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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-04413-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-04413-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR LA EXCEPCIÓN de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Policía Nacional. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los señores HUMBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ OBANDO y MARINA SOSA SÁNCHEZ. Consecuencialmente, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 20 de septiembre de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” dentro del medio de control de reparación directa No. 11001-33-36-031-2016-00251, para que, dentro de los 10 siguientes a la notificación del presente proveído, profiera uno nuevo de conformidad con las razones expuestas en relación con el carácter continuado del desplazamiento forzado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados, según el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-04413-00

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

14 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TEORÍA DEL DAÑO CONTINUADO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO - Frente a la existencia de un daño continuado / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO - A partir de la cesación del daño

Anticipa la Sala que las censuras presentadas por el libelista no permiten rebatir lo resuelto por el Tribunal acusado frente a la connotación de lesa humanidad de los hechos de desplazamiento alegados. No obstante, ello no impide que el asunto sea tratado bajo la cuerda argumental del daño continuado. (…) Visto el contenido del auto de 20 de septiembre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” confirmó la caducidad declarada por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera en audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2018, se aprecia que, ninguna consideración efectuó dicha autoridad judicial al respecto, a pesar de que ello fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, según se ilustró en el acápite “2.10.1” del presente proveído. Esto es así por cuanto tal juzgador se limitó a expresar que, por no tratarse de un crimen de lesa humanidad, “… le asiste razón al a quo en el sentido de que el término de la caducidad en el caso debe contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia [SU-254 de 2013] de la Corte Constitucional, que corresponde al 22 de mayo de 2013”. De ahí que emerja palmario el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la existencia de un daño continuado, sumado a la errada aplicación de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Colegir sin más que, por el solo hecho de haber abandonado los demandantes su hogar el día 14 de abril de 2007, la caducidad tenía que contabilizarse desde esa fecha o, en su defecto, desde la ejecutoria de la reputada sentencia de unificación, opera en contra del precedente que pacífica y uniformemente ha construido el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo como órgano límite en la materia. Es así que al eludir el estudio sobre la existencia de condiciones posteriores a la causa del desplazamiento, (…) es vulneratorio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los accionantes, quienes, por demás, aseguran que no les ha sido notificado en los términos del artículo 3 del Decreto 2569 de 2000 el acto administrativo que declara la cesación del desplazamiento y que su condición de desplazados es actual, más cuando aún se encuentran inscritos en el RUV.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04413-00(AC)

Actor: HUMBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ OBANDO Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

ANTECEDENTES

1.1. La tutela

Los señores HUMBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ OBANDO y MARINA SOSA SÁNCHEZ promovieron acción de tutela el 26 de noviembre de 2018, mediante apoderado judicial, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y otros, presuntamente vulnerados por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, por haber proferido las providencias del 10 de julio y 20 de septiembre de 2018, por medio de las cuales tales autoridades judiciales, en primera y segunda instancia, respectivamente, declararon probada la excepción de caducidad dentro del medio de control de reparación directa No. 11001-33-36-031-2016-00251, adelantado contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

1.1.1. Hechos

El libelista los narra, en síntesis, así:

El 19 de diciembre de 2016, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional los señores (i) HUMBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ OBANDO; (ii) MARINA SOSA SÁNCHEZ, en nombre propio y en representación de su hijo, hoy en día mayor de edad, Diego Fernando Bermúdez Sosa; (iii) Eduard Humberto Bermúdez Sosa; (iv) Manuel Jesús Bermúdez Sosa; y (v) Eliana María Bermúdez Sosa, en nombre propio y en representación de sus hijos, aún menores de edad, Laura Yuliana Silva Bermúdez y Matheo Silva Bermúdez.

La acción se fundamentó en el desplazamiento forzado, secuestro, amenazas, constreñimiento ilegal y otros vejámenes de los que fueron víctimas por acciones imputables a grupos armados al margen de la Ley.

El Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera, en el curso de la audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2018 declaró probada la excepción de caducidad. Estimó que a pesar de que “… el hecho que presuntamente dio lugar al desplazamiento ocurrió el 14 de abril de 2007…”, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013, ejecutoriada el 22 de mayo de 2013, la caducidad debía contarse desde esta última fecha, aun contando la suspensión del tiempo en razón de la conciliación prejudicial, la demanda de reparación es extemporánea.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, en auto de 20 de septiembre de 2018, confirmó la declaratoria de caducidad. El colegiado manifestó que los hechos alegados en la demanda no se dieron en el marco de un ataque generalizado o sistemático que le imprima el carácter de lesa humanidad, y que la imprescriptibilidad del delito se distingue de la caducidad en materia administrativa, por tanto se debía computar como lo hizo el juzgador de primera instancia.

1.1.2. Fundamentos de la solicitud

El libelista considera que las referidas providencias vulneran sus derechos fundamentales, por cuanto no tuvieron en cuenta la jurisprudencia –esgrimida incluso en el curso del trámite contencioso– del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con el conteo de caducidad frente a casos de desplazamiento forzado y otros crímenes de lesa humanidad –ampliamente definidos por el ordenamiento colombiano y por el internacional–, tanto anteriores como posteriores a la sentencia SU-254 de 2013.

Se refirió a los siguientes pronunciamientos que descartan la aplicabilidad de dicha figura en esos eventos, por razón de la imprescriptibilidad del derecho de acción en razón de una conducta propia de lesa humanidad:

Corte Constitucional, T-352 de 2016.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Hernán Andrade Rincón, 23 de marzo de 2017, rad. 73001-23-31-000-2011-00452-01.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 5 de septiembre de 2016, rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01.

Igualmente, invocó, entre otros, los siguientes pronunciamientos que refieren a la imposibilidad de computar la caducidad frente al desplazamiento forzado hasta tanto no se produzcan las condiciones de seguridad para el retorno, por tratarse de un daño continuado:

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Hernán Andrade Rincón, 9 de septiembre de 2015, rad. 20001-23-31-000-2004-01512-01.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, M. P. Enrique Gil Botero, 26 de julio de 2011, rad. 08001-23-31-000-2010-00762-01.

Refiere la parte tutelante que, no les ha sido notificado en los términos del artículo 3 del Decreto 2569 de 2000 el acto administrativo que declara la cesación del desplazamiento. Por lo que insisten en que su condición de desplazados es actual, más cuando aún se encuentran inscritos en el RUV.

También acusan a las autoridades judiciales accionadas de desconocer la aplicación de los principios pro damato y pro actione, tratados en la siguiente providencia:

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01.

1.1.3. Pretensiones

Como consecuencia del amparo de sus derechos fundamentales, el demandante solicitó:

“1. TUTELAR a la ACTORA y demás demandantes, quienes actúan en nombre propio y como agentes oficiosos de los demás demandantes, según la demanda inicial; los derechos fundamentales invocados de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial e inaplicación injustificada de precedentes jurisprudenciales verticales y obligatorios proferidos por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional -convencionales- desconocimiento de delitos de derechos humanos-lesa humanidad de desplazamiento forzado, secuestro, amenazas, constreñimiento ilegal, tortura, trabajos forzados, esclavitud, tratos inhumanos y degradantes entre otros sufridos por los demandantes y del Derecho Internacional Humanitario y demás del mismo rango que considere violados y que solicito integre e incorpore el Despacho, y en consecuencia revoque u ordene proferir nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones que establezca el Despacho respecto de la decisión proferida por la demandada y ejecutoriada el 25/08/2018.

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene admitir la demanda incoada y ordene al A Quo continuar con el ritual procesal correspondiente.

3. Notificar a los representantes legales de las entidades demandadas la presente providencia.

4o. Subsidiariamente solicito, ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Oral, Sección Tercera - Subsección "A". Magistrado Ponente: Bertha Lucy Ceballos Posada y el Juzgado 31 Administrativo-Oral, Sección Tercera, del Circuito Judicial de Bogotá, D.C. o a quien corresponda, que en un término no superior de diez (10) días a partir de la notificación del respectivo fallo, profiera una nueva decisión en el proceso Acción de Reparación Directa: 11001333603120160025101-, promovido por la actora y demás miembros familiares, en cumplimiento de los expresos lineamientos que la Sala establezca en la respectiva providencia.”.

1.2. Trámite de instancia

La Consejera Ponente, en auto de 29 de noviembre de 2018, dispuso: admitir la tutela; notificar a los magistrados del tribunal acusado y al Juez 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera como demandados, y por conducto del referido ad quem a cualquier otro que pudiera verse afectado, así como también a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional; dar el valor probatorio legal a los documentos aportados con la solicitud de amparo; solicitar en préstamo el expediente de la reparación directa; y reconocer personería al apoderado de la parte accionante.

Mediante auto de 14 de diciembre de 2018, se requirió al Tribunal la notificación del auto admisorio de la tutela a los demás demandantes del trámite contencioso. Ante la imposibilidad material de dicho colegiado para cumplir con ello, en auto de 29 de enero de 2019 se ordenó, por conducto de la Secretaría General del Consejo de Estado, que se cumpliera dicha vinculación respecto de los señores DIEGO FERNANDO BERMÚDEZ SOSA, EDUARD HUMBERTO BERMÚDEZ SOSA, MANUEL JESÚS BERMÚDEZ SOSA y ELIANA MARÍA BERMÚDEZ SOSA, esta última en nombre propio y en representación de sus hijos LAURA YULIANA SILVA BERMÚDEZ y MATHEO SILVA BERMÚDEZ.

1.3. Contestaciones

Únicamente se pronunció la Secretaría General de la Policía Nacional quien adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, y agregó que, en todo caso, fue responsabilidad de los accionantes dejar fenecer el término para ejercer el medio de control de reparación directa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la tutela de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar, en primer lugar, si la solicitud de amparo supera los requisitos de procedibilidad y, de ser así, establecer si las providencias enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa radicado con el No. 11001-33-36-031-2016-00251, en contravía de lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el desplazamiento forzado y otras graves violaciones de Derechos Humanos.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) una cuestión previa, (ii) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia, (iv) las generalidades sobre el desconocimiento del precedente –reiteración de jurisprudencia–, (v) jurisprudencia de la Sección Tercera frente a la caducidad del medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado y otros crímenes de lesa humanidad, (vi) sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, (vii) antecedentes de tutelas en la Sección Quinta y, por último, (viii) el caso concreto.

2.3. Cuestión previa

La Policía Nacional sostiene que carece de legitimación en la causa por no ser de su resorte el reclamo constitucional sub judice.

Al respecto, la Sala advierte que su vinculación al proceso no se dio en calidad de demandada, sino como tercera que puede verse afectada con las resultas del proceso, al haberse adelantado en su contra el proceso de reparación directa en el que se profirieron las providencias enjuiciadas por vía de tutela.

Por lo anterior, considera la Sala que no hay lugar a declarar la pretendida excepción, por cuanto está acreditado el interés que le asiste frente al proceso de la referencia.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto).

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido ampliamente a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez, cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Análisis de procedencia adjetiva

La acción de tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, sino contra providencias dictadas en el trámite de un proceso de reparación directa.

Se supera el requisito de la inmediatez, dado que la tutela se radicó el 26 de noviembre de 2018, y el auto enjuiciado de segunda instancia se profirió el 20 de septiembre de 2018, lo cual supone que, incluso sin tener en cuenta la fecha de ejecutoria de la providencia, el mecanismo de amparo se ejerció dentro un plazo razonable.

Se cumple con la subsidiariedad, ya que dicha providencia corresponde a un auto de segunda instancia frente al cual no procede ningún recurso ordinario o extraordinario. Cabe decir que aunque es posible interponer el recurso extraordinario de revisión contra autos que ponen fin al proceso, lo reclamado en relación con el desconocimiento del precedente no encuadra en ninguna de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA.

En relación con la contenida en el numeral 5º ejusdem, relacionada con “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, la Sala quiere ahondar en que, si bien para este colegiado tal yerro podría originarse por la falta de congruencia interna o externa de la providencia. En tal sentido se destaca lo decantado por la Sala Especial de Decisión No. 22 del Consejo de Estado, en providencia de 2 de febrero de 2016, que en lo pertinente ora:

“…es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

(…) se puede calificar según las relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia”

En el asunto de la referencia, el juzgador contencioso de segunda instancia, como se mira del acápite “2.10.1” y siguientes del presente proveído, se pronunció sobre la caducidad de la acción de reparación directa incoada, pero no consideró que se pudiera presentar un daño continuado respecto del desplazamiento forzado alegado.

Si bien podría decirse que ello configuraría una falta de congruencia externa, toda vez que este aspecto fue planteado en el recurso de apelación que activó su competencia funcional, es lo cierto que dicho juzgador fue coherente al desatar la alzada, en tanto proveyó sobre su objeto, que era la caducidad del medio de control y aplicó la regla de derecho que consideró pertinente para el cómputo ordinario de la misma –cuando no se trata bajo la cuerda jurisprudencial de los crímenes de lesa humanidad–, esto es, la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, que por el alcance que le dio el Tribunal –equivocadamente, como se explicará más adelante– implicó una suerte de sustracción de materia frente al daño continuado, por considerar que cualquier demanda de reparación directa incoada con ocasión del desplazamiento forzado debía contarse a partir de la ejecutoria del referido fallo de unificación tutelar.

Aunado a lo anterior, se observa que el libelista no acusa un defecto por falta de congruencia en las providencias enjuiciadas, sino únicamente el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y el carácter de daño continuado que reviste el desplazamiento forzado.

De ahí que el requisito de subsidiariedad de la tutela, en cuanto a la exigencia que se acaba de reseñar, se encuentre satisfecho, toda vez que, por lo explicado, el asunto sometido a examen del juez constitucional no se aviene a la causal 5º prevista en el artículo 250 del CPACA para el recurso extraordinario de revisión, y es evidente que tampoco a otra causal de las que se enlistan en dicho precepto.

Bajo esas consideraciones, la Sala se pronunciará de fondo respecto del reclamo deprecado, no sin antes insistir en el carácter excepcional de la acción de amparo, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto por la autonomía judicial, la protección de los derechos obtenidos de buena fe por parte de terceros, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

2.6. Generalidades sobre el desconocimiento del precedente. Reiteración de jurisprudencia

La noción de precedente entraña toda una serie de elementos y figuras que conllevan una gran complejidad en torno al importante escaño que ocupa en la orientación de nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que su construcción demarca la ruta que, en principio, debiera seguir la actividad jurisdiccional, pero al mismo tiempo, es la huella indeleble del camino recorrido por los órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones, como ocurre con el Consejo de Estado en su rol de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

En su acepción más simple, la Corte Constitucional ha definido el precedente como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.

De lo anterior se desprende que la idea de precedente, así planteada, apareja un carácter vinculante para los operadores jurídicos, lo que quiere decir que las sentencias del órgano límite en la jurisdicción que anteceden la resolución de un caso particular constituyen un referente indispensable para la aplicación del derecho.

Ello se explica en que, según el dicho de la Corte, “lo vinculante de un antecedente jurisprudencial es la ratio decidendi de esa sentencia previa –o de varias si es del caso- , que resulta ser uno de los referentes fundamentales que debe considerar necesariamente un juez o autoridad determinada, como criterio de definición de la solución de un caso específico” (negrillas de la Sala).

De tal argumento puede colegirse que, en esencia, el precedente es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla jurisprudencial que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido.

En armonía con tales glosas, cuando se trata de validar la aplicabilidad de un precedente judicial a un asunto en particular, resulta necesario que el operador jurídico verifique que “… (i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada  con el caso a resolver posteriormente. (ii) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante. (iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente”.

2.7. Pronunciamientos de la Sección Tercera frente a la caducidad del medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado y otros crímenes de lesa humanidad

A continuación se presenta una relación de las providencias en el órgano límite en materia de reparación directa abordó el tema de la caducidad en casos de desplazamiento forzado y afines.

SUBSECCIÓN “C”, M. P. Enrique Gil Botero, auto de 26 de julio de 2011, rad. 08001-23-31-000-2010-00762-01: “… cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el tiempo, como sería la hipótesis del desplazamiento forzado, el término para intentar la acción, sólo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo…”.

Los demandantes abandonaron el país por amenazas contra su vida debido al denuncio de ingreso de 2000 kg de cocaína al país. Se superó la caducidad.

SUBSECCIÓN “B”, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo, auto de 22 de noviembre de 2012, rad. 23001-23-31-000-2010-00380-01: “… por mandato legal, la condición de desplazado cesa cuando las víctimas pueden volver a su lugar de origen o restablecerse en otro sitio, porque las circunstancias de violencia y hostigamiento que generaron el desplazamiento han desaparecido. Al respecto, es razonable concluir que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad de la acción, no a partir del día en que ocurrió el desplazamiento, sino del momento en que cesa el daño, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el artículo 16 de la Ley 387 de 1997”.

Los actores abandonaron sus predios en 2004 por presiones de EPL, FARC y AUC. Presentaron la demanda en 2010, pero se declaró la caducidad porque la situación de orden público que motivó su desplazamiento se normalizó en 2007.

SUBSECCIÓN “B”, .M. P. Danilo Rojas Betancourth, auto de 12 de diciembre de 2014, rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01: “… la Corporación ha estimado que, en los eventos de desplazamiento forzado, el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen, lo anterior en consonancia con lo dispuesto por la Ley 387 de 1997…”.

El desplazamiento se dio en 1996 y las condiciones para el retorno en 1999. La demanda se presentó en 2013, pero se superó la caducidad porque hasta entonces los demandantes no habían podido saber que su situación posiblemente la provocaron agentes del Estado, “… hasta el momento en que reconocidos paramilitares rindieron declaraciones en ese sentido en el año 2012…”.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 9 de septiembre de 2015, rad. 20001-23-31-000-2004-01512-01: “…en los eventos de daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado desaparición forzada o secuestro), el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen”

La víctima de un secuestro extorsivo demandó al Estado por haberse producido ese daño con participación de agentes de la Policía Nacional. En este caso, no solo se superó la caducidad bajo la tesis del daño continuado sino que se profirió fallo condenatorio.

SUBSECCIÓN “C”, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto de 5 de septiembre de 2016, rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01: “… los hechos que rodearon la muerte del señor Marceliano Medellín Narváez y el desplazamiento forzado de su familia por estos hechos, podrían llegar a ser constitutivos de actos de lesa humanidad, operando, como consecuencia la regla de la imprescriptibilidad del medio de control en este preciso asunto…”.

Los actores se desplazaron forzosamente en 1996 por el asesinato de un familiar militante de la UP. La demanda se presentó en 2013, pero se exceptuó la caducidad por cimentarse en un acto de lesa humanidad.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 23 de marzo de 2017, rad. 73001-23-31-000-2011-00452-01: “… el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen.”.

El actor se desplazó por una atentado de las AUC en 2002; en 2008 se dieron las condiciones para el retorno. Al presentarse la demanda en 2011, se declaró la caducidad.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, auto de 10 de mayo de 2017, rad. 25000-23-36-000-2016-01329-01: “La jurisprudencia de esta Sección, para efectos de contabilizar el término de caducidad de la acción, ha distinguido el concepto de daño permanente y daño continuado para señalar que respecto de este último, aquel debe contarse desde el momento en que se verifica la cesación de la conducta causante del daño. En casos en los cuales el daño alegado es producto de delitos de carácter continuado, como ocurre con el desplazamiento forzado, el término de dos (2) años previsto en la ley solo podrá computarse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en que el daño se prolonga en el tiempo. Así, tratándose de daños con efectos continuados (desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, etc.,), “el término de caducidad de la demanda debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen”.

Una de las víctimas se escapó en 2000 del secuestro al que lo tenía sometido el ELN. Su familia escapó del país. La Sección Advirtió que el Estado colombiano los ayudó a ubicarse en Canadá, y conseguir trabajo y bienestar en ese país. Por tanto, consideró razonable que la caducidad se contara desde su inclusión al RUV en 2014, al no considerar su desplazamiento un daño continuado. Como la demanda se presentó en 2016, pasados más de dos años, declaró la caducidad.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, auto de 11 de mayo de 2017, rad. 25000-23-36-000-2016-01314-01: “E]n los eventos en los que se encuentren configurados los elementos del acto de lesa humanidad, habrá lugar a hacer una excepción en la aplicación del fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa, sin que dicha decisión pueda ser tenida como prejuzgamiento. En ese sentido, se tiene que, cuando se decida sobre la admisión de una demanda o en el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe el juez valorar prudentemente si encuentra elementos preliminares que le permitan aseverar, prima facie, la configuración de este tipo de conductas, caso en el cual hará prevalecer el derecho de acción y ordenará la continuación de la actuación judicial, pues la falta de certeza objetiva sobre los elementos fácticos y jurídicos de la litis deberá ser dirimida al momento de dictar sentencia”.

Los actores perdieron familiares en hechos violentos atribuidos a las FARC y las AUC entre 1998 y 2003, y padecieron amenazas que los obligaron a huir. La demanda se presentó en 2016; por las implicaciones de lesa humanidad se inaplicó la caducidad.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, auto de 8 de junio de 2017, rad. 70001-23-33-000-2016-00288-01: “en casos de desplazamiento forzado, al ser un daño continuado, la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa se debe contabilizar a partir de la fecha en la que cesó el daño”.

Por amenazas de grupos armados en 2000, la actora debió migrar a otro país. En 2016 demandó al Estado. Como no pudo determinarse si subsisten las causas que impiden su retorno, se consideró razonable computar la caducidad desde su inclusión en el RUV y con base en ello se concluyó que la demanda tuvo lugar en un plazo oportuno

SUBSECCIÓN “A”, M. P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, auto de 12 de octubre de 2017, rad. 73001-23-33-005-2015-00652-01: “… es claro que, en los casos en los que se alega un daño por desplazamiento forzado, por ser un daño continuado, el término de caducidad debe contabilizarse desde la cesación del daño, esto es, cuando se verifique que se dan todas las condiciones de seguridad para que las personas desplazadas retornen al lugar de origen”.

Los actores se abandonaron sus predios por el temor que sentido ante la muerte de uno de sus familiares en 1996. La demanda se presentó en 2015. No se tuvo por superada la caducidad ya que en sentencia penal no se pudo demostrar que el asesinato fuera imputable a agentes del Estado ni a grupos al margen de la ley; tampoco “…se aportó ninguna prueba referida a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del desplazamiento de los demandantes por amenazas de grupos al margen de la ley, en concreto, del momento de la cesación de tal situación”, y en este caso no bastó la mera inclusión en el RUV.

SUBSECCIÓN “B” Danilo Rojas Betancourth, auto de 24 de noviembre de 2017, rad. 05001-23-33-000-2016-02712-01: “… en los eventos en los que se pretende la reparación de daños derivados de un desplazamiento forzado, dicho término no debe empezar a contarse desde la acción vulnerante, esto es, desde aquella que dio lugar al desplazamiento, sino desde “cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el artículo 16 (sic) de la Ley 387 de 1997”.

El confeso homicidio de sus familiares a manos de las AUC en 2001, forzó el desplazamiento de los actores. La demanda se presentó en 2016. Se superó la caducidad frente al porque no se acreditó el momento en que cesaron las condiciones que dieron lugar al desplazamiento.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, auto de 15 de febrero de 2018, rad. 05001-23-33-000-2016-00774-01: “…en los eventos en los que se encuentren configurados los elementos del acto de lesa humanidad habrá lugar a hacer una excepción en la aplicación del fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa, sin que dicha decisión pueda ser tenida como prejuzgamiento”.

Los hechos alegados ocurrieron en 1995. La demanda se instauró en 2016, pero se declaró la caducidad con base en las normas generales al no estar demostrado que los actores fueran personas en condición de desplazamiento forzado.

SUBSECCIÓN “B”, M. P. Ramiro Pazos Guerrero, auto de 26 de abril de 2018, rad.05001-23-33-000-2016-00536-01: “… por la aplicación de los principios pro damnato [sic] y pro actione, hay lugar a revocar la decisión del 02 de marzo de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad rechazó por caducidad la demanda interpuesta. Lo anterior, igualmente se predica frente al rechazo de la demanda en torno al desplazamiento forzado, toda vez que en este momento no se encuentra establecido y determinado la fecha a partir de la cual cesaron las causas que dieron lugar al desplazamiento”.

La demanda se radicó en 2016 por homicidio y desplazamiento forzado con base en hechos de 1996. Se superó la caducidad porque la calificación de lesa humanidad debía definirse en el debate probatorio del proceso y porque no se establece la fecha en la que cesaron las causas del desplazamiento.

SUBSECCIÓN “C”, M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, auto de 17 de julio de 2018, rad. 05001-23-33-000-2017-01454-01: “… en los casos en los que se adviertan posibles delitos de lesa humanidad (muerte de personas en el marco del conflicto armado, desplazamiento forzado), la jurisprudencia de esta Corporación ha fijado algunas excepciones al fenómeno de la caducidad (…) [C]uando se demanda por el medio de control de reparación directa con el fin de que sean resarcidos los daños derivados de posibles delitos constitutivos de lesa humanidad, el término de vigencia del mencionado medio de control, no es exigible como requisito para la admisión de la demanda, pues se debe garantizar el acceso a la administración de justicia, en virtud de los principios de coherencia, plenitud e integración normativa, aplicados sistemáticamente con el principio de derecho internacional público”.

Los hechos generadores del daño ocurrieron en 1998; la demanda se incoó en 2017. Se inaplicó la caducidad porque existen elementos que podrían llegar a ser constitutivos de actos de lesa humanidad, como lo es, la ejecución de una víctima de las AUC, que condujo a que su grupo familiar de manera forzada fuera desplazado de su territorio.

SUBSECCIÓN “B”, M. P. Danilo Rojas Betancourth, auto de 14 de septiembre de 2017, rad. 05001-23-33-000-2016-02780-01: “el carácter de lesa humanidad3 de un acto, en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual del Estado y que procesalmente afecta la caducidad de la acción de reparación directa, se deduce de la identificación de dos elementos: i) que se ejecute en contra de la población civil y ii) que se lleve a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático”.

Le demanda se instauró en 2016 por el asesinato de un miembro de la UP en 1990, y el consecuente desplazamiento al que obligo al posterior desplazamiento. Se concluyó que por ser de lesa humanidad los hechos el proceso no estaba sometido a regla de caducidad.

SUBSECCIÓN “A”, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, auto de 13 de noviembre de 2018, rad. 05001-23-33-000-2017-01512-01: “el carácter de lesa humanidad de un acto, en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual del Estado, se deduce de la identificación de dos elementos: i) que se ejecute en contra de la población civil y ii) que se lleve a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático. (…) La caducidad no puede enervar la acción judicial cuando se trate de violaciones a derechos humanos (…). ante la imposibilidad de determinar, por lo menos sumariamente, la posible materialización del desplazamiento forzado, resulta necesario aplicar las normas generales atinentes al fenómeno jurídico de la caducidad de la acción”.

En 2017 se demandó se demandó por el homicidio de un familiar de los actores miembro de la UP ocurrido en 1993 y su consiguiente desplazamiento forzado. Al primer supuesto se le eximió de la caducidad por su posible connotación de lesa humanidad, pero al segundo se le aplicaron las reglas ordinarias por no estar demostrada su ocurrencia.

Del anterior recuento se observa que, invariablemente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha abordado el tema de la caducidad en temas de desplazamiento forzado desde dos ópticas distintas: (i) la caducidad no es exigible en la medida en que se trata de un crimen de lesa humanidad que resulta imprescriptible; y (ii) se aplica la caducidad, pero, se cuenta desde el momento en que cesaron las circunstancias que dieron origen al desplazamiento, por tratarse de un daño continuado.

2.8. Sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional

En aquella oportunidad el alto Tribunal realizó el estudio de 27 expediente de tutela acumulados, en los cuales, salvo en 2 casos, por vía de amparo se condenó en abstracto al DAPS, al pago de los perjuicios derivados del desplazamiento forzado y se remitió el expediente a los jueces administrativos para que se adelantara el trámite correspondiente al incidente de liquidación de perjuicios de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

A manera de contextualización, explicó lo siguiente respecto de la condición de desplazado:

“… se constituye a partir de un presupuesto fáctico, que es el hecho mismo del desplazamiento forzado, hecho que es el requisito constitutivo de esta condición y en consecuencia, de la calidad de víctima de desplazamiento forzado. Por tanto, la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD-, que la actual Ley 1448 de 2011 prevé sea el soporte para el “Registro Único de Víctimas”, de conformidad con el artículo 154 de esa normativa, es un requisito meramente declarativo y no constitutivo de la condición de víctima…”.

Señaló que tal condición permite a este grupo poblacional acceder a alternativas de reparación administrativa y judicial, las cuales diferenció.

Seguidamente, insistió en “… el carácter subsidiario y excepcional de la indemnización en abstracto de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, ya que la acción de tutela no posee un carácter o una finalidad patrimonial o indemnizatoria, sino de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos…”.

Con base en ello, revocó los fallos de tutela en los cuales se concedió la condena en abstracto de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, considerando que “…los jueces soslayan dentro de tales pronunciamientos las ostensibles diferencias entre la indemnización por vía administrativa y la reparación por vía judicial…”, y desconocen que solo procede ante la “…(i)comprobada la violación manifiesta del derecho fundamental de los accionantes, (ii) al no disponer los afectados de otro medio judicial ordinario y (iii) al ser imperativo asegurar el goce efectivo del derecho fundamental vulnerado…”.

Fue por este motivo, es decir, por revocar las referidas condenas en abstracto, que la Corte se vio en la necesidad de precisar qué pasaría con las reclamaciones de la población desplazada afectada con la decisión. En tal sentido, explicó:

“Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por la sentencia C-099 de 2013, que declaró exequibles los incisos 2 y 3 del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad, como el desplazamiento forzado, que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiendo descontarse de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa.

En punto a este tema, la Sala debe insistir en que la indemnización por vía administrativa no es una medida ni exclusiva, ni suficiente, para asegurar el goce efectivo del derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento, sino que constituye tan solo uno de los mecanismos dirigidos a lograr tal fin. De esta forma, la indemnización por vía administrativa de que tratan los artículos 132 a 134 de la Ley 1448 de 2011, y los artículos 146 a 162 del Decreto 4800 de 2011, constituye tan solo un componente de la reparación integral para las víctimas de desplazamiento, cuyo otorgamiento se protegerá en todo caso mediante esta decisión, sin menoscabo, ni exclusión, de otras medidas de reparación integral contenidas en la Ley 1448 de 2011” (Énfasis de la Sala).

Comoquiera que, por tratarse de una sentencia de unificación, proferida en ejercicio de la función revisión eventual de tutela, los efectos de dicho pronunciamiento son, en principio, inter partes, la Corte de manera expresa resolvió darle efectos inter comunis, así:

“para los casos análogos y similares a los aquí fallados se aplicarán los efectos inter comunis que se explicarán en detalle más adelante y que para otros casos diferentes a los que aquí se fallan que no queden cobijados por los efectos jurídicos aludidos, cuya reparación deba ser definida de conformidad con el régimen de transición o con el nuevo régimen establecido por la Ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 del mismo año, en atención a que esas víctimas no hayan interpuesto todavía solicitudes de reparación o acciones de tutela, será la Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación Integral a Víctimas, o los jueces excepcionalmente, los llamados a determinar el monto de la indemnización administrativa, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad y debilidad de cada uno de ellos, monto que deberá ser fijado hasta por 27 salarios mínimos mensuales legales vigentes si es del régimen de transición o hasta 17 salarios mínimos si del nuevo régimen establecido por la Ley 1448 de 2011”

Con ello se demuestra que, al señalar que “…los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores…”, la Corte lo hace con el fin de evitar que personas en situación de desplazamiento forzado frente a las que ya hubiera operado la caducidad para demandar en vía contenciosa la reparación de los daños causados con ocasión del desplazamiento forzado, por no tener claro cuál era el mecanismo –administrativo o judicial– hasta esa sentencia de unificación, puedan hacerlo, teniendo en cuenta su condición de sujetos de especial protección constitucional.

Nótese además que esa misma orden, se apareja de la prevención respecto de las garantías que asisten a la población desplazada por los daños sufridos con ocasión de crímenes de lesa humanidad.

En similares términos lo entendió el Consejo de Estado en providencia de 8 de junio de 2017, en cuanto explicó:

“En primer lugar, conviene precisar que es cierto que en sentencia de unificación SU-254 del 27 de abril de 2013 la Corte Constitucional resolvió, entre otras cosas, “DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”.

Sin embargo, a juicio del Despacho, en el sub lite no es procedente contabilizar el término de caducidad según lo establecido en ese pronunciamiento, como lo hizo el Tribunal A quo, por cuanto lo resuelto en sede constitucional únicamente generaba efectos frente a las personas que, para esa época, estuvieran reconocidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como población desplazada.

Entonces, como la señora Shirley Henao Amaya, según las pruebas relacionadas con anterioridad, solo fue incluida en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante del desplazamiento forzado hasta el 19 de septiembre de 2014, es claro que para la fecha en que se profirió y quedó en firme esa decisión no formaba parte de la población desplazada a la que se refirió la sentencia SU-254 de 2013 y, por tanto, no la cobijaban sus determinaciones.

Es de mencionar que al tener como fecha de inicio para el cómputo del término de caducidad la ejecutoria de la mencionada sentencia de unificación, se desconocería que la intención de la Corte Constitucional al adoptar esa determinación fue la de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los sujetos de especial protección (población desplazada), que para la época no habían podido reclamar, por vía judicial, las indemnizaciones a las que consideraban tener derecho, y no afectar a quienes ni siquiera habían sido reconocidos como personas desplazadas” (Subrayas de la Sala).

A manera de acotación, se debe señalar que en dicho pronunciamiento –referenciado también en el acápite “2.7.ix” del presente proveído–, el Consejo de Estado declaró superada la caducidad de la demanda presentada el 5 de octubre de 2016, al efectuar el cómputo, por las particularidades del caso, desde la inclusión de los demandantes en el RUV el 19 de septiembre de 2014, considerando además la suspensión del término en virtud del trámite de conciliación prejudicial.

Para sintetizar, entonces, debe decirse que la intención de la Corte Constitucional con la sentencia SU-254 de 2013 no fue poner un límite temporal inexpugnable al ejercicio del medio de control de reparación directa, sino darle apertura respecto de las personas en condición de desplazamiento forzado que, hasta ese momento, no habían podido reclamar judicialmente sus derechos por la falta de claridad en el uso de las herramientas jurídicas puestas a su disposición; lo que quiere decir que los supuestos de esta providencia no son aplicables a las personas a las que con posterioridad a dicho fallo aún no se habían visto afectadas por la caducidad para demandar en vía contenciosa, como ocurre respecto en los casos de daño continuado explicados en capítulos anteriores del fallo de la referencia.

Así mismo, es evidente que la sub regla fijada por la Corte en la mencionada sentencia “SU” tampoco riñe con lo desarrollado por el Consejo de Estado frente a la imprescriptibilidad del derecho a la reparación por crímenes de lesa humanidad, tanto así que Corte en dicha “SU” remite a la C-099 de 2013 en la que efectúa consideraciones al respecto; y tampoco se opone al carácter continuado del desplazamiento forzado como referente del estudio de caducidad para la reparación directa, pues, como se vio, fue otro el objeto del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

A contrario sensu, el fallo de unificación de dicha Corporación debe más bien asimilarse como un complemento interpretativo que opera en beneficio del derecho de acción de las víctimas de este flagelo, en la medida en que revive el término para quienes le había fenecido; y sin que pueda decirse, en manera alguna, que lo cercena para quienes no se han visto afectados por la caducidad al no haberles sobrevenido a la fecha de la sentencia SU-254 de 2013.

2.9. Antecedentes de tutelas en la Sección Quinta

En sentencia de 16 de agosto de 2018, la Sala consideró razonable la decisión del Tribunal enjuiciado por la vía de amparo, en el sentido “… que la parte actora había omitido la carga de acreditar las circunstancias por las cuales no podía retornar a su lugar de origen, que constituye el extremo final de contabilización de la caducidad en esta clase de daños”.

Por tal razón, descartó el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con el carácter continuado del desplazamiento forzado y su incidencia en el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa.

En sentencia de 23 de agosto de 2018, accedió al amparo pretendido, dejando sin efecto el auto que declaró la caducidad en un asunto similar al de la referencia. En aquella oportunidad, con base en lo manifestado en pronunciamiento de 10 de mayo de 2018, se precisó:

“esta Sección ha flexibilizado el término de la caducidad para algunas conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad12, como lo son la desaparición forzada de personas o para ejecuciones extraoficiales y el desplazamiento forzado, que involucran además de los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la tranquilidad del género humano”.

En aquella oportunidad, la Sala estimó que el juzgador contencioso accionado por vía de tutela debía considerar, acorde con la jurisprudencia de la Sección Tercera, si los supuestos fácticos del caso encuadraban “dentro de las reglas de la imprescriptibilidad propias de actos constitutivos de lesa humanidad, o, si por el contrario, debe ajustarse a las reglas ordinarias para el cómputo de la caducidad”, en los que se comprende que en los asuntos relacionados con el desplazamiento forzado “… debe contabilizarse desde la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para el retorno al lugar de origen”.

En fallo de 27 de septiembre de 2018 la Sala denegó la solicitud de tutela incoada contra la Sección Tercera, al encontrar razonable que concluyera que, a pesar de su tratamiento como un daño continuado, la ocurrencia del desplazamiento forzado en el caso concreto no estaba acreditada, y por tanto había operado el fenómeno de la caducidad.

Con todo, en dicha providencia, esta Sala realizó la siguiente precisión en relación con la cuerda argumental que la llevó a desestimar la solicitud de amparo:

“4.2.1.5. Cabe destacar que este estudio se realiza para el caso concreto en consideración a lo alegado y a las circunstancias particulares de las cuales da cuenta el acervo probatorio, pues la Sala no desconoce que cuando el daño se prolonga en el tiempo y se acredita que el desarraigo que genera el desplazamiento forzado permanece en el tiempo, en lo que se denomina daño continuado, el término de caducidad sólo empieza a contarse a partir de su concreción, pues, de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de acceso a la administración de justicia que constituye un valor superior” (Subrayas de la Sala).

Del anterior recuento, se observa que esta Sección ha sido del criterio según el cual, por vía de tutela, es dable considerar la vulneración, y consecuente protección de derechos fundamentales, derivada del desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente a la caducidad del medio de control de reparación directa incoado con ocasión del desplazamiento forzado, en el sentido que esta se debe considerar (i) desde la óptica de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad o, en su defecto, (ii) bajo el entendido que por tratarse de un daño continuado, el término de la caducidad contemplado en la norma, debe contabilizarse desde la cesación del daño, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para el retorno al lugar de origen.

2.10. Caso concreto

Previo a destrabar cada uno de los puntos que estructuran el reparo por desconocimiento del precedente alegado por la parte tutelante, resulta pertinente poner en contexto la discusión sobre la caducidad en vía contenciosa, no sin antes precisar que de las decisiones enjuiciadas, la que atañe al juicio de constitucionalidad es la proferida el 20 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, por ser la que puso fin a la controversia en vía contenciosa, y la que demarca el agotamiento de los recursos ordinarios en esa sede por parte de los hoy tutelantes.

Dentro de ese contexto, anticipa la Sala que las censuras presentadas por el libelista no permiten rebatir lo resuelto por el Tribunal acusado frente a la connotación de lesa humanidad de los hechos de desplazamiento alegados. No obstante, ello no impide que el asunto sea tratado bajo la cuerda argumental del daño continuado, como se explicará más adelante.

2.10.1. Declaratoria de caducidad en primera instancia, apelación y confirmación de la caducidad

En la audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2018, el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa incoado, con base en las siguientes razones:

“Entonces, para establecer el término de caducidad del medio de control de reparación directa que nos ocupa, lo primero es identificar el punto de partida de la contabilización del término de 2 años para la ocurrencia de la caducidad.

En ese sentido, el Despacho entiende de las sentencias citadas que para efectos de iniciar la contabilización del término de caducidad para el caso concreto debe haber cesado el presunto daño o haber quedado ejecutoriada la sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional.

Al respecto observa el Despacho que el hecho que presuntamente dio lugar al desplazamiento y por consiguiente la generación del daño antijurídico continuado ocurrió el 14 de abril de 2007, cuando hombres de grupos al margen de la ley instigaron el desplazamiento forzado de los demandantes, fecha que si tomamos para la contabilización del término de la caducidad nos arrojaría como resultado que el medio de control esta caducado.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto en Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional, tratándose de un caso donde se suscitan daños ocasionados en población desplazada, anteriores a la ejecutoria de dicho fallo, se justifica a partir de dicha providencia la contabilización del término de la caducidad a partir de la ejecutoria de la sentencia de unificación.

En ese sentido, se tiene que la Sentencia SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 19 de mayo de 2013, según quedo expuesto mediante Auto 182-14 y ejecutoriada el 22 de mayo de 2013, según los dispuesto mediante Auto 293 del 15 de septiembre de 2014, respectivamente, proferidos por el máximo tribunal Constitucional.

Por consiguiente, los demandantes contaban en principio con el lapso de tiempo que iniciaba el 23 de mayo de 2013 y fenecía el 20 de mayo de 2015, lapso de tiempo que podía ser suspendido por el trámite extrajudicial de la conciliación.

Sin desconocer y sin contar la presentación de la solicitud de conciliación, esto es, el 8 de septiembre de 2016, encontramos que la presente demanda se encuentra caduca, toda vez que fue presentada ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá el día 19 de diciembre de 2016, superando el plazo de dos años, el cual fenecía el 23 mayo de 2015” (Negrillas del texto original).

Esta decisión fue apelada por los actores, con fundamento en los motivos que el propio ad quem contencioso resumió así:

“En la misma audiencia inicial el apoderado de los demandantes apeló esa decisión, adujo que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Además, señaló que el desplazamiento forzado causa un daño continuado a las víctimas, por lo que el término de caducidad del medio de control debe contarse desde que están dadas las condiciones para que aquellas retornen a su lugar de origen” (Subrayas de la Sala).

El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, en auto de 20 de septiembre de 2018, que al pie de la letra dice:

“10. En relación con la caducidad del medio de control de reparación directa, el artículo 164 numeral 2 literal i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone dos eventos para contabilizar el término de los dos años: i) a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o ii) cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

11. Ahora, si bien la jurisprudencia ha establecido que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, también ha indicado que el juez debe verificar que se den los supuestos para ello [tal como se desprende de las sentencias citadas por el apelante en la sustentación del recurso]. Posición reiterada en un caso similar al presente, en sentencia del 14 de septiembre de 2017 del Consejo de Estado, en la que se indicó que el desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad y que la normatividad internacional dispone su imprescriptibilidad, en esa misma providencia determinó que para que un delito tenga dicho carácter lesa humanidad- deben concurrir dos supuestos:

Sin perjuicio de lo anterior y siguiendo el derrotero jurisprudencial de esta Corporación, el carácter de lesa humanidad de un acto, en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual del Estado y que procesalmente afecta la caducidad de la acción de reparación directa, se deduce de la identificación de dos elementos: i) que se ejecute en contra de la población civil y ii) que se lleve a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático [… Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 14 de septiembre de 2017, rad: 05001-23-33-000-2016-02780-01 (58945), C.P. Danilo Rojas Berancourth…].

12. De conformidad con lo anterior, se debe determinar si en el sub lite se cumplen dichos elementos, con el fin de establecer si se configuró un delito de lesa humanidad y en consecuencia, no es procedente aplicar el término de caducidad de la reparación directa, tal y como lo adujo el apelante.

13. Así, el primer presupuesto en mención se cumple, pues las victimas del hecho son parte de la población civil. No obstante, ninguna situación, ni evidencia fue puesta de presente en la demanda para que pueda deducirse que los hechos ocurrieron en el marco de un ataque generalizado o sistemático.

14. En efecto. No hay pruebas de que las situaciones que llevaron al desplazamiento de los demandantes se hayan configurado como consecuencia de un ataque de esas características, pues según los hechos de la demanda, este ocurrió debido a un hecho aislado en el un grupo al margen de la ley amenazó al señor Bermúdez Obando (fl. 8 c.2).

15. Así, no se puede predicar que en este caso, el hecho se refiera al contexto de lesa humanidad, pues no concurrieron las dos condiciones necesarias para ese fin.

16. Además, en fecha posterior el Consejo de Estado, precisó el punto sobre la caducidad en el desplazamiento forzado y también acerca de las diferencias entre las figuras de imprescriptibilidad de la acción penal y caducidad de la acción:

[A]un cuando el daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la acción de reparación se dé como consecuencia de una grave violación a los derechos humanos o un crimen de lesa humanidad, el término de caducidad será el mismo al contemplado en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A., pues la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de crímenes de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario no es extensiva en sus efectos a las acciones de carácter indemnizatorio [Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad: 05001-23-33-000-00406-01 (58549) del 27 de septiembre de 2017, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico].

17. Por las anteriores razones, se debe aplicar los términos de caducidad tal como lo dispone el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, por lo que le asiste razón al a quo en el sentido de que el término de la caducidad en el caso debe contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de la Corte Constitucional, que corresponde al 22 de mayo de 2013.

18. Así, el término para interponer la demanda vencía el 23 de mayo de 2015, y como la misma fue presentada el 19 de diciembre de 2016, es claro que la caducidad del medio de control ya se había configurado, incluso antes del trámite de la conciliación prejudicial (8 de septiembre de 2016)” (Negrillas del texto original; texto entre corchetes con subrayas corresponde a notas al pie de la transcripción).

2.10.2. Desconocimiento del precedente alegado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad

El tutelante defiende que en los referidos autos contenciosos hubo desconocimiento de los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales que exceptúan la regla de caducidad de cara a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Corte Constitucional, T-352 de 2016.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Hernán Andrade Rincón, 23 de marzo de 2017, rad. 73001-23-31-000-2011-00452-01.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 5 de septiembre de 2016, rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01.

En relación con la sentencia T-352 de 2016 y el asunto de la referencia la Sala advierte que no abordará su análisis comoquiera que debe, a su juicio, las decisiones en sede de tutela, proferidas por la Corte Constitucional, no constituyen precedente, en tanto no son dictadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, de manera que sólo son criterios auxiliares; contario a lo que ocurre con las sentencias de unificación (SU) y las que abordan el estudio de constitucionalidad de una norma (C).

Ahora bien, en relación con las sentencias de 23 de marzo de 2017 y de 5 de septiembre de 2016 de la Sección Tercera del Consejo de Estado invocadas por el libelista no hace falta efectuar mayores precisiones, pues en capítulos anteriores del presente proveído se clarificó la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en frente a los delitos de lesa humanidad y la caducidad. Incluso estas providencias fueron reseñadas en dicho acápite, y está fuera de discusión que en tanto se trate de crímenes de esa laya no se exige ejercicio oportuno del derecho de acción.

Cabe poner de relieve que el juzgador acusado de segunda instancia, para señalar que en materia administrativa no se aplica la imprescriptibilidad en materia penal frente a los delitos de lesa humanidad, invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad: 05001-23-33-000-00406-01 (58549) del 27 de septiembre de 2017, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico.

En criterio de la Sala, ello no logra enervar lo esgrimido en cuanto al carácter pacífico y reiterado de la jurisprudencia de la Corporación respecto de que frente a ese tipo de conductas se erige una excepción a la regla ordinaria de caducidad, habida cuenta que el auto invocado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca corresponde a una decisión de ponente proferida por uno de los integrantes de la Subsección “A” de la Sección Tercera. Esta precisión es importante en la medida en que, incluso con posterioridad, la misma Subsección, con el pleno de sus integrantes, reiteró que la caducidad no es oponible a la reparación por crímenes de lesa humanidad, reflejo de ello es el siguiente pronunciamiento: SUBSECCIÓN “A”, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, auto de 13 de noviembre de 2018, rad. 05001-23-33-000-2017-01512-01.

Efectuada esta acotación, se debe indicar que a pesar de la contundencia del mandato de imprescriptibilidad, no puede decirse propiamente que el Tribunal administrativo de Cundinamarca haya desconocido esta regla al confirmar la caducidad de la acción contenciosa en cuestión.

De hecho, fundó su análisis en providencia de 14 de septiembre de 2017 de la Sección Tercera del Consejo de Estado que precisa que la configuración de los crímenes de lesa humanidad, para excepcionar la caducidad, exige la concurrencia de los dos requisitos desarrollados por la jurisprudencia de esa Sección, y que han sido atendidos también por esta Sala en vía de tutela: “i) que se ejecute en contra de la población civil y ii) que se lleve a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático”.

Como se evidenció, para el Tribunal censurado, los hechos alegados por los actores permitieron entrever que se cumplió con el primer requisito, en tanto se denunciaron ataques ejecutados contra la población civil; pero el colegiado descartó que se hubiesen llevado a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático, dado que, en su criterio, “este ocurrió debido a un hecho aislado en el [sic] un grupo al margen de la ley amenazó al señor Bermúdez Obando”.

Así las cosas, no se configura el desconocimiento del precedente respecto de la imprescriptibilidad de la acción de reparación frente a delitos de lesa humanidad, ya que el Tribunal aplicó dicha regla, lo que ocurre es que el análisis que realizó no le permitió encuadrar los supuestos fácticos del caso de marras en esa sub regla jurisprudencial.

Y si bien los peticionarios expresan en la solicitud de amparo que “… existen pruebas dentro del proceso[,] certificados, constancias, denuncias penales donde se prueba que los demandantes sufrieron los hechos victimizantes de desplazamiento forzado, amenazas, secuestro simple, constreñimiento ilegal, secuestro, esclavitud y trabajos forzados, trato inhumano y degradante, entre otros, delitos de lesa humanidad…”, no exponen los motivos por los cuales ello se dio en el marco de un ataque generalizado o sistemático y no “debido a un hecho aislado en el un [sic] grupo al margen de la ley amenazó al señor Bermúdez Obando” como lo resolvió el contencioso de segunda instancia.

Por lo explicado, esta parte de la censura por desconocimiento del precedente no está llamada a prosperar, toda vez que el encuadramiento efectuado por el Tribunal respecto de la ausencia de connotación de lesa humanidad se encuadra dentro del marco de su autonomía e independencia, sin que se hubiera logrado enervar a través de los señalamientos de la tutela.

2.10.3. Desconocimiento del precedente alegado sobre el carácter de daño continuado del desplazamiento forzado

Sostiene el libelista que en las providencias censuradas se desconoció la postura fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la imposibilidad de computar la caducidad frente al desplazamiento forzado hasta tanto no se produzcan las condiciones de seguridad para el retorno, por tratarse de un daño continuado, vertida en los siguientes pronunciamientos:

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Hernán Andrade Rincón, 9 de septiembre de 2015, rad. 20001-23-31-000-2004-01512-01.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, M. P. Enrique Gil Botero, 26 de julio de 2001, rad. 08001-23-31-000-2010-00762-01.

Baste para la Sala decir que en el capítulo “2.7.” del presente proveído se explica cómo la regla ordinaria de la caducidad, frente a casos de desplazamiento forzado se mide a partir de la teoría del daño continuado, conforme con la cual, tal y como lo sostiene el peticionario, “debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen”.

Visto el contenido del auto de 20 de septiembre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” confirmó la caducidad declarada por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera en audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2018, se aprecia que, ninguna consideración efectuó dicha autoridad judicial al respecto, a pesar de que ello fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, según se ilustró en el acápite “2.10.1” del presente proveído.

Esto es así por cuanto tal juzgador se limitó a expresar que, por no tratarse de un crimen de lesa humanidad, “… le asiste razón al a quo en el sentido de que el término de la caducidad en el caso debe contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia [SU-254 de 2013] de la Corte Constitucional, que corresponde al 22 de mayo de 2013”. De ahí que emerja palmario el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la existencia de un daño continuado, sumado a la errada aplicación de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional.

Colegir sin más que, por el solo hecho de haber abandonado los demandantes su hogar el día 14 de abril de 2007, la caducidad tenía que contabilizarse desde esa fecha o, en su defecto, desde la ejecutoria de la reputada sentencia de unificación, opera en contra del precedente que pacífica y uniformemente ha construido el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo como órgano límite en la materia.

Es así que al eludir el estudio sobre la existencia de condiciones posteriores a la causa del desplazamiento, especialmente relacionadas con “…las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen” es vulneratorio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los accionantes, quienes, por demás, aseguran que no les ha sido notificado en los términos del artículo 3 del Decreto 2569 de 2000 el acto administrativo que declara la cesación del desplazamiento y que su condición de desplazados es actual, más cuando aún se encuentran inscritos en el RUV.

No le concierne a la Sala en su rol de fallador de amparo establecer si están dadas o no las condiciones del retorno ni la forma en la que ello debe acreditarse, pues tal disquisición es propia del análisis que respecta al juez de instancia.

Únicamente dirá la Sala que, ante el silencio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se configura una lesión a las prerrogativas ius-fundamentales de la parte actora que debe ser precavida por medio de una orden tuitiva –tal como se ha hecho en oportunidades pretéritas–, a efectos de que se profiera un auto de reemplazo por el juez natural, que en este caso es el mismo ad quem contencioso, en el que enmiende tal falencia.

2.10.4. Desconocimiento del precedente alegado sobre la aplicación de los principios pro damato y pro actione

Esto lo sustenta el censor en que las autoridades judiciales acusadas no contemplaron la aplicación de tales mandatos de optimización, vertidos en la siguiente providencia:

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, 9 de diciembre de 2013, rad. 5001-23-31-000-2012-00196-01.

Sobre el particular, conviene decir que tal principialística se impone en los casos en que para el juzgador no exista certeza sobre los hechos que determinan el ejercicio oportuno del derecho de acción.

Bajo su égida, la duda en torno a ese aspecto debe ser resuelta en favor de la parte actora, en el sentido de dar curso a la acción, sin perjuicio de que en oportunidades subsiguientes surjan los elementos que definan la aplicación de la caducidad.

Descendiendo esta premisa al sub lite, la Sala encuentra que no hay lugar a desatar tal planteamiento, pues, en armonía con lo esbozado en el capítulo inmediatamente anterior, será el juzgador de instancia, en cumplimiento de este fallo de tutela, quien determine si, a la luz de la teoría del daño continuado en materia de desplazamiento forzado, se dan las condiciones para superar la caducidad del medio de control de reparación directa.

Con soporte en el explicitado componente prismático, la Sala se abstiene de abordar el cargo por desconocimiento del precedente sobre la aplicación de los principios pro damato y pro actione.

2.10.5. Conclusiones

En retrospectiva, no se configura el desconocimiento del precedente alegado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pues el contencioso acusado aplicó la pauta jurisprudencial edificada por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado al respecto; lo que ocurre es que, en su análisis del caso concreto no se dieron por superadas las exigencias fácticas para exceptuar la caducidad, sin que ello fuera debidamente controvertido en sede de tutela.

Cosa distinta ocurre en relación con el acatamiento del precedente construido en torno a la connotación de daño continuado que se ha atribuido al flagelo del desplazamiento forzado, toda vez que el Tribunal enjuiciado no acometió el estudio correspondiente a la verificación de “…las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen”, razón por la cual se procederá al amparo constitucional deprecado, en el sentido de dejar sin efectos el auto de 20 de septiembre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” confirmó la caducidad declarada por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera en audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2018. Ello, a efectos de que el mencionado ad quem profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta lo explicado en la presente providencia.

Por sustracción de materia, bajo el entendido de que ello responde a un juicio propio de instancia, que deberá surtirse en cumplimiento del mandato constitucional, la Sala se abstiene de abordar el cargo por desconocimiento del precedente sobre la aplicación de los principios pro damato y pro actione.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR LA EXCEPCIÓN de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Policía Nacional.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los señores HUMBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ OBANDO y MARINA SOSA SÁNCHEZ. Consecuencialmente, DEJAR SIN EFECTOS el auto de 20 de septiembre de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” dentro del medio de control de reparación directa No. 11001-33-36-031-2016-00251, para que, dentro de los 10 siguientes a la notificación del presente proveído, profiera uno nuevo de conformidad con las razones expuestas en relación con el carácter continuado del desplazamiento forzado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados, según el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017. Folios 1-10. Contraportada. El libelista los enlista así: “… prevalencia del derecho sustancial e inaplicación injustificada de precedentes jurisprudenciales verticales y obligatorios proferidos por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional –convencionales– desconocimiento de derechos humanos – delitos de lesa humanidad de desplazamiento forzado, secuestro, amenazas, constreñimiento ilegal, tortura, trabajos forzados, esclavitud, tratos inhumanos y degradantes entre otros, sufrido por los demandantes” (folio 1). Según registro civil visible en folio 25 del cuaderno de pruebas 2 del expediente contencioso. Según registro civil visible en folios 23-24 del cuaderno de pruebas 2 del expediente contencioso. Dice la sentencia SU-254 de 2013: “… los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”
“Artículo 3°. Cesación de la condición de desplazado. (…)Parágrafo. La cesación se declarará mediante acto motivado, contra el cual proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa”. Registro Único de Víctimas. Folio 1. Folios 14-15. Folio 31. Folios 43-44. Folios 25-27. Modificado por el art. 1 del Decreto Nacional 1983 de 2017. Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C. P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Ídem. Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Contraportada. A folio 191 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se observa que la notificación personal de la sentencia a la parte demandante, realizada el 1º de agosto de 2018. M. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00. Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992. Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 5 de febrero de 2015, rad. 11001-03-15-000-2014-01312-01, actor: FIDEL DE JESUS LAVERDE Y OTRA, demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B. Cfr. sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-762 de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sección Tercera, Subsección “A”, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 70001-23-33-000-2016-00288-01. M. P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2017-03326-01. M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2017-03391-01. M. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-15-000-2017-01905-01. M. P. Rocío Araujo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2018-00961-01. Folios 56-57 del cuaderno principal del expediente contencioso. Folio 69vto. del cuaderno principal del expediente contencioso. Folios 70-71vto. del cuaderno principal del expediente contencioso. Subsección “B”, C. P., Danilo Rojas Berancourth, rad. 05001-23-33-000-2016-02780-01. Folio 9. Cfr. entre otras, Sección Tercera, Subsección “B”, .M. P. Danilo Rojas Betancourth, auto de 12 de diciembre de 2014, rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01
Cfr. entre otras, Sección Tercera, Subsección “B”, .M. P. Danilo Rojas Betancourth, auto de 12 de diciembre de 2014, rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01
“Artículo 3°. Cesación de la condición de desplazado. (…)Parágrafo.

La cesación se declarará mediante acto motivado, contra el cual proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa”. Registro Único de Víctimas. En folio 19 del cuaderno 2 del expediente contencioso obra documento de carácter informativo de 23 de julio de 2012 de la alcaldía de Itagüi, sobre la inclusión en el antiguo Registro Único de Población Desplazada, hoy RUV. Cfr. Capítulo “2.9.” de esta sentencia. Cfr. entre otras, Sección Tercera, Subsección “B”, M. P. Danilo Rojas Betancourth, auto de 12 de diciembre de 2014, rad. 05001-23-33-000-2013-01356-01

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01
Demandante: José Del Cristo Polo Polo

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