Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00218-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Asignación salarial de soldado voluntario incorporado como soldado profesional: liquidación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00218-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2013-00218-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
19 de abril de 2018
ASIGNACIÓN SALARIAL DE SOLDADO VOLUNTARIO INCORPORADO COMO SOLDADO PROFESIONAL – Liquidación
El Decreto 1794 de 2000, en su artículo 1, prevé que la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo a la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, situación en la que está inmerso el demandante, pues de acuerdo a la hoja de servicios que reposa a folio 63, su vinculación en el Ejército como soldado se produjo desde el 13 de marzo de 1987, es decir, está dado el supuesto de la norma para que su asignación sea reconocida con base en el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, se repite, en virtud de la aplicación directa de la previsión del artículo 13, numeral 13.2.1 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Ley 1794 de 2000. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad.: 3420-15.
FUENTE FORMAL: LEY 131 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / LEY 131 DE 1985 – ARTÍCULO 2 / LEY 131 DE 1985 – ARTÍCULO 4 / LEY 131 DE 1985 – ARTÍCULO 5 / LEY 131 DE 1985 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 1793 DE 2000 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1793 DE 2000 – ARTÍCULO 42 / DECRETO 1794 DE 2000 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 2
RELIQUIDACIÓN ASIGNACIÓN DE RETIRO DE SOLDADO PROFESIONAL / PRIMA DE ANTIGUEDAD – Liquidación / PRIMA DE ANTIGUEDAD - Factor de liquidación pensional
De conformidad con el texto del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, se puede advertir que la asignación de retiro de los soldados profesionales debe ser liquidada con el 70% del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad, lo que da como resultado el monto total de la prestación. Se aclara, primero se determina el 70% del sueldo básico y el 38.5% de la prima de antigüedad frente a la totalidad del sueldo básico y la sumatoria de esas dos cifras da como resultado el valor de la asignación. Resulta inadecuado aplicar el setenta por ciento al sueldo básico y luego el 35% a esta suma para determinar la prima de antigüedad, pues con esta interpretación se estaría aplicando doble descuento o doble porcentaje a la prima de antigüedad, con lo cual se contraría lo querido por el legislador, en desmedro de los derechos de los soldados de las Fuerzas Militares.
DERECHO A LA IGUALDAD – Vulneración / REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE SOLDADO PROFESIONAL / SUBSIDIO FAMILIAR – Factor de liquidación pensional
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, deberá reajustar la asignación de retiro del demandante teniendo en cuenta la partida computable del subsidio familiar, tal como lo ordenó el a quo y, por ende, se confirmará lo así decidido, pues se reitera, es violatorio del derecho a la igualdad que dicha prestación social se haga extensiva a todos los servidores públicos para efectos de la liquidación de la asignación de retiro y se excluya a los soldados profesionales, quienes son los primeros en dar la cara para la defensa de la soberanía nacional.
FUENTE FORMAL: DECRETO 4433 DE 2004 – ARTÍCULO 13 / LEY 21 DE 1982 – ARTÍCULO 1
CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso. Valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P.: William Hernández Gómez, rad.: 1291-14.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUB SECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 18001-23-33-000-2013-00218-01(3337-14)
Actor: FREDY GONZÁLEZ VILLANUEVA
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Asunto: Reliquidación asignación de retiro
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Caquetá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
El señor Fredy González Villanueva , a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA solicitó al Tribunal Administrativo de Caquetá se declare la nulidad de los Oficios 50937 y 5188 de fecha 7 de octubre de 2011 y 1 de febrero de 2012, respectivamente, emitidos por el jefe de la Oficina Jurídica y el responsable del área notificaciones y recursos legales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante los cuales se comunicó que no se atendían favorablemente las solicitudes presentadas y que el reconocimiento de su asignación de retiro estaba ajustada a la ley por cuanto se sustentaba en la normativa dispuesta para tal fin.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, para que realice la reliquidación de la asignación de retiro, teniendo en cuenta los factores y porcentajes establecidos en el Decreto 4433 de 2004 artículos 16 y 13.2.1 en concordancia con el Decreto 1794 de 2000, artículo 1; igualmente, pidió ajustar e incrementar la base salarial en un 60%, con respecto al salario mínimo.
De la misma forma requirió a la entidad demandada para incluir dentro de las partidas que conforman la asignación de retiro, el subsidio familiar como factor computable, el cual se ha incluido en las pensiones otorgadas a los miembros del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública y la Policía Nacional violando de esta forma lo consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
Así mismo se disponga el pago del reajuste del retroactivo pensional, la indexación, la mora sobre los valores adeudados y la cancelación de gastos y costas procesales.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
El 13 de marzo de 1987 el señor Fredy González Villanueva ingresó al Ejército Nacional como soldado regular; el 1 de octubre de 1988, fue aceptado como soldado voluntario, vinculación que estuvo regida por la Ley 131 de 1985; la denominación de su cargo por mandato del Ejército Nacional pasó a ser soldado profesional a partir del 1 de noviembre de 2003, la cual se rigió por los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y, , por el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.
El demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional por más de 20 años, lo que le otorgó el derecho a disfrutar de una asignación de retiro, que fue reconocida mediante la Resolución 2991 de 1 de noviembre de 2007.
El 12 de septiembre de 2011, se radicó bajo el número 86541 un derecho de petición al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para solicitar el reajuste de la asignación de retiro, por indebida aplicación de los factores, porcentajes y subsidio familiar establecidos por ley, los cuales debieron incluirse al momento de la elaboración de su liquidación.
El 7 de octubre de 2011, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dio respuesta, informando que la entidad reconoce y paga la prestación con base en la información contenida en la hoja de servicio, en la cual se evidencia el salario que devengaba el demandante en actividad; igualmente adjunto cuadro informativo de la forma como proceden a liquidar la asignación de retiro:
El 18 de octubre de 2011 se radicó bajo el número 97614 recurso de reposición y en subsidio de apelación, donde se indicó que se debe atender lo dispuesto por el Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, el cual regula el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales que se encontraban vinculados a la institución a 31 de diciembre de 2000, consistente en un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.
El 1 de febrero de 2012 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares informó que contra los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas frente a la entidad, solo procede el recurso de reposición ante el funcionario que los expidió para que los aclare, modifique o revoque, y que por lo tanto no procede el recurso interpuesto porque no hay lugar a efectuar otro pronunciamiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 138 y 159 al 195 del Código Contencioso Administrativo, 10 de la Ley 4 de 1992; y los Decretos 1793, 1794 y 4433 de 2000 y 2004 respectivamente.
Al desarrollar el concepto de violación, el demandante afirmó que se vulneraron las normas constitucionales de manera flagrante por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al realizar una liquidación equivocada y desigual de la asignación de retiro.
Adujo que se desconoció abiertamente el derecho a devengar una pensión justa y acorde con las previsiones legales sin tomar en consideración los parámetros establecidos. Insistió en que la demandada al realizar la liquidación de la asignación de retiro tomó el salario básico devengado por el demandante, y sobre este, le sumó el 38.5% de la prima de antigüedad para luego aplicar el 70% indicado en la norma, interpretando erróneamente el procedimiento establecido.
Afirmó que se quebrantan los derechos de los soldados profesionales toda vez que no se está respetando el derecho a la igualdad, a recibir una remuneración mínima vital y, por lo tanto, no se protegen los derechos adquiridos.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como argumentos de defensa las siguientes excepciones:
1.2.1. Legalidad de las actuaciones efectuadas por la demandada, pues siempre se han aplicado las disposiciones legales vigentes al ser una entidad pública, de orden nacional, adscrita al Ministerio de Defensa, encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro y pensiones de los funcionarios que acrediten tener este derecho con sujeción a la normativa aplicable.
1.2.2.. Carencia de fundamento jurídico para solicitar la inclusión del subsidio familiar, señalando que solamente a partir de la expedición de la Ley 923 y su Decreto Reglamentario 4433, ambos de 2004, se le dio la oportunidad a los soldados profesionales de acceder a una asignación de retiro. Es así como en su artículo 16 dispuso «Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes». Al respecto la norma es muy clara y no contempla factores adicionales como el subsidio familiar y fija estrictamente las partidas que se deben tener en cuenta para el efecto.
1.2.3. No configuración de violación al derecho de igualdad dado que este solo se predica entre iguales y en el presente caso no se ha vulnerado, por cuanto fue el legislador quien estableció los parámetros para el reconocimiento de la asignación de retiro y a la Caja le está vedado efectuar interpretaciones frente a los porcentajes o hacerlos extensivos a un personal al que no están dirigidos.
1.2.4 Prescripción del derecho, pues en el evento que al demandante le asistiera algún derecho con respecto a las pretensiones, no se podría reconocer comoquiera que el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 establece una prescripción de las mesadas de tres años a partir de la fecha en que se hicieron exigibles
1.2.5. No configuración de falsa motivación en las actuaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en el entendido que la entidad siempre ha actuado con apego a la ley, y los actos administrativos expedidos se encuentran amparados bajo la presunción de legalidad, motivo suficiente para desestimar las súplicas de la demanda.
1.2.6. No configuración de causal de nulidad, ya que en el presente caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del CCA, no se incurre en ninguna de las causales señaladas en la norma; por el contrario, siempre los actos administrativos están sujetos a las leyes aplicables a los miembros de las Fuerzas Militares.
1.3. El Ministerio Público.
Sostuvo que la formula aplicada para liquidar la asignación de retiro del demandante no atiende lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, al decidir aplicar un doble porcentaje a la prima de antigüedad, en primer lugar toma el 38.5%, lo adiciona al sueldo básico y al total le saca el 70%, causando un grave perjuicio económico al actor.
Manifestó que el tribunal no aplicó lo establecido en el segundo inciso del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 es decir un incremento del 60% sobre su salario, por lo tanto solicito confirmar y modificar la sentencia apelada ordenando la liquidación conforme a la norma antes mencionada.
1.4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caquetá mediante sentencia de 20 de mayo de 2014, accedió parcialmente las súplicas de la demanda, en cuanto concedió el subsidio familiar a favor del señor González Villanueva y dispuso que la asignación de retiro se liquidaría con base en el salario mínimo legal incrementado en un 40%, para este caso, se obtenga el 70% y a este valor se le adicione el 38.5% de la prima de antigüedad Pero, en lo que respecta al incremento consagrado en el Decreto 1794 de 2000 solo concedió el 40% y no el 60% conforme al inciso 2º de su artículo 1.
Sostuvo que la fórmula aplicada por la entidad demandada para calcular la base de liquidación para la asignación de retiro de los soldados profesionales no obedece a los parámetros establecidos en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y, por lo tanto, perjudica el monto de la pensión del demandante al computar doblemente el porcentaje de la prima de antigüedad.
Consideró que la entidad no tuvo en cuenta lo establecido en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1974 de 2000, el cual establece que los soldados voluntarios vinculados a 31 de diciembre de 2000 continuarían devengando el salario mínimo incrementado en un 60%; sin embargo no es ésta la oportunidad para reconocer este derecho salarial, ya que lo que se discute es un reajuste de la asignación de retiro de acuerdo a los valores devengados por el demandante al momento en que fue dado de baja.
Adujo que el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, resulta contrario al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, al impedir que el subsidio familiar se tenga en cuenta como partida computable al momento de establecer la pensión de los soldados profesionales, declarando parcialmente la nulidad de los Oficios 50937 del 7 de octubre de 2011 y 5188 de 1 de febrero de 2012, por medio de los cuales se negó el reajuste de la asignación de retiro y se resolvió el recurso de reposición, respectivamente.
Ahora bien, en cuanto a la excepción de prescripción de las diferencias pensionales, y teniendo en cuenta que el señor González Villanueva presentó la reclamación ante la entidad el 12 de septiembre de 2012, se declararon prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 12 de septiembre de 2008.
1.5. El recurso de apelación
El señor Fredy González Villanueva, actuando por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación que sustentó con los siguientes planteamientos:
Solicitó se revoque parcialmente el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en cuanto negó la aplicación de lo normado en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, ya que se está tomando un incremento del 40% sobre el salario mínimo para la liquidación de la asignación de retiro, cuando en realidad la norma establece que para aquellos soldados que ostentaban la calidad de voluntarios antes del 31 de diciembre del año 2000 se les debe tener en cuenta un porcentaje del 60% del salario antes indicado.
Afirmó que a partir de la fecha en que se cambió la denominación del grado del demandante como soldado profesional, se le disminuyó su asignación mensual en un 20%, contrariando lo establecido en el artículo 53 de la Carta Magna, lo que impactó en el reconocimiento de la asignación de retiro.
Sostuvo que el artículo 38 del Decreto 1793 de 2000 establece con claridad que se deben respetar los derechos adquiridos y atender lo dispuesto en la Ley 4 de 1992, por lo que no se puede desconocer la asignación salarial mensual a que tuvo derecho el demandante desde su ingreso a la institución.
El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación y lo sustentó en la siguiente forma:
Señaló que con la expedición de la Ley 923 y su Decreto Reglamentario 4433, ambos de 2004, se le dio la oportunidad a los soldados profesionales de acceder a una asignación de retiro, modificando sustancialmente lo establecido en los Decretos 1793 y 1794 de 2000.
Reiteró que la norma es taxativa y señala la forma como se debe liquidar la asignación de retiro, establece unos parámetros y condiciones que deben ser tenidos en cuenta, así: acreditación de tiempo de servicios, cuantía fija de asignación de retiro de un 70% y un porcentaje fijo de prima de antigüedad equivalente al 38.5%, los cuales se vienen aplicando por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Adujo que en ningún momento la entidad ha desconocido los principios constitucionales y que no se puede predicar una violación al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13, pues fue el legislador quien estableció los parámetros para el reconocimiento de la asignación de retiro a través del Decreto 4433 de 2004, el cual se encuentra vigente, y en el evento de tenerse una inconformidad sobre lo allí reglado, en especial, frente al no reconocimiento del subsidio familiar, se deberán acusar las normas correspondientes.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.6.1. La parte demandante.
Reiteró que se debe reajustar la asignación de retiro, por la indebida aplicación del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, en concordancia con el artículo 13.2.1 de la mencionada norma y, el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se incurre en un error al tomar en forma equivocada los factores y porcentajes que definen el valor final de la pensión; esto es, el cálculo del 60% sobre salario mínimo mensual y no el 40% erróneamente aplicado.
Insistió en que es claro que para establecer el monto de la asignación de retiro se debe tomar en consideración el salario mínimo incrementado en un 60% y sobre el valor que resulte de esta operación se le aplica el 70% establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, una vez se tenga esa operación se le adiciona el 38.5 de la prima de antigüedad, obteniendo así el resultado del monto a pagar, respetando de esta forma las garantías y principios constitucionales de recibir una pensión digna que cubra las necesidades básicas.
1.6.2. La entidad demandada
No presentó.
1.7. Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó modificar la sentencia apelada en el numeral tercero, ordenando se liquide la asignación de retiro del demandante conforme lo dispone el Decreto 4433 de diciembre 31 de 2004, debido a que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares incurrió en desmejora de los derechos adquiridos por el señor Gonzalez Villanueva quien se encontraba vinculado antes del año 2000.
La Sala decide
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Consiste en determinar si el demandante, en calidad de soldado profesional de las Fuerzas Militares, tiene derecho a que se le reconozca:
i) El salario básico de quienes venían ostentando el cargo de soldados voluntarios, incrementado en un 40%, según lo dispuesto en el inciso primero del Decreto 1794 de 2000, o en un 60%, de acuerdo con lo ordenado en el inciso segundo de la norma en mención.
ii) La aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, referente al porcentaje de asignación básica que debe tener en cuenta la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al momento de liquidar la asignación de retiro.
iii) El subsidio familiar como partida para la liquidación de la pensión por estar vulnerando el derecho a la igualdad con respecto a los demás miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional.
El primero de los asuntos planteados corresponde a la pretensión del recurso del demandante, mientras que los dos siguientes fueron los motivos de discrepancia que propuso la entidad demandada en su recurso, por estar en desacuerdo con la sentencia de primera instancia, que resultó favorable en torno a esos dos aspectos.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Ley 131 de 1985 «Por la cual se dictan normas sobre el servicio militar voluntario»
La mencionada ley estableció que quienes prestaron el servicio militar obligatorio podían manifestar a su comandante la intención de continuar con el servicio militar voluntario; una vez incorporados quedarían sujetos al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional, a los reglamentos especiales y a las normas relativas a los soldados de las Fuerzas Militares.
Es así como en su artículo 1 estableció:
Artículo 1. Sin perjuicio de las disposiciones vigentes que regulan el servicio militar obligatorio, el Gobierno podrá establecer el servicio militar voluntario dentro de los términos de esta Ley.
Artículo 2. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.
Igualmente, contempló su sistema de remuneración, así:
Artículo 4. El que preste el servicio militar voluntario devengará una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar los haberes correspondientes a un Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto.
Artículo 5. El soldado voluntario que estuviere en servicio durante un año, tiene derecho a percibir una bonificación de navidad equivalente a la recibida en el mes de noviembre del respectivo año.
Parágrafo. Cuando el soldado voluntario no hubiere servido un año completo, tiene derecho al reconocimiento de la bonificación de navidad a razón de una doceava parte (1/12), por cada mes completo de servicio.
Artículo 6. El soldado voluntario que sea dado de baja, tiene derecho a que el Tesoro Público le pague por una sola vez, una suma equivalente a un mes de bonificación por cada año de servicio prestado en dicha calidad y proporcionalmente por las fracciones de meses a que hubiere lugar.
2.2.2. Decreto 1793 de 2000 «Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares».
El Congreso de la República de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política (artículo 150, numeral 19), expidió la Ley 4 de 1992, «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales».
Posteriormente, con la expedición del Decreto 1793 de 2000, mediante el cual se reglamentó el marco legal de los soldados profesionales en su artículo primero los definió como «Los soldados profesionales son los varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas».
También se establecieron los requisitos de ingreso a la Fuerza Pública que deben cumplir los aspirantes a soldados profesionales; así como los procedimientos que se deben adelantar para aquellos soldados que se encontraban ostentando el cargo de voluntarios y manifestaron su deseo de continuar al servicio de la entidad. La norma en mención reguló la forma de incorporación e indicó que el Gobierno Nacional sería quien establecería el régimen salarial aplicable al grado.
Artículo 42. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará tanto a los soldados voluntarios que se incorporaron de conformidad con lo establecido por la Ley 131 de 1985, como a los nuevos soldados profesionales.
Las anteriores normas claramente hacen una diferenciación entre aquellos soldados voluntarios que fueron incorporados y prestaron sus servicios a órdenes de la Fuerza Pública bajo la normativa de la Ley 131 de 1985, (antes del 31 de diciembre de 2000), y que posteriormente, solicitaron a sus comandantes la autorización y aprobación para continuar activos como soldados profesionales, y el personal que fue admitido para desempeñar el mismo cargo y grado pero que su ingreso se produjo bajo la expedición del Decreto 1793 de 2000.
En conclusión, a partir de lo estipulado en el Decreto Ley 1793 de 2000, y a pesar de ostentar el mismo rango de soldados profesionales, las normas mencionadas hacen una diferencia entre estos uniformados en cuanto a su vinculación, esto es, la antigüedad de unos y la novedad de otros.
2.2.3. Decreto 1794 de 2000 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares».
Al respecto es necesario precisar que la Ley 4 de 1992, en su artículo 2 contempló «Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios»; además, el literal a) dispuso: «El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».
Lo anterior se refiere a los soldados voluntarios que se encontraban vinculados antes del 1 de enero de 2001, regidos por la Ley 131 de 1985 y que con la entrada en vigencia de la Ley 1793 de 2000, conservarían sus derechos salariales y prestacionales adquiridos
Los artículos primero y segundo de la norma en referencia reglamentaron la asignación salarial mensual y la prima de antigüedad a que tienen derecho los soldados profesionales así:
Artículo 1.- Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
Artículo 2.- Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%).
Parágrafo. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.
Con la expedición de los Decretos 1973 y 1974 de 2000, el Gobierno Nacional quiso mantener para el personal de soldados voluntarios el monto del salario que venían percibiendo en vigencia de la Ley 131 de 1985 al momento de su inclusión en el cuerpo de soldados profesionales, por considerar que era un derecho adquirido, siendo esta la única excepción que se contempló, ya que en lo demás deben cumplir el reglamento que se emitió para el cargo en mención.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
Mediante la Resolución 2991 del 1 de noviembre de 2007 se reconoció asignación de retiro al señor Fredy González Villanueva como soldado profesional a partir del 15 de octubre de 2007.
El 12 de septiembre de 2011, el demandante formuló derecho de petición ante el director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con radicado 86541, encaminado a lograr el reajuste de la asignación de retiro, con base en la liquidación correcta del porcentaje y factores que se deben aplicar a los soldados profesionales.
El 7 de octubre de 2011, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, dio respuesta a la solicitud, informando que no es posible efectuar el reajuste solicitado, ni incluir factores no previstos en la ley, de modo que la asignación de retito está ajustada a derecho.
El 18 de octubre de 2011, se radicó ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares recursos de reposición y en subsidio de apelación, solicitando se revoque la decisión adoptada por la entidad y, en su lugar, se disponga el reajuste de la asignación de retiro.
El 1 de febrero de 2012, el profesional de defensa de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares resolvió el recurso informando que el oficio objeto del recurso no contiene una decisión sino que se trata de una mera información, lo cual no encierra una manifestación de voluntad capaz de producir efectos jurídicos y, que por lo tanto no es procedente la interposición de recurso alguno.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Incremento del 60%.
A folio 63 del expediente obra copia de la hoja de servicios expedida por la Dirección de Prestaciones Sociales de las Fuerzas Militares en la que se indican las partidas computables que se tomaron para la asignación de retiro del demandante.
En el expediente obra una relación con los tiempos de servicio prestados por el demandante, así: soldado regular desde el 13 de marzo de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1988; soldado voluntario desde el 1 de octubre de 1988 hasta el 1 de noviembre de 2003 y, soldado profesional desde el 1 de noviembre de 2003 hasta el 15 de julio de 2007; por lo tanto, la norma aplicable en este caso corresponde al Decreto 1794 de 2000.
Igualmente se anexa la Resolución 2991 de 1 de noviembre de 2007, «por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro al señor Soldado Profesional del Ejército Fredy González Villanueva» a partir del 15 de octubre de 2007, en cuantía del 70% del sueldo del salario mensual correspondiente a su grado en todo tiempo, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad.
En reiteradas oportunidades se han venido presentando reclamaciones por parte de la Fuerza Pública (soldados profesionales) tendientes a obtener un reajuste en la asignación de retiro, las cuales se han sustentado en el Decreto Reglamentario 1794 de 2000 cuyos artículos 1 y 2 definieron las condiciones y el monto de la asignación salarial mensual que devengarían los soldados profesionales, tanto de los que ingresaban por vez primera, como los que venían de ser voluntarios.
En el caso que ocupa la atención de la Sala han sido varios los pronunciamientos que el Consejo de Estado ha venido emitiendo en acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas por los tribunales y juzgados administrativos en procesos ordinarios de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se discutió la procedencia del referido reajuste salarial y prestacional respecto de aquellos soldados que fungían como voluntarios, pero que posteriormente fueron incorporados como profesionales.
En sentencia de 6 de agosto de 2015 la Subsección B, con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve, se analizó la procedencia del reajuste salarial y prestacional reclamado, puesto que en observancia del principio de respeto por los derechos adquiridos en vigencia de la Ley 131 de 1985, el artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 dispuso que los soldados profesionales que venían de ser voluntarios, devengarían mensualmente un salario mínimo incrementado en un 60%.
Ante tantos pronunciamientos sobre el particular, mediante sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación 85001333300220130006001 expediente (3420-2015) CE-SUJ2-003-16 se precisó:
Para la Sala no es de recibo la interpretación que sobre el particular realiza la parte demandada, según la cual, los referidos Soldados profesionales, antes voluntarios, no tienen derecho a percibir un sueldo básico equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, dado que a su juicio, al vincularse a la planta de personal de las Fuerzas Militares como soldados profesionales, se les aplica íntegramente el régimen propio de estos últimos.
Ello por cuanto, la interpretación adecuada del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, derivada de la literalidad de dicha norma y de la aplicación del principio constitucional de respeto a los derechos adquiridos estipulado en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1793 de 2000, consiste en que los soldados voluntarios que luego fueron incorporados como profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial equivalente a un salario mínimo legal aumentado en un 60%, en virtud de los argumentos anteriormente expuestos.
Refuerza la Sala esta conclusión al tener en cuenta que luego de la revisión integral de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, en ninguno de sus apartes se encuentra disposición alguna que establezca que los soldados voluntarios que posteriormente fueron enlistados como profesionales, vayan a percibir como salario mensual el mismo monto que devengan los soldados profesionales que se vinculan por vez primera, es decir, un salario mínimo aumentado en un 40%.
Ahora bien de acuerdo a lo expuesto y con relación a la normativa que rige a los soldados profesionales, antes voluntarios, es pertinente aclarar que para el presente caso y con base en lo que obra en el proceso, se pudo establecer que con la entrada en vigencia de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, la denominación del cargo del soldado voluntario González Villanueva cambió y, de esta forma, bajo la protección expresa de la norma, su salario básico debió corresponder a un salario mínimo incrementado en un 60%; no obstante, el demandante afirma que ese valor no fue reconocido por concepto de asignación mensual durante su relación laboral, sino que el salario mínimo aludido tan solo fue incrementado en un 40%, desconociendo de ese modo, la previsión del artículo 1 del Decreto ley 1974 de 2000.
Sin embargo, con las pruebas que obran en el expediente se observa que tal reclamación no se efectuó durante el curso de la relación laboral, sino que tan solo fue efectuada al momento en que se produjo el retiro, para ser incluida dentro del cálculo de su pensión; lo anterior quiere decir que el derecho se extinguió respecto del reajuste de la asignación de actividad, ante la extemporaneidad de la petición.
En todo caso, lo anterior no impide que la Sala se pronuncie en relación con el reconocimiento adecuado y legal de la asignación de retiro, pues con base en lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, artículo 13, numeral 13.2.1, dentro de las partidas computables que han de tenerse en cuenta para reconocer las asignaciones de retiro a los soldados profesionales está el salario mensual en los términos del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Sobre este punto, la Sala considera importante precisar que para el reconocimiento de la asignación de retiro la norma en cita remite en forma expresa a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 1794 de 2000, es decir, esa remisión se hace sin consideración a la asignación mensual que el soldado recibió en actividad; en consecuencia, procede su aplicación directa, de la siguiente manera:
El Decreto 1794 de 2000, en su artículo 1, prevé que la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo a la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, situación en la que está inmerso el demandante, pues de acuerdo a la hoja de servicios que reposa a folio 63, su vinculación en el Ejército como soldado se produjo desde el 13 de marzo de 1987, es decir, está dado el supuesto de la norma para que su asignación sea reconocida con base en el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, se repite, en virtud de la aplicación directa de la previsión del artículo 13, numeral 13.2.1 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Ley 1794 de 2000.
Vale la pena aclarar que pese a que el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en su numeral 13.2.1 al remitirse al salario mensual en los términos del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, solo se refiere a lo dispuesto en el inciso primero de esta última norma, para la Sala es claro que lo allí dispuesto no excluye de la aplicación del inciso segundo, comoquiera que en tal disposición se realiza una discriminación respecto de los soldados vinculados antes y después del año 2000, a quienes se les debe dar un tratamiento diferente garantizando el derecho adquirido de quienes ingresaron como soldados con anterioridad a esa fecha.
En tales condiciones, la Sala concluye que el salario que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debe tener en cuenta para reconocer y liquidar la asignación de retiro del demandante, es el determinado en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en particular, lo dispuesto en el numeral 13.2.1 y remitirse a lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, y, bajo ese supuesto, aplicar el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en el 60%, pues el actor fue vinculado al Ejército antes del año 2000.
Está corporación se ha manifestado con relación al tema que se analiza, en la sentencia que a continuación se relaciona:
Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 9 de marzo de 2017 magistrado ponente William Hernández Gómez, radicación número 66001-23-33-000-2013-00079-01(2898-14)
[…]
Lo anterior, toda vez que ante la incorporación masiva de soldados voluntarios al régimen de carrera de los soldados profesionales del Ejército Nacional se les canceló un salario equivalente a un mínimo legal mensual incrementado en un 40%, con base en el inciso 1.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, lo cual, desconoce el régimen de transición para los soldados que venían prestando sus servicios como voluntarios y se incorporaron como profesionales, circunstancia que vulnera sus derechos adquiridos
«[…]
Por tanto, el demandante tiene derecho al reajuste de su asignación de retiro desde el 13 de mayo de 2009 fecha a partir de la cual le fue reconocida la asignación por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, si se tiene en cuenta que no es objeto de prescripción cuatrienal, toda vez que presentó la solicitud (folio 5) de reajuste el 13 de abril de 2012 con la diferencia, equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar por tratarse de derechos adquiridos.
En conclusión: Según la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 es que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir un salario básico mensual equivalente a un mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En ese orden de ideas, los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000, se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, y a quienes se les ha venido cancelando un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, tienen derecho a un reajuste salarial equivalente al 20%.
En el presente caso el a quo en forma correcta ordenó el reajuste de la asignación de retiro del demandante con la diferencia equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar y a pesar que este aspecto no fue objeto de discusión en el recurso de apelación, se hace necesario para resolver el problema jurídico planteado en segunda instancia.
Con fundamento en lo anterior, se revocará lo decidido por el a quo, en el sentido de no acceder a liquidar la asignación de retiro con base en la asignación salarial determinada en el artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 y, en su lugar, se ordenará a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tomar la base indicada en tal disposición, para liquidar la asignación de retiro.
2.4.2. Prima de antigüedad
Ahora bien, en lo que se refiere al cálculo que se tomó para la liquidación de la asignación de retiro del demandante por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, respecto de la prima de antigüedad, se observa que al dar aplicación a la norma, utilizó un procedimiento diferente al allí descrito, comoquiera que el que se empleó fue el siguiente: tomó el salario mínimo incrementado en un 40%, a lo cual se le adiciono rl 38.5% de prima de antigüedad, y del valor que de allí se arroja se obtiene el 70%, equivalente al monto de la asignación de retiro y, ello conllevó a que el valor de la pensión fuera inferior al que realmente le correspondía.
De conformidad con el texto del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, se puede advertir que la asignación de retiro de los soldados profesionales debe ser liquidada con el 70% del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad, lo que da como resultado el monto total de la prestación. Se aclara, primero se determina el 70% del sueldo básico y el 38.5% de la prima de antigüedad frente a la totalidad del sueldo básico y la sumatoria de esas dos cifras da como resultado el valor de la asignación. Resulta inadecuado aplicar el setenta por ciento al sueldo básico y luego el 35% a esta suma para determinar la prima de antigüedad, pues con esta interpretación se estaría aplicando doble descuento o doble porcentaje a la prima de antigüedad, con lo cual se contraría lo querido por el legislador, en desmedro de los derechos de los soldados de las Fuerzas Militares.
Por lo anterior, la Sala confirmará lo decidido al respecto por el a quo en cuanto a la correcta aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para liquidar la asignación de retiro del actor en cuanto a la orden de corrección de la fórmula aplicada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para la determinar el porcentaje de la asignación de retiro del señor González Villanueva.
Ahora bien, en la hoja de servicios número 3-00006024273 que reposa a folio 63, en el acápite de «haberes última nomina», se observa un reconocimiento de subsidio familiar equivalente a $38.495,21, concepto que no se relacionó en el acto que reconoció la asignación de retiro, por no encontrarse enmarcado dentro de los parámetros fijados taxativamente en la norma
2.4.3. Subsidio Familiar
El artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, estableció las partidas computables que se deben tener en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro, el cual contempla:
Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6o del presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1o del Decreto-ley 1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.
Parágrafo: - En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.
La norma anterior excluye el cargo de soldados profesionales, pero sí contempla los demás miembros de la Fuerza Pública en sus diferentes grados, lo que abiertamente estaría en contra del principio de igualdad.
Para dar claridad sobre el tema en discusión y si existe o no justificación para el trato desigual que se les da a los soldados profesionales, al negarles la inclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro, se traen apartes de la sentencia del 17 de octubre de 2013, dictada por la Sección Segunda de esta Corporación M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, en la que, sobre el particular, expuso:
[…]En efecto, el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, establece un trato diferenciado, al incluir el subsidio familiar en la liquidación de los oficiales y suboficiales, empero, no la incluyó en los Soldados Profesionales sin que se vislumbre justificación razonable para tal exclusión.
Por el contrario, si se tiene en cuenta que la finalidad del plurimencionado subsidio es la de ayudar al trabajador al sostenimiento de las personas que se encuentran a su cargo en consideración a sus ingresos, resulta desproporcionado y en consecuencia, inconstitucional, que se haya previsto dicha partida para los oficiales y suboficiales que se encuentran un rango salarial más alto que los Soldados Profesionales.
Así pues, a luz de la Carta Política y los postulados del Estado Social de derecho resulta inaceptable que el Decreto 4433 de 2004 haya previsto el subsidio familiar como partida computable para los miembros de las Fuerza Pública que tienen una mejor categoría —los oficiales y suboficiales— dejando por fuera a los que devengan un salario inferior y en consecuencia, a quienes más lo necesitan, los Soldados Profesionales.
En esas condiciones, se concluye que si bien es cierto el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó en debida forma la norma que regula el régimen de pensiones y asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública; también lo es que, en el sub lite resulta inaplicable por ser violatoria del principio de igualdad al excluir de un beneficio prestacional a los Soldados Profesionales, que son el nivel más inferior en jerarquía, grado y salario de la estructura de las Fuerzas Militares, siendo el sector que en realidad lo necesita. […]
En síntesis, los soldados profesionales son los únicos miembros, tanto de la Fuerza Pública como de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, que no tienen dentro de sus cómputos para la asignación de retiro el subsidio familiar, cuya finalidad se encuentra establecida en la Ley 21 de 1982 la cual contempla en su artículo 1: «El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad».
En consecuencia, para la Sala lo contemplado en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, es contrario a lo consagrado en la Constitución Política en su artículo 13 que señala:
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Por lo anterior, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, deberá reajustar la asignación de retiro del demandante teniendo en cuenta la partida computable del subsidio familiar, tal como lo ordenó el a quo y, por ende, se confirmará lo así decidido, pues se reitera, es violatorio del derecho a la igualdad que dicha prestación social se haga extensiva a todos los servidores públicos para efectos de la liquidación de la asignación de retiro y se excluya a los soldados profesionales, quienes son los primeros en dar la cara para la defensa de la soberanía nacional.
3. Conclusión
Con base en los argumentos previamente expuestos, se confirmará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, al quedar claramente establecido que el cálculo tomado para la liquidación de la asignación de retiro del señor Fredy González Villanueva en su calidad de soldado profesional se aplicó en forma incorrecta, para lo cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares deberá realizar el ajuste a que haya lugar.
Igualmente, se confirmará la inclusión del subsidio familiar como partida para el cálculo de la pensión, de acuerdo a lo señalado en el acápite que antecede.
Con relación al reajuste solicitado por el demandante sobre la asignación mensual de retiro y de acuerdo a lo relacionado en la parte motiva de esta providencia, se revocará la decisión del Tribunal del Caquetá al comprobarse que el señor González Villanueva sí tiene derecho a que esa prestación sea reconocida con base en un salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 60%, por lo que así se ordenará en la parte resolutiva.
No habrá lugar a declarar la prescripción cuatrienal comoquiera que entre la fecha en que se reconoció la asignación de retiro, esto es, 15 de octubre de 2007, y aquella en que se radicó la petición, 12 de septiembre de 2011, no transcurrieron 4 años.
De la condena en costas.
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso. Valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas; que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará a la parte demandada al pago de las costas de segunda instancia, teniendo en cuenta la actuación de la parte demandante en esta instancia y por haber prosperado el objeto del recurso de apelación propuesto por el actor en cuanto, a través de esta providencia, se accedió al incremento del 60% de su asignación básica, de conformidad con el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- SE REVOCA el numeral cuarto de la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Despacho Segundo de Oralidad, en cuanto negó el reconocimiento del reajuste de la asignación mensual de retiro del señor Fredy Gonzalez Villanueva, en calidad de soldado profesional. En consecuencia se dispone:
ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a reconocer y reliquidar la asignación de retiro del demandante, tomando como base la asignación básica mensual que debe ser liquidada de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de 2004, remitiéndose a lo señalado en el artículo 1, inciso 2, del Decreto 1794 de 2000, es decir, aplicar el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en el 60%, por haber estado vinculado como soldado profesional antes del año 2000. El pago de las diferencias que resulten de la liquidación aquí efectuada procederá desde el momento en que se reconoció la prestación, esto es, desde el 15 de octubre de 2007 ya que no operó el fenómeno de la prescripción.
Segundo.- SE CONFIRMA en lo demás la sentencia recurrida.
Tercero- SE CONDENA en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
AEG.
Folio 64 y 65.
Folios 6 al 10.
Folios 11 al 12.
Folios 13 al 16.
Folios 104 al 108.
Folios 328 al 335.
Folios 154 al 168.
Folios 169 al 171.
Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%). ( Revisar principio de igualdad)
Folios 250 al 254.
Folios 323 al 327.
Folios 328 al 335.
Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
19.Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5496" \l "1" Ver Art. 1° Decreto Nacional 1919 de 2002
Artículo 4. Requisitos para incorporación. Son requisitos mínimos para ser incorporado como soldado profesional: a) Ser colombiano. b) Inscribirse en el respectivo Distrito Militar. c) Ser soltero, sin hijos y no tener unión marital de hecho. d) Ser mayor de 18 años y menor de 24 años. e) Acreditar quinto grado de educación básica o en su defecto presentar ante el Comando de la Fuerza un examen de conocimientos básicos. f) Ser reservista de primera clase de contingente anterior o último contingente y presentar certificado de buena conducta expedido por el Comandante de la Unidad a la cual perteneció; o ser reservista de primera clase de contingentes anteriores a los dos últimos o de segunda o tercera clase que se encuentre en condiciones de recibir un entrenamiento especial. g) Reunir las condiciones psicofísicas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para el personal de las Fuerzas Militares.
Parágrafo. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los Comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.
Por el cual se adopta el Régimen de Carrera y el Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.
Folios 3 al 5
Folio 6 al 10
Folio 11 al 12.
Folio 13 al 16.
Folio 17 al 18.
Hoja de servicios donde se detalla los tiempos laborados
Artículo 1 inciso 2
Folios 64 al 65
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.
Expediente 66001-23-33-000-2012-00128-01(3583-13), actor: Walter Olarte Valencia.
Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario.
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.
Cita propia del texto original.
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.
Cita propia del texto original
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
Cita propia del texto original.
Por el cual se adopta el Régimen de Carrera y el Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.
Folio 7
Decreto 4433 de 2004, artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El derecho se deriva del Decreto 1211 de 1990, artículo 174, razón por la cual aplica este fenómeno prescriptivo.
Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero ponente: William Hernández Gómez.
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Presentó alegatos de conclusión.
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