Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02219-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02219-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-02219-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
12 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO / INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA / DEFECTO SUSTANTIVO / INDEBIDA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / EXISTENCIA DE MINAS ANTIPERSONA EN ZONA DE OCURRENCIA DEL DAÑO - Conocimiento por parte del Ejército Nacional / OMISIÓN EN LA DESTRUCCIÓN DE CAMPO MINADO
[L]a Sala encuentra que la autoridad judicial accionada argumentó que para la época en la que el señor [D.J.O.P] (2009), fue víctima de la mina antipersona, la vereda Bajo Inglés en el municipio de Ituango se encontraba “contaminada” de esos artefactos que fueron instalados por los grupos guerrilleros. No obstante, extraña la Sala que a su turno afirmara que “nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos sospechara de que existían estos artefactos explosivos en el sitio específico donde ocurrieron los hechos”, pues como lo afirmó la personera del mencionado municipio, en el documento que no fue valorado en la sentencia objeto de tacha constitucional, el sector de ocurrencia de los hechos era patrullado por las Brigadas móviles del Ejército Nacional. En efecto, la Sala Considera que no se valoró la prueba allegada por los demandantes, toda vez que en dicho documento, además de lo ya mencionado, se relacionaron 56 personas víctimas de minas antipersonas, datos con los cuales se podría sospechar que, contrario a lo afirmado por la autoridad judicial demandada, el Ejército Nacional conocía que en ese lugar existían los artefactos explosivos. Para la Sala, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, debió analizar dicho documento para establecer si las lesiones del señor [D.J.O.P] podían o no ser atribuibles a la Nación, máxime cuando se alega que el material probatorio fue escaso. Para la Sala, es claro que la falta de valoración del Oficio (…) suscrito por la personera del municipio de Ituango, en que se relaciona la lista de las víctimas de minas antipersona desde el año 2005, en la zona donde detonó la mina que causó los daños al señor [D.J.O.P], configura un defecto fáctico, pues contiene información que puede tener definitiva para adoptar la decisión de segunda instancia en el proceso de reparación directa (…)la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues interpretó de manera irrazonable el numeral segundo del artículo 5 de la Convención de Ottawa y lo dispuesto en la décima reunión de Estados parte de la anotada Convención, pues la ampliación del plazo que se otorgó a Colombia es únicamente respecto de la destrucción de minas antipersona (numeral primero del artículo 5), y no con el deber de identificar y demarcar las zonas en las que se sospechara que hubiere dichos artefactos.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02219-00(AC)
Actor: DONALDO DE JESÚS OQUENDO POSSO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por Donaldo de Jesús Oquendo Posso, quien actúa mediante apoderado, en representación de Karol Natalia Oquendo Daza y Lina Yulieth Oquendo Daza, Nidy Jineth Daza Rincón, Pedro José Oquendo Posso, Jaime Daniel Oquendo Posso, Rubiela Oquendo Posso, Juan Clímaco Oquendo Posso y Alicia Oquendo Posso contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
ANTECEDENTES
Hechos
Los actores mencionaron que el 14 de julio de 2010, por conducto de apoderado judicial, instauraron acción de reparación directa contra el Ejército Nacional, con la pretensión de obtener la indemnización del daño ocasionado al señor Donaldo de Jesús Oquendo Posso, por la explosión de una mina antipersona el 28 de enero de 2009, en la vereda Bajo Inglés, en el municipio de Ituango, Antioquia.
Relataron que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de 2 de agosto de 2016, admitió la demanda y que el 22 de noviembre del mismo año, ordenó tener como pruebas los documentos allegados con la demanda y su contestación. Agregaron que mediante providencia de 29 de marzo de 2011, el mencionado despacho judicial declaró la falta de competencia para conocer del asunto.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, en auto de 7 de julio de 2011, conoció del proceso y ordenó continuar su trámite.
Sostuvieron que en virtud de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el proceso fue sometido a reparto y le correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, que mediante sentencia de 10 de abril de 2013, accedió a las pretensiones.
Por último, aseveraron que la anterior decisión fue apelada por las partes. El Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección “A”, en fallo de 23 de marzo de 2017, revocó la sentencia y negó las pretensiones. Contra dicha decisión presentaron solicitud de aclaración, corrección y/o adición, así como incidente de nulidad. En auto de 12 de junio de 2017, se negó la aclaración, corrección y/o adición y se rechazó la solicitud de nulidad.
Fundamentos de la acción
Los accionantes señalaron que la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, pues consideran que incurrió en defecto fáctico, en tanto no se valoró en su integridad la prueba consistente en “la respuesta al exhorto Nº 192”, en la que el personero del municipio de Ituango hace una lista de las numerosas víctimas de minas antipersona desde el año 2005 hasta el 2011 y con la cual se demuestra la previsibilidad del acto violento del que fue víctima Donaldo de Jesús Oquendo
En segundo lugar, expusieron que también se incurrió en defecto sustantivo, por cuanto la autoridad judicial demandada interpretó “de manera irrazonable y desproporcionada el contenido y cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el estado colombiano en la convención de Ottawa, justificando el incumplimiento de éstas en la extensión del plazo inicialmente concedido”.
Por último, afirmaron que se incurrió en violación directa de la Constitución por “inaplicación de una disposición ius fundamental – derecho a la igualdad”.
Pretensiones
En la solicitud de tutela, los actores formularon las siguientes peticiones:
“PRIMERO: Con fundamento en los hechos relacionados le solicito tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a la igualdad de los accionantes vulnerados con la sentencia del 23 de marzo de 2.017 y la providencia que resuelve la aclaración, corrección o adición de sentencia del 12 de junio de 2.017, proferidas dentro del proceso radicado N° 05001-23-31-000-2011-00876-01, expediente Nº 48.901 tramitado ante el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en cuanto incurren en defecto fáctico, defecto material sustantivo y violación directa de la constitución.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene dejar sin efecto la sentencia y la providencia antes relacionadas (sic) y, así mismo se ordene al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en un término prudencial y razonable, proferir una nueva sentencia en la cual se realice una valoración probatoria objetiva, rigurosa y razonable de los elementos probatorios obrantes en el sumario, se tenga en cuenta y se valore la prueba que la Subsección omitió, se efectúe una interpretación razonable proporcional del contenido obligacional de la Convención de Ottawa, se observe y respete el precedente vinculante en cuanto a la carga probatoria en asuntos de violación a los Derechos Humanos, el alcance de las obligaciones convencionales del Estado y el control oficioso de convencionalidad y, finalmente, se garantice el derecho a la igualdad en el sentido que el debate jurídico sea resuelto bajo los mismos parámetros aplicados a otras personas en la misma situación fáctica”.
Pruebas relevantes
Con la solicitud de tutela se aportó copia del expediente de reparación directa (2 cuadernos).
Trámite procesal
En auto de 30 de agosto de 2017, se admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar a los demandantes y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, como tercero con interés.
Oposición
Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
El consejero ponente consideró que la acción de tutela no es procedente, toda vez que la decisión objeto de reproche constitucional, contrario a comportar una violación de los derechos constitucionales y de incurrir en algún defecto, se fundó en las pruebas allegadas al proceso, conforme con los lineamientos jurisprudenciales vigentes y respetando las garantías que “informan el debido proceso”.
Advirtió que el amparo constitucional no es procedente cuando la discrepancia de los actores radica exclusivamente en la decisión adoptada, toda vez que en este caso los demandantes pretenden que se profiera un nuevo fallo en el que se acceda a sus pretensiones, en tanto no comparten la tesis jurisprudencial que adoptó la Sala.
Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional (tercero interesado)
A través de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional, la cartera ministerial se opuso a las pretensiones del trámite tutelar al considerarlo improcedente.
Manifestó que los argumentos expuestos por los actores en el escrito de tutela ya fueron objeto de estudio por la autoridad judicial accionada, toda vez que ante la ausencia de material probatorio se determinó que no se configuraron los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado.
Indicó que el infortunado incidente que padeció el señor Donaldo de Jesús Oquendo Posso, “es un hecho aislado y atribuible al hecho de un tercero”, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se presentó dicho acontecimiento.
Relató que en relación con el hecho de un tercero dentro del proceso de reparación directa, no se probó la responsabilidad, en tanto que lo que se concluyó es que el perjuicio fue ajeno a la institución.
Por último, mencionó que contrario a lo manifestado por los demandantes, el tribunal accionado tuvo en consideración la totalidad del acervo probatorio allegado al proceso, el cual permitió concluir que no existió responsabilidad administrativa por los hechos ocurridos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º [c] del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, incurrió en defecto fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, al dictar la sentencia de 23 de marzo de 2017, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control de reparación directa que se promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
Estudio y solución del caso concreto
Cuestión previa
La Sala advierte que circunscribirá el estudio a la sentencia de 23 de marzo de 2017, emanada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, pues pese a que los accionantes solicitaron la nulidad de la anotada sentencia junto con el auto de 12 de junio de 2017, que negó la solicitud de aclaración y adición, el debate se enfocó únicamente en el fallo de segunda instancia que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa.
Verificación de los requisitos generales de procedencia
El caso bajo estudio ha superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional en la medida que debe decidir si con la sentencia de 23 de marzo de 2017, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad cuya protección se invoca; (ii) se agotó el recurso de apelación antes de acudir a la acción de amparo, por lo que está cumplido el requisito de subsidiariedad; (iii) la solicitud de amparo se interpuso antes de los seis (6) meses siguientes a la notificación, término que esta Corporación ha estimado razonable; (iv) los términos en los que se plantea el debate son claros, lo cual fue puesto en conocimiento en el trámite judicial ordinario y, por último, (v) la acción de tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo.
La decisión judicial objeto de la tutela incurrió en defectos fáctico y sustantivo
4.3.1. Donaldo de Jesús Oquendo Posso, quien actúa por intermedio de apoderado, en representación de Karol Natalia Oquendo Daza y Lina Yulieth Oquendo Daza, Nidy Yineth Daza Rincón, Pedro José Oquendo Posso, Jaime Daniel Oquendo Posso, Rubiela Oquendo Posso, Juan Climaco Oquendo Posso y Alicia Oquendo Posso, promovieron el medio de control de reparación directa contra el Ejército Nacional, con la finalidad de que se declarara la responsabilidad administrativa de la anotada entidad, por los perjuicios ocasionados al señor Donaldo de Jesús Oquendo Posso, con ocasión de las lesiones padecidas por la activación de una mina antipersona el 28 de enero de 2009, en la vereda Bajo Inglés, en el municipio Ituango, Antioquia.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 10 de abril de 2013, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. En consecuencia, condenó al Ejército Nacional a indemnizar a los demandantes por los perjuicios morales, el daño a la vida en relación y por los perjuicios materiales, pues se demostró que la entidad demandada incumplió la obligación de eliminar los artefactos sembrados en el territorio nacional.
Surtido el trámite de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante fallo de 23 de mayo de 2017, revocó la sentencia de primera instancia, pues no evidenció la falla en el servicio por omisión por parte del Ejército Nacional, consistente en el deber de destruir las minas antipersona. Concluyó que no se estructuraron los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.
Posteriormente, los actores solicitaron la aclaración, corrección y/o adición, así como también pidieron la nulidad del fallo. No obstante, mediante auto de 12 de junio de 2017, la autoridad judicial demandada negó la primera solicitud, al considerar que en la referida sentencia se plasmó con claridad y detalle cada argumento que se tuvo en cuenta para poder llegar a la decisión obtenida, sin dejar puntos dudosos susceptibles de ser aclarados. Así mismo, rechazó la solicitud de nulidad, dado que no cumplía con las exigencias previstas por el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Ahora bien, la parte demandante alega que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, realizó una interpretación errónea del material probatorio, específicamente “la respuesta del exhorto Nº 192, donde en el punto 5.2.1.4., el personero del Municipio de Ituango, hace la lista de las numerosas víctimas de minas antipersonas, desde el año 2005”, respecto de la cual, en su sentir, queda demostrada la previsibilidad del acto violento del que fue víctima Donaldo de Jesús Oquendo, el 28 de enero de 2009.
La respuesta al precitado exhorto se dispensó mediante oficio Nº 401 de 14 de septiembre de 2011, suscrito por la personera municipal del municipio de Ituango, en el que se indicó:
“Atendiendo el asunto de la referencia, atentamente me permito indicar lo siguiente:
5.2.1.1 El señor Donaldo de Jesús Oquendo, figura registrado como víctima de mina antipersonal, por hechos ocurridos el día 28 de enero de 2009 en la vereda Bajo Inglés, jurisdicción del municipio de Ituango Antioquia.
5.2.1.1 En el lugar donde ocurrió el accidente con mina antipersonal, tiene influencia el frente 18 de las FARC.
5.2.1.3 El sector donde ocurrió el accidente es patrullado continuamente por las brigadas móviles del Ejército Nacional.
5.2.1.4 El siguiente es el listado registrado en este Despacho de víctimas de mina antipersonal, desde el año 2005. Estos artefactos son instalados por parte del grupo armado al margen de la Ley, FARC.
(…)
5.2.1.5. Desde el 2007 se han celebrado varios convenios entre el municipio de Ituango y la Gobernación de Antioquia, el cual tiene como fin ejecutar programas de prevención y educación sobre el riesgo de MAP Y MUSE, en todo el territorio municipal”.
Ahora bien, la autoridad judicial demandada al referirse sobre este punto sostuvo:
“Pues bien, de conformidad con el escaso material probatorio obrante en el expediente, para la Sala es claro que el municipio de Ituango (Antioquia)- incluida su área rural- era considerada, para la época de los hechos (2009), zona de orden público, dado la presencia de grupos al margen de la ley, de hecho, desde 2003 el Ejército se instaló allí con el fin de realizar continuos patrullajes en las veredas, entre éstas, el Bajo Inglés, escenario de los hechos. También es evidente, a partir de la ocurrencia del atentado de que fue víctima el señor Oquendo Posso, que esa vereda estaba contaminada con una mina antipersonal sembrada por los grupos guerrilleros.
Sin embargo, los hechos hasta aquí acreditados no permiten, por si solos, hablar de una falla en el servicio por omisión por parte de la Administración en el deber de destrucción de las minas antipersonales. Toda vez que nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos sospechara de que existían estos artefactos explosivos en el sitio específico donde ocurrieron los hechos, lo que lo obligara a demarcar el terrero, prestar vigilancia y proteger el área, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil; es decir pese a que se trataba de una zona con presencia militar y guerrillera, ello no obligaba, per se a que la Fuerza Pública realizara allí labores de desminado.
(…)
Así las cosas, no existen en el expediente suficientes pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado el atentado que resultó lesionado el demandante, pues se insiste, nada indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación, frente a lo cual le resultaba exigible una actuación de contención; por tanto, ha de concluirse, en este caso, el daño alegado por la actora no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza de la administración” (negrillas de la Sala).
Con base en lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada argumentó que para la época en la que el señor Donaldo de Jesús Oquendo Posso (2009), fue víctima de la mina antipersona, la vereda Bajo Inglés en el municipio de Ituango se encontraba “contaminada” de esos artefactos que fueron instalados por los grupos guerrilleros. No obstante, extraña la Sala que a su turno afirmara que “nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos sospechara de que existían estos artefactos explosivos en el sitio específico donde ocurrieron los hechos”, pues como lo afirmó la personera del mencionado municipio, en el documento que no fue valorado en la sentencia objeto de tacha constitucional, el sector de ocurrencia de los hechos era patrullado por las Brigadas móviles del Ejército Nacional.
En efecto, la Sala Considera que no se valoró la prueba allegada por los demandantes, toda vez que en dicho documento, además de lo ya mencionado, se relacionaron 56 personas víctimas de minas antipersonas, datos con los cuales se podría sospechar que, contrario a lo afirmado por la autoridad judicial demandada, el Ejército Nacional conocía que en ese lugar existían los artefactos explosivos.
Para la Sala, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, debió analizar dicho documento para establecer si las lesiones del señor Donaldo de Jesús Oquendo podían o no ser atribuibles a la Nación, máxime cuando se alega que el material probatorio fue escaso. Para la Sala, es claro que la falta de valoración del Oficio Nº 401 de 14 de septiembre de 2011, suscrito por la personera del municipio de Ituango, en que se relaciona la lista de las víctimas de minas antipersona desde el año 2005, en la zona donde detonó la mina que causó los daños al señor Donald de Jesús Oquendo Posso, configura un defecto fáctico, pues contiene información que puede tener definitiva para adoptar la decisión de segunda instancia en el proceso de reparación directa. A esta misma conclusión arribó la Sala en sentencia de 13 de diciembre de 2017, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, radicado Nº 25000-23-41-000-2017-01114-01.
Así las cosas, en el caso objeto de estudio se pudo constatar que hubo defecto factico toda vez que el juez no realizó un completo análisis probatorio, pues en la decisión objeto de reproche constitucional se debió hacer referencia al anotado documento y evaluarlo en su integridad. No obstante la Sala precisa que el amparo concedido no determina el sentido de la decisión que deba adoptar el juez natural, en el marco de su autonomía judicial.
4.3.2. Los demandantes alegan que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, pues consideran que se realizó una interpretación errónea del contenido del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en la convención de Ottawa.
Manifestaron que la prórroga concedida a Colombia, el 3 de diciembre de 2010, en Ginebra, Suiza, fue otorgada respecto a las obligaciones señalas en el numeral 1 del artículo 5 de la Convención de Ottawa, relacionadas con la destrucción de las minas antipersona colocadas en la zona bajo su jurisdicción. Sin embargo, consideraron que las obligaciones del numeral 2 quedaron vigentes, vinculantes e impostergables, en tanto se debe identificar las zonas donde se sospeche la existencia de minas antipersona para demarcarlas, señalarlas, vigilarlas y protegerlas con cercas para asegurar la exclusión de civiles.
Sea lo primero indicar, que la Convención de Ottawa se fundamenta en normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario aplicable a todos los Estados y es una respuesta internacional orientada a mitigar el sufrimiento causado por el uso de las minas antipersona, la cual se suscribió entre el 3 y 4 de diciembre de 1997 y depositada ante el Secretario General de las Naciones Unidas en New York el 5 de diciembre del mismo año y entró en vigencia el 1º de marzo de 1999.
El Estado Colombiano hace parte de dicha convención, la cual se aprobó e introdujo al ordenamiento por medio de la Ley 554 del 2000, cuyo contenido fue estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia C-991 del mismo año, declaró la exequibilidad. En tal virtud, es un instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 93 de la Constitución política.
Asimismo, el Consejo de Estado en sentencia de 22 de enero de 2014, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, se refirió a la importancia de dicho tratado, pues “es un lugar común que el Estado Colombiano ha sido uno de los países con mayor presencia de víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar durante el combate, ello en razón del conflicto armado interno que a finales de la década de los ochenta exacerbó el uso de este tipo de armas no convencionales y abiertamente violatorias de los derechos humanos y de las normas de derecho internacional humanitario. Es innegable, a su vez, que el empleo de este tipo de armas ha estado a cargo, principalmente, de los grupos al margen de la ley (FARC y ELN), para repeler el avance de las fuerzas del orden, especialmente en su etapa de fortalecimiento durante la implementación de la ayuda proveniente del Plan Colombia. Ante la realidad de este flagelo, cuyo número de víctimas civiles es abrumador, se expidió la ley 759 de 2002, por medio del cual se dictaron normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y se fijaron disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal. Esta ley se promulgó con el objeto de establecer estrategias para cumplir con los compromisos adquiridos en la Convención de Ottawa, y para tal efecto, creó la Comisión Intersectorial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, denominada: Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal”.
Posteriormente, el Estado Colombiano solicitó una prórroga del término establecido en la Convención, la cual fue concedida en la décima reunión de los Estados parte de la Convención de Ottawa, la cual culmina en 2021. En dicha reunión se decidió:
vi) La Reunión estudió la solicitud de Colombia de prórroga del plazo para terminar de destruir las minas antipersonal en las zonas minadas de conformidad con el artículo 5, párrafo 1, y accedió a prorrogar el plazo hasta el 1º de marzo de 2021.
vii) Al acceder a la solicitud, la Reunión señaló que, si bien era comprensible que Colombia hubiera pedido el máximo tiempo disponible, dada la magnitud del problema de la contaminación verificada o supuesta, esa petición se basaba en una imagen incompleta. Para dar una mejor idea de la situación, la Reunión solicitó a Colombia que aclarara a la 11ª Reunión de los Estados Partes, en 2011, qué zonas se encontraban en proceso de "consolidación de la seguridad democrática" y en qué zonas se daban actualmente las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo tareas de desminado humanitario, y que proporcionara más información con respecto a esas zonas.
viii) Al conceder la solicitud, la Reunión señaló además que, casi diez años después de la entrada en vigor, Colombia no disponía de los datos necesarios para informar de una manera más precisa sobre la ubicación de las zonas contaminadas con minas antipersonal o sospechosas de estarlo, y, por lo tanto, para elaborar un plan de aplicación sobre la base de información concreta. En ese contexto, la Reunión pidió a Colombia que presentara información actualizada a la 11ª Reunión de los Estados Partes sobre las medidas que estaba adoptando a fin de desarrollar y aplicar métodos más eficaces para determinar la ubicación y la superficie reales de la zona de presunto peligro en los municipios en que esto fuera posible”.
En ese orden de ideas, la Convención de Ottawa ha generado un desarrollo normativo en nuestro ordenamiento jurídico que no se puede desconocer.
Ahora bien, la Sala observa que en el fallo acusado, se expuso lo siguiente:
“Ahora, si bien es cierto que, mediante la ley 554 de 2000, el Estado Colombiano aprobó e incorporó al ordenamiento jurídico interno la Convención de Ottawa y, en consecuencia, se obligó, entre otras cosas, a identificar y demarcar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existían minas antipersonales y a destruir o asegurar la destrucción, en un plazo de 10 años, de todas aquellas puestas en su jurisdicción, también es cierto que en la décima reunión de los Estados parte de dicha convención le fue concedida una extensión de ese término, el cual se vence el 1º de marzo de 2021, por lo tanto la ocurrencia de atentados como el que motivó esta demanda no puede entenderse aún como un incumplimiento del deber legal asumido por el Estado”.
La Sala observa que el numeral 1 del artículo 5, de la Convención estableció que los Estados miembros tienen un plazo de 10 años, el cual sería prorrogable por una vez, para que en sus territorios se elimine el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. No obstante, la aplicación del numeral segundo no se encuentra sometida a un límite temporal, ni se debe entender incluido dentro de la prórroga autorizada al Estado Colombiano, la cual se circunscribe, se reitera, exclusivamente al numeral 1 del artículo 5 de ese instrumento internacional. El contenido completo del precitado artículo 5, es el siguiente:
“Artículo 5 Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas
1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.
2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal.
(…)
6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo período de prórroga en virtud de este Artículo.
Así las cosas, la Sección Tercera, Subsección “A” de esta Corporación, entendió que la aplicación de la Convención de Ottawa por el Estado Colombiano, en su integridad, se había prorrogado por 10 años, concluyendo que no se desconoció lo pactado, en tanto consideró que el término que se establece en las obligaciones del numeral primero se extendió a las del numeral segundo en el que se imponen otros deberes.
En efecto, al Estado Colombiano, como ya se mencionó, se le concedió un plazo de 10 años para la destrucción de los anotados aparatos explosivos, el cual fue ampliado por solicitud del Gobierno Nacional, pero en dicho plazo quedó excluido el deber de identificar todas las zonas que tenga bajo su jurisdicción donde se sepa o se sospeche que existen minas antipersonales, toda vez que el término para el cumplimiento de esa obligación es “tan pronto como sea posible”.
De lo expuesto, la Sala considera pertinente advertir que de comprender que la prorroga otorgada se hace extensible a las obligaciones descritas en el numeral segundo, podría conllevar que el compromiso de señalización, cerramiento, cercamiento y delimitación de las áreas con potencial de minas antipersonal, se extendiera en el tiempo y no se materializara su efectivo cumplimiento.
En un caso con supuestos fácticos similares, esta sección se refirió en los mismos términos en sentencia de tutela de 13 de diciembre de 2017, radicado Nº 11001-03-15-000-2017-02556-00, en la que se expuso:
“En primer lugar, conviene decir que la obligación de identificación, demarcación y cercamiento parte de un supuesto elemental: la existencia de minas antipersona. En ausencia de minas antipersonas, no habría territorios que demarcar o cercar.
A partir de la anterior premisa, puede afirmarse que la identificación, demarcación y cercamiento de las zonas en las que se sepa o sospeche que hay minas antipersona es una actividad que antecede a la destrucción de las minas antipersona. De hecho, la finalidad de la obligación descrita en el numeral 2º del artículo 5 de la Convención de Ottawa es «asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas».
Siendo así, qué sentido tiene que esa obligación —demarcación de las zonas en las que se sepa o sospeche que hay minas antipersona— se entienda exigible a partir del 1º de marzo de 2021, fecha en la que, se supone, deben estar destruidas todas las minas antipersona”.
Con todo, para la Sala la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues interpretó de manera irrazonable el numeral segundo del artículo 5 de la Convención de Ottawa y lo dispuesto en la décima reunión de Estados parte de la anotada Convención, pues la ampliación del plazo que se otorgó a Colombia es únicamente respecto de la destrucción de minas antipersona (numeral primero del artículo 5), y no con el deber de identificar y demarcar las zonas en las que se sospechara que hubiere dichos artefactos.
4.3.3. Por último, Los actores manifestaron que la autoridad judicial demandada incurrió en violación directa de la Constitución por desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad. Sobre este reparo, la Sala observa que no existe ningún fundamento por la parte actora, tendiente a demostrar la vulneración de esa garantía ius fundamental, motivo por el cual no existe razón para el estudio de dicho defecto.
Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de los señores Donaldo de Jesús Oquendo Posso, en representación de Karol Natalia Oquendo Daza y Lina Yulieth Oquendo Daza, Nidy Jineth Daza Rincón, Pedro José Oquendo Posso, Jaime Daniel Oquendo Posso, Rubiela Oquendo Posso, Juan Clímaco Oquendo Posso y Alicia Oquendo Posso. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia de 23 de marzo 2017, dictada por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta decisión, profiera nuevo fallo que atienda las consideraciones expuestas en la parte motiva.
5. Razón de la decisión
La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso incoado por los accionantes, en tanto el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, incurrió en defectos fáctico y sustantivo, pues (i) omitió valorar el oficio 041 de 14 de septiembre de 2011, suscrito por la personera del municipio de Ituango allegado al proceso de la acción de reparación directa y (ii) interpretó de manera irrazonable el plazo concedido a Colombia en la décima reunión de Estados parte de la Convención de Ottawa, el cual solo es aplicable para el numeral primero del artículo 5 de ese instrumento internacional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de los señores los señores Donaldo de Jesús Oquendo Posso, quien actúa por intermedio de apoderado y en representación de Karol Natalia Oquendo Daza y Lina Yulieth Oquendo Daza, Nidy Jineth Daza Rincón, Pedro José Oquendo Posso, Jaime Daniel Oquendo Posso, Rubiela Oquendo Posso, Juan Clímaco Oquendo Posso y Alicia Oquendo Posso, por las razones expuestas. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 23 de marzo de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado (expediente 05001-23-31-000-2011-00876-01).
Segundo.- ORDÉNASE a al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, que en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo de acuerdo con las razones expuestas en este fallo.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Folios 23 del expediente de tutela.
Folio 45 ibídem reverso.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Folio 23 de la copia de la demanda y sus respectivos anexos para el archivo.
Folio 40 a 41 ibíd.
M.P.: Enrique Gil Botero.
Sin embargo, es necesario aclarar que inclusive antes de la Convención de Ottawa, existía el Protocolo II de Ginebra, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, del 10 de octubre de 1980. Lo que releva un compromiso internacional sobre la necesidad de acabar con el uso de armas de este carácter.
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/10MSP/10MSP-FinalReport-sp.pdf
M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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