Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00832-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00832-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2019-00832-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA TRECE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: EDUARDO BOTERO SOTO S.A.
Demandada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Eduardo Botero
Soto S.A. contra la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación núm. 05001-23-33-000-2012-00293-01.
I. ANTECEDENTES
I.1. Proceso ordinario
I.1.1. Demanda
1. Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda1, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero 20112, instauró demanda en contra
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, cuyas
pretensiones fueron las siguientes:
“[…] 1. Que es nula la Liquidación Oficial de Revisión Renta Sociedades No.
112412011000040 del 4 de abril del 2011, practicada por la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín, para
determinar el Impuesto de Renta y Complementarios y Sanciones para la vigencia
gravable del 2007.
2. Que es nula la Resolución 900.077 del 30 de abril del 2012, proferida por la División
de Gestión Jurídica de la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín, para resolver el Recurso de
1
Hoy Eduardo Botero Soto S.A., según el certificado de existencia y representación legal aportado con el recurso
extraordinario de revisión, folios 32 a 42 del cuaderno principal.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
Reconsideración interpuesto por la sociedad actora contra la Liquidación Oficial de
Revisión que fue practicada para el año gravable 2007.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho lesionado
se decrete el resarcimiento de los siguientes perjuicios ocasionados por los actos
ilegales y arbitrarios:
1. Se condene a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a pagar
a favor de la demandante Eduardo Botero Soto y Cia. Ltda., los perjuicios materiales
sufridos por causa y razón de los Actos Administrativos proferidos por la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín, con dolo y culpa grave, teniendo en
cuenta los valores y las siguientes bases de liquidación:
a. El valor de los daños y lesiones patrimoniales ocasionados por los actos
administrativos proferidos por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín y por la Dirección de Gestión Jurídica
de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la misma Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Medellín, los cuales ascienden a la suma de VEINTISEIS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS ($26.330.500,00).
b. El monto de los intereses y rendimientos financieros liquidados sobre la cantidad
de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS
($26.330.500,00) a la tasa del 2.61% mensual vigente en el día de hoy, por el período
correspondiente a la fecha de radicación de esta demanda y la fecha en que en
cumplimiento de sentencia definitiva se realice efectiva y materialmente el pago de la
indemnización.
Que consecuencialmente no existe ninguna causa que le confiere (sic) atributo a la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín, para liquidar a cargo de la
sociedad actora para el año gravable 2007, por concepto de Impuesto de Renta y
Complementarios y Sanciones en la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($780.158.000,00). […]”.
2. Como sustento de las pretensiones, argumentó que, según lo disponen los
artículos 705 y 706 del Estatuto Tributario, de manera previa a la expedición del acto
que dispone la liquidación oficial del impuesto de renta y la sanción por inexactitud
en la declaración de dicho tributo, debe notificársele al contribuyente el
requerimiento especial que da lugar a esta determinación.
3. Señaló que la DIAN le notificó, por fuera del término previsto en la ley, el
requerimiento especial con base en el cual se profirieron los actos demandados,
con lo cual se vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
4. De otro lado, cuestionó que se hubiese rechazado la deducción por inversión en
activos fijos reales productivos del impuesto de renta que fue declarado en año
2007, toda vez que, en su criterio, las inversiones realizadas en el inmueble ubicado
en la carrera 42 No. 75-63 del municipio de Itagüí (Antioquia) estaban directamente
relacionadas con el desarrollo de su actividad productiva de renta, como es el
servicio de transporte.
5. Agregó que las referidas inversiones se relacionaban directa y permanentemente
con el servicio de transporte de carretera, actividad productiva para la que resultaba
indispensable la adquisición de sillas, escritorios, máquinas de escribir, máquinas
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Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
sumadoras, computadores, oficinas, entre otros, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 336 de 1996.
6. Indicó, que la DIAN determinó que las referidas inversiones no eran productoras
de su actividad de renta y que los bienes adquiridos no eran necesarios para la
ejecución de su objeto social, sin tener en cuenta la definición legal de activos fijos
reales y productivos, la obligatoriedad del Concepto 68191 de 8 de octubre de 2004
expedido por la DIAN, y el precedente jurisprudencial sobre la aplicación del debido
proceso en las actuaciones administrativas y judiciales.
7.Refirió que aportó pruebas en la actuación administrativa que evidenciaban que
construyó un edificio, con el propósito de contribuir al desarrollo de su objeto social,
no obstante, la administración desestimó la deducción de esta inversión al
considerar que amplió o mejoró un inmueble que ya era de su propiedad.
8.Manifestó que no se reunían los requisitos establecidos por el legislador para
imponer sanción por inexactitud, por lo que esta debía levantarse.
I.1.2. Contestación
9. La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones
de “[…] INCONGRUENCIA DE LA PRETENSIÓN PROCESAL […]”, “[…]
INCONSISTENCIAS EN EL CONTENIDO DE LA DEMANDA […]” y “[…]
AUSENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL […]” (negrilla y mayúscula del
texto).
10. Explicó que la deducción prevista en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario no
era procedente, porque las inversiones en infraestructura física, muebles y equipos
destinados a actividades administrativas, no se involucraban directamente en el
proceso productivo del cual se derivaban los ingresos declarados por la
demandante.
11. Aseguró que las mejoras o modificaciones realizadas en el inmueble ubicado en
la carrera 42 No. 75-63 del municipio de Itagüí, no pueden considerarse como
adquisición de un activo fijo real productivo, requisito para tener derecho a la
deducción solicitada.
12. Precisó que, la sanción por inexactitud del impuesto de renta declarado por la
demandante en el año 2007, se sustentó en la deducción de inversiones que no
cumplían con los presupuestos legales para ser aceptadas por la autoridad fiscal.
13. Sostuvo que el requerimiento oficial que dio lugar a los actos demandados se
notificó oportunamente el 16 de julio de 2010, por cuanto el término de dicha
notificación se suspendió por tres (3) meses, contabilizados a partir de la notificación
del auto que decretó la inspección tributaria, es decir, entre el 17 de abril de 2010 y
el 17 de julio del mismo año.
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Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
14. Concluyó que no se demostró la existencia de un daño antijurídico imputable a la
acción u omisión de la DIAN, ni el nexo causal entre la conducta y el daño, por lo
que se opuso al resarcimiento de los perjuicios requeridos por la demandante.
I.1.3. Sentencia de primera instancia
15. La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, a través
de sentencia de 8 de mayo de 2013, indicó que el problema jurídico a resolver
consistía en determinar “[…] si la liquidación oficial de revisión se realizó en el
término establecido en los artículos 705 y 706 del Estatuto Tributario y si era
procedente la deducción por concepto de inversión en activos fijos productivos,
consagrada en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario en la declaración de renta y
complementarios en el año gravable 2007 por parte de la sociedad Eduardo Botero
y Compañía Limitada. Así mismo se debe establecer si es procedente o no la
sanción por inexactitud impuesta a la demandante. […]”.
16. Explicó que el término con el que contaba la demandante para presentar la
declaración de renta y complementarios del año gravable 2007, venció el 21 de abril
de 2008; de allí que, el plazo para notificar el acto de requerimiento especial frente
a esta declaración, vencía el 21 de abril de 2010.
17. Manifestó que, no obstante lo anterior, el plazo para notificar el acto de
requerimiento especial se suspendió por tres (3) meses, desde el 17 de abril 2010
y hasta el 17 de julio de 2010, como consecuencia de la notificación del auto que
decretó una inspección tributaria.
18. Con sustento en esta suspensión, consideró que la notificación del acto de
requerimiento especial que dio lugar a los actos enjuiciados se efectuó de manera
oportuna el 16 de julio de 2010 y, en consecuencia, no se vulneró el debido proceso
de la demandante.
19. De otra parte, indicó que la inversión en muebles, equipos y la construcción o
remodelación de un inmueble, no generaban la deducción prevista en el artículo
158-3 del Estatuto Tributario, porque no participaba directamente en la actividad de
generación de renta de la demandante, como es el servicio de transporte.
20. Señaló que no se probó que la actuación del funcionario que expidió los actos
enjuiciados se alejara de la finalidad del buen servicio, así que descartó la
desviación de poder alegada por el extremo actor.
21. Consideró que existió una diferencia de criterios respecto de la interpretación de
las normas que regulaban la deducción materia de análisis, razón por la que no era
procedente imponer sanción por inexactitud y, por ello, declaró la nulidad parcial de
los actos acusados en cuanto a la imposición de esta sanción.
22. Por último, precisó que el pago de honorarios del apoderado de la accionante no
constituía un perjuicio, sino un gasto necesario para ejercer su derecho de defensa,
y decidió no condenar en costas, puesto que no hubo una parte vencida.
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Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
I.1.4. Recursos de apelación
I.1.4.1. DIAN
23. La DIAN interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 8 de mayo de 2013,
al estimar que la demandante aplicó una deducción inexistente en su declaración
del impuesto de renta y complementarios del año 2007, sin tener en cuenta que la
norma tributaria establecía, de manera clara y sin lugar a equívocos, que la
deducción por inversiones solo procede cuando se demuestra la adquisición de
activos reales productivos relacionados directamente con la actividad generadora
de renta, lo cual no fue acreditado por la demandante.
24. Esgrimió que no existía diferencia de criterios y que el tratamiento tributario
otorgado a las operaciones analizadas no se ajustaba a los preceptos de la norma,
motivo por el que la sanción por inexactitud era procedente.
I.1.4.2. Demandante
25. La sociedad demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, aduciendo que se incurrió en una “[…] vía de hecho […]” por
defecto fáctico, dado que las pruebas aportadas evidenciaban que las inversiones
realizadas y deducidas de su declaración de renta y complementarios del año 2007,
cumplían los requisitos previstos por el legislador para su deducción, debido a que
los activos adquiridos eran indispensables para prestar el servicio público de
transporte y participaban en la producción de sus ingresos.
26. Sostuvo que las construcciones realizadas en el inmueble ubicado la carrera 42
No. 75-63 del municipio de Itagüí se destinaron para gestiones administrativas y
gerenciales, con lo cual, se demostró que estaban directamente relacionadas con
el desarrollo de su objeto social y podían ser deducidos del impuesto de renta.
27. Alegó la configuración de un defecto sustantivo, porque se desconoció que el
servicio de transporte era una actividad productora de renta, distinción que no se
encuentra consagrada en los artículos 158-3 del Estatuto Tributario y 2 del Decreto
1766 de 2004.
28. Arguyó que no se valoró el dictamen pericial aportado al proceso, por medio del
cual se demostró que las inversiones objeto de deducción del impuesto de renta y
complementarios del año 2007 estaban directamente relacionadas con el desarrollo
de su objeto social.
29. Insistió
en que los actos acusados produjeron un daño susceptible de ser
indemnizado, puesto que tuvo que contratar a un abogado para defender sus
intereses en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I.1.5. Sentencia de segunda instancia
30. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia de 5 de abril de
2018, modificó los ordinales primero y segundo de la sentencia de 8 de mayo de
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
2013, en el sentido de no declarar la nulidad de la sanción por inexactitud impuesta
en los actos acusados, pero disminuir el valor de la misma, en aplicación del
principio de favorabilidad.
31. Determinó que la notificación del requerimiento especial que dio lugar a los actos
demandados se efectuó de manera oportuna, teniendo en cuenta la suspensión del
referido término, como consecuencia de la notificación del auto que decretó la
inspección tributaria, que resultó necesaria para constatar la construcción que se
alegó como inversión.
32. Expuso que la deducción consagrada en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario
busca reactivar el proceso productivo, que incide directamente en el empleo y la
rentabilidad del contribuyente, por tal razón, los activos fijos que “[…] no tengan
relación directa y permanente con la actividad productora de renta o que no fueren
indispensables para obtenerla […]”, no dan lugar a acceder a dicho beneficio fiscal.
33. Advirtió que el inmueble en el cual se efectuaron las inversiones objeto de
deducción, formaba parte del patrimonio de la sociedad demandante antes de que
se presentara la declaración de renta y complementarios del año 2007.
34. Consideró, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad Eduardo Botero & Cía Ltda y de la inspección tributaria realizada en
sede administrativa, que el objeto social de la demandante era el “[…] negocio de
transporte […]”; sin embargo, la contribuyente omitió concretar el tipo de actividades
que comprende dicha actividad, los bienes que usualmente se requieren para su
desarrollo y su relación con “[…] los equipos utilizados para prestar el servicio
privado de transporte y con las operaciones que conforman la actividad
transportadora […]”.
35. Concluyó que la deducción presentada era improcedente, porque la ampliación
o modificación de las oficinas y la adquisición de muebles, no cumplían con el
requisito de incidir o participar directamente en la actividad generadora de renta y
no resultaban indispensables para su proceso productivo, pues se destinaron a la
parte administrativa y gerencial de la empresa.
36. En relación con la sanción por inexactitud, mencionó que la demandante incluyó
en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2007, deducciones
que no se ajustaban a los parámetros legales y que derivaron en la disminución del
impuesto a pagar, por lo que la sanción por inexactitud impuesta en los actos
acusados estaba debidamente acreditada.
37. Advirtió que el artículo 647 del Estatuto Tributario fue modificado por la Ley 1819
de 29 de diciembre 2016, norma en la que se estableció “[…] una sanción más
favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación
anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a favor determinado en las
liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente […]”. De allí que, en
aplicación del principio de favorabilidad, reliquidó la sanción por inexactitud y fijó
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
como valor a pagar por impuesto sobre la renta del año 2007 la suma de “[…]
$719.395.000 […]” (negrilla del texto).
38. Por último, decidió no condenar en costas, puesto que ninguna de las partes
resultó vencida.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario - causales invocadas-
39. Eduardo Botero Soto S.A., por intermedio de apoderado judicial, instauró recurso
extraordinario de revisión en el que solicitó que se declare la nulidad de la sentencia
de 5 de abril de 2018, el “[…] resarcimiento de los daños y lesiones ocasionados
[…]” y la condena en costas de la entidad demandada.
40. En criterio de la recurrente, se configura la causal de revisión prevista en el
numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, porque la
providencia censurada vulneró su derecho al debido proceso al incurrir en una “[…]
vía de hecho […]” por defecto sustantivo y fáctico.
41. Explicó que “[…] presta el servicio público de transporte de carga por carretera,
únicamente con vehículos de propiedad de terceros […]”, y que en ejercicio de esta
actividad tiene derecho a la deducción por inversión en activos fijos reales
productivos, prevista en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, dado que las
inversiones realizadas formaban parte de su patrimonio, se relacionaban
directamente con el servicio de transporte y fueron incluidas en los ingresos brutos
declarados en el año gravable 2007.
42. Alegó la configuración de un defecto sustantivo por inaplicar al servicio de
transporte las disposiciones del artículo 158-3 del Estatuto Tributario, norma que no
excluye la actividad en la que se emplearán dichos activos fijos, pues la única
condición es que sean imputables a los ingresos del contribuyente.
43. Aseveró que se aplicaron de manera incorrecta las disposiciones de la Ley 336
de 1996 y del Decreto 01 de 1990, normas en las que se precisa en qué consiste el
negocio del transporte y los requisitos para su desarrollo; conceptos que debieron
interpretarse en armonía con la información consignada en el certificado de
existencia y representación legal de la contribuyente y en la declaración de renta y
complementarios del año gravable 2007, puesto que la empresa tiene como objeto
social el servicio privado de transporte, de modo que no era acertado aducir que
“[…] no concretó el tipo de actividades que comprende,… (sic) “el negocio del
transporte” […]”.
44. Expuso que la actividad de transporte comprende “[…] un conjunto organizado
de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o
conjuntamente, de un lugar a otro […]”, en la que resulta indispensable la gestión
administrativa, en los términos del artículo 10 de la Ley 336 de 1996.
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45. Señaló que la sentencia objeto de revisión se sustentó en una “[…] apreciación
errada, por cuanto la deducción rechazada no es propiamente una expensa
deducible sino una inversión que para los fines del incentivo preceptuado en la Ley
que la crea, se califica como deducción, razón por la cual para su admisibilidad, el
contribuyente debe cumplir los requisitos y condiciones en ella preceptuados […]”.
46. Arguyó la indebida interpretación del artículo 647 del Estatuto Tributario, el
desconocimiento de la sentencia C-571 de 14 de julio de 2010, proferida por la Corte
Constitucional, y manifestó que no incurrió en error de derecho o de hecho en su
declaración del impuesto de renta y complementarios del año 2007, toda vez que el
acervo probatorio aportado al proceso ordinario evidenciaba que las inversiones
realizadas constituían una erogación indispensable para el desarrollo de su
actividad económica.
47. Indicó que se concretó un defecto fáctico por “[…] desconocer las pruebas
insistentemente presentadas […] para demostrar la participación directa de la
inversión en activos fijos reales y productivos, en las actividades de servicio de
transporte, desarrolladas […] para la generación de los ingresos denunciados en la
Declaración de Renta y Complementarios del año gravable 2007 […]”.
48. Añadió que la providencia cuestionada no tuvo en consideración que las
inversiones objeto de deducción en la declaración del impuesto de renta y
complementarios del año 2007, se hicieron con el propósito de construir un edificio
que era indispensable para el desarrollo de la actividad de transporte. En ese
sentido, afirmó que se omitió la valoración de las siguientes pruebas:
“[…] 1. Fotocopia simple del contrato de arrendamiento del inmueble localizado en la
carrera 42 No. 75 63 y 75 13 (sic) del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia,
celebrado con la sociedad Servilogstica (sic) Ltda, el 1º de enero del 2003.
2. Fotocopia simple del Laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento entre
Programadora de Transportes Ltda, Administradora de Bienes y Transportes Ltda,
Eduardo Botero Soto y Cia (sic) Ltda y María Victoria Rodríguez de Botero VS
Servilogística S.A., el 6 de diciembre del 2006.
3. Fotocopia de la Escritura Pública 3176, otorgada por la Notaria (sic) Quince del
Círculo Notarial de Medellín, mediante la cual Eduardo Botero Soto y Cia (sic) Ltda
adquiere la propiedad total del inmueble localizado en la carrera 42, autopista sur. No.
65 73, del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia.“ (sic)
4. Fotocopia simple del contrato de construcción suscrito entre Eduardo Botero Soto
y Cía Ltda y la empresa DC&R Ingenieros Civiles Ltda, el 1º de octubre del 2008.
5. Fotocopia simple de la modificación del contrato de construcción firmado el 1º de
julio del 2009.
6. Fotocopia simple del contrato de interventoria (sic) de construcción firmado el 14
de noviembre del 2008.
7. Fotocopia simple de las fotos demostrativas de la demolición identificadas con los
Nos. 1, 2. 3, 4, 5, 6 y 7.
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Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
8. Fotocopia simple de las fotos de la construcción identificadas con los Nos.1 y 2, y
3 que es la foto final del edificio ya construido.
[…]
La dirección consignada en el Registro Único Tributario presentado el 26 de junio de
2007, en el cual puede apreciarse que Eduardo Botero Soto S.A, confirma la dirección
de la calle 65 No. 56 176 (sic) de la ciudad de Medellín.
La dirección consignada en el Registro Único Tributario presentado el 25 de
septiembre de 2009, en la cual informa como nueva dirección la de la carrera 42 No.
75 63 (sic), autopista sur, del municipio de Itagüí - departamento de Antioquia, por
razón a que fijó su domicilio para todos los efectos legales en este municipio,
conforme se hace constar por los Certificados de Existencia y Representación Legal,
expedidos por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en los cuales se certifica lo que
aparece transcrito en la demanda contencioso administrativo, de la siguiente manera:
“QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0007257 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN
DEL 17 DE JUNIO DE 2009, INSCRITA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL
NÚMERO 00064141 DEL LIBRO IX, CAMBIÓ SU DOMICILIO DE MEDELLIN A
ITAGÜÍ, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA
CÁMARA LA CONSTITUCIÓN, SUS CORRESPONDIENTES REFORMAS ASÍ
COMO LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS. (sic) LA PERSONA JURÍDICA
[…]”.
49. Adujo el desconocimiento del precedente jurisprudencial y la vulneración de su
derecho a la igualdad, puesto que, en un caso similar, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado3 aceptó la deducción por inversión en activos fijos reales productivos
cuando su resultado es necesario para el desarrollo del objeto societario.
50. Resaltó que aportó al proceso ordinario un dictamen pericial, suscrito por un
contador público titulado, en el que se plasmó la procedencia de la deducción
requerida con fundamento en la información registrada en sus libros oficiales de
contabilidad, sin que se observara algún pronunciamiento sobre aspectos de
derecho, como se concluyó en la providencia cuestionada en sede de revisión.
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
51. El recurso extraordinario de revisión fue presentado el 25 de febrero de 2019
ante la Secretaría General del Consejo de Estado, y luego de efectuarse el
correspondiente reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Trece Especial de
Decisión, bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00832-00.
52. El 6 de marzo de 2019, el Consejero de Estado, doctor Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, en su calidad de ponente de la Sala Trece Especial de Decisión, manifestó
su impedimento para conocer del asunto, con fundamento en las causales previstas
en los numerales 1. y 2. del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20124, por
haber integrado la sala de decisión que profirió la sentencia de primera instancia
dentro del proceso ordinario.
3
Sentencia de 1.° de agosto de 2016, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
4
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
53. Mediante providencia de 10 de junio de 2019, la Sala Especial de Decisión
dispuso declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. En consecuencia, el despacho ponente de la presente decisión
asumió el conocimiento del proceso.
54. En decisión de 30 de septiembre de 2019, se dispuso: (i) rechazar el recurso
extraordinario de revisión presentado en contra de la Liquidación Oficial de Revisión
No. 112412011000040 de 4 de abril de 2011 y de la Resolución No. 900.077 de 30
de abril de 2012, expedidas por la DIAN; y (ii) admitir el recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
55. Mediante auto de 27 de enero de 2020, se tuvo por contestada oportunamente
la demanda por parte de la DIAN y se resolvió sobre las solicitudes de pruebas de
las partes.
56. Vencido el plazo de fijación en lista5, el expediente pasó al despacho.
57. El 20 de febrero de 2023 se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo
de Antioquia que remitiera en medio digital o físico el expediente ordinario núm.
05001-23-33-000-2012-00293-00, en el que se profirió la sentencia de 5 de abril de
2018; expediente debidamente incorporado al plenario y que se encuentra visible
en el índice 53 del expediente digital.
58. El 6 de marzo de 20236, el expediente pasó para sentencia.
II.3. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
59. La DIAN se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en los siguientes argumentos:
60. Mencionó que los vicios alegados en el recurso extraordinario de revisión fueron
analizados tanto en sede administrativa como judicial, motivo por el cual, dichos
vicios no se originaron en la sentencia objeto de revisión y, por ello, no se
configuraba la causal invocada.
61. Anotó que lo pretendido por la recurrente es reabrir el debate que se suscitó en
las instancias ordinarias, subsanar sus omisiones y cuestionar la decisión que puso
fin a este proceso, con base en supuestas irregularidades que no configuran la
causal de revisión invocada.
62. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la recurrente.
II.4. Ministerio Público
63. Guardó silencio7.
5
Cfr. Índice 41 del expediente digital.
6
Cfr. Índice 54 del expediente digital.
7
Cfr. Índice 23 del expediente digital.
11
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
64. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.
65. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la Sección que profirió la decisión.
66. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en los asuntos que esta última les encomiende,
salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.
67. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]”.
68. Los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso extraordinario
puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos en esta
última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.
69. En el caso concreto, se advierte que Eduardo Botero Soto S.A., el 25 de febrero
de 20198, presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de
5 de abril de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 05001-23-33-
000-2012-00293-01; providencia que fue notificada por estado el 16 de abril de
20189 y quedó ejecutoriada10 el 19 de abril de 2018, es decir, que el recurso se
presentó antes del vencimiento del término de un año que señala la norma.
8
Cfr. Índice 43 del expediente digital.
9
Cfr. Índice 21 del expediente ordinario.
10
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564.
12
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
70. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario
de revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los presupuestos procesales
para su estudio de fondo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
71. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
72. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.
73. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 11;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido12.
74. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, pues se trata de un mecanismo de control autónomo que
vincula su procedencia a las causales previstas por el legislador en los artículos 250
de la Ley 1437 y 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 200313. Es por ello que, su
naturaleza excepcional impide: (i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico
propio de las instancias ordinarias; (ii) subsanar las omisiones de las partes en el
curso del proceso; y (iii) cuestionar la interpretación normativa del juez natural.
11
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
12
Ibidem.
13
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
13
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
III.3. De la causal invocada
75. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca el demandante es la
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]”.
76. Como puede apreciarse, el legislador restringió la procedencia de este
mecanismo extraordinario a las sentencias ejecutoriadas contra las que no
procedan recursos, con el fin de corregir errores graves y la perpetración de
decisiones injustas o irregulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio se presente en el momento
previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo, evento que deberá
demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión14.
77. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible valerse de esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564, sin perjuicio del deber del juez de
declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes de dictar sentencia.
78. Bajoestas glosas, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo15 ha sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia son las siguientes:
“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
14
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
79. Adicionalmente, se ha aceptado16 que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se
originan en la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Carta Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para
configurar la causal de revisión en cita.
80. En este punto, la Sala considera relevante precisar que el precepto constitucional
en mención, se relaciona con los principios de legalidad, tipicidad, juez natural,
favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad, doble instancia, non bis in idem,
entre otros. Asimismo, integra los derechos de defensa, contradicción, autonomía e
independencia del juez y contempla la declaratoria de nulidad de pleno derecho de
la prueba obtenida irregularmente y la observancia de los términos probatorios y la
oportunidad para solicitar, aportar y contradecir las pruebas.
81. Visto
lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.
III.4. Problema jurídico
82. Corresponde determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, toda vez que, según la recurrente, la
sentencia objeto de revisión está viciada de nulidad por vulnerar el derecho al
debido proceso, al incurrir en una “[…] vía de hecho […]” por defecto sustantivo y
fáctico, como consecuencia del rechazo de la deducción por inversión en activos
fijos reales productivos, incluida en la declaración de renta y complementarios del
año gravable 2007, y la imposición de sanción por inexactitud respecto de la
declaración de dicho impuesto.
III.5. De la configuración o no de la causal de revisión alegada
83. Del análisis de los argumentos planteados por la recurrente, la Sala Especial de
Decisión evidencia que su inconformidad se concreta en los siguientes cargos:
84. i) La configuración de un defecto sustantivo por inaplicar las disposiciones del
artículo 158-3 del Estatuto Tributario al servicio de transporte e interpretar
indebidamente los artículos 107 y 647 del Estatuto Tributario, la Ley 336 de 1993 y
el Decreto 01 de 1990.
85. ii) La materialización de un defecto fáctico por el desconocimiento de las pruebas
que demostraban la participación directa de las inversiones, incluidas en la
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15
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Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
declaración de renta y complementarios del año gravable 2007, en el servicio de
transporte.
86. iii) La omisión en la valoración de las pruebas que confirmaban que una de las
inversiones consistió en la construcción de un edificio, que era necesario para el
desarrollo de la actividad de transporte, y no en la ampliación o modificación de
unas oficinas.
87. iv) La indebida valoración del dictamen pericial, suscrito por un contador público
titulado, en el que se expuso la procedencia de la deducción pretendida por la
inversión en activos reales productivos.
88. v) La lesión del derecho a la igualdad por el desconocimiento del precedente
jurisprudencial, contenido en las sentencias C-571 de 14 de julio de 2010 y de 1° de
agosto de 201617, proferidas por la Corte Constitucional y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, respectivamente.
89. Para efectos de resolver, la Sala precisa que en la sentencia de 5 de abril de
2018, se analizó “[…] si las inversiones realizadas por la actora y que
correspondieron a una construcción realizada en la carrera 42 No. 75-63 del
municipio de Itagüí y la compra de muebles y enseres, equipos de comunicación y
cómputo, cumplen los requisitos previstos en el artículo 158-3 del E.T. para ser
aceptados como deducibles y […] si es procedente la sanción por inexactitud […]”.
90. En el citado proveído se expuso que la deducción por inversión solicitada se
aplica a los activos que se relacionan directa y permanentemente con la actividad
generadora de renta y que resultan indispensables para obtenerla, motivo por el que
aquellos que participan de manera indirecta, como la adquisición de muebles y
equipos asignados a la parte administrativa y gerencial, se excluyen de esta
prerrogativa fiscal.
91. Respecto de lo que debe entenderse por activos que se relacionan directa y
permanentemente con la actividad generadora de renta, en tratándose de los
servicios, consideró:
“[…] esta Sala ha resaltado que, para el caso de aquellos contribuyentes cuya
actividad es la prestación de un servicio, la deducción del artículo 158-3 ET impone
establecer si el mobiliario objeto de la inversión participa de manera directa en la
actividad productora de renta del contribuyente prestador del servicio, al punto que
sin él esa prestación no sería efectiva18.
Lo anterior, porque lo normal es que el mobiliario de las oficinas también se destine a
áreas de la empresa que sólo cumplen funciones administrativas, de manera que
quien pretende la deducción debe probar que tales bienes se destinan al área que
tiene a su cargo la parte productiva de la empresa. Así lo precisó la Sala en sentencia
del 15 de noviembre de 2017, Exp. 21042, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
al señalar: «Como la dificultad surge, precisamente, en la verificación de la
relación directa a la que se ha hecho alusión, es indispensable que el
17
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
18
“Sentencia del 9 de marzo del 2017, Exp. 20636. M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas”.
16
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
contribuyente aporte los elementos de juicio que lleven al convencimiento de
tal hecho, de manera objetiva». […]” (negrilla del texto y subrayado fuera de texto).
92. Frente al objeto social desarrollado por la demandante, precisó:
“[…] de acuerdo con el objeto social [consignado en el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Eduardo Botero & Cía Ltda.] […] y las
conclusiones de la inspección tributaria, se observa que aquél refiere al “negocio de
transporte” de manera general, sin que la demandante concretara el tipo de
actividades que comprende, ni diera idea alguna sobre los bienes o las
expensas normalmente acostumbradas en esa actividad.
Sin embargo, el referente legal sobre ese punto se encuentra en el Estatuto Nacional
de Transporte – Ley 336 de 1996 – cuyo artículo 5 define al servicio privado de
transporte como «aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de
personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas
naturales y/o, jurídicas», con equipos propios que deben cumplir con la normativa
establecida por el Ministerio de Transporte.
A su vez, el artículo 6 ibidem, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 171 de
2001, alude a la actividad transportadora, como «un conjunto organizado de
operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con
las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los
reglamentos del Gobierno Nacional» […]” (negrilla del texto).
93. Según lo indicado, el ad quem determinó que la obra realizada en el municipio
de Itagüí y los muebles y enseres adquiridos por la sociedad demandante,
participaban indirectamente en la actividad productora de renta, motivo por el cual
mantuvo el rechazo de la deducción requerida, como se observa:
“[...] el contribuyente no hizo precisión alguna en relación con los equipos utilizados
para prestar el servicio privado de transporte y con las operaciones que conforman la
actividad transportadora, de la cual pudiera inferirse que las obras realizadas en la
carrera 42 No. 75-63 tienen una relación directa con la actividad productora de renta.
[…]
En esas condiciones y con fundamento en la jurisprudencia, la Sala advierte que la
ampliación o modificación de las oficinas donde se desarrolla la parte administrativa
de la sociedad y de sus subordinadas, aspecto no controvertido por la demandante,
no cumple con el requisito de tener una incidencia o participación directa en la
actividad productora de renta que, en este caso, es el servicio de transporte, ni
que resulten indispensables para la ejecución del proceso productivo.
La Sala no desconoce que, como lo plantea la actora, para la realización de ciertas
actividades, el personal de la empresa deba contar con oficinas o espacios adecuados
para el cumplimiento de sus funciones, sin embargo, para este caso, tal participación
en la actividad productora de renta sería indirecta y no cumple con la finalidad
de la deducción prevista en el artículo 158-3 E.T., a la cual se ha hecho
referencia, pues, se insiste, no existe una relación directa entre la inversión
objeto de análisis y la actividad de transporte propiamente dicha.
La inversión objeto de examen tampoco podría encuadrarse como una mejora de
aquellas que impiden que la producción se paralice o que se disminuya la capacidad
productiva de la empresa para hacer procedente la deducción del artículo 158-3 E.T.,
pues esta recae sobre las oficinas donde se desarrolla la parte administrativa y
gerencial y no sobre los equipos o servicios directamente relacionados con el
17
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
transporte de personas y/o cosas que corresponde a la actividad que desarrolla la
actora. Las anteriores razones son suficientes para mantener el rechazo de la
deducción.
[…]
El demandante no discute que los muebles y enseres objeto de la deducción fiscal se
destinan a actividades de administración de la empresa, razón por la cual, la Sala
hace extensivas las conclusiones expuestas al analizar la deducción respecto de la
adecuación de oficinas, pues los muebles y equipos destinados a la parte
administrativa y gerencial de las empresas, son activos fijos que participan
indirectamente en el proceso productivo.
Teniendo en cuenta que en el presente expediente tampoco reposan pruebas
fehacientes de que los muebles y enseres adquiridos por la demandante en el
año 2007 hubieren sido directa y permanentemente utilizados en la prestación
del servicio de transporte, que representa la actividad productora de renta, se
reitera el criterio adoptado por la Sala y, en consecuencia, se mantiene el rechazo de
la deducción por inversión en muebles y enseres […]” (negrilla fuera del texto).
94. En lo atinente a la sanción por inexactitud prevista en el artículo 647 del Estatuto
Tributario, se concluyó:
“[…] resulta probado que la demandante incluyó deducciones que no se
ajustaban a los presupuestos legales, lo que derivó un menor impuesto a
pagar19, tal como lo definió la Sala en la sentencia del 9 de marzo de 2017, en el que
se resolvió una controversia entre las mismas partes.
Ahora bien, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de
201620, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció en el
parágrafo 5 que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio
tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior».
Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647
del Estatuto Tributario21, fue modificada por la Ley 1819 de 201622, al establecer una
sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la
legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor
determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.
En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y
establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% […]” (negrilla fuera del
texto).
95. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que los motivos de inconformidad
expresados por la recurrente ya fueron resueltos por el juez ordinario, y lo que
propende es utilizar el recurso extraordinario de revisión como una tercera instancia,
dado que la decisión adoptada por el juez de la causa no fue favorable a sus
pretensiones.
19
“En sentencia de 9 de marzo de 2017, Exp. 20363, la Sala se pronunció en un asunto similar, entre las mismas partes, por
un periodo distinto [Impuesto de renta – año gravable 2004]”.
20
“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones”.
21
“Artículo 647. Sanción por inexactitud. […] La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%)
de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por
el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el
impuesto declarado por el contribuyente. […]” (negrilla y subrayado del texto).
22
“Artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 648 del E.T.”.
18
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
96. Por lo tanto, el primer argumento del recurso, relacionado con la configuración de
un defecto sustantivo, no está llamado a prosperar, en razón a que no se dirige a
evidenciar una causal de nulidad o de vulneración al debido proceso en que haya
incurrido la sentencia objeto de revisión, sino a cuestionar la interpretación
normativa efectuada por el juez ordinario en el marco de sus competencias,
pretensión que desborda la naturaleza de este mecanismo de impugnación.
97. En cuanto al segundo argumento del recurso, asociado con el desconocimiento
del acervo probatorio que demostraba la participación directa de las inversiones
realizadas en las actividades del servicio de transporte, se advierte que la recurrente
expuso, de manera general, una presunta anomalía, sin especificar las pruebas que
dejaron de analizarse en el fallo cuestionado y por qué su valoración era
determinante para adoptar la decisión final.
98. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la
interposición del recurso extraordinario de revisión “[…] exige una carga
argumentativa precisa por parte del recurrente, toda vez que, esta debe hacerse de
manera técnica, rigurosa y fundamentada, y que impida la reapertura de aspectos
que fueron tratados por el juez de instancia. De ahí que, tampoco sea un
instrumento procesal para discutir los fundamentos jurídicos de las providencias23.
[…]”.
99. En armonía con lo anterior, esta Sala Especial de Decisión, en sentencia de 7 de
abril de 201524, indicó:
“[…] 5.1.5.- Al respecto, debe tenerse en cuenta que la apreciación o valoración
probatoria que haga el juez en la sentencia sea que se haga de una forma u otra, no
puede ni debe considerarse como violación al debido proceso, salvo que se trate de
una evidente arbitrariedad o una ausencia total de motivación.
Y eso es así, porque dicha apreciación es una actividad propia de la labor de
juzgamiento del juez, que se encuentra revestida por el principio de autonomía e
independencia judicial y por el principio de la sana crítica.
5.1.6.- En ese sentido, el desacuerdo en la valoración de las pruebas no puede
ser desatado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión. De ser
así, se convertiría este recurso en un escenario para evaluar el grado de
convencimiento de los razonamientos de los jueces ordinarios y, por ende, en una
tercera instancia, lo que vulneraría el principio de cosa juzgada.
No puede perderse de vista que la interpretación y valoración probatoria es un
asunto propio del debate que debe surtirse en el proceso ordinario de
conocimiento.25 […]” (negrilla fuera del texto).
100. A partir de la jurisprudencia citada supra, se encuentra que la taxatividad de la
causal de que trata el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 y los derroteros
jurisprudenciales que establecen los límites del juez revisor, hacen improcedente la
prosperidad de este cargo del recurso, comoquiera que la falta de carga
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 13 de
octubre de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7 de abril de
2015. Radicación: 2013-02724-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
25
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- sentencia 076 del 11 de marzo de 1991.
19
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
argumentativa del libelista implicaría adelantar un nuevo estudio de todas las
pruebas que fueron allegadas al proceso ordinario, con lo cual el mecanismo
extraordinario de revisión se convertiría en una tercera instancia.
101. Frente al tercer argumento del recurso, se precisa que la revisionista adujo la
omisión en la valoración de las pruebas relacionadas en el numeral 48 de la
presente decisión, por considerar que las mismas corroboraban que una de las
inversiones consistió en la construcción de un edificio, el cual era necesario para la
actividad de transporte, y no en la ampliación o modificación de unas oficinas.
102. Alrespecto, se observa que la recurrente no sustentó con suficiencia las
repercusiones que la presunta falencia de valoración probatoria tuvo en la
providencia examinada, en orden a establecer el carácter fundamental de las
pruebas enunciadas y su potencialidad para alterar la decisión definitiva.
103. Por el contrario, se observa que la distinción sobre si la citada inversión
consistió en la construcción de un edificio o la ampliación o modificación de unas
oficinas, concuerda con las inconformidades planteadas desde el libelo introductorio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, entonces, no se
trata de un vicio propio de la sentencia de segunda instancia, sino de la reiteración
de su desacuerdo con el resultado del proceso.
104. Además, se itera que el ad quem no accedió a la deducción pretendida, porque
las inversiones “[…] no cumple[n] con el requisito de tener una incidencia o
participación directa en la actividad productora de renta que, en este caso, es el
servicio de transporte, ni […] [resultan] indispensables para la ejecución del proceso
productivo […]”.
105. En consecuencia, la eventual omisión en la valoración de las pruebas tendientes
a demostrar que una de las inversiones consistió en la construcción de un edificio,
no desvirtúa las conclusiones a las que arribó el juez de la causa.
106. Así las cosas, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
107. En lo atinente al cuarto argumento del recurso, relativo a la indebida valoración
probatoria del dictamen pericial aportado al proceso, la Sala Especial de Decisión
reitera que el juez revisor no está habilitado para ahondar en la idoneidad de los
criterios hermenéuticos aplicados por el ad quem, que ejerce sus funciones en
cumplimiento de los principios de autonomía, independencia y sana crítica. Por
consiguiente, la inconformidad de la demandante no está llamada a prosperar.
108. Por último, en lo que atañe al quinto cargo del recurso, relacionado con la lesión
al derecho a la igualdad por el desconocimiento del precedente jurisprudencial,
contenido en las sentencias C-571 de 14 de julio de 2010 y de 1° de agosto de
201626, proferidas por la Corte Constitucional y la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, respectivamente, se advierte que no constituye un vicio que tenga la
26
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
vocación de materializar una nulidad originada en la sentencia27, porque no se
encamina a la revisión de irregularidades de carácter procedimental, sino al examen
de aspectos de fondo de la providencia acusada.
109. En virtud de las razones expuestas, se considera que los cuestionamientos de
la demandante coinciden con aspectos esenciales de la controversia que se suscitó
en el proceso ordinario, de modo que lo pretendido es que se retome el estudio del
acervo probatorio, se examine la labor intelectual del juez de la causa y se enerven
los fundamentos jurídicos de la decisión, propósitos ajenos a la finalidad de este
medio extraordinario de impugnación.
110. En consecuencia, la Sala Especial de Decisión concluye que no se acreditó la
configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de
la Ley 1437, razón por la cual declarará infundado el recurso.
III.6. De la condena en costas
111. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25528 de la Ley
1437 y en el numeral 8. 29 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en
costas a la recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la DIAN.
112. Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.30 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Eduardo Botero Soto S.A. en contra de la sentencia de 5 de abril de
2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 05001-23-33-
000-2012-00293-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.
27
Sobre la imposibilidad de considerar el desconocimiento del precedente judicial como un presupuesto configurativo de la
nulidad originada en la sentencia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la
Sección Tercera. Sentencia de 22 de agosto de 2022. Radicación: 11001-03-26-000-2018-00064-00. C.P. Nicolás Yepes
Corrales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia de 4 de agosto
de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2016-03553-00. C.P. César Palomino Cortés.
28
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
29
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
30
Ibidem.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00832-00
Demandante: Eduardo Botero Soto S.A.
TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Trece Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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