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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02777-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02777-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Medardo García Lozano contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00 Demandante: Medardo García Lozano TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02777-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de agosto de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: MEDARDO GARCÍA LOZANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Medardo García
Lozano contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
que estima vulnerados con ocasión de las sentencias del 17 de junio y 28
de noviembre del 2024, por medio de las cuales el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, respectivamente, denegaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la
Fiscalía General de la Nación y la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial1.

1
Proceso que se identificó con el radicado 11001-33-36-037-2021-00301-00/01.

1
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

1.2. En la referida demanda, el señor Medardo García Lozano y otros2
solicitaron que se declarara administrativa y extracontractualmente
responsable a las demandadas por los perjuicios causados con ocasión de
la privación injusta de la libertad que presuntamente sufrió García Lozano
del 28 de noviembre de 2017 al 6 de noviembre de 2018.

1.3. La demanda de reparación directa se fundamentó en que Medardo
García Lozano fue capturado como resultado de la orden expedida por el
Juzgado Octavo Penal con Función de Control de Garantías de Ibagué
como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir,
hurto calificado, secuestro simple, fabricación, porte o tenencia de armas
de fuego y receptación, en el marco de una investigación sobre la
organización criminal denominada Los Correcaminos, que delinquió en el
departamento del Tolima y en Bogotá D.C.

Entre el 27 y 28 de noviembre de 2017, el Juzgado Octavo Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Ibagué adelantó las audiencias
concentradas contra el señor Medardo García Lozano, y allí le fue
impuesta medida privativa de la libertad.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de El Espinal concedió la
libertad al señor Medardo García Lozano, con ocasión al vencimiento de
términos en el proceso que se adelantaba en su contra.

Finalmente, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de El Espinal, por medio de sentencia del 5 de septiembre
de 2019, absolvió a Medardo García Lozano con fundamento el principio
de indubio pro reo.

2
Amira Lozano de García, Irma García Lozano, Yuri Bibiana García Lozano, Zayra Julieth Marulanda García,
Laura Valentina Marulanda García, Flordely García Lozano, Camila Andrea García Lozano, Juan Sebastián Cruz
García, John Fredy García Lozano, Angie Carolina García Giraldo, Laura Stephanie García Giraldo, Fernando
García Lozano y David Fernando García Argote.

2
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Demandante: Medardo García Lozano

1.4. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado 37
Administrativo de Bogotá, quien profirió sentencia el 17 de junio de 2024,
mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda con fundamento
en que la medida de aseguramiento de detención preventiva fue impuesta
con base en el material probatorio obrante en el expediente y que esta
no fue ilegal ni desproporcionada.

1.5. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la confirmó por las mismas
razones que expuso el a quo.

1.6. La parte accionante alegó en la tutela que el Tribunal incurrió en
desconocimiento de su propio precedente, fijado por la Sección
Tercera, Subsección B, en sentencia del 15 de diciembre de 2023, que
declaró responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial
por los perjuicios causados al señor Leider Chaves Velásquez, quien fue
investigado dentro del mismo proceso penal que se adelantó contra
Medardo García Lozano. Adujo que, en esa providencia, la corporación
señaló que con la medida privativa de la libertad se impuso a la víctima
una carga que no le correspondía soportar.

Arguyó que la decisión debatida no motivó de manera suficiente las
razones por las cuales se apartó de la decisión tomada por la Sección
Tercera, Subsección B, de esa corporación, que si reconoció la
indemnización de perjuicios en un caso de idénticas características.

1.7. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes
pretensiones3:

“Tal como se puede apreciar y establecer dentro del asunto, las oficinas
judiciales accionadas no obraron o actuaron con el debido apego a las normas
y precedentes judiciales y cuya ausencia u omisión, condujeron

3
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.

3
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Demandante: Medardo García Lozano

indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda, pues en las
condiciones en que acontecieron los hechos, es deber y obligación del Estado
en aceptar su responsabilidad y en consecuencia reparar el daño antijurídico a
mi causado por la injusta privación de la libertad a que fui sometido, tal y como
lo prevé el artículo 90 de nuestra Constitución. Tal y como ha sostenido en
reiteradas oportunidades la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia,
e inclusive, la Corte Constitucional al referirse a dicha figura jurídica de ‘La
Privación de la Libertad’

Le solicito a tan selecto grupo que compone a tan excelentísima DESPACHO se
revise minuciosamente los hechos acaecidos y que son motivo de este reclamo
constitucional, para que conceda el amparo Constitucional solicitado, y en
consecuencia a ello se ordene que la entidad accionada, tome los correctivos
necesarios y que ha bien estime pertinentes, con el fin de garantizar los
derechos conculcados, por haberse transgredido o vulnerado mis derechos al
DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD JURIDICA, CONFIANZA LEGITIMA,
IGUALDAD Y A LA BUENA FE, BUEN NOMBRE. En consecuencia, se ordene que
el Estado asuma su responsabilidad y en consecuencia reparar el daño
antijurídico a mi causado por la injusta privación de la libertad a que fui
sometido.

Sería bueno se preguntará porque existen tantas bandas con el mismo nombre
CORRECAMINOS lo cual con ello terminan involucrando a personas inocentes. Y
los verdaderos culpables sueltos. A esto se llama injusticia. (…)”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El consejero de Estado Oswaldo Giraldo López, mediante escrito del 19
de mayo de 2025, manifestó impedimento para conocer el presente
asunto, con base en las causales previstas en el numeral 1º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal y en el numeral 3º del artículo 130 del
CPACA. Sin embargo, mediante auto del 29 de mayo de 2025, la Sección
Primera lo declaró infundado con fundamento en que:

“12. La Sala considera que los hechos señalados por el Consejero de Estado doctor
Oswaldo Giraldo López no se configuran en la causal de impedimento prevista en el
numeral 1. del artículo 56 de la Ley 906 porque aunque su hermano labora en la
Fiscalía General de la Nación, no se encuentran acreditados los elementos personal
y especial, característicos del interés”.

2.2. Mediante auto del 1º de julio de 2025, el despacho admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; a la Fiscalía General
de la Nación y a las señoras y las señoras Amira Lozano de García, Irma
García Lozano y Yuri Bibiana García Lozano.

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Demandante: Medardo García Lozano

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, hizo un resumen de las actuaciones adelantadas al
interior del proceso de reparación directa y sostuvo que la solicitud de
amparo deviene improcedente por ausencia de relevancia constitucional,
dado que el debate propuesto por la accionante recae sobre aspectos que
ya fueron analizados por el juez ordinario y no sobre una violación de sus
derechos fundamentales.

2.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que
las providencias atacadas fueron proferidas conforme a la ley y sin
vulnerar los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
Además, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no desempeña funciones jurisdiccionales.

2.5. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá aportó copia digital del
expediente de reparación directa con radicado 11001-33-36-037-2021-
00301-00/01.

2.6. Los señores Amira Lozano, Irma García Lozano, Flordely García
Lozano, Yury Bibiana García Lozano y Jhon Freddy García Lozano,
quienes conformaron la parte demandante en el proceso de reparación
directa, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales alegados en
el escrito de tutela, y para el efecto expusieron el impacto que sufrió su
familia debido a la investigación penal adelantada contra Medardo García
Lozano y la grave afectación que esta le produjo en el estado de salud,
pues perdió la visión.

Reiteraron los argumentos expuestos por el accionante en el escrito de
tutela frente al desconocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la
que, a uno de los enjuiciados dentro del mismo proceso penal, le fue
reconocida la reparación de perjuicios.

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Demandante: Medardo García Lozano

2.7. La Fiscalía General de la Nación, vinculada a este trámite
constitucional como tercero con interés, guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Medardo García Lozano y otros4 interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de
la Nación, con la finalidad de obtener la indemnización de los perjuicios
causados por la privación injusta de la libertad que sufrió del 28 de
noviembre de 2017 al 6 de noviembre del 2018.

3.2.2. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 17
de junio de 2014, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar
que la medida de aseguramiento impuesta a William José Lora Marmolejo
cumplió los requisitos legales.

5.2.3. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la confirmó, por las
mismas razones del a quo.

4
Ver nota al pie 2.

6
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, pues esa entidad integró la parte demandada en
el proceso de reparación directa que dio origen a las providencias
debatidas, razón por la cual las decisiones que resulten del presente
trámite constitucional pueden incidir en sus intereses.

3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

7
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.

3.3.2.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

6
M. P. Natalia Ángel Cabo.

8
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso

7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.

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Demandante: Medardo García Lozano

la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

3.3.2.1.2. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:

“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

10
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.3. Caso concreto

La Sala recuerda que los argumentos de la presente acción de tutela giran
en torno a las inconformidades de la parte actora con las sentencias del
17 de junio y 28 de noviembre de 2024, proferidas por el Juzgado 37
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

11
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Demandante: Medardo García Lozano

Sección Tercera, Subsección A, respectivamente, pues considera que no
tuvieron en cuenta la sentencia del 15 de diciembre de 2023, por medio
de la cual la Sección Tercera, Subsección B, de ese Tribunal declaró
responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por
los perjuicios sufridos por otra persona que fue investigada en el mismo
proceso penal que el señor Medardo García Lozano. A juicio de los
accionantes, las autoridades accionadas no justificaron adecuadamente
por qué se apartaron de lo decidido en ese fallo, pese a que este resolvió
hechos análogos.

3.3.3.1. Frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta
Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202110, sostuvo que en las
acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa
mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas
y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y
(iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.

Al respecto, la Sala advierte que la parte demandante invocó un
pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, y se limitó a indicar que en esa oportunidad se
resolvió un proceso de iguales circunstancias, sin embargo no efectuó una
comparación entre las particularidades de los hechos estudiados en ese
asunto y el sub examine, para acreditar que las reglas y subreglas
contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso particular.

De acuerdo con lo expuesto, los argumentos del escrito de tutela no
cumplen con la carga argumentativa mínima que se exige en los casos en

10
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

los que se alega que una providencia judicial ha incurrido en
desconocimiento del precedente judicial.

Además, la providencia invocada como precedente horizontal fue
proferida por una Subsección de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca distinta a la que dictó la providencia que
aquí se controvierte. Por lo tanto, la diferencia entre estas decisiones no
implica una vulneración al derecho a la igualdad, por desconocimiento del
precedente horizontal, pues se trata de jueces distintos, aunque tengan
la misma jerarquía y pertenezcan a la misma corporación. En efecto, en
virtud del principio de autonomía judicial, dos jueces de igual jerarquía
pueden tener criterios diferentes al momento de dictar sentencia, siempre
que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y
suficiente11.

Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está

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Esta Sección se pronunció en el mismo sentido en un asunto similar: Sentencia de tutela del 28 de
septiembre de 2023, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000 2023 04533
00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el análisis efectuado por las autoridades de la jurisdicción,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.

Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el presupuesto estudiado, razón
por la cual resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales.

3.3.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Medardo García Lozano contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 02777 00
Demandante: Medardo García Lozano

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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