Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00709-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Tutela contra providencia que declaró nulidad de nombramiento en provisionalidad: procurador Judicial 2 Penal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-00709-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2019-00709-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de marzo de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE DECLARÓ NULIDAD DE NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD – Procurador Judicial 2 Penal / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE PRECEPTO LEGAL – Que rige la provisión temporal o definitiva en los cargos de carrera de la Procuraduría General de la Nación / PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DEL MÉRITO PARA NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD – Uso de la lista de elegibles para vacantes temporales / NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD – Tiene carácter subsidiario ante el encargo
Corresponde a esta Sala determinar si existió o no, vulneración al derecho fundamental al debido proceso con ocasión a la Sentencia de 2 de noviembre de 2018, por medio [de la] cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de un nombramiento en provisionalidad para el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá. (…) En ese sentido, es pertinente señalar que, la interpretación dada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a las normas sobre los nombramientos en provisionalidad dentro del sistema especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación, no es indebida, irracional, contraria a la ley, regresiva o aislada, por el contrario, la misma se acompasa con la realidad constitucional, según la cual el mérito es el pilar estructurador de los principios y reglas que orientan la administración de personal a través del sistema de carrera administrativa, pues en últimas, la lista de elegibles fue el producto del desarrollo de un concurso para seleccionar de manera objetiva a las personas, que además de reunir los requisitos legales y constitucionales para desempeñar el cargo, superaron de forma meritoria cada etapa de dicho proceso. Asimismo, debe manifestarse que el uso de la lista de elegibles para proveer en provisionalidad las vacantes temporales de un cargo de carrera que hizo parte de la convocatoria del concurso, no afecta de forma alguna los derechos de (1) el o la titular del cargo que accedió al mismo a través de concurso, pues, en el caso concreto, sus derechos de carrera están intactos al estar en una situación administrativa laboral que la separó temporalmente del cargo, ni (2) del elegible en turno que se designare en provisionalidad, pues dada la naturaleza de su nombramiento, así como la temporalidad del mismo, (a) no adquiere derechos de carrera por el mero nombramiento en esas condiciones, (b) no se trata de un nombramiento en periodo de prueba que implique con posterioridad la inscripción de aquel en carrera, ni (c) hace que pierda su turno dentro de la lista de elegibles a la que pertenece. (…) Los empleos de carrera vacantes temporalmente con ocasión a una situación administrativa de su titular serán provistos de forma provisional, por el tiempo que dure aquella situación administrativa, cuando no fuere posible hacer un encargo con los servidores de carrera.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00709-00(AC)
Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Solicitud de amparo. 1.2. Hechos. 1.3. Fundamentos de la vulneración. 1.4. Actuaciones procesales relevantes.
Solicitud de amparo
La Procuraduría General de la Nación instauró acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de su derechos al debido proceso, al considerar que, en la Sentencia de 2 de noviembre de 2018, dictada por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso de nulidad electoral No. 2018-00096-00, se configuró un defecto sustantivo, por la presunta aplicación indebida de las normas en las que dicha decisión judicial debía fundarse. A título de amparo constitucional, la entidad accionante solicitó (se trascribe):
“Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera atenta solicito a esa Honorable Corporación que se tutele el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, afectado por la sentencia de fecha 2 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En consecuencia, solicito se disponga lo siguiente:
1) Que se revoque la sentencia materia de tutela y se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca expedir una nueva providencia en la cual se denieguen las pretensiones.”
Hechos
Como hechos relevantes para sustentar la acción de tutela de la referencia, fueron narrados los siguientes:
1) Mediante el Decreto 3796 de 8 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación nombró en periodo de prueba, en el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá, a la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave.
2) Superado el periodo de prueba, la señora Yepes Arroyave solicitó una “comisión especial” por 2 años para ocupar el cargo de Magistrada Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia; la cual fue concedida a través del Decreto 564 de 2017.
3) Dado que la situación administrativa antes mencionada dio lugar a la vacancia temporal del cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá, la entidad accionante nombró en provisionalidad al señor Herman Rincón Cuellar mediante el Decreto 5715 de 2017; nombramiento contra el cual el Sindicato de Procuradores Judiciales PROCURAR presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4) A través de Sentencia, de única instancia, de 2 de noviembre de 2018, dentro del proceso de nulidad electoral No. 2018-00096-00, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Decreto 5715 de 2017, por medio del cual la Procuraduría General de la Nación había nombrado, en provisionalidad, al señor Herman Rincón Cuellar en el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá.
Fundamentos de la vulneración
Luego de explicar con detalle el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial en el caso concreto, así como su legitimación activa en la causa, la entidad accionante sostuvo que:
– El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la resolución del proceso de nulidad electoral, incurrió en un defecto sustantivo por la errónea interpretación del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, pues desconoció la teleología de la norma, al darle alcance para la provisión de cualquier tipo de vacancia, cuando el legislador extraordinario la circunscribió a la provisión de cargos en vacancia definitiva.
– Lo que se pretendió con el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, fue la provisión de vacantes definitivas, para que, quienes se encontraran en las listas de elegibles, adquirieran los derechos de la carrera de la entidad y se beneficiaran de la estabilidad que la misma brinda. En ese sentido, la obligación de agotar las listas de elegibles cuando se presente la vacancia temporal de un cargo, tiene la potencialidad de afectar la prestación del servicio, pues dicha carga administrativa de orden operativo puede demorar el mismo de la temporalidad de la vacancia del cargo, mientras se consulta a los elegibles sobre su aceptación del cargo en provisionalidad.
– El literal C del artículo 82 del Decreto Ley 262 de 2000 autorizó a la Procuraduría General de la Nación para efectuar nombramientos en provisionalidad, cuando se presentaran vacantes temporales.
– Proveer el cargo de la señora Yepes Arroyave con una persona con derechos de carrera puso en riesgo los derechos de la primera.
– En el caso concreto no era aplicable el precedente de la Sentencia C-753 de 2008 de la Corte Constitucional, sobre el deber de motivación de los nombramientos en provisionalidad, pues dicha providencia se profirió en el marco de las reglas de carrera del sector defensa, lo que resultó como una imposición de una carga sin sustento normativo en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.
Con fundamento en lo anterior, la entidad accionante invocó como causal específica el defecto sustantivo.
Actuaciones procesales relevantes
Admisión de la demanda
Mediante Auto de 19 de febrero de 2019, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como parte accionada a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y (3) vincular, en calidad de terceros interesados, al Sindicato de Procuradores Judiciales PROCURAR, a la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, al señor Herman Rincón Cuellar y a quien actualmente desempeñara el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá.
Intervenciones
– El Sindicato de Procuradores Judiciales PROCURAR se opuso a la solicitud de amparo por considerar que (1) la Procuraduría General de la Nación estaba en la obligación de acatar “el mandato constitucional del mérito como principio fundamental para el ingreso y permanencia en el empleo público”, (2) la interpretación restrictiva del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, en relación a su aplicación exclusiva a las vacantes definitivas, limita, sin justificación constitucional alguna, el mérito como regla general de acceso a los cargos públicos, (3) la vacancia temporal de un cargo de carrera no lo convierte en uno de libre nombramiento y remoción, (4) con ocasión de la Sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, el cargo de Procurador Judicial pertenece al sistema de carrera de la Procuraduría General de la Nación y, en consecuencia, el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de dicho cargo, se funda exclusivamente en el mérito, (5) la facultad que tiene la Procuraduría General de la Nación de suplir las vacantes temporales con nombramientos en provisionalidad, no implica que los mismos puedan hacerse de forma discrecional y en detrimento del sistema de mérito, (6) nombrar en provisionalidad a un elegible o en encargo a un funcionario inscrito en carrera, no vulnera los derechos del titular del cargo vacante, dada la naturaleza del nombramiento sujeto a temporalidad, (7) los argumentos de la solicitud de amparo no fueron puestos en debate durante el trámite ordinario de nulidad electoral, y (8) la entidad accionante no argumentó por qué el precedente de la Sentencia C-753 de 2008 de la Corte Constitucional, sobre el deber de motivar los nombramientos en provisionalidad, no le es aplicable.
– La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente de la sentencia del proceso de nulidad electoral No. 2018-00096-00, solicitó que se negara el amparo de tutela, pues la decisión del Tribunal se sustentó en las normas vigentes y la jurisprudencia aplicables al caso. En ese sentido, señaló que (se trascribe, corchetes fuera del texto) “en aras de garantizar el principio del mérito […] el nominador para proveer la vacante suscitada primordialmente [debía] utilizar la lista de elegibles para el empleo materia de discusión, […] soportado esto por lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-942 de 2003”. Agregó que la administración estaba en el deber de justificar las razones por las cuales recurrió a la excepción (nombramiento en provisionalidad) para proveer un cargo perteneciente al sistema de carrera.
– El señor Herman Rincón Cuéllar deprecó que se conceda el amparo de tutela, por considerar que la decisión de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció no solo la normas de carrera propias de la Procuraduría general de la Nación, sino también los conceptos que sobre la materia ha emitido el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Sobre el particular manifestó que (1) el literal C del artículo 82 del Decreto Ley 262 de 2000 y el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, (a) son teleológicamente idénticos, y (b) de ellos no podría interpretarse que las vacantes temporales sean ocupadas con elegibles, pues ello podría generar falsas expectativas de estabilidad laboral en el elegible nombrado en provisionalidad, y (2) mediante Concepto 168941 de 11 de agosto de 2016, el DAFP dispuso que (se trascribe) “los nombramientos provisionales se constituyen en un mecanismo de carácter excepcional y transitorio que permite proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa con personal que no fue seleccionado mediante el sistema de mérito”.
– La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en calidad de agente especial del ministerio público, solicitó fueran acogidas las súplicas de amparo, en tanto (1) se cumplió con la totalidad de requisitos previstos jurisprudencialmente para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, y (2) se configuró el defecto alegado porque (se trascribe, corchetes fuera del texto):
“[…] pues no se encuentra fundamento judicial que la provisión de un empleo de carrera administrativa, en situación de vacancia temporal, se efectué con el agotamiento de una lista de elegibles, no solo porque así no está previsto en el régimen normativo especial aplicable a la entidad, sino porque, además se trataría de un nombramiento precario, que no está llamado a generar derechos de carrera para el nombrado – en la medida en que, como se explica, el cargo ya está provisto en carrera –, generando por el contrario, posibles falsas expectativas y eventuales perjuicios por cuanto bien pudiere acontecer que el nombrado de una lista de elegible, en un empleo en vacancia temporal, estuviere vinculado en otro empleo de carrera.”
Solicitudes de coadyuvancia
– El Colegio Nacional de Procuradores Judiciales presentó solicitud de coadyuvancia orientada a la defensa de la sentencia judicial enjuiciada. Aunado a ello, solicitó la vinculación de (se trascribe) “todas las partes interesadas en las resultas de este trámite, esto es, las mismas que fueron vinculadas al proceso de nulidad electoral radicado bajo el número 25-000-31-42-000-2018-00096-00” esto es a la comunidad en general, mediante la adición del auto admisorio de la demanda.
– El señor Fernando Arias García solicitó ser reconocido como coadyuvante de la parte accionada y, en consecuencia, que se niegue la solicitud de amparo de la referencia, ya que (1) la Procuraduría General de la Nación pretendió desconocer los derechos emanados de la lista de elegible para el cargo de Procurador Judicial para realizar nombramientos discrecionales en las plazas vacantes, y (2) si era posible usar las listas de elegibles para proveer cargos distintos de los convocados inicialmente en el concurso, con más razón podían usarse para proveer el propio cargo que se convoca y que por una situación administrativa se encuentra vacante de forma temporal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Competencia. 2.2. Cuestión preliminar. 2.3. Problema jurídico. 2.4. Verificación de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6. Conclusiones.
Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación, la Sala es competente para resolver el presente asunto.
Cuestión preliminar: de la solicitud de vinculación de la comunidad en el presente tramite de tutela
Si bien es cierto, uno de los coadyuvantes de la parte accionada en la presente solicitud de amparo solicitó la vinculación de la comunidad al proceso de tutela, comoquiera en que el proceso ordinario de nulidad electoral así se hizo, dicha petición resulta improcedente por las razones que se esgrimen a continuación:
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, así como los artículos 1, 2 y 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela está consagrada para la protección de derechos fundamentales con una connotación particular (que puede ser singular o plural). Es decir, contiene una lógica sustancialmente diferente a la del medio de control de nulidad electoral que entraña, en sí misma, una protección de derechos desde una órbita colectiva, en el cual, por expreso mandato legal, debe llamarse a la comunidad, dada la naturaleza de los intereses en juego.
Asimismo, sobre las personas contra quiénes se dirige la acción de tutela e intervinientes, el artículo 13 del mencionado decreto, dispone:
“La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
Aunado a lo anterior, de conformidad con el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, establece que “[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes”, es decir, dado que los efectos de las decisiones de tutela son inter-partes, la comunidad no se vería afectada con aquella, por lo que no resulta procedente su vinculación.
Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si existió o no, vulneración al derecho fundamental al debido proceso con ocasión a la Sentencia de 2 de noviembre de 2018, por medio del cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de un nombramiento en provisionalidad para el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá.
Para tal fin, deberá determinarse si están configurados o no los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En el evento en el que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, deberá establecerse si se estructuró el defecto procedimental absoluto por exceso de ritual manifiesto en la providencia enjuiciada.
Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutelas contra providencia judicial
En el sub judice, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela:
La providencia que ahora se cuestiona fue proferida dentro de un proceso, de única instancia, de nulidad electoral, respecto de la cual no existe recurso, ordinario o extraordinario, que permita a la parte accionante alegar en sede ordinaria los argumentos planteados en la acción de tutela; ello validó el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad.
El principio de la inmediatez se cumplió, toda vez que la Sentencia de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue proferida el 2 de noviembre de 2018 y ejecutoriada el día 14 del mismo mes y año, y la acción de tutela fue radicada el 15 de febrero de 2019, esto es, dentro del plazo razonable de los 6 meses.
La acción no se dirigió contra una Sentencia de tutela.
Se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos.
La controversia bajo examen es de relevancia constitucional porque la discusión se circunscribe a la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de una providencia judicial proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de la cual se alega la configuración de un defecto sustantivo por la indebida interpretación y aplicación de las normas sobre la administración de personal de la Procuraduría General de la Nación.
En consecuencia, evidenciado que la acción de tutela satisface los requisitos generales, la Sala procede a comprobar si en la Sentencia de 2 de noviembre de 2018, adoptada dentro del proceso de nulidad electoral No. 2018-00096-00, se configuró un defecto sustantivo.
Verificación de las causales específicas de la acción de tutela contra providencia judicial
Defecto material o sustantivo y su marco específico
En el caso concreto, la entidad accionante alegó la configuración del defecto sustantivo por la indebida interpretación y aplicación del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, sobre la utilización de las listas de elegibles para proveer vacantes temporales de cargos de carrera de la Procuraduría General de la Nación a través de nombramientos en provisionalidad.
Para contextualizar dicha norma, es necesario señalar que el artículo 125 de la Constitución Política, entre otros, (1) consagró que (a) los empleos públicos, por regla general, pertenecen al sistema de carrera, y (b) el sistema de nombramiento de los servidores públicos, que no esté determinado por la Constitución o la ley, se hará por concurso. Asimismo, esta norma (2) estableció que el ingreso y ascenso en el sistema de carrera está determinado por el mérito y las calidades de los aspirantes. Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-673 de 2015, sostuvo (se trascribe):
“En síntesis, según ha interpretado y reiterado de forma sistemática esta Corporación, la carrera administrativa es un eje definitorio del ordenamiento constitucional porque provee el método que mejor protege los principios del mérito, la transparencia, la eficacia y la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos del Estado. Por esa razón, el sistema de carrera tiene un carácter general y preferente para la provisión de los servidores estatales, en tanto garantiza la selección objetiva del personal más idóneo y calificado para brindar eficacia y eficiencia a la administración pública.”
Aunado a ello, la Constitución Política al tenor de los artículos 278 y 279, dispuso que (1) el Procurador General de la Nación ejerce, de forma directa, la función de (se trascribe) “nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia”, y (2) la ley determinará la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, así como (se trascribe) “[…] lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo”, respectivamente.
Ahora bien, fue en virtud del último mandato constitucional, y en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República mediante la Ley 573 de 2000, que se expidió el Decreto Ley 262 de 2000, (se trascribe) “por el cual se [modificó] la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se [modificó] el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se [regularon] las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”.
De dicho cuerpo normativo, es preciso resaltar que:
– El artículo 81 señaló que el ingreso al servicio de la Procuraduría General de la Nación se procede con ocasión a un nombramiento expedido por el Procurador y la respectiva posesión del aspirante.
– El artículo 82 dispuso que, entre las clases de nombramientos que pueden hacerse para el ingreso al servicio de la Procuraduría General de la Nación, está el nombramiento provisional, el cual fue previsto para proveer (1) vacantes definitivas de cargos de carrera, mientras se realiza el respectivo concurso, y (2) vacantes temporales de cargos de carrera o de libre nombramiento y remoción, mientras dure la situación administrativa que separó temporalmente al titular del cargo. De igual manera, esta norma señaló que “nadie podrá posesionarse en un empleo de la Procuraduría General de la Nación sin el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos”.
– Los artículos 92 y 105 establecieron que la comisión especial es una situación administrativa laboral, que tiene por objeto, entre otros, que un empleado de la Procuraduría General de la Nación desempeñe cargos en cualquier entidad del Estado por un término no mayor a 2 años.
– El artículo 182, en concordancia con la Sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, indicó que el empleo de Procurador Judicial está clasificado como un cargo de carrera.
– El artículo 183 definió el sistema de carrera de la Procuraduría General de la Nación como “un sistema técnico de administración de personal, que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la misma”. Asimismo, dispuso que “para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso en los empleos de carrera de la Procuraduría se hará exclusivamente con base en el mérito, sin que las consideraciones de raza, religión, sexo, filiación política u otro carácter puedan influir sobre el proceso de selección”.
– Los artículos 186 y 187 señalaron que (1) el nombramiento será en provisionalidad cuando se trate de proveer un cargo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito, y (2) la provisión de vacantes temporales de cargos de carrera se hace mediante encargo o nombramiento provisional, por el tiempo que dure la situación administrativa que implicó la separación temporal del titular del cargo, reactivamente.
– El artículo 216, sobre las listas de elegibles producto del concurso de méritos dentro del proceso de selección de personal, entre otros, estableció que el “nominador deberá utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarquía”.
En relación con el nombramiento en provisionalidad dentro del sistema de carrera de la Procuraduría General de la Nación, debe indicarse que a través de la Sentencia C-077 de 2004, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 82, 185, 186, 187 y 188 del mencionado decreto, ya que -concluyó la Corte- los nombramientos en provisionalidad, ya sea para cubrir vacantes definitivas (mientras se realiza el respectivo concurso) o temporales (por el tiempo que dure la situación administrativa que separó temporalmente del cargo al titular) [1] están autorizadas por ley, [2] encuentran límites temporales en la misma, [3] responden a los principios constitucionales de la función administrativa para garantizar la prestación continua del servicio público y el cumplimiento de los fines del Estado. Al respecto, esa Corporación indicó:
“5. Como se indicó, la regla general en los empleos en los órganos y entidades del Estado es que son de carrera, por mandato del Art. 125 superior, con las excepciones contempladas en la misma disposición, la cual faculta al legislador para que fije la forma de provisión de aquellos y los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
[…]
La realización del concurso público de méritos para proveer un empleo vacante definitivamente requiere un tiempo mínimo, en el cual puedan desarrollarse las etapas de convocatoria, pruebas de selección y conformación de la lista de elegibles.
Por otra parte, la función pública requiere continuidad y, además, debe cumplir los principios de celeridad y eficacia, entre otros, consagrados en el Art. 209 de la Constitución, los cuales son condiciones para alcanzar los fines esenciales del Estado consagrados en el Art. 2º ibídem.
Por estas razones, con un criterio racional y práctico se impone como una necesidad la provisión del cargo en forma temporal o transitoria, mientras se puede hacer la provisión definitiva, lo cual se logra mediante las instituciones del nombramiento provisional de cualquier persona que reúna los requisitos para su desempeño o mediante el encargo a empleados de carrera.
[…]
Con el fin de evitar que el nombramiento provisional pierda su atributo de temporalidad y se convierta en permanente, dejando de ser tal, y que vulnere el mandato constitucional sobre aplicación de la carrera en los cargos del Estado, lo mismo que el derecho de acceso de todas las personas a ellos en igualdad de condiciones, el legislador debe establecer límites y condiciones para su utilización.
[…]
Se observa que en esta forma el nombramiento en provisionalidad para proveer una vacante definitiva en un cargo público de carrera no atenta contra la integridad y la regularidad del concurso público de méritos y, por el contrario, permite su realización y por tanto el logro de sus fines y protege el derecho de todas las personas de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, con base en los méritos y calidades y en igualdad de condiciones, conforme a lo previsto en los Arts. 13, 40 y 125 superiores.
Por otra parte, cuando la vacante en el cargo público de carrera no es definitiva, sino temporal, el mismo debe ser provisto también en forma transitoria, por la misma razón anotada de la necesidad de continuidad en la prestación de la función pública, por el tiempo que dure la situación administrativa correspondiente, mediante encargo o mediante nombramiento provisional, de acuerdo con las mismas normas legales.”
En resumen, se tiene entonces que (1) la comisión especial es una situación administrativa laboral que implica la separación temporal del cargo del que se es titular, (2) dentro de las reglas de carrera de la Procuraduría General de la Nación está permitido hacer nombramientos en provisionalidad para suplir vacantes temporales de cargos de carrera, por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa, (3) para el ingreso al sistema de carrera de la entidad en comento, el nominador deberá hacer uso de las listas de elegibles, y (4) el legislador extraordinario no estableció reglas expresas sobre la forma en que deben hacerse los nombramientos en provisionalidad en cargos, pertenecientes al sistema especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación, vacantes temporalmente.
Bajo este contexto, debe agregarse que el legislador ordinario, en la Ley 909 de 2004, consagró expresamente que:
– Las normas de aquella ley “se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales”, entre ellas, la de la Procuraduría General de la Nación (numeral 2, artículo 3).
– Los principios que orientan la función pública son (artículo 2):
“1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.
2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos:
La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos;
La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley;
La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión;
Capacitación para aumentar los niveles de eficacia”.
Negrilla fuera del texto
– Los empleos de carrera vacantes temporalmente con ocasión a la una situación administrativa de su titular serán provistos de forma provisional, por el tiempo que dure aquella situación administrativa, cuando no fuere posible hacer un encargo con los servidores de carrera (artículo 25).
Es decir, (1) el principio constitucional de mérito tiene una connotación especialísima para el manejo de los sistemas de carrera, (2) la Ley 909 de 2004 autoriza los nombramientos en provisionalidad para proveer las vacantes de cargos de carrera con vacancia temporal, pero aparte de señalar que ese tipo de nombramientos tienen una naturaleza residual, no se indica regla adicional sobre la forma en que deben hacerse, y (3) las normas de la Ley 909 de 2004 tiene carácter supletivo para los sistemas especiales de carrera administrativa, (2), y (3).
Aunado a lo anterior, es necesario manifestar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
– Los sistemas especiales y específicos de carrera están guiados por los principios básicos que orientan la carrera administrativa, que se encuentran en la ley general sobre la materia.
– La administración tiene el deber de motivar los actos de nombramiento en provisionalidad, al tener estos una naturaleza excepcional de cara a las reglas constitucionales sobre ingreso al servicio público (el sistema de carrera administrativa para la función pública).
Sobre este último punto, la Corte, en Sentencia C-753 de 2008, señaló que:
“Así mismo, la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara al establecer el deber de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se realizan los nombramientos en provisionalidad o en encargo o suprimen cargos en provisionalidad, ya que de un lado debe justificarse las razones por las cuales se recurre a los vías de excepción para proveer cargos de carrera pública, y de otro lado, si bien la vinculación en provisionalidad es precaria, esta corporación ha reiterado en múltiples ocasiones que la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en provisionalidad, debiendo motivar por ejemplo arguyendo que el cargo será proveído por quien ganó el concurso”
Pruebas.
– Decreto No. 3796 de 8 de agosto de 2016, por medio de la cual la Procuraduría General de la Nación nombró en periodo de prueba a la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave en el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá.
– Acta No. 1499 de 3 de octubre de 2016, por medio de la cual la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave se posesionó en el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá.
– Resolución No. 564 de 27 de octubre de 2017, a través de la cual se concedió a la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave una comisión especial para desempeñarse en provisionalidad como magistrada auxiliar de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
– Decreto No. 5715 de 30 de octubre de 2017, por medio de la cual la Procuraduría General de la Nación nombró en provisionalidad por 6 meses al señor Herman Rincón Cuéllar en el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá. Dicho acto administrativo consagró expresamente (se trascribe):
“DECRETO No. 5715 de 2017
(30 OCT. 2017)
Por medio del cual se hace un nombramiento en provisionalidad
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Nómbrese en provisionalidad, hasta por seis (6) meses, a HERMAN RINCÓN CUELLAR, quien se identifica con la cédula ciudadanía [XXX], en el cargo de Procurador 100 Judicial II Penal de Bogotá, Código 3PJ, Grado EC, en el cargo de SANDRA LUCÍA YEPES, quien se encuentra en comisión especial.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
[...]”
– Acta No. 1058 de 10 de noviembre de 2017, por medio de la cual el señor Herman Rincón Cuéllar se posesionó en el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá.
Caso concreto
En su escrito de tutela, la Procuraduría General de la Nación señaló que en la Sentencia de 2 de noviembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso, de única instancia, de nulidad electoral No. 2018-00096-00, presuntamente se configuró un defecto sustantivo por (1) la indebida interpretación del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, (2) el desconocimiento del artículo 82 ibídem (hermenéutica no sistémica de la norma), y (3) la aplicación inadecuada del precedente de la Sentencia C-753 de 2008 de la Corte Constitucional, proferida en el marco de una carrera administrativa diferente a la de la entidad accionante.
En el caso bajo estudio, la Sala considera que no está configurado el defecto sustantivo alegado, por las razones que se presentan a continuación:
Al respecto, sea lo primero indicar que, en la Sentencia enjuiciada por vía de tutela, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que el Decreto 5715 de 30 de octubre de 2017, mediante el cual se nombró en provisionalidad al señor Herman Rincón Cuéllar, estaba viciado de nulidad porque (a) “se debe preferir nombrar provisionalmente en el empleo de carrera a un servidor que se encuentre en turno en la lista de elegibles […], por la razón de que, la persona de carrera ingresó mediante concurso, lo que lleva consigo las garantías de ser favorecido con los nombramientos en provisionalidad, como un amanera de estimular la estabilidad del servidor en la Administración, y no que se provea dicha vacante temporal con quien no esté en carrera, como ocurrió en este caso, que se designó al señor Herman Rincón Cuéllar, quien no se encuentra registrado en la lista de elegibles para el cargo materia de discusión, no pertenece a la carrera administrativa”, y (b) el acto de nombramiento en provisionalidad no cumplió con la carga de motivación de este tipo de actos administrativos, pues se emitió “sin sustento jurídico ni factico [como] tampoco acreditó que el señor Herman Rincón Cuéllar cumpliera los requisitos legales para el desempeño del empleo a proveer”.
En lo que respecta a los reproches sobre la indebida interpretación del artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000 y el desconocimiento del artículo 82 ibídem, si bien es cierto que, ante la comisión especial concedida a la señora Sandra Lucía Yepes Arroyave, la Procuraduría General de la Nación debía de proveer el cargo de Procurador 100 Judicial 2 Penal de Bogotá, mediante un nombramiento en provisionalidad, las normas por las que se rige el sistema especial de carrera de la entidad (Decreto Ley 262 de 2000), ni las normas generales de orden supletivo (Ley 909 de 2004), consagran reglas sobre la forma de realizar el mencionado nombramiento.
En ese sentido, es pertinente señalar que, la interpretación dada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a las normas sobre los nombramientos en provisionalidad dentro del sistema especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación, no es indebida, irracional, contraria a la ley, regresiva o aislada, por el contrario, la misma se acompasa con la realidad constitucional, según la cual el mérito es el pilar estructurador de los principios y reglas que orientan la administración de personal a través del sistema de carrera administrativa, pues en últimas, la lista de elegibles fue el producto del desarrollo de un concurso para seleccionar de manera objetiva a las personas, que además de reunir los requisitos legales y constitucionales para desempeñar el cargo, superaron de forma meritoria cada etapa de dicho proceso.
Asimismo, debe manifestarse que el uso de la lista de elegibles para proveer en provisionalidad las vacantes temporales de un cargo de carrera que hizo parte de la convocatoria del concurso, no afecta de forma alguna los derechos de (1) el o la titular del cargo que accedió al mismo a través de concurso, pues, en el caso concreto, sus derechos de carrera están intactos al estar en una situación administrativa laboral que la separó temporalmente del cargo, ni (2) del elegible en turno que se designare en provisionalidad, pues dada la naturaleza de su nombramiento, así como la temporalidad del mismo, (a) no adquiere derechos de carrera por el mero nombramiento en esas condiciones, (b) no se trata de un nombramiento en periodo de prueba que implique con posterioridad la inscripción de aquel en carrera, ni (c) hace que pierda su turno dentro de la lista de elegibles a la que pertenece.
Sobre el particular, debe indicarse que la Corte Constitucional ha señalado que no compartir las interpretación normativa desarrollada por un juez para resolver un caso concreto, por sí mismo, no configura un defecto sustantivo:
“En ese sentido, se tiene que no cualquier divergencia frente al criterio interpretativo en una decisión judicial configura un defecto sustantivo, sólo aquellas que resultan irrazonables, desproporcionadas, arbitrarias y caprichosas, de lo contrario, no sería procedente la acción de tutela. Debe por tanto, tratarse de una irregularidad de tal entidad que haya llevado a proferir una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales. De esta manera, se ha señalado que pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto, admisibles en la medida que sean compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales.”
Ahora bien, en lo que respecta al tercer reproche, relativo a la aplicación inadecuada del precedente de la Sentencia C-753 de 2008 de la Corte Constitucional, los argumentos de la entidad accionante no son de recibo, ya que dada la naturaleza excepcional que tiene el nombramiento en provisionalidad de cara a la regla general, de orden constitucional, de proveer cargos a través de concurso, la administración tiene el imperioso deber de motivar la decisión de acudir a aquella clase de nombramientos, pues solo así podrá justificar en debida forma el desconocimiento del principio de mérito.
En ese sentido, al margen de que la sub regla jurisprudencial en comento haya sido concebida en el marco del estudio de constitucionalidad de normas sobre la carrera administrativa del sector defensa, su contenido es de aplicación trasversal, pues la misma Corte Constitucional ha sostenido que los principios básicos que orientan la carrera administrativa (entre ellos el de mérito) aplican indistintamente si se trata de un sistema de carrera especial o específico.
Conclusiones
Así las cosas, al no configurarse el defecto sustantivo en los términos alegados por la entidad accionante, en tanto [1] no fue indebida, irracional, contraria a la ley, regresiva o aislada la interpretación de las normas sobre nombramientos en provisionalidad en la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, y [2] el precedente constitucional sobre la motivación de los actos administrativos por medio de los cuales se hagan este tipo de nombramientos es vinculante, indistintamente si se trata de un sistema específico o especial de carrera, la Sala negará el amparo de tutela solicitado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECONOCER al Colegio Nacional de Procuradores Judiciales y al señor Fernando Arias García como coadyuvantes de la parte accionada.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de vincular a la comunidad en general al presente proceso.
TERCERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes (Artículo 16 Decreto 2591 de 1991), entregándoles copia íntegra del fallo.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
RAMIRO PAZOS GUERRERO
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Folios 1 a 7. Folio 7. Sobre el particular, la entidad accionante no explicó en qué medida se podrían ver afectados los derechos de la señora Yepes Arroyave, como titular del cargo. Folio 28. Folios 37 a 41. Folios 51 a 57. Folios 74 a 77. Folios 84 a 90. Designada así por el Procurador General de la Nación el 18 de marzo de 2019. Folio 91. Folio 48. Folio 66. Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-066 de 2019. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 y Corte Constitucional, Sentencias T-001 de 1992, T-328 de 2010, T-217 de 2013, T-505 de 2013 T-031 de 2016. Supra. pie de página 10. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. “Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.”. Sobre el mismo tema: Corte Constitucional. Sentencia SU-448 de 2011 (consideraciones 5.1., y 5.2.). Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido. En esta providencia se estudió la constitucionalidad del artículo 5 (parcial) de la Ley 909 de 2004, sobre la clasificación de los empleos. Constitución Política. Artículo 278. Numeral 6. Corchetes fuera del texto original
Artículo 81. Ingreso a la Procuraduría General de la Nación. El ingreso al servicio en la Procuraduría General de la Nación se efectúa por medio de decreto de nombramiento expedido por el Procurador General y la respectiva posesión. […]
Artículo 82. Clases de nombramiento. En la Procuraduría General de la Nación se pueden realizar los siguientes nombramientos: […] c) Provisional: para proveer empleos de carrera definitivamente vacantes, con personas no seleccionadas mediante el sistema de méritos, mientras se provee el empleo mediante concurso. Igualmente, se hará nombramiento en provisionalidad para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción temporalmente vacantes, mientras duren las situaciones administrativas o los movimientos de personal que generaron la vacancia temporal del empleo. Parágrafo. Nadie podrá posesionarse en un empleo de la Procuraduría General de la Nación sin el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos. Artículo 92. Clases de situaciones administrativas laborales. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación pueden encontrarse en una de las siguientes situaciones administrativas laborales: 1. Servicio activo: […] 1.5. En comisión especial […]
Artículo 105. Comisión especial.
Tiene por objeto cumplir actividades de asesoría al Estado, Estados Extranjeros, u Organismos Internacionales, desempeñar cargos en cualquier entidad del Estado, o asistir, en calidad de conferencista, a seminarios, foros o cualquier evento académico nacional o internacional por un término no mayor de dos (2) años. La remuneración para desempeñar empleos en cualquier entidad del Estado, podrá ser asumida por la Procuraduría. La comisión especial podrá dar lugar al pago de viáticos y gastos de viaje, será conferida por el Procurador General y se sujetará a los procedimientos que para el efecto se contemplen en la regulación interna. Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así: 1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción. Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción. Los empleos de libre nombramiento y remoción son: Viceprocurador General. Secretario General. Tesorero. Procurador Auxiliar. Director. Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Procurador Delegado. Asesor del Despacho del Procurador. Asesor del Despacho del Viceprocurador. Veedor. Secretario Privado. Procurador Regional. Procurador Distrital. Procurador Provincial. Jefe de Oficina. Jefe de la División de Seguridad. Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas funciones consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos, cualquiera sea la denominación del empleo. 3) De período fijo: Procurador General de la Nación. Artículo 186. Nombramiento provisional. El nombramiento tendrá carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente un empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito, aunque en el respectivo acto administrativo no se determine la clase de nombramiento de que se trata. […]
Artículo 187. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos podrán ser provistos por encargo o en forma provisional por el tiempo que duren aquellas situaciones. […]
Frente a una nueva demanda de los artículos enunciados, la Corte Constitucional, en Sentencia C-785 de 2005, resolvió “ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-077 de 2004, que declaró la exequibilidad del literal c) del artículo 82 y de los artículos 185, 186, 187 y 188 del Decreto Ley 262 de 2000”. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones
Corte Constitucional. Sentencia C-563 de 2000: “No se trata entonces de exceptuar a esas entidades del régimen de carrera, sino de diseñar un sistema especial para cada una de ellas, dada su singularidad y especificidad; los regímenes especiales o “sistemas específicos” como los denominó en legislador en la norma impugnada, son carreras administrativas reguladas por normas propias, que atienden, de una parte la singularidad y especificidad de las funciones que a cada una de ellas corresponde y de otra los principios generales que orientan la carrera administrativa general contenidos en la ley general que rige la materia”. En el mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencia C-1230 de 2005: “Amparada en los criterios que delimitan la competencia legislativa para crear los sistemas específicos de carrera, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que dichos sistemas, aun cuando se caracterizan por contener regulaciones especiales para el desarrollo y aplicación del régimen de carrera en ciertos organismos públicos, no tienen identidad propia, es decir, no son considerados por ese sólo hecho como regímenes autónomos e independientes.
Al respecto, ha precisado la Corporación que los sistemas específicos son en realidad una derivación del régimen general de carrera en cuanto que, debiendo seguir sus principios y postulados básicos, sólo se apartan de éste en aquellos aspectos puntuales que pugnan o chocan con la especialidad funcional reconocida a ciertas entidades, justificándose en esos casos la expedición de una regulación complementaria más flexible, que permita armonizar y hacer compatible el sistema de carrera ordinario con las atribuciones que le hayan sido asignadas a tales entidades”. Corte Constitucional. Sentencia C-753 de 2008: “Ahora bien, específicamente en lo tocante a las carreras especiales ha dicho la Corte que éstas carreras son especiales en cuanto responden a la naturaleza de las entidades a las cuales se aplica, contienen regulaciones específicas para el desarrollo de la carrera y se encuentran en disposiciones diferentes a las que regulan el régimen general de carrera. Ha establecido también la Corte que estos regímenes especiales deben responder a un criterio de “razón suficiente” y que su constitucionalidad se encuentra condicionada a que respeten los principios y valores constitucionales que informan la carrera de la función pública, cuyo centro normativo es el concepto de ´mérito´”. En el mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencia C-733 de 2005: “De igual manera, en sede de tutela, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de los funcionarios nombrados en provisionalidad, en el sentido de que el acto por medio del cual se desvincula a una persona de un cargo de carrera para el cual fue nombrado en provisionalidad debe ser motivado, por cuanto `pese al carácter eminentemente transitorio de este tipo de nombramientos, las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad gozan de cierta estabilidad laboral, pues su desvinculación no puede hacerse de manera discrecional como está permitido para los cargos de libre nombramiento y remoción´”
Folios 84 y 85 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 372 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folios 89, 373 y 374 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 161 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Folio 291 del cuaderno principal del expediente en préstamo. Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2017. Sentencias T-118A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico n° 4.3.1.; y SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), fundamento jurídico n° 5.4. Sentencias SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico n° 8; SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico n° 89; y SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico n° 5.1. Sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico nº 4.4.
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