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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02108-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02108-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Policía Nacional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Rubén Darío Santacoloma López contra el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 02108 00 Accionante: Rubén Darío Santacoloma López TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02108-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de junio de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02108 00
Accionante: Rubén Darío Santacoloma López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02108 00
Accionante: RUBÉN DARÍO SANTACOLOMA LÓPEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Rubén Darío
Santacolma López, por intermedio de apoderada, contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
que estima vulnerados con ocasión de los proveídos del 6 de agosto y 14
de noviembre de 2024, proferidos por el Juzgado Décimo Administrativo
de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente,
mediante los cuales fue rechazada la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación, Rama Judicial; la Fiscalía General de la Nación,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional; el
Municipio de Ibagué y el Departamento del Tolima, al encontrar
configurada la caducidad del medio de control1.

1
Proceso que se identificó con el radicado 73001-33-33-010-2024-00139-00/01.

1
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Accionante: Rubén Darío Santacoloma López

1.2. En el mencionado medio de control el aquí accionante solicitó que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la parte
demandada por los perjuicios causados con ocasión del hacinamiento
sufrido desde el 19 de julio de 2021 hasta el 9 de agosto de 2022,
mientras se encontraba detenido en las instalaciones de la Permanente
Central de la Policía de Ibagué.

1.3. El demandante informó que, para constatar la situación referida,
solicitó a la Policía Metropolitana de Ibagué que le informara la capacidad
del centro de reclusión y si en este existía hacinamiento carcelario. Dijo
que, mediante oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 del
19 de enero de 2023, la autoridad le manifestó que el lugar tenía cupo
para máximo de 46 personas privadas de la libertad y que existía un
514% de hacinamiento.

1.4. Aseveró que, con la anterior información, el 8 de abril de 2024
presentó solicitud de conciliación extrajudicial; que la constancia de no
haberse logrado acuerdo fue expedida el 7 de junio del mismo año y que
radicó la demanda el 11 de junio de 2024.

1.5. El medio de control correspondió al Juzgado Décimo Administrativo
de Ibagué, autoridad que, en proveído del 6 de agosto de 2024, lo rechazó
al considerar que había operado la caducidad, con fundamento en que la
jurisprudencia del Consejo de Estado2 ha sostenido que la caducidad en
los casos de hacinamiento se contabiliza desde el momento en que el
interno tuvo conocimiento de tal situación, aunque el daño perdure en el
tiempo.

Entonces, advirtió que el señor Rubén Darío Santacolma López había
conocido del hacinamiento desde el primer día en que estuvo privado de
la libertad, comoquiera que en el Oficio GS-2023-003124 del 19 enero de
2023 la entidad le informó a su apoderado que para el año 2021 el
hacinamiento en el centro de reclusión era del 514%. Por lo tanto, adujo

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P.
Guillermo González Luque.

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Accionante: Rubén Darío Santacoloma López

que la caducidad había corrido desde el inicio de la reclusión y hasta el 19
de julio de 2023, pero la demanda fue radicada el 12 de junio de 2024.

1.6. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante auto del 14 de noviembre de 2024, que la confirmó por los
mismos motivos expuestos por el a quo, aunque precisó que el término
había corrido hasta el 20 de julio de 2023.

1.7. La parte accionante sostuvo que las decisiones objeto de debate
incurrieron en desconocimiento del precedente fijado por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la sentencia del 6 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148),
M.P. Guillermo Sánchez Luque, donde se determinó que el conteo de la
caducidad en el medio de control de reparación directa comienza a partir
de que la víctima tiene conocimiento del daño.

Además, sostuvo que se desconoció la sentencia del 24 de enero de 2018,
proferida por la Corte Suprema de Justicia, radicado 11001-31-03-010-
2011-00675-01, “en un caso en el que se había decretado la caducidad
de la acción, aplicando criterio similar al del honorable Consejo de
Estado”.

1.8. Por otro lado, sostuvo que las decisiones atacadas incurrieron en
desconocimiento del precedente horizontal, al no tener en cuenta las
sentencias del 8 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, radicado 63001-
3333-005-2024-00227-01, M.P. Luis Javier Rosero Villota; del 5 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01, M.P. Luis Eduardo Collazos
Olaya; del 29 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, radicado 05001 33 33 029 2019
00033 01, M.P. Liliana P. Navarro Giraldo, en las que se sostuvo que el
término de caducidad del medio de control de reparación directa en los

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casos donde se alega hacinamiento durante el tiempo de reclusión, se
debe computar desde el día en que cesó tal condición.

1.9. Conforme con lo anterior, el accionante sostuvo que la caducidad del
medio de control debió computarse a partir del 10 de agosto de 2022, es
decir, desde el día siguiente a la fecha en la que él recobró la libertad. Por
lo tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial
se presentó el 8 de abril de 2024 y la constancia de no acuerdo fue
expedida el 7 de junio del mismo año, la demanda podía presentarse
hasta el 9 de octubre de 2024, y como se presentó el 11 de junio de 2024,
se hizo dentro del plazo establecido.

1.10. Finalmente, sostuvo que las decisiones incurrieron en defecto
sustantivo al omitir las reglas fijadas por la Corte Constitucional (no
especificó pronunciamientos) y el Consejo de Estado, en relación con la
caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de
daños continuados.

1.11. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las
siguientes pretensiones:

“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 6 de
agosto de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el
14 de noviembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de RUBÉN
DARÍO SANTACOLOMA LÓPEZ, radicado No. 73001-33-33-010-2024-00139-00,
así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de
obedézcase y cúmplase del 10 de diciembre de 2.024, y subsiguientes,
proferidas por el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que
no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El consejero de Estado Oswaldo Giraldo López, mediante escrito del
22 de abril de 2025, manifestó impedimento para conocer el presente
asunto, con base en las causales previstas en el numeral 1º del artículo

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56 del Código de Procedimiento Penal y en el numeral 3º del artículo 130
del CPACA. Sin embargo, mediante auto del 2 de mayo de 2025, la
Sección Primera lo declaró infundado con fundamento en que:

“12. La Sala considera que los hechos señalados por el Consejero de Estado
doctor Oswaldo Giraldo López, no se configuran en la causal de impedimento
prevista en el numeral 1. del artículo 56 de la Ley 906, porque aunque su
hermano labora en la Fiscalía General de la Nación no se advierte que con ocasión
a dicha relación laboral tenga un interés personal en esta actuación procesal”.

2.2. Mediante auto del 21 de mayo de 2025, el despacho admitió la tutela
y ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación, Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, al Municipio de Ibagué y al Departamento del
Tolima.

2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima hizo un resumen de las
consideraciones expuestas en la decisión objeto de debate y manifestó
que en ella no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales de
la parte accionante, toda vez que fue proferida conforme a derecho, y que
no se encuentra incursa en ninguna de las causales de procedibilidad
previstas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado.

2.4. El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué resumió las
consideraciones de la providencia objeto de debate y manifestó que la
parte actora no demuestra la vulneración de los derechos fundamentales
alegados, pues se dictó después de analizar y valorar las pruebas obrantes
en el expediente, aplicando el precedente jurisprudencial de la Sección
Tercera del Consejo de Estado respecto del estudio de la caducidad en
temas de hacinamiento.

2.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó informe en el que
manifestó que esa cartera se encuentra comprometida con el
mejoramiento de la calidad de vida de la población privada de la libertad
en el marco de sus funciones y competencias. En tal sentido, solicitó su

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desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no se evidencia conducta alguna por parte suya que haya vulnerado
los derechos fundamentales de la parte accionante.

2.6. El INPEC manifestó que la solicitud de amparo es improcedente
porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta
que el demandante dispone del recurso extraordinario de revisión para
controvertir la decisión que ataca en sede de tutela. Además, indicó que
la acción constitucional no cumple el requisito de inmediatez y citó la
sentencia T-183 de 2013, sin hacer más consideraciones al respecto.

2.7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué intervino en representación de la Rama Judicial e indicó que la
acción de tutela es improcedente porque el actor pretende reabrir un
debate que ya se adelantó en el proceso ordinario y así constituirla en una
instancia adicional.

2.8. La Policía Metropolitana de Ibagué solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, argumentando que no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, pues el objeto de la demanda es
competencia exclusiva de las autoridades judiciales que expidieron las
decisiones que se controvierten.

2.9. la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Ibagué y el
Departamento del Tolima guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El accionante, el 11 de junio de 2024, presentó demanda de
reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, el INPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, el Municipio de Ibagué y el Departamento del
Tolima, con la finalidad de obtener la indemnización de los perjuicios
causados por las condiciones de hacinamiento que padeció entre el 10 de
julio de 2021 y el 9 de agosto de 2022, mientras estuvo privado de
libertad en la Permanente Central de la Policía de Ibagué.

3.2.2. Mediante auto del 6 de agosto de 2024, el Juzgado Décimo
Administrativo de Ibagué rechazó la demanda al considerar que había
operado la caducidad del medio de control.

3.2.3. La parte demandante apeló la anterior providencia y, mediante
proveído del 14 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Tolima, la confirmó.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Cuestión previa

La Sala estima que no es procedente acceder a las solicitudes de
desvinculación del trámite tutelar formuladas por el Ministerio de Justicia
y del Derecho y la Policía Metropolitana de Ibagué, pues esas autoridades
integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa que
dio origen a las providencias debatidas, razón por la cual las decisiones
que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus
intereses.

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3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.3. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.

3.3.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la

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sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

3.3.3.1.1. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 7:

“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,

5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en

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la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.4. Caso concreto

En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, las providencias del 6 de agosto y 14 de noviembre de 2024,
proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, respectivamente: (i) desconocieron el
precedente del Consejo de Estado8 y la Corte Suprema de Justicia9, que
sostiene que el término establecido para presentar la demanda de
reparación directa debe ser computado a partir del momento en que la
víctima tiene conocimiento del daño, (ii) desconocieron el precedente
horizontal fijado por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta
de Decisión, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión10, que señalaron que
el término de caducidad en los casos de hacinamiento en centros de
reclusión se computa desde el día en que cesa dicha condición, y (iii)
defecto sustantivo al interpretar la normativa que establece el término de
caducidad, sin tener en cuenta los precedentes de la Corte
Constitucional11 y el Consejo de Estado.

3.3.4.1. Ahora bien, frente al desconocimiento del precedente alegado,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202112,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de diciembre de 2022, radicado 05001-
23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
9
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 24 de enero de 2018, radicado 11001-31-03-010-2011-00675-01
10
Citadas en el numeral 1.8 de esta providencia.
11
No especificó pronunciamientos.
12
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

12
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Accionante: Rubén Darío Santacoloma López

argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar y a citar
una sentencia proferida por el Consejo de Estado y otra de la Corte
Suprema de Justicia, y otras de los Tribunales Administrativos del
Quindío, Tolima y Antioquia, sin efectuar una comparación entre las
particularidades de los hechos estudiados en esos asuntos y el sub
examine, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio
decidendi le eran aplicables a su caso particular.

De acuerdo con lo expuesto, los argumentos del escrito de tutela no
cumplen con la carga argumentativa mínima que se exige en los casos en
los que se alega que una providencia judicial ha incurrido en
desconocimiento del precedente judicial.

No sobra señalar, en particular, que las providencias invocadas como
precedente horizontal fueron proferidas por autoridades judiciales
diferentes a la aquí accionada, esto es, dos corresponden a los Tribunales
Administrativos de Antioquia y Quindío, y una al Tribunal Administrativo
del Tolima, pero de una Sala distinta a la que dictó la providencia que
aquí se controvierte13.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la diferencia entre estas
decisiones no implica una vulneración al derecho a la igualdad, por
desconocimiento del precedente horizontal, pues se trata de jueces
distintos, aunque tengan la misma jerarquía y pertenezcan a la misma
corporación. En efecto, en virtud del principio de autonomía judicial, dos

13
Ver el salvamento de voto del magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, índice 7 del expediente con radicado
73001-33-33-001-2024-00124-01 en SAMAI.

13
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jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de
dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga
argumentativa razonable y suficiente14.

Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

3.3.4.2. Adicionalmente, la Sala considera que los argumentos expuestos
por la parte demandante en cuanto a la interpretación de la normativa
que establece el término de caducidad, constituyen simplemente la
reiteración del debate que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja
en claro que sólo busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso
planteado.

Por lo tanto, es claro que la actora sólo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo de protección.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la

14
Esta Sección se pronunció en el mismo sentido en un asunto similar: Sentencia de tutela del 28 de
septiembre de 2023, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000 2023 04533
00.

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controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del

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debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la interpretación que la autoridad judicial realizó respecto del
asunto objeto de debate, como si este mecanismo pudiera emplearse
como una instancia adicional.

Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Policía
Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Rubén Darío Santacoloma López contra el Juzgado Décimo
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.

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TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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