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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03923-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03923-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA RESPIRATORIA AGUDA TIPO IV, CHOQUE HIPOVOLÉMICO SECUNDARIO A AMPUTACIÓN TRAUMATICA DE PIERNA IZQUIERDA POR MINA ANTI PERSONA Y POR ORQUIDECTOMIA TRAUMATICA BILATERAL POR ESTALLIDO TESTICULAR”. En Oficio Nº OFI15-12080 MDN- DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015, el director de Seguridad Pública y de Infraestructura del Ministerio de Defensa Nacional informó que para la fecha en el departamento de Nariño no se priorizaban municipios para ser intervenidos con actividades de desminado humanitario. Por todo lo anterior, los accionantes instauraron, el 27 de noviembre de 2015, demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se resarcieran los perjuicios ocasionados por la muerte del soldado profesional Wilmar Iles Samboní por un artefacto explosivo en medio de una operación que adelantó el Ejército Nacional. El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto en fallo de 26 de enero de 2018, negó las pretensiones de la demanda, en razón a que no se demostró que el fallecimiento del soldado fue como consecuencia de la explosión de una mina antipersona, no se probó cuáles fueron las condiciones de seguridad que se omitieron para realizar el operativo y, además, no se aportó algún elemento de convicción que demostrara que en el municipio donde ocurrieron los hechos existieran circunstancias especiales que permitiera inferir que el ataque perpetrado por las farc era predecible. Finalmente, contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 27 de junio de 2018, la confirmó íntegramente bajo los mimos argumentos. Fundamentos de la acción […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03923-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO D CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Solicitud de indemnización por muerte de soldado profesional por detonación de artefacto explosivo / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / TRASLADO DE EXCEPCIONES – La omisión debió alegarse en el trámite judicial ordinario / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Por falla en el servicio / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DE FALLA EN EL SERVICIO – No se demostró el conocimiento por parte del Ejercito Ejército Nacional sobre zona de alto riesgo de minas y la omisión brindar las medidas de seguridad necesaria / CARGA DE LA PRUEBA – A cargo del actor

[S]e observa que los actores consideran que se le vulneraron sus derechos fundamentales, pues la parte demandante en la contestación de la demanda afirmó que echaba de menos el elemento imputación por cuanto el fallecimiento del soldado fue causa de un acto de la guerrilla, por consiguiente, se configuraba el hecho de un tercero, lo que los actores consideraron que era una excepción, respecto de la cual no se le dio traslado. Al respecto, la Sala advierte que este cargo lo despachará desfavorablemente por dos razones, i) porque de haberse propuesto el hecho de un tercero como excepción, era el propio trámite judicial ordinario en el que se debió pedir que se garantizara el traslado a fin de ejercer los derechos de defensa y contradicción, lo cual de no realizarse se debe entender subsanado y (ii) el hecho de un tercero es un eximente de responsabilidad del Estado que, valga precisar, no fue la razón de la decisión para negar las pretensiones de la acción de reparación directa. En realidad, la conclusión de las autoridades judiciales accionadas gravitó en que no se demostró la falla u omisión en la que supuestamente había incurrido el Estado por la muerte del soldado [W.I.S] Así las cosas, no se observa una actuación por parte de la autoridad judicial accionada que desconozca las normas procesales que amerite la intervención inmediata del juez de tutela, por lo que no se demostró la configuración del defecto procedimental absoluto. (…) los demandantes afirmaron que el tribunal accionado no analizó en conjunto el acta de inspección técnica a cadáver Nº 055 de 10 de abril de 2014, expedido por la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Grupo Criminalística, y los Oficios Nº OFI15-12080 MDN-DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015 y OFI16-0081688 / JMSC 111720 de 7 de septiembre de 2016, los cuales permitían colegir que se presentó una falla en el servicio del Estado, y se debió declarar la responsabilidad extracontractual del Estado. (...) Al analizar en conjunto dichos elementos de convicción no encuentra la Sala que se genere la certeza pretendida por los accionantes, pues para que se declarara la responsabilidad del Estado se debía tener la seguridad que el Ejército Nacional tenía conocimiento que esta era una zona de alto riesgo de minas y que a pesar de esto omitió brindar las medidas de seguridad necesaria a los soldados o que estos fueron expuestos a un riesgo excesivo. Sin embargo, de dichas pruebas no se infiere el mencionado supuesto, por lo que no se podía declarar la falla en el servicio. Ahora bien, lo que se observa del expediente fue una falta de diligencia frente el deber de probar los hechos y daños alegados por los accionantes

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 167

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada interpretación de las Convenciones de Ottawa y Ginebra respecto de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano / CONVENIOS DE OTTAWA – No se desconoció la obligación de tener el perímetro marcado, vigilado y protegido de la zona donde existan minas antipersona porque no se demostró el conocimiento del Ejército Nacional sobre ella / CONVENIO DE GINEBRA – Aplicación de medidas necesarias para salvaguardar la integridad del combatiente

En el caso en estudio, los demandantes alegan el defecto sustantivo por la interpretación indebida de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en las Convenciones de Ottawa y Ginebra. (…) es necesario señalar que el numeral 1 del artículo 5, de la Convención de Ottawa estableció que los Estados miembros tienen un plazo de 10 años, el cual sería prorrogable por una vez, para que en sus territorios se elimine el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. No obstante, esta Sala ya ha manifestado que la aplicación del numeral segundo no se encuentra sometida a un límite temporal, ni se debe entender incluido dentro de la prórroga autorizada al Estado Colombiano, la cual se circunscribe, se reitera, exclusivamente al numeral 1 del artículo 5 de ese instrumento internacional (…) Es decir, que la obligación del numeral 1 al encontrarse suspendida no puede ser alegada por los demandantes como defecto sustantivo. Además, frente al numeral 2 si bien está vigente, lo cierto es que de las pruebas allegadas al proceso ordinario no se observa que el Ejército Nacional tuviera conocimiento de que en la zona había minas antipersona y que estaba en la obligación de demarcar el perímetro o informar a los soldados sobre los artefactos explosivos que posiblemente estuviesen en el lugar por donde iban a realizar la infiltración (operación militar), por lo que no se puede inferir que el Estado Colombiano desconoció la mencionada obligación. De otro lado (…) tratándose de situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno, como ocurrió en el caso bajo estudio, el Estado debe orientar su accionar de acuerdo a los mandatos constitucionales y legales, además de que debe dar cabal aplicación y respetar lo consagrado en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, sobre todo frente a la de combatientes y no combatientes (…) Pese a lo anterior, de los elementos de convicción que se aportaron al proceso ordinario, no se observa que el Estado desconociera el convenio en mención, pues durante la operación militar no corrió riesgo ningún civil o algún agente externo al conflicto y mucho menos, no se puede afirmar que se abandonó al soldado o que no se le prestaron las atenciones médicas necesarias para proteger su integridad. En efecto, no se desconoce que durante una operación militar un artefacto explosivo le generó unas heridas de gravedad al soldado profesional [W.I.S.] y que posteriormente, a causa de estas falleciera, cuestión diferente es que en el trámite del proceso no se probó de que el Estado tuviese conocimiento de que en el lugar específico de la operación hubiera minas antipersonas y que se debía delimitar el lugar. Por lo anterior, no se evidencia la configuración del defecto sustantivo alegado por los demandantes, toda vez que no se observa alguna omisión en el operativo que conlleve una falla en el servicio por parte del Estado o una carga desproporcionada que se le hubiese impuesto al uniformado, por lo que se niega el mencionado cargo

FUENTE FORMAL: CONVENCIÓN DE OTTAWA – ARTÍCULO 5 – NUMERAL 1 / CONVENCIÓN DE OTTAWA – ARTÍCULO 5 – NUMERAL 2 / CONVENCIÓN DE GINEBRA / PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Exige similitud fáctica y jurídica

[sobre el desconocimiento del precedente]se advierte que las providencias en estudio no guardan similitud frente al caso que ocupa la Sala, pues en algunos de las decisiones que señala como precedente, las personas afectadas por las minas antipersona fueron civiles, casos en los cuales el juicio de responsabilidad varía frente a los soldados, quienes por su labor están expuestos a este tipo de situaciones, sin que esto signifique que el Estado este exento de responder cuando se presente falla en el servicio o se les coloque en un riesgo excesivo (…), la Sala encuentra que si bien los casos fueron de personas que sufrieron daños por las minas antipersona, lo cierto es que para lo que concierne al presente debate, son los casos de los soldados profesionales, pues frente a estos, las decisiones favorables se sustentaron en que se demostró la omisión por parte del Estado (falla del servicio) o, en su defecto, que los colocó en un riesgo excesivo. Por el contrario, en los procesos que se negaron las pretensiones, fue porque no se probaron esas dos situaciones, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia motivo de tacha constitucional, toda vez que no se probó la supuesta omisión o el riesgo excesivo por parte del Ejército Nacional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03923-00(AC)

Actor: JOSÉ EDUARDO ILES SAMBONI Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del precedente judicial. Muerte de soldado profesional. Acción de reparación directa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por José Eduardo Iles Samboní, Gilberto Iles Gómez, Débora Samboní Gaviria, Ennar Iles Samboní, Diovani Armando Iles samboní, Gilda Consuelo Iles Samboní, Deisi Alexandra Iles Samboní y Yaqueline Iles Samboní contra el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con la providencia de 27 de junio de 2018, en la cual confirmó la decisión de primera instancia que negó la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del soldado profesional Wilmar Iles Samboni, en razón a que este aceptó voluntariamente el riesgo al momento de vincularse al Ejército Nacional.

I. ANTECEDENTES

Hechos

De la lectura de los expedientes ordinario y de tutela, se observan los siguientes hechos relevantes:

El señor Wilmar Iles Samboní era soldado profesional del Ejército Nacional, específicamente orgánico del Batallón de Combate Terrestre Nº 93 “CT. RAMIRO RUEDA MENDOZA”, adscrito a la Brigada Móvil Nº 32, ubicado en el grupo Cabal de Ipiales, Nariño.

El 27 de marzo de 2014, se adelantó la orden de operaciones “Horizonte” y en el momento en que el segundo pelotón de la compañía Bayoneta se encontraba realizando infiltración a un objetivo, sobre el sector conocido como El Paraíso en el municipio de Roberto Payán, al cruzar el soldado Wilmar Iles Samboní se activó un artefacto explosivo improvisado instalado por la columna móvil Daniel Aldana de las farc, lo que le causó la amputación de la extremidad izquierda a la altura de la rodilla, herida en miembro superior derecho con exposición ósea, deformidad en tercio medio en pierna izquierda, herida en rodilla de lado derecho e izquierdo, fractura de la diáfisis de la tibia, herida en ojo derecho y trauma testicular.

El 10 de abril de 2014, a pesar de los tratamientos médicos en el Hospital Universitario Departamental de Nariño el soldado falleció a razón de las complicaciones que le generó una “FALLA RESPIRATORIA AGUDA TIPO IV, CHOQUE HIPOVOLÉMICO SECUNDARIO A AMPUTACIÓN TRAUMATICA DE PIERNA IZQUIERDA POR MINA ANTI PERSONA Y POR ORQUIDECTOMIA TRAUMATICA BILATERAL POR ESTALLIDO TESTICULAR”.

En Oficio Nº OFI15-12080 MDN- DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015, el director de Seguridad Pública y de Infraestructura del Ministerio de Defensa Nacional informó que para la fecha en el departamento de Nariño no se priorizaban municipios para ser intervenidos con actividades de desminado humanitario.

Por todo lo anterior, los accionantes instauraron, el 27 de noviembre de 2015, demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se resarcieran los perjuicios ocasionados por la muerte del soldado profesional Wilmar Iles Samboní por un artefacto explosivo en medio de una operación que adelantó el Ejército Nacional.

El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto en fallo de 26 de enero de 2018, negó las pretensiones de la demanda, en razón a que no se demostró que el fallecimiento del soldado fue como consecuencia de la explosión de una mina antipersona, no se probó cuáles fueron las condiciones de seguridad que se omitieron para realizar el operativo y, además, no se aportó algún elemento de convicción que demostrara que en el municipio donde ocurrieron los hechos existieran circunstancias especiales que permitiera inferir que el ataque perpetrado por las farc era predecible.

Finalmente, contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 27 de junio de 2018, la confirmó íntegramente bajo los mimos argumentos.

Fundamentos de la acción

Los demandantes afirmaron que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, pues se incurrió en los siguientes defectos: i) procedimental absoluto, en razón a que no se le corrió traslado de la excepción denominada hecho de un tercero que planteó la parte demandada en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, ii) fáctico, porque no se analizaron en conjunto el acta de inspección técnica a cadáver Nº 055 de 10 de abril de 2014, expedido por la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Grupo Criminalística, Oficios Nº OFI15-12080 MDN-DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015 y OFI16-0081688 / JMSC 111720 de 7 de septiembre de 2016, iii) sustantivo, toda vez que se interpretó de manera errada las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en las convenciones de Ottawa y Ginebra y, por último, iv) desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar las sentencias de 5 de julio de 2012, 14 de julio de 2016, 14 de febrero de 2018, 29 de agosto de 2013, 12 de febrero de 2014, 13 de abril de 2016 y de 25 de febrero de 2016 de la Sección Tercera, Subsecciones “A”, “B” y “C” del Consejo de Estado y los fallos de tutela de 30 de junio de 2016 y 12 de abril de 2018, de la Secciones Segunda, Subsección “A” y Cuarta del Consejo de Estado.

Pretensiones

Los accionantes formularon la siguiente pretensión:

“Solicito de manera respetuosa a los señores Magistrados del Consejo de Estado – Sala Contencioso Administrativa, se amparen los derechos fundamentales de GILBERTO ILES GÓMEZ y DEBORA SAMBONI GAVIRIA (Padres), ENNAR ILES SAMBONI, DIOVANI ARMANDO ILES SAMBONI, JOPSE EDUARDO ILES SAMBONI, GILDA CONSUELO ILES SAMBONI, DEISI ALEXANDRA ILES SAMBONI y YAQUELINE ILES SAMBONI (Hermanos) y como consecuencia de ello, se disponga:

a.- Dejar sin efectos los fallos proferidos al interior del proceso ordinario y las demás actuaciones que se surtieron en la primera instancia, ordenando que se proceda a correr traslado a la parte demandante de las excepciones de fondo formuladas en la contestación de la demanda para posteriormente continuar con las etapas subsiguientes, en virtud de la configuración del Defecto Procedimental Absoluto.

b.- En el evento de no resultar procedente el Defecto Procedimental Absoluto alegado, solicito dejar sin efectos el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 27 de junio de 2018 dentro del proceso de reparación directa radicado No. 2015-00292-01 (5723), por vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes a la igualdad (art. 13), Debido proceso (art. 29) y de Acceso a la Administración de Justicia (art. 229), configurados en el precitado fallo al incurrir en defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente; ordenando en consecuencia al Tribunal Administrativo de Nariño dictar nueva sentencia en la que se declare la responsabilidad de la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y se ordene el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados a los demandantes en el proceso ordinario, hoy accionantes, por los hechos que tuvieron lugar el 27 de marzo de 2014 en el municipio de Roberto Payan (N), en el que falleció el soldado profesional Wilmar Iles Samboní por mina antipersonal; teniendo en cuenta las pruebas que se allegaron al expediente y el precedente jurisprudencial Vertical y reiterado del Consejo de Estado.

c.- Solicito extender los efectos de la presente decisión a los accionantes y en especial a LAURA GAVIRIA de SAMBONI (Abuela Materna), quien fungió como demandante en el medio de control de Reparación Directa, radicación 2015-00292-01 (5723)”.

4. Pruebas relevantes

Los actores aportaron los siguientes documentos:

Copia de la providencia de 26 de enero de 2018, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa tendientes al reconocimiento de los perjuicios causados por la muerte del soldado profesional Wilmar Iles Samboní.
Copia del fallo de 27 de junio de 2018, dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño que confirmó la decisión de primera instancia.

5. Trámite procesal

En auto de 6 de noviembre de 2018, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada. Igualmente, se vinculó al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a la señora Laura Gaviria Samboní y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercero con interés.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 105179, 105180, 105181, 105182, 105183, 105184 y 105185, todos del 13 de noviembre de 2018, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Nariño

En escrito de 13 de noviembre de 2018, la magistrada ponente pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que no incurrió en los defectos alegados por la accionante.

Afirmó que con las pruebas aportadas al proceso se determinó que la causa inmediata de las lesiones se concreta por un riesgo propio del servicio y no por una falla u omisión en el servicio en la planeación de la operación.

Sostuvo que en el expediente ordinario reposan todas las piezas procesales en las que se sustenta la sentencia atacada, la cual se profirió con apego a lo que se demostró en el transcurso del proceso.

Finalmente, recalcó que el acceso a la administración de justicia no implica una declaración total y positiva de las pretensiones de los actores en detrimento de la normatividad jurídica, constitucional y legal, la omisión de la decantación jurisprudencial y el desconocimiento del derecho procesal, no se pueden trasladar las falencias de las demandas y de la actividad probatoria, a quienes decidan los procesos.

6.2. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo de Pasto

En memorial de 13 de noviembre de 2018, el titular del despacho pidió que se desvinculara, toda vez que el fallo de primera instancia se ajustó a las normas procesales y está fundada en las pruebas debidamente recaudadas. Así mismo, en el curso del proceso de garantizó el debido proceso y la contradicción, por lo que no se configura la vulneración de derechos fundamentales invocados por los demandantes.

Agregó que las actuaciones del juzgado se surtieron en su integridad con observancia de la ley procesal y que la sentencia que resolvió de fondo el asunto fue dictada conforme al acervo probatorio obrante en el plenario.

6.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

En el correo electrónico de 15 de noviembre de 2018, la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción al resultar improcedente.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas tuvieron en consideración la totalidad del acervo probatorio allegado al proceso, en el cual se demostró que no existe responsabilidad alguna de la entidad demandada, situación que fue objeto de estudio y análisis durante la segunda instancia.

Por último, aseguró que en el curso del proceso ordinario no se pudo asegurar que el soldado estuvo expuesto a un riesgo superior o excepcional al de sus compañeros. Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado que cuando se imputa responsabilidad al Estado en virtud de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio funciona de una manera inadecuada o tardíamente, en razón al incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y que, como consecuencia se derivan daños a terceros, para lo cual se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar, y el nexo de causalidad entre estos dos, que no es más que el erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º [c] del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en los defectos i) procedimental absoluto, en razón a que a la parte demandada no se le corrió traslado de la excepción denominada hecho de un tercero que se planteó en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, ii) fáctico, porque no se analizaron en conjunto el acta de inspección técnica a cadáver Nº 055 de 10 de abril de 2014, expedido por la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Grupo Criminalística, Oficios Nº OFI15-12080 MDN-DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015 y OFI16-0081688 / JMSC 111720 de 7 de septiembre de 2016, de las cuales supuestamente se desprendía la responsabilidad del Estado por falla en el servicio iii) sustantivo, toda vez que se interpretó de manera errada las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en las convenciones de Ottawa y Ginebra y, por último, iv) desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar las sentencias de 5 de julio de 2012, 14 de julio de 2016, 14 de febrero de 2018, 29 de agosto de 2013, 12 de febrero de 2014, 13 de abril de 2016 y de 25 de febrero de 2016 de la Sección tercera, Subsecciones “A”, “B” y “C” del Consejo de Estado y los fallos de tutela de 30 de junio de 2016 y 12 de abril de 2018, de la Secciones Segunda, Subsección “A” y Cuarta del Consejo de Estado.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viiii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si con el fallo de 27 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró a los demandantes los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; (ii) se agotaron los medios de defensa judicial que tenía para controvertir la decisión objeto de tutela, en tanto la sentencia motivo de censura constitucional se profirió en el marco de un recurso de apelación y no se observa la procedencia de algunas de las causales del recurso extraordinario de revisión; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que el proveído de segunda instancia se dictó el 27 de junio de 2018, notificado por correo electrónico de 3 de julio del mismo año. Como la acción de tutela se presentó el 22 de octubre de 2018, esto es transcurrieron tres (3) meses y dieciocho (18) días después de la notificación de la providencia reprochada, dentro del término de los seis (6) meses que ha precisado esta Corporación, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal modo que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la providencia que se ataca se profirió dentro de un proceso ordinario, es decir, no se trata de tutela contra tutela.

Constatado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, pasa la Sala a efectuar el estudio de fondo.

4.2. La decisión judicial objeto de reproche constitucional no incurrió en los defectos alegados

Los demandantes afirmaron que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al debido proceso, pues se incurrió en defecto i) procedimental absoluto, en razón a que no se le corrió traslado de la excepción denominada hecho de un tercero que planteó la parte demandada en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, ii) fáctico, porque no se analizaron en conjunto el acta de inspección técnica a cadáver Nº 055 de 10 de abril de 2014, expedido por la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Grupo Criminalística, Oficios Nº OFI15-12080 MDN-DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015 y OFI16-0081688 / JMSC 111720 de 7 de septiembre de 2016, iii) sustantivo, toda vez que se interpretó de manera errada las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en las convenciones de Ottawa y Ginebra y, por último, iv) desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar las sentencias de 5 de julio de 2012, 14 de julio de 2016, 14 de febrero de 2018, 29 de agosto de 2013, 12 de febrero de 2014, 13 de abril de 2016 y de 25 de febrero de 2016, dictada por la Sección Tercera, Subsecciones “A”, “B” y “C” del Consejo de Estado y los fallos de tutela de 30 de junio de 2016 y 12 de abril de 2018, emanadas de la Secciones Segunda, Subsección “A” y Cuarta del Consejo de Estado.

4.2.1. La Corte Constitucional ha precisado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de manera evidente de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto y como consecuencia el juez resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.

El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y, en esa medida, equivoca la orientación del asunto y ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Igualmente por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.

Descendiendo al sub examine, se observa que los actores consideran que se le vulneraron sus derechos fundamentales, pues la parte demandante en la contestación de la demanda afirmó que echaba de menos el elemento imputación por cuanto el fallecimiento del soldado fue causa de un acto de la guerrilla, por consiguiente, se configuraba el hecho de un tercero, lo que los actores consideraron que era una excepción, respecto de la cual no se le dio traslado.

Al respecto, la Sala advierte que este cargo lo despachará desfavorablemente por dos razones, i) porque de haberse propuesto el hecho de un tercero como excepción, era el propio trámite judicial ordinario en el que se debió pedir que se garantizara el traslado a fin de ejercer los derechos de defensa y contradicción, lo cual de no realizarse se debe entender subsanado y (ii) el hecho de un tercero es un eximente de responsabilidad del Estado que, valga precisar, no fue la razón de la decisión para negar las pretensiones de la acción de reparación directa. En realidad, la conclusión de las autoridades judiciales accionadas gravitó en que no se demostró la falla u omisión en la que supuestamente había incurrido el Estado por la muerte del soldado Wilmar Iles Samboní.

Así las cosas, no se observa una actuación por parte de la autoridad judicial accionada que desconozca las normas procesales que amerite la intervención inmediata del juez de tutela, por lo que no se demostró la configuración del defecto procedimental absoluto.

4.2.2. Frente a la valoración probatoria de las autoridades judiciales, es necesario precisar que la Corte Constitucional ha sostenido que se configura un defecto fáctico cuando el juez ha “dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución.

Descendiendo al caso concreto, se constató que los demandantes afirmaron que el tribunal accionado no analizó en conjunto el acta de inspección técnica a cadáver Nº 055 de 10 de abril de 2014, expedido por la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal, Grupo Criminalística, y los Oficios Nº OFI15-12080 MDN-DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015 y OFI16-0081688 / JMSC 111720 de 7 de septiembre de 2016, los cuales permitían colegir que se presentó una falla en el servicio del Estado, y se debió declarar la responsabilidad extracontractual del Estado.

Verificadas las pruebas que señalan los demandantes como desatendidas, se observó lo siguiente:

En Acta de Inspección Técnica de Cadáver FPJ-10 Nº 055 de 10 abril de 2014, se detalla el cuerpo que se revisó y las afectaciones que le causaron el deceso del soldado profesional Wilmar Iles Samboní.

En Oficio Nº OFI15-12080 MDN-DVPAIDSPI de 20 de febrero de 2015, se da respuesta a una solicitud de información sobre el mapa de georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersonal realizado en el departamento de Nariño, para lo cual se indicó que el Estado ha adoptado varias herramientas para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la Convención de Ottawa, lo cual se ve reflejado en las Leyes 554 de 2000, 759 de 2002, 1421 de 2010 y 1649 de 2014, así como en los Decretos 2150 de 2007, 3750 de 2011, 1561 de 2013 y 007 de 2014.

Igualmente, se indicó que “El BIDES, se encuentra desarrollando labores de desminado humanitarito en los departamentos de Antioquia (…), Santander (…) y Caldas (…). De igual manera, la OCDH The Hallo Trust desarrolla labores de desminado humanitario en el departamento de Antioquia (…). En razón a lo expuesto, se indica que en el departamento de Nariño no se han priorizado municipios para ser intervenidos con actividades de desminado humanitario”.
En Oficio Nº OFI16-0081688 / JMSC 111720 de 7 de septiembre de 2016, se hace alusión a todas las actividades que han realizado las fuerzas militares con el fin de erradicar las minas antipersonas, en la que se manifestó que se han entregado 5 municipios libre de dichos artefactos y los respectivos planes frente a las demás zonas señaladas de alto riesgo.

Al analizar en conjunto dichos elementos de convicción no encuentra la Sala que se genere la certeza pretendida por los accionantes, pues para que se declarara la responsabilidad del Estado se debía tener la seguridad que el Ejército Nacional tenía conocimiento que esta era una zona de alto riesgo de minas y que a pesar de esto omitió brindar las medidas de seguridad necesaria a los soldados o que estos fueron expuestos a un riesgo excesivo. Sin embargo, de dichas pruebas no se infiere el mencionado supuesto, por lo que no se podía declarar la falla en el servicio.

Ahora bien, lo que se observa del expediente fue una falta de diligencia frente el deber de probar los hechos y daños alegados por los accionantes, tal como lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, pues si bien estos afirman en la demanda y en el escrito de tutela que se omitieron algunos protocolos de seguridad, no indican cuáles fueron esos protocolos, para lo cual es necesario recordar que dentro de la falla en servicio la parte interesada tiene la carga de demostrar todos los elementos de la responsabilidad para que se accedan a las pretensiones de la demanda, lo que no se hizo.

Igualmente, el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia atacada manifestó que “resulta innegable que el Soldado Profesional Wilmer (sic) Iles Samboní aceptó el riesgo que significaba su voluntaria vinculación al Ejército Nacional, que se podría concretar con un infortunado suceso como el que ocurrió, por lo cual, únicamente la plena demostración de una falla del servicio, o del rompimiento de las cargas, en relación con la función que desempeñaba, y frente al resto de sus compañeros, permitiría que se emita una condena en contra de la institución demandada, lo cual no se demostró por quienes acudieron en procura de reparación.

El acervo probatorio da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el daño por el que se reclama reparar, pero no demuestra que los hechos que generaron la muerte del militar fueran consecuencia de una falla del servicio, o que se hubiese colocado al militar en una situación que implique un riesgo superior al que debía soportar”. (Negrilla y subraya de la Sala)

Así las cosas, se constató que el tribunal demandado analizó en debida forma las pruebas, las cuales no generan la certeza suficiente para condenar el Estado, por lo que se negará la causal en estudio.

4.2.3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha sostenido que la indebida aplicación de las normas también es una modalidad del defecto sustantivo y que ocurre cuando, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final que se hace de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente lesiva de los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada).
En el caso en estudio, los demandantes alegan el defecto sustantivo por la interpretación indebida de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en las Convenciones de Ottawa y Ginebra.

Sea lo primero indicar, que las Convenciones de Ottawa y de Ginebra se fundamentan en normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario aplicable a todos los Estados.

Por una parte, la Convención de Ottawa es una respuesta internacional orientada a mitigar el sufrimiento causado por el uso de las minas antipersona, la cual se suscribió entre el 3 y 4 de diciembre de 1997 y depositada ante el Secretario General de las Naciones Unidas en New York el 5 de diciembre del mismo año, y entró en vigencia el 1º de marzo de 1999. Igualmente, El Estado Colombiano hace parte de dicha Convención, la cual se aprobó e introdujo al ordenamiento por medio de la Ley 554 del 2000, cuyo contenido fue estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-991 del mismo año, que declaró la exequibilidad. En tal virtud, es un instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 93 de la Constitución política.

Ahora bien, de lo anterior es necesario señalar que el numeral 1 del artículo 5, de la Convención de Ottawa estableció que los Estados miembros tienen un plazo de 10 años, el cual sería prorrogable por una vez, para que en sus territorios se elimine el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. No obstante, esta Sala ya ha manifestado que la aplicación del numeral segundo no se encuentra sometida a un límite temporal, ni se debe entender incluido dentro de la prórroga autorizada al Estado Colombiano, la cual se circunscribe, se reitera, exclusivamente al numeral 1 del artículo 5 de ese instrumento internacional. El contenido completo del precitado artículo 5, es el siguiente:

“Artículo 5 Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas

1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.

2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal.

(…)

6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo período de prórroga en virtud de este Artículo.”

Es decir, que la obligación del numeral 1 al encontrarse suspendida no puede ser alegada por los demandantes como defecto sustantivo. Además, frente al numeral 2 si bien está vigente, lo cierto es que de las pruebas allegadas al proceso ordinario no se observa que el Ejército Nacional tuviera conocimiento de que en la zona había minas antipersona y que estaba en la obligación de demarcar el perímetro o informar a los soldados sobre los artefactos explosivos que posiblemente estuviesen en el lugar por donde iban a realizar la infiltración (operación militar), por lo que no se puede inferir que el Estado Colombiano desconoció la mencionada obligación.

De otro lado, la Convención de Ginebra pretende reglamentar las hostilidades y procura limitar y prohibir el recurrir a la guerra, es decir, su finalidad es proteger a las víctimas de los conflictos armados. En efecto, son garantías fundamentales del trato humano para la población civil y para quienes han dejado de participar en las hostilidades, como los combatientes heridos, enfermos o detenidos.

Asimismo, el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a lo protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, opera en nuestro país con el protocolo II, incorporado a la normatividad interna mediante la Ley 171 de 1994.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 1995, declaró la exequibilidad de la mencionada ley, con sustento en lo siguiente:

“El Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes. En la medida en que las partes enfrentadas en un conflicto armado ven limitados los medios legítimos de combate, en función de la protección de la persona humana, esto implica que la soberanía ya no es una atribución absoluta del Estado frente a sus súbditos, ni una relación vertical entre el gobernante y el gobernado, pues las atribuciones estatales se encuentran relativizadas y limitadas por los derechos de las personas. Esto significa que se sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, propia de los regímenes absolutistas, según la cual el príncipe o soberano no está atado por ninguna ley (Princips Legibus solutus est), por una concepción relativa de la misma, según la cual las atribuciones del gobernante encuentran límites en los derechos de las personas. Pero este cambio de concepción de soberanía en manera alguna vulnera la Carta pues armoniza perfectamente con los principios y valores de la Constitución. En efecto, esta concepción corresponde más a la idea de un Estado social de derecho fundado en la soberanía del pueblo y en la primacía de los derechos inalienables de la persona.

(…)

Esto muestra entonces que las normas humanitarias, lejos de legitimar la guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (CP art. 22), lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo II. Esto obviamente no significa, como bien lo destaca el Ministerio Público, que las normas humanitarias sólo se puedan y deban aplicar en escenarios de una eventual negociación, pues ellas son obligatorias per se para las partes en un conflicto armado. Además, la aplicación del derecho internacional humanitario no menoscaba la responsabilidad del gobierno de mantener o restablecer el orden público, como lo precisa el artículo 3º del Protocolo II”.

Así las cosas, tratándose de situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno, como ocurrió en el caso bajo estudio, el Estado debe orientar su accionar de acuerdo a los mandatos constitucionales y legales, además de que debe dar cabal aplicación y respetar lo consagrado en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, sobre todo frente a la de combatientes y no combatientes (principio de distinción).

Pese a lo anterior, de los elementos de convicción que se aportaron al proceso ordinario, no se observa que el Estado desconociera el convenio en mención, pues durante la operación militar no corrió riesgo ningún civil o algún agente externo al conflicto y mucho menos, no se puede afirmar que se abandonó al soldado o que no se le prestaron las atenciones médicas necesarias para proteger su integridad.

En efecto, no se desconoce que durante una operación militar un artefacto explosivo le generó unas heridas de gravedad al soldado profesional Wilmar Iles Samboní, y que posteriormente, a causa de estas falleciera, cuestión diferente es que en el trámite del proceso no se probó de que el Estado tuviese conocimiento de que en el lugar específico de la operación hubiera minas antipersonas y que se debía delimitar el lugar.

Por lo anterior, no se evidencia la configuración del defecto sustantivo alegado por los demandantes, toda vez que no se observa alguna omisión en el operativo que conlleve una falla en el servicio por parte del Estado o una carga desproporcionada que se le hubiese impuesto al uniformado, por lo que se niega el mencionado cargo.

4.2.4. Ahora bien, cuando se hace referencia al precedente judicial, se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Los actores afirmaron que no se tuvieron en cuenta las sentencias de 5 de julio de 2012, 14 de julio de 2016, 14 de febrero de 2018, 29 de agosto de 2013, 12 de febrero de 2014, 13 de abril de 2016 y de 25 de febrero de 2016, dictadas por la Sección Tercera, Subsecciones “A”, “B” y “C” del Consejo de Estado y los fallos de tutela de 30 de junio de 2016 y 12 de abril de 2018, proferidas por la Secciones Segunda, Subsección “A” y Cuarta del Consejo de Estado.

Al respecto, se advierte que las providencias en estudio no guardan similitud frente al caso que ocupa la Sala, pues en algunos de las decisiones que señala como precedente, las personas afectadas por las minas antipersona fueron civiles, casos en los cuales el juicio de responsabilidad varía frente a los soldados, quienes por su labor están expuestos a este tipo de situaciones, sin que esto signifique que el Estado este exento de responder cuando se presente falla en el servicio o se les coloque en un riesgo excesivo.

La Sala procederá a estudiar los diferentes pronunciamientos, así:

SENTENCIAS DICTADAS EN PROCESOS ORDINARIOS
Fecha de la providencia
Decisión y fundamentos
Sentencia de 5 de julio de 2012
Se condenó al Estado al pago de los perjuicios causados a un soldado conscripto a quien se le activó una mina antipersona después que el soldado experto le había dado la orden que recogiera los cables de la mina, bajo el supuesto de que no iba explotar, por lo que se lo colocó en un riesgo que no asumió voluntariamente.
Fallo de 29 de agosto de 2013
Se concedieron las pretensiones de la demanda de reparación directa por los perjuicios causados a un soldado profesional, que se puso en riesgo durante una operación militar en la que se tenía conocimiento de la existencia de armas no convencionales y a pesar de eso no se les dotó de las herramientas necesarias para sortear esos peligros, por lo que se les colocó en un riesgo excesivo.
Sentencia 12 de febrero de 2014
Se condenó al pago de los perjuicios causados a un soldado que fue alcanzado por una mina antipersona que fue ubicada en los alrededores de un batallón por la misma fuerza militar, sin que se le informara de manera previa de tal situación, lo cual se configura en una falla del servicio por parte del Estado.
Fallo de 12 de febrero de 2014
Se concedieron las súplicas de la demanda, tendiente a la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado, en razón a que un civil activó una mina antipersona y como en el proceso no se demostró las labores de erradicación de las minas antipersonales, los procedimientos llevados a cabo para asegurar su destrucción, las campañas de concientización e información dirigidas a la comunidad, la demarcación respectivas de las minas, quedó probado la falla del servicio por omisión.
Decisión de 25 de febrero de 2016
Accedió a las pretensiones de la demanda, pues se demostró que el civil que fue alcanzado por el arma no convencional fue como consecuencia de la omisión de realizar los procedimientos de señalización de las áreas de potencial de minas antipersonal, las campañas de concientización e información dirigidas a la comunidad para la fecha de los hechos, ni la demarcación respectivas de las minas, queda probada la falla del servicio por la mencionada omisión.

Sentencia de 13 de abril de 2016
Condenó al Estado por los perjuicios causados a un civil quien piso una mina antipersona cuando se encontraba laborando en su finca, toda vez que se demostró que no se había iniciado el proceso para el desminado en el municipio de Tarazá, Antioquia, a pesar de conocer por la información estadística proporcionada por el Sistema de Gestión de Información sobre Minas Antipersonal – IMSMA- del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, que el municipio de Tarazá era el más golpeado por ese flagelo, lo que se configura en una falla en el servicio.
Fallo de 14 de julio de 2016
Se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que se instauró contra el Estado, en razón a los perjuicios que se le causó a un soldado profesional quien en medio de una operación activó un artefacto explosivo, toda vez que el deceso se produjo durante actividades propias del servicio y, como consecuencia, de un riesgo inherente a su profesión de militar que desarrollaba en ese momento.

Adicionalmente, se trajo a colación las sentencias de tutela 12 de abril de 2018 y 30 de junio de 2016. La primera, se concedió el amparo de los derechos fundamentales, toda vez que del expediente ordinario se desprendía que el Ejército Nacional tenía conocimiento de que en el municipio de Ituango existían minas antipersona, en razón a un oficio que remitió la personería de dicho municipio señalando el número de personas que habían sido víctima de las mencionadas armas no convencionales en la zona. Por otra parte, la segunda amparó, en primera instancia, al considerar que el Estado debía ser condenado en razón a los perjuicios causados a un soldado profesional que falleció a causa de la explosión de un arma no convencional. Sin embargo, fue impugnada y revocada en fallo de 6 de abril de 2017, toda vez que se demostró que durante la operación militar se contaba con todas las herramientas necesarias para proteger a los soldados de dichas armas, pero que este decidió separarse voluntariamente del pelotón sin que mediara orden de su superior, por lo que se configuró un acto propio.

Por todo lo anterior, la Sala encuentra que si bien los casos fueron de personas que sufrieron daños por las minas antipersona, lo cierto es que para lo que concierne al presente debate, son los casos de los soldados profesionales, pues frente a estos, las decisiones favorables se sustentaron en que se demostró la omisión por parte del Estado (falla del servicio) o, en su defecto, que los colocó en un riesgo excesivo. Por el contrario, en los procesos que se negaron las pretensiones, fue porque no se probaron esas dos situaciones, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia motivo de tacha constitucional, toda vez que no se probó la supuesta omisión o el riesgo excesivo por parte del Ejército Nacional.

Igualmente, la Sala precisa que estos asuntos se rigen por el régimen de responsabilidad denominado indemnización predeterminada o forfait, consistente en el reconocimiento de los daños sufridos por los funcionarios en cumplimiento de las funciones que son propias e inherentes a su actividad y los cuales se encuentran establecidos con anterioridad en la ley, pero cuando el daño no obedece a estos o excede de manera anormal los mismos, es factible que se pueda declarar la responsabilidad del Estado bajo el régimen de la falla en el servicio.

Si bien es cierto que esta Corporación ha declarado la falla del servicio como consecuencia del daño generado por la activación de una mina antipersona, lo que se constató fue que la mayoría ha sido por casos en que se atentó contra la población civil y en los casos que se ha condenado al Estado con respecto a los perjuicios causados por la muerte de soldados, se ha presentado cuando hay un error grave por parte del Ejército Nacional, ya sea porque a pesar de tener información de que en la zona había un alto riesgo de que existieran minas antipersona, dicha situación fue informada o no se le brindaron las herramientas necesarias para que se pudiesen desplazar con mayor seguridad, o que se hizo uso de este tipo de artefactos a manera de protección de una base, sin que se hiciera en debida forma un mapeo de la zona en la que se indique con exactitud a los soldados donde se encuentran las mismas o, en su defecto, porque se excede las funciones del soldado. En estos supuestos excepcionales, la parte demandante debió demostrar que su familiar fallecido le dieron funciones que no eran inherentes o que excedían de manera anormal las mismas.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que la autoridad judicial accionada realizó una aplicación acertada de las normas y precedentes aplicables al caso, cuestión diferente es que la decisión se profirió en virtud del estudio en conjunto de las pruebas, de las cuales no se pudo determinar que se tuviese conocimiento de que estaba en una zona de riesgo por minas antipersona o que al soldado profesional se le expuso a un riesgo desproporcionado y que, como consecuencia de ello, el arma no convencional le generara una graves heridas que posteriormente culminara con su vida.

En ese orden de ideas, tampoco se encuentra demostrada la ocurrencia del defecto por desconocimiento del precedente invocado por los actores.

4.2.5. Así las cosas, se negarán las pretensiones de la acción promovida por los demandantes tendientes a dejar sin efectos la sentencia motivo de tacha constitucional.

5. Razón de la decisión

La Sala negará las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional, al considerar que el Tribunal Administrativo de Nariño no incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, toda vez que resolvió el problema jurídico planteado de acuerdo a las pruebas que se aportaron en debida forma al proceso, sin que se demuestre una valoración caprichosa o contraevidente, o la omisión frente al estudio de algún elemento de convicción en particular. Adicionalmente, se acogieron las normas aplicables al asunto y no se probó el desconocimiento del precedente judicial alegado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por José Eduardo Iles Samboní, Gilberto Iles Gómez, Débora Samboní Gaviria, Ennar Iles Samboní, Diovani Armando Iles samboní, Gilda Consuelo Iles Samboní, Deisi Alexandra Iles Samboní y Yaqueline Iles Samboní contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Radicado Nº 68001-23-15-000-1993-09866-01. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 73001-23-31-000-2006-01910-01. Radicado Nº 73001-23-31-000-2011-00167-01, M.P.: Danilo Rojas Betancourth. Radicado Nº 15001-23-31-000-2001-02951-01, M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. Radicado Nº 05001-23-31-000-2006-00827-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 05001-23-31-000-2011-00406-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 68001-23-31-000-2006-01051-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 11001-03-15-000-2016-01283-00, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández. Radicado Nº 11001-03-15-000-2017-02219-00, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. Folio 26 del cuaderno de tutela. Folio 56 del cuaderno de tutela. Radicado Nº 68001-23-15-000-1993-09866-01. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 73001-23-31-000-2006-01910-01. Radicado Nº 73001-23-31-000-2011-00167-01, M.P.: Danilo Rojas Betancourth. Radicado Nº 15001-23-31-000-2001-02951-01, M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. Radicado Nº 05001-23-31-000-2006-00827-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 05001-23-31-000-2011-00406-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 68001-23-31-000-2006-01051-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 11001-03-15-000-2016-01283-00, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández. Radicado Nº 11001-03-15-000-2017-02219-00, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Radicado Nº 68001-23-15-000-1993-09866-01. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 73001-23-31-000-2006-01910-01.

Radicado Nº 73001-23-31-000-2011-00167-01, M.P.: Danilo Rojas Betancourth. Radicado Nº 15001-23-31-000-2001-02951-01, M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. Radicado Nº 05001-23-31-000-2006-00827-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 05001-23-31-000-2011-00406-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 68001-23-31-000-2006-01051-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 11001-03-15-000-2016-01283-00, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández. Radicado Nº 11001-03-15-000-2017-02219-00, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece. Sentencia T-066 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias T-125 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU-424 de 2016, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia T-158 de 2006. Radicado Nº 68001-23-15-000-1993-09866-01. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 73001-23-31-000-2006-01910-01. Radicado Nº 73001-23-31-000-2011-00167-01, M.P.: Danilo Rojas Betancourth. Radicado Nº 15001-23-31-000-2001-02951-01, M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. Radicado Nº 05001-23-31-000-2006-00827-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 05001-23-31-000-2011-00406-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 68001-23-31-000-2006-01051-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado Nº 11001-03-15-000-2016-01283-00, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández. Radicado Nº 11001-03-15-000-2017-02219-00, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, C.P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra. Ver sentencia de 12 de febrero de 2014. Proceso radicado Nº 05001-23-31-000-2006-00827-01. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia de 22 de enero de 2014. Proceso radicado Nº. 50001-23-31-000-1998-00683-01. M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Proceso radicado Nº. 05001-23-25-000-1994-00020-01. M.P. Enrique Gil Botero.

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