Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04533-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04533-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04533-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
28 de septiembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00
Accionante: Ever Quijano Capera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00
Demandante: EVER QUIJANO CAPERA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ever Quijano
Capera y otros contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
Sexto Administrativo de Ibagué.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Ever, Ruth, Délida, Diego Alexander y Herlhin Johan
Quijano Capera; Yeison Fermín, Anwar Fernando, Leidy Johanna y Yeimi
Carolina Quijano Prada; Juan Arley, Yair, Arlenis y Diana Mayerly Osorio
Capera y María de los Ángeles Capera de Quijano, solicitaron el amparo
de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a las
“garantías judiciales”, que estimaron vulnerados con ocasión de las
sentencias del 7 de diciembre de 2021 dictada por el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué, y del 23 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que denegaron las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Rama
Judicial - Fiscalía General de la Nación1.
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Proceso que se tramitó bajo el radicado 73001-33-33-006-2018-00249-01.
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Accionante: Ever Quijano Capera y otros
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, los demandantes
manifiestan que interpusieron demanda de reparación directa contra la
Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener
la indemnización de los perjuicios causados por la privación presuntamente
injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Ever Quijano Capera,
entre el 13 de julio y el 12 de noviembre de 2009.
Señalan que, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2021, el Juzgado
Sexto Administrativo de Ibagué denegó las pretensiones de la demanda,
decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Tolima, a través del proveído de febrero 23 de 2023.
1.3. La parte actora alegó en la tutela que las anteriores decisiones
incurrieron en violación directa de la Constitución y vulneraron el
derecho a la igualdad, porque en otros asuntos que se encontraban en las
mismas circunstancias fácticas y jurídicas, el tribunal decidió en sentido
distinto, accediendo a las pretensiones de las demandas.
1.3.1. En concreto, se refirió a las sentencias de: (i) 27 de octubre de
2022 (exped. 73001-33-33-002-2018-00299-01, demandantes: Manuel
Fernando García Moreno y otros); (ii) 2 de noviembre de 2022 (exped.
73001-33-33-012-2018-00322-01, demandantes: Martha Cecilia Orozco
Campos y otros), y (iii) 10 de noviembre de 2022 (exped. 73001-33-33-
011-2018-00307-01, demandantes: Alcibíades Romero Reinoso y otros),
en las que, según alega, el tribunal resolvió asuntos en los que, al igual
que en el presente, las capturas se dieron en zona rural del municipio de
Chaparral (Tolima), por hechos relacionados con el delito de rebelión, y
los capturados eran campesinos de la región, quienes finalmente fueron
absueltos porque no existían elementos probatorios en su contra.
En este caso, según alegan, en la audiencia de juicio oral llevada a cabo
el 16 de julio de 2016, la Fiscalía solicitó la absolución de los acusados
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porque no contaba con elementos materiales probatorios que
demostraran que hubieran incurrido en el delito de rebelión. En
consecuencia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué con
función de conocimiento profirió sentencia absolutoria, la cual cobró
ejecutoria el mismo día, por la no interposición de recursos.
1.3.2. Luego, alegó que la decisión cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 20202, proferida en
reemplazo del fallo del 15 de agosto de 20183, en cumplimiento de una
orden de tutela4, y en armonía con la sentencia SU-072 del 5 de julio de
2018, proferida por la Corte Constitucional5.
La decisión invocada, según la parte actora, sostiene que el hecho de que
una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que
luego termina con decisión de absolución, prescripción o cualquier otro
evento que la libera de la responsabilidad penal, no es suficiente para
condenar al Estado, sino que el juez de la reparación directa debe
determinar si la medida restrictiva resultó injusta, es decir, si fue
razonable, proporcional y legal, y en tal caso, si constituye un daño
antijurídico imputable a la administración, para lo cual debe establecer si
el hecho no existió, o si la conducta es atípica, caso en el cual se aplica el
régimen de responsabilidad objetiva.
Con base en lo anterior dijo que en este caso la antijuridicidad del daño
estaba configurada porque, de la sentencia del proceso penal se
desprendía que el hecho no existió y que la conducta era atípica, que el
detenido no cometió el delito y que se dio aplicación al principio in dubio
pro reo. Por lo tanto, debía aplicarse el régimen objetivo de
responsabilidad, y al juez administrativo no le correspondía realizar el
estudio de la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida.
2
Con ponencia del consejero José Roberto Sáchica Méndez, bajo el radicado: 66001-23-31-000-2010-00235-
01 (46947).
3
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
4
Impartida en el asunto con radicado: 11001-03-15-000-2019-00169-01.
5
Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Fiscalía General de la Nación alegó que la tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad y que los demandantes no se encuentran
expuestos a un perjuicio irremediable. Además, dijo que pretenden revivir
oportunidades procesales perdidas. No obstante, no indicó cuál medio de
defensa tuvieron a su alcance y no utilizaron. Así mismo, manifestó que
la parte actora no sustentó debidamente las causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
Sostuvo que las decisiones cuestionadas se ajustaron a lo manifestado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, que dijo que
el estudio de una privación de la libertad debe determinar si ésta es
razonada y proporcionada, y que el juez administrativo, en aplicación del
principio iura novit curia, debe definir el régimen de imputación a partir
de las particularidades de cada caso. Además, adujo que no se aplicó de
manera intempestiva e injustificada un cambio jurisprudencial.
2.2. El Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué
alegó que la solicitud de amparo es improcedente porque la parte actora
pretende reabrir un debate que ya se llevó en el proceso judicial y
retrotraer actuaciones y etapas procesales que ya se surtieron dentro del
proceso contencioso administrativo.
2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Los señores Ever, Ruth, Délida, Diego Alexander y Herlhin Johan
Quijano Capera; María de los Ángeles Capera de Quijano, Yeison Fermín,
Anwar Fernando, Leidy Johanna y Yeimi Carolina Quijano Prada; Juan
Arley, Yair, Arlenis y Diana Mayerly Osorio Capera instauraron demanda
de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación, persiguiendo la indemnización de los perjuicios causados por la
privación presuntamente injusta de la libertad de la que fue objeto el señor
Ever Quijano Capera, entre el 13 de julio y el 12 de noviembre de 2009.
3.2.2. Mediante sentencia del 7 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué denegó a las pretensiones de la demanda,
decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Tolima, a través del proveído de febrero 23 de 2023.
3.2.3. La parte actora interpuso acción de tutela al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales por las anteriores providencias.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
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decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20227, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a las “garantías judiciales”, que estimaron
vulnerados con ocasión de las sentencias de diciembre 7 de 2021, dictada
por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, y de febrero 23 de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la
Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, proceso que se
tramitó bajo el radicado 73001-33-33-006-2018-00249-01.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
10
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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Accionante: Ever Quijano Capera y otros
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatoria o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
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este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
3.3.2.1. En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades que
plantea la parte actora en la tutela consisten en: (i) la violación del
derecho a la igualdad, porque en este caso el Tribunal Administrativo del
Tolima no decidió de la misma forma que en otros tres asuntos, en los
que sí accedió a las pretensiones, pese a que se trataba de las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas, y (ii) el desconocimiento del precedente
fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 6
de agosto de 2020, porque pese a que del fallo del proceso penal se
desprendía que el hecho no existió y que la conducta era atípica, la
decisión cuestionada no aplicó el régimen de responsabilidad objetiva.
La Sala advierte que los dos argumentos de la tutela corresponden a la
causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales de desconocimiento del precedente. En el primer caso del
precedente horizontal, es decir, el del propio Tribunal Administrativo del
Tolima, y en el segundo caso del precedente vertical, fijado por la Sección
Tercera de esta corporación.
Al respecto, se debe tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19
de noviembre de 202111, sostuvo que la acción de tutela contra
providencia judicial en la que se alega el desconocimiento del precedente
exige, como carga argumentativa mínima, que se identifique: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales (iii)
deben ser aplicables al caso a resolver, y (iv) los problemas jurídicos, que
en ambos casos deben ser análogos o similares.
11
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Accionante: Ever Quijano Capera y otros
En el caso sub examine, en cuanto al pronunciamiento del 6 de agosto de
2020, proferido por la Sección Tercera de esta corporación, los actores se
limitaron a identificarlo y a esbozar sus argumentos principales, pero sin
identificar el problema jurídico que allí se resolvió y sin siquiera efectuar
una comparación entre los hechos estudiados en ambos casos, para
acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le
fueran aplicables a su asunto particular. Por tanto, la Sala estima que
respecto de esta decisión invocada no se cumple la mínima carga
argumentativa requerida para analizar si se ha configurado el
desconocimiento del precedente.
Por otra parte, en cuanto a los pronunciamientos del propio Tribunal
Administrativo del Tolima, los demandantes señalaron que se trataba de
hechos similares, porque (i) las capturas se dieron en zona rural del
municipio de Chaparral, (ii) por hechos relacionados con el delito de
rebelión, (iii) los capturados eran campesinos de la región, y (iv) los
acusados finalmente fueron absueltos porque no existían elementos
probatorios suficientes en su contra.
Además, la Sala advierte que la demanda de tutela contiene un cuadro en
el que, en tres columnas, identifica los datos de cada precedente
invocado, las circunstancias fácticas de cada caso y la tesis del tribunal.
En esta última columna, en los tres casos, transcribe un aparte de cada
fallo invocado, todos los cuales señalan lo siguiente, de manera idéntica,
salvo por los datos específicos de cada proceso12:
“En el sub-lite, advierte la Sala que se encuentra demostrado el daño
alegado respecto de la detención o privación de la libertad, toda vez
que al demandante efectivamente se le restringió su libertad en razón
al punible de rebelión, por lo que se pudo determinar que la privación
de la libertad - daño - se presentó del 14 de julio de 2009 al 6 de
noviembre de 2009, es decir, 3 meses y 22 días.
En este punto, indica la Sala que armonizando las actuales posturas
jurisprudenciales de la Corte Constitucional13 y del Consejo de
12
Aparte tomado de la sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente: 73001-33-33-002-2018-00299-01,
demandantes: Manuel Fernando García Moreno y otros.
13
Cita original: “Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas”.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00
Accionante: Ever Quijano Capera y otros
Estado14, en cuanto al análisis de responsabilidad por los eventos de
privación injusta de la libertad, partiendo propiamente de la
antijuridicidad, puede concluirse que ésta se configura sin mayores
exigencias cuando las causales de libertad se originan en que i) el
hecho no existió y ii) la conducta era objetivamente atípica, en los que
incluso se ha avalado el título de imputación de responsabilidad
objetiva; y en los demás supuestos, relacionados con la absolución
porque iii) no cometió el delito, iv) se dio aplicación del principio in
dubio pro reo, y v) otros eventos de liberan (sic) la responsabilidad
penal, la antijuridicidad queda supeditada al análisis de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, pues no
resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado en estos eventos, sino que es imprescindible, determinar si la
medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un
daño antijurídico imputable a la administración”.
Entonces, es claro para la Sala que, si bien los demandantes exponen la
identidad de hechos entre su caso y los estudiados en las decisiones
invocadas como precedente desconocido —enfatizando en que en uno y
en otros se produjo la absolución por ausencia de elementos de juicio
suficientes sobre la comisión del delito—, y transcriben apartes de éstas,
en los que se indica cuándo la privación de la libertad constituye un daño
antijurídico, lo cierto es que no señalan en específico cuál era la regla o
subregla de derecho allí contenida que resultaba aplicable al caso
concreto, ni exponen por qué ésta hubiera llevado a la autoridad judicial
demandada a adoptar una decisión distinta en el asunto particular.
No sobra señalar, en todo caso, que los tres precedentes invocados fueron
proferidos por una sala del Tribunal Administrativo del Tolima diferente
de la que dictó la sentencia del 23 de febrero de 2023, que aquí se
cuestiona. Por tanto, aunque en gracia de discusión se considerara
cumplida la carga argumentativa mínima, lo cierto es que la diferencia
entre estas decisiones no implica una vulneración al derecho a la igualdad,
por desconocimiento del precedente horizontal, pues se trata de jueces
distintos, aunque tengan la misma jerarquía y pertenezcan a la misma
corporación. En efecto, en virtud del principio de autonomía judicial, dos
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Cita original: “Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, 15 de agosto de 2018, radicado 66001-23-31-000-
2010-00235-01 (46947), y la sentencia Sección Tercera, Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez,
calendada el 6 de agosto de 2020, que reemplazó la sentencia antes anunciada, en cumplimiento de la
sentencia de tutela (radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01)”.
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jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de
dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga
argumentativa razonable y suficiente.
De acuerdo con lo expuesto, el incumplimiento de la carga argumentativa
que se exige en los casos en los que se alega el desconocimiento del
precedente deja en claro para la Sala que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que, respecto de la responsabilidad
administrativa por privación injusta de la libertad, adoptó el tribunal
demandado, y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional
realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado
en el proceso de reparación directa. Es decir que, en últimas, solo busca
acceder a una instancia adicional.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
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procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar al precedente que a su juicio era aplicable al caso.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado el elemento de la relevancia constitucional, en lo relativo al
tercer criterio señalado en relación con el derecho fundamental cuya
protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
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de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, declarará la
improcedencia del amparo.
3.4. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de relevancia
constitucional, respecto del derecho fundamental invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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