Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05655-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05655-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05655-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de enero de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05655 01
Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05655 01
Demandante: FRANKLIN HERNÁN FAJARDO ANDRADE Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 7 de noviembre de 2024, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Franklin Hernán Fajardo Andrade y María Camila Fajardo
Ordoñez, por intermedio de apoderado, solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a “la confianza
legítima” y a la “reparación integral”, que estiman vulnerados con ocasión
de la sentencia del 9 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
medio de la cual revocó la providencia dictada el 11 de julio de 2023 por
el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05655 01
Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), el
Departamento de Putumayo y el Municipio de Mocoa1.
1.2. En el referido medio de control los accionantes solicitaron que se
declarara administrativamente responsables a las demandadas por los
perjuicios causados con ocasión de la avenida torrencial ocurrida durante
la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 en el
Municipio de Mocoa (Putumayo), que destruyó los enseres y pertenencias
personales que se encontraban en su lugar de residencia, pues, a su
juicio, omitieron tomar las medidas preventivas correspondientes.
1.3. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado 61
Administrativo de Bogotá, quien profirió sentencia el 11 de julio de 2023,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
al considerar que se produjo una falla del servicio al no demostrarse la
voluntad de ejecución de obras para la mitigación del desastre por parte
de las demandadas.
1.4. Las partes apelaron la anterior decisión y, mediante providencia del
9 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, la revocó y en su lugar denegó las pretensiones
de la demanda al considerar que la causa de los daños reclamados por los
demandantes no correspondió a la omisión de las entidades demandadas
en el cumplimiento de sus funciones de identificación y prevención del
riesgo, sino a la ocurrencia de un hecho extraño e imprevisible, como lo
fue la lluvia sin precedentes presentada en el Municipio de Mocoa entre la
noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017.
1.5. Los accionantes alegaron en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
pues, a su juicio, existía suficiente evidencia de la omisión de las
entidades demandadas en cuanto a las funciones de prevención y
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Proceso que se identificó con el radicado 11001 33 43 061 2019 00129 00/01.
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Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
mitigación del riesgo. Dichas pruebas, según alegan, evidenciaban que
las entidades demandadas no gestionaron acciones para prevenir la
tragedia, más allá de simplemente dar advertencias sobre su posible
ocurrencia.
1.7. Señalaron que la decisión atacada incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal porque el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en diferentes providencias
ha concedido las pretensiones a los demandantes por los mismos hechos,
y que, dentro de aquellas se ha resuelto el mismo problema jurídico, es
decir, “determinar la responsabilidad de las entidades demandadas con
ocasión de la tragedia ocurrida el día 31 de marzo de 2017”.
En concreto, hizo referencia a los siguientes asuntos: (i) radicado número
11001333603120190007501, M.P. Franklin Pérez Camargo, (ii) radicado
número 11001334306320190015701, M.P. Clara Cecilia Suárez Vargas,
(iii) radicado número 11001334306320190010101, M.P. Clara Cecilia
Suárez Vargas, (iv) radicado número 11001333603120190004701, M.P.
Jorge Armando Gaviria López, (v) radicado número
11001334306420190010401, M.P. Franklin Pérez Camargo, (vi) radicado
número 11001334306120190006801, M.P. Franklin Pérez Camargo, (vii)
radicado número 11001334306520190009101, M.P. Franklin Pérez
Camargo, (viii) radicado número 11001333603320190014101, M.P. Clara
Cecilia Suárez, (ix) radicado número 11001333603120190007801, M.P.
Clara Cecilia Suárez, (x) radicado número 11001333603320190008201,
M.P. Franklin Pérez Camargo, (xi) radicado número
11001334306120190010401, M.P. Henry Aldemar Barreto, (xii) radicado
número 11001333603320190009601, M.P. Henry Aldemar Barreto, (xiii)
radicado número 11001333603420190015401 M.P. Henry Aldemar
Barreto.
A juicio de la parte accionante, el análisis realizado en las providencias
citadas debe hacerse extensivo a todos los afectados por la tragedia
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ocurrida en el Municipio de Mocoa, lo que, en su sentir, demuestra que no
existen razones para negar las pretensiones de la demanda y que tiene
derecho a una reparación integral.
1.8. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones:
“De la manera más comedida solicito que se tutelen los derechos
fundamentales de mis representados y en consecuencia, se deje sin
efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección 3 – Subsección A, el día 09 de mayo de 2024,
dentro del proceso 11001-3343-061-2019-00129-01, y en su lugar se
profiera una sentencia de reemplazo, favorable a las suplicas de la
demanda de reparación directa instaurada, al tenor de la proferida por
el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá en primera instancia y las
emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que
acompañan la presente tutela”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 24 de octubre de 2024, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Juzgado 61
Administrativo de Bogotá, a la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; a la UNGRD, a Corpoamazonía, al Departamento del Putumayo
y al Municipio de Mocoa.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, manifestó que no hay lugar a acceder a la acción de
tutela, pues no se configuró el defecto fáctico alegado, si se tiene en
cuenta que la decisión que ataca analizó en conjunto las pruebas obrantes
en el expediente, para concluir que la causa del daño fue un evento
externo, irresistible e imprevisible para la parte demandada.
Además, adujo que no se desconoció el precedente, pues las providencias
proferidas por otra subsección no constituyen precedente judicial
obligatorio, comoquiera que no provienen del superior con funciones de
unificación de jurisprudencia, lo cual fue manifestado en el fallo de
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segunda instancia. Y, en todo caso, el accionante no justificó por qué
razón deberían aplicarse dichas sentencias al caso particular.
2.3. El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá allegó copia del
expediente digital de la reparación directa identificada con el radicado
número 11001-3343-061-2019-00129-00.
2.4. La Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
sostuvo que es la judicatura a quien corresponde pronunciarse sobre las
pretensiones de los accionantes. Sin embargo, manifestó que acatará lo
que sea resuelto dentro del presente trámite constitucional.
2.5. La UNGRD, por intermedio de apoderada, alegó que carece de
legitimación en la causa por pasiva para actuar dentro del trámite
constitucional. Además, manifestó que la providencia atacada no incurrió
en el defecto indicado por los accionantes, y que carece de relevancia
constitucional porque no desconoció garantías fundamentales.
2.6. El Departamento del Putumayo hizo un resumen de las
actuaciones procesales adelantadas dentro del medio de control de
reparación directa, y manifestó que el amparo resulta improcedente, pues
lo pretendido por los accionantes es instrumentalizar la acción de tutela,
con el objeto de acceder a una instancia adicional.
2.7. El Municipio de Mocoa informó sobre las actuaciones realizadas con
anterioridad a la tragedia del 31 de marzo del 2017 a fin de mitigar el
riesgo y señaló que estas se demostraron en el proceso de reparación
directa, razón por la cual se declaró el eximente de responsabilidad de
fuerza mayor. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que no se presentó
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción de
tutela.
2.8. Corpoamazonía guardó silencio.
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 7 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente la solicitud de amparo por
ausencia del requisito de relevancia constitucional, al considerar que con
esta se pretende reabrir una discusión que ya fue objeto de estudio y de
decisión en sede ordinaria, y así instrumentalizar la acción de tutela para
obtener una instancia adicional.
Además, sostuvo que la decisión atacada no incurrió en defecto fáctico
porque realizó adecuadamente el análisis y la valoración probatoria
tendiente a demostrar el acaecimiento de un suceso natural que resultaba
de carácter extraño e imprevisible. De igual manera, adujo que no se
había presentado el desconocimiento del precedente alegado, pues esta
se apartó de los proveídos dictados por la Sección Tercera, Subsección B
en ejercicio la autonomía judicial, sin incurrir en desmedro del derecho
fundamental a la igualdad.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró
los argumentos de la demanda en relación con el defecto fáctico por
indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente, en
los que aduce que incurrió la providencia objeto de tutela.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Franklin Hernán Fajardo Andrade y María Camila
Fajardo Ordoñez interpusieron demanda de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la UNGRD, la
Corpoamazonía, el Departamento de Putumayo y el Municipio de Mocoa,
con la finalidad de obtener la indemnización de los daños materiales
causados por la avenida torrencial ocurrida durante la noche del 31 de
marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 en el Municipio de Mocoa.
5.2.2. El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 11
de julio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
al considerar que se configuró una falla del servicio por no haber quedado
acreditadas las acciones realizadas por las demandadas para prevenir el
desastre.
5.2.3. Las partes apelaron la anterior decisión y, mediante providencia
del 9 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, la revocó y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda al considerar que la causa de los daños
reclamados por los demandantes fue un hecho extraño e imprevisible.
5.2.4. Los señores Franklin Hernán Fajardo Andrade y María Camila
Fajardo Ordoñez radicaron acción de tutela contra la anterior decisión, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulada por la UNGRD, pues esta
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integró la parte demandada en el proceso de reparación directa que dio
origen a la providencia debatida, razón por la cual las decisiones que
resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus
intereses.
5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
En este caso, los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a “la confianza legítima”
y a la “reparación integral”, que estiman vulnerados con ocasión de la
sentencia del 9 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual
revocó la providencia dictada el 11 de julio de 2023 por el Juzgado 61
Administrativo de Bogotá, y en su lugar denegó las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; la UNGRD, la Corpoamazonía, el
Departamento de Putumayo y el Municipio de Mocoa4.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
5.3.2.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
4
Ver nota al pie 1.
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Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
5.3.2.1.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho7:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.3. Caso concreto
La Sala recuerda que los argumentos de la presente acción de tutela giran
en torno a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 9
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Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, pues considera que esta
incurrió en: (i) defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que,
a su juicio, demostraban la omisión en la que incurrieron las entidades
demandadas en cuanto a su función de prevención y mitigación del riesgo,
lo que dio lugar a los daños materiales producidos por una avenida
torrencial ocurrida durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del
1 de abril de 2017 en el Municipio de Mocoa, y (ii) en desconocimiento del
precedente horizontal, al desconocer los pronunciamientos realizados por
la Sección Tercera, Subsección B, del mismo Tribunal en relación con los
mismos hechos.
5.3.3.1. Siendo así, la Sala considera que los argumentos expuestos por
la parte demandante constituyen simplemente la reiteración del debate
que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo
busca ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que
llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado.
Por lo tanto, es claro que la actora sólo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo de protección.
5.3.2.2. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente
alegado, se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre
de 20218, sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial
en las que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como
carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05655 01
Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar y a citar
trece sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, pero limitándose a
manifestar que el problema jurídico que se resolvió en esos casos era el
mismo, sin efectuar una comparación entre las particularidades de los
hechos estudiados en esos asuntos y el sub examine, para acreditar que
las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables
a su caso particular.
No sobra señalar, en todo caso, que los trece precedentes invocados
fueron proferidos por una sala del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca diferente de la que dictó la sentencia del 9 de mayo de
2024, que aquí se cuestiona. Por tanto, aunque en gracia de discusión se
considerara cumplida la carga argumentativa mínima, lo cierto es que la
diferencia entre estas decisiones no implica una vulneración al derecho a
la igualdad, por desconocimiento del precedente horizontal, pues se trata
de jueces distintos, aunque tengan la misma jerarquía y pertenezcan a la
misma corporación. En efecto, en virtud del principio de autonomía
judicial, dos jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al
momento de dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una
carga argumentativa razonable y suficiente9.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima que se exige en los casos en los que se alega que
una providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente
judicial. Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora
simplemente se encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte
accionada, y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional
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Esta Sección se pronunció en el mismo sentido en un asunto similar: Sentencia de tutela del 28 de septiembre
de 2023, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00.
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realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado
en el proceso de reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
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es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la valoración probatoria efectuada por las autoridades de la
jurisdicción y a pedir que se aplique la interpretación que más le favorece,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, que declaró improcedente la presente acción de tutela, al
constatar la ausencia del requisito de relevancia constitucional respecto
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
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Demandante: Franklin Hernán Fajardo Andrade y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la UNGRD.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
declaró la improcedencia del amparo.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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