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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00876-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00876-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social del señor Mario Enrique Acosta Alexander, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 5 de enero de 2019, por la citada Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm único de radicación 08 001 33 33 010 2017 00288 01, promovido por el señor Mario Enrique Acosta Alexander contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia en el referido medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que acate las consideraciones puestas de presente en esta sentencia. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00876-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

25 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Establecido en la sentencia del 7 de marzo de 2013 de la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado / ASIGNACION DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL - Inclusión de la prima de actividad en un 55% / PORCENTAJE DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD - De conformidad con el Decreto 2070 de 2003 vigente al momento del retiro efectivo del servicio / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Para la Sala, frente a la sentencia de 7 de marzo de 2013, considera que si constituye un precedente judicial, que debe ser aplicado en un caso concreto, toda vez que fue proferida, al conocer y decidir un recurso extraordinario de revisión, y en ese orden de ideas, las reglas jurisprudenciales plasmadas en dicha providencia judicial, deben ser aplicadas por los jueces, cuando se evidencie que las situaciones fácticas de ambos casos, sean similares o análogas. (…) Para la Sala la citada providencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado si constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, toda vez que las situaciones fácticas de ambos casos son similares al estudiado en la presente oportunidad, y en ese orden de ideas la ratio decidendi establecida en la sentencia de i) 7 de marzo de 2013, debe ser aplicada al caso concreto. En ese orden de ideas para la Sala, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que si bien es cierto tuvo en cuenta la regla jurisprudencial plasmada en dicha providencia, de que en este tipo de eventos, la norma jurídica aplicable al caso concreto es el Decreto 2070 de 2003, y no el Decreto 1213 de 1990, teniendo en cuenta que la fecha de retiro del [actor] ocurrió el 25 de febrero de 2004, es decir, antes de que se declarara inexequible el Decreto 2070 por parte de la Corte Constitucional, en sentencia C-432 de 2004, se apartó sin cumplir con una carga argumentativa persuasiva y convincente de la interpretación respecto al porcentaje de la prima de actividad, efectuado por el Consejo de Estado (…)En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado en lo que respecta a la manera en que se ha interpretado el porcentaje de la prima de actividad

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 270 / DECRETO 2070 DE 2003 - ARTÍCULOS 24

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00876-00(AC)

Actor: MARIO ENRIQUE ACOSTA ALEXANDER

Demandado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas

Violación directa de la Constitución/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) seguridad social

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Mario Enrique Acosta Alexander contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 7 de junio de 2018 y el Tribunal al proferir la sentencia de 5 de enero de 2019 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08 001 33 33 010 2017 00288 01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 7 de junio de 2018 y el Tribunal al proferir la sentencia de 5 de enero de 2019 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08 001 33 33 010 2017 00288 01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Expresó que prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional, en donde fue retirado del mismo, mediante Resolución núm. 0135 del 28 de enero de 2004, expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR).

4. Adicional a lo anterior, indicó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), mediante Resolución núm. 03024 de 22 de junio de 2004, le reconoció la asignación de retiro, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1213 de 8 de junio de 1990, adicional a lo anterior, enunció que la misma entidad le reconoció la prima de actividad en cuantía equivalente al 20% del sueldo básico.

5. Adujó que se retiró del servicio el 25 de febrero del 2004; fecha en la que se encontraba vigente el Decreto-ley 2070 de 13 de julio de 2003, y que posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004.

6. Señaló que elevó petición el 1 de septiembre de 2017, en la cual le solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), el reconocimiento y pago de la totalidad de la prima de actividad y el retroactivo correspondiente causado por no solventar la obligación, lo anterior de conformidad con el Decreto-ley 2070, por cuanto la fecha de su retiro fue el 25 de febrero de 2004, y no la fecha en que se le reconoció la asignación de retiro.

7. Expresó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), mediante Oficio E-00003-201719488-CASUR Id.262107 de 8 de septiembre de 2017 resolvió la petición interpuesta, negando lo solicitado por el actor, referente al reconocimiento del pago equivalente al 100% de la prima de actividad.

8. El señor Mario Enrique Acosta Alexander presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos de Retiros de la Policía Nacional – (CASUR), con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio E-00003-201719488-CASUR Id.262107 de 8 de septiembre de 2017, y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la parte demandada a reajustar y pagar la asignación mensual de retiro con la inclusión de la totalidad de la prima de actividad en los términos del artículo 24 del Decreto 2070.

Sentencia proferida el 7 de junio de 2018 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho con número único de radicación 08001 33 33 010 2017 00288 00

9. El Juzgado, mediante sentencia de 7 de junio de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…]
1.- DENIEGUENSE las pretensiones de la demanda de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin costas

3. Notifiquese por Estrado la presente providencia

4. Se advierte por parte del Despacho que a partir del día siguiente a la fecha de esta diligencia, empiezan (sic) a correr el término para interponer y sustentar el recurso de apelación de que trata el artículo 247 de la ley 1437 de 2011
[…]”.

10. Expresó que:

“[…] De conformidad con la hoja de servicios que se avista a folio 7 del expediente, tenemos que el actor prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio de veintidós (22) años, seis (6) meses y cuatro (4) días, lo que conlleva a concluir que la entidad demandada obró conforme a derecho, en aplicación de la normatividad vigente para la época, tal como se observa en la resolución de reconocimiento de la asignación de retiro.

Concluyéndose de esta manera que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR- al momento de efectuar la liquidación definitiva de la Asignación de Retiro procedió hacerlo como ya se dijo conforme a la norma vigente para la época en que sucedieron los hechos que se controvierten en la presente demanda.

Con lo anterior, al actor se le reconoció la totalidad de la Asignación de Retiro, incluyéndole la prima de actividad, por cuanto efectivamente, la misma hace parte de la Asignación de Retiro, mal haría en pretender que se le reconozca un derecho consagrado en norma distinta a la esfera que lo cobijaba en su momento.

Como lo ha reiterado el Honorable Consejo de Estado en asuntos de naturaleza jurídica similar al que ahora conoce, carece de fundamento legal la argumentación expuesta por la parte actora en la cual apoya sus pretensiones, pues como lo ha dicho la Corporación en numerosas ocasiones, los derechos adquiridos resultan aplicables frente a situaciones jurídicas consolidadas y no respecto de aquellas que no han sido incorporadas de manera definitiva al patrimonio del titular y que, por ende, constituyen meras expectativas.

Al respecto, como lo sostuvo en sentencia del 17 de julio de 1995, expediente No 7501, Magistrada Ponente: Doctora Dolly Pedraza de Arenas, la garantía de los derechos adquiridos protege aquellos derechos que han ingresado al patrimonio del titular, como podría predicarse del derecho a un salario causado, a una pensión cuando se obtiene el status de acuerdo con la ley, a unas vacaciones consolidadas, vale decir, a todos los derechos que por el desempeño del empleo hacen parte del patrimonio del servidor público.

De allí que dicha garantía se refiere exclusivamente a las situaciones jurídicas particulares y consolidadas; no a las regulaciones de carácter general y abstracto. Como se dijo en dicha providencia, los derechos, individuales adquiridos sólo pueden determinarse en cada caso particular, cuando ante un cambio de legislación, quien tenga un derecho causado invoque la ley vigente para cuando nació su derecho, pues no existe derecho a la legislación anterior en el sentido en que lo pretende la demandante, “de que la norma sea inmodificable cuando rige situaciones particulares...”.

La Corte Constitucional, así mismo, se ha pronunciado sobre los derechos adquiridos respecto de la estabilidad de un régimen legal. Dijo la Corte en la sentencia C-279 de 1996 lo siguiente: "En varias ocasiones, la jurisprudencia constitucional del país, expresada por la Corte Suprema de Justicia antes de 1991, y luego por la Corte Constitucional, ha manifestado que no existe derecho adquirido a la estabilidad de un régimen legal. Las normas legales acusadas bien podían entonces disponer que no se consideran parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones sociales, ciertas remuneraciones que, a la luz de criterios tradicionales, deberían haberse tenido como parte de aquel”.

[…]”.

11. Indicó que, conforme a la legalidad que se presume de los actos administrativos, le corresponde al actor demostrar los motivos que provocaron la decisión recurrida, habida cuenta que en el acervo probatorio de la demanda no se demostró de forma clara y ostensible las causales suficientes para desvirtuar la mencionada legalidad del acto, por cuanto la asignación de retiro reconocida se sustentó en la ley vigente para la época.

12. Finalmente, adujo que el acto acusado no transgredió las normas constitucionales y legales, debido a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), al momento de reconocer y liquidar la Asignación de retiro al actor, no actuó de manera arbitraria, infundada, violatoria o desconocedora de las atribuciones legales y derechos adquiridos a la prestación económica de la prima de actividad.

Sentencia proferida el 5 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 08001 33 33 010 2017 00288 01.

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 5 de enero de 2019, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…]
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia adiada (sic) siete (7) de junio de 2018, proferida por el Juzgado Décimo (10) Administrativo Oral de Barranquilla, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas por las razones expuestas en este proveído, 

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor.
[…]”.

14. Adujo que la Fuerza Pública, por mandato constitucional cuenta con un régimen prestacional propio, por cuanto, así lo determinó el constituyente en los artículos 120 numeral 19 literal e, y 217 de la Constitución Política de 1991. Expresó que:

“[…] Art. 150. Corresponde al Congreso hacer la ley. Por medio de ellas ejerce las siguiente funciones

[…]

e) Fijar el régimen salarias y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso Nacional y la Fuerza pública

[…]

“Art. 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía. la independencia, a la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”

[…]”

15. Indicó que la prima de actividad se estableció como una prestación a favor de los miembros activos de la Fuerza Pública, y posteriormente se convirtió en factor de liquidación de las asignaciones de retiro, según el porcentaje establecido para los años en que el interesado estuvo en servicio activo. Conforme a ello agregó que:
“[…]

En lo atinente a la prima de actividad, se tiene que la misma fue creada mediante la Ley 131 de 1961 para los Oficiales, Suboficiales y el personal civil de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en servicio activo, con exclusión del personal de la Justicia Penal Militar, disposición que a su vez estableció que “las primas de que trata esta ley no son computables para efectos de asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales '.

Posteriormente, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 65 de 1967, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Extraordinario 188 de 1968, el cual hizo extensiva la prima de actividad a los Agentes de la Policía Nacional además de reajustar los porcentajes de su reconocimiento.

La anterior prestación fue sostenida para tales servidores mediante los Decretos 3187 de 1968. 2340 de 1971 y 609 de 1977.

Luego, en ejercicio de las facultades conferidas por el Legislador mediante la Ley 19 de 1983, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2063 de 1984 por medio del cual se reorganizó la carrera de Agentes de la Policía Nacional, el cual en su artículo 40 estableció la prima de actividad para personal en servicio activo, equivalente al treinta por ciento (30%) del respectivo sueldo básico. El artículo 151 del citado Decreto instauró el cómputo de la prima de actividad para efectos de la asignación de retiro. Pensión (sic) y demás prestaciones sociales.

Así mismo, el Gobierno Nacional en uso de las facultades extraordinarias que le concedió la Ley 5 de 1988. expidió el Decreto 097 de 1989, por el cual se reformó el Estatuto de Carrera de los Agentes de la Policía Nacionales y en el artículo 30 reguló la prima de actividad.

[…]”.

16. Aunado a lo anterior, afirmó que el Gobierno Nacional en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 66 de 11 de diciembre de 1989, expidió el Decreto 1213 de 1990, mediante la cual se estableció la prima de actividad para el personal de retiro, y que a su vez dispuso una escala porcentual que debe tenerse en cuenta para efectos de liquidar las prestaciones sociales, reconocer las pensiones y las asignaciones de retiro de los agentes de la Policía Nacional.

17. Anotó que, si bien posteriormente se expidió el Decreto 2070 de 2003 mediante la cual se reformó el régimen pensional propio de las fuerzas militares, el mismo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 de 2004. En ese orden de ideas, adujo que finalmente fue el Congreso de la Republica quien mediante la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, señaló los criterios y objetivos que se debían seguir en cuanto al régimen pensional de la Fuerza Pública.

18. El ad quem en su sentir, destacó que el Consejo de Estado en casos similares a la controversia del caso sub examine adujo:

“[…] La inconformidad del actor radica concretamente en que tiene derecho a que la liquidación de su asignación de retiro se haga de conformidad con lo señalado en el Decreto 2070 de 2003, por haber adquirido el derecho en vigencia de esta norma y no con aplicación del Decreto 1213 de 1990, como procedió a hacerlo la entidad demandada y como lo consideró el a quo en sentencia de  27 de agosto de 2009.

En cuanto al tema de la prima de actividad y la aplicación del Decreto 2070 de 2003, éste entró a regir el 25 de julio de 2003 y el actor fue retirado por solicitud propia el 13 de febrero de 2004, con disposición de retiro contenida en Resolución No. 0236 de 6 de febrero de 2004, según consta en la hoja de servicios 19131908 HYPERLINK "https://www.ustarizabogados.com/porvenir/Macintosh%20HD:/Users/dlb/Desktop/IIce00575.htm" \l "_ftn23" [23], es decir, que era esta la norma que debía servir de sustento al reconocimiento de la asignación de retiro; empero la administración sólo efectuó el reconocimiento a través de Resolución No. 03859 de 26 de julio de 2004, con base en el Decreto 1213 de 1990.

No obstante, conocida la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003, como lo señaló la entidad en la Resolución No. 03859 de 26 de julio de 2004, con claro desconocimiento de una situación consolidada, procedió a efectuar el reconocimiento con base en el Decreto 1213 de 1990, por considerar que ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo procedente era la aplicación de la normatividad que regía con anterioridad a la expedición de dicho decreto.

La misma corporación acerca de la vigencia del Decreto 2070 de 2003, señaló:

“Es cierto que el Decreto 2070 de 2003 fue objeto de declaratoria de inexequibilidad a través de la sentencia C-432 de 2004, sin embargo, para cuando se profirió esta providencia, 6 de mayo de 2004, estaba vigente y el reconocimiento de la asignación de retiro había sido efectuado desde el 13 de abril de 2004.

Sin embargo, no es posible modificar el acto de reconocimiento de la asignación de retiro del actor con base en la declaratoria de inexequibilidad de la norma que le había servido de fundamento a la entidad, por cuanto los efectos de dichos fallos rigen hacia el futuro, salvo que la misma providencia determine lo contrario, criterio que no sólo está fundado en el principio de la presunción de legalidad, de respeto por los efectos que ya surtió la Ley y por las situaciones establecidas bajo su vigencia, sino también por el principio de seguridad jurídica […]”.

19. Finalmente, expresó que se apartaba de la interpretación citada del párrafo 22 supra del Consejo de Estado, referente al porcentaje de la prima de actividad, por cuanto en providencias con connotaciones fácticas y jurídicas similares analizadas, el Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia de 18 de diciembre de 2018, así lo estableció, al indicar que solo comparte las reglas interpretativas esbozadas en las sentencias preferidas por el Consejo de Estado sobre la aludida materia, referentes a: i) que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser objeto de revocatoria: ¡¡) que aun cuando el Decreto 2070 de 2003, fue declarado inexequible durante su vigencia se consolidaron unos derechos y ii) que la mora en el reconocimiento pensional al se encuentra sometido una persona no varía.

20. No obstante, indicó que se aparta de la regla relativa a la interpretación del porcentaje de la prima de actividad que efectuó el Consejo de Estado. Conforme a ello indicó que: en primer lugar, i) el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990, así como en el artículo 23 del Decreto 2070 de 2003, se consignaron las partidas computables para el reconocimiento pensional señalándose dentro de ellas la prima de actividad; en segundo lugar, ii) el artículo 101 del estatuto de 1990, se estableció expresamente la forma de calcular la prima de actividad que sería de acuerdo al tiempo de servicio laborado, en tercer lugar, iii) de los 45 artículos que conforman el Decreto 2070 de 2003, ninguno hace referencia a la forma en que se debe calcular la prima de actividad, y que esta solamente es enlistada sin señalarse un porcentaje en específico, y finalmente, en cuarto lugar manifestó que, iv) el parágrafo del artículo 24 del mismo decreto no ha sido interpretado de la forma correcta, puesto que este se refiere es al régimen de transición para quienes se vincularon antes del 29 de julio de 1989 y fueran retirados por las causales allí previstas, de modo que hace referencia a la forma de calcularse el monto de asignación del retiro, mas no el porcentaje al que equivaldría la prima de actividad. En ese orden de ideas, en la providencia de 18 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se concluyó manifestando que:
“[…] e) como quiera que el Decreto 2070 de 2003, no estableció la manera de calcular la prima de actividad, debe remitirse a lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990, en tanto su disposición no contraría lo dispuesto por la norma del 2003 y además, porque ésta expresamente derogó únicamente el artículo 125 del estatuto de 1990, no siendo entonces derogado el artículo el artículo 101 y, f) esta interpretación guarda armonía con los reajustes a la prima de actividad que en el año 2007, hizo el ejecutivo, al disponer el incremento de la prima de actividad de que tratan los Decretos Leyes 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990.

Por esas razones de índole sustantiva, la Sala se aparta de la regla, aun cuando fuere implícita, contenida en la sentencia de unificación del 07 de marzo de 2013, y concluye, que el régimen aplicable al actor es el previsto en el Decreto 2070 de 2003, pero el porcentaje a que tiene derecho el actor sobre la prima de actividad es el efectuado en el acto de reconocimiento pensional, es decir, el 20% del sueldo básico por haber laborado por un lapso de 22 años, razones por las cuales se confirmará la sentencia recurrida, pero por las razones expuestas en esta providencia […]”.

La Solicitud de Tutela

Pretensiones

21. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…]
TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD SOCIAL por cuanto las sentencias proferidas por (sic) JUZGADO DECIMO (sic) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILA (sic) Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, en sentencias fechadas el 7 de junio de 2018 y 05 de enero de 2019, respectivamente, incurrieron por lo menos en 3 defectos o casuales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
1. Defecto material o sustantivo, 2. Desconocimiento del precedente y 3 violación directa de la constitución (sic).
2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 05 de enero de 2019 y en su lugar se ORDENE al EL (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, que en el término que el Juez de tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Ley, en especial el decreto 2070 de 2004, la jurisprudencia, y los propios del fallo de la presente tutela.
3. CONMINAR a la Sala del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, para que aplique las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, por los efectos vinculantes de las mismas.
[…]”.

22. Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, por cuanto se dejó de aplicar la norma vigente aplicable al caso concreto, como lo era el artículo 45 de la ley 270 de 7 de marzo de 1996 que establece que “[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. […]”.
23. En ese orden de ideas, indicó que la sentencia C-432 de 6 de mayo de 2006, proferida por la Corte Constitucional, no indica que la misma produzca efectos retroactivos, en razón a que sus efectos solo afectan al personal retirado después de la desfijación del edicto que publicó la sentencia, es decir, el 3 de junio de 2004, en consecuencia, expresó que las entidades accionadas, no pueden darle efectos retroactivos en relación al reconocimiento de la asignación mensual, toda vez que el retiro del actor se produjo el 29 de febrero de 2004, es decir antes de que se declarara la inexequibilidad del mencionado Decreto 2070 del 2003.
24. Adicional a ello, señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en un defecto sustantivo por haber desconocido precedentes sentados por el Consejo de Estado y en violación directa de la Constitución.
Actuación

25. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juez Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y a los magistrados de Tribunal Administrativo del Atlántico, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
26. Asimismo, dispuso vincular a la Caja de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole un término de dos (2) días para rendir informe.

Intervenciones de las partes accionadas y de la parte vinculada

27. La Oficina Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), mediante escrito allegado el 18 de marzo de 2019, señaló que:

“[…] El accionante pretende la revisión de un proceso legalmente concluido endilgando vías de hecho por defecto sustantivo en la producción del fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, en este evento se advierte que el Juez Natural es autónomo e independiente y debe aplicar las normas legales, especiales y vigentes, como también los parámetros jurisprudenciales aplicables para los respectivos casos.

El accionante interpone acción de tutela por las presuntas violaciones de derechos fundamentales aludidos, en el escrito de tutela en el que según él, incurrió los despachos judiciales demandados, en la violación de derechos fundamentales, lo cual no es cierto en atención en que todo los fallos judiciales, no son iguales, ya que para el reajuste de las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública, se debe tener en cuenta factores como: El grado, las partidas computables, fecha del retiro, porcentaje de la asignación de retiro, norma vigente a la fecha de retiro, entre otros, por ende todos los casos no son iguales y sus respectivos fallos tampoco, por lo que se debe precisar que los efectos de las sentencias acusadas son interpartes.
Los fundamentos de la violación son precarios y de ninguna manera evidencia la vulneración o peligro inminente que justifique la procedibilidad del mecanismo preferente y sumario de consagración constitucional para la defensa de los derechos humanos […]”.

28. La Jueza Décima Administrativa del Circuito de Barranquilla allegó informe el 3 de abril de 2019, en donde manifestó el envío del expediente en calidad de préstamo al Consejo de Estado, de conformidad con el auto de 6 de marzo de 2019, con el fin de que se resolviera la acción de tutela interpuesta por el señor Mario Enrique Acosta Alexander. Señaló que:
“[…] Así mismo es de advertirse que en cuanto a los cuestionamientos de defecto material o sustantivo por desconocimiento de precedente normativo y jurisprudencial, con vulneración de la constitución (sic), en la sentencia de primera instancia emitida por este Despacho en audiencia inicial de fecha 7 de junio de 2018, se analizaron las pruebas allegadas, así como la normatividad aplicable al caso concreto de violación, esto es, el Decreto 2070 del 2003 no era le (sic) aplicable a la asignación de retiro del actor, por cuanto su actividad estaba regulada por el Decreto No 1230 de 1990 […]”.

29. Concluyó manifestando que se torna improcedente la acción interpuesta, por cuanto, en el proceso aludido se respetó el debido proceso y se decidió conforme a las normas jurídicas aplicables al caso concreto, adicional a ello, agregó que el actor no puede pretender cuestionar por vía de tutela, la decisión judicial tomada por el Despacho, debido a que se encuentra confirmada, debidamente ejecutoriada y con efectos de cosa juzgada.
30. Durante el presente trámite, los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

31. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

32. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

33. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo del Atlántico, al proferir la sentencia de 5 de enero de 2019 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08 001 33 33 010 2017 00288 01, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en ii) defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas y iii) en violación directa de la Constitución, lo que trajo como consecuencia que no se le reconociera el reajuste y pago de su asignación mensual de retiro con la inclusión de la totalidad de la prima de actividad en los términos del artículo 24 del Decreto 2070.

34. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas; vi) la violación directa de la Constitución y, finalmente, la vii) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

35. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

36. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

37. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

38. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

39. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

40. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

41. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

42. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

43. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

44. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, así:

44.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justiciar y a la seguridad social.

44.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentals al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justiciar y a la seguridad social, y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en posibles defectos sustantivos y en violación directa de la Constitución.

44.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

44.4 Cumplió con el principio de inmediatez.

44.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.

44.6 Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;

44.7 La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

44.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

45. La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) en defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas y iii) en violación directa de la Constitución.

46. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: el i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; ii) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, iii) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, iv) la violación directa de la Constitución y, finalmente, v) analizará el caso en concreto.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

47. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

48. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

49. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

50. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

51. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

52. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

53. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

54. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

55. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

56. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al momento de resolver los casos concretos. Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa racional. 11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador […]”.
[…]
“[…] Lo anterior conlleva necesariamente una adecuada interpretación del concepto “imperio de la ley” al que refiere el artículo 230 C.P. Para la Corte, la definición de las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez, cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades […]”. (Resaltado por la Sala). 57.

En ese orden de ideas, las reglas y sub reglas jurisprudenciales que crean los órganos de cierre, como lo es entre otros, el Consejo de Estado, tienen carácter vinculante para los demás jueces que hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y deben ser aplicados, cuando se evidencie, i) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso, lo que trae como consecuencia, que dentro del marco de un Estado Social de Derecho, como el de Colombia, se garanticen principios constitucionales tan importantes como la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.

Defecto sustantivo por falta de aplicación de la norma jurídica

58. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).

59. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica relevante que servía como fundamento para el sentido de la decisión judicial.

60. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Destacado de la Sala).

Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

61. En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.

62. En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución, se estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de la Carta Política de 1991.

Análisis del caso en concreto

63. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

64. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al i) defecto sustantivo y al cargo por iii) violación directa de la Constitución a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:

65. La Sala observa que en el presente caso, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

65.1 El señor Mario Enrique Acosta Alexander prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional, en donde fue retirado del mismo, mediante Resolución núm. 0135 del 28 de enero de 2004, expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR).

65.2 Adicional a lo anterior, indicó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), mediante Resolución núm. 03024 de 22 de junio de 2004, le reconoció la asignación de retiro, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1213 de 8 de junio de 1990, adicional a lo anterior, enunció que la misma entidad le reconoció la prima de actividad en cuantía equivalente al 20% del sueldo básico.

65.3 Adujó que se retiró del servicio el 25 de febrero del 2004; fecha en la que se encontraba vigente el Decreto-ley 2070 de 13 de julio de 2003, y que posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004.

65.4 Señaló que elevó petición el 1 de septiembre de 2017, en la cual le solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), el reconocimiento y pago de la totalidad de la prima de actividad y el retroactivo correspondiente causado por no solventar la obligación, lo anterior de conformidad con el Decreto-ley 2070, por cuanto la fecha de su retiro fue el 25 de febrero de 2004, y no la fecha en que se le reconoció la asignación de retiro.

65.5 Expresó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – (CASUR), mediante Oficio E-00003-201719488-CASUR Id.262107 de 8 de septiembre de 2017 resolvió la petición interpuesta, negando lo solicitado por el actor, referente al reconocimiento del pago equivalente al 100% de la prima de actividad.

Cargo por desconocimiento del precedente judicial

66. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada, se apartó de los precedentes judiciales sentados por el Consejo de Estado en las sentencias de i) 7 de marzo de 2013 y 4 de septiembre de 2017.
67. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
68. Ahora bien, la Sala debe preguntarse, si dichas providencias judiciales constituyen o no precedente judicial, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, determinar si la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia de 5 de enero de 2019, se apartó de las reglas jurisprudenciales, plasmadas en las providencias de i) 7 de marzo de 2013 y ii) 4 de septiembre de 2017.
69. Para la Sala, frente a la sentencia de 7 de marzo de 2013, considera que si constituye un precedente judicial, que debe ser aplicado en un caso concreto, toda vez que fue proferida, al conocer y decidir un recurso extraordinario de revisión, y en ese orden de ideas, las reglas jurisprudenciales plasmadas en dicha providencia judicial, deben ser aplicadas por los jueces, cuando se evidencie que las situaciones fácticas de ambos casos, sean similares o análogas. Frente al tema en cuestión, el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:
“[…] Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html" \l "36A" 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html" \l "11" 11 de la Ley 1285 de 2009 […]”. (Resaltado por la Sala).
70. Ahora bien, respecto a la sentencia del 4 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala evidencia que no constituye precedente judicial, toda vez que fue proferida por la Subsección A, al conocer y decidir un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda, y en ese orden de ideas, los jueces dentro del marco de su autonomía y libertad al momento de resolver una controversia jurídica, pueden acatar o no lo plasmado en dicha providencia judicial, toda vez que no se trata de un precedente jurisprudencial unificado.
71. En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de las sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 7 de marzo de 2013, para concluir si la autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto desconoció dicho precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado en dicha providencia judicial.

Sentencia de 7 de marzo de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
72. El problema jurídico a resolver, consistió en establecer si al demandante, se le debía liquidar la respectiva asignación de retiro de conformidad con lo señalado en el Decreto 2070 de 2003 o en el Decreto 1213 de 1990.

73. El Consejo de Estado estableció que el actor solicitaba que la liquidación de su asignación de retiro se llevara a cabo con base en el Decreto 2070 de 2003, por haber adquirido el derecho en vigencia de esta norma, y no con aplicación del Decreto 1213 de 1990, como procedió a hacerlo el Tribunal.

74. El fallador Indicó que el actor, quien llevaba poco más 25 años de servicio, como consta en la hoja de servicios obrante a folio 10 del expediente, tenía derecho a que se le reconociera la prima de actividad en porcentaje del 55%.

75. Sin embargo, con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en la Resolución No. 03859 de 26 de julio de 2004, con claro desconocimiento de una situación consolidada, procedió a efectuar el reconocimiento con base en el Decreto 1213 de 1990, teniendo en cuenta que ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo procedente era la aplicación de la normatividad que regía con anterioridad a la expedición de dicho decreto. Expresó que:

“[…] En efecto sobre el tema, esta Subsección se pronunció acerca de la vigencia del mencionado Decreto 2070 de 2003, en sentencia de 1° de marzo de 2012, con ponencia del Consejero Dr. Alfonso Vargas Rincón, dentro del proceso radicado con el No. 17001-23-31-000-2005-02204-01(0702-09), en el que señaló:

“Es cierto que el Decreto 2070 de 2003 fue objeto de declaratoria de inexequibilidad a través de la sentencia C-432 de 2004, sin embargo, para cuando se profirió esta providencia, 6 de mayo de 2004, estaba vigente y el reconocimiento de la asignación de retiro había sido efectuado desde el 13 de abril de 2004.

Sin embargo, no era posible modificar el acto de reconocimiento de la asignación de retiro del actor con base en la declaratoria de inexequibilidad de la norma que le había servido de fundamento a la entidad, por cuanto los efectos de dichos fallos rigen hacia el futuro, salvo que la misma providencia determine lo contrario, criterio que no sólo está fundado en el principio de la presunción de legalidad, de respeto por los efectos que ya surtió la Ley y por las situaciones establecidas bajo su vigencia, sino también por el principio de seguridad jurídica.

Así lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, al decir:
ARTICULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.

En consecuencia, por lo expuesto, la Caja de Retiro de la Policía Nacional no podía como lo hizo, modificar el régimen bajo el cual había reconocido la asignación de retiro y por tal razón se confirmará la providencia consultada, modificándola en el sentido de señalar que el porcentaje en que debe reconocerse la prima de actividad corresponde a un 54% más, como bien lo señaló el Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación en su concepto, por disposición del artículo 23 del Decreto 2070 de 2003”. Se resalta.

En efecto, para nuestro caso es importante resaltar que si bien el retiro del actor se produjo el 13 de febrero de 2004 y los tres meses de alta culminaron el 13 de mayo de 2004, es claro que tal periodo tiene como uno de los objetivos primordiales la elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento de la prestación a través de acto administrativo proferido por la entidad, culminados los cuales se goza del derecho al pago de la asignación de retiro, como lo disponen los artículos 24 y siguientes del Decreto 2070 de 2003
Además en éste caso, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, sólo hasta el 26 de julio de 2004, procedió a efectuar el reconocimiento pensional, por ello, no puede aceptarse que la mora de la administración en tal reconocimiento varíe el régimen aplicable cuando es el retiro el que determina la norma que rige la situación en cada caso.
Por ello, no queda duda, que el actor cuenta con el derecho a que el reconocimiento de la asignación de retiro se efectúe con base en el Decreto 2070 de 2003, vigente a la fecha de retiro del actor, atendiendo al 55% de la prima de actividad, y que debido a esto, sea reajustada su asignación de retiro, efectiva desde el 13 de junio de 2004, como lo pidió en la demanda, debido a la no ocurrencia del fenómeno de la prescripción.  No se accederá a los perjuicios solicitados debido a la escasa actividad probatoria en tal aspecto de la parte demandante […]”.

76. Concluyó manifestando que el actor tenía el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con base en el Decreto 2070 de 2003.
77. Para la Sala la citada providencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado si constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, toda vez que las situaciones fácticas de ambos casos son similares al estudiado en la presente oportunidad, y en ese orden de ideas la ratio decidendi establecida en la sentencia de i) 7 de marzo de 2013, debe ser aplicada al caso concreto.

78. En ese orden de ideas para la Sala, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que si bien es cierto tuvo en cuenta la regla jurisprudencial plasmada en dicha providencia, de que en este tipo de eventos, la norma jurídica aplicable al caso concreto es el Decreto 2070 de 2003, y no el Decreto 1213 de 1990, teniendo en cuenta que la fecha de retiro del señor Mario Enrique Acosta Alexander ocurrió el 25 de febrero de 2004, es decir, antes de que se declarara inexequible el Decreto 2070 por parte de la Corte Constitucional, en sentencia C-432 de 2004, se apartó sin cumplir con una carga argumentativa persuasiva y convincente de la interpretación respecto al porcentaje de la prima de actividad, efectuado por el Consejo de Estado. En ese orden de ideas, sostuvo la autoridad judicial accionada:

“[…] e) como quiera que el Decreto 2070 de 2003, no estableció la manera de calcular la prima de actividad, debe remitirse a lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990, en tanto su disposición no contraría lo dispuesto por la norma del 2003 y además, porque ésta expresamente derogó únicamente el artículo 125 del estatuto de 1990, no siendo entonces derogado el artículo el artículo 101 y, f) esta interpretación guarda armonía con los reajustes a la prima de actividad que en el año 2007, hizo el ejecutivo, al disponer el incremento de la prima de actividad de que tratan los Decretos Leyes 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990.

Por esas razones de índole sustantiva, la Sala se aparta de la regla, aun cuando fuere implícita, contenida en la sentencia de unificación del 07 de marzo de 2013, y concluye, que el régimen aplicable al actor es el previsto en el Decreto 2070 de 2003, pero el porcentaje a que tiene derecho el actor sobre la prima de actividad es el efectuado en el acto de reconocimiento pensional, es decir, el 20% del sueldo básico por haber laborado por un lapso de 22 años, razones por las cuales se confirmará la sentencia recurrida, pero por las razones expuestas en esta providencia […]”. (Resaltado por la Sala).

79. En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado en lo que respecta a la manera en que se ha interpretado el porcentaje de la prima de actividad, como lo estableció, en la sentencia de 7 de marzo de 2013, que al resolver el caso concreto, adujo que:
“[…] En efecto, para nuestro caso es importante resaltar que si bien el retiro del actor se produjo el 13 de febrero de 2004 y los tres meses de alta culminaron el 13 de mayo de 2004, es claro que tal periodo tiene como uno de los objetivos primordiales la elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento de la prestación a través de acto administrativo proferido por la entidad, culminados los cuales se goza del derecho al pago de la asignación de retiro, como lo disponen los artículos 24 y siguientes del Decreto 2070 de 2003
Además en éste caso, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, sólo hasta el 26 de julio de 2004, procedió a efectuar el reconocimiento pensional, por ello, no puede aceptarse que la mora de la administración en tal reconocimiento varíe el régimen aplicable cuando es el retiro el que determina la norma que rige la situación en cada caso.
Por ello, no queda duda, que el actor cuenta con el derecho a que el reconocimiento de la asignación de retiro se efectúe con base en el Decreto 2070 de 2003, vigente a la fecha de retiro del actor, atendiendo al 55% de la prima de actividad, y que debido a esto, sea reajustada su asignación de retiro, efectiva desde el 13 de junio de 2004, como lo pidió en la demanda, debido a la no ocurrencia del fenómeno de la prescripción.  No se accederá a los perjuicios solicitados debido a la escasa actividad probatoria en tal aspecto de la parte demandante […]”.

Cargo por falta de aplicación del artículo 45 de la Ley 270 de 1996

80. El actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto sustantivo por no haber aplicado al caso concreto el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, lo que trajo como consecuencia que aplicara con efectos retroactivos la sentencia C-432 de 2004, proferida por la Corte Constitucional.
81. El artículo 45 de la Ley 270 de 1996, dispone lo siguiente:
“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html" \l "241" 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario […]”.

82. Ahora bien, para la Sala la autoridad judicial accionada, no incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, toda vez que al revisar la parte motiva de su sentencia, se evidencia que aplicó la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de 7 de marzo de 2007, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, al indicar que en el presente caso se debía aplicar el Decreto 2070 de 2003, y no el Decreto 1213 de 1990. En ese orden de ideas, la Sala evidencia, que el Tribunal Administrativo del Atlántico no desconoció el contenido y alcance del artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
Cargo por violación directa de la Constitución

83. Finalmente, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.
84. En ese orden de ideas, en el escrito de tutela el actor simplemente se limitó a enunciar normas jurídicas de rango constitucional, sin establecer las razones jurídicas de cómo fueron desconocidas o vulneradas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
85. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
Conclusiones de la Sala

86. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Atlántico i) incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, dado que desconoció la regla jurisprudencial establecida en la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, el 7 de marzo de 2013, en lo que respecta a la manera en que se ha interpretado el porcentaje de la prima de actividad.

87. En lo que tiene que ver con el cargo por i) defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas y ii) violación directa de la Constitución, para la Sala, el Tribunal no incurrió en los mismos, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales del actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social del señor Mario Enrique Acosta Alexander, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 5 de enero de 2019, por la citada Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm único de radicación 08 001 33 33 010 2017 00288 01, promovido por el señor Mario Enrique Acosta Alexander contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia en el referido medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que acate las consideraciones puestas de presente en esta sentencia.
TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.”
"Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares"
Corte Constitucional, sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004, M.P Dr. Rodrigo Escobar Gil
“Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen de la vigilancia privada.”
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr004.html" \l "150" 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.”
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 5 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Acerca de estas dificultades, agrupadas por la doctrina como el escepticismo ante las reglas jurídicas, Cfr... HART H.L.A. (2004) El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires. En especial, vid. Capítulo VII.

Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.”
"Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares"
Corte Constitucional, sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004, M.P Dr. Rodrigo Escobar Gil
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número único de radicación: 11001 33 31 010 2007 00575 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de septiembre de 2017, C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, número único de radicación: 17001-23-33-000-2015-00061-01

Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[…] Se decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor LUÍS EDUARDO MEDINA SARMIENTO, por conducto de apoderado, contra la sentencia del 18 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso instaurado contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional […]”.

La situación fáctica del caso es la siguiente “[…] Relató el demandante que prestó sus servicios a la Policía Nacional como Agente de tal Institución y que al retirarse estaba vigente el Decreto 2070 de 2003, pero se le reconoció la asignación de retiro a partir del 13 de mayo de 2004, con el cómputo de la prima de actividad en un 20%, a pesar de que el régimen prestacional vigente en el momento de su retiro definía el 50% para su caso.
Que los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990 o regímenes especiales de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, disponían como partidas computables para la liquidación de la asignación mensual de retiro en donde se señala la prima de actividad en los porcentajes previstos en ese estatuto.
Que el Legislador con base en el artículo 150 de la C.P. mediante la Ley 797 de 2003 señaló al Gobierno Nacional los criterios, objetivos y principios a seguir para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Que en desarrollo de dicha norma se expidió el Decreto 2070 de 2003, norma mediante la que se produjo el retiro del demandante, que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.
Que ante tal declaratoria, mediante la Ley 923 de 2004 por la que se señalaron criterios, principios y objetivos a seguir para la fijación del régimen pensional y de asignación de los miembros de la Fuerza Pública, se expidió el Decreto 4433 de 2004, que reformó de manera especial los regímenes especiales tanto de las Fuerzas Militares como la Policía Nacional e introdujo modificaciones a las partidas computables para la asignación de retiro y pensión […]”.

“Decreto 1213 de 1990. ARTICULO 106. TRES MESES DE ALTA. Los Agentes de la Policía Nacional que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o pensión continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su categoría. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número único de radicación: 11001 33 31 010 2007 00575 01
“Decreto 1213 de 1990. ARTICULO 106. TRES MESES DE ALTA. Los Agentes de la Policía Nacional que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o pensión continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su categoría. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales.”
Sobre el tema,ver entre otras, la sentencia de 11 de abril de 2018 con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez.
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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