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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06635-00

Fecha
4 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06635-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, frente a los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, frente al cargo de violación directa de la Constitución, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Rama Judicial, por las razones expuestas en la presente providencia. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06635-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de diciembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06635-00
Demandante: MICHEL STIVEN LÓPEZ PINEDA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN UN PROCESO DE REPARACIÓN
DIRECTA EN EL QUE SE RECLAMÓ POR UNA
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO INVOCADO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
en el marco del medio de control de reparación directa vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de los fallos que negaron las pretensiones
dirigidas a demostrar que la privación de su libertad fue injusta, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial, pues no advirtieron que se impuso una medida de aseguramiento sin el
cumplimiento de los requisitos legales, sin el suficiente material probatorio y sin tener en cuenta
la conducta de la víctima de la privación. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el
amparo por cuanto se advirtió que en cuanto a unos cargos el interés de la parte actora fue
emplear la acción de tutela como una instancia adicional y en cuanto a los restantes se
declarará la falta de subsidiariedad pues se trata de argumentos nuevos que habiendo tenido
la oportunidad de proponerse en el proceso ordinario se dejaron de invocar.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor Michel
Stiven López Pineda y otros1 en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, libertad de locomoción y dignidad humana consagrados en

1 Martha Lucía Pineda Sánchez, Jonnathan Andrés López Pineda, Johanna Vanessa López Pineda,

Nestor Mario López Pineda, Cristian Camilo López Pineda, Edwin López Pineda, Jeniffer Tatiana López
Pineda y Jenifer Pineda Otálvaro (en nombre suyo y representación de su hijo).

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06635-00
Demandantes: Michel Stiven López Pineda y otros
Acción de tutela

los artículos 29, 229 y 24 de la Carta Política2.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción3 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 24 de abril de 2014, el señor Michel Sitven López Pineda fue capturado con
ocasión de una investigación penal adelantada en su contra por el homicidio del señor
José Gilberto Delgado Álvarez.

2) El 25 de abril de 2014, ante el Juez Sexto Penal Municipal de Control de Garantías
de Manizales, se legalizó la captura, formuló la imputación y decretó medida de
aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

3) El 3 de marzo de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales anunció
el sentido del fallo de carácter absolutorio y ordenó la libertad inmediata del señor
López Pineda.

4) El fallo absolutorio fue proferido el 14 de abril de 2016 y se fundamentó en la
aplicación del principio in dubio pro reo.

5) El señor López Pineda y sus familiares presentaron demanda de reparación directa
en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el fin de
que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con
ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto.

6) El asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales4 quien, en providencia de 30 de septiembre de 2022, negó las pretensiones

2 El proyecto inicial presentado por el despacho del doctor Martín Bermúdez fue derrotado por la posición

mayoritaria en Sala del 21 de noviembre de 2023 y el expediente ingresó para fallo al despacho del
suscrito magistrado ponente el 29 de noviembre siguiente.
3 Escrito presentado el 27 de octubre de 2023.

4 Proceso con radicación 17001-33-33-004-2017-00489-00/01.

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Demandantes: Michel Stiven López Pineda y otros
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de la demanda, por cuanto no se encontraba configurado el daño antijurídico, puesto
que la investigación penal era una carga que el demandante debía soportar, aunado a
que la medida de aseguramiento se impuso de conformidad con la normativa
aplicable5.

7) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, quien reprochó que el
juzgado fundara su decisión en dos entrevistas realizadas en la investigación penal:
una rendida por María del Carmen Delgado (madre de la víctima del homicidio) y otra
de Andrés Felipe Soto Álzate, sin que se realizaran otros trabajos investigativos para
tener más elementos para encontrar al responsable.

8) Señaló que la entrevista del señor Soto Álzate fue rendida con posterioridad a la
imposición de la medida de aseguramiento, por lo cual no podía constituir fundamento
para su decreto.

9) Indicó que únicamente se contaba con la entrevista de la madre de la víctima del
homicidio, la cual debía ser contrastada con otros elementos materiales probatorios,
lo cual no ocurrió.

10) Finalmente, reiteró que las autoridades demandadas debían responder a título de
falla en el servicio, pues privaron de la libertad al señor López Pineda sin que se
contara con suficientes evidencias para ello.

11) La apelación fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia de
28 de abril de 20236, en la que confirmó la decisión de primera instancia, porque la
medida de aseguramiento fue legal, en tanto no solo se fundamentó en las dos
entrevistas, sino también en un reconocimiento fotográfico y una inspección,
practicadas antes de que se impusiera la medida.

12) Agregó que no era viable aplicar el título de imputación de daño especial, por
cuanto los supuestos previstos en la jurisprudencia para la aplicación de este son la
inexistencia del hecho y la atipicidad objetiva de la conducta, mientras que la

5 Para llegar a tal determinación se estudió si la medida de aseguramiento era proporcional, idónea y

necesaria conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y se valoraron las entrevistas de
la señora María del Carmen Delgado y del señor Andrés Felipe Soto Alzate.
6 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 2 de mayo de 2023.

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absolución penal del señor López Pineda se debió a la aplicación del principio in dubio
pro reo.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, libertad de locomoción y dignidad humana con ocasión de
los fallos proferidos el 30 de septiembre de 2022 y el 28 de abril de 2023, por cuanto,
a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial.

Frente al defecto fáctico, sostuvo que el juez de la reparación directa no podía valorar
todas las pruebas del proceso penal, sino únicamente aquellas que sirvieron de base
para imponer la medida de aseguramiento, por lo cual, como en el momento de su
imposición solo se contaba con la declaración de la madre de la víctima del homicidio,
no se cumplían los requisitos mínimos de necesidad, adecuación y proporcionalidad
para su decreto.

El juzgado demandado tuvo en cuenta la declaración del señor Andrés Felipe Soto
Álzate, a pesar de que se rindió con posterioridad a la imposición de la medida de
aseguramiento, situación que impedía que fuera considerada a efectos de determinar
la legalidad de esta.

El tribunal de segunda instancia valoró la declaración del señor Dayron Vianey
Ramírez Salazar que, aunque sí fue anterior a la imposición de la medida, “no fue parte
de las razones de la solicitud y por tanto tampoco de la motivación judicial”.

En cuando al desconocimiento del precedente judicial señalaron que en la sentencia
de unificación de 15 de agosto de 20187, la Sección Tercera del Consejo de Estado
sostuvo que era necesario valorar la conducta de la víctima de la privación, a efectos
de determinar la responsabilidad del Estado.

7 Radicación 66001-23-31-000-2010-00235-01.

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Demandantes: Michel Stiven López Pineda y otros
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Las sentencias de instancia no advirtieron que el señor Michel Stiven López nunca,
con su conducta, tuvo responsabilidad o culpa exclusiva en la privación, pues no
estaba en el lugar de los hechos el día del homicidio y no existían amenazas previas
probadas por su parte en contra del occiso, por lo cual no le asistía el deber jurídico
de soportar la imposición de la medida de aseguramiento que tampoco atendió a los
criterios mínimos de necesidad, proporcionalidad y justificación necesarios para su
decreto.

Por último, frente al cargo por violación directa de la Constitución, afirmaron que la
sentencia de primera instancia se basó en la aplicación de un formato, pues en algunas
partes de la providencia se hace referencia a una “Sala” cuando la decisión fue
adoptada por un juez unipersonal.

De igual manera, reiteraron los argumentos señalados en el defecto fáctico, para
concluir que no se motivaron debidamente las providencias objeto de la acción de
tutela.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“PRIMERA: VINCULAR dentro del presente trámite procesal a la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía
General de la Nación, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las
demás Entidades que hayan sido parte en el proceso Contencioso
Administrativo o tengan interés legítimo en el presente escenario
constitucional.

SEGUNDA: AMPARAR los derechos fundamentales de los ACCIONANTES
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y los demás que se
Señoría estime hayan sido vulnerados por las sentencias de primera (No.
189) y segunda instancia (No. 087) emitidas dentro del proceso contencioso
administrativo con radicado número 17-001-33-33-004-2017-00489-00 (02)
por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES, CALDAS y la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS, respectivamente.

TERCERA: como consecuencia de lo anterior, se DEJEN SIN EFECTOS las
sentencias de primera (No. 189) y segunda instancia (No. 087) emitidas
dentro del proceso contencioso administrativo con radicado número 17-001-
33-33-004-2017-00489-00 (02) por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS y la SALA
TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS,
respectivamente. Esto por cuenta de la argumentación esgrimida con
anterioridad.

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Demandantes: Michel Stiven López Pineda y otros
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CUARTA: SE ORDENE a los ACCIONADOS proferir una nueva sentencia
dentro del proceso con radicado número 17-001-33-33-004-2017-00489-00
(02), pero esta vez, haciendo una valoración probatoria adecuada y
atendiendo especialmente a las razones de hecho y de derecho expuestas
en la presente acción.

QUINTA: Las demás que su Señoría considere.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI-mayúsculas y negrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 1 de noviembre de 2023 se admitió el proceso de acción de tutela y
se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Caldas, al titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Manizales, al director ejecutivo de Administración Judicial de la Rama
Judicial y al fiscal general de la Nación, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Mediante auto del 28 de noviembre de 2023 se remitió la acción de tutela a este
despacho en consideración a que el proyecto de fallo presentado por el magistrado
Martín Bermúdez Muñoz fue derrotado por la posición mayoritaria.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto la decisión se profirió bajo el
marco legal y jurisprudencial vigente para el momento de su expedición.

La Rama Judicial solicitó su desvinculación del proceso, pues carece de legitimación
en la causa por pasiva; asimismo, alegó que el juez constitucional no puede
involucrarse en la toma de decisiones de las autoridades judiciales, pues aquellas son
autónomas e independientes.

El Tribunal Administrativo de Caldas remitió copia magnética del expediente
correspondiente al proceso de reparación directa; sin embargo, no se pronunció frente
a las pretensiones de la demanda.

La Fiscalía General de la Nación guardó silencio, pese a estar debidamente notificada.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Caldas y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Manizales, con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, libertad de
locomoción y dignidad humana, presuntamente vulnerados con ocasión de los fallos
proferidos el 30 de septiembre de 2022 y el 28 de abril de 2023, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial.

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La Rama Judicial solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por cuanto el
objeto de la demanda no está relacionado con sus competencias y funciones.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de
desvinculación en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con
interés, pues actuó en calidad de demandado en el proceso de reparación directa
dentro del cual se profirió la providencia objeto del presente estudio.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional frente a los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial,
y por falta de subsidiariedad respecto de la supuesta violación directa de la
Constitución, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 Análisis de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial

1) La parte demandante sostuvo que el juez de la primera instancia omitió que la
medida de aseguramiento fue impuesta solo con base en dos entrevistas decretadas
en la investigación penal, sin que se realizaran otros trabajos investigativos para tener
más elementos para encontrar al responsable.

2) De igual manera, indicó que, conforme con lo establece en la sentencia de
unificación de 15 de agosto de 2018, el juez de la reparación no advirtió que al señor
López Pineda no le asistía el deber jurídico de soportar la imposición de la medida de
aseguramiento.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite de la segunda instancia
del proceso de reparación directa.

4) Tales argumentos se dirigieron a que se declarara que el juez de la primera instancia
erró en estimar que el señor López Pineda estaba en el deber jurídico de soportar la
medida de aseguramiento, pues omitió que esta fue impuesta solo con base en dos
entrevistas realizadas en la investigación penal: a) una rendida por María del Carmen
Delgado (madre de la víctima del homicidio) y b) otra de Andrés Felipe Soto Álzate, sin

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que se realizaran otros trabajos investigativos para tener más elementos para
encontrar al responsable; además, porque no era competencia del juez administrativo
entrar a valorar las pruebas del proceso penal, máxime cuando este terminó con la
absolución del imputado.

5) Ahora bien, en el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de
primera instancia proferida el 30 de septiembre de 2022 la parte demandante indicó,
en los mismos términos que ahora plantea, que no se podía privar de la libertad al
señor López Pineda solamente con base en las declaraciones de los señores María
del Carmen Delgado y Andrés Felipe Soto Alzate, pues estas no estaban soportadas
en otras pruebas que permitieran tener por probada su responsabilidad.

6) De igual manera, señalaron que, conforme lo establece la sentencia de unificación
de 15 de agosto de 2018, el juez de la reparación no advirtió que al señor López Pineda
no le asistía el deber jurídico de soportar la imposición de la medida de aseguramiento,
así:

“La Sección Tercera del Consejo de Estado, Sub sección B, en
sentencia del 15 de noviembre del 2019 radicado 11001-03-15-000-2019-
00169-00, en sede de acción constitucional de tutela, decidió revocar la
sentencia de unificación jurisprudencial del 15 de agosto del 2018 por
vulnerar el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

(…).

Tal posición jurisprudencial, también es determinante para indicar que
el Juez de lo Contencioso Administrativo no puede inmiscuirse en
analizar las pruebas del proceso penal determinando si el demandante
es o no responsable o si era o no justificable su detención intramural,
debido a que se violaría el principio del Juez natural y en el proceso
administrativo, se terminaría responsabilizando al demandante, cuando en el
proceso penal fue absuelto.

Lo que debe establecer el Juez Administrativo es si la privación de la libertad
del demandante fue justa o injusta y si bien, debe analizar si su actuar fue
determinante para que en un inicio de la investigación penal se
considerara a través de un juicio de inferencia como responsable del
injusto. No puede llegar a realizar un análisis sustituyendo al Juez
penal; sino más bien estableciendo si este se equivocó o no al limitar
el derecho fundamental de libertad.

En el caso concreto, el Despacho de primera instancia para determinar
que el señor MICHEL STIVEN LÓPEZ PINEDA tenía el deber jurídico de
soportar una medida de aseguramiento intramural por especio de 2 años,
y por tanto; indicar que no se podía imputar responsabilidad a las
demandadas, se basó en dos entrevistas, una realizada a la madre del
occiso, señora MARIA DEL CARMEN DELGADO y otra al joven ANDRES
FELIPE SOTO ALZATE.

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(…) Si se analiza lo ocurrido en la audiencia de solicitud de medida de
aseguramiento en centro carcelario, se da cuenta que la Fiscalía
General de la Nación y el Juez de instancia para decidir la privación de
la libertad de LÒPEZ PINEDA, se basaron solo en el testimonio de la
madre del occiso señora MARIA DEL CARMEN DELGADO, que dijo que
cuando escuchó los disparos y que se asomó y vio a alguien con un buzo de
capucha para ella era el señor MICHEL STIVEN LÒPEZ PINEDA.

Nótese que la declaración del señor ANDRES FELIPE SOTO ALZATE,
se dio el día 2 de junio del año 2014, y la medida de aseguramiento a mi
poderdante se impuso el 24 de abril del 2014; luego entonces; la medida
de aseguramiento en establecimiento carcelario solo se basó en la
declaración de la madre del occiso, cuando en ese momento (24 de abril
del 2014) no estaba sustentada, ni era proporcional, adecuada ni mucho
menos necesaria.

(…).

Conforme a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial
deben responder por el título de imputación falla en el servicio al privar
de la libertad a una persona por el solo señalamiento de otra, sin
contratar información y sin recaudar otros elementos de prueba,
información o evidencia física.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI-negrillas del original).

7) Por su parte, en el fallo de 28 de abril de 2023 que resolvió el recurso de apelación,
el Tribunal Administrativo de Caldas consideró que la medida de aseguramiento fue
impuesta en cumplimiento de los requisitos legales y no de manera arbitraria, pues se
fundó en una serie de motivos razonablemente fundados que otorgaban un importante
grado de convicción sobre la comisión de las conductas endilgadas, como lo eran las
declaraciones los señores señora María del Carmen Delgado Álvarez (madre del
difunto) y Dayron Vianey Ramírez Salazar (sin que se haya apoyado como se asegura
en la que rindió el señor Andrés Felipe Soto Álzate), el acta de reconocimiento
fotográfico y video fotográfico no. 699 de 26 de septiembre de 2013 y el acta de
inspección a lugar -FPJ-9- del 21 de enero de 2014, lo cual permitió inferir de manera
razonable que el señor López Pineda podía ser el autor del delito objeto de
investigación, como lo indicó la providencia en los siguientes términos:

“En línea con lo anterior, las actuaciones que conllevaron a la privación
de la libertad del señor MSLP se fundaron en las declaraciones rendidas
por testigos, quienes señalaron que este había disparado con arma de
fuego a José Gilberto Delgado Álvarez, además del reconocimiento
fotográfico.

Con base en los elementos materiales probatorio antes destacados -
entre otros-, la Fiscalía 13 Seccional de Manizales, solicitud la orden de
captura (…) la captura del señor MSLP se ajustó a los postulados y
directrices señalados en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, pues,
para el momento en que se ordenó la captura, existían “motivos
razonablemente fundados” para inferir que el ahora demandante, era el
autor del delito objeto de investigación.

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(…).

Por lo tanto, no son de recibos los argumentos expuesto por la parte
apelante, respecto a que el Juez de Control de Garantías, se basó
únicamente en el testimonio de la madre del occiso para imponer la
medida de aseguramiento, por cuanto se acreditó que fue tenido en
cuanta además, la declaración de Dayron Vianey Ramírez, así como la
diligencia de reconocimiento fotográfico que aquel hizo, ambas
realizadas el 26 de septiembre de 2013 y, también la diligencia de
inspección al lugar de los hechos del 21 de enero de 2014; actuaciones
que, sirvieron de fundamento para la solicitud de la orden de captura de
MSLP.

(…).

Por tanto, a pesar de la existencia del daño (limitación del derecho a la
libertad), este no puede calificarse como antijurídico, pues la captura
cumplió los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad y,
en consecuencia, no surge para el Estado el deber jurídico de repararlo.

(…).

La medida de aseguramiento fue fundamentada en que, se cumplían los
requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, dado
que, la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento indicó y
fundamentó que, se presentaba una de las causales señaladas en el
dicho canon normativo, ya que el imputado constituía un peligro para
la seguridad de la sociedad, y el Juez de Control de Garantías al
momento de imponer la medida de aseguramiento consideró que, era
el medio más adecuado dado la gravedad, la modalidad de la conducta
y las condiciones de la víctima.

(…).

Se reitera que, la parte demandante no alega, ni la Sala encuentra que,
para ese momento la Fiscalía conociera de otros elementos probatorios
que pudieran desvirtuar esos motivos razonables que permitían inferir
que MSLP pudiera ser autor o partícipe del delito que se investigaba y
que pudieran desvirtuar las razones que sustentaban la necesidad y
urgencia de la medida de aseguramiento.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

8) De igual manera, el tribunal manifestó que no era de recibo el argumento expuesto
por el apelante relacionado con la prohibición del juez administrativo de analizar las
pruebas del proceso penal y, menos aún, determinar si el demandante era o no
responsable o si fue o no justificable su detención intramural, pues:

“La responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad se estructura
a la luz de un juicio autónomo, complejo, sobre una misma unidad fáctica,
en cuanto, a partir de la investigación penal considerada en su conjunto y al
margen de la configuración del delito que no es objeto del proceso de
reparación, al juez de la responsabilidad patrimonial le corresponde
determinar i) si la investigación en la que se impusieron las medidas de
aseguramiento invocadas como fundamento de la reparación demandada
concluyó con decisión favorable a la víctima porque el Estado no logró

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desvirtuar la presunción de inocencia y ii) si los hechos o actuaciones que
comprometieron en esa investigación a quien demanda en reparación se
enmarcan en culpa grave o dolo civil, con entidad suficiente para negar la
reparación”.

9) De esta manera, sostuvo que del análisis de todas las piezas procesales del
expediente penal se podía concluir que el daño sufrido por el señor López Pineda,
consistente en la afectación de su derecho a la libertad personal, no era antijuridico
pues se cumplieron los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de la
medida de aseguramiento.

10) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos relacionados con la
indebida valoración de las pruebas y la omisión en analizar los criterios para la
imposición de la medida de aseguramiento fueron debidamente analizados y resueltos
en la providencia de 28 de abril de 2023 que confirmó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda.

11) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados
en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a
determinar que la imposición de la medida de aseguramiento tuvo sustento solamente
en dos entrevistas realizadas en la investigación penal y no era competencia del juez
administrativo entrar a valorar las pruebas del proceso penal.

12) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo de 28 de abril de 2023.

13) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

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Demandantes: Michel Stiven López Pineda y otros
Acción de tutela

2.2 Análisis del cargo de violación directa de la Constitución

1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante indicó que se vulneró
de manera directa la Constitución, por cuanto la sentencia de primera instancia se basó
en la aplicación de un formato, pues en algunas partes de la providencia se hizo
referencia a una “Sala” cuando la decisión fue adoptada por un juez unipersonal.

2) Sin embargo, una vez revisada la solicitud de tutela la Sala advierte que frente a
dicho cargo no se cumplió con el requisito de inmediatez, tal como pasa a explicarse:

3) La sentencia de primera instancia de 30 de septiembre de 2022, frente a la cual se
alega la presunta irregularidad, fue notificada por estado del mismo día, mientras que
la tutela se interpuso el 27 de octubre de 2023, esto es, más de 1 año después de la
notificación, lo que denota que se ejerció por fuera del término prudencial referenciado.

4) Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales proferidas en el marco
de los medios de control que se tramitan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la oportunidad de la solicitud de amparo por regla general es de seis
meses determinados a partir del momento en que se notifica la providencia acusada,
pues es a partir de allí que se infiere que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

5) Por lo anterior, la Sala considera que se encuentra objetivamente acreditado que no
se cumplió el requisito de la inmediatez.

6) De igual manera, para la Sala tampoco se superó el requisito de subsidiariedad, en
el entendido que en el recurso de apelación que se presentó en contra del fallo de
primera instancia el demandante nada dijo acerca del presunto error en la referencia
que se hizo de la “Sala” en dicha providencia.

7) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, frente a los defectos fáctico
y desconocimiento del precedente judicial, y de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, respecto del cargo de violación directa de la Constitución.

14
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06635-00
Demandantes: Michel Stiven López Pineda y otros
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, frente a los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad, frente al cargo de violación directa de la Constitución,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Rama Judicial, por las
razones expuestas en la presente providencia.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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