Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04640-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04640-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04640-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
28 de febrero de 2019
ACCIÓN DE TUTELA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE CREMIL PARA RESOLVER SOLICITUD SALARIAL Y PRESTACIONAL DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES - De soldados voluntarios que posteriormente fueron vinculados como profesionales / RELIQUIDACIÓN DE ASIGNACIÓN BÁSICA Y DE RETIRO DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[S]e advierte que el Tribunal de instancia, con sustento en sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado, argumentó que lo solicitado por el accionante era la reliquidación de la asignación básica que había devengado en servicio activo, concluyendo que CREMIL carecía de competencia para atender esa reclamación y, por tanto, debía acudir al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional para dicho propósito. Sin embargo, la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver en segunda instancia demandas promovidas en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, ha considerado que su reconocimiento y pago corresponde a CREMIL (…) Así las cosas, es claro que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene legitimación en la causa por pasiva para responder por las solicitudes de reajuste de las asignaciones de retiro de quienes estando en servicio activo como soldados voluntarios fueron vinculados como soldados profesionales sin que pueda exigírseles que acudan previamente al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para obtener la reliquidación del salario y luego ser reconocidas por CREMIL (…) De manera que declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja en estos asuntos, desconoce la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, radicación nro. CE-SU J2-003-16, así como el precedente que esta Corporación ha señalado en la solución de procesos promovidos en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04640-00(AC)
Actor: ILSIO GÓMEZ ALEMESA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia con ocasión de la decisión proferida el 18 de junio de 2018, que revocó parcialmente la dictada en audiencia inicial el 3 de marzo de 2014 por el Juzgado Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cartago, el cual había accedido a las pretensiones de la demanda promovida, proceso radicado bajo el nro. 761473333001201300027200.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
El señor Ilsio Gómez Alemesa, por conducto de apoderada judicial, promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por el H.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, al proferir sentencia de fecha 18 DE JUNIO DE 2018, en virtud de la cual se ordenó reliquidar de manera incorrecta la asignación de retiro del actor.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia antes referida en cuanto ordenaron reliquidar de manera incorrecta la asignación de retiro del actor.
3. Que una vez se declare la nulidad parcial solicitada, se ordene que se profiera nueva sentencia en virtud de la cual se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a liquidar su asignación mensual en cuantía de un salario mínimo incrementado en un 60% de conformidad con el inciso segundo del artículo primero del Decreto 1794 de 2000.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera. […]”
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante afirmó que estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado regular, posteriormente como soldado voluntario y se retiró con derecho a la asignación de retiro a partir del 23 de agosto de 2011.
Aseveró que, en virtud de lo dispuesto por la Ley 131 del 31 de diciembre de 1985, sólo recibió una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 60%, así como otra adicional en los meses de diciembre, cumpliendo horarios extenuantes y estaba expuesto a “agrestes condiciones de la guerra”.
Señaló que con la expedición de los Decretos 1793 y 1794, ambos expedidos el 14 de septiembre de 2000, se estableció el régimen salarial y prestacional que cobijaba a los soldados profesionales, mientras que la Orden Administrativa de Personal nro. 1175 del 20 de octubre de 2003, cambió la denominación del grado de soldado voluntario a profesional.
Indicó que, pese a dicho marco, el Ejército Nacional no ha cumplido con los pagos de forma completa, aplicando la normativa “a su acomodo privando a los soldados profesionales de muchos de los derechos que les asisten”, como es el salario acorde con los parámetros del artículo 1 del citado Decreto 1794.
Resaltó que esta Corporación, en Sentencia de Unificación CE-SUJ2 85001333300201300060-01, determinó que los soldados profesionales que anteriormente ostentaban la condición de voluntarios tenían derecho a devengar un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60% y no en un 40% como lo venía haciendo el Ministerio de Defensa Nacional.
Arguyó que en el año 2011 solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago del 20% de su asignación básica mensual y posteriormente, respetando la legitimación en la causa por pasiva, demandó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como institución encargada de pagar la asignación salarial durante el tiempo que estuvo activo, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que en sentencia del 26 de abril de 2011 accedió a las pretensiones.
Adujo que pidió su cumplimiento al Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional – Coordinación de Grupo Contencioso Constitucional y por Resolución nro. 4747 del 12 de junio de 2015 se acató lo ordenado y “[e]fectivamente se reliquidación (sic) y pagaron los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde el año 2007 hasta el año 2011, por ser esta entidad la que debía de pagar esa diferencia. […]”
Manifestó que el 13 de marzo de 2013 solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) el reajuste de su asignación de retiro, la cual fue negada mediante oficio nro. 16863 del 16 de abril de 2012, por lo que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, decisión que fue confirmada por oficio nro. 19851 del 2 de mayo de 2012.
Sostuvo que, ante dicha negativa, promovió demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que conoció por reparto el Juzgado Administrativo en Descongestión del Circuito de Cartago, que en sentencia del 3 de marzo de 2014 accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, ordenó reajustar su asignación de retiro usando como fórmula el 70% de la asignación básica y al valor resultante se le sumaría lo correspondiente al 38.5% de la prima de antigüedad, así como el subsidio familiar que devengó durante el servicio activo.
Aludió que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en sentencia del 18 de junio de 2018 revocó lo decidido por el a quo y declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en lo referente a la pretensión del 20% que no había sido propuesta por la entidad demandada, por lo que considera se configuró una violación directa a la Constitución Política.
Aseguró que efectuó la reclamación del reajuste de su asignación de retiro ante la entidad encargada de su reconocimiento y pago, esto es, ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; por ello, el argumento esgrimido por el Tribunal de instancia para declarar de oficio la mencionada excepción no era de recibo, dado que mientras se encontraba en servicio activo había hecho tal reclamación y en este caso correspondía a la asignación como retirado.
Explicó que esta Corporación ha resuelto casos similares al discutido en el proceso ordinario promovido donde se accedieron a tales pretensiones, para lo cual citó la sentencia proferida por la Sección Segunda el 19 de abril de 2018, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado nro. 18001233300020130021801 (337-2014), concluyendo que en el presente asunto no se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva al estar demostrado que CREMIL es la entidad encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro de quienes pertenecieron a las Fuerzas Militares, en los términos previstos en la Ley 1794 de 2000 y en el Decreto 4433 de 2004.
Resaltó que, en virtud de la Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado el 10 de mayo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, radicación nro. 19001233300020140012801 (1936-2016), CREMIL decidió reajustar la asignación de retiro de todos los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y en su caso fue dictada la Resolución 1913 del 18 de enero de 2018 que le reconoció el aumento del 20%, así como el pago del retroactivo de tres años, “[d]esconociendo arbitrariamente que el señor ILSO GOMEZ ALEMESA, desde el año 2012, poco tiempo después de ser retirado le solicito (sic) a la entidad encargada del pago de la asignación de retiro que se le reajustara, puesto que venía siendo mal liquidada. […]”
Aseveró que el Tribunal accionado de manera reciente cambió su posición frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL, “[r]especto de la pretensión del 20% y en su lugar, estimó procedente el predicado reajuste […]”, a su vez el Consejo de Estado no cuenta con un criterio unificado sobre el particular, por ello estima que es evidente la vulneración de los derechos invocados, solicitando el amparo constitucional para evitar un perjuicio mayor al que se le viene causando.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada el 11 de diciembre de 2018 en la Secretaría de esta Corporación; una vez asignada en reparto por auto del 18 del mismo mes y año se admitió y dispuso notificar a los Magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; asimismo se vinculó al Juzgado Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cartago o al despacho que haya asumido el asunto y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL); por último se dispuso comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; orden que se cumplió el 17 de enero de 2019.
En la misma providencia se solicitó al citado juzgado enviar en calidad de préstamo el expediente radicado bajo el nro. 76147333300120130027200.
3.2. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartago rindió informe en oportunidad el 22 de enero de 2019 por medio electrónico y el 24 en físico, sosteniendo que la solicitud de amparo es improcedente.
Luego de hacer un recuento de la actuación procesal que tuvo lugar en la primera instancia indicó que se cumplieron a cabalidad cada una de las etapas del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previstas en la Ley 1437 de 2011 y el motivo de inconformidad del actor se centra en la decisión adoptada por el Tribunal que resolvió la segunda instancia cuyas actuaciones se sustentan en la autonomía e independencia judicial.
3.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por escrito del 22 de enero de 2019, indicó que se comunicó telefónicamente con el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago para que remitiera el expediente; sin embargo, frente al informe solicitado no hizo pronunciamiento alguno.
3.4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares guardó silencio.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, así como en virtud de lo señalado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, disposición relativa a la distribución de negocios entre las secciones del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo nro. 377 del 11 de diciembre de 2018.
HECHOS RELEVANTES:
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
El señor Ilsio Gómez Alemesa estuvo vinculado durante 20 años, 2 meses y 12 días al Ejército Nacional y se retiró del servicio el 29 de agosto de 2011 en el grado de Soldado Profesional, por adquirir el derecho a la pensión; la asignación de retiro se le reconoció mediante la Resolución nro. 3879 del 23 de agosto de 2011, expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en cuantía del 70% del salario mínimo mensual, en los términos del inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, adicionado en un 38.5% de la prima de antigüedad.
El 13 de marzo de 2012, la apoderada del actor solicitó a CREMIL el reajuste de la asignación de retiro: (i) por indebida aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en concordancia con el artículo 13.2.1. ibídem, y el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que, a su juicio, la entidad incurrió en error al liquidar la asignación de retiro y tomó equivocadamente los factores y porcentajes salariales; (ii) por falta de aplicación del parágrafo segundo del artículo 1 de la norma ejusdem por considerar que debía liquidarse con base en el salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, y (iii) por violación al derecho fundamental a la igualdad al dejar de incluir el subsidio familiar como partida computable para la asignación de retiro.
El Subdirector de Prestaciones Sociales de CREMIL, mediante oficio 16863 del 16 de abril de 2012, negó la anterior solicitud aduciendo que el salario básico tomado en la liquidación de la asignación de retiro correspondía al que venía devengando durante el servicio activo; por ello, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación que la entidad por oficio nro. 19851 del 2 de mayo de 2012 indicó que no eran procedentes.
Ante dicha negativa, el actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que fue decidida en primera instancia por el Juzgado Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cartago, que en audiencia inicial celebrada el 3 de marzo de 2014, resolvió:
“[…] PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad e ilegal para el caso concreto, el parágrafo del artículo 13, del Decreto 4433 de 2004, por violar el principio Constitucional de igualdad, así como, los principios rectores consagrados en la Ley 923 de 2004, en el entendido que con respecto a los soldados e infantes de marina profesionales que tenga como derecho adquirido el subsidio familiar, éste será una partida computable para efectos de calcular su asignación de retiro en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro, tal como tienen derecho los otros miembros de las fuerzas militares.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 16863, expedido por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL, que negó la solicitud de reliquidación de la asignación de retiro del señor ILSIO GÓMEZ ALEMESA, identificado (…), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES –CREMIL, reliquidar la asignación de retiro del señor ILSIO GÓMEZ ALEMESA, reconocida mediante Resolución Nº 3879 de 23 de agosto de 2011, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo establecida en el presente fallo, es decir, el 70% de la asignación básica, más el 38.5% de la prima de antigüedad, sin aplicarle ningún porcentaje adicional e incluyendo el subsidio familiar como factor salarial para el cálculo en el mismo porcentaje de la asignación básica.
De la liquidación efectuada, la entidad condenada deberá pagar al demandante las diferencias causadas entre las mesadas pagadas y las reliquidadas, a partir de la fecha en que adquirió el derecho. La suma de dinero que resulte de la condena anterior, es decir, las diferencias, se ajustará de acuerdo al índice de precios al consumidor tal como lo manifiesta el artículo 192 del CPACA.
CUARTO: La entidad demandada deberá cumplir esta decisión en los términos de los artículos 192 a 195 del CPACA.
QUINTO: Niéguense las demás súplicas de la demanda. […]”
(Negrita de la providencia)
Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 18 de junio de 2018, donde dispuso:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la Sentencia primera instancia No. 043 del 3 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Administrativo Oral de Descongestión de Cartago y en su lugar, DECLARAR FUNDADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva exclusivamente frente a la pretensión 2.2. de la demanda, tendiente al reajuste del salario mínimo legal vigente incrementado en un 60% conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás [...]”
(Negrita de la providencia)
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
La Sala observa frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que están cumplidos por las siguientes razones:
(i) El actor invoca la vulneración de derechos de orden fundamental, como son la igualdad, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia como consecuencia de la decisión judicial que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto de una de las pretensiones allí formuladas; ii) el interesado agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía pues interpuso los recursos procedentes en sede judicial; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, habida cuenta que la providencia de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 18 de junio de 2018 y la tutela radicada el 11 de diciembre del mismo año; iv) la irregularidad manifestada por el demandante concierne al defecto de violación directa de la Constitución Política; v) la situación que se afirma generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y vi) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Por consiguiente, es procedente descender al estudio del defecto que invoca la parte actora:
Violación directa de la Constitución
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales se fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 4 de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, al punto en que de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se asienta en el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de la obligación “(…) que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…)’”.
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango inferior al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución.
La Corte ha identificado casos en los que típicamente procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, que de igual modo pueden agruparse en consideración a si el conflicto se suscita a partir de la fuente o del método de interpretación, a saber:
Violación directa de la Constitución por razón de la fuente
(i) cuando se presenta una violación evidente a un derecho fundamental, por naturaleza, de aplicación inmediata;
(ii) cuando no existiendo precepto legal directamente aplicable a la situación, deja de acudirse directamente a las normas constitucionales.
(iii) cuando el juez encuentra una norma manifiestamente incompatible con la Constitución y adopta su decisión sin aplicar la excepción de inconstitucionalidad, evento en el cual, de igual forma, la providencia incurriría en defecto sustantivo. Ello por cuanto, en un supuesto tal, solo podría concluirse que el juez fundamentó su decisión en normas que, siendo de menor jerarquía, contravienen los principios y derechos establecidos en la Carta y, en definitiva, adoptó una decisión que de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría existir en el ordenamiento jurídico.
En todo caso, dada la naturaleza de la acción de tutela, solo procede si hay vulneración de un derecho fundamental, pues son ellos los llamados a ser protegidos por esta figura.
Violación directa de la Constitución en torno al método
Cuando los jueces desconocen el principio de interpretación conforme con la Constitución, que les exige una actitud reflexiva sobre la compatibilidad entre el contenido normativo cuya aplicación se demanda y la Constitución, para preferir, ante comprensiones diferentes de una misma disposición, aquella que resulte incompatible con los postulados Constitucionales, vulnerando derechos fundamentales.
Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas coinciden con las causales de configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que entre las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial “no existe un límite indivisible” y que una misma circunstancia bajo análisis puede encuadrarse dentro de varios de ellos.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política.
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela. Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
En el caso concreto se tiene que las pretensiones de la acción de tutela están encaminadas a que se revoque el numeral primero de la sentencia proferida el 18 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar, se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares: “[l]iquidar su asignación de retiro, en cuantía de un salario mínimo incrementado en un 60% de conformidad con el inciso segundo del artículo primero del Decreto 1794 de 2000 […]”, puesto que en criterio del actor la providencia “[o]rdenó liquidar de manera incorrecta la asignación de retiro […]”.
Sin embargo, el fallo que se cuestiona lo que dispuso fue declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL en cuanto a la mencionada pretensión y confirmó en todo lo demás lo decidido por el a quo; por consiguiente, en aras de constatar si el defecto alegado se enmarca en la causal de violación directa de la Constitución por la violación evidente de un derecho fundamental de aplicación inmediata, se tiene lo siguiente:
El Tribunal de instancia en la sentencia del 18 de junio de 2018, para dar prosperidad de oficio a la falta de legitimación en la causa por pasiva, explicó:
“[…] Se evidencia de la mencionada pretensión que lo realmente perseguido es una variación de la asignación que percibía el señor ILSIO GOMEZ ALEMESA cuando se encontraba en servicio activo, ello con el fin que dicha modificación se refleje intrínsecamente en la asignación de retiro situación ésta que recae en cabeza del MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, sin que sea jurídicamente posible con miras de garantizar el derecho al debido proceso y derecho de defensa, entrar a cuestionar o discutir el monto salarial que en otrora utilizó la demandada CREMIL para liquidar la prestación pensional.
Al respecto el Consejo de Estado, señaló:
“En este punto, conviene precisar que la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es razonable, ponderada y está desprovista de arbitrariedad o capricho, pues conforme a lo previsto en el artículo 3º dela Ley 923 de 2004, Cremil cumple labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes, mas no es responsable de la remuneración de los miembros de la fuerza pública, la cual es una obligación del Ministerio de Defensa Nacional.
Siendo así, no cabe duda que Cremil no es la autoridad competente para atender las reclamaciones relacionadas con el reajuste de la asignación básica devengada en actividad por los miembros de las fuerzas militares y, por ende, como bien señaló el tribunal demandado, la reclamación del reajuste salarial debió presentarse ante el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, y no ante Cremil, quien, se insiste, únicamente se encarga de reconocer y pagar las prestaciones a que tienen derecho los miembros retirados de las fuerzas militares.
En ese contexto, la Sala estima acerado que le Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, hubiera declarado la falta de legitimación en la causa por pasiva del Cremil, respecto de la pretensión de reajuste de la asignación de retiro en un 20% del salario devengado en actividad.
En pronunciamientos realizados por esta Corporación, se ha prohijado la tesis de la falta de legitimación en la causa por pasiva de Cremil frente a las pretensiones de reajuste salarial, decisiones que sido (sic) proferidas, por la propia Sección Segunda, que es la especializada en asuntos de carácter administrativo laboral.
Todo lo dicho en precedencia, lleva a denegar las pretensiones de la tutela interpuesta por Gilberto Muñoz Rasero, habida cuenta de que los defectos en los que se fundó su solicitud de amparo no se configuran”
En otro pronunciamiento, este Alto Tribunal sobre este mismo tema, indicó:
“En consecuencia, se advierte que en el presente asunto se presentan unos supuestos fácticos y jurídicos que difieren de los demás que la subsección ha estudiado con anterioridad, en la medida en que en esta oportunidad el tribunal accionado revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que había accedido al reajuste del salario mínimo mensual como partida computable para la reliquidación de la asignación de retiro, por determinar no le asistía el derecho al aumento del 60% sino que encontró una falta de legitimación en la causa por parte de la entidad demandada al no ser la competente para el pago de la asignación básica mensual de los miembros de la fuerza pública.
En este orden de ideas, la conclusión a la que arribó la corporación judicial accionada resulta razonable y acorde a derecho, en atención a que tal como lo mencionó en el referido pronunciamiento judicial, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es la competente de realizar las gestiones correspondientes al reconocimiento y pago de asignaciones de retiro, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 3º de la Ley 923 de 2004, solamente; de tal forma, la reclamación de ajuste salarial debió presentarse ante el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, máxime si se tiene en cuenta que en el expediente del proceso ordinario se encontró acreditado que durante el servicio activo, al tutelante le era pagada la asignación básica incrementada en un 40%.
(…)
Ahora, si bien es cierto que la parte actora invocó las sentencias de 18 de enero y 11 de febrero de 2016 en las que esta subsección (sic) del Consejo de Estado sostuvo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene la facultad legal y constitucional para reajustar las asignaciones de retiro de los soldados profesionales, se advierte que esta Sala de decisión (sic), después de hacer un análisis integral del asunto, corrigió la posición jurídica asumida previamente en sentencia 23 de mayo de 2016, expedida dentro del radicado 2016-00989-00, en la que se consideró ajustado a derecho declarar la falta de legitimación por pasiva de la mencionada entidad en aquellas causas en las que el demandante no agotó correctamente la vía administrativa (…)” (Negrillas y subraya del texto)
Con fundamento en lo anterior, respecto al reajuste de la asignación básica que se solicita en razón del proceso de reincorporación de los soldados voluntarios al nuevo régimen de carrera del soldado profesional creado en el Decreto 1794 de 2000, se encuentra plenamente acreditado que existe falta de legitimación en la causa de CREMIL para asumir tal pretensión de reajuste en tanto ella no es la encargada de variar la asignación básica de los soldados profesionales.
En efecto, se puede señalar que CREMIL no tiene tal potestad pues solo se encarga de reconocer, liquidar y pagar la asignación de retiro con base en el salario y las partidas computables que venía percibiendo el demandante en actividad conforme a la hoja de servicios, siendo así que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en condición de empleador sea llamado a actualizar conforme al Decreto Nacional el salario de los efectivos de las fuerzas militares y sus partidas o factores computables.
No obstante a lo anterior, no se puede perder de vista que el Consejo de Estado mediante providencia de unificación determinó la procedencia del reajuste en un 60% y no el 40% como erróneamente en su momento lo interpretó la entidad; sin embargo, en esta providencia actuó como parte pasiva la NACIÓN – EJÉRCITO NACIONAL evidenciándose como anteriormente se dijo, que CREMIL carece de legitimación material en la causa frente a dicha omisión y que por tanto prima facie a pesar que el asunto debatido puede ser de contornos idénticos en cuanto a la pretensión propiamente dicha, ésta discrepa de la entidad traída a juicio.
Evidencia ésta Corporación, que si bien el A quo al momento de analizar esta pretensión llegó a la misma conclusión anteriormente señalada en el sentido de indicar que CREMIL no le corresponde realizar modificaciones a la base de asignación salarial del personal castrense que se encuentra en servicio activo, a renglón seguido procedió a negar esta pretensión.
Conforme con lo expuesto, no le resta salida diferente a esta Sala de Decisión que aclarar tal situación, ello en virtud que al no realizar un estudio sobre el fondo del asunto, no es viable negar la pretensión, sino declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL frente a la pretensión aquí mencionada. […]”
(Subrayas de la Sala)
Acorde con la anterior transcripción se advierte que el Tribunal de instancia, con sustento en sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado, argumentó que lo solicitado por el accionante era la reliquidación de la asignación básica que había devengado en servicio activo, concluyendo que CREMIL carecía de competencia para atender esa reclamación y, por tanto, debía acudir al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional para dicho propósito.
Sin embargo, la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver en segunda instancia demandas promovidas en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, ha considerado que su reconocimiento y pago corresponde a CREMIL, interpretando la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación nro. CE-SU J2-003-16, así:
• En la sentencia del 9 de marzo de 2017, C. P. William Hernández Gómez, radicado nro. 66001-23-33-000-2013-00079-01(2898-14), dijo lo siguiente:
“[…] Por tanto, el demandante tiene derecho al reajuste de su asignación de retiro desde el 13 de mayo de 2009 fecha a partir de la cual le fue reconocida la asignación por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, si se tiene en cuenta que no es objeto de prescripción cuatrienal, toda vez que presentó la solicitud (folio 5) de reajuste el 13 de abril de 2012 con la diferencia, equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar por tratarse de derechos adquiridos.
En conclusión: Según la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 es que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir un salario básico mensual equivalente a un mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En ese orden de ideas, los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000, se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, y a quienes se les ha venido cancelando un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, tienen derecho a un reajuste salarial equivalente al 20%.
En el presente caso el a quo en forma correcta ordenó el reajuste de la asignación de retiro del demandante con la diferencia equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar y a pesar que este aspecto no fue objeto de discusión en el recurso de apelación, se hace necesario para resolver el problema jurídico planteado en segunda instancia.
Prima de antigüedad en el reconocimiento de la asignación de retiro de los soldados profesionales
(…)
En cuanto a la entidad a cargo señaló lo siguiente en la parte resolutiva:
FALLA
Primero: Modificar el ordinal 3.º de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el cual, quedará así:
«[…] 3.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a pagar en favor del señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez el reajuste de su asignación de retiro en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, artículo 1.º, inciso segundo, por el período comprendido entre el 13 de mayo de 2009 hasta el momento en que se disponga el cumplimiento de la presente providencia, así: […]”
• En la sentencia del 9 de marzo de 2017, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado nro. 15001-23-33-000-2014-00179-01(1849-17), explicó:
“[…] De acuerdo a lo expuesto y con relación a la normativa que rige a los soldados profesionales, antes voluntarios, se debe concluir que para el presente caso la norma aplicable es el Decreto 1794 de 2000, y la correcta interpretación de su artículo 1º, inciso 2º, es aquella según la cual los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir un salario básico mensual equivalente a un mínimo legal vigente incrementado en un 60% pues el actor fue vinculado al Ejército antes del año 2000.
Ahora bien, el demandante afirma que durante su relación laboral, la asignación mensual que recibió correspondió al salario mínimo incrementado solamente en un 40% y no en un 60%, de modo que se desconoció la previsión del artículo 1 del Decreto ley 1794 de 2000.
Sin embargo, con las pruebas que obran en el expediente se observa que durante el curso de la relación laboral el actor no reclamó el reajuste de su asignación mensual de actividad, sino que la petición al respecto tan solo fue efectuada al momento en que se produjo el retiro, para ser incluida dentro del cálculo de su pensión; lo anterior quiere decir que el derecho al reajuste de la asignación de actividad se extinguió ante la extemporaneidad de la petición.
En todo caso, lo anterior no impide que la Sala se pronuncie en relación con el reconocimiento adecuado y legal de la asignación de retiro, pues con base en lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, artículo 13, numeral 13.2.1, dentro de las partidas computables que han de tenerse en cuenta para reconocer las asignaciones de retiro a los soldados profesionales está el salario mensual en los términos del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Sobre este punto, la Sala considera importante precisar que para el reconocimiento de la asignación de retiro el artículo 13, numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de 2004 remite en forma expresa a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 1794 de 2000, es decir, esa remisión se hace sin consideración a la asignación mensual que el soldado recibió en actividad; en consecuencia, procede su aplicación directa, de la siguiente manera:
(…)
Vale la pena aclarar que pese a que el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en su numeral 13.2.1 al remitirse al salario mensual en los términos del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, solo se refiere a lo dispuesto en el inciso primero de esta última norma; sin embargo, para la Sala es claro que lo allí dispuesto no excluye de la aplicación del inciso segundo, comoquiera que en tal disposición se realiza una discriminación respecto de los soldados vinculados antes y después del año 2000, a quienes se les debe dar un tratamiento diferente garantizando el derecho adquirido de quienes ingresaron como soldados con anterioridad a esa fecha.
En tales condiciones, la Sala concluye que el salario que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debe tener en cuenta para reconocer y liquidar la asignación de retiro del demandante, es el determinado en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en particular, lo dispuesto en el numeral 13.2.1 y remitirse a lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, y, bajo ese supuesto, aplicar el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en el 60%, pues el actor fue vinculado al Ejército antes del año 2000. […]”
(Resaltado de la Sala)
La anterior posición fue reiterada en sentencia del 19 de abril de 2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado nro. 18001233300020130021801 (3337-2014).
Así las cosas, es claro que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene legitimación en la causa por pasiva para responder por las solicitudes de reajuste de las asignaciones de retiro de quienes estando en servicio activo como soldados voluntarios fueron vinculados como soldados profesionales sin que pueda exigírseles que acudan previamente al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para obtener la reliquidación del salario y luego ser reconocidas por CREMIL.
Prueba de ello es que, como lo demuestra el actor, el Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, en sentencia del 26 de abril de 2013, declaró la nulidad de los oficios nro. 20115661084431 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM del 21 de diciembre de 2011 y 20125660035341 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM del 16 de enero de 2012, mediante los cuales la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional negó el reajuste salarial del 20% y, en consecuencia, ordenó a su favor reconocer y pagarle mientras estaba en servicio activo: “[l]a diferencia entre el salario, prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos devengados como consecuencia de su vínculo como soldado profesional, y lo que debió devengar mensualmente, equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%, desde el 26 de septiembre de 2007 hasta el 30 de mayo de 2011, por prescripción cuatrienal […]”.
Tal pretensión fue cumplida por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional por medio de la Resolución 4747 del 12 de junio de 2015, “Por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de ILSO GÓMEZ ALEMESA”.
De manera que declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja en estos asuntos, desconoce la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, radicación nro. CE-SU J2-003-16, así como el precedente que esta Corporación ha señalado en la solución de procesos promovidos en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Por lo anterior, se ampararán los derechos derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del demandante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de junio de 2018 y se ordenará que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, profiera una nueva decisión en donde estudie de fondo la pretensión 2.2. de la demanda que el actor promovió en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del señor Ilsio Gómez Alemesa, según las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 18 de junio de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho bajo el radicado nro. 761473333001201300027200, y se le ORDENA que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, profiera una nueva decisión en donde estudie de fondo la pretensión 2.2. de la demanda que promovió el accionante en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que la presente providencia no fuere impugnada, ORDENAR a la Secretaría que devuelva al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, el expediente correspondiente al proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado número 761473333001201300027200, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuera impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Demanda promovida en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Folio 1 del cuaderno de la acción de tutela.
Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario.
Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.
por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.
Folio 95 del cuaderno de la acción de tutela obra acta de radicación de la Secretaría General.
Folio 97 y 98 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 99 a 107 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 110 a 112 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 131 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 126 a 128 del cuaderno de la acción de tutela.
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.”
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
Folios 2 a 4 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.
Folios 6 a 13 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Folios 14 y 15 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Folios 16 al 18 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Folios 19 y 20 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Folios 51 a 58 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Folios 154 a 167 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Folios 377 a 385 del cuaderno del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En la sentencia SU – 168 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional recoge varios supuestos que a lo largo de la jurisprudencia se han reconocido como causales de violación directa de la Constitución.
Corte Constitucional, Sentencia T-927 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia SU-132 de 2013, M.P.: Alexei Julio Estrada
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
Cita de la providencia: “[…] Consejo de Estado con ponencia de la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, en sentencia del veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017) al revisar en sede de tutela una providencia dictada por esta Sala de decisión dentro del expediente No. 76001333300820130029401, demandante Gilberto Muñoz Rosero, Demandado Cremil. […]”
Cita de la providencia: “[…] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicación No. 11001031500020160178900 (AC), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Artículo 1 inciso 2
Según petición radicada el 29 de mayo de 2013.
La asignación de retiro se reconoció a partir del 30 de noviembre de 2010, pues a partir del 29 de ese mes y año se produjo el retiro del servicio, según se desprende de la Resolución 4264 del 20 de octubre de 2010 (folios 2 y 3).
Para impedir que se configurara el fenómeno extintivo respecto de las prestaciones de actividad, el actor debía radicar la reclamación dentro de los 3 años siguientes al retiro, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
Folios 110 a 120 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 49 y 50 del cuaderno de la acción de tutela.
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