Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03081-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03081-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03081-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
8 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03081 00
Accionante: Diego Fernando Otavo Villalba
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03081 00
Accionante: DIEGO FERNANDO OTAVO VILLALBA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Fernando
Otavo Villalba, por intermedio de apoderada, contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
que estima vulnerados con ocasión de los proveídos del 4 de septiembre
y 28 de noviembre de 2024, proferidos por el Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, mediante los cuales fue rechazada la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial; la Fiscalía General de la Nación, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Nación, Ministerio de Justicia y del
Derecho, Ministerio de Defensa, Policía Nacional; el Municipio de Ibagué y
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Accionante: Diego Fernando Otavo Villalba
el Departamento del Tolima, al encontrar configurada la caducidad del
medio de control1.
1.2. En el mencionado medio de control el aquí accionante junto con María
Elena Villalba Hernández, Ricardo Alfredo Bermúdez Villalba, Samuel
Eduardo Bermúdez Villalba y David Augusto Otavo Villalba, solicitaron
que se declarara administrativa y patrimonialmente responsables a las
demandadas por los perjuicios causados con ocasión del hacinamiento
sufrido desde el 24 de abril de 2021 hasta el 22 de julio de 2022, mientras
se encontraba detenido en las instalaciones de la Permanente Central de
la Policía de Ibagué.
1.3. El demandante informó que, para constatar la situación referida,
solicitó a la Policía Metropolitana de Ibagué que le informara la capacidad
del centro de reclusión y si en este existía hacinamiento carcelario. Dijo
que, mediante oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 del
19 de enero de 2023, la autoridad le manifestó que el lugar tenía cupo
para máximo de 46 personas privadas de la libertad y que existía un
hacinamiento del 514%.
1.4. Aseveró que, con la anterior información, el 16 de febrero de 2024
presentó solicitud de conciliación extrajudicial; que la constancia de no
haberse logrado acuerdo fue expedida el 22 de marzo del mismo año y
que radicó la demanda ese mismo día.
1.5. El medio de control correspondió al Juzgado Noveno Administrativo
de Ibagué, autoridad que, en proveído del 4 de septiembre de 2024, lo
rechazó al considerar que había operado la caducidad, con fundamento
en que la jurisprudencia del Consejo de Estado2 ha sostenido que la
caducidad en los casos de hacinamiento carcelario se contabiliza desde el
momento en que el interno tuvo conocimiento de tal situación, esto es,
1
Proceso que se identificó con el radicado 73001-33-33-009-2024-00178 00/01.
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P.
Guillermo González Luque.
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desde el primer día de la privación de la libertad, aunque el daño perdure
en el tiempo.
Por lo tanto, adujo que en este caso la caducidad había corrido desde el
inicio de la reclusión y hasta el 25 de abril de 2023, pero la demanda fue
radicada el 22 de marzo de 2024.
1.6. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante auto del 28 de noviembre de 2024, que la confirmó por los
mismos motivos expuestos por el a quo.
1.7. La parte accionante sostuvo que las decisiones objeto de debate
incurrieron en desconocimiento del precedente fijado por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la sentencia del 6 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148),
M.P. Guillermo Sánchez Luque, donde se determinó que el conteo de la
caducidad en el medio de control de reparación directa comienza a partir
de que la víctima tiene conocimiento del daño.
Además, sostuvo que se desconoció la sentencia del 24 de enero de 2018,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, radicado 11001-31-03-010-
2011-00675-01, “en un caso en el que se había decretado la caducidad
de la acción, aplicando criterio similar al del honorable Consejo de
Estado”.
1.8. Por otro lado, sostuvo que las decisiones atacadas incurrieron en
desconocimiento del precedente horizontal, al no tener en cuenta las
sentencias del 8 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, radicado 63001-
3333-005-2024-00227-01, M.P. Luis Javier Rosero Villota; del 5 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01, M.P. Luis Eduardo Collazos
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Accionante: Diego Fernando Otavo Villalba
Olaya; del 29 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, radicado 05001-33-33-029-2019-
00033-01, M.P. Liliana P. Navarro Giraldo, en las que se sostuvo que el
término de caducidad del medio de control de reparación directa en los
casos donde se alega hacinamiento durante el tiempo de reclusión, se
debe computar desde el día en que cesó tal condición.
1.9. Conforme con lo anterior, el accionante sostuvo que la caducidad del
medio de control debió computarse a partir del 23 de julio de 2022, es
decir, desde el día siguiente a la fecha en la que recuperó su libertad. Por
lo tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial
se presentó el 16 de febrero de 2024 y la constancia de no acuerdo fue
expedida el 22 de marzo del mismo año, la demanda podía presentarse
hasta el 29 de agosto de 2024, y como se presentó el mismo día en que
fue expedida la constancia de no acuerdo conciliatorio, se hizo dentro del
plazo establecido.
1.10. Finalmente, señaló que las decisiones incurrieron en defecto
sustantivo al omitir las reglas fijadas por la Corte Constitucional (no
especificó pronunciamientos) y el Consejo de Estado, en relación con la
caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de
daños continuados.
1.11. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las
siguientes pretensiones:
“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 4 de
septiembre de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 28 de noviembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA
de DIEGO FERNANDO OTAVO VILLALBA, radicado No. 73001-33-33-009-2024-
00178-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como:
auto de obedézcase y cúmplase del 5 de febrero de 2.025, y subsiguientes,
proferidas por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que
no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados”.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El consejero de Estado Oswaldo Giraldo López, mediante escrito del
28 de mayo de 2025, manifestó impedimento para conocer el presente
asunto, con base en las causales previstas en el numeral 1º del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal y en el numeral 3º del artículo 130
del CPACA. Sin embargo, mediante auto del 5 de junio de 2025, la Sección
Primera lo declaró infundado con fundamento en que:
“12. La Sala considera que los hechos señalados por el Consejero de Estado
doctor Oswaldo Giraldo López no se configuran en la causal de impedimento
prevista en el numeral 1. del artículo 56 de la Ley 906 porque aunque su hermano
labora en la Fiscalía General de la Nación, no se encuentran acreditados los
elementos personal y especial, característicos del interés.”.
2.2. Mediante auto del 1° de julio de 2025, el despacho admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación, Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al INPEC, a la USPEC, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, al Municipio de Ibagué y al Departamento del Tolima.
2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima hizo un resumen de las
consideraciones expuestas en la decisión objeto de debate y manifestó
que en esta no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales
de la parte accionante, toda vez que fue proferida conforme a derecho, y
que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de procedibilidad
previstas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado.
2.4. El Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué resumió las
consideraciones de la providencia objeto de debate y manifestó que la
parte actora no demostró la vulneración de los derechos fundamentales
alegados, pues aquella se dictó después de analizar y valorar las pruebas
obrantes en el expediente, aplicando el precedente de la Sección Tercera
del Consejo de Estado respecto del estudio de la caducidad en temas de
hacinamiento.
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Accionante: Diego Fernando Otavo Villalba
2.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no se
evidencia conducta alguna por parte suya que haya vulnerado los
derechos fundamentales de la parte accionante. Además, enfatizó en que
la acción de tutela no puede utilizarse como vía para reabrir debates que
ya fueron objeto de análisis por el juez natural del asunto.
2.6. El INPEC sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa por
pasiva, dado que las inconformidades alegadas por el accionante no se
encuentran dirigidas en su contra. Por ende, no le corresponde atender a
tales requerimientos por lo que solicitó ser desvinculado del presente
trámite constitucional.
2.7. La USPEC solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, dado
que la accionante pretende reabrir un debate ya zanjado por el juez
natural y no se acreditan los defectos alegados en el escrito de tutela.
2.8. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional. Argumentó que no
cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues el objeto de la
demanda es competencia exclusiva de las autoridades judiciales que
expidieron las decisiones que se controvierten.
2.9. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las decisiones objeto de
debate fueron proferidas por autoridades judiciales y, por lo tanto, no
tiene competencia para incidir sobre las pretensiones de los
demandantes.
Además, señaló que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y que la
actora no acreditó la materialización los defectos alegados
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2.10. El Municipio de Ibagué solicitó ser desvinculado del trámite
constitucional con fundamento en que no incurrió en ninguna conducta
que provocara la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.
2.11 El Departamento del Tolima y la Nación, Rama Judicial
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El señor Diego Fernando Otavo Villalba y otros, el 22 de marzo de
2024, presentaron demanda de reparación directa contra el Municipio de
Ibagué, el Departamento del Tolima, la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial; el INPEC, la USPEC, la Nación,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, y la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de obtener la
indemnización de los perjuicios causados por las condiciones de
hacinamiento que padeció entre el 24 de abril de 2021 y el 22 de julio de
2022, mientras estuvo privado de libertad en la Permanente Central de la
Policía de Ibagué.
3.2.2. Mediante auto del 4 de septiembre de 2024, el Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué rechazó la demanda al considerar que había
operado la caducidad del medio de control.
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3.2.3. La parte demandante apeló la anterior providencia y, mediante
proveído del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Tolima la confirmó.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a las solicitudes de
desvinculación del trámite tutelar formuladas por los Ministerios de
Justicia y del Derecho y de Defensa, Policía Nacional; la Fiscalía General
de la Nación, el Municipio de Ibagué y el INPEC, pues esas autoridades
integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa que
dio origen a las providencias debatidas, razón por la cual las decisiones
que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus
intereses.
3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.
3.3.2.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
3.3.2.1.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho7:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.3. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, las providencias del 4 de septiembre y 28 de noviembre de 2024,
proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, respectivamente: (i) desconocieron el
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precedente del Consejo de Estado8 y la Corte Suprema de Justicia9, que
sostiene que el término establecido para presentar la demanda de
reparación directa debe ser computado a partir del momento en que la
víctima tiene conocimiento del daño, (ii) desconocieron el precedente
horizontal fijado por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta
de Decisión, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión10, que señalaron que
el término de caducidad en los casos de hacinamiento en centros de
reclusión se computa desde el día en que cesa dicha condición, y (iii)
defecto sustantivo al interpretar la normativa que establece el término de
caducidad, sin tener en cuenta los precedentes de la Corte
Constitucional11 y el Consejo de Estado.
3.3.3.1. Ahora bien, frente al desconocimiento del precedente alegado,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202112,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar
pronunciamientos del Consejo de Estado la Corte Suprema de Justicia y
de los Tribunales Administrativos del Quindío, Tolima y Antioquia, sin
efectuar una comparación entre las particularidades de los hechos
estudiados en esos asuntos y el sub examine, para acreditar que las reglas
y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso
particular.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de diciembre de 2022, radicado 05001-
23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
9
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 24 de enero de 2018, radicado 11001-31-03-010-2011-00675-01
10
Citadas en el numeral 1.8 de esta providencia.
11
No especificó pronunciamientos.
12
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03081 00
Accionante: Diego Fernando Otavo Villalba
De acuerdo con lo expuesto, los argumentos del escrito de tutela no
cumplen con la carga argumentativa mínima que se exige en los casos en
los que se alega que una providencia judicial ha incurrido en
desconocimiento del precedente judicial.
No sobra señalar, en particular, que las providencias invocadas como
precedente horizontal fueron proferidas por autoridades judiciales
diferentes a la aquí accionada, esto es, dos corresponden a los Tribunales
Administrativos de Antioquia y Quindío, y una al Tribunal Administrativo
del Tolima, pero de una Sala distinta a la que dictó la providencia que
aquí se controvierte.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la diferencia entre estas
decisiones no implica una vulneración al derecho a la igualdad, por
desconocimiento del precedente horizontal, pues se trata de jueces
distintos, aunque tengan la misma jerarquía y pertenezcan a la misma
corporación. En efecto, en virtud del principio de autonomía judicial, dos
jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de
dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga
argumentativa razonable y suficiente13.
Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.
3.3.3.2. Adicionalmente, la Sala considera que los argumentos expuestos
por la parte demandante en cuanto a la interpretación de la normativa
que establece el término de caducidad, constituyen simplemente la
13
Esta Sección se pronunció en el mismo sentido en un asunto similar: Sentencia de tutela del 28 de
septiembre de 2023, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000 2023 04533
00.
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Accionante: Diego Fernando Otavo Villalba
reiteración del debate que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja
en claro que sólo busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso
planteado.
Por lo tanto, es claro que la actora sólo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo de protección.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
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de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la interpretación que la autoridad judicial realizó respecto del
asunto objeto de debate, como si este mecanismo pudiera emplearse
como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, razón por la cual resulta completamente
innecesario el estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales.
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Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por los Ministerios de Justicia y del Derecho y de
Defensa, Policía Nacional; la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de
Ibagué y el INPEC.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Diego Fernando Otavo Villalba contra el Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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