Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2017 › Radicado 66001-23-33-000-2013-00079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Asignación de retiro de soldado profesional: reajuste con la inclusión de la prima de antiguedad. Liquidación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2013-00079-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
9 de marzo de 2017
SALARIO DEL SOLDADO VOLUNTARIO O PROFESIONAL – Reajuste del 20 por ciento / REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE SOLDADO VOLUNTARIO O PROFESIONAL - Reajuste con un veinte por ciento / SUBSISDIO FAMILIAR
Según la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 es que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir un salario básico mensual equivalente a un mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En ese orden de ideas, los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000, se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, y a quienes se les ha venido cancelando un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, tienen derecho a un reajuste salarial equivalente al 20%. En el presente caso el a quo en forma correcta ordenó el reajuste de la asignación de retiro del demandante con la diferencia equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar y a pesar que este aspecto no fue objeto de discusión en el recurso de apelación, se hace necesario para resolver el problema jurídico planteado en segunda instancia. NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, C.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 3420-15.
FUENTE FORMAL: LEY 131 DE 1985 - ARTÍCULO 1 / LEY 131 DE 1985 - ARTÍCULO 4 / LEY 578 DE 2004 / / DECRETO 1793 DE 2000 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 1794 DE 2000 - ARTÍCULO 1
ASIGNACIÓN DE RETIRO DE SOLDADO PROFESIONAL - Reajuste con la inclusión de la prima de antiguedad. Liquidación
En el presente caso es procedente el reajuste de la prima de antigüedad en la asignación de retiro del demandante toda vez que la entidad demandada aplicó un doble porcentaje a la misma con la siguiente fórmula: el 70% del salario mínimo legal mensual vigente +60% +38.5% de la prima de antigüedad, cuando la forma correcta con base en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 es el 70% del salario mensual (salario mínimo legal mensual, incrementado en un 60%), adicionado con el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29 de abril de 2015, C.P., Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, rad. 2015-00801
FUENTE FORMAL: DECRETO 4453 DE 2014 - ARTÍCULO 16 / DECRETO 1794 DE 2004 - ARTÍCULO 2
CONDENA EN COSTAS - Parte vencida en la segunda instancia
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección en el presente caso se impone la condena en costas en la segunda instancia a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, toda vez que resulta vencido en el proceso de la referencia y el demandante intervino dentro de la segunda instancia; conforme el ordinal 1.º del artículo 365 del Código General del Proceso y el artículo 188 del CPACA. NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., sentencia de 7 de abril de 2016, C.P., William Hernández Gómez, rad. 4492-13
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 66001-23-33-000-2013-00079-01(2898-14)
Actor: LUIS ANÍBAL CLAVIJO VELÁSQUEZ
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-019-2017
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Pretensiones
«[…] 1.- Se declare la nulidad de los actos administrativos conformados por los Oficios 20635 de 4 de mayo de 2012, en virtud del cual se negó el reajuste de la asignación de retiro devengada por el demandante y el No. 34908 de fecha 19 de julio de 2012, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión inicial, quedando debidamente agotada la vía gubernativa.
2.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del demandante del reajuste de la asignación de retiro a que tiene derecho con fundamento en las siguientes causales:
2.1.- Reajuste por indebida aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en concordancia con lo señalado en el artículo 13.2.1 de la misma norma y en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 toda vez que se incurre en error al efectuar el cálculo del valor de la asignación por retiro al tomar equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar afectando doblemente la prima de antigüedad.
2.2.- Reajuste por falta de aplicación de lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, ya que se está tomando el salario mínimo legal vigente incrementado solo en un 40, cuando la norma señala que para los soldados que a 31 de diciembre de 2000 ostentaban la calidad de voluntarios como es el caso del demandante, la asignación salarial mensual se debe liquidar con base en el salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.
2.3.- Reajuste por violación del derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución al dejar de incluir el subsidio familiar como partida computable para la asignación de retiro de los soldados profesionales, entre ellos el demandante, cuando a todos los demás miembros del Ministerio de Defensa, militares y policías se les tiene en cuenta como factor en la liquidación de la asignación de retiro respectiva.
3.- Que se disponga el pago del reajuste del retroactivo pensional desde la fecha del reconocimiento de la asignación de retiro y hasta su inclusión en la nómina de pagos, sumas debidamente indexadas y el pago de intereses de mora […]»
Fundamentos fácticos
«[…] 1.- El señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez ingresó al Ejército nacional el 14 de enero de 1989 en condición de soldado regular.
2.- Al terminar el servicio militar obligatorio el demandante fue aceptado como soldado voluntario del Ejército Nacional a partir del 1 de febrero de 1991 y para el mes de diciembre de 2000 ostentaba esta condición.
3.- En condición de soldado voluntario la vinculación del demandante al Ejército Nacional estuvo regida por los parámetros establecidos en la Ley 131 de 1985.
4.- Por decisión del Gobierno nacional el demandante, al igual que todos los soldados voluntarios, pasaron a ser denominados soldados profesionales a partir del 1 de noviembre de 2003, fecha a partir de la cual su vinculación estuvo regida por los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y posteriormente por el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.
5.- El demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional durante más de 20 años, lo que le otorgó el derecho a disfrutar de una asignación de retiro a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la cual le fue reconocida mediante Resolución 1259 de 13 de mayo de 2009 […]»
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Decisión de excepciones previas art. 180-6 CPACA
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
A folio 136 y CD a folio 64, se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas:
«[…] La entidad demandada no contestó la demanda dentro del término concedido para el efecto, por lo tanto no hay excepciones previas a resolver frente a ésta, ni la suscrita encuentra probada alguna de las enlistadas en el artículo 97 del CPC, aplicable por disposición del artículo 306 del CPACA, ni de las señaladas en el artículo 180,6 de esta codificación, que pudieran ser decretadas de manera oficiosa, por lo que se dispone continuar con el proceso […]»
Contra esta decisión no se presentaron recursos.
Fijación del litigio art. 180-7
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.
A folio 136 y CD a folio 64 en la audiencia inicial se fijó el litigio respecto del problema jurídico, así:
Problema jurídico fijado en el litigio
«[…] el litigio se circunscribe a determinar si se configuran las invocadas causales de nulidad sustancial de los actos administrativos números 20635 de 4 de mayo de 2012 por medio del cual se dispuso negar el reajuste de la asignación de retiro del demandante y 34908 del 19 de julio de ese mismo año, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior y en consecuencia es procedente el reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro del demandante que al decir de éste debe ser equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60% teniendo en cuenta su vinculación como soldado conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985.
Acto seguido la magistrada instructora indaga a la parte demandante, frente a lo cual manifiesta que se sirva adicionar la fijación del litigio en lo concerniente a la forma en cómo se liquidó la prima de antigüedad y la partida computable en el subsidio familiar de la asignación de retiro. En estos términos queda fijado el litigio. […]»
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia de forma escrita en la cual accedió a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:
Señaló que el salario básico para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante en su calidad de soldado profesional debía ser equivalente a un salario mínimo mensual más un incremento del 60%, conforme a la Ley 131 de 1985 toda vez que se vinculó como soldado voluntario desde 1990.
Lo anterior indicó, si se tiene en cuenta que si bien conforme al artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000 el incremento señalado del salario básico de los soldados profesionales se redujo en un 20%, esta misma normativa excluyó a los soldados profesionales vinculados con anterioridad a diciembre 31 de 2000, como es el caso del demandante.
En este sentido, afirmó que la decisión de la entidad demandada de negarle la reliquidación de su asignación de retiro con la diferencia del 20% sobre el incremento mensual a que tenía derecho como soldado profesional, desconoce los parámetros fijados por el Decreto 1794 de 2000 y en consecuencia, desmejora sus derechos adquiridos teniendo en cuenta que su vinculación como soldado voluntario se registró a partir de 1990.
Adujo que la interpretación que favorece salarialmente a los soldados voluntarios que luego se incorporaron como profesionales, no desconoce el principio de inescindibilidad de las normas previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, porque prevalecen los principios de respeto por los derechos adquiridos y de favorabilidad.
Igualmente inaplicó el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 por ser violatorio al principio constitucional de la igualdad, así como de los principios rectores consagrados en la Ley 923 de 2004, toda vez que el demandante en su calidad de soldado profesional tiene un derecho adquirido al reconocimiento y pago del subsidio familiar, el cual debe ser computable para efectos de calcular su asignación de retiro en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro, tal como tienen derecho los otros miembros de las Fuerzas Militares.
Por tanto, ordenó el reajuste de la asignación de retiro del demandante en virtud del inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000, tomando como base una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, con la inclusión del subsidio familiar, por el periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2009, fecha a partir de la cual fue reconocida la asignación por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares hasta el momento en que se dé cumplimiento a la sentencia, sumas debidamente indexadas.
RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión por considerar que a pesar que está de acuerdo con la decisión de aplicar el inciso 2º del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000 y la inclusión del subsidio familiar como factor para la liquidación de la asignación de retiro, no se realizó ningún pronunciamiento sobre la correcta aplicación de la prima de antigüedad indicado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
Para el efecto, señaló que «[…] la entidad demandada decide aplicar una fórmula en detrimento del demandante, toda vez que aplica un doble porcentaje a la prima de antigüedad, pues en primer lugar se toma el 38.5% sobre este rubro y se adiciona al 100% del sueldo básico y al total se le saca el 70%, es decir que a la prima de antigüedad se le saca un doble porcentaje, primero el 38.5% y al valor resultante se le saca también el 70%, causando un grave perjuicio a mi representado […]»
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante: Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Parte demandada: Indicó que el hecho de que los soldados voluntarios que adquirieron la categoría de soldados profesionales hayan visto disminuido en un 20% el incremento contemplado en el Decreto 1794 de 2000 no constituye per se una vulneración a sus derechos adquiridos sino una redistribución de sus ingresos.
Precisó que los soldados voluntarios en vigencia de la Ley 131 de 1985 percibían como contraprestación de sus servicios una bonificación equivalente a un salario mínimo mensual circunstancia que varió con la expedición del Decreto 1794 de 2000 toda vez que, a partir de ese momento, los soldados voluntarios que fueron incorporados como soldados profesionales empezaron a devengar un salario y prestaciones de naturaleza social.
Así las cosas, indicó que la reducción del incremento previsto en el artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000 se hizo necesaria para efectos de garantizar el reconocimiento prestacional a los soldados profesionales incorporados y, adicionalmente, para no vulnerar el derecho a la igualdad de los Soldados Profesionales que ingresaron a las filas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Decreto.
Finalmente, adujo la entidad accionada en con la expedición del Decreto 1794 de 2000 desapareció la categoría de soldados voluntarios prevista en la Ley 131 de 1985, razón por la cual no es posible como lo pretende el demandante solicitar hoy la aplicación de unas normas que perdieron su vigencia con ocasión de la desaparición de sus destinatarios, esto es, los soldados voluntarios.
Concepto del Ministerio Público: La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia apelada en cuanto ordenó aplicar el inciso 2º del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y la inclusión del subsidio familiar como factor para en la liquidación de la asignación de retiro del demandante.
No obstante, señaló que se debe modificar el ordinal 3.º en la medida que se debe reconocer la asignación de retiro equivalente al 70% del salario básico (100% SMLMV + 60%) incrementado en el 38.5% de la prima de antigüedad.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico
El problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:
¿En la liquidación y reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se aplicó en forma correcta el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, toda vez que se realizó un doble porcentaje a la prima de antigüedad?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: Para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se aplicó un doble porcentaje a la prima de antigüedad, tal como pasa a explicarse.
Régimen salarial de los soldados profesionales
El artículo 1.° de la Ley 131 de 1985 señaló la posibilidad de que quienes hayan prestado su servicio militar obligatorio pudieran seguir vinculados a las Fuerzas Militares, bajo la modalidad de soldados voluntarios.
A su vez, el artículo 4.º de la Ley 131 de 1985 señaló que el soldado voluntario devengará una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo, la cual debía verse incrementada en un 60% sobre el referido salario.
Mediante de la Ley 578 de 2000 se facultó al Presidente de la República en forma extraordinaria y por el término de 6 meses para que expidiera normas relacionadas con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, entre ellas todo lo concerniente al régimen de carrera y el estatuto del soldado profesional.
Con fundamento en las anteriores facultades, el Presidente de la República expidió el Decreto 1793 de 14 de septiembre de 2000 «por el cual se adopta el régimen de carrera y el estatuto de personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares» el cual definió, en primer lugar, la condición de soldado profesional y la forma de selección e incorporación a las Fuerzas Militares.
En el parágrafo del artículo 5.º, señaló la posibilidad de que los soldados voluntarios fueran incorporados a la planta de personal de la Fuerza Pública como soldados profesionales, a partir del 1.° de enero de 2001, garantizándoles su antigüedad y el porcentaje de la «prima de antigüedad» a la que tenían derecho, así:
«[…] PARAGRAFO. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los Comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen. […]»
De lo anterior se concluye que los soldados regidos por la Ley 131 de 1985 tenían hasta el 31 de diciembre de 2000 para expresar su intención de incorporarse como soldados profesionales y quienes fueran aceptados quedarían bajo el nuevo régimen contenido en el citado Decreto 1793 de 2000, otorgándoles un beneficio consistente en conservar el porcentaje de la prima de antigüedad que tuvieran al momento de la incorporación.
Mediante el Decreto 1794 de 2000 se expidió el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares, el cual, en su artículo 1.° definió las condiciones y el monto de la asignación salarial mensual que devengarían los Soldados Profesionales.
En efecto, indicó que los soldados profesionales que se vincularan a las Fuerzas Militares, esto es, por primera vez a partir de la vigencia del referido decreto, tendrían derecho a devengar un salario mínimo mensualmente, incrementado en un 40% del mismo salario.
Por su parte, los soldados voluntarios, es decir, los que antes del 31 de diciembre de 2000 se encontraban vinculados a las Fuerzas Militares de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley 131 de 1985, tendrían derecho a devengar un salario mínimo mensualmente, incrementado en un 60% del mismo salario a partir de su incorporación como soldados profesionales a la planta de personal de las Fuerzas Militares.
Con este cambio de régimen de carrera, salarial y prestacional se dio un tratamiento distinto a quienes ingresaran por primera vez al Ejército Nacional como soldados profesionales «a partir del 1.° de enero de 2001» y a los que, teniendo una vinculación preexistente como voluntarios -es decir anterior al 31 de diciembre de 2000-, se incorporaran en calidad de profesionales en aras de respetar los derechos adquiridos pues, entre otras cosas, expresamente se consignó la garantía de que conservarían la prima de antigüedad en el porcentaje que venían percibiendo.
Sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
Esta Sección en sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 indicó que con base en el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000 los soldados voluntarios que posteriormente a su vinculación fueron incorporados como profesionales tienen derecho a ser remunerados mensualmente en el monto de un salario básico incrementado en un 60%.
Lo anterior, toda vez que ante la incorporación masiva de soldados voluntarios al régimen de carrera de los soldados profesionales del Ejército Nacional se les canceló un salario equivalente a un mínimo legal mensual incrementado en un 40%, con base en el inciso 1.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, lo cual, desconoce el régimen de transición para los soldados que venían prestando sus servicios como voluntarios y se incorporaron como profesionales, circunstancia que vulnera sus derechos adquiridos. En efecto, la Sección señaló:
«[…] En ese sentido, interpreta la Sala, con efecto unificador, que el Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial de los soldados profesionales en el Decreto Reglamentario 1794 de 2000, en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos, dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 4º establecía, que estos últimos tenían derecho a recibir como sueldo, una “bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%”.
De esta manera, se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue determinado por el artículo 4º de la Ley 131 de 1985, es decir, un salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.
En armonía con lo expuesto, para la Sala no es de recibo la interpretación que sobre el particular realiza la parte demandada, según la cual, los referidos Soldados profesionales, antes voluntarios, no tienen derecho a percibir un sueldo básico equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, dado que a su juicio, al vincularse a la planta de personal de las Fuerzas Militares como soldados profesionales, se les aplica íntegramente el régimen propio de estos últimos.
Ello por cuanto, la interpretación adecuada del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, derivada de la literalidad de dicha norma y de la aplicación del principio constitucional de respeto a los derechos adquiridos estipulado en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1793 de 2000, consiste en que los soldados voluntarios que luego fueron incorporados como profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial equivalente a un salario mínimo legal aumentado en un 60%, en virtud de los argumentos anteriormente expuestos.
Refuerza la Sala esta conclusión al tener en cuenta que luego de la revisión integral de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, en ninguno de sus apartes se encuentra disposición alguna que establezca que los soldados voluntarios que posteriormente fueron enlistados como profesionales, vayan a percibir como salario mensual el mismo monto que devengan los soldados profesionales que se vinculan por vez primera, es decir, un salario mínimo aumentado en un 40%.
En ese sentido, tampoco es válido el argumento del Ministerio de Defensa atinente a que en el caso de los soldados voluntarios hoy profesionales, no hay lugar a reajustar su salario en un 20%, pues, dicho porcentaje se entiende redistribuido al reconocerles otro tipo de prestaciones sociales que con anterioridad no percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985.
Entiende la Sala sobre el particular, que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, les respeta a los soldados voluntarios hoy profesionales, el hecho que perteneciendo a la misma institución pasen a ganar la misma asignación salarial que tenían en vigencia de la Ley 131 de 1985, esto es, una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un 60%, situación que deber ser vista desde la órbita de la garantía de conservar los derechos adquiridos; y cosa distinta es que luego de su conversión a soldados profesionales, empiecen a disfrutar de varias prestaciones sociales que antes no devengaban. Todo lo anterior, en aras de compensar a los soldados voluntarios que, desde la creación de su régimen con la Ley 131 de 1985, sólo percibían las bonificaciones mensuales, de navidad y de retiro.
Ahora bien, en atención a que el Decreto 1794 de 2000 establece que los soldados profesionales, sin distingo alguno, además de la asignación salarial, tienen derecho a las primas de antigüedad, de servicio anual, vacaciones y navidad, así como al subsidio familiar y a cesantías, y que tales prestaciones se calculan con base en el salario básico; es necesario precisar a continuación los efectos prestacionales del reajuste salarial del 20% reclamado. […]»
Así mismo fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
De conformidad con el inciso 1.º del artículo 1.º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados profesionales vinculados por vez primera, a partir del 1º de enero de 2000, es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%.
De conformidad con el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.
Sobre el reajuste salarial y prestacional del 20% que se ordene a favor de los soldados voluntarios, hoy profesionales, la parte demandada condenada, deberá efectuar de manera indexada los respectivos descuentos en la proporción correspondiente, por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar.
La presente sentencia no es constitutiva del derecho a reclamar el reajuste salarial y prestacional del 20% respecto del cual se unifica la jurisprudencia en esta oportunidad; por lo que el trámite de dicha reclamación, tanto en sede gubernativa como judicial, deberá atenerse a las reglas que sobre prescripción cuatrienal de derechos contempla el ordenamiento jurídico en los artículos 10 y 174 de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, respectivamente.
De acuerdo con lo expuesto, tal como lo señaló el a quo y que no es objeto de discusión en el presente asunto, el demandante según la hoja de servicios que obra a folio 184 del cuaderno 1 prestó sus servicios en el Ejército Nacional así:
Grado
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Soldado Regular
16 de enero de 1989
14 de julio de 1990
Soldado voluntario
15 de julio de 1990
31 de octubre de 2003
Soldado profesional
1 de noviembre de 2003
4 de junio de 2009
Por tanto, el demandante tiene derecho al reajuste de su asignación de retiro desde el 13 de mayo de 2009 fecha a partir de la cual le fue reconocida la asignación por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, si se tiene en cuenta que no es objeto de prescripción cuatrienal, toda vez que presentó la solicitud (folio 5) de reajuste el 13 de abril de 2012 con la diferencia, equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar por tratarse de derechos adquiridos.
En conclusión: Según la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 es que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir un salario básico mensual equivalente a un mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En ese orden de ideas, los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000, se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, y a quienes se les ha venido cancelando un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, tienen derecho a un reajuste salarial equivalente al 20%.
En el presente caso el a quo en forma correcta ordenó el reajuste de la asignación de retiro del demandante con la diferencia equivalente al 20%, en el incremento devengado inicialmente como soldado voluntario y, con posterioridad, como soldado profesional, con la inclusión del subsidio familiar y a pesar que este aspecto no fue objeto de discusión en el recurso de apelación, se hace necesario para resolver el problema jurídico planteado en segunda instancia.
Prima de antigüedad en el reconocimiento de la asignación de retiro de los soldados profesionales
El artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 señaló la asignación de retiro de la cual gozaría el personal de soldados profesionales del Ejército Nacional, así:
«[…] Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]»
Por su parte, el artículo 16 incluyó como partida computable de la asignación de retiro para el personal de las Fuerzas Militares entre otras, la prima de antigüedad, la cual conforme el artículo 2 del Decreto 1794 de 2000 señaló que para los soldados profesionales del Ejército Nacional se cancelaría de la siguiente manera:
«[…] Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%) […]»
Respecto de la forma en que debe interpretarse el contenido del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esta Corporación señaló:
«[…] Conforme el Tribunal, para establecer la cuantía de la asignación de retiro, “debe primero sumarse el salario mensual indicado en el numeral 13.2.1., con la partida denominada prima de antigüedad (38.5%), para luego aplicar sobre el valor resultante, el porcentaje de liquidación que corresponde al 70%”, y que en ese orden de ideas encontraba bien la liquidación hecha por la Caja de Retiro de las Fuerza Militares.
Para la Sala los términos de la norma son claros, pues se establece el monto de la asignación de retiro, a partir de un porcentaje del salario mensual que debe ser adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad. Es decir, que el cálculo de dicha prestación periódica no parte del salario sino del 70% del mismo, tal como lo indica la norma transcrita con la puntuación que precede al verbo “adicionado”.
En tal sentido, esta Colegiatura advierte que el Tribunal le otorgó al precepto legal un sentido o interpretación que no corresponde a su tenor literal, pese a que éste no ofrece lugar a duda alguna en cuanto a la manera de calcular la asignación de retiro. La manera en que el operador jurídico lo aplicó no solo es una interpretación contraevidente, en los términos que lo ha considerado la Corte Constitucional, sino que, como lo indicó el actor, implica una doble afectación de la prima de antigüedad, pues al 38.5% de ésta se le aplica, además, un 70% que la Ley no prevé y que va en perjuicio de su derecho, el cual, por tanto, será protegido en el sentido de ordenarle a la autoridad judicial demandada que dicte un nuevo fallo que aplique el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 según la clara exégesis y lógico entendimiento del mismo.
Es más, el entendimiento que hace la autoridad judicial cuestionada, está en contravía de decisiones que en casos iguales han asumido diversas subsecciones de la Sección Segunda del mismo Tribunal, y del Consejo de Estado (ver pie de página No.6), y de reciente decisión de tutela del 11 de diciembre de 2014, proferida por la Sección Primera de esta Corporación. […]»
En ese orden de ideas, el contenido del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para efectos de liquidar la asignación de retiro de la cual resultan ser beneficiarios los soldados profesionales retirados del servicio, no supone confusión alguna, en la medida en que se señala que debe tenerse en consideración el setenta por ciento (70%) del salario mensual (salario mínimo legal mensual, incrementado en un 60%), adicionado con el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad, porcentaje éste último que, en todo caso, se obtiene a partir del valor del ciento por ciento del salario mensual.
Empero, debe aclararse que, la prima de antigüedad a la que se refiere el precepto normativo en comento, se calcula teniendo en consideración la asignación salarial mensual básica que devengara el soldado profesional en el momento de adquirir el derecho a obtener la asignación de retiro, de allí que, el 38.5% que debe incluirse en ella, se obtiene aplicando la regla descrita y no partiendo del valor de la prima que certifique la entidad como devengada por el beneficiario de la prestación, en el año de causación del derecho, pues de hacerlo así, se estaría otorgando un menor valor por este concepto.
En el presente caso, mediante Resolución 1259 del 13 de mayo de 2009 (folio 2), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, le reconoció la asignación de retiro al señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez, en calidad de soldado profesional retirado, efectiva a partir del 5 de junio de 2009 en los siguientes términos:
«[…] En cuantía del 70% del salario mensual (Decreto 4868 de 2009 indicado en el numeral 13.2.1 (salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000)
Adicionado con un treinta y ocho punto cinco (38.5%) de la prima de antigüedad […]»
Mediante el oficio 20635 de 4 de mayo de 2012, la entidad demandada, al ofrecer respuesta a la petición presentada por el demandante, con la finalidad de que fuese reliquidada su asignación de retiro y, se aplicara de manera correcta la fórmula prevista en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, señaló que la liquidó en forma correcta, así:
Liquidación Soldados Profesionales 2011
Salario Mínimo Legal Vigente
$535.600
SMLV + 40% del SMLV (Art. 16 del D. 4433/2004
140,00%
$749.840
Prima de Antigüedad
38,50%
$288.688
Sumatoria sueldo básico + prima de antiguedad
$1.038.528
Porcentaje liquidación
70%
$ 726.970
Liquidación Soldados Profesionales 2012
Salario Mínimo Legal Vigente
$566.700
SMLV + 40% del SMLV (Art. 16 del D. 4433/2004
140,00%
$793.380
Prima de Antigüedad
38,50%
$305.451
Sumatoria sueldo básico + prima de antiguedad
$1.098.831
Porcentaje liquidación
70%
$ 769.182
En esa medida, al comparar el contenido del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, con la forma como la entidad demandada efectuó la liquidación de la asignación de retiro del demandante, observa la Subsección una indebida aplicación de las normas que gobiernan las asignaciones de retiro del personal de soldados profesionales del Ejército Nacional que se retiran o son retirados del servicio.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que la entidad demandada realiza una doble afectación de la prima de antigüedad al sumar el salario básico (smlmv + 60%) con la prima de antigüedad (38.5%) y a este resultado deducirle el 70% para la liquidación. Lo que va en perjuicio de su derecho, sin tener en cuenta que el porcentaje de la prima de antigüedad debe calcularse a partir del valor del ciento por ciento del salario mensual.
En conclusión: En el presente caso es procedente el reajuste de la prima de antigüedad en la asignación de retiro del demandante toda vez que la entidad demandada aplicó un doble porcentaje a la misma con la siguiente fórmula: el 70% del salario mínimo legal mensual vigente +60% +38.5% de la prima de antigüedad, cuando la forma correcta con base en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 es el 70% del salario mensual (salario mínimo legal mensual, incrementado en un 60%), adicionado con el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad.
Modificación de la sentencia de primera instancia
Toda vez que el a quo no se pronunció sobre la pretensión de reliquidación de la prima de antigüedad, lo cual es el punto objeto de apelación, se modificará el ordinal 3.º en el sentido de ordenar la reliquidación de la prima de antigüedad en la asignación de retiro del demandante con base en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 así: el 70% del salario mensual (salario mínimo legal mensual, incrementado en un 60%), adicionado con el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad.
Así mismo, las sumas que resulten a favor del demandante se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia y se aplicará para ello la siguiente fórmula:
Índice final
R= Rh x ------------------------
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesada pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se pagará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos del artículo 192 del CPACA.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
De la condena en costas.
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección en el presente caso se impone la condena en costas en la segunda instancia a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, toda vez que resulta vencido en el proceso de la referencia y el demandante intervino dentro de la segunda instancia; conforme el ordinal 1.º del artículo 365 del Código General del Proceso y el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinal 3.º de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el cual, quedará así:
«[…] 3.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a pagar en favor del señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez el reajuste de su asignación de retiro en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, artículo 1.º, inciso segundo, por el período comprendido entre el 13 de mayo de 2009 hasta el momento en que se disponga el cumplimiento de la presente providencia, así:
Tomar como base una asignación mensual equivalente al 70% del salario mensual (un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%), con la inclusión del subsidio familiar.
Al resultado anterior se le adiciona un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad, en el entendido que el porcentaje de la prima de antigüedad debe calcularse a partir del valor del ciento por ciento del salario mensual […]»
Segundo: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares actualizar las sumas que resulten a favor de la demandante, con base en la fórmula que se indica en esta providencia.
Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Cuarto: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandada y a favor de la parte demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.
Quinto: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
JCJG/SMG
Folio 44 y vuelto
Folio 44 vuelto
Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Ramírez Ramírez Jorge Octavio, Consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Hernández Gómez William, actualmente Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folios 439 a 451
Folios 454 a 455
Folio 504 a 508 vuelto
Folios 519 a 522
Folios 524 a 531
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15)CE-SUJ2-003-16
Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 29 de abril de 2015, Consejero Ponente Gustavo Gómez Aranguren, radicación 11001-03-15-000-2015-00801-00
Folios 9 y 10
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.