Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00065-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-00065-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Tutela contra providencia judicial que confirmó sanción disciplinaria a un abogado: por hallarse responsable de conductas…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00065-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00065-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
26 de marzo de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE CONFIRMÓ SANCIÓN DISCIPLINARIA A UN ABOGADO – Por hallarse responsable de conductas contrarias al ejercicio de la profesión / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / PERSCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA – Se explicaron las razones por las cuales no procedía / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No configuración
[E]l pretendido defecto fáctico por indebida valoración probatoria por parte de la accionada no se configuró, puesto que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de su autonomía judicial, analizó los argumentos del extremo recurrente así como la situación fáctica acreditada en el plenario, para arribar a la conclusión que existió certeza en cuanto a la responsabilidad del actor en la conducta que allí se investigó. (…) [De otra parte,] para la Sala las consideraciones expuestas por el accionante no configuran el pretendido defecto sustantivo, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura explicó las razones por las cuales no operó la prescripción de la acción y por qué la conducta del profesional del derecho investigado se adecuaba al tipo descrito disciplinariamente. (…) [En relación con el desconocimiento del precedente], [los fallos invocados por el tutelante como presuntamente desconocidos, no] constituye[n] precedente por cuanto no hay identidad fáctica ni jurídica frente al que ocupa la atención de esta Sala, [esto es,] la imposición de la sanción prevista en el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por la conducta cometida por un abogado en ejercicio de su profesión
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00065-00(AC)
Actor: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José William Sánchez Plazas en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la decisión proferida el 18 de octubre de 2018, mediante la cual confirmó la sanción disciplinaria impuesta al accionante el 2 de noviembre de 2017 por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila – Sala Disciplinaria.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
El actor, actuando en causa propia, promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] De manera respetuosa solicito se tutelen y amparen los Derechos Fundamentales del Debido Proceso y a la Defensa (Art. 29), a los principios Universales Pro Homine y Pro Libertate (Arts. 93 y 94), a la igualdad y no discriminación (Art. 13), Acceso Efectivo a la Administración de Justicia, en armonía con el Principio de Primacía del Derecho Sustancial (Arts. 229 y 230) y además que se deduzcan en el desarrollo de la presente Acción.
En consecuencia, de manera preferente, se ordena a la Accionada, dejar sin efecto el Fallo de Segunda Instancia de fecha 18 de Octubre de 2018, por medio del cual se me impuso una Sanción Disciplinaria, y, consecuencialmente, declarar desvirtuado el cargo formulado, ordenando el archivo de las diligencias correspondientes al Proceso Rad. 41001110200020140060900 sobre el cual versa la presente Demanda; informando mediante Oficio la decisión adoptada a quien corresponda. […]” (Resaltado del texto)
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante explicó que el señor Nelson Pastrana Villamil presentó una queja en su contra ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al considerar que en su condición de abogado y mandatario de éste, incurrió en falta disciplinaria por el “excesivo cobro de honorarios”. Al respecto precisó que, de acuerdo con lo que hay probado en el expediente del proceso disciplinario, el quejoso pactó de manera consciente y libre como pago el equivalente al 30% de lo obtenido a título de éxito para el abogado principal a través del contrato que firmaron el 25 de mayo de 2006; así como un incremento del 25% en favor de los abogados sustitutos por medio de un otrosí.
Afirmó que el supuesto cobro excesivo se produjo en el proceso para el cual fue contratado, que, si bien inició en el Tribunal Administrativo del Huila, era claro que la segunda instancia se surtiría ante el Consejo de Estado, pero con la creación de los juzgados administrativos en Neiva, no fue conocida por dicha Corporación; añadió que en todo caso en el trámite actuaron dos apoderados sustitutos, por lo que considera que es controvertible el argumento de su mandante, según el cual, el pago del otrosí estaba supeditado al conocimiento del asunto ante el Consejo de Estado.
Resaltó que no presentó la demanda que promovió el señor Nelson Pastrana Villamil en el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra del Municipio de Neiva, por lo que el poder que le fue otorgado deviene de “[l]a confianza que se revocaría el Fallo en contra y se accediera a las pretensiones […]”.
Manifestó que el fallo proferido el 18 de octubre de 2019, que confirmó la sanción que le impuso el citado Consejo Seccional de la Judicatura, ratificó la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, de la cual adujo que incurrió en incoherencias, en la violación directa de la ley así como también transgredió las garantías propias del poder punitivo del Estado, en sus derechos fundamentales y en principios universales pro homine, pro libertate y de la primacía del derecho sustancial, pues se fundamentó en la presunta comisión de la falta tipificada en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1123 del 22 de enero de 2007, pese a que había invocado el principio de la legalidad en cuanto a la improcedencia de la aplicación retroactiva de la norma ibídem, la falta de competencia y la prescripción de la acción disciplinaria.
Aseveró que los demás interesados en el proceso acordaron con él la suscripción de un otrosí “[d]e aumento de un porcentaje del 25% del equivalente a lo que se falle o concilie para abogados sustitutos […]”, por lo que en virtud del mismo le fue pagado a los abogados sustitutos el valor correspondiente, como se probó a través de la declaración del testigo Luis Alberto Méndez y los documentos que éste aportó; agregó que el quejoso del proceso disciplinario avaló contractualmente y a través del mandato, la sustitución que el actor efectuó el 15 de diciembre de 2011 y en todo caso no actuó de forma directa en el proceso judicial, sino por conducto de abogados sustitutos.
Afirmó que la abogada sustituta acompañó al quejoso a la conciliación judicial llevada a cabo el 18 de septiembre de 2013, pero que fue este último quien concertó directamente con el apoderado del Municipio de Neiva, quedando aprobado el acuerdo conciliatorio por parte del Tribunal Administrativo del Huila el 27 de septiembre de 2013, por lo que concluyó que la gestión profesional había sido exitosa y su relación contractual con el mandante culminó en esa fecha. Añadió que su mandante recibió directamente la suma de dinero pactada con la administración municipal pero él no le reconoció lo correspondiente al 30% para el apoderado principal y 25% para los sustitutos.
Aseveró que ante ese incumplimiento y como responsable ante los apoderados sustitutos, promovió demanda ejecutiva con base en el contrato de prestación de servicios y el otrosí que suscribieron las partes, por lo que, a su juicio, “[n]o es justificable que se considere fraudulento por la autoridad disciplinaria […]”; agregó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Civil, Laboral y de Familia, en sentencia de segunda instancia proferida el 25 de noviembre de 2016, dispuso que el actor no tenía legitimación en la causa por activa para la reclamación del 25% en favor de los sustitutos, por lo que sólo habilitó la ejecución del 30% que le correspondía como apoderado principal.
Afirmó que sólo cobró el 30% de los honorarios pactados en el contrato principal, como así lo reconoció el quejoso, y no era cierto que haya efectuado una reclamación excesiva de los honorarios o que pueda catalogarse el trámite ejecutivo como fraudulento, toda vez que la administración de justicia es garante de los derechos fundamentales de manera imparcial. Además, que el señor Nelson Pastrana Villamil en ningún momento pagó el 25% correspondiente a los abogados sustitutos, pese a que fue reconocido el derecho de los últimos en el fallo del mencionado Tribunal.
Frente a los defectos invocados manifestó que se configuró el fáctico, puesto que las pruebas obrantes en el plenario no fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica y observando las presunciones de inocencia y de favorabilidad; destacó que el juez disciplinario no consideró que los honorarios profesionales no están definidos por el Colegio de Abogados así como tampoco tuvo en cuenta la naturaleza, la calidad, la duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y que su mandante fijó de manera distinta el porcentaje de los honorarios para el abogado principal y el correspondiente para los sustitutos, con base en la autonomía de la voluntad, en forma libre y espontánea.
Aseveró que la acción disciplinaria se encontraba prescrita desde el 25 de mayo de 2011, dado que en esa fecha se firmó el aludido contrato de mandato, en aplicación de lo previsto por el numeral 2 del artículo 23 y el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, o en su defecto, desde el 23 de septiembre de 2018, cuando se terminó el proceso contencioso administrativo para el cual fue contratado, y no como lo sostuvo el Tribunal accionado, quien consideró que el término prescriptivo se debía contar desde cuando se radicó la demanda ejecutiva, es decir, el 29 de noviembre de 2013, debido a que el fallo cuestionado no fue notificado personalmente y únicamente recibió la providencia el 14 de diciembre de 2018, con ocasión de un derecho de petición allí radicado.
Adicionalmente, sostuvo que también se configuró el defecto sustantivo por cuanto, acorde con lo dispuesto en los artículos 1494 y 1495 del Código Civil Colombiano, la obligación o remuneración que acordó con su poderdante tuvo como fuente o causa el contrato de prestación de servicios que suscribieron el 25 de mayo de 2006, por lo que no le era aplicable retroactivamente la Ley 1123 del 22 de enero de 2007, en virtud del principio de legalidad, dado que solo se puede investigar y sancionar a un profesional del derecho por conductas tipificadas en la ley al momento en que se produjeron.
Aseveró que la Corporación de instancia en la sentencia que se controvierte aplicó la responsabilidad objetiva con criterio “[a]nalógico y de manera extralimitada, al considerar que la situación de incumplimiento de la obligación económica pactada por el Quejoso, para el Abogado Principal, hace parte de la gestión profesional culminada exitosa el 18 de septiembre de 2018 (…) // Igualmente, NO HAY NINGUNA PRUEBA PLENA de dolo por parte del Abogado investigado: los antecedentes y pruebas allegados al plenario disciplinario, JAMÁS acreditan “plenamente” el elemento VOLITIVO O COGNITIVO que exige este grado de responsabilidad. […]”
Expuso que el fallo cuestionado se apartó del precedente tanto vertical como horizontal, que a su juicio constituyen las decisiones proferidas por las Altas Cortes, puesto que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no expresó las razones que justificaran su distanciamiento de la jurisprudencia relacionada con la autonomía de la voluntad en los contratos de prestación de servicios profesionales, el principio de legalidad y la prescripción de la acción disciplinaria; para ello enlistó providencias judiciales del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, del Tribunal Administrativo del Huila y de esta Corporación, que serán analizadas en el acápite correspondiente.
Por último, manifestó que acudía a la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, afirmando que este mecanismo es “[e]l único, real y efectivamente EFICAZ E IDÓNEO para garantizar con celeridad e inmediatez los derechos fundamentales que se reclaman”; añadió que es inminente debido a que contra la sanción que se le impuso de suspensión de dos meses del ejercicio de la abogacía no procede ningún recurso; urgente pues dicha decisión va en contravía de sus derechos fundamentales y amenaza de manera grave los bienes jurídicos constitucionales que acá reclama, toda vez que el registro de la sanción pone en peligro su derecho a ejercer la profesión, y grave e inminente por los perjuicios que afirma va sufrir de orden económico, morales, laborales, comerciales, entre otros.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada el 19 de diciembre de 2018 en la Secretaría de esta Corporación y asignada en reparto el 15 de enero de 2019.
3.2. Por auto del 18 del mismo mes y año, se admitió y dispuso notificar a los Magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; asimismo se vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura del Huila – Sala Jurisdiccional Disciplinaria y al señor Nelson Pastrana Villamil y se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; orden que se cumplió el 24 de enero de 2019.
En la misma providencia se solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura del Huila que enviara en calidad de préstamo el expediente radicado bajo el nro. 41001110200020140060900.
3.3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante correo electrónico remitido en oportunidad el 28 de enero de la presente anualidad, informó que en el trámite de la investigación disciplinaria que discute el accionante no se presenta ningún defecto así como tampoco dejó de valorar pruebas, y la sentencia proferida por esa Corporación contó con suficiente certeza para llegar a la decisión adoptada, la cual fue confirmada en segunda instancia; por último, que el análisis del acervo probatorio se hizo en ejercicio del campo funcional que le confiere la ley y la Constitución a los funcionarios judiciales.
En cuanto a la indebida notificación que el actor alegó, sostuvo que no conoce cómo se efectuó dicho trámite dado que el expediente aún no ha sido devuelto a esa Seccional; precisó que la ejecutoria de la providencia se rige por lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, en atención al principio de integración normativa.
Finalmente, aseguró que se atiene a lo considerado en el fallo que profirió el 2 de noviembre de 2017, resaltando que en esa instancia el disciplinado compareció en todo el proceso donde tuvo la oportunidad de ejercer las garantías que le asisten, por lo que la tutela es improcedente por no cumplir con los requisitos de procedibilidad y teniendo en cuenta que no se presentó vulneración a sus derechos fundamentales.
3.4. El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por conducto de su presidente, presentó en oportunidad informe a través de escrito físico radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 29 de enero de 2019, en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela por considerar que no se reúnen los requisitos de procedibilidad, ni existe una vía de hecho, y lo que pretende el actor es insistir en los mismos elementos de juicio ordinario que concluyó con la sanción.
Manifestó que el recurso de apelación que interpuso el accionante en contra de la sanción impuesta en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila se sustentó en: “[…] i) Que el 25% adicional de honorarios no era para el disciplinado sino para los abogados que apoyaron su gestión en la ciudad de Bogotá; ii) Que operó la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto el otrosí al contrato de prestación de servicios, mediante el cual se pactó el 25% extra, fue suscrito el 23 de septiembre de 2010; y iii) Que el otrosí fue firmado libremente por su cliente y como contrato es ley para las partes. […]”
Al respecto precisó que no acogió ninguno de los argumentos de la alzada y para ello se remitió a las consideraciones de su decisión; asimismo indicó que no se configuró el fenómeno de la prescripción, puesto que la falta disciplinaria impuesta consta de 3 verbos rectores: acordar, exigir u obtener, cargos que se formularon por haber exigido honorarios desproporcionados y porque se demostró que el accionante promovió en contra de su cliente un proceso ejecutivo el 29 de diciembre de 2013, en el que exigió el pago del 55% de honorarios sobre el valor obtenido por su gestión.
Aseguró que rechazó la afirmación del actor, según la cual el 25% adicional no era para él sino para quienes llevaron a cabo las gestiones profesionales en Bogotá, toda vez que se acreditó que el disciplinado al iniciar en nombre propio el proceso ejecutivo para reclamar el 55% del valor que obtuvo su cliente, exigió para sí dichos honorarios y no para una tercera persona; igualmente, desestimó la explicación del sancionado en cuanto a que el 25% adicional de los honorarios fue fruto de la autonomía de la voluntad de las partes, con base en lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, para lo cual se refirió a lo consignado en su proveído que en esta sede se controvierte.
Anotó que el fallo que se controvierte cumple desde el punto de vista formal los elementos que debe tener la decisión de segunda instancia, conforme con lo dispuesto por la Ley 1123 de 2007, e igualmente desde el punto de vista material, en la medida que fueron analizados cada uno de los cargos expuestos en el recurso de apelación que se despacharon desfavorablemente, con base en el análisis de la norma aplicable al caso, esto es, el numeral 2 del artículo 35 de ibídem, así como de las particularidades del mismo y las pruebas allegadas oportunamente al proceso.
Concluyó que al accionante se le han garantizado sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso; además, precisó que las citaciones que se le dirigieron para que compareciera a notificarse de la providencia en forma personal fueron enviadas a las direcciones que tiene registradas, pero, dado que ello no fue posible, se hizo la notificación por estado, para lo cual adjuntó los telegramas enviados y una certificación expedida por la secretaría judicial.
3.5. El 29 de enero de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria allegó el expediente disciplinario bajo radicado nro. 41001110200020140060901.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, así como en virtud de lo señalado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, disposición relativa a la distribución de negocios entre las secciones del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo nro. 377 del 11 de diciembre de 2018.
4.2. HECHOS RELEVANTES:
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
4.2.1. El 25 de mayo de 2006, el señor Nelson Pastrana Villamil suscribió con el abogado accionante un contrato de mandato en donde éste se comprometió a prestar sus servicios profesionales en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral que aquel promovió en contra del Municipio de Neiva y se encontraba en curso en el Tribunal Administrativo del Huila; como honorarios pactaron el pago correspondiente al 30% “[d]e todo lo que se obtenga a favor del CONTRATANTE, ya sea por sentencia, conciliación o cualquier otra decisión favorable. Todas las sumas o créditos a favor se descontarán directamente por el contratista en el momento del pago, sin ningún descuento o retención. […]”. (Mayúscula del texto).
4.2.2. El 23 de septiembre de 2010, las partes firmaron un otrosí al contrato en donde modificaron la cláusula de remuneración en los siguientes términos:
“[L]as partes del presente contrato acuerdan un 55% del total del monto que se llegare a reconocer en favor del CONTRATANTE, por auto o sentencia judicial, a título de Prima de Éxito, la cual podrá ser deducida por el CONTRATISTA en el momento del pago o será cancelada por el CONTRATANTE en el caso que el primero no tenga la facultad de recibir. El porcentaje acordado se distribuirá así: Para el Apoderado principal, Doctor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS, se le reconocerá el 30% del monto total a recibir por el CONTRATANTE distribuidos así: el 20% a título de honorarios por los servicios prestados y el 10% restante a título de Costas o gastos del proceso. Para el (los) Apoderado (s) sustituto(s) que las partes acuerdan para el trámite de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se está cumpliendo en el Consejo de Estado, el CONTRATANTE reconocerá y pagará el 25% del monto total por él recibido, igualmente, a título de Prima de Éxito, pagaderos en la misma forma que al Apoderado Principal […]”.
4.2.3. El 11 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del Huila llevó a cabo audiencia de conciliación en donde las partes del proceso ordinario llegaron a un acuerdo sobre las pretensiones de la demanda, la cual aprobó esa Corporación por auto del 27 de septiembre del mismo año que declaró terminado el proceso.
4.2.4. El 28 de noviembre de 2013, el accionante, obrando en nombre propio, promovió demanda ejecutiva en contra de su poderdante aduciendo que la entidad territorial demandada en el proceso ordinario, efectuó el pago acordado el 22 adiado y a la fecha de radicación no se le habían cancelado sus honorarios; por lo que solicitó librar mandamiento de pago por la suma equivalente al 55% “[d]e los valores conciliados y aprobados en el Auto del 27 de septiembre de 2013 (sic) a favor del Ejecutado […]”. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, que en audiencia del 6 de mayo de 2014 declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado y ordenó continuar con la ejecución.
4.2.5. En virtud de lo anterior, el señor Nelson Pastrana Villamil radicó el 5 de agosto de 2014 queja disciplinaria en contra del accionante cuya única pretensión consistió en que “[s]e investigue disciplinariamente al Abogado José William Sánchez Plazas, por haber faltado a la honradez en las relaciones profesionales, no haber actuado con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado, al acordar y exigir unos honorarios que superan la participación correspondiente al cliente […]”; la cual conoció el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que mediante sentencia del 6 de octubre de 2017 denegó la solicitud de prescripción y la aplicación de la Ley 1123 de 2007 propuestas por el disciplinado, declarándolo responsable a título de dolo por la comisión de la falta contra la honradez de la profesión, prevista en el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión como abogado por el término de 2 meses.
4.2.6. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en fallo del 18 de octubre de 2018, que confirmó lo decidido en primera instancia.
4.2.7. Al margen de lo acontecido en el proceso disciplinario, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Civil Familia Laboral, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2016, resolvió en segunda instancia el proceso ejecutivo laboral y revocó lo decidido por el a quo; en su lugar, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa para pedir lo correspondiente al 25% del abogado sustituto y cobro de lo no debido; asimismo, declaró no probadas, entre otras, “[E]L PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, por haberse verificado el pago en el trámite del presente proceso […]”. (Mayúsculas de la providencia).
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
La Sala observa que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el presente caso están cumplidos, toda vez que: (i) el actor invoca la vulneración de derechos de orden fundamental, como son el debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia como consecuencia de la decisión de segunda instancia del Consejo Seccional de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que confirmó la sanción disciplinaria que se le impuso, consistente en la suspensión del ejercicio de la profesión de la abogacía por el término de dos meses; ii) el interesado agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía, pues interpuso los recursos procedentes en sede judicial; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, habida cuenta que la providencia de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 18 de octubre de 2018 y la tutela radicada el 19 de diciembre del mismo año; iv) la irregularidad manifestada por el demandante concierne a los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial; v) la situación que se afirma generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela, y vi) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Por consiguiente, es procedente descender al estudio de los defectos que invoca el accionante:
4.3.1. Defecto fáctico
La Sala destaca que sólo es factible sustentar una acción de tutela por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por la autoridad judicial en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. En ese sentido, el error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado.” Así, la jurisprudencia ha entendido que el mencionado defecto surge: “[c]uando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. […].”
Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible se configure el defecto fáctico, a saber:
Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba, y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión.
Sobre esta última perspectiva, en reciente pronunciamiento el intérprete constitucional indicó: “La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales.”
Igualmente, se han precisado las siguientes modalidades que puede asumir el defecto en estudio: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas, (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio, y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Las anteriores categorías se han analizado ampliamente en las sentencias T-902 de 2005, T-458 de 2007 y T-747 de 2009.
En el caso bajo examen el actor sustentó la configuración del defecto en lo siguiente:
(i) Por un lado, que las pruebas obrantes en el plenario no fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica y observando las presunciones de inocencia y de favorabilidad, para lo cual indicó que los honorarios profesionales no están definidos por el Colegio de Abogados y tampoco se establece una tarifa absoluta.
(ii) Por el otro, sostuvo que no existe prueba plena en el expediente que determine el dolo del actor en cuanto al “[e]lemento VOLITIVO O COGNITIVO que exige este grado de responsabilidad. […]” y aunque el accionante hizo tal afirmación para sustentar el defecto sustantivo, la misma se dirige a atacar la valoración probatoria que hizo la Corporación accionada, por lo que será analizada en este acápite.
En consecuencia, la Sala, en aras de determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto aludido en la providencia cuestionada, estima necesario retrotraerse a lo que allí se tuvo en cuenta para resolver:
El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en la sentencia del 18 de octubre de 2018, indicó lo siguiente:
“[…] De otra parte, es procedente señalar, que para emitir sentencia condenatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme a las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.
(…)
Frente a ello se ha esbozado en sede de apelación lo siguiente:
(…)
Subsiguientemente, planteó que en su caso no se había logrado demo[st]rar (sic) la antijuridicidad o culpabilidad de la actuación, pues nunca cobró el 25% adicional en su favor sino en favor de un tercero, es decir, de los abogados sustitutos que tuvo que contratar para desarrollar las actuaciones, destacando que si bien el asunto del quejoso no se fue para Bogotá, si tuvo que utilizar un equipo de trabajo que le ayudó a incrementar la tesis a adoptar en favor del quejoso, por lo cual era lógico que se le sancionara por pedir más de la participación del cliente, ya que ese dinero no era para él.
Este argumento es totalmente inaceptable, bajo el entendido que, es paladino que el pacto del 25% adicional si bien sí se hizo para sufragar los honorarios de unos abogados que eventualmente se requieran a efectos de surtir el trámite en Bogotá ante el Consejo de Estado, también lo es que en el presente caso no hubo necesidad de enviar el proceso hasta el Consejo de Estado, ya que estando ante el Tribunal Administrativo del Huila, las partes, llegaron a un acuerdo conciliatorio, el cual fue aceptado, poniendo fin al proceso, por lo que, el cobro de ese dinero adicional quedaba sin piso fáctico y jurídico, lo cual fue denotado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Laboral Familia y Civil, quien, fungiendo como segunda instancia del proceso ejecutivo laboral de marras, exoneró al quejoso del pago de ése porcentaje, destacándose que, en todo caso, bajo ninguna circunstancia se podía cobrar al cliente dineros por honorarios que superan en alguna forma su participación en el asunto.
Así pues, existe prueba que da certeza sobre la responsabilidad del investigado en relación con los hechos que dieron lugar a la consumación de la falta enrostrada, en ese orden, establecido el hecho fáctico, y evidenciada la materialidad de la infracción conforme al artículo 35 numeral 2° de la Ley 1123 de 2007, partiendo que con lo hasta ahora analizado ha quedado plenamente probada la responsabilidad del letrado investigado.
Por lo anterior, y conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad del disciplinable en este cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta del cobro de los dineros que superan la participación del cliente, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y jurisprudencia como dolosa, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la honradez en sus relaciones profesionales.
Por ende, como se ha enunciado en párrafos anteriores, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y al haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia es confirmar en todas sus partes la providencia objeto de alzada. […]” (Resaltado de la Sala)
Conforme con lo anterior, se tiene que el pretendido defecto fáctico por indebida valoración probatoria por parte de la accionada no se configuró, puesto que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de su autonomía judicial, analizó los argumentos del extremo recurrente así como la situación fáctica acreditada en el plenario, para arribar a la conclusión que existió certeza en cuanto a la responsabilidad del actor en la conducta que allí se investigó.
4.3.2. Defecto sustantivo
Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.
Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:
Defecto sustantivo respecto de la fuente:
Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.
Defecto sustantivo en torno al método:
Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes […]”, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
Descendiendo al caso concreto, se observa que el actor sostuvo que la sentencia proferida el 18 de octubre de 2018, por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, adolecía de defecto sustantivo, por lo siguiente:
(i) En primer lugar, indicó que: “[s]e transgrede el Principio de Legalidad, en concreto la vigencia de la Ley aplicable al Disciplinado, ya de acuerdo con al Art. 3º de la Ley 1123 del 22 de enero de 2007 (…), SOLO PUEDE INVESTIGAR Y SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE AL PROFESIONAL DEL DERECHO POR COMPORTAMIENTOS DESCRITOS COMO FALTA EN LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN: En consecuencia si el pacto o contrato en el cual se acordaron honorarios para el Apoderado Principal fue el 25 de mayo de 2006, sobre el particular la Ley 1123 de 2007 no existía y la misma no puede producir efectos retroactivos, en armonía con todo lo expresado. […]”
Para el efecto precisó que, de acuerdo con los artículos 1494 y 1495 del Código Civil, la remuneración de los honorarios “acordados, pretendidos o exigidos por el mandatario contratista sancionada” y que tiene como título el contrato de prestación de servicios que suscribieron el 25 de mayo de 2006, es ley para las partes conforme con lo dispuesto por el artículo 1062 de la norma ejusdem.
(ii) En segundo lugar, afirmó que la acción disciplinaria se encontraba prescrita por cuanto considera que debe tomarse como inicio del término de prescripción la referida fecha de suscripción del contrato de mandato o en su defecto del otrosí (23 de septiembre de 2010), según lo establecido por el numeral 2 del artículo 23 y el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. Agregó que: “[E]s más, aunque el fallo de segunda instancia que se cuestiona propone que el término prescriptivo se debe contar desde el 29 de noviembre de 2013, cuando se presentó la Demanda Ejecutiva Laboral (…), si contamos que el fallo [disciplinario de segunda instancia], sólo se dio a conocer sustancial e íntegramente al suscrito actor el día 14 de Diciembre de 2018, también se da la prescripción […]”
Con el propósito de examinar si se configuró el defecto sustantivo alegado, la Sala se retrotraerá a lo examinado en la providencia que se cuestiona. Al efecto, la Corporación accionada, indicó:
“[…] Al togado se le ha llamado a responder disciplinariamente pues, de forma fraudulenta, promovió en noviembre 29 de 2013 un proceso ejecutivo laboral contra NELSON PASTRANA VILLAMIL cursado en sede a quo ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva – Huila bajo radicado N° 2013-00765-00, del cual se destaca la siguiente pretensión por medio del cual ejecutaba el pago de un dinero equivalente al 55% del total de los dineros recaudados en su favor en el descorrer del proceso administrativo en cita, supuestamente para sufragar sus honorarios (en un 30%) y lo de otros abogados que utilizó para el desarrollo de esa gestión (en un 25%), es decir, el togado demandó el cobro jurídico de un porcentaje mayor a la participación total que su cliente tuvo en el proceso, el cual le fue reconocido en sentencia emitida por el Juzgado Laboral en mayo 6 de 2014, no obstante, en sede de alzada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por medio de decisión fechada noviembre 25 de 2016 la revocó en relación con el 25% a favor del togado sustituto pues no se necesitó de servicios de ningún abogado a efectos de suplir ninguna instancia en Bogotá ante el Consejo de Estado.
(…)
Frente a ello se ha esbozado en sede de apelación lo siguiente:
(…)
Que la acción disciplinaria objeto de análisis estaba prescrita, en el entendido que la conducta objeto de investigación, que incluía los verbos “acordar, exigir y obtener honorarios” que supuestamente superan la participación del cliente, surgen, nacen, tienen como fuente el contrato originado del 25 de mayo de 2006 y el Otro Sí de septiembre 23 de 2010, según los porcentajes acordados para el Apoderado principal y sustituto(s).
Este argumento no es de recibo para esta Superioridad, y por el contrario es de nuestro total rechazo, ya que no es cierto que en su caso hubiere operado el fenómeno prescriptivo de la potestad sancionadora del Estado, simplemente porque, si bien el jurista pactó el pago de esos honorarios desde el 2010, el Seccional de Primera Instancia sabiamente omitió llamarle la atención por ese acontecer, haciéndolo porque exigió dicho pago de honorarios, siendo ése el verbo rector que se le imputó, actuación de exigencia, por medio del cobro judicial que hizo a través de la iniciación del proceso ejecutivo laboral de marras, el cual, valga decirlo, incoó desde noviembre 29 de 2013, por lo cual, desde esa fecha no se dan los plazos del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, para decretar en su favor el acaecimiento de la causal de extinción de la acción disciplinaria contenida en el numeral 2 del artículo 23 ídem […]” (Resaltado de la providencia)
De acuerdo con lo anterior, para la Sala las consideraciones expuestas por el accionante no configuran el pretendido defecto sustantivo, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura explicó las razones por las cuales no operó la prescripción de la acción y por qué la conducta del profesional del derecho investigado se adecuaba al tipo descrito disciplinariamente.
En cuanto a la indebida notificación que arguyó el accionante, se observa en el cuaderno de segunda instancia del proceso disciplinario, que se enviaron sendas comunicaciones el 20 de noviembre de 2018 a las distintas direcciones que reposaban en el expediente dentro de ellas se destaca el Telegrama S.J. MRG 45878 remitido a la calle 6 nro. 7 A – 13 en Neiva (Huila), que corresponde a la suministrada por el interesado y mediante las cuales se le indicó que: (i) se le notificaba el cuestionado fallo, (ii) que el Registro Nacional de Abogados le informaría a partir de cuando comenzaba a regir la sanción impuesta, y (iii) si pasados 10 días no se efectuaba la notificación personal se fijaría por estado.
Asimismo, obra la Constancia Secretarial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 11 de diciembre de 2018, que da cuenta de lo siguiente: “[E]n la fecha se deja constancia que el estado # 211 se desfijó el día 10 de diciembre de 2018 a las 5:00 p.m. […]”. Por consiguiente, la providencia cuestionada no es constitutiva del defecto sustantivo invocado.
Por lo anterior, debe advertirse que la acción de tutela no fue instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en derecho por los jueces naturales en virtud de su autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.
4.3.3. Desconocimiento del precedente judicial:
De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales –requisito de suficiencia-.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.”
Así las cosas, a continuación se analizarán las sentencias citadas por el accionante como constitutivas de desconocimiento de precedente, conforme al orden y titulación que expuso en su escrito de tutela, y para el efecto, se tiene lo siguiente:
4.3.3.1. En cuanto a la autonomía de los contratos de prestación de servicios:
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 15 de mayo de 2000, M.P. Miryam Donato Montoya, radicación nro. 15283-B/1058-A:
Allí la Corporación estudió la apelación de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, que sancionó con dos meses del ejercicio de la profesión de la abogacía a un profesional del derecho por encontrarlo responsable de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 54 del Decreto 196 del 12 de febrero de 1971, consistente en: “Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente […]”, con ocasión de la queja que presentó un ciudadano que le otorgó poder para que adelantara un proceso ordinario laboral en contra del Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales; sin embargo, de dicha reclamación solo le entregó la suma aproximada de $3.600.000 cuando la liquidación ascendió a $7.891.047.
En su análisis encontró irrazonable que el disciplinado obtuviera para sí el 54% de lo obtenido dentro del litigio en detrimento de su mandante, dado el tipo de proceso y la labor que desarrolló, y como el proceso no revestía mayor complejidad, no se justificaba una remuneración adicional.
adicionalmente, sostuvo que la disposición contenía un “[e]lemento normativo cuyo establecimiento resulta(ba) imperativo como condición para deducirle la responsabilidad disciplinaria […]”, por lo que concluyó que “[E]n el presente caso no cabe duda de que el abogado actuó aprovechándose de la inexperiencia del cliente en esta clase de asuntos litigiosos y de su ignorancia específica en materia jurídica […]”, y en consecuencia, modificó lo decidido por el a quo y le impuso sanción de censura.
Conforme con lo señalado, no se advierte que los fundamentos de derecho sean los mismos a los estudiados en el presente asunto, máxime cuando (i) la normativa que sustentó la sanción allí atribuida fue derogada por la Ley 1123 de 2007; (ii) aquella disposición exigía factor que determinaba la configuración de la responsabilidad como era el “[a]provechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente. [...]”, y (iii) aquella conducta no corresponde a la endilgada al actor de la presente tutela, que consiste en la señalada en el numeral 2 del artículo 35 de la norma ejusdem, esto es: “[A]cordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente […]”.
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 3 de diciembre de 2014, M.P. Julia Emma Garzón Gómez, radicación nro. 11001110200020110039701 (8805-17):
En ese caso fue resuelto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, en donde encontró responsable de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a una abogada a quien se le impuso como sanción la suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, por cuanto encontró demostrado que recibió la suma correspondiente al 45% de los dineros recuperados, lo que calificó como desproporcionado por haber obtenido aprovechamiento de la necesidad de las partes involucradas en una reclamación alimentaria.
En esa instancia se absolvió a la profesional del derecho luego de advertir que la falta endilgada exigía fijar honorarios de manera equitativa, justificada y proporcional al servicio prestado o de acuerdo con las normas previstas para ello, y que los valores a cobrar “[d]ependen, del prestigio profesional, la naturaleza, complejidad del asunto y especialmente del acuerdo de voluntades, de manera que la ley disciplinaria no puede entrar a cuestionar los honorarios pactados entre la abogada implicada y sus poderdantes, pues se deben respetar y proteger esos acuerdos, lo anterior debido a que prevalece el principio de la autonomía de la voluntad privada. […]”
De lo anterior, la Sala colige que, aunque se trata del mismo artículo de la Ley 1123 de 2007, los numerales difieren, pues como se indicó en precedencia, al accionante de la presente acción constitucional se le endilgó la falta establecida en el numeral 2, mientras que en la providencia citada como precedente se le atribuyó la prevista en el numeral 1.
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sentencia del 22 de enero de 2015, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, radicación nro. 11001110200020110676101:
En este asunto, la Corporación conoció del recurso de apelación interpuesto por una abogada que fue hallada responsable de la comisión de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por lo que fue sancionada con suspensión de la profesión por el término de tres meses y multa de un salario mínimo legal vigente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en sentencia del 31 de julio de 2013.
Los motivos que originaron la sanción se suscitaron en el presunto cobro desproporcionado que en sentir del quejoso hizo su apoderada por la labor contratada, la cual consistió en convertir en club un establecimiento de comercio a efectos que funcionara hasta las 6 a.m.; sin embargo, para la segunda instancia ello no fue así, afirmando que si bien la profesional del derecho cobró más allá de lo establecido por el Colegio Nacional de Abogados para la época de los hechos, el monto fue acordado entre las partes y la gestión no se limitó a “simples asesorías”, sino que hizo un estudio juicioso del tema para determinar la estrategia que condujera al cumplimiento de la tarea encomendada, concluyendo que no hubo abuso en el cobro, por lo que se absolvió de la referida conducta.
Conforme con lo indicado, se observa que entre aquel asunto y la solicitud de amparo que en esta instancia se decide no existe identidad en la causa petendi, y ello se colige no sólo de la situación fáctica expuesta líneas atrás, sino también de la fuente normativa empleada, puesto que, como sucedió en el caso analizado anteriormente, allá se sancionó a una profesional del derecho por la comisión de la conducta de que trata el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, mientras que la cuestionada en esta sede corresponde a la prevista en el numeral 2 de la norma ejusdem, por lo que no puede ser considerada como precedente.
Corte Constitucional la T-1143 del 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett:
En ese caso, la Corte revisó la acción de tutela que negó el amparo solicitado que por el accionante en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Sala de Conjueces, en razón a la sentencia proferida el 17 de junio de 2002, que revocó la del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre – Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 29 de junio de 2001, que lo absolvió de la falta prevista en el numeral 1° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 y, en su lugar, lo sancionó con la suspensión del ejercicio de la abogacía por el término de dos años.
La queja que motivó el proceso disciplinario, tuvo su génesis en la demanda ejecutiva que instauró el accionante en contra del Municipio de Tolú, para hacer efectivo el pago de los honorarios que pactaron dentro del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito para adelantar los trámites tendientes a obtener el pago de las participaciones directas de las regalías por parte del Ministerio de Minas y Energía, provenientes de las exportaciones de petróleo del Puerto de Coveñas.
La suma convenida equivalía al 19% del total de los recursos recaudados, junto con sus intereses corrientes, moratorios, indexación si hubiere lugar, lo cual se verificaría con la resolución que para el efecto proferiría el Ministerio de Minas y Energía y/o con la sentencia del Consejo de Estado, o por acta suscrita por los representantes legales de los Municipios de San Antero y de Santiago de Tolú. Siendo esto último lo que efectivamente sucedió.
Los problemas jurídicos formulados por la Corte fueron: “[…] ¿es proporcional imponer sanción disciplinaria a un abogado por falta a la honradez profesional aún cuando no ha excedido los topes fijados en las tarifas que los colegios de abogados prescriben como límite máximo a cobrar por la labor? (ii) ¿tienen los profesionales del derecho la obligación legal y constitucional de bajar el monto de sus honorarios cuando el resultado jurídico perseguido se consigue de manera rápida y sumaria? (iii) ¿Es posible, de conformidad con la falta tipificada en el ordinal 1° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, presumir el estado de necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de la administración municipal cuando el alcalde tiene una profesión distinta a la abogacía?, (iv) si la sentencia que impone sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado está afectada de alguno de los defectos señalados en la jurisprudencia constitucional, ¿en el caso concreto es de tal magnitud que amerita la protección inmediata de los derechos fundamentales del actor? […]” (Se resalta)
En dicho asunto, el Tribunal Constitucional accedió al amparo deprecado, luego de analizar el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, vigente para la época de la comisión de la conducta cuestionada, lo que permite colegir de manera evidente que no existe similitud en el objeto y la causa petendi con el que ahora se discute, máxime si se tiene en cuenta que la fuente formal empleada para resolverlo no es la misma, pues en el asunto que ocupa la atención de este pronunciamiento aplicó las disposiciones de la Ley 1123 de 2007, que derogó aquella normativa como se señaló con anterioridad.
Además, la descripción de las faltas a la honradez previstas en ambas disposiciones también son disímiles, como se puso de presente en la primera providencia analizada.
Aunado a ello, la Sala pone de presente que, “[c]onsiderar que mediante un fallo de revisión de tutela la Corte Constitucional puede definir cuál es la aplicación e interpretación con criterio de autoridad, que debe tener un texto legal – no la Constitución – vaciaría las competencias de los demás órganos de cierre que integran la rama judicial, lo que también genera, como ha sucedido en algunos eventos, inseguridad jurídica y rompe con el equilibrio derivado del respeto al principio de juez natural, que implica la resolución de los conflictos con sujeción a las competencias especializadas y a las funciones atribuidas a las distintas Corporaciones judiciales de cierre. […]”. (Se resalta).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicado nro. 76001232500019990027201:
En dicho caso la Corporación resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra del fallo proferido el 23 de marzo de 2001 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por el actor en ejercicio de la Acción Contractual en contra del otrora Inurbe, al considerar que se modificó el equilibrio del contrato de prestación de servicios que suscribieron el 29 de noviembre de 1995, toda vez que sucedieron múltiples dificultades que derivaron en el aumento de los gastos que debió asumir el contratista por lo que solicitó el reajuste de los honorarios pactados, de lo cual obtuvo respuesta negativa de la entidad, aunado al hecho que la cotización que presentó antes de su firma no correspondía a la realidad.
Uno de los asuntos centrales que allí se estudiaron “[s]e refiere a las obligaciones asumidas por el contratista y el término establecido en el contrato para su cumplimiento, toda vez que según el demandante él se encontraba obligado hasta el vencimiento de los dos años estipulados, en virtud de lo cual solicitó a la entidad y ahora en el libelo demandatorio el pago de un mayor valor, en tanto el trámite de los procesos ha excedido el término establecido. […]”
En este punto, para la Sala es claro que tampoco existe similitud con el que se discute en esta instancia, toda vez que la providencia que se cuestiona fue proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la investigación disciplinaria que conllevó a la imposición de la sanción del actor en razón a su calidad de abogado, distinta a la controversia contractual que resolvió en aquella oportunidad la Sección Tercera del Consejo de Estado, y por contera, la causa petendi en ambos es evidentemente distinta.
4.3.3.2. Sobre el principio de legalidad de las normas disciplinarias:
Por otra parte, el actor citó como precedentes algunas sentencias de la Corte Constitucional, por lo que, atendiendo lo dicho en anteriores oportunidades por esta Sección, dada la naturaleza pública de esta acción, cuya finalidad es garantizar la integridad y la supremacía del orden constitucional objetivo; tales providencias no pueden considerarse como precedente judicial en la solución de un caso particular, pues el objeto de litigio se circunscribe a la exequibilidad de una norma.
Ahora bien, en gracia de discusión, para la Sala no existe desconocimiento del precedente judicial frente aquellas providencias, toda vez que ninguna se ocupó de estudiar o definir el alcance interpretativo de la fuente normativa que sustentó la decisión de sancionar al accionante por parte de la Jurisdicción Disciplinaria, esto es, el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007; aunado a que ninguna de la disposiciones allá demandadas le resultan aplicables debido a que no regulan el régimen sancionatorio del ejercicio de la abogacía. Lo anterior se colige de lo siguiente:
La sentencia de C-417 del 4 de octubre de 1993, conoció de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 51 del Decreto 1888 del 23 de agosto de 1989, “Por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional”;
El fallo C-280 del 29 de junio de 1995, se ocupó de analizar la exequibilidad de los artículos 2; 3; 4; 9, literal b); 10; 11 y 15 de la Ley 6 del 16 de enero de 1991, "Por medio de la cual se reglamenta la especialidad médica de anestesiología y se dictan otras disposiciones.";
En cuanto a la providencia C-597 del 6 de noviembre de 1996, la norma acusada fue el artículo 54 de la Ley 6º de 1992, “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”, que modificó los artículos 659 y 660 del Decreto Ley 624 de 1989 o Estatuto Tributario, y adicionó los artículos 659-1 y 661-1 de ese mismo decreto.
En la sentencia C-310 del 25 de junio de 1997, se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la Ley 200 del 28 de julio de 1995 “por el cual se expide el Código Disciplinario Único”, la cual fue derogada por la Ley 734 del 5 de febrero de 2002. Se destaca que dicha codificación está dirigida a sancionar las faltas que por acción u omisión incurran los servidores públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas.
En el fallo C-653 del 20 de junio de 2001, la Corte examinó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 26 de la Ley 200 de 1995 ídem.
En la sentencia C-796 del 24 de agosto de 2004, el Tribunal Constitucional analizó la demanda parcial contra el parágrafo del artículo 4° de la Ley 124 de 1994, “por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas Embriagantes a Menores de Edad y se dictan otras disposiciones.”;
En el proveído C-507 del 6 de julio de 2006, la Corte Constitucional estudió los cargos formulados en contra del artículo 40 del Decreto Ley 1798 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”.
4.3.3.3. Respecto a la prescripción de la acción disciplinaria:
En primer lugar, el accionante hizo referencia a tres fallos proferidos por la Corte Constitucional en donde se estudiaron las demandas interpuestas en contra de algunas disposiciones del Código Único Disciplinario, de donde se colige que las mismas no constituyen precedente judicial, en la medida que dicho estatuto no regula el ejercicio de la profesión de abogado, como se explicó en precedencia. Las sentencias que citó para el efecto fueron: C-244 del 30 de mayo de 1996; C-556 del 31 de mayo de 2001 y C-1076 del 5 de diciembre de 2002.
Ahora bien en cuanto a las demás providencias que sustentan su solicitud de amparo, se tiene lo siguiente:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 29 de septiembre de 2009, C.P. Susana Buitrago Valencia, radicado nro. 11001031500020030044201:
En aquel caso, esta Corporación resolvió el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2003 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que revocó la del 23 de mayo 2002 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda donde se pretendía la nulidad de los actos administrativos proferidos por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos y concluyeron con la destitución de un Brigadier General del Ejército Nacional.
Para el efecto, la Sala Plena se ocupó de estudiar los siguientes aspectos: (i) “cuándo” debía entenderse impuesta la sanción disciplinaria, (ii) la fecha en que inicia el cómputo para determinar el término de prescripción teniendo en cuenta que la conducta endilgada era de ejecución continuada (desaparición forzada), y (iii) el régimen aplicable para la época de los hechos; para ello, analizó las disposiciones que regían el régimen disciplinario de los servidores públicos consignado en las Leyes 25 del 20 de diciembre de 1974, 13 del 9 de marzo de 1984 y 4 del 5 de enero de 1990.
Al concluir el asunto, unificó la jurisprudencia de la Corporación y adoptó “[l]a tesis según la cual, entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Esta posición unificada no aplica respecto de investigaciones en otras materias que se regulen por regímenes especiales. […]”. (Resaltado de la Sala).
Asimismo dispuso infirmar la sentencia suplicada proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y confirmar la del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda.
De lo anterior se concluye que el asunto resuelto en aquella oportunidad no guarda ninguna relación con el que acá se discute, puesto que el objeto de la presente controversia gira alrededor de la sanción impuesta a un abogado en ejercicio de su profesión y no de un servidor público por hechos acontecidos como miembro activo del Ejército Nacional, que fue sancionado dentro de una investigación disciplinaria administrativa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 17 de abril de 2013, Sección Segunda – Subsección A, Sala de Conjueces, Ponente Álvaro Escobar Henríquez, radicado nro. 11001031500020100007600:
Al respecto, la Sala resalta que dicha providencia no constituye precedente judicial, habida cuenta que, por un lado, se trató de una sentencia de tutela que amparó los derecho fundamentales invocados, pero como ya se explicó líneas atrás, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión, no pueden reemplazar el alcance interpretativo de la ley que hacen las distintas Corporaciones de cierre en cada una de las jurisdicciones; y por el otro, aquella fue revocada por la Sección Cuarta de esta Corporación mediante fallo del 6 de marzo de 2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y en su lugar, negó por improcedente la solicitud de amparo constitucional.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, 27 de febrero de 2014, C.P. Berta Lucía Ramírez de Páez, radicado nro. 11001032500020120088800:
En dicha oportunidad, la Corporación resolvió en única instancia la demanda promovida bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Resolución nro. 54060 2007-03 de 17 de agosto de 2006, proferida por la Jefe de la División de Investigaciones Disciplinarias de la Regional Sur Occidente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que declaró la responsabilidad disciplinaria del señor Albeiro Freddy Patiño Velasco e impuso como sanción la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses; y de la Resolución nro. 11646 de 3 de octubre de 2006, por medio de la cual el Director General en sede de apelación confirmó el anterior acto administrativo.
El problema jurídico que se planteó consistió en “[d]eterminar si los actos administrativos demandados (…), fueron expedidos irregularmente, sin tener en cuenta las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, desconociendo la gradualidad de las penas y violándole el debido proceso […]”; y para resolverlo, se apoyó en las disposiciones de la Ley 200 de 1995 (Código Único Disciplinario), vigente para época, así como las sentencias referidas en líneas atrás en este acápite, proferidas el 29 de septiembre de 2009 por la Sala Plena del Consejo de Estado y del 17 de abril de 2013 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, negando las pretensiones de la demanda.
En ese sentido, dicho fallo tampoco constituye precedente por cuanto no hay identidad fáctica ni jurídica frente al que ocupa la atención de esta Sala, pues como se ha reiterado en este proveído, lo aquí discutido tiene relación con la imposición de la sanción prevista en el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por la conducta cometida por un abogado en ejercicio de su profesión y no la sanción administrativa atribuida a un servidor público, por lo que la fuente normativa también difiere; aunado a ello, las sentencias que sirvieron de sustento no son reglas aplicables como ya se advirtió en precedencia.
Por último, la sentencia que se cita del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión del 11 de noviembre de 2014, M.P. Jorge Alirio Cortés Soto, radicado nro. 41001233300020130051200, no constituye precedente en la medida que no fue proferida por un órgano de cierre de alguna de las jurisdicciones.
De otro lado, aunque el accionante alegó la existencia de un perjuicio irremediable, no argumentó ninguna circunstancia que constituya tal afectación y amerite su estudio.
Así las cosas y como quiera que no se probó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, la presente acción de tutela será negada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor José William Sánchez Plazas contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, acorde con las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que la presente providencia no fuere impugnada, ORDENAR a la Secretaría que devuelva al Consejo Seccional de la Judicatura del Huila – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el expediente correspondiente al proceso con radicado número 41001110200020140060900, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuera impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Folios 1 y 2 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 2 del cuaderno de la acción de tutela.
“[…] ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) // 2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. […]”
Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
Folio 26 del cuaderno de la acción de tutela obra sello de radicación de la Secretaría General.
Según consta en el Acta Individual de Reparto obrante a folio 27 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 29 y 30 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 31 a 35 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 41 y 42 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 45 a 53 del cuaderno de la acción de tutela.
A folio 63 del cuaderno de la acción de tutela obra el oficio con constancia de radicado en la Oficina de Correspondencia de esta Corporación.
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.”
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el actor, la respuesta la Corporación Judicial accionada y las autoridad vinculada, junto con sus anexos.; igualmente, del expediente de disciplinario.
Folio 28 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario obra “Contrato de prestación de servicios profesionales”, suscrito entre el señor Nelson Pastrana Villamil y el accionante.
Folio 29 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario.
Folios 40 a 42 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario. A la diligencia asistió como apoderada del demandante la profesional del derecho Flor Ángela Medina Manrique dado que el 14 de diciembre de 2011, el actor sustituyó el poder “[p]ara que continúe representando los intereses de mi mandante, en el proceso referenciado. […]”, según se observa a folio 43 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario.
Folios 29 reverso al 39 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario.
Folios 25 a 27 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario.
Según acta de reparto obrante a folio 24 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario.
Folios 175 y 176 del anexo nro. 4 del proceso disciplinario.
Folios 3 a 9 del cuaderno nro. 1 del proceso disciplinario. obra acta de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.
Folio 8 del cuaderno nro. 1 del proceso disciplinario. obra acta de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.
A folio 1 del cuaderno nro. 1 del proceso disciplinario. obra acta de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.
“[…] ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
(…)
2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. […]”
Folios 293 a 310 del cuaderno nro. 1 del proceso disciplinario.
Folios 316 a 332 del cuaderno nro. 1 del proceso disciplinario.
Folios 19 a 58 del cuaderno de apelación del proceso disciplinario.
Folios 238 a 240 del cuaderno 1 del proceso disciplinario de primera instancia.
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Cfr. sentencia T-442 de 1994. Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras. Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009. Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Folio 19 del cuaderno de la acción de tutela. Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera. Adicionalmente obran los siguientes telegramas en el Municipio de Neiva a folios 62 a 67 del cuaderno de segunda instancia del proceso disciplinario: S.J. MRG 45879 a la Calle 6ª nro. 7 A-13; SJ MRG 45880 a la Carrera 5 nro. 12-09 Of. 403; S.J. MRG 45881 a la Carrera 2ª nro. 20-30; S.J. MRG 45882 a la Carrera 5 nro. 12-09 Of. 403 A y S.J. MRG 45883 a la Calle7 nro. 7 A – 13. Folio 61 del cuaderno de segunda instancia del proceso disciplinario. Folio 72 del cuaderno de segunda instancia del proceso disciplinario. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015. Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011. De acuerdo con lo indicado por la Relatoría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la sentencia dictada en ese proceso fue proferida el 15 de mayo de 2000 y no el 18 adiado como lo afirmó el accionante. Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. De acuerdo con remitido por la Relatoría del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se corrige el número de radiación del proceso, dado que el actor indicó el siguiente: 110011102000201100397-01 (8805-17). (Se resalta los dígitos erróneos.
“[…] ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: // 1.
Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. […]”
Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente.
Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.
“[…] ARTICULO 54. Constituyen faltas a la honradez del abogado: // 1a. Exigir u obtener remuneración o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente […]”.
Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de junio de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado nro. 11001-03-15-000-2017-03477-01.
Corte Constitucional, sentencia C-223 del 4 de mayo de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.
“[…] Artículo 51: Las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con funcionarios y empleados judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción contencioso administrativa. […]”. (Aparte subrayado fue declarado inexequible en aquella providencia).
M.P. Jorge Arango Mejía.
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Derogada por la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, “por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
Los destinatarios de dicho régimen disciplinario se encontraba previsto en el artículo 4 de la Ley 200 de 1995 como en la Ley 734 de 2002.
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
M.P. Carlos Gaviria Díaz. Allí se estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2o. del artículo 2o., artículo 6o, parágrafo 1o. del artículo 34, inciso 3 parcial del artículo 61, numeral 1o parcial del artículo 66 y artículo 135 parcial de la ley 200 de 1995 "Código Disciplinario Único".
M.P. Álvaro Tafur Galvis. Se acusó de inconstitucional el artículo 36 (parcial) de la Ley 200 de 1995.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. El examen de constitucionalidad que hizo la Corte fue de los artículos 39 numeral 1º; 46 inciso 1º y 2º; 47 numeral 1º, literal i) y numeral 2º literal e); 48, numerales 4º, 5º literal a), 6º, 7º, 9º, 19 y parágrafo 2º; 49; 51; 53, incisos 1º y 2º; 54 numeral 3º, inciso 2º; 55, parágrafo 1º, 61, numeral 4º; 88; 93; 108; 119 inciso 2º; 124; 143 numeral 1º; 150, inciso 5º y parágrafo 2º; 158; 159; 160; 165; 171, inciso 1º; 173; 175 incisos 2º y 4º; 177 inciso 1º; 194; 206 y 213, todos parciales de la Ley 734 de 2002.
Los actos del Ministerio Público demandados fueron la Resolución nro. 13 del 5 de julio de 1995 y la Resolución nro. 16 del 5 adiado, por medio de las cuales, se sancionó con destitución al oficial del Ejército Nacional y que resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior decisión, respectivamente.
Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del Ministerio Público y régimen disciplinario y se dictan otras disposiciones.
"Por la cual se establecen normas que regulan la administración del personal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y se dictan disposiciones sobre el régimen de Carrera Administrativa".
“Por la cual se reorganiza la Procuraduría General de la Nación, se asignan funciones a sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
En cuanto a la configuración del perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en sentencia 418 del 29 de junio de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera, dijo lo siguiente: “[…] Esta Corporación ha sostenido que para que la acción de tutela proceda como mecanismo principal, la accionante debe acreditar que no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial o que los existentes no son eficaces para lograr la protección efectiva de los derechos vulnerados o en riesgo. Es decir, “el medio debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales (…) y debe estar diseñado de forma tal que brinde una protección al derecho.” En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que se deben tomar en cuenta aspectos como la edad, la composición del núcleo familiar, el estado de salud, las condiciones socioculturales y las circunstancias económicas. Dichos aspectos le permiten al juez concluir si la pretensión del actor puede ser resuelta eficazmente por medio de los mecanismos ordinarios o si la complejidad y dilaciones propias de estos procesos, pueden llegar a generar que la amenaza o la vulneración se prolongue injustificadamente. […]”
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.