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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00808-00

Acción de tutela contra proviencia judicial

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00808-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo presentada por el señor Heber Torres Pulido en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en relación con los cargos relacionados con la incongruencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Heber Torres Pulido en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en relación con los defectos fáctico y sustantivo y el desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-00808-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

28 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación y reajuste de asignación de retiro / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES PARA RESOLVER SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN SALARIAL Y PRESTACIONAL - Al no ser la entidad nominadora / INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala no encuentra que el Tribunal haya desconocido la jurisprudencia de la sala especializada de esta Corporación, pues (…) si bien la petición del [actor] se dirige a obtener el reajuste de la asignación de retiro que le fue reconocida, no puede pasarse por alto que CREMIL realiza dicho reconocimiento con fundamento en lo consignado en la hoja de servicios elaborada por el Ministerio de Defensa, entidad nominadora, y por tanto, no puede realizar un determinado reajuste conforme a un valor que no se encuentra consignado como asignación básica en la hoja de servicios. En ese orden, la autoridad judicial, entendió que las pretensiones del actor debían dirigirse en contra del Ministerio de Defensa, con el fin de que realice los ajustes necesarios en la hoja de servicios del actor, y con ello, obtener, de parte de CREMIL un reajuste en su asignación de retiro (…) Ahora bien, en relación con (…) [el defecto sustantivo], el actor afirmó que el juez desconoció que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo con la Ley 131 de 1985, corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, y que el [actor] se encuentra inmerso en esa situación. Sin embargo, esta Sala no comparte dichas afirmaciones en tanto el análisis del juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se limitó a fundamentar la indebida integración del contradictorio, lo que le impedía avanzar en el análisis del derecho reclamado, de suerte que, independientemente de que sus argumentos tuvieran asidero, lo cierto es que, el llamado a responder no era CREMIL, sino el Ministerio de Defensa, que no se encontraba vinculado en calidad de parte demandada.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1794 DE 2000 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 13

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada interpretación normativa / IMPOSIBILIDAD DE INCLUIR EL SUBSIDIO FAMILIAR COMO PARTIDA COMPUTABLE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO - Cuando no se encuentra reconocido a la fecha de retiro / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Esta Corporación advierte que la tesis aplicada por el fallador consistió en que el soldado profesional no gozaba de dicha partida (el subsidio familiar) en servicio activo comoquiera que no ostentaba la calidad de casado o con unión marital de hecho, situación que - vale la pena señalar - el accionante corrobora en sede de tutela, no permite ordenar su inclusión en la asignación de retiro. En este estado, resulta pertinente analizar, si fue razonable la aplicación de la referida regla por parte del tribunal accionado. La Sala observa que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establece que el soldado profesional de las Fuerzas Militares que se encuentre casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar, equivalente al 4% de su salario básico mensual. Tal artículo debe leerse en armonía con el 13 del mismo decreto que establece que la asignación de retiro de Oficiales y Suboficiales se liquidará sobre varias partidas, entre estas el “subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro”. Por lo cual, si bien es cierto que se podría solicitar en cualquier tiempo la inclusión del subsidio familiar como factor de liquidación para la respectiva asignación de retiro, tal inclusión presupone necesariamente que el subsidio familiar se encuentre reconocido a la fecha de retiro, situación que no ocurrió en el caso del actor. Por lo tanto, no se encuentra configurado el defecto sustantivo y, por el contrario, se advierte que pese a los argumentos expuestos por [el actor], lo cierto es que a la fecha de retiro, no le había sido reconocido el subsidio familiar, en tanto el actor no había acreditado estar casado o con unión marital de hecho, por cuanto ello no había sucedido, tal y como lo reconoce en su escrito de tutela.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00808-00(AC)

Actor: HEBER TORRES PULIDO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la apoderada del señor Heber Torres Pulido en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES

Solicitud

El 22 de febrero de 2019, el señor Heber Torres Pulido, por medio de apoderada, presentó acción de tutela para que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, “a la prevalencia del derecho sustancial”, de acceso a la administración de justicia, el “respeto a los derechos adquiridos y principio de la non reformatio in pejus”.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, autoridad que a través de la sentencia de 23 de agosto de 2018, revocó la providencia de 24 de mayo de 2016, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 54001-33-33-752-2014-00011-01, promovida por el actor contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El 15 de abril de 2011, el soldado profesional Heber Torres Pulido solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que reajustara su asignación de retiro por estimar que se encontraba mal liquidada, al no incluir como partida para establecer el monto de dicha asignación, el subsidio familiar y, comoquiera que, para establecer el monto de la asignación por retiro se debe tomar en consideración el salario mínimo incrementado en un 60%

Por medio de acto administrativo número 0024565 de 26 de mayo de 2011, CREMIL negó la solicitud, por lo que el 2 de junio de 2011, interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación con el fin de que se revocara la decisión adoptada por dicha entidad.

El 7 de julio de 2011, mediante acto administrativo número 32364 CREMIL confirmó la decisión recurrida.

Por lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que correspondió en primera instancia al Juzgado Octavo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta, quien mediante fallo de 24 de mayo de 2016, concedió las pretensiones en favor del actor y ordenó reajustar la asignación de retiro del demandante en el sentido de incrementarla en un 60% e incluirse el subsidio familiar.

Tal decisión fue apelada por la entidad demandada quien reprochó las órdenes relacionadas con la inclusión de la prima de antigüedad y el subsidio familiar en el monto de la asignación de retiro.

Con fallo de 23 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó la decisión apelada y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al considerar que es el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a quien le corresponde atender la reclamación sobre el reajuste salarial del 20% faltante por tratarse de lo devengado por el demandante cuando se encontraba en servicio activo.

A su vez, señaló que no había lugar al reajuste de la asignación de retiro con la inclusión del subsidio familiar, puesto que, de los elementos probatorios obrantes en el expediente, se desprende que el señor Torres Pulido tenía reconocida asignación de retiro a partir del 30 de septiembre de 2010 y que cinco meses después de que informara que su estado civil era soltero, esto es, el 1° de noviembre de 2013, anunció que había contraído vínculo matrimonial con la señora Gloria Inés Contreras López.

Fundamentos de la solicitud

A juicio del tutelante, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la providencia de 23 de agosto de 2018, toda vez que incurrió en violación del principio de la non reformatio in pejus, desconocimiento del precedente y defectos fáctico y sustantivo, los cuales hizo consistir en lo siguiente:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

Señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reconocido que es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la entidad encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro del personal perteneciente a las fuerzas militares, y por tanto a la cual se le deben elevar las peticiones dirigidas a reajustar las asignaciones de retiro y precisó que no se solicitó el reajuste de la asignación percibida en actividad, la cual fue objeto de discusión en sede judicial, en la que mediante sentencia de 30 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a sus pretensiones y ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que reconociera y pagara la diferencia del 20% a partir del 22 de octubre de 2006 y hasta la fecha de retiro del servicio del actor. Agregó que tal decisión no ha sido cumplida por el Ministerio de Defensa.

1.3.2. Defecto sustantivo

A juicio del actor, la decisión objeto de reproche desconoce que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000, se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo con la Ley 131 de 1985, corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, y que el señor Torres Pulido se encuentra inmerso en esa situación.

1.3.3. Defecto fáctico

Indicó que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias por las cuales el accionante no pudo solicitar el subsidio familiar durante el servicio activo y que al poco tiempo acreditó el cambio de su estado civil.

1.3.4. Violación del principio de la non reformatio in pejus

En el caso bajo examen, el tutelante asegura que la autoridad judicial accionada vulneró este principio por cuanto (i) decidió declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL, sin que esta haya sido expuesta ni propuesta por la entidad y, (ii) la decisión del Juzgado Octavo Administrativo Mixto de Cúcuta que accedió a las pretensiones de la demanda, fue apelada por la entidad demandada, pero únicamente en lo relacionado con la prima de antigüedad y el subsidio familiar.

4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados que están siendo vulnerados por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, al proferir la sentencia de fecha 23 de agosto de 2018, en virtud de la cual se modificó la sentencia de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia antes referida, en cuanto ordeno (sic) re liquidar de manera incorrecta la asignación de retiro del accionante.

3. Que una vez ordenada la nulidad parcial solicitada, se ordene que se profiera nueva sentencia en virtud de la cual se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a liquidar su asignación mensual de retiro en cuantía de un salario mínimo incrementado en un 60% de conformidad con el inciso segundo del artículo primero del Decreto 1794 de 2000, junto con la inclusión del subsidio familiar.

4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera”.

Trámite de la acción

Mediante auto de 26 de febrero de 2019, el Magistrado Ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Asimismo ordenó vincular en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso al Juzgado Octavo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta [autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-752-2014-00011-01] y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares [entidad accionada en el proceso ordinario].

Contestaciones

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander

El Magistrado Ponente de la decisión objeto de reproche solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela toda vez que en la sentencia de 23 de agosto de 2018 no hubo ninguna irregularidad sustancial.

Indicó que declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL frente a la pretensión del reconocimiento del reajuste salarial y prestacional del 20% reclamado por el demandante, al considerar que al tenor del numeral 10 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y el Acuerdo 08 de 2002, la entidad legitimada para atender la reclamación sobre el reajuste salarial del 20% es el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por tratarse de lo devengado por el demandante cuando se encontraba en servicio activo. Advirtió que por los mismos supuestos fácticos, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, resolvió una tutela en la que señaló que CREMIL realiza el reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en lo consignado en la hoja de servicios elaborada por el Ministerio de Defensa que es la entidad nominadora.

Agregó que la garantía procesal de la non reformatio in pejus no es absoluta, pues aunque el juez de la primera instancia o alguna de las partes de la litis no lo haya advertido, el juez puede analizar el fenómeno de la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la ineptitud sustantiva de la demanda.

Finalmente informó que no se incluyó el subsidio familiar en la asignación de retiro, comoquiera que obra prueba en el expediente que el señor Torres Pulido no se encontraba percibiendo el subsidio familiar en servicio activo, en tanto su estado civil cambió de soltero a casado 5 meses después de su retiro del servicio

1.6.2. El Juzgado Octavo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta

Mediante escrito de 6 de marzo de 2019 remitió en calidad de préstamo el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche, pero guardó silencio en relación con los argumentos de la tutela

1.6.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

El apoderado judicial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en tanto el señor Torres Pulido tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa en los que se benefició de todas las etapas procesales y por cuanto con la decisión objeto de reproche no se genera ningún perjuicio irremediable.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción tutela instaurada por el actor en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales del accionante, por haber incurrido en desconocimiento del precedente, en defectos fáctico y sustantivo y en violación del principio de la non reformatio in pejus.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

En el presente asunto se superan los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial.

No existe reparo, en el proceso de la referencia, en cuanto al juicio de procedibilidad en relación con el primero de los requisitos, esto es, que no se trate de tutela contra decisión de tutela, ya que la providencia que se ataca fue dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número de radicado 54001-33-40-752-2014-00011-00.

Frente al estudio del segundo de los requisitos, el de la inmediatez, se observa que la sentencia de segunda instancia censurada fue proferida el 23 de agosto de 2018, mientras que la acción de tutela fue presentada el 22 de febrero de 2019, por ello, sin necesidad de determinar la fecha de ejecutoria de la providencia, se entiende que se cumple con el requisito, en tanto se trata de un término razonable para acudir al juez constitucional.

Respecto a la subsidiariedad, en relación con los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que las aludidas decisiones pudieran irrogarle a sus derechos fundamentales. Esto teniendo en cuenta que en contra de la sentencia de segunda instancia controvertida no procede ningún recurso y que los cargos alegados por el actor no encuadran en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Ahora bien, en cuanto se refiere a la subsidiariedad frente al cargo de violación del “principio de la non reformatio in pejus”, se anota que conforme al criterio reiterado de esta Sala cuando el reproche contra la providencia judicial se refiere al desconocimiento de dicho principio, debe declararse improcedente la solicitud de amparo, en tanto para elevar este alegato el peticionario contaría, de ser el caso con la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal número 5 del artículo 250 del CPACA.

En este contexto, resulta del caso recordar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de la subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

En el caso bajo examen, el tutelante asegura que la autoridad judicial accionada vulneró este principio por cuanto (i) decidió declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL, sin que esta haya sido expuesta ni propuesta por la entidad y, (ii) la decisión del Juzgado Octavo Administrativo Mixto de Cúcuta que accedió a las pretensiones de la demanda, fue apelada por la entidad demandada, pero únicamente en lo relacionado con la prima de antigüedad y el subsidio familiar.

Para la Sala resulta claro que los argumentos que soportan la presente tutela pretenden señalar que la providencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que revocó el fallo de 24 de mayo de 2016, desconoció o violó el principio de congruencia en su dimensión externa, pues el fallo no estuvo en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada.

Encuentra la Sección que el cargo planteado por la parte actora encaja en una de las causales propias del recurso extraordinario de revisión, cual es la prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, que incluye temas tan importantes como la congruencia, por lo que este se erige en un mecanismo judicial idóneo como la sostenido en forma reiterada esta Sección.

El principio de congruencia debe existir en toda providencia judicial y está regulado en el artículo 281 del CGP, en los siguientes términos:

«La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».

Sobre el particular, el Consejo de Estado, a través de sus Salas Especiales de Decisión, ha establecido que la nulidad originada en la sentencia se puede invocar como una causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, incluso por el vicio de incongruencia.

Al respecto, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 2 de febrero de 2016, al resolver el recurso extraordinario de revisión radicado con el No. 11001-03-15-000-2015-02342-00 y cuyo actor fue Luis Ángel Torres Gómez, sostuvo:

«2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.
…
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita…

Además, la congruencia también se puede calificar según las relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.
…
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio…».

En consonancia con lo anterior, para este juez constitucional es evidente que el tutelante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, por lo que puede acudir al recurso extraordinario de revisión que dispone Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia SU-659 del 22 de octubre de 2015, afirmó que el recurso extraordinario de revisión «…será eficaz cuando “i) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental”, o “ii) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”», presupuestos que se cumplen, toda vez que, el tutelante planteó como violado su derecho fundamental al debido proceso, cuya protección es viable mediante dicho recurso.

Superado lo anterior corresponde a la Sección analizar los cargos propuestos en el escrito de tutela, de cara a la sentencia de 23 de agosto de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en relación con los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

Caso concreto

A juicio del tutelante, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la providencia de 23 de agosto de 2018, toda vez que incurrió en desconocimiento del precedente y defectos fáctico y sustantivo, los cuales hizo consistir en lo siguiente:

Desconocimiento del precedente, en tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reconocido que es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la entidad encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro del personal perteneciente a las fuerzas militares, y por tanto a la cual se le deben elevar las peticiones dirigidas a reajustar las asignaciones de retiro, y que, no se solicitó el reajuste de la asignación percibida en actividad.

Defecto sustantivo, comoquiera que la decisión objeto de reproche desconoce que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo con la Ley 131 de 1985, corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, y que el señor Torres Pulido se encuentra inmerso en esa situación.

Defecto fáctico, toda vez que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias por las cuales el accionante no pudo solicitar el subsidio familiar durante el servicio activo y que al poco tiempo acreditó el cambio de su estado civil.

2.5.1. Desconocimiento del precedente

La parte actora afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reconocido que es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la entidad encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro del personal perteneciente a las fuerzas militares, y por tanto a la cual se le deben elevar las peticiones dirigidas a reajustar las asignaciones de retiro.

En la decisión señalada proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que el asunto a tratar tenía relación con la reliquidación de la asignación de retiro, se dijo:

“(…) con base en lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, artículo 13, numeral 13.2.1, dentro de las partidas computables que han de tenerse en cuenta para reconocer las asignaciones de retiro a los soldados profesionales está el salario mensual en los términos del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Sobre este punto, la Sala considera importante precisar que para el reconocimiento de la asignación de retiro la norma en cita remite en forma expresa a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 1794 de 2000, es decir, esa remisión se hace sin consideración a la asignación mensual que el soldado recibió en actividad; en consecuencia, procede su aplicación directa, de la siguiente manera:

El Decreto 1794 de 2000, en su artículo 1, prevé que la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo a la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, situación en la que está inmerso el demandante, pues de acuerdo a la hoja de servicios que reposa a folio 63, su vinculación en el Ejército como soldado se produjo desde el 13 de marzo de 1987, es decir, está dado el supuesto de la norma para que su asignación sea reconocida con base en el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, se repite, en virtud de la aplicación directa de la previsión del artículo 13, numeral 13.2.1 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Ley 1794 de 2000.

(…)

En tales condiciones, la Sala concluye que el salario que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debe tener en cuenta para reconocer y liquidar la asignación de retiro del demandante, es el determinado en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en particular, lo dispuesto en el numeral 13.2.1 y remitirse a lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, y, bajo ese supuesto, aplicar el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en el 60%, pues el actor fue vinculado al Ejército antes del año 2000”.

De lo transcrito se puede concluir que si bien en dicha oportunidad, la autoridad judicial señaló que CREMIL debía tener reconocer y liquidar la asignación de retiro del demandante, con fundamento en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, y en particular con lo dispuesto en el numeral 13.2.1 y, por tanto, remitirse a lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, lo cierto es que también reconoció que la asignación mensual depende de la información que obra en la hoja de servicios del miembro del Ejército.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, frente a la pretensión de reajuste de la asignación de retiro, bajo los siguientes argumentos:

“(…) la entidad legitimada para atender la reclamación sobre el reajuste salarial del 20% es el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por tratarse de lo devengado por el demandante cuando se encontraba en servicio activo, lo que impone revocar la sentencia de primera instancia sobre este aspecto, y corolario de ello, declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL para desatar dicha pretensión.

3.12. Al respecto es importante resaltar, que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de Tutela del 10 de noviembre de 2017, se pronunció frente a una tutela interpuesta contra providencia judicial emitida por esta Corporación, respecto de la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL para absolver la petición de que se ha venido hablando, advirtiendo que la posición de la Sala se encontraba ajustada a derecho por las siguientes razones:

‘Al respecto, la Sala considera que le asiste razón al Tribunal acusado al realizar las consideraciones anteriormente señaladas, toda vez que si bien, la petición del señor Jaime Ferrer Contreras va dirigida a obtener el reajuste de la asignación que le fue reconocida, no puede pasarse por alto que CREMIL realiza dicho reconocimiento con fundamento en lo consignado en la hoja de servicios elaborada por el Ministerio de Defensa, entidad nominadora, y por tanto, no puede realizar un determinado reajuste conforme a un valor que no se encuentra consignado como asignación básica en la hoja de servicios.

Lo anterior, toda vez que CREMIL es una establecimiento público del orden nacional que se encuentra adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y en cuyo objeto y funciones no se encuentra el de reajustar las asignaciones que devenguen los miembros de las fuerzas militares en actividad.

Así las cosas, la Sala considera que la decisión adoptada por el Tribunal de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL, en relación con la petición presentada por el accionante para que se reajuste su asignación de retiro con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2º numeral 1º del Decreto 1794 de 2000, no vulnera los derechos del accionante, ni desconoce lo dispuesto en la norma citada; pues la sentencia se fundamentó en las competencias asignadas a CREMIL y al Ministerio de Defensa, situación que impidió que se pudiera emitir un pronunciamiento resolviendo de fondo sobre la pretensión del actor.

3.13. En consecuencia, teniendo en cuenta que fue el MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL quien emitió la orden administrativa de incorporar al demandante al grupo de soldados profesionales, disminuyendo su asignación básica en un 20%, debe ser esta la entidad competente para atender las reclamaciones concernientes a la aplicación del Decreto 1794 de 2000”

De lo expuesto, la Sala no encuentra que el Tribunal haya desconocido la jurisprudencia de la sala especializada de esta Corporación, pues como se dijo en líneas anteriores, y coincidiendo con lo señalado por otras Secciones del Consejo de Estado, si bien la petición del señor Torres Pulido se dirige a obtener el reajuste de la asignación de retiro que le fue reconocida, no puede pasarse por alto que CREMIL realiza dicho reconocimiento con fundamento en lo consignado en la hoja de servicios elaborada por el Ministerio de Defensa, entidad nominadora, y por tanto, no puede realizar un determinado reajuste conforme a un valor que no se encuentra consignado como asignación básica en la hoja de servicios.

En ese orden, la autoridad judicial, entendió que las pretensiones del actor debían dirigirse en contra del Ministerio de Defensa, con el fin de que realice los ajustes necesarios en la hoja de servicios del actor, y con ello, obtener, de parte de CREMIL un reajuste en su asignación de retiro.

2.5.2. Defecto sustantivo

Ahora bien, en relación con este reproche, el actor afirmó que el juez desconoció que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, la asignación mensual de quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban prestando el servicio como soldados voluntarios de acuerdo con la Ley 131 de 1985, corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, y que el señor Torres Pulido se encuentra inmerso en esa situación.

Sin embargo, esta Sala no comparte dichas afirmaciones en tanto el análisis del juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se limitó a fundamentar la indebida integración del contradictorio, lo que le impedía avanzar en el análisis del derecho reclamado, de suerte que, independientemente de que sus argumentos tuvieran asidero, lo cierto es que, el llamado a responder no era CREMIL, sino el Ministerio de Defensa, que no se encontraba vinculado en calidad de parte demandada.

2.5.3. Defecto fáctico

A juicio del actor, la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias por las cuales el accionante no pudo solicitar el subsidio familiar durante el servicio activo y que al poco tiempo acreditó el cambio de su estado civil.

Ello, comoquiera que señaló que afirmó que para el año 2009, fecha en la que el señor Torres Pulido se disponía a iniciar los trámites correspondientes para efectuar su retiro, se le informó verbalmente que el subsidio familiar había sido suprimido meses atrás, por lo que no debía desgastar su tiempo contrayendo matrimonio; que el 29 de septiembre de 2010 le fue reconocida su asignación de retiro y el 29 de diciembre de ese mismo año, contrajo matrimonio con la señora Gloria Inés Contreras López. Llamó la atención acerca de que para el 30 de septiembre de 2009, esa partida había sido suprimida, por lo que, de haber celebrado antes su matrimonio, en todo caso, no le hubiese sido reconocida.

Esta Corporación advierte que la tesis aplicada por el fallador consistió en que el soldado profesional no gozaba de dicha partida (el subsidio familiar) en servicio activo comoquiera que no ostentaba la calidad de casado o con unión marital de hecho, situación que - vale la pena señalar - el accionante corrobora en sede de tutela, no permite ordenar su inclusión en la asignación de retiro.

En este estado, resulta pertinente analizar, si fue razonable la aplicación de la referida regla por parte del tribunal accionado.

La Sala observa que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establece que el soldado profesional de las Fuerzas Militares que se encuentre casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar, equivalente al 4% de su salario básico mensual. Asimismo, el artículo 5 del Decreto 4433 de 2004 dispone lo siguiente:

“ARTICULO 5º. Cómputo de la partida del subsidio familiar. Cuando haya lugar a la inclusión de la partida de subsidio familiar para la liquidación de la asignación de retiro, pensión de invalidez y de sobrevivencia, el monto de la misma no sufrirá variación alguna por hechos ocurridos con posterioridad al retiro del personal de que trata este decreto.

Lo anterior no obsta para que en cualquier tiempo se ordene la inclusión, el aumento, disminución o extinción de la partida de subsidio familiar como factor de liquidación de la respectiva asignación de retiro o pensión, cuando se compruebe que al Oficial, Suboficial o Agente, se le venía considerando un porcentaje diferente al que legalmente le correspondía”.

Tal artículo debe leerse en armonía con el 13 del mismo decreto que establece que la asignación de retiro de Oficiales y Suboficiales se liquidarán sobre varias partidas, entre estas el “subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro”.

Por lo cual, si bien es cierto que se podría solicitar en cualquier tiempo la inclusión del subsidio familiar como como factor de liquidación para la respectiva asignación de retiro, tal inclusión presupone necesariamente que el subsidio familiar se encuentre reconocido a la fecha de retiro, situación que no ocurrió en el caso del actor.

Por lo tanto, no se encuentra configurado el defecto sustantivo y, por el contrario, se advierte que pese a los argumentos expuestos por señor Torres Pulido, lo cierto es que a la fecha de retiro, no le había sido reconocido el subsidio familiar, en tanto el actor no había acreditado estar casado o con unión marital de hecho, por cuanto ello no había sucedido, tal y como lo reconoce en su escrito de tutela.

2.6. Conclusión

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala (i) negará el amparo toda vez que no se encuentran configurados los defectos alegados por el accionante, esto es, el desconocimiento del precedente y los defectos fáctico y sustantivo y (ii) en relación con el cargo relacionado con la incongruencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo presentada por el señor Heber Torres Pulido en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en relación con los cargos relacionados con la incongruencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por el señor Heber Torres Pulido en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en relación con los defectos fáctico y sustantivo y el desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
En comisión

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Se refirió a la sentencia de 19 de abril de 2019 MP. Rafael Francisco Suárez Vargas, proceso identificado con el número de radicado 18001-23-33-000-2013-00218-01 (3337-2014)
Folio 1 Anv.
Folios 71 y 72.
Se refiere a la sentencia de 10 de noviembre de 2017, identificada con el número de radicado 11001-03-15-000-2017-02610-00
Sobre el particular, el Magistrado Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Magistrado Ponente: Roció Araujo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-03151-00. (AT) Sentencia de 25 de octubre de 2018.
Ley 1437 de 2011 “ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

Artículos 248 a 255 del CPACA.
Con ponencia del Magistrado Alberto Yepes Barreiro.
Se refirió a la sentencia de 19 de abril de 2019 MP. Rafael Francisco Suárez Vargas, proceso identificado con el número de radicado 18001-23-33-000-2013-00218-01 (3337-2014)
Acuerdo núm. 08 de 2002 “por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”, artículos 5 y 6, respectivamente.
En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 23 de mayo de 2016, Radicado Nº. 11001-03-15-000-2016-00989-00, Actor: Javier Barón Berrío, M.P. William Hernández Gómez (E).

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