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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04089-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04089-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia del amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04089-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 04089 01
Demandante: Marta Inés Moreno Mazo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04089 01
Demandante: MARTA INÉS MORENO MAZO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD.

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 4 de octubre de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Marta Inés Moreno Mazo, Evelio de Jesús García
Jaramillo, Yeisson Julián García Moreno, Verónica Andrea García Moreno,
Vanessa Teresita García Moreno, Adriana María García Moreno, Adiley
García Moreno, Anlleli García Moreno y Olga Lucidia García Aguiar, por
intermedio de apoderado, solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva, que estiman vulnerados con ocasión de la sentencia del 20 de
marzo de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, revocó la providencia dictada el 21
de noviembre de 2016 por el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín
y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda de reparación

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04089 01
Demandante: Marta Inés Moreno Mazo y otros

directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito
Nacional1.

1.2. En el referido medio de control los accionantes solicitaron que se
declarara administrativamente responsable a la parte demandada por los
perjuicios causados con ocasión de la muerte de Yudy García Moreno,
como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal ocurrida el
día 19 de febrero de 2013 en zona rural del municipio de Briceño
(Antioquia).

La demanda se fundamentó en el planteamiento según el cual a 500
metros del lugar donde ocurrió la explosión se ubicaba una base militar
del Ejército Nacional, lo que evidenciaba la presencia de los militares en
la zona. A su juicio, de ello se desprende que los artefactos explosivos
que se encontraban allí sembrados tenían como objeto causar daño a la
fuerza pública o a cualquier otro organismo internacional y, por
consiguiente, que los demandados estaban llamados a intervenir el lugar
con fines de desminado o demarcación de la zona como campo afectado
con minas antipersonal.

1.3. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín, quien profirió sentencia el 21 de noviembre
de 2016 mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que se produjo una falla del servicio por
incumplimiento u omisión de los deberes normativos, constitucionales y
convencionales asumidos por la demandada, en razón a que para el
Ministerio de Defensa no era desconocido que en el Municipio de Briceño
existían minas antipersonal y que por ello era necesaria la intervención
de personal militar especializado en técnicas de desminado humanitario,
como medida preventiva para proteger a la población civil.

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Proceso que se identificó con el radicado 05001 33 33 003 2015 00273 01.
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1.4. La parte demandada apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 20 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, la revocó y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda al considerar probado que las autoridades
competentes han adelantado las gestiones necesarias para dar
cumplimiento a los deberes asumidos por el Estado en materia de
desminado humanitario, gestiones que son de medio y no de resultado.

Además, consideró que el daño producto de la explosión de la mina
antipersonal fue causado por un grupo al margen de la ley, quienes con
fines de causar pánico en la comunidad siembran dichos artefactos,
motivo por el cual afirmó que se trató del hecho de un tercero, eximente
de responsabilidad que rompe el nexo causal y, por lo tanto, impide
adjudicar en cabeza de la demandada un deber de reparación para las
víctimas del daño.

1.5. Los accionantes alegaron en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en violación directa de la constitución al desconocer
el debido proceso, pues se fundamentó en un régimen jurisprudencial
diferente al que se encontraba consolidado para el momento de la
ocurrencia de los hechos.

1.6. Señalaron que la decisión atacada incurrió en defecto sustantivo
por interpretación incorrecta de los artículos 2 y 5 de la convención de
Ottawa, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad previsto en el
inciso 1° del artículo 93 de la Constitución Política.

1.7. Adujeron que la accionada incurrió en desconocimiento del
precedente, pues no tuvo en cuenta el fallo del 12 de julio de 2018,
proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, bajo el radicado
número 11001 03 15 000 2017 02219 00 y del 13 de diciembre de 2017
dentro del radicado 11001 03 15 000 2017 02556 00, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.

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Además, manifestaron que la accionada incurrió en desconocimiento
del precedente horizontal, pues no tuvo en cuenta su propio
precedente ya que, en la sentencia del 17 de agosto de 2021 dictada en
el proceso con radicado 05001 33 33 003 2015 00215 01, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, decidió sobre la
demanda de reparación directa promovida por los familiares de otra de
las víctimas afectadas en el mismo hecho que dio lugar a la muerte de
Yudy García Moreno, y en dicho caso se declaró responsable a la parte
demandada.

1.8. Alegaron que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico, por
valoración probatoria incompleta ya que, a su juicio, no tuvo en cuenta el
“informe de situación No.1 (20/02/2013), RESTRICCIONES AL ACCESO Y
MOVILIDAD EN BRICEÑO” en el que se advirtió sobre la presencia de
minas antipersona en el Municipio de Briceño. Además, afirmaron que se
desconocieron hechos notorios como la situación de orden público para la
época de los hechos en la zona rural del mencionado municipio.

Igualmente, adujeron que fue desconocido el informe rendido por la
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en el cual se
relacionaron los accidentes presentados con minas antipersonal en la zona
rural del Municipio de Briceño.

Finalmente, reprocharon que se realizó una indebida valoración de los
testimonios de las señoras Viviana Andrea Sinitabe y Olga Cecilia
Jaramilla, quienes manifestaron que en la zona de los hechos sí había
presencia del Ejército, pues patrullaban por el sendero donde ocurrió la
explosión que ocasionó la muerte de Yudy García Moreno.

1.8. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones:

“1. Tutelar los derechos fundamentales de los accionantes, vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD
por vía de acción, debido a los defectos contenidos en la sentencia de segunda

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instancia proferida el 20 de marzo de 2024 dentro del proceso de reparación
directa con radicado 05001333300320150027301.

2. Dejar sin efetos la sentencia de segunda instancia proferida el 20 de marzo
de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA
DE ORALIDAD, dentro del proceso de reparación directa con radicado
05001333300320150027301.

3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD que profiera una nueva sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa con radicado 05001333300320150027301”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 13 de agosto de 2024, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejercito Nacional, y solicitó al Juzgado Tercero Administrativo de
Medellín copia digital del expediente con radicado 05001 33 33 003 2015
00273 00/01

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la acción
de tutela resulta improcedente al no cumplir con el requisito de
inmediatez, en razón a que la sentencia de segunda instancia se dictó el
20 de marzo de 2024 y la solicitud de amparo se radicó más de cinco
meses después de su expedición.

Además, indicó que las pruebas integradas al expediente fueron valoradas
dentro del marco legal con fundamento en la lógica y la sana crítica por
lo que la decisión atacada fue proferida en debida forma y que, teniendo
en cuenta el principio de autonomía judicial, la acción de tutela no procede
como una tercera instancia dentro del proceso ordinario pues los
argumentos expuestos por el demandante ya fueron objeto de decisión
por parte del juez natural de la causa.

Finalmente, manifestó que no se desconoció el precedente
jurisprudencial, ya que se dio aplicación a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado, proferida el 7 de marzo de 2018 que tiene efectos
retrospectivos para los casos no resueltos para el momento de su

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expedición y que el precedente proferido por otras Salas de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia no tiene carácter vinculante.

2.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Medellín allegó copia del
expediente digital de la reparación directa identificada con el radicado
número 05001 33 33 003 2015 00273 00.

2.4. La Nación, Ministerio de Defensa hizo un recuento sobre el
desarrollo del proceso y consideró que la decisión atacada no vulneró los
derechos fundamentales de la parte aquí accionante, pues para proferirla
fueron valoradas integralmente las pruebas y se respetó el precedente
jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que no se configuraron
los defectos manifestados por los actores en el escrito de tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 4 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C declaró improcedente la solicitud de amparo por
ausencia del requisito de relevancia constitucional, al considerar que los
argumentos presentados por el accionante no acreditan vulneración de
derechos fundamentales, sino que pretenden volver sobre la controversia
decidida por el juez natural y contienen divergencias de carácter
netamente legal y probatorio pues se plantearon en sede de tutela los
mismos fundamentos jurídicos expuestos en el proceso ordinario.

El a quo consideró que no se advertía una actuación caprichosa o
arbitraria por parte de la accionada, por lo tanto, resultaba improcedente
la intervención del juez constitucional. Además, indicó que la acción de
tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni se prevé para
desconocer la autonomía e independencia de las actuaciones judiciales.

Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente, adujo que la
accionada no está obligada a adoptar la tesis de otras salas del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por cuanto las decisiones o criterios de estas

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no son vinculantes para la Sala Séptima de Oralidad de ese Tribunal, ya
que cada una de ellas es autónoma para acoger posturas determinadas
sobre un punto de derecho y en tanto no exista un criterio unificado por
parte del Consejo de Estado que es su único superior funcional.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y
manifestó que la decisión careció de motivación pues no estudió de fondo
los argumentos planteados a fin de demostrar que la accionada sí incurrió
en los defectos que hacen procedente la solicitud de amparo. En lo demás,
reiteró los argumentos de la demanda en relación con dichos defectos.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Marta Inés Moreno Mazo, Evelio de Jesús García
Jaramillo, Yeisson Julián García Moreno, Verónica Andrea García Moreno,
Vanessa Teresita García Moreno, Adriana María García Moreno, Adiley
García Moreno, Anlleli García Moreno y Olga Lucidia García Aguiar
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejercito Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización
de los perjuicios causados con ocasión de la muerte de Yudy García
Moreno, como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal el
día 19 de febrero de 2013 en zona rural del municipio de Briceño.

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5.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, mediante sentencia
del 21 de noviembre de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda al considerar que se configuró una falla del servicio por
incumplimiento u omisión de los deberes normativos, constitucionales y
convencionales asumidos por la demandada.

5.2.3. La parte demandada apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 20 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, la revocó y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda al considerar que la causa de los daños
obedeció al hecho de un tercero, lo que impide adjudicar la
responsabilidad por el daño antijurídico a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejercito Nacional.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

En este caso, los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva, que estiman vulnerados con ocasión de la sentencia del 20 de
marzo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, por medio de la cual revocó la providencia dictada
el 21 de noviembre de 2016 por el Juzgado Tercero Administrativo de
Medellín, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejercito Nacional4.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.

5.3.1.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

3
M. P. Natalia Ángel Cabo.
4
Ver nota al pie 1.
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En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

5.3.1.1.2. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 7:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.

6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
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proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2. Caso concreto

La Sala recuerda que los argumentos de la presente acción de tutela giran
en torno a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 20
de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad pues considera que esta incurrió en: (i) violación
directa de la Constitución por desconocer el debido proceso al basar su
decisión en un precedente jurisprudencial diferente al vigente para el
momento de los hechos; (ii) defecto sustantivo por interpretación
incorrecta de la convención de Ottawa en sus artículos 2 y 5; (iii)
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta las decisiones del
Consejo de Estado, dictadas el 12 de julio de 2018 y del 13 de diciembre
de 2017, y desconocimiento del precedente horizontal al apartarse de los
pronunciamientos realizados por la Sala Cuarta de Oralidad del mismo
Tribunal en relación con los mismos hechos y, (iv) defecto fáctico por
valoración probatoria incompleta, pues adujo que no se tuvo en cuenta
todas las pruebas documentales y que realizó una indebida valoración de
dos pruebas testimoniales.

5.3.3.1. Siendo así, la Sala considera que los argumentos expuestos por
la parte demandante constituyen simplemente la reiteración del debate
que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo
busca ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que
llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado.

Por lo tanto, es claro que la actora sólo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo de protección.

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5.3.2.2. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente
alegado, se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre
de 20218, sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial
en las que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como
carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar y a citar
dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado, sin efectuar una
comparación entre las particularidades de los hechos estudiados en esos
asuntos y el sub examine, para acreditar que las reglas y subreglas
contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso particular. De
igual forma, hizo con la decisión dictada por la Sala Cuarta de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues se limitó a manifestar que
el problema jurídico que se resolvió en ese caso era el mismo, sin efectuar
una comparación entre las particularidades fácticas y jurídicas analizadas
en ese asunto y en el caso bajo examen.

No sobra señalar, en todo caso, que el precedente invocado fue proferido
por una Sala del Tribunal Administrativo de Antioquia diferente de la que
dictó la sentencia del 20 de marzo de 2024 que aquí se cuestiona. Por
tanto, aunque en gracia de discusión se considerara cumplida la carga
argumentativa mínima, lo cierto es que la diferencia entre estas
decisiones no implica una vulneración al derecho a la igualdad, por
desconocimiento del precedente horizontal, pues se trata de jueces
distintos, aunque tengan la misma jerarquía y pertenezcan a la misma
corporación. En efecto, en virtud del principio de autonomía judicial, dos
jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de

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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga
argumentativa razonable y suficiente9.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima que se exige en los casos en los que se alega que
una providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente
judicial. Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora
simplemente se encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte
accionada, y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional
realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado
en el proceso de reparación directa.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el

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Esta Sección se pronunció en el mismo sentido en un asunto similar: Sentencia de tutela del 28 de septiembre
de 2023, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00.
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escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la valoración probatoria efectuada por las autoridades de la
jurisdicción y a pedir que se aplique la interpretación que más le favorece,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.

Siendo así, es claro que la presente acción de tutela carece de relevancia
constitucional en relación con el tercero de los presupuestos estudiados,
razón por la cual resulta completamente innecesario el estudio sobre el

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posible cumplimiento de los restantes requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, que declaró improcedente la presente acción de tutela, al
constatar la ausencia del requisito de relevancia constitucional respecto
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la
improcedencia del amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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