Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2026-00448-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2026-00448-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2026-00448-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: MARÍA ISABEL LOZANO CIFUENTES
Accionados: JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE CALI Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se modifica el fallo
impugnado. Se tutelan los derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones contra la sentencia de 10 de junio de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María Isabel Lozano Cifuentes, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso,
acceso a la administración de justicia, a la vida, tutela judicial efectiva, igualdad,
salud, seguridad social, dignidad humana y “[...] protección especial a los adultos
mayores [...]” en conexidad con los principios de favorabilidad, confianza legítima,
progresividad, congruencia y buena fe, cuya vulneración le atribuyó i) a la
providencia de 27 de junio de 2025, proferida por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 76001-33-33-
017-2024-00020-00, y ii) a la Resolución SUB 128137 de 22 de abril de 2026,
expedida por Colpensiones.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que es sujeto de especial protección constitucional en razón de su
condición de persona adulta mayor, toda vez que nació el 29 de diciembre de 1955.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
2.2. Sostuvo que Colpensiones le reconoció la pensión de vejez mediante la
Resolución 3452 de 2012, al acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley 33 de 29 de enero de 19851. Agregó que, mediante la Resolución GNR
348326 del 10 de diciembre de 2013, fue incluida en la nómina de pensionados con
efectos a partir del 1.º de septiembre de 2012. Precisó que en dicho acto
administrativo se indicó que adquirió el estatus pensional el 29 de diciembre de
2010.
2.3. Indicó que Colpensiones reliquidó su pensión mediante Resolución GNR 266547
de 24 de julio de 2014, en la cual determinó que el ingreso base de liquidación más
favorable correspondía al último año de servicios. Precisó que, con fundamento en
dicha determinación, aplicó la tasa de reemplazo del 75% prevista en la Ley 33 de
1985 y fijó una mesada pensional inicial de $7.243.833, con efectos a partir del 1°
de septiembre de 2012.
2.4. Expuso que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el número de radicación 76001-33-33-017-2024-00020-
00, contra Colpensiones con el propósito de obtener una reliquidación pensional en
condiciones más favorables.
2.5. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante sentencia de 27
de junio de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la entidad
demandada efectuar la reliquidación pensional de conformidad con el Acuerdo 049
de 1 de febrero de 19902, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios, y el Decreto 758 de 11 de abril de 19903.
2.6. Enfatizó que en dicha decisión se precisó que era beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993 y que la reliquidación de su pensión debía
efectuarse con una tasa de reemplazo equivalente al 90% del ingreso base de
liquidación, calculado con el promedio de lo cotizado durante los últimos diez años
de servicio, de conformidad con el artículo 21 ibidem y la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 20184.
2.7. Adujo que no interpuso recurso de apelación contra la referida providencia, por
cuanto la reliquidación ordenada fue dispuesta en abstracto y de su contenido no se
advertía que la decisión pudiera dar lugar a una disminución de su prestación; por el
contrario, entendió que la decisión acogía las pretensiones formuladas en la
demanda. Precisó que la sentencia fue notificada electrónicamente el 8 de julio de
2025.
1
“[…] Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público […]”.
2
“[…] Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte […]”.
3
“[…] Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios […]”.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
Radicación núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01. C.P. César Palomino Cortés.
3
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
2.8. Agregó que, una vez ejecutoriada la sentencia, Colpensiones expidió la
Resolución SUB 128137 de 22 de abril de 2026, mediante la cual dio cumplimiento
a la orden judicial. Expuso que, al efectuar la reliquidación ordenada, la entidad
redujo en más de dos millones de pesos la mesada pensional que venía
percibiendo. Sostuvo que, aunque la providencia en apariencia era una decisión
favorable, su materialización produjo un resultado adverso al desmejorar su situación
pensional previamente consolidada.
2.9. Enfatizóen que presentó petición ante la entidad demandada con el fin de
controvertir el contenido del acto administrativo de cumplimiento; sin embargo, para
la fecha de presentación de la acción constitucional no había obtenido respuesta
alguna.
2.10. Manifestó que la providencia antes referida y el acto administrativo que se
expidió en cumplimiento de esta vulneraron los derechos fundamentales incoados
supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, la causal de
violación directa de la constitución y en el desconocimiento del precedente judicial.
2.11. Afirmó que se configuró un defecto sustantivo porque, a su juicio, la autoridad
judicial: i) decidió en contravía de los principios constitucionales que orientan el
derecho fundamental a la seguridad social y la protección reforzada de las personas
adultas mayores; ii) omitió valorar que la favorabilidad en materia pensional no puede
analizarse exclusivamente desde una perspectiva normativa o abstracta, sino a partir
de los efectos concretos de la decisión sobre la situación jurídica del beneficiario; y iii)
no adoptó medida alguna encaminada a evitar una eventual disminución de la
prestación ni previó que, si la nueva liquidación arrojaba un resultado inferior, debía
preservarse la situación más beneficiosa.
2.12. Indicó que se desconoció el precedente judicial, por cuanto la autoridad accionada
no tuvo en cuenta las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en materia de favorabilidad pensional, tutela judicial efectiva,
interés para demandar, intangibilidad de las pensiones y prohibición de agravar la
situación de quien acude a la administración de justicia en procura de una mejor
protección de sus derechos.
2.13. Destacó que en las sentencias de 29 de enero de 20155, 7 de marzo de 20196 y
4 de marzo de 20217, el Consejo de Estado sostuvo que no resulta procedente
adoptar decisiones que empeoren la situación jurídica del demandante respecto de
aquella que tenía antes de acudir a la jurisdicción, razón por la cual corresponde al
juez verificar previamente que la nueva liquidación le reporte un beneficio.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 29 de enero de
2015. Radicación núm. 66001-23-31-000-2010-00258-01.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 7 de marzo de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-03765-01.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 4 de marzo de
2021. Radicación núm. 11001-03-25-000-2013-01223-00.
4
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
2.14. Expuso que se configuró una violación directa a la Constitución por
desconocimiento de los artículos 1, 13, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, al
generar un resultado incompatible con los principios propios del Estado social de
derecho, entre ellos la protección reforzada de las personas adultas mayores, la
favorabilidad en materia pensional, la confianza legítima y la finalidad constitucional
de la administración de justicia. Agregó que resulta contrario a dichos postulados que
quien promueve una acción judicial con la expectativa legítima de obtener una mejora
en sus condiciones pensionales termine, como consecuencia de la decisión adoptada,
en una situación más gravosa que aquella en la que se encontraba antes de acudir a
la jurisdicción.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 6.1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, seguridad social, mínimo vital, vida
digna, confianza legítima, buena fe, favorabilidad y protección constitucional
reforzada de la persona adulta mayor de la señora MARÍA ISABEL LOZANO
CIFUENTES.
6.2. Que, como consecuencia del amparo concedido, se deje sin efectos la
Sentencia No. 170 del 27 de junio de 2025 proferida por el JUZGADO
DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, únicamente
en cuanto permitió que su ejecución produjera una desmejora de la situación
pensional de la accionante, vulnerando los principios de favorabilidad, tutela
judicial efectiva, interés en la pretensión, intangibilidad pensional y prohibición
de la reforma en perjuicio.
6.3. Que se ordene al JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE CALI adicionar, complementar o adoptar las medidas judiciales
necesarias respecto de la Sentencia No. 170 del 27 de junio de 2025,
precisando expresamente que la reliquidación reconocida en favor de la señora
MARÍA ISABEL LOZANO CIFUENTES no podrá generar una disminución de
la mesada pensional que venía percibiendo, debiendo preservarse en todo
caso la situación económica más favorable para la pensionada, en aplicación
de los principios constitucionales de favorabilidad, confianza legítima,
seguridad social y protección reforzada de las personas adultas mayores.
6.4. Que, como consecuencia de lo anterior, se disponga la inaplicación de la
Resolución No. SUB 128137 del 22 de abril de 2026 expedida por
COLPENSIONES, en cuanto redujo la cuantía de la mesada pensional de la
accionante bajo el argumento de dar cumplimiento a la referida providencia
judicial.
6.5. Que se ordene a COLPENSIONES mantener y continuar pagando a la
señora MARÍA ISABEL LOZANO CIFUENTES la mesada pensional en la
cuantía que venía percibiendo antes de la expedición de la Resolución No. SUB
128137 del 22 de abril de 2026, con los reajustes legales correspondientes.
6.6. Que se ordene a COLPENSIONES abstenerse de efectuar descuentos,
compensaciones, cobros, cruces de cuentas o cualquier mecanismo de
recuperación de valores que tenga origen en la reliquidación efectuada
mediante la Resolución No. SUB 128137 del 22 de abril de 2026.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
6.7. Que se ordene a COLPENSIONES reconocer y pagar las diferencias
dejadas de percibir por la accionante como consecuencia de la disminución de
la mesada pensional implementada a partir de la nómina correspondiente al
mes de mayo de 2026 debidamente indexadas.
6.8. Que se adopte cualquier otra medida que el Despacho considere necesaria
para la protección integral y efectiva de los derechos fundamentales de la
señora MARÍA ISABEL LOZANO CIFUENTES. […]” (negrilla del texto).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 2 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, negó la medida provisional solicitada por la parte actora.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas, se allegaron los
siguientes informes:
5.1. La Administradora Colombiana de Pensiones destacó que no cuenta con
derecho de petición pendiente de resolver a nombre de la accionante. Adujo que
no incurrió en vulneración de derechos fundamentales y que las decisiones
adoptadas en el proceso ordinario se asumieron en ejercicio de la autonomía
judicial, razón por la cual solicitó sean denegadas las pretensiones de la acción de
tutela.
5.2. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali señaló que agotó
las etapas procesales de forma adecuada y para tomar la decisión en el proceso
ordinario tuvo en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, por lo que
no incurrió en vulneración de derechos fundamentales.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 10 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca resolvió:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso y a la tutela
judicial de la señora MARÍA ISABEL LOZANO CIFUENTES, identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.857.306, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia No. 170 del 27 de junio de
2025 proferida por el JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-017-2024-00020-
00.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI que dentro de los quince (15) días,
siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera sentencia de reemplazo,
en la que tenga en cuenta el precedente reiterado del Consejo de Estado
conforme a las consideraciones aquí realizadas.
CUARTO: ADVERTIR que esta decisión tiene efectos “Ex tunc”, en
consecuencia, la situación pensional de la demandante debe volver al estado
anterior a que se profiriera el fallo cuestionado hasta tanto se expida la
sentencia de reemplazo que aquí se ordena […]” [negrilla del texto].
7. Advirtióque, si la reliquidación ordenada producía una mesada inferior a la
reconocida con anterioridad, el juez debía incorporar una cláusula de protección o
de no reducción que preserve la situación más favorable para el pensionado, lo cual
no fue aplicado por la autoridad accionada. En múltiples casos se han presentado
afectaciones similares, por lo que el Consejo de Estado ha exigido que los jueces
deben incorporar cláusulas de protección en las sentencias que ordenen
reliquidaciones en abstracto.
8. Agregó que, si bien el despacho accionado ordenó correctamente la reliquidación
bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990 y aplicó la jurisprudencia pertinente sobre
el cómputo de semanas, omitió adoptar la medida adicional y necesaria consistente
en prever expresamente que la nueva liquidación solo produciría efectos si arrojaba
un resultado favorable para la pensionada, y que en caso contrario debía
mantenerse la mesada previamente reconocida. Teniendo en cuenta que la
favorabilidad debe apreciarse desde los efectos reales y concretos que la decisión
produce sobre la situación jurídica y económica del pensionado.
9. Añadió que el Acto Legislativo 01 de 2005 modificó el artículo 48 de la
Constitución y precisó que no podía reducirse el valor de la mesada de las
pensiones. En este caso, dicha condición ya configuraba un derecho adquirido.
10. Adujo que el artículo 53 de la carta magna establece el principio de favorabilidad
laboral y pensional, el cual no se satisfacía únicamente con la elección del régimen
normativo que en abstracto aparezca más beneficioso, como en el caso concreto
lo parecía con una tasa de reemplazo del 90%, sino que requiere verificar que el
resultado efectivo de la aplicación de ese régimen mejore la situación del
pensionado al tener en cuenta las demás variables como los aportes que se tendrán
en cuenta para el cálculo, si se hará con el promedio de los últimos 10 años o del
último año de servicios.
11. Finalmente, señaló que la providencia cuestionada vulneró directamente los
artículos 1, 13, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, al permitir que el ejercicio
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia fuera la causa
directa de una desmejora sustancial en las condiciones de existencia de una
persona adulta mayor sujeto de especial protección constitucional.
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Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. LaAdministradora Colombiana de Pensiones impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al estimar que
en el marco del proceso ordinario no se configuró ningún vicio ni defecto.
13. Adujo que la providencia cuestionada se sustentó en las normas aplicables, en
los preceptos constitucionales pertinentes y en la jurisprudencia vigente sobre la
materia. En consecuencia, afirmó que las actuaciones desplegadas por el despacho
judicial se ajustaron al ordenamiento jurídico y no vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante.
14. Señaló que la acción de tutela resultaba improcedente, por cuanto se pretendía
utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional para
controvertir un asunto que ya había sido resuelto por el juez natural competente.
Agregó que reabrir una discusión judicialmente concluida desconocería el principio
de cosa juzgada. Finalmente, invocó la necesidad de salvaguardar el patrimonio
público y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional como razones
adicionales para solicitar la denegación del amparo constitucional.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202110 y el Decreto 799 de 9 de julio de 202511, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 202413.
VIII.2. Problemas jurídicos
16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado14, la Sala debe establecer:
8
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
9
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
10
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
11
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
12
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
14
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
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Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante, al incurrir en el defecto sustantivo, la causal de
violación directa de la constitución y un desconocimiento del precedente
judicial.
17. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
16
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución17.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”18 que encaje en dichos
parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
25. La señora María Isabel Lozano Cifuentes, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso,
acceso a la administración de justicia, a la vida, tutela judicial efectiva, igualdad,
salud, seguridad social, dignidad humana y “[...] protección especial a los adultos
mayores [...]” en conexidad con los principios de favorabilidad, confianza legítima,
progresividad, congruencia y buena fe, cuya vulneración le atribuyó i) a la
providencia de 27 de junio de 2025, proferida por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 76001-33-33-
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Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
18
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
017-2024-00020-00, y ii) a la Resolución SUB 128137 de 22 de abril de 2026,
expedida por Colpensiones.
VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
26. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional, por cuanto
se evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales; ii) se cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que la parte accionante no cuenta con ningún
recurso ordinario o extraordinario frente a la decisión cuestionada; iii) la situación a
la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; iv) no se alega la existencia de una irregularidad
procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y v) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia proferida en un proceso de tutela.
27. Respecto al requisito general de inmediatez, la Corte Constitucional19 ha
señalado que la acción de tutela debe interponerse “[…] en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración20 […]”. La Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de
unificación de 5 de agosto de 201421, estableció como regla jurisprudencial que, por
regla general, el término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de
la decisión judicial cuestionada, constituye un plazo razonable para promover la
acción de tutela.
28. En el presente asunto, la accionante solicitó como pretensión “[…] se deje sin
efectos la Sentencia No. 170 del 27 de junio de 2025 […]”. En ese contexto, la Sala
precisa que si bien (i) la sentencia de 27 de junio de 2025 que motivó la
interposición de esta acción de tutela fue notificada electrónicamente el 8 de julio
de 202522, y (ii) la presente solicitud de amparo fue presentada el 1.° de junio de
2026; dicho lapso no puede considerarse irrazonable ni desproporcionado, dadas
las circunstancias particulares de la accionante.
29. En las sentencias T-293 de 2025 y T-026 de 2023, la Corte Constitucional
sostuvo que, tratándose de personas de avanzada edad o en condiciones de
debilidad manifiesta, el requisito de inmediatez debe aplicarse de manera flexible.
Ello obedece a que la afectación de derechos fundamentales como la seguridad
social y el mínimo vital puede prolongarse en el tiempo mientras subsista la
situación que origina la vulneración. En consecuencia, en estos eventos, el
transcurso del tiempo no desvirtúa, por sí solo, la procedencia excepcional del
amparo constitucional.
19
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
20
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Índice 16 SAMAI, expediente núm. 76001-33-33-017-2024-00020-00.
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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
30. Para la Sala, atendiendo la situación particular del caso concreto, la flexibilización
del requisito de inmediatez en el presente asunto encuentra sustento en lo
siguiente: i) se trata de un sujeto de especial protección por ser la accionante una
persona adulta mayor; y ii) la controversia versa sobre una prestación pensional,
íntimamente relacionada con la efectividad del derecho fundamental a la seguridad
social y con la garantía del mínimo vital, la dignidad humana y las condiciones
materiales de subsistencia de la accionante.
31. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que se encuentran acreditados los
requisitos generales de procedibilidad y, en consecuencia, examinará el
cumplimiento de los requisitos específicos en el caso concreto.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
32. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración del presunto defecto sustantivo, la
causal de violación directa de la constitución y un desconocimiento del precedente
judicial.
VIII.4.2.1 Solución del caso concreto
33. En el caso objeto de estudio se señala que la providencia de 27 de junio de 2025
incurrió en la causal de violación directa de la constitución por cuanto desconoció
principios constitucionales en materia pensional al ordenar una reliquidación de la
mesada en abstracto, sin asegurarse que la modificación no fuera perjudicial para
la parte actora.
34. En ese contexto, se evidencia que la autoridad judicial omitió la aplicación de los
principios de favorabilidad, intangibilidad pensional y del precedente del Consejo
de Estado sobre la prohibición de desmejorar la situación de la pensionada
destacando que quien demanda tiene interés en una mejoría de sus condiciones y,
en este caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue
presentado para aumentar la tasa de reemplazo por considerar que eso mejoraría
sus condiciones.
35. El juez de tutela en primera instancia amparó los derechos fundamentales
incoados en la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial accionada:
(i) vulneró los artículos 1, 13, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, al permitir
que el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
se convirtiera en la causa directa de una desmejora sustancial en las condiciones
de existencia de una persona adulta mayor sujeto de especial protección
constitucional, y (ii) afectó la garantía constitucional de intangibilidad debido a que
la pensión constituía un derecho adquirido que no podía ser reducido por una
decisión judicial que surgió por la intención de mejora de la pensionada.
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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
36. La parte accionada presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar la
sentencia de 10 de junio de 2026 y, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda al considerar que en el proceso ordinario no se configuró vicio alguno por
cuanto tuvo sustento en las normas aplicables, se ajustó al ordenamiento jurídico y
no vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.
37. Para resolver lo expuesto, la Sala considera necesario precisar los siguientes
aspectos:
37.1. Laseñora María Isabel Lozano Cifuentes promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número de radicación
76001-33-33-017-2024-00020-00, contra Colpensiones con el propósito de obtener
una reliquidación pensional en condiciones más favorables.
37.2. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia de
27 de junio de 2025, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones No.
7549 del 2012 proferida por el Instituto de Seguros Sociales - ISS, la No. GNR
348326 del 10 de diciembre del 2013, No. GNR 266547 del 24 de julio de 2014 y
LA NULIDAD de las Resoluciones SUB 75653 del 17 de marzo de 2023 y SUB
295096 del 25 de octubre de 2023, expedida por la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en cuanto negaron la
reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la señora MARIA ISABEL
LOZANO CIFUENTES […], por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES reliquidar y pagar a favor de la señora MARIA
ISABEL LOZANO CIFUENTES […] la pensión de jubilación conforme con lo
dispuesto en el Acuerdo 049 y el Decreto 758 de 1990 como beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, calculando la prestación sobre el
90% del Ingreso Base de Liquidación y teniendo en cuenta para dicha liquidación,
el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio, conforme con
lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 y la Sentencia de Unificación
del 28 de agosto de 2018, en los términos señalados en la parte considerativa de
esta providencia.
TERCERO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
• COLPENSIONES para que dé cumplimiento a esta sentencia de conformidad
con los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando
para el efecto la siguiente formula:
R = Rh x _índice final_
índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la actora desde la fecha en que se hizo exigible
el reconocimiento ordenado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final
de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia, por el índice inicial vigente para la fecha en que debió
efectuarse el pago. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la
formula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional y
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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente
en el momento de la causación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los
aumentos o reajustes reconocidos o decretados periódicamente.
CUARTO: Declarar la Prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 17 de noviembre de 2019.
QUINTO: No hay lugar a condena en costas procesales.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión de conformidad con el artículo 203 del
C.P.A.C.A. a los correos electrónicos.
SÉPTIMO: Archívese el expediente, previas las anotaciones correspondientes.
[…]”. [Negrilla del texto y sic en toda la cita].
37.3. En cumplimiento a dicha decisión, Colpensiones expidió la Resolución núm. SUB
128137 de 22 de abril de 2026.
38. La Sala advierte que en cumplimiento de la decisión del Juzgado accionado se
disminuyó el monto de la mesada pensional que había sido asignada a la
accionante, tal como consta en el certificado de pensión correspondiente a abril de
2026.
39. Tal distinción representó una disminución mensual de dos millones trescientos
cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos ($2.347.457), lo cual
materializó una desmejora significativa de su situación pensional previamente
consolidada.
40. Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 53 de la Constitución
Política establece que “[…] La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de
los trabajadores […]”. Entre dichos derechos se encuentra “[…] no sufrir una
defraudación injustificada de sus expectativas legítimamente creadas […]”23.
41. Adicionalmente, el artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 200524
prevé que se deberá asegurar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y
que “[…] por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor
de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho […]”.
42. Bajo esa premisa y conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional25 la regulación tiene como fin preservar ciertos límites dentro de la
actividad del legislador o de los operadores de justicia respecto al alcance y
condiciones de acceso de dichos derechos. Esas limitaciones se ciñen a que no se
pueden desconocer derechos adquiridos y a que las medidas que adopten deben
estar plenamente justificadas conforme al principio de progresividad.
23
Corte Constitucional, sentencia SU 442 de 18 de agosto de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
24
“[…] por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política […]”.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 442 de 18 de agosto de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00448-01
Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
43. De igual manera, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia de revisión de 4 de marzo de 202126, consideró que una autoridad
judicial que ordene una reliquidación pensional sin verificar si el resultado de la
decisión no terminará perjudicando al demandante incurre en una afectación a los
principios de congruencia, favorabilidad, interés en la pretensión, tutela judicial
efectiva y movilidad e intangibilidad pensional.
44. Desde una perspectiva material, esta Corporación27 “[…] en materia pensional
ha acudido al principio de ‘interés en la pretensión u oposición, para la
sentencia de fondo o mérito’, consistente en que la autoridad judicial al decidir
una controversia no puede hacer más gravosa la situación en que se encontraba el
demandante antes de acudir ante la administración de Justicia, pues se entiende
que sólo se acciona el aparato judicial para obtener un beneficio […] De tal forma
que, en las sentencias en las que se controvierte la forma de liquidación de las
prestaciones periódicas, debe siempre tenerse en cuenta el interés del demandante
para acudir a la jurisdicción y en caso de duda, impera aplicar el criterio de
interpretación más favorable. […]” [negrilla del texto].
45. En la misma providencia se destacó el principio de intangibilidad que consiste en
que “[…] el salario y las pensiones del trabajador están protegidas […] en el derecho
a mantener su valor y a que el mismo no sea afectado sino por las causas previstas
en la ley28 […]”.
46. Asimismo, en una acción de tutela presentada contra providencia judicial, esta
Corporación29 señaló que la autoridad judicial debió ampliar su análisis para
determinar si la liquidación de la pensión otorgaba una mesada pensional igual o
superior a la inicialmente recibida por el accionante y que lo pretendido por este era
“[…] aumentar la base de liquidación pensional […] por lo que cualquier decisión
dirigida a reducir la tasa de reemplazo y los emolumentos que conformaban el IBL,
significaría desconocer la intención real de la parte demandante. […]”.
47. Al respecto, señaló:
“[…] no es procedente que la autoridad judicial al decidir una controversia
haga más gravosa la situación en la que se encontraba el demandante antes
de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud del principio
de ‘interés en la pretensión u oposición, para la sentencia de fondo o mérito’,
pues se entiende que lo hace con el fin de obtener un beneficio.
[…] En este sentido, la autoridad judicial accionada al momento de resolver la
demanda formulada por el señor José del Carmen Herrera Urrego, debió tener
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 4 de marzo de
2021. Recurso extraordinario de revisión, radicación núm. 11001-03-25-000-2013-01223-00.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 7 de abril de
2022. Recurso extraordinario de revisión, radicación núm. 13001-23-31-000-2003-01531-01.
28
En ese mismo sentido, la Sentencia T-1280 de 2005, en la que la Corte Constitucional consideró violatorio del mínimo vital
y del derecho al trabajo en condiciones dignas, la decisión de la Administración de reducir el ingreso mensual de un personero
como consecuencia de la reclasificación del municipio, pues consideró que los funcionarios que fueron elegidos o nombrados
antes de que se diera dicha circunstancia, tenían claramente un derecho a mantener “el salario que venían devengando”.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 7 de marzo de
2019. Acción de tutela, radicación núm. 11001-03-15-000-2018-03765-01.
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en cuenta el interés que perseguía el accionante, con el fin de no generar un
menoscabo de su derecho sustancial (pensión de jubilación), pues se trataba
de una persona de la tercera edad, que por su condición es un sujeto de
protección constitucional.
[…] el análisis desplegado por el Tribunal accionado lo llevó a incurrir en una
violación directa de la Constitución, en la medida en que no aplicó en debida
forma el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta
Política, pues omitió verificar cuál era la normativa que le permitía al
demandante obtener una mejor liquidación de su mesada pensional. […]”.
48. Para su verificación, la Sala analizará: i) si la decisión generó un impacto material
negativo en la efectividad de los derechos comprometidos; y ii) si existían
alternativas jurídicas menos gravosas para alcanzar el mismo objetivo sin sacrificar
el derecho sustancial.
49. En el presente asunto, se observa que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cali valoró los regímenes de pensiones y determinó que, de acuerdo
con las condiciones fácticas del caso, le eran aplicables las disposiciones del
Acuerdo 049 de 1990 y que se debía reliquidar la pensión de vejez de la accionante
teniendo en cuenta el artículo 20 de dicha norma, es decir, calculando la prestación
sobre el porcentaje máximo permitido dado que cotizó un tiempo total de 1625
semanas. Agregó la claridad de que para dicha liquidación debía tenerse en cuenta
el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio, conforme con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado.
50. Tal entendimiento evidencia una interpretación meramente formal de lo expuesto
en la norma, toda vez que desconoció que la reliquidación ordenada configuró una
disminución sustancial a la mesada pensional que la accionante percibía antes de
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual resulta
desproporcionado, en la medida en que desconoce los principios de intangibilidad
y favorabilidad generando una consecuencia claramente más gravosa que las
garantías que se pretendían proteger.
51. Se advierte que el a quo consideró vulnerados los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al debido
proceso y a la tutela judicial. Sin embargo, la Sala considera que en el caso concreto
la vulneración recae en los derechos a la seguridad social y al mínimo vital teniendo
en cuenta que frente a este último, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
“[…] debe ser evaluado desde un punto de vista desde de la satisfacción de las
necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación
de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se
encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que quien
alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de
necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda
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Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad
humana […]”30.
52. Conforme al análisis efectuado, la Sala concluye que la decisión proferida por el
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de la parte accionante, razón
por la cual resulta procedente confirmar el amparo solicitado.
53. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala modificará el ordinal
primero del fallo impugnado que amparó los derechos fundamentales invocados en
la acción de tutela, en el sentido de amparar los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de la accionante. Igualmente, confirmará los
demás ordinales, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 10 de junio de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de
AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de
la señora María Isabel Lozano Cifuentes, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR los demás ordinales de la sentencia de 10 de junio de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Corte Constitucional, sentencia T 581 de 25 de julio de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: María Isabel Lozano Cifuentes
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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