el proceso
liquidatorio de la ESE Rafael Uribe Uribe, ya que, « no solo la
Fiduciaria La Previsora S. A., Fiduprevisora S. A., suscribió
el contrato con el mencionado ministerio para la liqui dación
de la ESE Rafael Uribe Uribe, sino que además celebró el
contrato de interventoría correspondiente para tal contrato,
luego al hacer parte del sector central con el cual estaba
ligado la entidad liquidadora indudablemente no es ajena al
cumplimiento de obligaciones contraídas por esta última y que
perviven aun después de culminado el proceso liquidatorio,
sino que además su legitimación derive en forma necesaria
de haber tenido que ser el actor empleador suyo como se
plantea en el escrito defensivo» (f. 560).
A su turno a folios 675 a 678 del expediente se encuentra una
cesión de contrato número 18 -2008 de fiducia mercantil,
suscrito entre la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación y
FIDUAGRARIA S.A., posteriormente cedido al Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio de Salud y de Protección
Social, a favor de la Fiduciaria La Previsora S.A. -
FIDUPREVISORA S.A. donde se hace referencia frente a la
administración del patrimonio autónomo de remanentes de la
entidad liquidada.
Igualmente se tiene que existen documentos en los cuales se
da por terminado el contrato de fiducia mercantil entre el
Ministerio de la Protección Social y la entidad fiduciaria (ff.
709 – 722) para que la entidad fiduciaria no ejerza la defensa
en los procesos que se llevan en contra de la ESE Rafael
Uribe Uribe, por disposición del fideicomitente.
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83. En conclusión, se advierte que existe una palmaria identidad de
partes, de objeto y de causa petendi, por lo que es incuestionable que
se está ante la con figuración del fenómeno de la cosa juzgada. Ahora,
si bien este proceso corresponde a esta jurisdicción, es evidente que,
en aras del principio de seguridad jurídica, debe mantenerse la firmeza
de la decisión emitida por la jurisdicción ordinaria laboral toda vez que
ya fue objeto de cumplimiento por parte de la U GPP y bien vale la pena
citar al señor Oscar Darío Vélez Vallejo, quien en la contestación del
recurso extraordinario de revisión, manifestó que con la sentencia de
segunda instancia de 15 de febrero de 2012 dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Ju dicial de Medellín cesó todo su interés de
perseguir nuevas o adicionales súplicas debido a que su pensión fue
reliquidada en una cuantía del 100% del promedio mensual percibido
en los últimos dos años de servicio .
84. En esa medida, la decisión del Trib unal Administrativo de
Antioquia, de 15 de mayo de 2013 debe ser revocada en sus
numerales 3 a 7, referentes a la declaración de nulidad parcial del
Oficio 6310 de 2 de mayo de 2006, expedido por la ESE Rafael Uribe
Uribe; así como el restablecimiento del derecho correspondiente a la
orden de reajuste de la pensión de jubilación del actor y las pautas de
cumplimiento de la sentencia. Se confirma en lo demás la providencia
cuestionada, dado que no fue objeto de apelación.
2.3. De la condena en costas en segunda instancia.
85. En atención a que la decisión que aquí se adopta es en
cumplimiento de lo ordenado en la providencia del 22 de febrero de
2024 24, no se impondrá condena en costas a cargo de la parte vencida
en juicio con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y
confianza legítima.
86. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. - Dar cumplimiento a la providencia del 22 de febrero de
2024 dictada por la Sala Doce Especial de Decisión dentro del recuso
extraordinario de revisión promovido por la UGPP, radicado núm.
24Dictada por la Sala Doce Especial de Decisión dentro del recuso extraordinario de
revisión promovido por la UGPP, radicado núm. 11001 -03-15-000-2018-03689-00.
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Demandante: Oscar Darío Vélez Vallejo
11001-03-15-000-2018-03689-00, que ordenó dictar sentencia de
reemplazo dentro del proceso del epígrafe.
SEGUNDO. - REVOCAR los numerales tercero a séptimo de la
sentencia del 15 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión ,
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por
el señor Oscar Darío Vélez Vallejo , en contra de la E.S.E. Rafael Uribe
Uribe En Liquidación . En su lugar, declarar de oficio la excepción de
cosa juzgada, dentro del proceso promovido por el señor Oscar Darío
Vélez Vallejo, en contra de la ESE Rafael Uribe Uribe En Liquidación
y otros, por las razones expuestas en el presente proveído.
TERCERO. - CONFIRMAR en lo demás la sentencia señalada en el
numeral anterior, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO. - Sin condena en costas de segunda instancia .
QUINTO. - Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI»,
y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través
de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás
normas concordantes del Código General del Proceso.
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