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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01130-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de agosto de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-01130-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, que rechazó por improcedente la petición de protección constitucional deprecada por la Corporación Autónoma del Guavio – Corpoguavio, en su lugar, i) declarar la improcedencia de la acción en relación con la falta de congruencia interna de la sentencia y ii) amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: DEJAR sin efectos el numeral tercero de la sentencia del 6 de julio de 2018, dictada por el Consejo de Estado – Sección Primera y conceder a la autoridad accionada el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este fallo, para que dicte una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Ejecutoriado el presente fallo devolver el expediente contentivo del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho al Consejo de Estado, Sección Primera para proferir la decisión de reemplazo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-01130-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

1 de agosto de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO - Indebida interpretación normativa / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN - A los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas / CAPTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS HÍDRICOS / CONDUCTA PERMAMENTE O CONTINUADA / CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN - No se afecta por el fenómeno de la caducidad / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO - Deber del Juez / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[E]sta Sala considera que se presenta una indebida interpretación y aplicación al caso concreto de la norma que consagra la caducidad, toda vez que no obstante haber concluido que la potestad sancionatoria de la administración se encontraba vigente y podía investigar y sancionar la conducta permanente y continuada contraria al ordenamiento, aplicó el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 a los hechos anteriores al año 2000, por considerar que la multa se impuso por períodos mensuales. La aplicación de la caducidad a la forma de cuantificar la sanción no era posible, toda vez que el ejercicio oportuno de la facultad de la Administración de investigar las infracciones a las normas ambientales conlleva la de imponer sanciones (…) En efecto, una cosa es el ius puniendi que se debe ejercer dentro del término establecido en el artículo 38 del C.C.A. y otra es la consecuencia de haber encontrado responsable a la entidad infractora, que consiste en la multa aplicable al tenor de lo dispuesto por el literal a) del numeral 1) del artículo 85 de la Ley 99 de 1993–, cuantificación de la sanción a la que –se reitera– no le es aplicable la caducidad, como erróneamente lo concluyó la autoridad accionada y que obedece al criterio de gravedad de la infracción (…) De lo expuesto se concluye [que] no resulta razonable tener como permanente la conducta para sostener que la autoridad ambiental podía adelantar la investigación y, a continuación, afirmar que solo se podía imponer la sanción sobre los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de proferimiento de la resolución, en lugar de concluir, como resultaba imperativo de la aplicación de la norma de orden público objeto de interpretación que se encontraba facultada para investigar e imponer la sanción que resultara proporcional a la gravedad de los hechos, la cual permitía la modalidad de multa por periodos de tiempo (…) y para cuya aplicación no podía invocarse la norma que regula la caducidad, sino aquella que estable el monto de la multa a imponer. La autoridad accionada, amparándose en la norma consagrada en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, concluyó que la sanción no era proporcional sin realizar el test de proporcionalidad de la multa con fundamento en la norma que resultaba aplicable a esta que era el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y que atendía a la gravedad de la conducta (…) En virtud de lo expuesto, no es posible arribar a una conclusión diferente a que el alcance que se le dio a la norma en la sentencia censurada y que impacta en la decisión de disminuir la cuantía de la multa configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora y que esta Sala considera plenamente acreditado Ello, por haberse aplicado el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo a la sanción que la entidad pública impuso con fundamento en los criterios establecidos por el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, lo cual no está dentro del margen razonable de interpretación y que se evidencia en la conclusión a la que se llegó en la sentencia (…) En efecto, contrario a lo considerado en la sentencia, la Administración está habilitada para reprochar las conductas permanentes sin importar el período transcurrido e imponer la sanción que corresponda en aplicación del principio de legalidad. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que le asiste razón a la entidad pública accionante cuando afirma que el defecto se configuró adicionalmente por cuanto la autoridad accionada desconoció que la multa se fijó, utilizando como criterio razonable para la graduación, el aforo de caudal por cada mes de captación ilegal, sin que ello guarde relación alguna con el carácter instantáneo o permanente de la conducta para efectos de contabilización del término de caducidad de la facultad de la administración para investigar y, por ende, imponer la sanción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 38

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01130-01(AC)

Actor: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial - Defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que regula la figura jurídica de la caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia del 24 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, que rechazó por improcedente la petición de protección constitucional.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito radicado en la Secretaría General del Consejo de Estado el 15 de marzo de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, por intermedio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela en contra del Consejo de Estado - Sección Primera, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Tales derechos los consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de julio de 2018, por medio de la cual la referida autoridad judicial revocó el fallo dictado el 28 de octubre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C” en Descongestión, que había negado las súplicas de la demanda y, en su lugar, accedió parcialmente a las mismas, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P., en contra de la accionante, rad. No. 25000-23-24-000-2010-00245-01.

1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

“…

2. DECLARAR que la sentencia de segunda instancia, emitida dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 25000232400020100024501, siendo demandante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y DEMANDADO la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, el día 06 de julio de 2018, violó abiertamente los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia…

3. ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que dicte un nuevo fallo ajustado a derecho garantizando el debido proceso y el acceso a la administración de justicia vulnerados con la indebida interpretación del fenómeno de la caducidad que dio al proferir el fallo de segunda instancia y que causó un perjuicio irremediable a los recursos naturales protegidos por la Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio a través de su facultad sancionatoria plasmada en la Resolución 097 de 2003, confirmada por la Resolución 627 de 2009.”

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB E.S.P., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda contra la Corporación Autónoma Regional del Guavio- Corpoguavio, en la que formuló las siguientes pretensiones:

“Primera: Que se declare la nulidad de las resoluciones 097 del 4 de febrero de 2003 y 627 del 4 de noviembre de 2009, proferidas por la Corporación Autónoma Regional del Guavio –CORPOGUAVIO- mediante las cuales se impone una multa a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y se resuelve un recurso de reposición interpuesto, respectivamente.

Segunda: Que como consecuencia de lo (Sic) anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho:

Se le ordene a Corpoguavio devolver a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la totalidad de los dineros correspondientes a la multa, si esta ya se hubiere cancelado, total o parcialmente, al momento del fallo.

Se ordene a Corpoguavio pagar a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá los perjuicios irrogados (daño emergente y lucro cesante) derivados de la expedición de los actos administrativos anulados, de conformidad con lo probado en el presente proceso judicial.

Primera Subsidiaria: en caso de que no se acojan las pretensiones anteriores, se solicita que Corpoguavio, mediante acto administrativo, calcule nuevamente le monto de la multa impuesta:

Teniendo en cuenta que el término de caducidad de la sanción (3 años) ya opero (Sic) desde el 4 de febrero de 2000 y,

Que se aplique proporcionalmente la sanción establecida en el artículo 243 del Decreto 1541 de 1978, en desarrollo del principio de favorabilidad contenido en la Constitución Política.

Segunda subsidiaria: Que en todo caso se descuente de la multa las sumas recibidas de la EAAB a partir de 1988 por concepto de uso de las aguas captadas de los ríos La Playa, Frío y Chuza.”

5. Los actos administrativos cuya nulidad se solicitó en sede de nulidad y restablecimiento del derecho son los siguientes:

5.1. La Resolución No. 097 del 4 de febrero de 2003 “Por la cual se impone una sanción pecuniaria a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.” En esta decisión se estudiaron los descargos presentados por la EAAB y se apreciaron en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación.

5.1.1. En esta oportunidad se consideró que se encontraba plenamente acreditada la infracción ambiental, toda vez que la Resolución 055 de 1988, por medio de la cual el Ministerio de Agricultura le había otorgado la concesión sobre los recursos hídricos perdió vigencia para el año 1988, sin que se hubiera solicitado la renovación de la concesión “por lo que su uso actual es ilegal”.

5.1.2. Al encontrar configurada la infracción a las normas de protección ambiental, contenidas en los artículos 88 del Decreto Ley 2811 de 1974; 30, en concordancia con el 3º y el 277 del Decreto 1541 de 1978; 36 del Decreto 1541 de 1978; 163 y 339 del Decreto Ley 2811 de 1974, y la responsabilidad de la EAAB cuya concesión para la utilización de los recursos se encontraba vencida, la declaró administrativamente responsable.

5.1.3. En consecuencia, evaluó la gravedad de la infracción ambiental, utilizando como criterios: i) la ubicación del sistema de abastecimiento de aguas en zona de páramos; ii) la importancia del agua como recurso estratégico para el desarrollo social, de conformidad con lo señalado por las sentencias T-523 de 1994 y T-379 de 1995; iii) el volumen de agua empleada para surtir el embalse y el captado por la EAAB para la prestación del servicio público domiciliario; iii) la naturaleza jurídica de la empresa investigada que es de carácter estatal, encontrándose en mayor medida obligada al cumpliendo las normas y principios constitucionales y legales.

5.1.4. Con sustento en los criterios anteriores, concluyó que la entidad pública “infringió de manera grave y continuada la normatividad ambiental vigente, generando con su proceder irreductibles impactos ambientales sobre ecosistemas estratégicos tanto para la nación como para el mundo entero, de igual manera se ha propiciado el degenere sobre un recurso natural sumamente limitado del cual depende su razón de ser como prestadora de un servicio público.”

5.1.5. Estudió la norma que consagra los tipos de sanciones a imponer –artículo 85 de la Ley 99 de 1993– optando por la multa, para efectos de que la empresa pudiera continuar con la prestación del servicio público, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual tasó a partir de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, con fundamento en el caudal de agua otorgado en concesión.

5.2. Resolución No. 0627 del 4 de noviembre de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la entidad sancionada contra el acto administrativo anterior, en el sentido de confirmarla en todas sus partes, al no encontrar desvirtuadas las conclusiones sobre la responsabilidad ambiental de la EAAB.

6. La parte demandante propuso como cargos de nulidad de los referidos actos administrativos: i) falta de competencia de Corpoguavio para imponer la multa; ii) violación directa del artículo 39 del Decreto 1541 de 1978, ante la inexistencia de una actividad por parte de la EAAB; iii) falta de aplicación del principio de confianza legítima y prórroga tácita del término previsto en la Resolución No. 055 de 1968, referida a la concesión otorgada por el Ministerio de Agricultura a la EAAB para la explotación de las fuentes hídricas; iv) violación directa del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, atinente a la caducidad para imponer sanciones en sede administrativa; v) violación directa del artículo 29 de la Constitución Política, aplicación del principio de favorabilidad.

7. Previo el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C” – en Descongestión, dictó sentencia del 28 de octubre de 2013, en la que negó las pretensiones de la demanda.

8. Para arribar a la citada resolutiva, la autoridad judicial analizó cada uno de los cargos de nulidad expuestos en la demanda, para concluir:

8.1. Con fundamento en los artículos 23 y 33 de la Ley 99 de 1993, la administración del medio ambiente de los recursos naturales renovables está a cargo de la CAR y, en la jurisdicción territorial concedida a Corpoguavio, el legislador ubicó al Municipio de Fómeque, por donde pasan los ríos La Playa, Frío y Chuza, fuentes hídricas respecto de las cuales se suscitó parte de la controversia por captación de aguas sin la respectiva concesión.

8.2. Con respecto a la violación directa del artículo 39 del Decreto 1541 de 1978, ante la inexistencia de una actividad por parte de la EAAB para obtener la prórroga de la concesión, el Tribunal consideró que la empresa demandante pretendió alegar una condición especial en relación con el aprovechamiento del recurso hídrico que no es procedente, en consideración a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, pues según esa norma, todas las personas jurídicas de naturaleza pública requieren autorización previa para el uso de las aguas públicas o sus cauces.

8.3. Sobre el cargo de confianza legítima, consideró que no se podía edificar en el incumplimiento de deberes legales como había acaecido en el asunto objeto de análisis, toda vez que la EAAB captó agua sin contar con el respectivo permiso.
8.4. Con respecto al cargo de haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción, precisó que la captación ilegal del recurso hídrico en el tiempo se mantuvo hasta el momento de proferirse la decisión sancionatoria y, por ende, se trataba de una conducta de carácter permanente o continuado.

8.5. Dio aplicación a lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 –en ausencia de norma especial en materia sancionatoria ambiental– “aunque el citado artículo prevé que la facultad que tienen las autoridades caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas, en aquellos casos que la conducta sea de carácter continuado, su cómputo debe hacerse a partir de la fecha en que ésta cesó.”

8.6. Finalmente, en relación con la violación al debido proceso, por desconocimiento del principio de favorabilidad, por aplicación de la Ley 99 de 1993 y no del Decreto 1541 de 1978, sostuvo que se encontraba demostrado en el proceso que Corpoguavio había aplicado el principio de favorabilidad para efectos de dosificar la sanción, teniendo en cuenta el mínimo de multa a imponer, hasta el punto que no la tasó en forma diaria sino mensual.

9. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Primera en sentencia del 6 de julio de 2018, en la que decidió:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera – Sección C en Descongestión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones principales de nulidad de las Resoluciones números 097097 del 4 de febrero de 2003 y 0627 del 4 de noviembre de 2009 expedidas pro CORPOGUAVIO, de conformidad con el dispuesto en la parte considerativa de ésta providencia.

TERCERO: ACCEDER a lo solicitado en el literal a) de la primera pretensión subsidiaria, en el sentido de entender que la potestad sancionatoria de CORPOGUAVIO respecto de la conducta de la EAAB de captación ilegal de agua de los ríos La Playa, Frío y Chuza comprende el periodo comprendido (Sic) entre el 4 de febrero de 2000 al 4 de febrero de 2003. En consecuencia, la multa corresponde a la suma de nueve mil quinientos treinta y siete millones trescientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta pesos ($9.537´357.360.oo), equivalentes a veintiocho mil setecientos veintiséis punto noventa y ocho (28.726.98) salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2003. La anterior suma deberá ser indexada y generará intereses moratorios de acuerdo con los criterios dispuestos sobre el particular en la parte considerativa de esta providencia.”

10. Para arribar a la citada decisión, valoró en su conjunto los medios de convicción allegados al proceso y estudió cada uno de los argumentos de apelación, considerando:

10.1. Corpoguavio tenía competencia para imponer las sanciones señaladas en la ley, por la violación de las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, con fundamento en los artículos 31, numerales 17, 83 y 84 de la Ley 99 de 1993.

10.2. A continuación, se pronunció sobre el derecho de concesión de aguas que alegó la entidad demandante como otorgado en su favor en forma indefinida, para señalar, con fundamento en las normas jurídicas que regulan la materia, que el Decreto 1541 de 1978, invocado como desconocido, no se encontraba vigente para la fecha en que se le autorizó la captación del recurso hídrico –1968–.

10.3. Sobre la alegación referida al principio de confianza legítima, en la sentencia de segunda instancia se consideró que no se observa que la conducta desplegada por Corpoguavio haya estado orientada a hacerle entender a la EAAB que el cobro por utilización de agua haya reemplazado la necesidad de presentar la petición y los anexos correspondientes para la prórroga de la concesión de agua sobre los ríos objeto de sanción.
10.4. Sobre la caducidad de la potestad sancionatoria, precisó que la alegación de la parte demandante se refiere a que no podía ser condenada por la captación ilegal de agua durante las vigencias anteriores al año 2000, de tal manera que si la Resolución 055 de 1968 –que le había concedido el permiso de explotación– expiró el 30 de septiembre de 1988, a partir del 1º de octubre de ese año se debió empezar a contar el término de caducidad, por lo que la sanción debía corresponder únicamente a los tres (3) últimos años; mientras que Corpoguavio afirmó que como la conducta de captación ilegal no cesó, este fenómeno no se configuró, conclusión a la que también llegó el Tribunal de primera instancia, al considerar que el recurso hídrico se captó de manera ilegal y de forma ininterrumpida.

10.4.1. A continuación, en la sentencia censurada se diferenciaron las conductas instantáneas de las de ejecución continuada o que se prolongan en el tiempo, para concluir que en el caso concreto se encuentra demostrado que la infracción es de carácter permanente, toda vez que se produjo entre 1988 –vencimiento de la concesión otorgada por el Ministerio de Agricultura– hasta el año 2003 –fecha que corresponde a la imposición de la sanción y a la cesación de la infracción–.

10.4.2. Al respecto, señaló que, el término en el cual se podía imponer la sanción se debe contabilizar desde cuando la EAAB cesó en la captación ilegal de las fuentes hídricas y que, en el presente caso, la conducta objeto de reproche no cesó y, por ello, no operó la caducidad de la potestad sancionatoria.

10.4.3. Afirmó que, “como el cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del último acto y en este caso no se acreditó que la conducta irregular hubiere cesado, le asiste razón al a quo, pues al tratarse de un acto de ejecución continuada, la caducidad no se configuró.” En consecuencia, concluyó que el cargo no estaba llamado a prosperar.

10.4.4. No obstante lo anterior, hizo referencia al régimen sancionatorio vigente para la fecha de imposición de la sanción, contenido en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y señaló que, con fundamento en el mismo, Corpoguavio consideró que la EAAB debía ser acreedora de la sanción prevista en el literal a) del precepto transcrito y, en consecuencia, impuso una multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mes de captación ilegal, desde el 23 de diciembre de 1993 –fecha en que entró a regir la Ley 99 de 1993– hasta la fecha de expedición del acto sancionatorio (4 de febrero).
10.4.5. En consecuencia, el ad quem del proceso ordinario consideró que como la multa de la que fue acreedora la EAAB, fue calculada en virtud de la captación ilegal mensual del agua, teniendo en cuenta cada uno de los meses en que infringió las normas, cada mes adquiría autonomía porque la sanción es periódica, señalando que “lo que se sancionó fue la captación mes por mes”.

10.4.6. Con fundamento en la referida consideración, concluyó que “CORPOGUAVIO se encontraba posibilitado para investigar y sancionar la conducta ilegal de la EAAB, pero la multa debió imponerse en relación con los periodos mensuales en que la actora incurrió en la conducta ilegal, en cada caso, como máximo dentro de los tres (3) años siguientes a cada infracción mensual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 del CCA.”
10.4.7. Agregó que, la potestad sancionatoria de la Corporación demandada se mantenía incólume, por tratarse de una conducta continuada, “pero la sanción misma se limita al periodo en el cual la Administración debía intervenir, dado el carácter periódico de aquélla, pues tal interpretación atiende el sentido de la caducidad, como el reproche a la administración por su inactividad.”

10.4.8. Precisó que no operó el fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria, no obstante lo cual, la Corporación demandada desdibujó la norma que consagra tal figura jurídica prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

10.4.9. Con fundamento en lo anterior, decidió disminuir el monto de la multa impuesta, para que únicamente comprendiera los tres (3) años anteriores a la imposición de la sanción, lo cual realizó en los siguientes términos:

“Entendidas así las cosas y aplicado el anterior discernimiento al caso, la multa debió cobijar las conductas ilícitas cometidas en el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2000 y el 4 de febrero de 2003, lo cual asciende a la suma de nueve mil quinientos treinta y siete millones trescientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta pesos ($9.537´357.360.oo), equivalentes a veintiocho mil setecientos veintiséis punto noventa y ocho (28.726.98) salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2003, que resultan de tener en cuenta los montos señalados en las anteriores tablas pero sólo en relación con el término ya indicado.”

11. La sentencia fue notificada por edicto fijado el 25 de julio de 2018, desfijado el 27 de julio de la misma anualidad.

12. Dentro del término de ejecutoria del fallo, el apoderado de la parte demandante solicitó la aclaración, petición resuelta mediante providencia del 30 de agosto de 2018, en el sentido de negarla, por no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 285 del Código General del Proceso, al considerar que no existieron frases que ofrezcan verdadero motivo de duda contenidas en la parte resolutiva o que influyan en ella.

13. El auto que negó la solicitud de aclaración del fallo fue notificado por estado el 14 de septiembre de 2018, según constancia secretarial obrante a folio 300 vuelto del cuaderno principal del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, habiendo cobrado ejecutoria el 19 de septiembre de 2018, según la constancia secretarial visible a folio 74 del expediente de tutela.

1.4. Sustento de la solicitud

14. La parte accionante consideró que la autoridad accionada incurrió en error, al hacer una indebida aplicación de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto confundió el ejercicio de la potestad sancionatoria con la facultad de dosificar el monto de la sanción a imponer.

15. Aseveró que ello le ocasionó un daño a la administración, en la medida en que le redujo ostensiblemente el valor de la multa impuesta por la captación ilegal del recurso hídrico y atentó contra los principios del derecho ambiental, sin que la parte actora hubiera presentado argumento alguno cuestionando la proporcionalidad de la multa.

16. Advirtió que en el fallo cuestionado se presenta una significativa contradicción en la argumentación jurídica expuesta en la sentencia con fundamento en la interpretación errónea de la norma jurídica, por cuanto se concluyó que, por tratarse de una conducta de carácter permanente, no operó en el caso concreto el fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria, toda vez que la contabilización del término de tres (3) años que consagra el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo deberá realizarse a partir de la fecha en que cesó la conducta y ello acaeció en el año 2003, con ocasión de la decisión sancionatoria.

17. No obstante lo anterior, después de concluir que no había caducidad, modificó el sentido de la decisión, confundiendo la facultad de investigar y sancionar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico, con la dosificación de la multa a imponer, estableciendo que “… la captación ilegal de agua por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá, se daba en forma periódica y mensual y que mes a mes debían contabilizarse los tres (3) años para contabilizar la caducidad del plazo para sancionar por parte de Corpoguavio…”. (Sic para lo transcrito)

18. Insistió en que el error del fallo de segunda instancia se presentó al interpretar y aplicar el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria que tiene Corpoguavio, toda vez que decidió que este no había fenecido y, sin embargo, la sanción a imponer debía aplicarse en relación con los periodos mensuales “como máximo dentro de los tres (3) años siguientes a cada infracción mensual”, con lo cual aplicó la caducidad a la cuantía de la sanción a imponer, lo cual no resultaba procedente ni razonable.

19. Aseveró que el error por indebida interpretación se traduce en el desconocimiento de que la graduación de la multa se realizó con sustento en un criterio razonable, consistente en el aforo del caudal por cada mes de captación ilegal, sin que ello guarde relación alguna con el carácter instantáneo o permanente de la conducta para efectos de contabilización del término de caducidad, advirtiendo que en la misma sentencia se había concluido que la conducta era de carácter permanente y que ésta no había cesado para la fecha de la expedición de la Resolución No. 097 del 4 de febrero de 2003.

20. Destacó que la conclusión, relativa a no poder imponer la sanción de multa sino sobre la conducta desplegada en los tres últimos años, “no tiene razón de ser ni jurídica ni fáctica, más cuando el método para calcular la multa se hizo en forma mensual para tomar los históricos de captación reportados por la Empresa de Acueducto a la hora de liquidar el pago de la tasa por uso del recurso hídrico a Corpoguavio.”

21. La entidad pública accionante argumentó, igualmente, que la decisión adoptada por la Sala mayoritaria de la Sección Primera del Consejo de Estado, en torno a la caducidad, desconoció el precedente y la jurisprudencia reiterada sobre la correcta interpretación de esta figura jurídica, sin que en la sentencia dictada se hubiera considerado procedente cambiar la regla jurisprudencial vigente para la fecha en que se dictó.

22. Al respecto, citó como desconocidas las siguientes sentencias:

22.1. Del 8 de febrero de 2018, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso radicado No. 25000-23-24-000-2008-00045-02, con ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, en la que se desarrolló ampliamente el tema de la caducidad de la potestad sancionatoria, cuando se trata de actos de ejecución instantánea y de actos constitutivos de falta que no se agotan en un solo instante sino que continúan en el tiempo.

22.2. La sentencia T-211 de 2018, dictada por la Corte Constitucional, en la que igualmente se aclaró la forma como se debe contabilizar el término de caducidad, a la luz del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

22.3. Del 15 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 25000-23-24-000-2005-01423-02, sobre la forma de contabilizar el término de caducidad de la facultad de sancionar que tiene la Administración.

22.4. Del 29 de septiembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, expediente No. 11001-03-24-000-2007-00028-00, con ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González.

22.5. La sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, dictada por la Corte Constitucional, en la que se estudió la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 “Por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que fija como fecha de contabilización inicial del término de caducidad aquél en que haya cesado el último acto, en las faltas de carácter continuado.

23. A continuación, la parte actora precisó que en el caso concreto concurren la totalidad de los requisitos de procedibilidad adjetiva, toda vez que i) el asunto que se discute tiene relevancia constitucional; ii) se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial; iii) la acción de tutela se propone dentro del término de inmediatez; iv) se identificaron en la presente acción de tutela los hechos que generaron la vulneración.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Admisión de la demanda

24. Mediante auto del 19 de marzo de 2019, la Magistrada Ponente de la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, dispuso que se notificara a la parte demandante y a los Magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera, como autoridad judicial demandada.

25. Como terceros con interés en el resultado de la actuación dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB.

1.5.2. Contestaciones

1.5.2.1. Consejo de Estado - Sección Primera

26. El Magistrado Ponente de la decisión censurada presentó informe mediante escrito radicado el 10 de mayo 2019, el cual no pudo ser tenido en cuenta por haber sido radicado con posterioridad al proferimiento de la sentencia de primera instancia que es del 24 de abril de la presente anualidad.

1.5.2.2. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB

27. Por intermedio de apoderado judicial, la entidad presentó informe del 1º de abril de 2019, en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, destacando el carácter subsidiario y residual que tiene la acción de tutela.

28. Informó que Corpoguavio inició proceso de cobro coactivo en su contra, considerando que no le es lícito a la entidad alegar la “ilegalidad” de la sentencia y al mismo tiempo considerar que la resolución sancionatoria reúne los requisitos de título ejecutivo.

29. Consideró que no concurría el requisito de inmediatez en el caso concreto, para lo cual expuso amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el plazo que se considera razonable para interponer una acción de tutela contra providencia judicial.

30. Presentó como excepción la inexistencia de vulneración actual o inminente del derecho al debido proceso de la entidad pública accionante y precisó que no concurren en el caso concreto los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ampliamente desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

1.5.2.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera

31. Mediante informe radicado el 3 de abril de 2019, el Presidente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que el proceso lo conoció en primera instancia la Subsección “C” en Descongestión, la cual fue suprimida como consecuencia de la terminación de las medidas de descongestión, por lo que únicamente dictó el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.

1.5.3. Fallo impugnado

32. Mediante sentencia del 24 de abril de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B” declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no concurría en el caso concreto el requisito de inmediatez.

33. Al respecto, precisó que “la decisión cuestionada es de 6 de julio de 2018, se notificó por estado el 14 de septiembre de la misma anualidad; ii) la acción de tutela fue presentada el 15 de marzo de 2019, lo que significa que, iii) el actor acudió al juez constitucional después de haber transcurrido más de 6 meses de proferida la sentencia que considera vulneratoria de sus derechos fundamentales.” (Negrillas incluidas en el texto original)

34. En la sentencia aclaró que no se advertían circunstancias particulares que permitieran afirmar que la tardanza estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que implique una excepción a la regla general de inmediatez establecida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

35. El fallo de primera instancia fue notificado por medios electrónicos el 18 de junio de 2019, según constancias secretariales obrantes a folios 145 a 149 del expediente de tutela.

1.5.4. Impugnación

36. El apoderado judicial de la parte actora impugnó el fallo de tutela, según escrito radicado el 21 de junio de 2019, solicitando que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

37. Argumentó que en el caso concreto se cumple el requisito de inmediatez, por cuanto el fallo de primera instancia quedó ejecutoriado el 19 de septiembre de 2018, circunstancia que fue desconocida por el a quo constitucional y, con posterioridad a ello, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, la cual dictó auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior el 17 de octubre de 2018.

38. Señaló que el juez constitucional de primera instancia, al decidir que no concurría el requisito de inmediatez, contabilizando el término de seis (6) meses desde el día de la notificación de la sentencia incurrió en un exceso de ritual manifiesto con lo cual impidió el acceso efectivo a la administración de justicia de la entidad pública accionante.

39. Insistió en el error en el que incurrió la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en la que la Sala mayoritaria de la Sección Primera del Consejo de Estado realizó una indebida interpretación y aplicación de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la fecha de expedición de los actos administrativos sancionatorios, al confundir el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración con la forma como se realizó la tasación de la multa pecuniaria, para terminar aplicando a la dosificación de la sanción la figura jurídica referida.

40. Explicó que, la sanción, consistente en multa que se impuso a la EAAB, se tasó con fundamento en la necesidad de protección de los recursos naturales, según lo dispuesto por la Constitución Política y los artículos 79 al 81 de la Ley 99 de 1993, el Código de los Recursos Naturales, el Decreto 1076 de 2015 y la Declaración de Estocolmo en 1972, así como en los lineamientos fijados por la Corte Constitucional que han considerado que en materia ambiental se debe mantener la potestad sancionatoria por un término significativo por el rango de colectivos de los derechos objeto de protección.

41. Agregó que, la Sección Primera del Consejo de Estado, con dos de sus integrantes decidió cambiar la jurisprudencia en cuanto al sentido y aplicación del fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria, sin cumplir carga de transparencia, lesionando con ello no solo el ordenamiento jurídico vigente, sino también los derechos colectivos reconocidos, reiterando los argumentos que expuso ampliamente en el libelo introductorio.

42. En efecto, reiteró el desconocimiento del precedente y de la jurisprudencia que ha construido la Sección Primera del Consejo de Estado en forma pacífica y reiterada sobre la figura jurídica de la caducidad.

43. Desarrolló ampliamente las razones por las cuales considera que el fallo censurado incurrió en una contradicción argumentativa por error en la interpretación y aplicación de la norma jurídica contenida en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que mezcló y confundió los conceptos de caducidad y dosificación de la sanción y olvidando el carácter inescindible que existe entre la facultad de investigar las infracciones ambientales y la de imponer las sanciones establecidas por el legislador en respeto del principio de legalidad.

44. Al respecto señaló que no es posible en forma simultánea concluir que no ha fenecido la facultad de investigar pero que sí la de imponer la sanción y con fundamento en el ello modificar el quantum de la multa que se impuso con criterios objetivos de gravedad, continuidad, afectación del medio ambiente, carácter público de la entidad sancionada y necesidad de protección del medio ambiente como un derecho colectivo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

45. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la entidad pública accionante contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

46. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 24 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada por la parte actora, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

47. En consecuencia, de cara al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

48. Si concurren en la presente solicitud de protección constitucional los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela que den paso al estudio de fondo en relación con los derechos fundamentales y los defectos atribuidos a la providencia judicial.

49. En el evento de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, se resolverá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sección Primera el 6 de julio de 2018, concretamente en relación con aplicación que en el caso concreto realizó de la figura jurídica de la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental que la condujo a reducir el monto de la sanción impuesta en el acto administrativo cuya declaratoria de nulidad era materia del debate en el proceso ordinario.

50. Por razones de orden metodológico, se abordarán los siguientes temas i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) acción de tutela contra sentencias de Altas Cortes; iii) examen de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iv) análisis del caso concreto, con fundamento en los argumentos expuestos en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

52. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

53. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

54. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias de Altas Cortes

55. La Corte Constitucional, en sentencia SU-573 del 14 de septiembre de 2017, consideró que cuando se trate de acciones de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se ha determinado un criterio adicional de procedencia de la acción constitucional, en atención a que “dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”. Al respecto reiteró la ratio decidendi contenida en las sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017, que consideraron:

“… la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

56. En la referida sentencia consideró que, para establecer la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, se requiere que concurran los siguientes requisitos: “(i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. (Resaltado de la Sala).

57. En la sentencia SU-050 de 2018 se afirmó que la tutela contra sentencia de Alta Corte solo es procedente cuando es definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional.

58. Así, esta acción solo es procedente contra providencias judiciales dictadas por Altas Cortes cuando se advierta que la decisión respectiva se opone a los postulados constitucionales y el análisis del juez debe restringirse a dicha oposición.

2.3.3. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.3.1. Tutela contra tutela

59. Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones dictadas de una acción de tutela, toda vez que la providencia censurada se dictó en sede de apelación por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el proceso instaurado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P. en contra de la accionante, rad. No. 25000-23-24-000-2010-00245-01.

2.3.3.2. Inmediatez

60. De las pruebas allegadas a la actuación se advierte que la providencia judicial cuestionada en la presente acción de tutela fue dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 6 de julio de 2018, siendo notificada por edicto fijado el 25 de julio de 2018, desfijado el 27 de julio de la misma anualidad.

61. Dentro del término de ejecutoria del fallo, el apoderado de la parte demandante solicitó la aclaración de la sentencia, petición que fue resuelta mediante providencia del 30 de agosto de 2018, en el sentido de negarla, auto interlocutorio notificado por estado el 14 de septiembre de 2018, según constancia secretarial obrante a folio 300 vuelto del cuaderno principal del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, habiendo cobrado ejecutoria el 19 de septiembre de 2018, según la constancia secretarial visible a folio 74 del expediente de tutela.

62. Por su parte, la acción de tutela fue ejercida, según demanda radicada en la Secretaría General del Consejo de Estado el 15 de marzo de 2019.
63. En consecuencia, contrario a lo señalado en el fallo objeto de revisión en sede de impugnación, concurre en el caso concreto el requisito de inmediatez, toda vez transcurrieron menos de seis (6) meses, contados desde el día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia censurada, el cual resulta razonable frente a la petición de protección constitucional en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia.

64. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

65. En efecto, en el referido fallo de unificación, sobre la contabilización del término de inmediatez en las acciones de tutela que se dirigen a cuestionar providencias judiciales, se consideró:

“Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.” (Subrayas fuera de texto)

2.3.3.3. Subsidiariedad

66. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la decisión que, en concepto de la parte actora, vulnera sus derechos fundamentales, la Sala considera necesario precisar que en relación con los defectos sustantivo por indebida interpretación y aplicación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y desconocimiento del precedente, la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, por cuanto la sentencia censurada resolvió el recurso de apelación.

67. Tampoco proceden en el caso concreto, en relación con los cargos referidos, los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, toda vez que las alegaciones de la parte actora no corresponden a las causales de revisión consagradas por el legislador en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y se trata de una sentencia dictada por el Consejo de Estado, como corporación de cierre en materia contencioso administrativa, contra la cual no procede el recurso de unificación de jurisprudencia, al tenor de lo dispuesto por el artículo 257 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

68. No obstante lo anterior, la Sala considera que la entidad pública accionante cuenta con el recurso extraordinario de revisión en relación con la argumentación referida a la contradicción en los razonamientos que considera se presenta en la sentencia censurada, toda vez que la referida falta de congruencia interna podría ser alegada como causal de nulidad originada en la sentencia, de tal manera que con respecto a este cargo se declarará la improcedencia de la acción.

2.3.3.4. Relevancia constitucional

69. En el presente caso la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, se advierte que ésta solicita, entre otros, la garantía de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al tiempo que al introducirse un cargo de desconocimiento del precedente, subyace el derecho a la igualdad.

70. En relación con la alegación de desconocimiento del precedente, la Corte Constitucional y esta Corporación han considerado que no existe otro mecanismo de defensa judicial que le permita a la parte actora solicitar el derecho a la igualdad que tienen todos los ciudadanos a que sus procesos sean resueltos de igual manera a como se hizo previamente en casos que guardan identidad fáctica y jurídica, de tal manera que de no abordarse el fondo de la alegación se dejaría a los actores en total estado de indefensión.
71. Así lo consideró la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU- 069 de 2018, en garantía del derecho a la protección judicial efectiva, al señalar que “El desconocimiento del precedente, sin una debida justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad”.

72. En consecuencia, el caso se debe analizar desde una perspectiva constitucional de protección del contenido vinculante de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, las cuales tienen este rango, al tenor de lo dispuesto en los artículos 11, 13 y 29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

73. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez constitucional, quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la dignidad humana.

74. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.

75. Al estar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, corresponde a la Sala estudiar el fondo del asunto.

2.3.4. Análisis del caso concreto

2.3.4.1. Argumentos expuestos por la entidad pública accionante

76. De la revisión de los escritos que contienen la demanda de tutela y la impugnación, se advierte que la parte actora concreta sus censuras en: i) la existencia de un defecto sustantivo por indebida interpretación y aplicación al caso concreto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de tramitación del proceso, que consagraba la figura de la caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración; y ii) el desconocimiento del precedente, citando sentencias que contienen pronunciamientos que han fijado en forma pacífica y reiterada la hermenéutica de la referida norma jurídica.

77. En consecuencia, al resultar inescindibles los cargos expuestos por la entidad pública accionante, la Sala los estudiará en forma conjunta, previa fijación del marco teórico referido a la norma que se considera indebidamente aplicada en el cual se incluirán las sentencias que se invocaron como desconocidas.

2.3.4.2. Caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración

78. La norma jurídica que la parte actora consideró indebidamente interpretada y aplicada a su caso es el del siguiente tenor:

“DECRETO 01 DE 1984

(Enero 02)

Derogado por el art. 309, Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 38.Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”

79. El precepto transcrito fue proferido atendiendo a la obligación que tienen las autoridades de adelantar las investigaciones sin dilaciones injustificadas, la cual hace parte del núcleo esencial del debido proceso, e implica que la potestad sancionatoria no quede indefinidamente abierta. En efecto, según la Corte Constitucional, el plazo de caducidad constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general, además de cumplir con el propósito de evitar la paralización del proceso administrativo y garantizar la eficiencia de la administración.

80. En cuanto a la contabilización del término para imponer la sanción, resulta esencial determinar la fecha a partir de la cual se debe iniciar el cómputo y la de terminación o fenecimiento de la facultad objeto de análisis. En relación con la primera, la norma objeto de interpretación establece que la caducidad se configura al cabo de tres (3) años de haberse producido el acto que pueda ocasionar la sanción, esto es la ejecución de la conducta que se considera contraria al ordenamiento superior.

81. En relación con las conductas de ejecución instantánea, esto es, aquellas que se consuman en el momento mismo de su realización, el término se empieza a contar desde que el hecho se produce y con respecto a las permanentes o continuadas, el plazo “comienza a contarse a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta” y se extiende hasta la notificación del acto principal a través del cual se impone la sanción. En efecto, es esta la tesis que se impuso, por haber sido acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por las Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación, siendo entonces el criterio que gobierna esta clase de controversias.

82. La interpretación y alcance de la norma, se encuentra reiterada en las sentencias que la parte actora citó como desconocidas, de las cuales cabe destacar, para los efectos del examen que se debe realizar en el sub examine, las siguientes:

83. Sentencia del 8 de febrero de 2018, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso radicado No. 25000-23-24-000-2008-00045-02. En esta oportunidad, sobre la fecha en que se debe iniciar la contabilización del término de caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración, se realizaron las siguientes consideraciones:

“En cuanto a la contabilización del término para imponer la sanción, resulta esencial determinar tanto el extremo temporal inicial como el final, con el fin de establecer si la SSPD ejerció la potestad sancionatoria dentro del plazo que le concedió el legislador.

En relación con el primer extremo, el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, aplicable a la actuación objeto de estudio, establece que la caducidad se configura al cabo de tres (3) años de haberse producido el acto que pueda ocasionar la sanción, esto es la ejecución de la conducta contraria al ordenamiento superior y que constituya falta sancionable de acuerdo con el principio de legalidad.

Lo anterior no representa mayor dificultad en el evento de investigarse una única conducta de ejecución instantánea, esto, aquella que se consuma en el momento mismo de su realización, como tampoco en aquellos casos en que se trate de una conducta permanente o continuada, en relación con la cual el Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad para imponer la sanción “comienza a contarse a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta. De allí que en los demás casos, dicho plazo se contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 del C.C.A., esto es, desde que el hecho se produce”.

84. Con respecto a la sentencia referida, la Sala destaca que, si bien es cierto ésta no constituye un precedente obligatorio, en cuanto no contiene una regla de decisión, al haberse limitado a resolver el caso concreto y la situación fáctica que allí se analizó no es idéntica a la que se presentó en el sub lite, sí resulta pertinente para el análisis del defecto sustantivo, en cuanto precisa conceptualmente la interpretación de la norma y la forma como se ha venido aplicando en forma pacífica y reiterada en la jurisprudencia del Consejo de Estado y, desde esta perspectiva, será tenida en cuenta en la presente decisión.

85. En la Sentencia T-211 de 2018, la Corte Constitucional, en sede de revisión de una sentencia de tutela, se pronunció únicamente sobre el término hasta el cual se extiende la potestad sancionatoria de la Administración. Al igual que en el caso anterior, la sentencia de tutela tampoco resulta un precedente aplicable al caso concreto y, particularmente, no contribuye en el sub examine a dilucidar el problema jurídico que subyace al mismo, toda vez que no se ocupó de establecer la forma como debía contarse el término de caducidad en aquellos eventos en que se establezca el carácter continuado de la conducta, como acaeció en el sub examine.

86. En la sentencia del 15 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 25000-23-24-000-2005-01423-02, se reconstruyó la línea jurisprudencial en torno a la interpretación del artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. Este fallo tampoco resulta obligatorio desde la perspectiva de análisis del defecto de desconocimiento del precedente, en tanto tampoco fijó una regla de decisión, pero sí determinó en forma clara y precisa el alcance de la norma objeto de análisis.

87. Sentencia del 29 de septiembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, expediente No. 11001-03-24-000-2007-00028-00, fallo que, igualmente, sin constituir precedente obligatorio, contiene la posición pacífica y reiterada sobre la interpretación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en relación con las conductas de carácter permanente y la contabilización de la caducidad a partir del último acto.

88. Por último, la Sala destaca que en la sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, dictada por la Corte Constitucional, se estudió la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 “Por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. En esta sentencia se declaró exequible el artículo 10 de la mencionada ley, norma que es del siguiente tenor:

89. En esta sentencia se consideró que el legislador decidió ampliar el término de caducidad de tres (3) años que regía para la potestad sancionatoria de la Administración, el cual se encontraba previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, a uno de veinte (20) en materia ambiental, que se consideró razonable y proporcionado frente a la nueva realidad de afectación del ambiente y de reconocimiento del mismo como un verdadero derecho colectivo, al tiempo que se señaló que el término de caducidad debe ser contabilizado a partir del hecho o la omisión causante del deterioro; sin embargo, cuando se trata de hechos u omisiones sucesivas, el lapso se cuenta a partir del último día en el que se haya generado el hecho o la omisión y, mientras persistan las condiciones de violación de las normas o generadoras del daño, la acción sancionatoria se puede ejercer en cualquier tiempo.

90. Si bien es cierto que estas consideraciones se realizaron al pronunciarse sobre una norma que no se encontraba vigente para la época de los hechos, lo cierto es que reitera la posición sobre la interpretación de las reglas de caducidad aplicables en torno a la forma como debe contabilizarse la caducidad tanto en relación con faltas instantáneas como con respecto a las de carácter permanente o continuado.

91. La Sala precisa que la potestad sancionatoria a cargo de la Administración conlleva la posibilidad de investigar la infracción al ordenamiento jurídico que se le imputa como falta al sujeto pasivo, la de declararlo responsable y lleva implícita, por ser de su esencia, la de imponer la sanción, respetando para ello los principios de legalidad y proporcionalidad.

92. No resulta, en consecuencia posible escindir la potestad de declarar administrativamente responsable al infractor de las normas ambientales, de la facultad de imponerle la sanción que establezcan las normas que regulan esta materia, en este caso la Ley 99 de 1993 y los decretos que la reglamentan, la que, en el artículo 85 establece la modalidad de multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución.

2.3.4.3. Análisis de la configuración del defecto sustantivo en el caso concreto

93. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, corresponde a la Sala establecer si en el caso concreto se presentó el defecto sustantivo, alegado por la parte actora con sustento en la indebida interpretación y aplicación al caso concreto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, con el alcance que le ha dado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, de cara a la diferenciación entre conductas instantáneas y permanentes o continuadas.

94. En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional incluyó como causal de procedencia especial del amparo el defecto sustantivo, referido a “los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.

95. En decisiones posteriores, la referida Corporación ha considerado que este defecto se sustenta en el principio de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas no es absoluta, aunque se funde en el principio de autonomía e independencia judicial. Al respecto indicó que “Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”

96. Sobre las situaciones que configuran este defecto y, por ende, deben ser objeto de análisis por el juez constitucional en cada caso, se han señalado, entre otras, las siguientes:

“(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;

(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
…”

97. En el caso concreto, la censura sobre la sentencia del 6 de julio de 2018, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, se centra únicamente en la aplicación –que se considera contradictoria– del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, lo que torna imperativo precisar el argumento expuesto por la parte recurrente en relación con la caducidad de la acción y las consideraciones expuestas en la sentencia sobre el mismo.

98. Al respecto, se encuentra que en el recurso de apelación, la EAAB argumentó que la posición adoptada por el Tribunal, en el sentido de considerar que se trató de una acción de naturaleza continuada, es errada y va en contra del instituto de la caducidad, por cuanto implica establecer a perpetuidad la facultad sancionatoria, desconociendo que en el hipotético evento de existir una infracción, le asistía responsabilidad al Estado por omitir sus facultades de policía.

99. La empresa recurrente –demandada en el juicio ordinario que es la EAAB– agregó que la única posibilidad de que en este evento la caducidad se convierta en un elemento liberador y genere garantías reales a la investigada, sería interpretar que la prerrogativa de Corpoguavio, para imponer la multa contenida en la Resolución No. 097 de 2003, caducó respecto de los años anteriores al 2000.

100. Afirmó que, lo anterior obedecía a que el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo no hizo distinción sobre si el término de tres (3) años para que opere la caducidad se cuenta a partir del primero o último acto que permite la imposición de la sanción y, en esa medida, no es dable al intérprete establecer diferenciaciones donde el legislador no las realizó.

101. Para resolver el argumento de apelación, en la sentencia censurada se fijó el marco normativo y conceptual referido al instituto jurídico objeto de análisis, precisando con absoluta claridad la diferencia entre conductas instantáneas y permanentes y la forma de contabilizar el plazo en relación con cada una de ellas, atendiendo a los mismos parámetros expuestos en esta providencia.

102. No obstante lo anterior, agregó la siguiente consideración:
“Finalmente, se encuentra el último elemento en este tipo de procedimientos administrativos, esto es, la sanción. Al respecto, es pertinente diferenciar si la norma en la cual se halla prevista dispone que debe ser contabilizada periódicamente o si se trata de una tasación que aplica parámetros diferentes al transcurso del tiempo como por ejemplo la gravedad de la conducta, el impacto, etc.

Lo dicho adquiere relevancia a la hora de determinar el ejercicio oportuno de la facultad sancionatoria de la administración, puesto que al ser la sanción periódica, se entiende que el paso de cada día, mes o año es autónomo en relación con el posterior. En otras palabras, si se trata por ejemplo de la imposición de una multa que de acuerdo a la disposición que la regula debe ser computada por cada día de infracción, ello indica que cada uno de esos días es autónomo en relación con los siguientes porque la sanción en sí misma va ligada al paso del tiempo.”

103. Al aplicar lo anterior al caso concreto, consideró que, sin lugar a dudas, la infracción al régimen ambiental se prolongó en el tiempo desde 1988 –fenecimiento del término de la concesión– al 2003 –imposición de la sanción, por tratarse de una conducta de carácter continuado, por lo que el término de caducidad se debía contabilizar desde que la EAAB cesó la captación de las fuentes hídricas supuesto que ocurrió con la imposición de la sanción.

104. Agregó que, al valorar las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estaba plenamente demostrado que la conducta permanente de captación ilegal del recurso hídrico no había cesado y que, por ello no operó la caducidad de la potestad sancionatoria, lo cual consignó en los siguientes términos:

“Pues bien, visto el material probatorio allegado al plenario, la Sala observa que la conducta objeto de reproche no cesó, y por ello es claro que no operó la caducidad de la potestad sancionatoria de CORPOGUAVIO; o mejor, el citado ente estaba posibilitado legalmente para sancionar a la EAAB, habida cuenta de que cuando profirió el acto administrativo que impuso la multa a la accionante (Resolución No. 097 del 4 de febrero de 2003), la EAAB continuaba desplegando una actuación reprochable a la luz de las normas que regulan la materia (Decreto 1382 de 1940) y no se evidencia en el acervo ninguna prueba que hubiese acreditado que tal actuación se suspendió de manera previa a la conclusión de la actuación que se impugna.”

Así las cosas, como el cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del último acto y en este caso no se acreditó que la conducta irregular hubiere cesado, le asiste razón al a quo, pues al tratarse de un acto de ejecución continuada, la caducidad no se configuró.

105. A continuación, estudió, como un elemento de la responsabilidad y no como una consecuencia de la infracción a la norma superior, la sanción impuesta por Corpoguavio que, en aplicación de los principios de legalidad –literal a) del numeral 1º) del artículo 85 de la Ley 99 de 1993– y proporcionalidad, se determinó en multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada metro cúbico por segundo de agua otorgado en concesión mediante la Resolución No. 055 de 1968, contados a partir del 23 de diciembre de 1993.

106. El estudio de proporcionalidad de la sanción para la fijación del quantum de la multa a imponer quedó redactado en la resolución sancionatoria, en los siguientes términos: “Por cada metro cúbico por segundo de agua otorgado en concesión según resolución (055/68), se castigará al mes con diez (10) smmv suma que se antoja mínima frente a la grave infracción ambiental ya calificada.”

107. En consecuencia, de la cuantía de la multa impuesta de cara a la gravedad de la infracción, con fundamento en una potestad que se encontró demostrado que no había fenecido, en la sentencia censurada se concluyó que:

“Es claro entonces que la multa de la que fue acreedora la EAAB, fue calculada en virtud de la captación ilegal mensual del agua; es decir, se tiene en cuenta cada uno de los meses en que infringió las normas, lo que implica que cada mes adquiere autonomía porque la sanción es periódica. En otras palabras, lo que se sancionó fue la captación mes por mes.

Colorario de lo expuesto es que CORPOGUAVIO se encontraba posibilitado para investigar y sancionar la conducta ilegal de la EAAB, pero la multa debió imponerse en relación con los periodos mensuales en que la actora incurrió en la conducta ilegal, en cada caso, como máximo dentro de los tres (3) años siguientes a cada infracción mensual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 del CCA.

Tal como lo establece el artículo indicado, la potestad sancionatoria de la Corporación se mantiene incólume, no obstante que la infracción se presenta desde el año 1988, en tanto que se trata de una conducta continuada de la infracción, pero la sanción misma se limita al periodo en el cual la Administración debía intervenir, dado el carácter periódico de aquélla, pues tal interpretación atiende el sentido de la caducidad, como el reproche a la administración por su inactividad.” (Negrillas de la Sala)

108. De las consideraciones contenidas en la sentencia objeto de revisión, esta Sala considera que se presenta una indebida interpretación y aplicación al caso concreto de la norma que consagra la caducidad, toda vez que no obstante haber concluido que la potestad sancionatoria de la administración se encontraba vigente y podía investigar y sancionar la conducta permanente y continuada contraria al ordenamiento, aplicó el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 a los hechos anteriores al año 2000, por considerar que la multa se impuso por períodos mensuales.

109. La aplicación de la caducidad a la forma de cuantificar la sanción no era posible, toda vez que el ejercicio oportuno de la facultad de la Administración de investigar las infracciones a las normas ambientales conlleva la de imponer sanciones, sobre cuya función la Corte Constitucional ha considerado que “… la sanción administrativa en materia ambiental es preventiva, correctiva y compensatoria para garantizar la efectividad de los principios y objetivos de la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento”.

110. En efecto, una cosa es el ius puniendi que se debe ejercer dentro del término establecido en el artículo 38 del C.C.A. y otra es la consecuencia de haber encontrado responsable a la entidad infractora, que consiste en la multa aplicable al tenor de lo dispuesto por el literal a) del numeral 1º) del artículo 85 de la Ley 99 de 1993–, cuantificación de la sanción a la que –se reitera– no le es aplicable la caducidad, como erróneamente lo concluyó la autoridad accionada y que obedece al criterio de gravedad de la infracción, según el tenor literal de la norma:

“Artículo 85. Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:
Sanciones:
a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;”
…”

111. De lo expuesto se concluye no resulta razonable tener como permanente la conducta para sostener que la autoridad ambiental podía adelantar la investigación y, a continuación, afirmar que solo se podía imponer la sanción sobre los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de proferimiento de la resolución, en lugar de concluir, como resultaba imperativo de la aplicación de la norma de orden público objeto de interpretación que se encontraba facultada para investigar e imponer la sanción que resultara proporcional a la gravedad de los hechos, la cual permitía la modalidad de multa por periodos de tiempo, según se explicó en precedencia y para cuya aplicación no podía invocarse la norma que regula la caducidad, sino aquella que estable el monto de la multa a imponer.

112. La autoridad accionada, amparándose en la norma consagrada en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, concluyó que la sanción no era proporcional sin realizar el test de proporcionalidad de la multa con fundamento en la norma que resultaba aplicable a esta que era el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y que atendía a la gravedad de la conducta.

113. Tampoco desvirtuó en esta oportunidad las consideraciones que se incluyeron en el acápite del acto administrativo en el cual se precisaron las circunstancias en virtud de las cuales la infracción ambiental se calificó como grave para efectos de precisar el monto de la sanción a imponer.

114. Siendo ello así, si en gracia de discusión se considerara que la falencia la providencia se limita a un error conceptual en torno a la aplicación a la cuantía de la multa del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y que lo que pretendía era revisar la proporcionalidad de la sanción, la Sala advierte que ello no resultaba posible en el caso concreto, toda vez que la parte demandante del proceso ordinario y recurrente de la sentencia de primera instancia –EAAB– no incluyó tal alegación como un cargo de la demanda ni del escrito de apelación.

115. En virtud de lo expuesto, no es posible arribar a una conclusión diferente a que el alcance que se le dio a la norma en la sentencia censurada y que impacta en la decisión de disminuir la cuantía de la multa configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora y que esta Sala considera plenamente acreditado.

116. Ello, por haberse aplicado el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo a la sanción que la entidad pública impuso con fundamento en los criterios establecidos por el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, lo cual no está dentro del margen razonable de interpretación y que se evidencia en la conclusión a la que se llegó en la sentencia y que quedó expuesta en los siguientes términos:

“Bajo los presupuestos indicados no se habilita a la Administración a reprochar conductas continuadas sin importar el periodo de tiempo que haya transcurrido desde que comenzó el comportamiento ilegal hasta que se imponga la sanción correspondiente, como quiera que se trataría de una atribución desmedida que no consulta los principios de proporcionalidad, eficiencia y eficacia dispuestos en el artículo 209 Superior, como directriz que debe orientar la actuación de la Administración Pública, en el sentido de controlar y vigilar oportunamente conductas reprochables que pueden afectar bienes jurídicos de importante talante, como es todo aquello que tenga que ver con la disposición de recursos hídricos.” (Negrillas fuera de texto)

117. En efecto, contrario a lo considerado en la sentencia, la Administración está habilitada para reprochar las conductas permanentes sin importar el período transcurrido e imponer la sanción que corresponda en aplicación del principio de legalidad.

118. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que le asiste razón a la entidad pública accionante cuando afirma que el defecto se configuró adicionalmente por cuanto la autoridad accionada desconoció que la multa se fijó, utilizando como criterio razonable para la graduación, el aforo de caudal por cada mes de captación ilegal, sin que ello guarde relación alguna con el carácter instantáneo o permanente de la conducta para efectos de contabilización del término de caducidad de la facultad de la administración para investigar y, por ende, imponer la sanción.

119. El defecto sustantivo se configura igualmente porque la interpretación que se realizó en la sentencia excede lo previsto por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo para limitar el monto de la multa utilizando la figura de la caducidad de la potestad sancionatoria que, como la misma Sección concluyó, no operó en el caso concreto, por tratarse de una conducta de carácter permanente o continuado que no había cesado para la fecha de imposición de la sanción.

120. Encontrándose acreditada la existencia del defecto sustantivo y por tratarse de una decisión dictada por una Alta Corte, como Corporación de cierre en materia contencioso administrativa, se considera necesario precisar que la anomalía que se advierte en el sub lite es de significativa entidad en tanto la interpretación es definitivamente incompatible con la norma de orden de público aplicable y, por ello, impacta el núcleo esencial del derecho al debido proceso desde la perspectiva constitucional estudiada, tornando imperativa la intervención del juez constitucional que, de no incidir el defecto en el sentido de la decisión, no lo habría considerado procedente.

2.3.5. Conclusión

121. En el presente caso la Sala encontró acreditado el requisito de inmediatez por cuanto la demanda de tutela se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoría de la decisión.

122. Se consideró que no concurría el requisito de subsidiariedad en relación con el argumento referido a la existencia de contradicción argumentativa, por cuanto la parte actora contaría con el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal de nulidad originada en la sentencia por falta de congruencia interna del fallo censurado.

123. Se consideró procedente estudiar de fondo los cargos de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente por indebida interpretación y aplicación al caso concreto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, encontrándolo acreditado, al advertir que la argumentación expuesta en la sentencia censurada es irrazonable por aplicar la caducidad a la cuantía de la multa impuesta en ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración que se encontraba vigente por ser una falta de carácter permanente.

124. Es así como, teniendo en cuenta la situación analizada y el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala considera que en el presente caso concurren los requisitos para revocar la decisión objeto de impugnación, para en su lugar, conceder el amparo deprecado por la actora.

125. En efecto, esta Sección ha considerado que cuando la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, resulta necesario amparar los derechos fundamentales involucrados en la demanda y tal situación ocurre indudablemente cuando la interpretación de la norma se hace en forma irrazonable extendiendo la norma más allá de lo que permite su tenor literal y la interpretación sistemática y finalística que de la misma han efectuado la Corte Constitucional y esta Corporación, como acaeció en el sub lite.

126. Lo anterior sin desconocer la competencia asignada a la autoridad judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas al caso concreto, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, que esta Sección ha defendido en garantía de principios como el de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero bajo la premisa de que esta no es absoluta, en tanto se encuentra limitada por el orden jurídico prestablecido.

127. En consecuencia, se dejará sin efectos el numeral tercero de la sentencia del 6 de julio de 2018 y le concederá a la autoridad accionada el término de treinta (30) días para que dicte una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la presente decisión.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, que rechazó por improcedente la petición de protección constitucional deprecada por la Corporación Autónoma del Guavio – Corpoguavio, en su lugar, i) declarar la improcedencia de la acción en relación con la falta de congruencia interna de la sentencia y ii) amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos el numeral tercero de la sentencia del 6 de julio de 2018, dictada por el Consejo de Estado – Sección Primera y conceder a la autoridad accionada el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este fallo, para que dicte una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Ejecutoriado el presente fallo devolver el expediente contentivo del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho al Consejo de Estado, Sección Primera para proferir la decisión de reemplazo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (E)

Por considerar que no se cumplió el requisito de inmediatez en el caso concreto que tornara procedente estudiar el fondo del asunto. Ver folio 2 del expediente de tutela. Folio 2 del cuaderno principal del expediente de tutela. Por medio de la cual el Director General de Corpoguavio impuso a la EAAB una multa por la suma de 28.260.898.600, equivalente a 86.207.526 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por captar en forma ilegal el recurso hídrico proveniente de los ríos La Playa, Frío y Chuza. Acto en el que también se indicó que, acorde con lo normado por el parágrafo 1º del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, el pago no lo eximía de solicitar y obtener la concesión de aguas con el lleno de los requisitos legales, en especial lo preceptuado por el Decreto Ley 2711 de 1974 y 1594 de 1984. Por medio de la cual el Secretario General de Corpoguavio decidió el recurso de reposición interpuesto por EAAB contra la decisión sancionatoria, confirmando en todas sus partes la Resolución 097 del 4 de febrero de 2003. Folios 15 y 16 del Cuaderno No. 1 del expediente. Citó para el efecto la dictada en el expediente No. 5175, sin indicar la fecha de su expedición.
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.” El artículo 39 establece: “ARTÍCULO 39.- Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años.”
Mediante Resolución No. 55 del 30 de septiembre de 1968, el Ministerio de Agricultura dio en concesión a la EAAB la “totalidad de las aguas que discurren por los ríos La Playa, Frío y Chuza y demás vertientes de la hoya tributaria de ellos, para la construcción de la represa o embalse que proyecta construir (Sic) en el Páramo de Chingaza, jurisdicción del municipio de Fómeque, Departamento de Cundinamarca”. La norma establece: “ARTÍCULO 38.Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”
Para la época de los hechos no se había proferido la Ley 1333 de 2010. La sentencia se suscribió con salvamento de voto de los Magistrados Hernando Sánchez Sánchez y Roberto Augusto Serrato Valdés, quienes consideraron que en el caso concreto no operó la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado y que, por ende, se debía confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda por cuanto, a su juicio, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo solamente establece un límite temporal para el ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración y que, “si bien es cierto, dicha potestad se encuentra estrechamente ligada a la potestad para la imposición de la sanción, la norma solamente se refiere a la caducidad para el ejercicio de la facultad sancionatoria y no para el plazo sancionable.” Los magistrados que salvaron el voto consideraron que no se debe confundir el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración pública con la imposición de la sanción en sí misma, que resulta ser una consecuencia de la primera. Precisaron que: “una interpretación razonada del artículo 38 ejusdem permite inferir que la administración pública se encuentra facultada para investigar y sancionar la comisión de una conducta ilegal, sea esta instantánea o continuada, siempre y cuando no se hubiere configurado la caducidad de la facultad sancionatoria.

Por ello, si la Sala consideró que, en el caso concreto, no se había configurado la caducidad de la facultad sancionatoria de Corpoguavio por la conducta continuada de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, consistente en la captación ilegal de agua desde el 23 de diciembre de 1993 hasta el 4 de febrero de 2003, la consecuencia lógica es que se encontraba facultada para no solamente investigar la conducta sino también para sancionarla en forma íntegra.”
21. Además, la tesis planteada por la Sala mayoritaria resulta contradictoria en la medida en que, en primer lugar, considera que la conducta ilegal desplegada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tenía un carácter continuado o periódico y, posteriormente, en forma tácita, la vuelve instantánea, al señalar que “[…] lo que se sancionó fue la captación mes por mes […]” y que, en consecuencia, “[…] la multa debió imponerse en relación con los periodos mensuales en que la actora incurrió en la conducta ilegal, en cada caso, como máximo dentro de los tres (3) años siguientes a cada infracción mensual […]”. En ese orden de ideas, la Sala mayoritaria, al señalar que el comportamiento sancionable se agotó “mes por mes”, subsume la conducta en las denominadas como instantáneas que, se recuerda, han sido definidas por la Corte Constitucional como aquellas en las que “[…] la realización del comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento […]”. Folio 72 vuelto del cuaderno principal del expediente de tutela.
“Artículo 85. Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: Sanciones:
a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;
…”
Los argumentos expuestos en el acto administrativo sancionatorio para efectos de establecer el quantum de la sanción, fueron las siguientes:

“Por lo expuesto la multa calculada partirá de los siguientes principios fundamentales:
Se trazará teniendo en cuenta sólo la infracción cometida por uso ilegal del recurso agua que fue concebido mediante la resolución No 055/68.
Como fecha de iniciación de ocurrida la infracción investigada y continuada se tomará a partir del 23 de diciembre de 1993.
Por cada metro cúbico por segundo de agua otorgado en concesión según resolución (055/68), se castigará al mes con diez (10) smmv suma que se antoja mínima frente a la grave infracción ambiental ya calificada.
Por lo cual los caudales otorgados fueron; resolución No 055/68 (Fuentes ríos La playa, frío y chuza):
Invierno: 106,110 m3 /seg
Verano: 0,882 m3/seg
Para definir las épocas de invierno y verano se corroboró la información suministrada al respecto y conforme a reportes históricos de las siguientes entidades: IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente, Estudios propios de CORPOGUAVIO, Ingetec, el EIA presentado por la EAAB-ESP al Ministerio de Ambiente, de lo que se concluye que los meses considerados de verano son, diciembre, enero y febrero y que los de invierno son el resto del año por lo cual se puede hacer el siguiente cálculo:

AÑOMESMULTA DIARIA EN S.M.M.V. MULTA EN S.M.M.V. AÑOMESMULTA DIARIA EN S.M.M.V. MULTA EN S.M.M.V. 19939 días0,2942,6461999Enero0,2948,821994Enero0,2948,82Febrero 0,2948,82Febrero 0,2948,82Marzo 35,371061,1Marzo 35,371061,1Abril35,371061,1Abril35,371061,1Mayo35,371061,1Mayo35,371061,1Junio35,371061,1Junio35,371061,1Julio35,371061,1Julio35,371061,1Agosto35,371061,1Agosto35,371061,1Septiembre35,371061,1Septiembre35,371061,1Octubre35,371061,1Octubre35,371061,1Noviembre 35,371061,1Noviembre 35,371061,1Diciembre0,2948,82Diciembre0,2948,822000Enero0,2948,821995Enero0,2948,82Febrero 0,2948,82Febrero 0,2948,82Marzo 35,371061,1Marzo 35,371061,1Abril35,371061,1Abril35,371061,1Mayo35,371061,1Mayo35,371061,1Junio35,371061,1Junio35,371061,1Julio35,371061,1Julio35,371061,1Agosto35,371061,1Agosto35,371061,1Septiembre35,371061,1Septiembre35,371061,1Octubre35,371061,1Octubre35,371061,1Noviembre 35,371061,1Noviembre 35,371061,1Diciembre0,2948,82Diciembre0,2948,822001Enero0,2948,821996Enero0,2948,82Febrero 0,2948,82Febrero 0,2948,82Marzo 35,371061,1Marzo 35,371061,1Abril35,371061,1Abril35,371061,1Mayo35,371061,1Mayo35,371061,1Junio35,371061,1Junio35,371061,1Julio35,371061,1Julio35,371061,1Agosto35,371061,1Agosto35,371061,1Septiembre35,371061,1Septiembre35,371061,1Octubre35,371061,1Octubre35,371061,1Noviembre 35,371061,1Noviembre 35,371061,1Diciembre0,2948,82Diciembre0,2948,822002Enero0,2948,821997Enero0,2948,82Febrero 0,2948,82Febrero 0,2948,82Marzo 35,371061,1Marzo 35,371061,1Abril35,371061,1Abril35,371061,1Mayo35,371061,1Mayo35,371061,1Junio35,371061,1Junio35,371061,1Julio35,371061,1Julio35,371061,1Agosto35,371061,1Agosto35,371061,1Septiembre35,371061,1Septiembre35,371061,1Octubre35,371061,1Octubre35,371061,1Noviembre 35,371061,1Noviembre 35,371061,1Diciembre0,2948,82Diciembre0,2948,822003Enero0,2948,821998Enero0,2948,82Febrero 0,2948,82
Febrero
0,294
8,82

Marzo
35,37
1061,1
Abril
35,37
1061,1
Mayo
35,37
1061,1
Junio
35,37
1061,1
Julio
35,37
1061,1
TOTAL 86207,526 S.M.M.V.
Agosto
35,37
1061,1
$28.260´898,600
Septiembre
35,37
1061,1

Octubre
35,37
1061,1
Noviembre
35,37
1061,1
Diciembre
0,294
8,82

Sobre este tema, precisó: “Suponer que el Estado cuenta con una facultad ilimitada para sancionar conductas continuadas desdibujaría completamente el sentido de la norma sobre caducidad de la potestad sancionatoria y los principios que inspiran la incorporación de tal disposición en el orden jurídico, toda vez que, precisamente, lo que se busca proteger es la materialización de la seguridad jurídica y el interés general al requerir de la Administración el ejercicio oportuno de su poder sancionador, de modo que no quede indefinidamente abierto para premiar su propia negligencia.” (Sic para lo transcrito) folio 60 vuelto del cuaderno principal del expediente de tutela.
Suma que ascendía a trescientos treinta y dos mil pesos ($332.00.oo).
Ver folio 60 vuelto del cuaderno principal del expediente de tutela.
Folio 70 del cuaderno principal del expediente de tutela.
Folio 6 del cuaderno principal del expediente de tutela.
Esta sentencia se dictó con ponencia de la doctora Rocío Araújo Oñate.
Ver folios 138 a 144 del expediente de tutela.
No obstante, no señaló el otro mecanismo de defensa judicial con el que contaría la entidad demandante.
Folio 137 del cuaderno principal del expediente de tutela.
En la oportunidad establecida en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991. Ver folio 89 del expediente de tutela.
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Corte Constitucional, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
SU-050 de 2017.
Corte Constitucional, Sentencia SU-050 de 2018, Cristina Parto Schlesinger
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
“En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (…)”.
Sobre esta causal ver sentencia 2017-02229 de octubre 4 de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Corte Constitucional, Sentencia C-401 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Rad. 11001-03-24-000-2007-00013-00
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de septiembre de 2009, Rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). C.P.: Susana Buitrago Valencia. Entre otras, en los siguientes fallos: las sentencias del 26 de noviembre de 2009, Rad. 25000 23 24 000 2004 00339 01. C.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta; 9 de junio de 2011, Rad. 2004 00586 01. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno; de 4 de agosto de 2011, Rad. No. 2003 01151 01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso; 23 de febrero de 2012, Rad. No. 2004-00344-01. C.P.: María Elizabeth García González; 14 de febrero de 2013, Rad. No. 25000 23 24 000 2003 91003 01. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno y 28 de veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación Núm.: 25000 23 24 000 2008 00369 01 Actor: GAS PAÍS SA Y CIA. SCA ESP. Demandados: NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del primero (1º) de octubre de dos mil catorce (2014), Radicación: 250002324000200700081 01 No. Interno: 18917 Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Si bien la parte actora citó como ponente de esta decisión al Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, la magistrada ponente fue la doctora Rocío Araújo Oñate, habiendo sido aprobada por la Sala de Decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado en Descongestión. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00013-00
En el caso se referencia la conducta se consideró reiterada, esto es, se trató de varias infracciones con respecto a la misma norma que se agotaron en momentos diferentes. Con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. Lo anterior, por cuanto en el caso concreto no se encontraba en debate la naturaleza instantánea o permanente de la conducta y el término se había contabilizado desde la formulación de la queja. Con ponencia de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Con ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González
“Artículo 10.CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivo, el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo.”
Sobre el punto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que “(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas.” Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005, reiterada en la C-401 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, sentencia T- 757 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera, reiterando lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012, M.P. (E) Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017, M.P.

Luis Ernesto Vargas Silva. Folios 110 a 134 ibídem. Folio 246 vuelto del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-071 de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

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