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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03765-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que accede parcialmente a las pretensiones de la…

Fecha
7 de marzo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03765-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 30 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que amparó como mecanismo transitorio el derecho al debido proceso del señor José del Carmen Herrera Urrego, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar: SEGUNDO. ACCEDER al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, vida digna y mínimo vital del accionante. TERCERO: DEJAR sin efecto la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, por los motivos señalados en esta decisión. CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que, dentro del término de treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Sin perjuicio de la autonomía que le asiste, para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar. QUINTO: NEGAR el amparo de tutela interpuesto por el señor José del Carmen Herrera Urrego, en relación con las pretensiones dirigidas contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, por lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen. Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03765-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

7 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que accede parcialmente a las pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / MODIFICACIÓN DE LA TASA DE REEMPLAZO / FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización durante los últimos diez años de servicio / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD - Aplicación / APLICACIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 / PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL

[L]a Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al aplicar las disposiciones previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las Leyes 33 y 62 de 1985, con base en la interpretación que sobre las mismas realizó el Consejo de Estado – Sección Segunda en la sentencia de 4 de agosto de 2010 consideró que la pensión del demandante debía liquidarse en un monto del 75% incluyendo “además de la asignación básica, las doceavas de las primas de vacaciones y la prima de navidad”, devengadas en el último año de servicios, sin embargo, no tuvo en cuenta que el FONCEP, mediante Resolución Nº 3216 de 16 de diciembre de 2003 liquidó la pensión del [actor] con una tasa de reemplazo del 85%, por haber acreditado más de 1200 semanas de cotización, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. Así mismo, la referida Resolución Nº 3216 de 2003 determinó el Ingreso Base de Liquidación de la pensión del accionante, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio del salario cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. Conforme con lo anterior, se advierte a simple vista que la tasa de reemplazo que el FONCEP le aplicó al accionante al momento de reconocer y liquidar su pensión de jubilación era más beneficiosa que aquella prevista en la Ley 33 de 1985, por lo que la aplicación del principio de favorabilidad el Tribunal accionado tenía que verificar si la base de liquidación establecida por la entidad demandada resultaba más favorable a la prevista en la Ley 33 de 1985. En este sentido, la autoridad judicial accionada debió ampliar su análisis para determinar si la liquidación de la pensión del demandante con el 75% de la asignación básica y las doceavas de las primas de navidad y vacaciones, otorgaban una mesada pensional igual o superior a la inicialmente recibida por el [actor] (…) [E]s importante señalar que no es procedente que la autoridad judicial al decidir una controversia haga más gravosa la situación en la que se encontraba el demandante antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud del principio de “interés en la pretensión u oposición, para la sentencia de fondo o mérito”, pues se entiende que lo hace con el fin de obtener un beneficio (…) En este sentido, la autoridad judicial accionada al momento de resolver la demanda formulada por el [actor], debió tener en cuenta el interés que perseguía el accionante, con el fin de no generar un menoscabo de su derecho sustancial (pensión de jubilación), pues se trataba de una persona de la tercera edad, que por su condición es un sujeto de protección constitucional. Conforme con las anteriores consideraciones, la Sala advierte (…) el análisis desplegado por el Tribunal accionado lo llevó a incurrir en una violación directa de la Constitución, en la medida en que no aplicó en debida forma el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta Política, pues omitió verificar cuál era la normativa que le permitía al demandante obtener una mejor liquidación de su mesada pensional. Acorde con lo referido, se coligue que la autoridad accionada también incurrió en un defecto sustantivo, porque desconoció que la aplicación del artículo 10 de la Ley 797 de 2003 era más beneficioso para el actor, dado que mejoraba la tasa de reemplazo en comparación con aquella que establecía la Ley 33 de 1985. Así mismo, se observa que la decisión cuestionada no valoró en debida forma el material probatorio allegado al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que omitió constatar las circunstancias que le permitía acceder a una mejor tasa de reemplazo al accionante, así como los factores que conformaban el IBL en la liquidación dada por el FONCEP y la que dio el Tribunal con los emolumentos que dispuso en la sentencia de 27 de abril de 2017.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03765-01(AC)

Actor: JOSE DEL CARMEN HERRERA URREGO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada contra el fallo del 30 de noviembre de 2018 proferido por el Consejo de Estado – Sección Primera, por medio del cual se accedió de manera transitoria al amparo de tutela solicitado por el señor José del Carmen Herrera Urrego.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

El señor José del Carmen Herrera Urrego, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, igualdad, vida digna y mínimo vital, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al proferir la sentencia de 27 de abril de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor en tutela contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.

En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:

“(…) Primero.- Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, derechos adquiridos, favorabilidad laboral, seguridad jurídica, igualdad a la vida en condiciones dignas y mínimo vital y en consecuencia.

Segundo. Se deje sin efecto o Revoque la Sentencia de 2ª instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E”, el veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017) Magistrada Ponente: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARREZ BRAVO – Sentencia Nº 048 dentro de la Referencia 11001-33-35-018-2014-00376-01 – Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Tercero.- Como consecuencia de lo Anterior, se ordene a la Accionada proferir una nueva decisión en la que se ordene dar aplicación al principio de condición más beneficiosa, o al que estimen conveniente y legalmente procedente, y confirmar el fallo del ad quem, pero en todo caso ordenando que la pensión a mi reconocida mediante Resolución 3216 de 16 de diciembre de 2003, quede sin modificación alguna.

De manera subsidiaria. De no se procedente lo antes peticionado, les solicito de manera muy comedida se sirvan ordenar al Tribunal accionado, aclare por lo menos, cuáles de los factores salariales debe ser parte de la reliquidación de mi mesada pensional. Pues de la Sentencia en incordia (sic), no los precisa y como consecuencia de ello EL FONCEP únicamente me aplica a la misma las primas de vacaciones y navidad, cercenándome horas extras y el recargo nocturno, que a mi parecer no tiene por qué dejarse a un lado, pues sobre las primeras nada se dijo y sobre las segundas, es incuestionable su legalidad (…)”.

Los hechos y las consideraciones del accionante

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:

Señaló que prestó sus servicios como Técnico en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde el 1 de diciembre de 1971 hasta el 3 de septiembre de 2001, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 15 años de servicio, siendo beneficiario del régimen de transición de la referida norma, razón por la cual el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, mediante Resolución Nº 3216 de 16 de diciembre de 2003, le reconoció una pensión de jubilación, efectiva a partir del 18 de marzo de 2003, liquidada con el 85% de los últimos 10 años de servicio.

Sostuvo que el 6 de junio de 2013 presentó petición al FONCEP, solicitando la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, pero la entidad a través de oficio Nº GP-2898-2013 de 28 de agosto de 2013, negó su pretensión.

Indicó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el FONCEP, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, que mediante sentencia de 18 de julio de 2016 denegó las pretensiones de la demanda.

Expresó que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que a través de providencia de 27 de abril de 2017 revocó la sentencia de primera instancia y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando al FONCEP reliquidar la pensión con el “(…) 75% del promedio de todo lo devengado en el año anterior a su retiro- entre el 3 de septiembre de 2000 y el 2 de septiembre de 2001-, incluyéndose como factores salariales además de la asignación básica, las doceavas de la prima de vacaciones y la prima de navidad (…)”.

Resaltó que la sentencia del Tribunal de manera ambigua le ordenó al FONCEP incluir junto con los demás factores reconocidos, la prima de navidad y la prima de vacaciones, pero a su vez, en el cuerpo de la providencia excluyó la prima de antigüedad, la prima de servicios, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación y el quinquenio, argumentando que se trataba de emolumentos extralegales; y frente al recargo nocturno, negó su inclusión, porque supuestamente ya habían sido reconocidos por la administración.

Afirmó que presentó solicitud de adición de la referida sentencia, para que se indicara que, en el evento que la reliquidación ordenada por la autoridad judicial resultare un valor inferior al que inicialmente se había reconocido, se pagara aquella que representara el mayor valor, sin embargo, el Tribunal por auto de 23 de noviembre de 2017, negó lo pretendido, señalando que se pronunció sobre los puntos de controversia y que el demandante nunca planteó en la demanda el argumento expuesto en la petición de adición.

Aseveró que presentó acción de tutela contra la sentencia del Tribunal, ante el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que mediante fallo de 22 de marzo de 2018 negó el amparo constitucional. Decisión que fue confirmada por la Sección Quinta de la referida Corporación judicial, en providencia de 10 de mayo de 2018.

Destacó que la Subdirectora Técnica de Prestaciones Económicas del FONCEP, mediante Resolución SPE-GDP Nº 0548 de 30 de abril de 2018 dio cumplimiento a la sentencia de 27 de abril de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E y reliquidó su pensión con una tasa de reemplazo del 75%, teniendo en cuenta como factores la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad, sin computar las prima de antigüedad y otros factores que inicialmente le había reconocido, ni aplicó la tasa del 85% con la que se había liquidado en un principio su prestación social, por lo que el neto de la mesada pasó de “$1.182.893” a “$590.372”, luego de los descuentos legales (salud y libranza adquirida con el Banco Popular).

Manifestó que la providencia del Tribunal incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, porque no realizó un análisis crítico de los elementos probatorios allegados al expediente, con los cuales se pretendía demostrar cada uno de los factores salariales devengados, certificados y cotizados, sobre los que se debía determinar el Ingreso Base de Liquidación.

Añadió que la providencia acusada incurrió en una violación directa de la Constitución porque desconoció el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta Política, al no analizar si lo reglado en la Ley 33 de 1985 era más o menos beneficioso con relación a lo dispuesto en los artículos 31 y 34 de la Ley 100 de 1993, toda vez que decidió aplicar la Ley 33 de 1985 para reliquidar su pensión, desconociendo que dicha norma disminuía la tasa de reemplazo con la que inicialmente se le reconoció la prestación del 85% al 75% y descartó seis de los ocho factores salariales que el FONCEP le había reconocido.

Sostuvo que la autoridad accionada también incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque no tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional (Sentencias SU-230 de 2015, T-233 de 2017 y Su – 427 de 2017), en los cuales se definió una interpretación clara de la aplicabilidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con el cálculo del ingreso base de liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición.

Agregó que el Tribunal desconoció el principio de no reformatio in pejus y congruencia, pues no tuvo en cuenta que fue el apelante único y le desmejoró su pensión, analizando elementos (legalidad de factores salariales) que no fueron objeto de controversia en el proceso.

Añadió que no se configura la temeridad de la tutela, porque se fundamenta en hechos diferentes y actúa de buena fe, buscando la protección derechos constitucionales.

Dijo que la Resolución SPE-GDP Nº 0548 de 30 de abril de 2018 expedida por el FONCEP vulneró sus derechos fundamentales, porque disminuyó considerablemente sus ingresos, impidiéndole disponer de los recursos para atender sus obligaciones crediticias, lo que afectó su estado de salud, pues le cayó en una profunda depresión.

Explicó que la tutela resulta procedente, porque no dispone de otros mecanismos de defensa judicial para atacar la decisión del Tribunal, aunado al hecho que la Resolución SPE-GDP Nº 0548 de 30 de abril de 2018 es un acto de ejecución frente a la cual no procede recurso administrativo y judicial alguno.

Trámite procesal

El Consejo de Estado – Sección Primera mediante auto de 12 de octubre de 2018 admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.

Informe de las entidades accionadas

4.1 El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela porque la demanda presentada por el señor Jose del Carmen Herrera no cumple con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, toda vez que no especifica cual o cuales fueron los defectos en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia acusada.

Agregó que no se vulneró el derecho al debido proceso, debido a que el tutelante fue representado por abogado, quien tenía el deber de actuar con diligencia y cuidado, sin embargo, resulta que en el trámite del proceso ordinario no solicitó que se mantuviera el monto pensional reconocido, inicialmente, en caso de obtener un valor inferior de la mesada pensional, con la reliquidación de la prestación, teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicios, por lo que ahora no puede venir en sede de tutela a cuestionar la actuación de una autoridad judicial.

4.2 EL Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo invocada por el accionante, porque no acreditó los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

4.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela frente a las actuaciones de la Corporación, como quiera que estas ya fueron objeto de pronunciamiento en sede de tutela, por parte de la Sección Cuarta y la Sección Quinta del Consejo de Estado, sin embargo, ello no obsta para que el juez de tutela pueda adoptar las decisiones que estime pertinentes en aras de salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.

Indicó que si bien la tutela contra el Tribunal no resulta procedente, en razón a que el Consejo de Estado en una tutela previa ya se pronunció sobre la validez de la providencia acusada, también es cierto que, en el caso concreto es procedente emitir pronunciamiento de fondo, debido a que la inconformidad del accionante, se dirige a cuestionar la expedición de la Resolución SPE-GDP No. 0548 por medio de la cual el FONCEP dio cumplimiento a la sentencia del 27 de abril de 2017, en el sentido de reducir la mesada pensional reconocida al señor José del Carmen Herrera Urrego, lo cual habilitaría al juez constitucional a analizar la posible vulneración de sus derechos fundamentales, pues lo pretendido por el actor es que se le permita recibir la pensión que venía devengando con anterioridad al proceso ordinario.

Sostuvo que bajo ninguna circunstancia el Tribunal pretendió reducir la mesada pensional del señor Herrera Urrego, ni imponerles a las autoridades administrativas este tipo de órdenes, so pretexto de dar cumplimiento a la decisión de instancia, pues es claro que en materia pensional, por estar involucrados derechos fundamentales de personas de la tercera edad derivados de una relación laboral, debe analizarse cuál es el régimen pensional que resulta más favorable al pensionado, tal y como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-174 de 2008.

Destacó que la Corporación decidió acoger parcialmente las pretensiones de la demanda del señor José del Carmen Herrera Urrego, ordenando el reajuste de la prestación con fundamento en la Ley 33 de 1985, decisión que no desconocía la condición de beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, pues tal disposición permite a las personas pensionarse con base en normas del régimen pensional al que venían afiliados (Ley 33 de 1985), siempre que estas le resultaran más favorables, pues en caso contrario, la liquidación pensional debe realizarse con fundamento en la normativa general.

Expresó que “al momento de dar cumplimiento al fallo la entidad de previsión debía establecer cuál de los regímenes pensionales aplicables al actor – el previsto en la Ley 33 de 1985 o el general contemplado en la Ley 100 de 1993-, era el más favorable, procediendo en consecuencia a reliquidar la pensión del accionante – en caso de que el reajuste ordenado arrojara una mesada superior- o manteniendo el monto pensional ya reconocido con fundamento en la disposición general”.

4.4 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunció sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda de tutela.

La providencia impugnada

El Consejo de Estado – Sección Primera, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2018, amparó como mecanismo transitorio del derecho al debido proceso del señor José del Carmen Herrera Urrego, y ordenó “suspender los efectos de la Resolución Nº SPE-GPD Nº 548 de 30 de abril de 2018, proferida por el FONCEP, hasta tanto la autoridad judicial competente decida sobre la medida cautelar que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho deberá presentar el actor o se termine el proceso, lo que ocurra primero; demanda que deberá promover el actor dentro en el término de ley, ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra el acto cuestionado, con la advertencia de que si no lo promueve dentro de dicho término cesarán los efectos de este fallo”.

Para fundamentar su decisión, la Sección Primera de esta Corporación, argumentó lo siguiente:

Indicó que si bien la tutela se dirige contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, lo cierto es que lo pretendido por el actor es que el FONCEP le continúe pagando la mesada pensional que venía percibiendo antes de que esa entidad cumpliera la sentencia del 27 de abril de 2017, proferida por el citado Tribunal, por lo que se trata de una acción distinta a la que conoció y decidió el Consejo de Estado Sección Cuarta y la Sección Quinta, respectivamente, en los fallos de 22 de marzo de 2018 y 10 de mayo de 2018.

Adujo que el accionante alega un hecho nuevo, consistente en la vulneración de su derecho al mínimo vital con la expedición de la Resolución SPE-GPD Nº 0548 de 30 de abril de 2018, por la cual se da cumplimiento al fallo de 27 de abril de 2017, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sostuvo que la Resolución SPE-GPD Nº 0548 de 30 de abril de 2018 disminuyó la mesada pensional al accionante, creando una situación nueva que posibilita su control a través del mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, pues aunque la entidad advierta que se trata de un acto de ejecución, en realidad no se acogió a la sentencia de 27 de abril de 2017.

Agregó que el FONCEP so pretexto del cumplimiento no podía sacar provecho de lo decidido por el Tribunal, máxime cuando “no presentó demanda de reconvención, de donde es evidente la improcedencia de la interpretación que hizo dicha entidad”.

Afirmó que era imperativo que el FONCEP “al momento de reliquidar la prestación del accionante tuviera en cuenta la condición de demandado que tenía del proceso ordinario y consecuencialmente la absoluta ausencia de legitimación para sacar provecho de la sentencia, desconociendo además la normatividad que le fuere más favorable al demandante”.

Señaló que en el caso concreto resultaba evidente la existencia de un perjuicio irremediable que posibilita la protección como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad del actor como persona de la tercera edad, pues la reducción de su mesada pensional afecta su subsistencia.

En virtud de lo anterior, estimó que el amparo de tutela, es procedente como mecanismo transitorio, por cuanto el FONCEP vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, al disminuir el monto de la mesada pensional, sin tener en cuenta que dicha “entidad no fue la demandante en el proceso ordinario que dice cumplir con el acto atacado sino la demandada, obteniendo con ello un beneficio indebido”.

La impugnación

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP impugnó la sentencia del Consejo de Estado – Sección Primera, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones:

Indicó que la providencia impugnada no podía imponerle la carga al accionante de demandar en nulidad y restablecimiento la Resolución SPE-GPD Nº 0548 de 30 de abril de 2018, pues se trata de un acto administrativo con el cual del FONCEP dio cumplimiento a una providencia judicial, el cual no es contrario a la decisión y las normas en que lo fundamentan.

Señaló que no se puede obligar a la administración pública a cumplir una orden diferente a la emanada por la autoridad judicial, pues las autoridades administrativas están obligadas al cumplimiento estricto de la Ley, conforme lo establecido en el artículo 230 de la Constitución Política, por ello no puede interpretar deliberadamente una providencia judicial.

Explicó que el FONCEP en ningún momento se ha sustraído del cumplimiento de sus obligaciones, por lo que no se evidencia la configuración del perjuicio en contra del actor, teniendo en cuenta que el pensionado aún sigue recibiendo su mesada pensional, y se le reliquidó como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Expresó que la entidad en ningún momento desconoció norma alguna, por el contrario, lo que se puede advertir es un abuso del derecho por parte del demandante, en el trámite de la acción ordinaria, pues puso en movimiento el sistema judicial para obtener un reconocimiento favorable a sus intereses, que luego pretendía desconocer.

Afirmó que no hay lugar a acceder al amparo de tutela, pues no existe vulneración de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que era un deber del accionante informarse al momento de presentar la demanda, cuáles eran las consecuencias sobre sus pretensiones, por eso el apoderado del actor debió, informar a su cliente, sobre las reales posibilidades de éxito en la actuación judicial, ya que lo único ocurrido en este asunto, es un desgaste innecesario de la administración de justicia.

El señor José del Carmen Herrera Urrego, mediante escrito visible a folios 185 a 188 del expediente de tutela, se opuso a los argumentos de la impugnación, señalando que era un deber del FONCEP al momento de reliquidar la prestación pensional, verificar cual era la situación más beneficiosa para el pensionado, pues era evidente que él venía recibiendo una mayor mesada pensional en comparación a la que se liquidó con base en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Indicó que el FONCEP debió seguir el procedimiento previsto en el artículo 97 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, sobre la revocatoria directa de actos de carácter particular, para iniciar revocar la decisión que le reconoció, inicialmente, su pensión de jubilación o, en su defecto invocar la excepción de inconstitucionalidad para reliquidar su pensión, luego de constatar que el cumplimiento del fallo del Tribunal podía constituir una vulneración de sus derechos pensionales.

Por lo anterior, consideró que el fallo impugnado no adolece de las falencias que le endilga la parte impugnante, por lo que solicita que se mantenga la decisión de primera instancia, pues de lo contrario se vulnerarían sus derechos al debido proceso, mínimo vital y vida digna.

CONSIDERACIONES

Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

Problema jurídico

En primer lugar, la Sala debe decidir si en el presente asunto se configura o no el fenómeno de cosa juzgada, respecto de los hechos y pretensiones alegados por el accionante contra la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E.

En segundo lugar, se debe establecer si se confirma o no, la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera, que accedió de manera transitoria al amparo del derecho al debido proceso del señor José del Carmen Herrera Urrego, o si, como lo alega el FONCEP no se configuró una vulneración de los derechos fundamentales del accionante al proferir la Resolución SPE-GPD Nº 0548 de 30 de abril de 2018, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E.

En caso negativo, se debe resolver si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al proferir la sentencia de 27 de abril de 2017 incurrió en una vía de hecho por violación directa de la constitución y un desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ordenar la reliquidación de la pensión del accionante, con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

Caso concreto

4.1 La temeridad y la cosa juzgada

De acuerdo con el escrito de tutela y los documentos allegados al expediente, se observa que el señor José del Carmen Herrera Urrego, el 12 de febrero de 2018, actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela ante esta Corporación, solicitando la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad y principios de favorabilidad, inescindibilidad y confianza legítima, que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al proferir la sentencia de 27 de abril de 2017.

Así mismo, se tiene que el asunto fue asignado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, bajo el radicado 2018-00426, que mediante sentencia de 22 de marzo de 2018, negó el amparo de tutela. Decisión que a su vez fue confirmada por el Consejo de Estado – Sección Quinta, a través de providencia de 10 de mayo de 2018.

Revisado el contenido de la presente demanda identificada con el Nº 2018-03765, con la acción de tutela con radicado Nº 2018-00426, se observa que las dos acciones constitucionales fueron interpuestas por el señor José del Carmen Herrera Urrego contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y el principio de confianza legítima.

También se evidencia que las dos demandas de tutela se fundamentan en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el accionante promovió contra el FONCEP ante el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que se dirigen a dejar sin efectos la sentencia de 27 de abril de 2017, dictada por el referido Tribunal Administrativo.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que las tutelas con radicados Nº 2018-00426 y Nº 2018-03765, se sustentan en las mismas partes y pretensiones, sin embargo no se evidencia la existencia de una acción temeraria por parte del señor José del Carmen Herrera Urrego, como quiera que en la demanda estudiada en esta ocasión, se incluye como hechos adicionales, el trámite de tutela surtido en la acción 2018-00426 y la expedición de la Resolución SPE-GPD Nº 0548 del 30 de abril de 2018, por medio de la cual el FONCEP dio cumplimiento al fallo de 27 de abril de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Adicionalmente, no se advierte que el accionante haya actuado de forma dolosa o de mala fe contra la administración de justicia, pues lo que se observa es que el tutelante interpuso la presente solicitud de amparo con la errada convicción que podía insistir en sus peticiones, bajo el sometimiento de un estado de indefensión e impotencia y con la necesidad extrema de obtener la reliquidación de su mesada pensional ante la eminente disminución que se causó con posterioridad al fallo de 27 de abril de 2017, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De igual manera, tampoco se advierte la configuración del fenómeno de cosa juzgada, porque la expedición de la Resolución SPE-GPD Nº 0548 del 30 de abril de 2018, por medio de la cual el FONCEP dio cumplimiento al fallo de 27 de abril de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca constituye un hecho nuevo, que no fue objeto de discusión en la tutela con radicado Nº 2018-00426 promovida por el señor Herrera Urrego ante la Sección Cuarta de esta Corporación, toda vez que con la actuación administrativa se puede dimensionar los efectos e impacto de la decisión judicial en la mesada pensional y en los derechos del actor.

4.2 La presunta vulneración del derecho al debido proceso del accionante por parte del FONCEP.

El accionante en el escrito de tutela además de cuestionar la actuación desplegada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, en la sentencia de 27 de abril de 2017, también señaló que sus derechos se afectaron, cuando el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, en cumplimiento de la referida providencia, expidió la Resolución SPE-GDP Nº 0538 del 30 de abril de 2018, a través de la cual reliquidó su pensión de jubilación, en el sentido de disminuir el valor de la mesada pensional.

A partir de lo anterior, el Consejo de Estado – Sección Primera, en la sentencia de primera instancia, dictada en el presente asunto, analizó la actuación del FONCEP, para señalar que la Resolución SPE-GDP Nº 0538 del 30 de abril de 2018 no constituye un acto de ejecución, pues la entidad al disminuir el valor de la pensión del actor creó un hecho nuevo que posibilitaba al accionante a ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para verificar la legalidad del referido acto administrativo.

El A-quo resaltó que el FONCEP cuando disminuyó la mesada pensional del tutelante, realizó una interpretación indebida de la sentencia de 27 de abril de 2017, pues no le estaba permitido desmejorar al accionante, por lo que tenía la obligación de analizar la situación del señor José del Carmen Herrera Urrego y liquidar su pensión con la normativa que le resultare más favorable.

Con base en lo mencionado, el A-quo concluyó que el FONCEP se benefició irregularmente de la sentencia de 27 de abril de 2017, en tanto afectó negativamente el derecho pensional del actor, sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad, por tratarse de una persona de la tercera edad, razón por la cual consideró que la entidad vulneró el derecho al debido proceso del accionante.

Con el fin de establecer la presunta vulneración de los derechos del señor José del Carmen Herrera Urrego, la Sala estima necesario verificar los siguientes aspectos:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, mediante sentencia de 27 de abril de 2017, en segunda instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento promovida por el señor José del Carmen Herrera Urrego contra el FONCEP, en los siguientes términos:

“(…) REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016) mediante la cual el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar dispone:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. GP – 2898-2013 del 28 de agosto de 2013, la Resolución No. 29854 del 12 de septiembre de 2012 proferida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP por medio del cual negó la reliquidación pensional solicitada.

SEGUNDO: CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES- FONCEP a lo siguiente:

Reliquidar el valor de la mesada de la pensión de jubilación reconocida al señor JOSÉ DEL CARMEN HERRERA URREGO, identificado con la cédula de ciudadanía (…), sobre el 75% del promedio de todo lo devengado en el año anterior a su retiro- entre el 3 de septiembre de 2000 y el 2 de septiembre de 2001-, incluyéndose como factores salariales además de la asignación básica, las doceavas de la prima de vacaciones y la prima de navidad, con efectividad a partir del 18 de marzo de 2003.

Los valores reconocidos, deberán ser actualizados conforme al IPC, desde la fecha de retiro del servicio del actor (3 de septiembre de 2001) hasta la fecha de adquisición del status pensional (18 de marzo de 2003).

La diferencia resultante no cancelada, será objeto de indexación, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 187 del C.P.A.C.A. La indexación mencionada, se efectuará con la aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para el efecto la siguiente fórmula (…)

Pagar a favor del señor JOSE DEL CARMEN HERRERA URREGO identificado con la cédula de ciudadanía (…), las diferencias (indexadas) que resulten de la nueva liquidación, a partir del 6 de junio de 2010.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN sobre las mesadas causadas con anterioridad al 6 de junio de 2010, de conformidad con las consideraciones anteriores.

CUARTO: ORDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP efectuar los descuentos por los aportes respe[c]to de los nuevos factores que se ordena incluir, siempre y cuando sobre ellos no se hubiese realizado deducción, debidamente indexados. Las sumas resultantes de los aportes a la seguridad social en pensiones serán indexadas conforme al IPC.

QUINTO: ORDENAR dar cumplimiento a esta providencia con observancia de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A..

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada. (…)”.

En virtud de lo anterior, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP, profirió la Resolución Nº SPE-GDP Nº 0548 del 30 de abril de 2018 “Por la cual se da cumplimiento a un fallo judicial, proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E””, en los siguientes términos:

“(…) Que es procedente efectuar la liquidación de conformidad con lo dispuesto en el fallo anterior, la liquidación de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, teniendo en cuenta como factores la asignación básica y las doceavas partes de la prima de vacaciones y navidad ordenado por el fallo judicial de instancia.

Que para tal fin, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP, elaboró con base en la certificación de factores salariales que obran en el expediente pensional y actualizado por la entidad nominadora, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con ID No. 200288 del 11 de abril de 2018, así (…)

Que acorde a lo indicado por el fallo judicial se reliquida la pensión de vejez desde el 18 de marzo de 2003, pero con efectos fiscales desde el 6 de junio de 2010, acorde como lo indica el fallo judicial:

COMPORTAMIENTO MESADA
(…)

Que de conformidad con el fallo transcrito y la liquidación realizada se logra establecer que la mesada pensional es menor a la que actualmente devenga por lo que se establece como nueva mesada pensional la suma de $1.664.451 a partir de mayo de 2018”. (…)”

En consideración a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección E proferido el 27 de abril de 2017, dentro del proceso 11001333501820140037601, a favor del señor JOSÉ DEL CARMEN HERRERA URREGO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.096.345.

ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de la orden judicial se dispone que el grupo funcional de nómina de pensiones del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP, establezca como nueva mesada pensional a partir de mayo de 2018 la suma de $1.664.451 M/CTE.

ARTÍCULO TERCERO: Que una vez en (sic) la presente Resolución, se deberá remitir, copia de la misma al Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución el (sic) señor JOSÉ DEL CARMEN HERRERA URREGO identificado con la cédula (…), haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno, en los términos de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de junio de 2011. (…)”.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el FONCEP en atención a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de 27 de abril de 2017, procedió a reliquidar la pensión del señor José del Carmen Herrera Urrego, con el “75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios” (del 3 de septiembre de 2000 y el 2 de septiembre de 2001), “teniendo en cuenta como factores la asignación básica y las doceavas partes de la prima de vacaciones y navidad”, efectiva a partir del 18 de marzo de 2003, pero con efectos fiscales desde el 6 de junio de 2010, por lo que ello arrojó como resultado una mesada pensional equivalente a $1.664.451, para el año 2018.

Revisado el contenido de la Resolución Nº SPE-GDP Nº 0548 del 30 de abril de 2018, no se observa que el FONCEP haya creado una situación jurídica distinta a la prevista en la sentencia de 27 de abril de 2017, por lo que a simple vista se tiene que el referido acto administrativo constituye un acto de ejecución que da cumplimiento a una decisión judicial.

Así las cosas, si bien es cierto la pensión del señor Herrera Urrego tuvo una disminución, ello obedeció a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de 27 de abril de 2017, al aplicar las disposiciones previstas en la Ley 33 de 1985, modificó la tasa de reemplazo con la que inicialmente se liquidaba la prestación del actor, pues pasó del 85% al 75%.

Adicionalmente, la autoridad judicial accionada analizó la legalidad de los factores salariales devengados por el accionante, encontrando que algunos de ellos eran prestaciones sociales de carácter extralegal, creados por normas de orden territorial (acuerdos distritales) y no por mandato del legislador, por tal razón estimó que dichos emolumentos no podían incluirse al momento de reliquidar la pensión, este era caso de la prima de antigüedad, prima de servicios, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y el quinquenio.

Con base en las anteriores consideraciones, se advierte que la disminución de la mesada pensional del actor no fue un acto deliberado y voluntario de la administración (FONCEP), sino que derivó en el cumplimiento de una decisión de la autoridad judicial accionada, que le ordenó estrictamente, reliquidar la pensión del señor Herrera Urrego con el “(…) 75% del promedio de todo lo devengado en el año anterior a su retiro- entre el 3 de septiembre de 2000 y el 2 de septiembre de 2001-, incluyéndose como factores salariales además de la asignación básica, las doceavas de la prima de vacaciones y la prima de navidad (…)”, es decir, que dispuso la reducción de la tasa de reemplazo al 75% y modificó el Ingreso Base de Liquidación, al excluir algunos factores salariales devengados.

Adicionalmente, es importante señalar que el FONCEP no tenía la obligación de analizar la situación del señor José del Carmen Herrera Urrego y liquidar su pensión con la normativa que le resultare más favorable, como lo advierte el A-quo, en el presente asunto, pues actuar de esta manera, implicaría desconocer el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que la administración pública al momento acatar una decisión judicial no tiene la posibilidad efectuar interpretaciones ajenas a las disposiciones contenidas en la providencia, por lo que hacer lo contrario podría llevar al servidor público encargado de atender la sentencia a incurrir en faltas disciplinarias y penales.

En este sentido, no se puede pretender que la entidad pública haga un juicio de valor sobre la situación fáctica del señor José del Carmen Herrera Urrego desconociendo las directrices que le imponía la providencia del Tribunal, que en su momento se pronunció sobre el tema de la liquidación pensional del actor.

En este orden de ideas, para la Sala no resulta evidente que el FONCEP, al expedir la Resolución Nº SPE-GDP Nº 0548 del 30 de abril de 2018 haya realizado una interpretación contraria a los postulados previstos en la sentencia de 27 de abril de 2017, por lo que no se puede concluir que la entidad pública actuó de manera arbitraria, caprichosa e irregular, con abuso del derecho, buscando obtener un indebido beneficio a su favor, ni vulneró el derecho al debido proceso del accionante.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a analizar la vulneración de los derechos invocados por el accionante, a partir de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E.

4.3 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso concreto

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, igualdad, vida digna y mínimo vital, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante puedan lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor José del Carmen Herrera Urrego contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 27 de abril de 2017 se notificó a las partes por correo electrónico el 16 de mayo de 2017, sin embargo, por auto de 23 de noviembre de 2017, se resolvió solicitud de adición, que se notificó a las partes, el 14 de diciembre de 2017, y la demanda de tutela se presentó el 9 de octubre de 2018, es decir, dentro de un término superior a 6 meses.

Aunque, la solicitud de amparo no atiende el término de inmediatez para hacer uso de la acción de tutela, como lo ha fijado por la jurisprudencia de esta Corporación, se debe señalar que debido a la gravedad de los hechos alegados por el tutelante y los derechos invocados, la Sala considera necesario efectuar un análisis a fondo de la situación, para determinar la presunta vulneración o no de los prerrogativas del demandante.

Lo anterior, por cuanto en el caso concreto se observa que el accionante cuestiona la reliquidación que ordenó la autoridad judicial accionada sobre su pensión, al considerar que la misma disminuyó considerablemente, lo cual comporta un hecho que afecta una prestación social periódica, de tracto sucesivo, cuya vulneración es permanente en el tiempo a pesar que el hecho que la originó es antiguo respecto de la presentación de la tutela, por lo que la situación desfavorable del actor es continua y actual, afligiendo derechos trascendentales como el mínimo vital y dignidad humana de una persona de la tercera edad, que es un sujeto de especial protección constitucional.

En este sentido, se debe señalar que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución, por lo que el análisis de este requisito debe hacerse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto, pues esa “razonabilidad” se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.4 Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El señor José del Carmen Herrera Urrego plantea la vulneración de los derechos al debido proceso, confianza legítima, igualdad, vida digna y mínimo vital, porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al proferir, la sentencia de 27 de abril de 2017 incurrió en vía de hecho por violación directa de la Constitución al desconocer el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta Política, como quiera que no analizó si lo reglado en la Ley 33 de 1985 era más o menos beneficioso con relación a lo dispuesto en los artículos 31 y 34 de la Ley 100 de 1993, toda vez que decidió aplicar la Ley 33 de 1985 para reliquidar su pensión, desconociendo que dicha norma disminuía la tasa de reemplazo con la que inicialmente se le reconoció la prestación del 85% al 75% y descartó seis de los ocho factores salariales que el FONCEP le había reconocido.

Adujo que la providencia del Tribunal no valoró en debida forma el material probatorio allegado al proceso ordinario, pues omitió verificar si la liquidación dada por el FONCEP era más beneficiosa a la que presupuestaba el Tribunal con los emolumentos que dispuso en la sentencia de 27 de abril de 2017.

Sostuvo que la autoridad accionada también incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque no tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional (Sentencias SU-230 de 2015, T-233 de 2017 y Su – 427 de 2017), en los cuales se definió una interpretación clara de la aplicabilidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con el cálculo del ingreso base de liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición.

Agregó que el Tribunal desconoció el principio de no reformatio in pejus y congruencia, pues no tuvo en cuenta que fue el apelante único y le desmejoró su pensión, analizando elementos (legalidad de factores salariales) que no fueron objeto de controversia en el proceso.

Con el fin de analizar los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala revisará el análisis normativo y jurisprudencial realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E en la sentencia de 27 de abril de 2017, en el cual consideró lo siguiente

“(…) Esta Sala mayoritaria, tradicionalmente ha optado por acoger el precedente del Consejo de Estado contenido principalmente en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, según el cual, el Ingreso Base de Liquidación hace parte del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 por aplicación del principio de inescindibilidad de la ley y favorabilidad. A la fecha, esta posición se mantendrá bajo las siguientes consideraciones:

El precedente de la corte Constitucional que se encuentra contenido en la sentencia C-258 de 2013, en primer lugar, de conformidad con el art. 45 de la Ley 270 de 1996 rige hacia el futuro y en esa medida, de resultar posible se podría extender a las pensiones causadas con posterioridad a su expedición, como quiera que no se podría otorgarle efectos ex tunc y afectar derechos adquiridos, incluso, así lo dejó claro la sentencia T-615 de 2016 según la cual el análisis efectuado en esa oportunidad, no resultaba aplicable a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a la expedición de la sentencia C 258 de 2013, en razón a que constituyen derechos adquiridos los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

(…)

Para resolver el recurso, frente a las posturas que sobre el particular han expuesto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, de acuerdo con la posición de la Sala Mayoritaria, el estudio se hará teniendo en cuenta el precedente del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como quiera que en primer lugar, el derecho pensional se causó con anterioridad a la expedición y notificación de la sentencia C-258 de 2013 y adicionalmente, no se advierte la configuración de un abuso del derecho o fraude legal, en la medida que se solicita un derecho reconocido en la Ley 100 de 1993 y los ingresos que el actor pretende sean tenidos en cuenta para la reliquidación de su pensión, guardaban proporción a los ingresos de los últimos 10 años de su vida laboral.

Examinado los documentos aportados al expediente, se establece claramente que el señor JOSÉ DEL CARMEN HERRERA URREGO, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad (pues nació el 18 de marzo de 1948) y en tal sentido le eran aplicables las normas anteriores.

En ese orden de ideas y como quiera que el demandante prestó sus servicios al Distrito Capital desde el 1 de diciembre de 1971 hasta el 3 de septiembre de 2001, siendo el último cargo por él ejercido el de Técnico Código 401, es pertinente señalar que le resultan aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985 y que adquirió el status de pensionado el 18 de marzo de 2003.

De igual forma se verifica que le fue reconocida la pensión de jubilación mediante Resolución Nº 3216 del 16 de diciembre de 2003 proferida por el Subdirector de Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C. efectiva a partir del 18 de marzo de 2003.

Así las cosas, como se anotó, el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, tiene derecho a que se reliquide su prestación con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicios, es decir, lo percibido en el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 200 al 2 de septiembre de 2001.

(…)

Revisado lo anterior, la Sala acogerá la argumentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora como quiera que resulta evidente que al demandante le asiste derecho a que el FONCEP le reliquide su pensión. Así lo primero que habrá de señalar es que en virtud del art. 45 del Decreto 1045 de 1978 en concordancia con el Decreto 1919 de 2002, se considera que se debe incluir en la liquidación de la pensión del actor, en doceavas, la prima de navidad y la prima de vacaciones devengadas en el último año de servicios, comprendido entre el 3 de septiembre de 2000 al 2 de septiembre de 2001.

En segundo lugar, se observa que el demandante en el último año de servicio, además de las prestaciones arriba señaladas, devengó (i) la prima de antigüedad, y (ii) la prima de servicios que corresponden a factores extralegales, creados por los Acuerdos 6 de 1986 y 14 de 1977 expedidos por el Concejo Distrital de Bogotá respectivamente. Luego, en principio tales factores deberían excluirse de la liquidación como quiera que de acuerdo con la Reforma Constitucional introducida con el Acto Legislativo 01 de 1968 únicamente el legislador se encontraba facultado para fijar las escalas de remuneración y en esa medida, no resultaba procedente aplicar factores regulados por normas de orden territorial a empleados públicos sometidos a disposiciones de orden legal.

Así mismo ocurre con el (iv) el auxilio de alimentación y el (v) auxilio de transporte que tienen su origen en el Acta Convenio de 1992 suscrita entre el sindicato de empleados distritales de Bogotá y la administración pública distrital, pues conforme lo sostuvo el H. Consejo de Estado en concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, dichas actas no producen efectos jurídicos por ser contrarias al ordenamiento jurídico y por lo tanto, los factores salariales y prestacionales que contemplan no se pueden aplicar a los empleados del Distrito Capital.

Así mismo ocurre con el (iv) el auxilio de alimentación y el (v) auxilio de transporte que tienen su origen en el Acta Convenio de 1992 suscrita entre el sindicato de empleados distritales de Bogotá y la administración pública distrital, pues conforme lo sostuvo el H. Consejo de Estado en concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, dichas actas no producen efectos jurídicos por ser contrarias al ordenamiento jurídico y por lo tanto, los factores salariales y prestacionales que contemplan no se pueden aplicar a los empleados del Distrito Capital.

Sobre el particular discurrió el Consejo de Estado:

“Las actas convenio suscritas durante los años 1976 a 1992 entre el Sindicato de empleados distritales de Bogotá y la administración pública distrital- cuya naturaleza resulta atípica, en cuanto no se tratan de actos administrativos en sentido estricto ni de convenciones colectivas -, por expresa prohibición legal, no son aplicables a los empleados públicos del distrito de ningún nivel - central o descentralizado -, en cuanto modifican sin competencia el régimen prestacional de los empleados públicos; sus normas resultan ineficaces en tanto hacen extensivos a estos beneficios reconocidos a los trabajadores oficiales, sin que la autoridad competente haya expedido el acto que corresponde, conforme a la Constitución y a la ley, que materialice ese convenio, como se dejó establecido. La ley no está a merced de las partes y por tanto éstas no la pueden derogar. Así las cosas, no es viable que los referidos acuerdos produzcan válidamente efectos jurídicos con relación a los servidores públicos que tienen una relación legal y reglamentaria con la administración, de lo cual se infiere que es improcedente que a ellos se les siga reconociendo y pagando los factores salariales y las prestaciones sociales allí creadas - o reguladas por fuera de los límites establecidos por el Congreso y el Gobierno Nacional -, tales como el quinquenio y el auxilio educativo”.(…)

Ahora bien, capítulo aparte merece el denominado quinquenio como quiera que conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 44 de 1961 –acuerdo del Concejo de Bogotá que le dio origen– tal emolumento tiene el carácter de prestación social y en esa medida, al no tener correspondencia alguna con las prestaciones sociales del orden nacional, no resulta pertinente su inclusión..

En consecuencia, se ordenará que se reliquide la pensión de la parte demandante en un monto del 75%, incluyendo además de los factores salariales ya reconocidos por la administración, 1 /12 de la prima de navidad y 1 /12 de la prima de vacaciones devengadas en el último año de servicio, comprendido entre el 3 de septiembre de 2000 y el 2 de septiembre de 2001 (…)” (Subrayas y resaltado ajenos al texto transcrito).

Revisado el contenido de la providencia acusada, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al examinar el material probatorio allegado al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, evidenció que el señor José del Carmen Herrera Urrego, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que a 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia dicha ley, tenía más de 40 años de edad y en tal sentido le eran aplicables las normas anteriores, es decir, las Leyes 33 y 62 de 1985.

Para el Tribunal, el demandante por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a que se reliquidara su pensión con el 75% de todos los factores salariales devengados por el señor Herrera Urrego en el último año de servicios, es decir, lo recibido en el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2000 al 2 de septiembre de 2001.

De igual manera, el Tribunal al verificar los emolumentos que conformarían el Ingreso Base de Liquidación de la pensión del tutelante encontró que algunos de los factores percibidos por el señor José del Carmen Herrera Urrego eran de carácter extralegal, creados por normas de orden territorial, mediante acuerdos distritales, por lo que consideró que dichas prestaciones no podían incluirse al momento de reliquidar la pensión, razón por la cual excluyó del IBL la prima de antigüedad, prima de servicios, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y el quinquenio.

En virtud de lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que la pensión del señor Herrera Urrego debía liquidarse en un monto del 75% incluyendo además de la asignación básica, las doceavas de las primas de vacaciones y la prima de navidad, devengadas en el último año de servicios, comprendido entre el 3 de septiembre de 2000 y el 2 de septiembre de 2001, con efectividad a partir del 18 de marzo de 2003.

En este orden de ideas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, al aplicar las disposiciones previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las Leyes 33 y 62 de 1985, con base en la interpretación que sobre las mismas realizó el Consejo de Estado – Sección Segunda en la sentencia de 4 de agosto de 2010 consideró que la pensión del demandante debía liquidarse en un monto del 75% incluyendo “además de la asignación básica, las doceavas de las primas de vacaciones y la prima de navidad”, devengadas en el último año de servicios, sin embargo, no tuvo en cuenta que el FONCEP, mediante Resolución Nº 3216 de 16 de diciembre de 2003 liquidó la pensión del señor José del Carmen Herrera Urrego con una tasa de reemplazo del 85%, por haber acreditado más de 1200 semanas de cotización, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.

Así mismo, al referida Resolución Nº 3216 de 2003 determinó el Ingreso Base de Liquidación de la pensión del accionante, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio del salario cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.

Conforme con lo anterior, se advierte a simple vista que la tasa de reemplazo que el FONCEP le aplicó al accionante al momento de reconocer y liquidar su pensión de jubilación era más beneficiosa que aquella prevista en la Ley 33 de 1985, por lo que la aplicación del principio de favorabilidad el Tribunal accionado tenía que verificar si la base de liquidación establecida por la entidad demandada resultaba más favorable a la prevista en la Ley 33 de 1985.

En este sentido, la autoridad judicial accionada debió ampliar su análisis para determinar si la liquidación de la pensión del demandante con el 75% de la asignación básica y las doceavas de las primas de navidad y vacaciones, otorgaban una mesada pensional igual o superior a la inicialmente recibida por el señor Herrera Urrego.

Lo anterior, porque las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho invocadas por el apoderado del señor José del Carmen Herrera Urrego en el proceso ordinario se dirigían a que se reconociera y ordenara el pago de la pensión de jubilación del actor “(…) en cuantía de $1.484.410.04 Ml/Cte, efectiva a partir del 18 de marzo de 2003, fecha en que adquirió el status pensional por cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad (…)”.

En efecto, el accionante dentro del trámite judicial ordinario solicitó lo siguiente:

“(…) Tercera: Se condene a EL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP -, a pagar a el actor una pensión Mensual vitalicia de Jubilación, equivalente al setenta y cinco (75%) por ciento de la totalidad de los factores de salario devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del servicio oficial, dando aplicación al IPC (Índice de Precios al Consumidor), dado que mi representado se retiró del servicio el 02 de septiembre de 2001, cumpliendo con más de veinte (20) años de servicio, debiendo esperar hasta el 18 de marzo de 2003, fecha en la cual cumplió con el segundo requisito para alcanzar su status de pensionado, o sea $1.484.410.04, ML/Cte, conforme al régimen ordinario aplicable a los empleados del sector oficial según la Ley 33/85, 62/85, 71/88 y las demás normas concordantes, recurriendo a éstas para la forma de liquidación por principio de favorabilidad para el trabajador habiendo cuenta, adicionalmente, de haber consolidado más de 15 años de servicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100, por lo que en efecto se había generado en su favor un beneficio conforme al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar a expensas del FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP; a favor del actor, la totalidad de las diferencias entre lo que se le ha venido pagando en virtud de la Resolución Nº 3216 del 16 de diciembre de 2003 y la sentencia que de fin a este proceso, a partir de la adquisición de su status jurídico hasta el momento de inclusión en nómina con la totalidad de factores salariales demandados, teniendo en cuenta para efectos de la cuantía definitiva, los siguientes factores salariales: Auxilio de Alimentación, Subsidio de Transporte, Prima de Antigüedad, Horas Extras, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, Prima de Servicios y Quinquenio, además de aquellos que se tuvieron en cuenta en las Resoluciones mencionadas (….)”.

A partir de lo mencionado, se puede inferir que lo pretendido por el accionante al interior del proceso ordinario era aumentar la base de liquidación pensional, incluyendo factores salariales que en su criterio no se tuvieron en cuenta por la administración, al momento de hacer el reconocimiento pensional, por lo que cualquier decisión dirigida a reducir la tasa de reemplazo y los emolumentos que conformaban el IBL, significaría desconocer la intención real de la parte demandante.

Al respecto, es importante señalar que no es procedente que la autoridad judicial al decidir una controversia haga más gravosa la situación en la que se encontraba el demandante antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud del principio de “interés en la pretensión u oposición, para la sentencia de fondo o mérito”, pues se entiende que lo hace con el fin de obtener un beneficio. Sobre este aspecto la Corporación ha sostenido:

“Ese interés ‘directo’ ha sido entendido, en sentido amplio, como derivar del mismo un provecho o un perjuicio con relevancia jurídica, es decir, una utilidad o una pérdida, o lo que es lo mismo, experimentar en la esfera jurídica propia de quien dice tener interés, una afectación también jurídica como consecuencia del negocio celebrado. No se trata únicamente de un interés genérico, sino de un interés directo, lo que quiere decir, que tal interés tiene que surgir sin necesidad de acudir a intermediaciones o interpretaciones de ninguna índole. (…)

Respecto del interés, sin necesidad de que su exigencia sea ‘directa’, la doctrina italiana presenta los siguientes ejemplos de jurisprudencia:

“La actividad jurisdiccional no puede ser ejercitada con un fin vejatorio o con fines puramente académicos, y debe ser rehusada cuando ningún interés jurídico asiste a quien promueve la acción en el presente ni el futuro, y solamente posibles eventos futuros pueden dar lugar a un interés” (Casación, abril 17 de 1942.)

“Para accionar en juicio es necesario que el hecho de la lesión jurídica deducida irrogue a la parte actora un perjuicio jurídico actual y concreto” (Casación, junio 11 de 1943)

El interés para accionar (interés procesal), en sus distintas configuraciones, se presenta siempre que, en relación con un Estado de hecho contrario a derecho, se determina una situación de perjuicio o de peligro que haga indispensable la intervención de la autoridad judicial, de modo que no se pueda de otro modo conseguir el resultado que se ha prefijado el que acciona (Casación, octubre 24 de 1954)”.

En un pronunciamiento más reciente, esta Subsección afirmó:

“Quien se dirige a la jurisdicción debe pretender obtener un beneficio o la protección de un derecho que considera está siendo vulnerado o amenazado, lo cual, haría imperiosa la actuación del Juez para restablecer el ordenamiento jurídico y resarcir el perjuicio irrogado al interesado.

Así las cosas, como la cuantía de la pensión que fue reconocida por CAJANAL al señor Gutiérrez Villada es superior a la que se deriva del cumplimiento de la Sentencia de Primera Instancia, se concluye que las resultas del proceso no le estarían reportando un beneficio, sino un perjuicio, situación que debe ser conjurada por el Juez de lo Contencioso Administrativo”.

En este sentido, la autoridad judicial accionada al momento de resolver la demanda formulada por el señor Jose del Carmen Herrera Urrego, debió tener en cuenta el interés que perseguía el accionante, con el fin de no generar un menoscabo de su derecho sustancial (pensión de jubilación), pues se trataba de una persona de la tercera edad, que por su condición es un sujeto de protección constitucional.

Conforme con las anteriores consideraciones, la Sala advierte que si bien la autoridad judicial accionada, en ejercicio de su autonomía, explicó las razones de hecho y de derecho por las cuales acogía el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado (sentencia de 4 de agosto de 2010), y se apartaba de la tesis de la Corte Constitucional, lo que no permitiría evidenciar un desconocimiento del precedente jurisprudencial, también es cierto que el análisis desplegado por el Tribunal accionado lo llevó a incurrir en una violación directa de la Constitución, en la medida en que no aplicó en debida forma el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta Política, pues omitió verificar cuál era la normativa que le permitía al demandante obtener una mejor liquidación de su mesada pensional.

Acorde con lo referido, se coligue que la autoridad accionada también incurrió en un defecto sustantivo, porque desconoció que la aplicación del artículo 10 de la Ley 797 de 2003 era más beneficioso para el actor, dado que mejoraba la tasa de reemplazo en comparación con aquella que establecía la Ley 33 de 1985.

Así mismo, se observa que la decisión cuestionada no valoró en debida forma el material probatorio allegado al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que omitió constatar las circunstancias que le permitía acceder a una mejor tasa de reemplazo al accionante, así como los factores que conformaban el IBL en la liquidación dada por el FONCEP y la que dio el Tribunal con los emolumentos que dispuso en la sentencia de 27 de abril de 2017.

III. DECISIÓN

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala revocará la sentencia de 30 de noviembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que accedió transitoriamente al amparo invocado por señor José del Carmen Herrera Urrego y, en su lugar, se accederá de forma definitiva al amparo de los derechos al debido proceso, confianza legítima, vida digna y mínimo vital; se dejará sin efecto la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, se ordenará a la autoridad judicial accionada que, dentro del término de treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de este fallo; y por último, se negará la solicitud de tutela formulada por el accionante frente al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 30 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que amparó como mecanismo transitorio el derecho al debido proceso del señor José del Carmen Herrera Urrego, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

SEGUNDO. ACCEDER al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, vida digna y mínimo vital del accionante.

TERCERO: DEJAR sin efecto la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, por los motivos señalados en esta decisión.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que, dentro del término de treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Sin perjuicio de la autonomía que le asiste, para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar.

QUINTO: NEGAR el amparo de tutela interpuesto por el señor José del Carmen Herrera Urrego, en relación con las pretensiones dirigidas contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, por lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Folios 1 - 25
Folios 105
Folio 107
Folios 108 - 109
Folios 114 - 116
Folios 117 - 118
Folio 122 - 123
Folios 132 - 138
Folio 151 - 154
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Folios 8 -11
Folios 66 - 86
Folios 40 - 59
El Código Penal (artículo 414) tipifica, por ejemplo, el prevaricato por omisión, conducta que comete el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. Adicionalmente penaliza el fraude a resolución judicial (artículo 454) cuando una persona por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en la misma, así mismo, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (artículo 416) prevé que El Servidor público que con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. A su turno, el Código Disciplinario Único prescribe como deber de los servidores públicos cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales (artículo 34) y el incumplimiento de los deberes es calificado como una falta disciplinaria grave o leve en el artículo 50. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250. Información verificada en la página web de la Rama Judicial, en el link consulta de procesos, http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21, para el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 11001-33-35-018-2014-00376-01, Demandante: José del Carmen Herrera Urrego. Folio 65
Folio 1
La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta Corporación en dicha providencia acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia. Corte Constitucional, Sentencia T – 246 de 30 de abril de 2015, M.P. María Victoria Sáchica Méndez
Folios 40 - 59
Cita de Cita: “Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. 25000-23-25-000-2011-01355-01 (2378-12). Febrero 13 de 2014”. Cita de cita: “Consejo de Estado. Sal de Consulta y Servicio Civil. Rad.1393. Julio 18 de 2002”. Cita de Cita: “Consejo de Estado. Sal de Consulta y Servicio Civil. Rad.1393. Julio 18 de 2002”.

Según la Resolución Nº 3216 de 16 de diciembre de 2003, “Por medio de la cual se reconoce una Pensión de Jubilación a favor del señor José del Carmen Herrera Urrego,” el actor acreditó un tiempo de trabajo de 29 años, 9 meses y 2 días, equivalente a 1544 semanas.
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
“(…) ARTÍCULO 10. El artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "34" 34 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente (…)”.

Auto de 12 de diciembre de 2001, expediente 20.456, actor: Sociedad Guinnes UDV Colombia S. A. y Otros.
Consejo de Estado, Subsección B, Sentencia de 29 de enero de 2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 660012331000201000258 01.

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