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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00169-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00169-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional impetrada por los señores Martha Lucía Ríos Cortés y otros, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo a las partes y a los vinculados, de acuerdo con los establecido en el Artículo 30 de Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que la sentencia no sea debidamente impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional este proceso para su eventual revisión. CUARTO: DEVOLVER el expediente remitido en préstamo al despacho judicial de origen, cuando quede ejecutoriada la presente providencia. QUINTO: Por la Secretaría General de esta Corporación, corregir la carátula del expediente en el sentido de indicar como autoridad accionada a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-00169-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

14 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Privación injusta de la libertad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EXPUESTA POR EL CONSEJO DE ESTADO - Sentencia cuestionada no se apartó de los lineamientos y de la construcción jurisprudencial en esta materia / NEXO CAUSAL – Como elemento que estructura la responsabilidad no se encontró acreditado / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Culpa exclusiva de la víctima / ACTUACIÓN CONTRARIA A LAS NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA INTERMEDIACIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE UN EMPLEO EN EL EXTERIOR

En el sub examine se encuentra plenamente acreditado que, al analizar las circunstancias particulares en las que ocurrió la detención de la [actora] para evidenciar si concurrían todos los elementos de la responsabilidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado no encontró acreditado el tercero de ellos que es el nexo causal, toda vez que las pruebas apreciadas en su conjunto llevaban a la conclusión de que la investigada en el proceso penal actuó con culpa grave la cual fue determinante, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, no solo de la investigación penal sino de imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Lo anterior, por cuanto en el proceso ordinario de reparación directa se demostró que la actuación de la investigada fue contraria a las normas jurídicas que regulan la intermediación para la consecución de un empleo en el exterior, lo cual argumentó en debida forma, sin que la parte accionante haya desvirtuado en esta sede las conclusiones a las que, en ejercicio de su autonomía funcional, arribó la autoridad accionada. Fue, en consecuencia, la comprobación de la causal de exoneración de la responsabilidad referida a la culpa de la víctima, la que impidió en el caso concreto que se condenara al Estado a indemnizar los perjuicios reclamados (…) Es así como, la sentencia censurada no se apartó de los lineamientos y de la construcción jurisprudencial que en materia de régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad ha expuesto el Consejo de Estado, sólo que en el caso concreto se encontró plenamente demostrada la ruptura del nexo causal por la culpa exclusiva de la víctima en la generación del daño, el cual es de imprescindible análisis, inclusive cuando se acude a un título objetivo de responsabilidad, por lo que el cargo expuesto en el libelo introductorio no está llamado a prosperar

FUENTE FORMAL: PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ARTÍCULO 14 / CONVENCIÓN DE PALERMO / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70 / DECRETO 3115 DE 1997LEY 800 DE 2003

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00169-00(AC)

Actor: MARTHA LUCÍA RÍOS CORTÉS Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Temas: Desconocimiento del precedente sobre el régimen objetivo de responsabilidad cuando se alega la privación de la libertad que se considera injusta.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud formulada por el apoderado judicial de los señores Martha Lucía Ríos Cortés, Fidernando Sigifredo Rosero, Fidernando Sigifredo Rosero Gómez, Michele Andrea Ríos Ríos, Luz Stella Ríos Cortés, María Paula Ríos Cortés, Fernando Ríos Cortés, Fabián Ríos Cortés, Jairo Ríos Cortés, Mayra Yiset Ríos Salgado y Gustavo Ríos Velásquez, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1.1. Mediante escrito radicado el 17 de enero de 2019, en la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado, los ciudadanos antes mencionados, por intermedio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

1.2. Tales derechos los consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia dictada por la referida autoridad judicial el 15 de agosto de 2018, que revocó el fallo dictado el 29 de noviembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Risaralda que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso de reparación directa ejercido por los accionantes en contra de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, Rad. No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947).

2. Pretensiones

A título de amparo constitucional, solicitaron que se profiera nueva sentencia favorable a las súplicas de la demanda “teniendo en cuenta las innumerables sentencias favorables proferidas en iguales casos como el presente”.

3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

3.1. El 26 de abril de 2011, los señores Martha Lucía Ríos Cortés (víctima), Fidernando Sigifredo Rosero Gómez (compañero permanente), Juan Diego Rosero Ríos, Michelle Andrea Ríos Ríos (hijos), Gustavo Ríos Velásquez (padre), Luz Stella, María Paula, Fernando, Fabián y Jairo Ríos Cortés, y Mayra Yiset y Gustavo Ríos Salgado (hermanos), obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción de reparación directa, por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios derivados de la privación de la libertad de que fue objeto la primera de los demandantes y que éstos califican de injusta.

3.2. Como fundamento de sus pretensiones, expusieron que Martha Lucía Ríos Cortés fue vinculada a un proceso penal que adelantaba la Fiscalía General de la Nación por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, como consecuencia de la denuncia formulada en su contra por la señora Inés Elena Betancour Correa, proceso en el cual se dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra; no obstante, la investigación concluyó con resolución de preclusión, toda vez que el órgano investigador advirtió la atipicidad de la conducta reprochada.

3.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 29 de noviembre de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en relación con la Fiscalía General de la Nación, por considerar que la privación de la libertad de la señora Martha Lucía Ríos Cortés fue injusta, al tiempo que exoneró de responsabilidad a la Rama Judicial, por considerar que la medida de aseguramiento decretada se realizó con fundamento en los elementos presentados por el ente investigador.

3.4. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Consejo de Estado – Sala Plena, en sentencia del 15 de agosto de 2018, en que la revocó la decisión.

3.4.1. En la referida providencia, la Sección Tercera de esta Corporación hizo referencia a la evolución jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos de privación de la libertad; analizó ampliamente la sentencia de unificación sobre el tema del 17 de octubre de 2013, el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y el carácter excepcional de su restricción, examen con fundamento en el cual decidió modificar la posición unificada de la Sección Tercera de esta Corporación sobre el tema, en los siguientes términos:

“MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar:

1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política;

2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,

3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño.

En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto”.

3.4.2. Al resolver el caso concreto sometido a su consideración, analizó ampliamente el trámite dado al proceso penal en el que fue privada de la libertad la señora Martha Lucía Ríos Cortés y valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación, con el fin de determinar si la detenida incurrió –desde el punto de vista puramente civil– en alguna conducta gravemente culposa o dolosa y si con ello dio lugar a la restricción de su libertad o si, en cambio, ésta resultó ser una medida injusta y generadora –por consiguiente– de un daño antijurídico imputable a la administración.

3.4.3. De la valoración en su conjunto de las pruebas, concluyó que si bien la Fiscalía no encontró configurado el ilícito denunciado y no se develó un comportamiento delictivo por parte de la señora Ríos Cortés, lo cierto es que existió una conducta irregular que consistió en el envío de la denunciante a la ciudad de Tel Avid – Israel para que trabajara y el posterior abandono de la misma, así como el cobro bajo amenaza de la suma de dinero que correspondía al tiquete aéreo y a la comisión por el servicio prestado, por lo que la privación de su libertad se produjo por su propia culpa.

3.4.4. Sustentó lo anterior en los postulados y principios contenidos en la Constitución Política de 1991, cuya teleología está dirigida a garantizar y a proteger la dignidad humana y a prohibir todo tipo de trato degradante e inhumano o cualquier conducta discriminatoria generadora de desigualdad y de marginación.

3.4.4.1. En ese sentido, advirtió que el Estado colombiano promulgó la Ley 800 de 2003, por medio de la cual incorporó a su ordenamiento jurídico el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (o protocolo contra la trata de personas)”, el cual hace parte de la "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional" o Convención de Palermo, que contempla una multiplicidad de reglas, conductas y verbos rectores, entre los cuales se incluyen la explotación laboral o el trabajo forzado.

3.4.4.2. Se refirió igualmente al Decreto 3115 de 1997, vigente para la época de los hechos que dieron lugar a la investigación adelantada en contra de la demandante, por medio del cual se reglamentó el ejercicio de la actividad de intermediación laboral.

3.4.4.3. De lo anterior concluyó que en el proceso quedó acreditado que Martha Lucía Ríos Cortés le cobró a Inés Elena Betancour Correa una comisión por la intermediación laboral, exigencia que es ilegal, teniendo en cuenta que el Decreto 3115 de 1997 disponía que dicha comisión debía ser cobrada al demandante de la mano de obra, es decir, al empleador y no al oferente y, adicionalmente, le hizo contraer una deuda a la denunciante que se encontraba en situación de vulnerabilidad -dada su condición de mujer, cabeza de hogar, mayor de 50 años-, y “eventualmente en una situación económica que seguramente no era la mejor”.

3.4.4.4. Concluyó afirmando que en el caso concreto “no existe vínculo causal (entendido desde la perspectiva de la “causalidad adecuada”) entre la medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el presente asunto, pues, se insiste, la privación de la libertad de la señora Ríos Cortés no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración de justicia (a pesar de ser la causa inmediata), sino en la conducta asumida por ella misma”.

4. Sustento de la solicitud

4.1. La parte actora afirmó que no comparte la decisión que se tomó mediante sentencia del 15 de agosto de 2018, por considerarla “contradictoria”, pues –a su juicio– no era posible obtener la preclusión de la investigación en sede penal y, no obstante ello, declarar la existencia de culpa exclusiva de la víctima en el proceso de reparación directa.

4.2. Agregó que, ese único argumento de la culpa de la víctima –en el que se sustentó la decisión censurada– desconoce “muchos PRECEDENTES JUDICIALES tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, sobre aplicación del régimen objetivo cuando de detenciones injustas se trata”. Insistió en el carácter objetivo de la responsabilidad que impide realizar nuevamente juicios de valor respecto de las decisiones de la justicia penal.

4.3. Transcribió los argumentos expuestos por la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que precluyó la investigación penal adelantada en contra de la señora Martha Lucía Ríos Cortés y las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia del 4 de abril de 2002, Exp. No. 13.606, con ponencia de la Magistrada María Elena Giraldo Gómez, cuya ratio decidendi consideró que no se tuvo en cuenta en el caso concreto, con lo que estructuró un defecto por desconocimiento del precedente.

4.4. Tasó los perjuicios que, a su juicio, sufrieron los demandantes del proceso de reparación directa y afirmó que se trata de una responsabilidad por error judicial que debió conllevar a que se dictara sentencia favorable.

5. Actuaciones procesales relevantes

5.1. Admisión de la demanda

5.1.1. Mediante auto del 22 de enero de 2019, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a los accionantes y a su apoderado judicial, así como a los Magistrados de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada.

5.1.2. Asimismo, se dispuso vincular y notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda y a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, como terceros interesados en el resultado de la actuación.

5.1.3. Así mismo, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del Proceso.

5.2. Contestaciones

5.2.1. Informe de la autoridad accionada – Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena

El Magistrado ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, alegando que la acción de tutela no es procedente cuando la censura del actor radica exclusivamente en la discrepancia con la decisión adoptada, como ocurre en este caso en que se indica defecto alguno.

5.2.2. Informe de la Fiscalía General de la Nación

5.2.2.1. Mediante correo electrónico remitido el 5 de febrero de 2019, la coordinadora de la Unión de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

5.2.2.2. Consideró que en el caso concreto no concurre el requisito de subsidiariedad que torne procedente la acción, toda vez que los accionantes cuentan con otro mecanismo judicial, como es el recurso extraordinario de revisión, sin que se advierta la existencia de un perjuicio irremediable.

5.2.2.3. Afirmó que la parte actora no sustenta las causales específicas de procedencia de la acción de tutela no obstante que la misma se dirige contra una providencia judicial y en el asunto de la referencia es claro que la autoridad judicial falló de acuerdo con el precedente contenido en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado y C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, en relación con el título de imputación aplicable para resolver casos de privación injusta de la libertad.

5.2.3. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Guardó silencio, no obstante estar debidamente notificada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo constitucional presentada por la parte actora, según lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1834 de 2017 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el artículo 2º del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problemas jurídicos

2.1. De cara al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado y de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas en la demanda, los problemas jurídicos que subyacen en el sub lite son los siguientes:

2.1.1. Si concurren en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva que tornen procedente la acción de tutela.

2.1.2. En el evento de concurrir los anteriores presupuestos, se resolverá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión del proferimiento de la sentencia del providencia del 15 de agosto de 2018, mediante la cual se revocó el fallo dictado el 29 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por los accionantes en contra de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

2.1.3. Concretamente, se resolverá el subproblema referido a si la sentencia censurada desconoció el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenido en la sentencia del 4 de abril de 2002 y la jurisprudencia reiterada sobre el régimen de responsabilidad objetiva aplicable en eventos de privación de la libertad que se considera injusta.

2.2. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) tutela contra providencias de altas cortes; iii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iv) análisis del caso concreto, con fundamento en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la valoración en su conjunto de las pruebas allegadas a la actuación.

3. Razones jurídicas de la decisión

3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

3.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

3.1.2. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

3.1.3. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

3.1.4. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

3.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias de Altas Cortes

3.2.1. La Corte Constitucional, en sentencia SU-573 del 14 de septiembre de 2017, consideró que cuando se trate de acciones de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se ha determinado un criterio adicional de procedencia de la acción constitucional, en atención a que “dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”. Al respecto reiteró la ratio decidendi contenida en las sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017, que consideraron:

“… la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

3.2.2. En la referida sentencia consideró que, para establecer la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, se requiere que concurran los siguientes requisitos: “(i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. (Resaltado de la Sala).

3.2.3. En la sentencia SU-050 de 2018 se afirmó que la tutela contra sentencia de alta Corte solo es procedente cuando es definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional.

3.2.4. Así, esta acción solo es procedente contra providencias judiciales cuando se advierta que la decisión respectiva se opone a los postulados constitucionales y el análisis del juez debe restringirse a realizar el análisis sobre dicha oposición.

3.3. Requisitos de procedibilidad adjetiva

3.3.1. Tutela contra tutela

En la presente solicitud de amparo se advierte que no se trata de una tutela contra tutela, puesto que la providencia judicial que censura la parte actora, fue proferida dentro del proceso de reparación directa que promovieron los accionantes contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

3.3.2. Inmediatez

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar la sentencia dictada el 15 de agosto de 2018, notificada por edicto, desfijado el 28 de agosto de 2019, ejecutoriada el 31 del mismo mes y año. Por su parte, la demanda de tutela se presentó el 17 de enero de 2019, es decir, se formuló dentro de un término que –a juicio de la Sala– resulta razonable, toda vez que transcurrieron cuatro meses y diecisiete días.

3.3.3. Subsidiariedad

3.3.3.1. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa para controvertir la decisión que, en concepto de la parte actora, vulnera sus derechos fundamentales, se advierte que no cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario para el efecto, por cuanto la providencia cuestionada resolvió el recurso de apelación interpuesto.

3.3.3.2. Tampoco proceden en el caso concreto los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, por cuanto las alegaciones de la parte actora no corresponden a las causales de revisión consagradas por el legislador y se trata de una sentencia dictada por el Consejo de Estado, como corporación de cierre contra la cual no procede el recurso de unificación.

3.3.4. Relevancia constitucional

3.3.4.1. En el presente caso la Sala entiende superado este requisito por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, se advierte que ésta solicita la garantía del debido proceso que considera vulnerado con la sentencia que le negó la reparación directa, alegando desconocimiento del precedente judicial.

3.3.4.2. En relación con la alegación de desconocimiento del precedente, la Corte Constitucional y esta Corporación han considerado que no existe otro mecanismo de defensa judicial que le permita a la parte actora solicitar el derecho a la igualdad que tienen todos los ciudadanos a que sus procesos sean resueltos de igual manera a como se hizo previamente en casos que guardan identidad fáctica y jurídica, de tal manera que de no abordarse el fondo de la alegación se dejaría a los actores en total estado de indefensión.

3.3.4.3. Así lo consideró la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU- 069 de 2018, en garantía del derecho a la protección judicial efectiva, al señalar que “El desconocimiento del precedente, sin una debida justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad”.

3.3.4.4. En virtud de lo expuesto, el caso se debe analizar desde una perspectiva constitucional, de protección del núcleo esencial de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y de igualdad.

3.3.5. Al estar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, corresponde a la Sala estudiar el fondo del asunto, para lo cual, por razones de orden metodológico, analizará el desconocimiento del precedente y la vulneración del derecho a la igualdad.

3.4. Análisis del caso concreto

3.4.1. En esta oportunidad el análisis del caso concreto se realizará desde la perspectiva del defecto de desconocimiento del precedente, por cuando el resto de las alegaciones de la parte actora se encuentran encaminadas a mostrar su inconformidad con la providencia censurada por considerar que es contradictoria al no haberse acogido las conclusiones a las que llegó la Fiscalía General de la Nación en el auto por medio del cual se precluyó la investigación.

3.4.2. Al respecto, esta Sección destaca que en el evento de incorporarse un cargo de desconocimiento de precedente, a la parte actora le asiste una carga argumentativa mínima en relación con los cargos que invoca, que le permita al juez constitucional estudiarlos en el caso concreto.

3.4.3. En efecto, corresponde a la parte actora determinar, siquiera en forma mínima, i) la decisión que se considera desatendida, identificándola a efectos de que el juez constitucional la pueda encontrar; ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior; y iii) la incidencia de la misma en la decisión final adoptada por el fallador de instancia.

3.4.3.1. De los presupuestos reseñados, se advierte que la parte actora dio alcance al primero de ellos, referido a la identificación de la sentencia que se considera desconocida, que corresponde al fallo del 4 de abril de 2002, con ponencia de la Magistrada María Elena Giraldo Gómez. Exp. 13.606, dictado por la Sala Sección Tercera del Consejo de Estado y, adicionalmente, se refirió a los múltiples pronunciamientos sobre el régimen de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales, como en el sub judice, los accionantes reclaman que les sean reparados los daños que les fueron ocasionados a raíz de la privación de la libertad de una persona contra la cual se profirió la correspondiente medida de aseguramiento en el curso de un proceso penal pero que posteriormente fue exonerada de responsabilidad en esa sede.

3.4.3.2. En consecuencia, si bien la parte actora no identificó la ratio de la sentencia y la identidad de la situación fáctica, lo cierto es que se trata de una línea jurisprudencial claramente identificable que contiene reglas claras de decisión sobre el título de imputación que por excelencia resulta aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que corresponden precisamente a la situación alegada por los actores, lo que habilita a la Sala para estudiar el cargo.

3.4.3.3. Sobre la sentencia del 4 de abril de 2002, citada por la parte actora, la Sala destaca que la misma no contiene una regla de decisión para ser aplicada con carácter vinculante, en tanto se limitó a resolver el caso concreto y, con posterioridad a ella, el 17 de octubre de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, unificó su jurisprudencia en esta materia, providencia que –a su vez– fue modificada por la misma Sección precisamente en la sentencia del 15 de agosto de 2018, en la que igualmente se resolvió el caso concreto de los aquí accionantes.

3.4.3.4. Al respecto la Sala destaca que la primera sentencia de unificación, esto es la del 17 de octubre de 2013 y la línea decisional posterior, ha hecho especial énfasis en que el juez de lo contencioso administrativo, en el análisis que debe realizar en los casos en que se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por privación de la libertad que se considera injusta, “… debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual no excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora”. (Negrillas fuera de texto)

3.4.3.5. Por su parte, la Corte Constitucional, contrario a lo afirmado por la parte actora, ha considerado desde la sentencia C-037 de 1996, que “el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

3.3.3.6. En igual sentido se pronunció en la sentencia SU-072 de 2018, en la que hizo énfasis en los efectos erga omnes de la interpretación contenida en la sentencia de constitucionalidad previamente reseñada y advirtió que “la única interpretación posible –en perspectiva judicial– del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”.

3.3.3.7. En el sub examine se encuentra plenamente acreditado que, al analizar las circunstancias particulares en las que ocurrió la detención de la señora Ríos Cortés, para evidenciar si concurrían todos los elementos de la responsabilidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado no encontró acreditado el tercero de ellos que es el nexo causal, toda vez que las pruebas apreciadas en su conjunto llevaban a la conclusión de que la investigada en el proceso penal actuó con culpa grave la cual fue determinante, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, no solo de la investigación penal sino de imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

3.4.3.8. Lo anterior, por cuanto en el proceso ordinario de reparación directa se demostró que la actuación de la investigada fue contraria a las normas jurídicas que regulan la intermediación para la consecución de un empleo en el exterior, lo cual argumentó en debida forma, sin que la parte accionante haya desvirtuado en esta sede las conclusiones a las que, en ejercicio de su autonomía funcional, arribó la autoridad accionada.

3.4.3.9. Fue, en consecuencia, la comprobación de la causal de exoneración de la responsabilidad referida a la culpa de la víctima, la que impidió en el caso concreto que se condenara al Estado a indemnizar los perjuicios reclamados, decisión que se fundamentó en: i) El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ii) El artículo 70 de la Ley 270 de 1996; iii) La sentencia C-037 de 1996 de la Sala Plena de la Corte Constitucional que declaró exequible la norma anterior de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo alegó la Fiscalía General de la Nación; iv) El Decreto 3115 de 1997, vigente para la época de los hechos que dieron lugar a la investigación; v) Las normas constitucionales que protegen la dignidad humana; y v) La Ley 800 de 2003 que incorporó al derecho colombiano el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños”, el cual hace parte de la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” o convención de Palermo.

3.4.3.9. Es así como, la sentencia censurada no se apartó de los lineamientos y de la construcción jurisprudencial que en materia de régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad ha expuesto el Consejo de Estado, sólo que en el caso concreto se encontró plenamente demostrada la ruptura del nexo causal por la culpa exclusiva de la víctima en la generación del daño, el cual es de imprescindible análisis, inclusive cuando se acude a un título objetivo de responsabilidad, por lo que el cargo expuesto en el libelo introductorio no está llamado a prosperar.

3.4.4. Es preciso poner se presente que los artículos 228 y 230 de la Constitución Política confieren al juez autonomía, potestad que legítima las decisiones que profiere, de tal manera que la acción de tutela no puede constituirse en una tercera instancia que se pueda emplear para que se revise lo definido por el juez natural de la especialidad.

3.4.5. Conclusión

En virtud de lo expuesto, al no concurrir los presupuestos exigidos para conceder el amparo solicitado y no ameritarse la intervención del Juez Constitucional, por no advertir que la autoridad accionada haya desconocido el precedente y, por el contrario, advertir que actuó en consonancia con el mismo en cuanto al análisis de la culpa exclusiva de la víctima, la Sala negará la petición de protección constitucional.
III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional impetrada por los señores Martha Lucía Ríos Cortés y otros, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo a las partes y a los vinculados, de acuerdo con los establecido en el Artículo 30 de Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que la sentencia no sea debidamente impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional este proceso para su eventual revisión.

CUARTO: DEVOLVER el expediente remitido en préstamo al despacho judicial de origen, cuando quede ejecutoriada la presente providencia.

QUINTO: Por la Secretaría General de esta Corporación, corregir la carátula del expediente en el sentido de indicar como autoridad accionada a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Aclaro el voto

Ver folio 93 vuelto del expediente de tutela.
La sentencia censurada fue dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien avocó el conocimiento del caso para modificar su jurisprudencia en torno “al régimen de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales se reclama la reparación de los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente se le revoca dicha medida”.
Folio 92 del cuaderno número 1 del expediente de tutela.
En este punto citó los artículos 12, 13, 17, 43 y 44 de la Constitución Política.
Diario Oficial 45131 del 18 marzo de ese año.
Derogado por el artículo 54 del Decreto 722 de 2013.
F. 73, c. 1.
Para sustentar lo anterior incluyó la siguiente cita: “Pueden considerarse indicadores de esta situación de vulnerabilidad la edad, el género, la pobreza… Se ejemplifican como situación de vulnerabilidad las derivadas de circunstancias personales tales como … circunstancias económicas, laborales …” (“An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action”, Naciones Unidas, Nueva York, 2008, pp- 68 y ss. Ver https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf).
F. 13, anexo1.
F. 48, c.1.
Folio 87 vuelto.
Folios 54 a 55 del expediente de tutela.
Folio 107 del expediente de tutela.
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello, M.P.: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Corte Constitucional, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
SU-050 de 2017.
Corte Constitucional, Sentencia SU-050 de 2018, Cristina Parto Schlesinger

Norma que establece que (…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).
“(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”.
La norma en cuestión fue derogada por el artículo 54 del Decreto 722 de 2013.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-00169-00
Accionante: MARTHA LUCÍA RÍOS CORTÉS Y OTROS

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-00169-00
Demandantes: MARTHA LUCÍA RIOS CORTES Y OTROS

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