Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-01423-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-01423-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-01423-02
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
15 de febrero de 2018
CONTADOR PÚBLICO – Sanción / FACULTAD SANCIONATORIA - Término de caducidad. Regla general del Código Contencioso Administrativo / JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - Caducidad facultad sancionatoria / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN PROCESOS DISCIPLINARIOS – Término de caducidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[N]o cabe duda que el término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos es el contemplado en el artículo 38 del CCA, vale decir, el de tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionar reprocho y la sanción a imponer, como consecuencia de la investigación disciplinaria, debe ser notificada dentro de ese mismo término, a fin de que produzca efectos legales.
NOTA DE RELATORIA: Se reiteran las sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de agosto de 2014, Radicación 25000-23-24-000-2005-01346-01, C.P. María Elizabeth García González; 29 de septiembre de 2011, Radicación 1101-03-24-000-2007-00028-00, C.P. María Elizabeth García González; sentencia de 22 de mayo de 2014, Rad. AC-2013-02392-00, MP: Marco Antonio Velilla Moreno; Término de caducidad de la facultad sancionatoria, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2010, Rad. 2007-00145, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA - Cómputo / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – Cómputo cuando se trata de actos sancionables de ejecución continuada y de actos constitutivos de falta que se agotan en un solo instante / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - Configuración
[L]a contabilización del término de la caducidad para imponer la sanción debe establecerse para las faltas permanentes o continuadas, a partir del último acto del que se tiene noticia en el que se actuó irregularmente, y en los demás casos, vale decir, para las faltas instantáneas, en la forma establecida por el artículo 38 del CCA, esto es, desde que el hecho se produce. En el caso sub examine, debe tenerse en cuenta que las conductas imputadas por las irregularidades contables ocurridas en la sociedad Ático Inversiones Ltda., son constitutivas de faltas continuadas o permanentes, en la medida en que aquellas tuvieron ocurrencia en forma escalonada y progresiva, en relación con las actuaciones del revisor fiscal designado por la empresa PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., y de ejecución instantánea, respecto de los dictámenes rendido por la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, como contadora del mencionado ente societario, de tal manera que el cómputo de la caducidad para imponer la sanción debe hacerse a partir del último acto de irregularidad contenido, así mutatis mutandi, que equivale a la fecha en la cual cesaron dichas conductas. […] [C]omo la Resolución que impuso la sanción fue expedida y notificada después del término de los tres (3) años previsto en el artículo 38 del CCA, se tiene que en el caso concreto operó la caducidad de la acción sancionatoria, por lo cual, se impone para la Sala declarar la nulidad de los actos demandados, previa revocatoria del fallo de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 38 / LEY 43 DE 1990 – ARTÍCULO 22 / LEY 43 DE 1990 – ARTÍCULO 28
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2005-01423-02 (Acumulado 25000-23-24-000-2005-01426)
Actor: PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo de segunda instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en Descongestión, el 10 de septiembre de 2012, por medio de la cual, se declaró inhibida para conocer de la pretensión de nulidad contra el acto de apertura de investigación disciplinaria y negó las demás pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas
1.1. Exp. 2005-01423. La sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., mediante apoderado judicial, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se suspendan provisionalmente y de manera inmediata la Resolución 63 del 15 de abril de 2004 de la Junta Central de Contadores y la Resolución confirmatoria 1451 del 2 de mayo de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.
2. Que se declaren nulos el Acto de Apertura de Investigación Disciplinaria y Pliego de Cargos (Diligencias previas 1047) de fecha 20 de febrero de 2003 (que figura en el texto del auto como 20 de febrero de 2002), la Resolución 63 de fecha 15 de abril de 2004 y la Resolución 179 (Expediente 497) de fecha 19 de agosto de 2004, todos de la Junta Central de Contadores, y la Resolución 1451 del 2 de mayo de 2005 del Ministerio de Educación Nacional; por violación a las normas constitucionales y legales a las que han debido sujetarse.
3. Que como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su derecho a PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., declarando que no es disciplinariamente responsable y que, por ende, no hay lugar a la imposición de sanción alguna.
4. Que, consecuencialmente, se ordene a la Junta Central de Contadores retirar de forma inmediata de sus bases de datos y publicaciones cualquier anotación que haga referencia a mi representada, derivada o relacionada con el Auto y las resoluciones sancionatorias cuya declaratoria de nulidad se solicita; y que oficie a todas las entidades a la cuales haya remitido noticia sobre la sanción impuesta, una actualización de información en la que dé cuenta detallada de la anulación de sus actos administrativos y consecuente cancelación de la sanción registrada como antecedente disciplinario en contra de mi representada.
5. Que se declare administrativamente responsable a La Nación – Ministerio de Educación Nacional y a la Junta Central de Contadores de los perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia de la ejecución de las decisiones atacadas en esta demanda.
6. Que se condene a La Nación – Ministerio de Educación Nacional y a la Junta Central de Contadores a indemnizar los perjuicios causados a la demandante estimados en TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) MONEDA CORRIENTE».
1.2. Exp. 2005-01426. La señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, por intermedio de apoderado judicial, fijó las siguientes pretensiones:
«1. Que se suspendan provisionalmente y de manera inmediata la Resolución 63 del 15 de abril de 2004 de la Junta Central de Contadores y la Resolución confirmatoria 1451 del 2 de mayo de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.
2. Que se declaren nulos el Acto de Apertura de Investigación Disciplinaria y Pliego de Cargos (Diligencias previas 1047) de fecha 20 de febrero de 2003 (que figura en el texto del auto como 20 de febrero de 2002), la Resolución 63 de fecha 15 de abril de 2004 y la Resolución 179 (Expediente 497) de fecha 19 de agosto de 2004, todos de la Junta Central de Contadores, y la Resolución 1451 del 2 de mayo de 2005 del Ministerio de Educación Nacional; por violación a las normas constitucionales y legales a las que han debido sujetarse.
3. Que como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su derecho a JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, declarando que no es disciplinariamente responsable y que, por ende, no hay lugar a la imposición de sanción alguna.
4. Que, consecuencialmente, se ordene a la Junta Central de Contadores retirar de forma inmediata de sus bases de datos y publicaciones cualquier anotación que haga referencia a mi representada, derivada o relacionada con el Auto y las resoluciones sancionatorias cuya declaratoria de nulidad se solicita; y que oficie a todas las entidades a la cuales haya remitido noticia sobre la sanción impuesta, una actualización de información en la que dé cuenta detallada de la anulación de sus actos administrativos y consecuente cancelación de la sanción registrada como antecedente disciplinario en contra de mi representada.
5. Que se declare administrativamente responsable a La Nación – Ministerio de Educación Nacional y a la Junta Central de Contadores de los perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia de la ejecución de las decisiones atacadas en esta demanda.
6. Que se condene a La Nación – Ministerio de Educación Nacional y a la Junta Central de Contadores a indemnizar los perjuicios causados a la demandante estimados en CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DE PESOS ($114’425.255) MONEDA CORRIENTE».
1.2. Fundamentos fácticos (expedientes 2005-1423 y 2005-1426)
En síntesis, los demandantes plantearon, lo siguiente:
1.2.1. El 3 de junio de 1994, se constituyó la sociedad Ático Inversiones Ltda.
1.2.2. Luego de 11 meses de haberse constituido, esto es, el 20 de abril de 1995, se nombró como revisor fiscal a la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA.
1.2.3. El 27 de julio de 1999, la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, en su calidad de contadora, certificó que la contabilidad de Ático Inversiones Ltda., se encontraba al día, esto es, registrada hasta el mes de junio de 1999. La anterior certificación, fue radicada ante la señora Marcela Nieto, secretaria de la sociedad.
La contadora mencionada renunció a su empleo en la sociedad Ático Inversiones y prestó sus servicios como contadora pública, hasta el corte contable del mes de junio de 1999.
1.2.4. El 27 de julio de 1999, el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, en su calidad de contador público designado por la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., emitió los estados financieros de la sociedad Ático Inversiones Ltda., con corte a 30 de junio de 1999 y, posteriormente, el 28 de julio de 1999 presentó renuncia al mencionado cargo, la cual fue recibida el 29 de julio de 1999, por la señora Marcela Nieto, secretaria de dicha sociedad, fecha en la cual, además, solicitó realizar a la mayor brevedad posible los trámites de inscripción de un nuevo revisor fiscal en el registro mercantil.
1.2.5. El 22 de octubre de 1999, sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., entregó una actualización del dictamen sobre los estados financieros de la sociedad Ático Inversiones Ltda., con corte a 30 de junio de 1999 e indicó que ella obedecía a los ajustes que se habían incluido en los estados financieros a dicha fecha, por instrucciones de la Superintendencia de Sociedades y ésta fue su última actuación como revisor fiscal en la referida sociedad.
1.2.6. El 18 de noviembre de 1999, la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del trámite de concordato o acuerdo de recuperación de dicha sociedad, por lo que a partir de esa fecha la sociedad no tuvo revisor fiscal, sino contralor.
1.2.7. El 4 de enero de 2000, la actora, a través del señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, en su calidad de delegado de la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., para el ejercicio del cargo de revisor fiscal de la sociedad Ático Inversiones Ltda., solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá adelantar los trámites correspondientes, frente a la renuncia presentada y así actualizar el registro mercantil de Ático Inversiones, la cual fue negada.
1.2.8. El 23 de abril de 2001, la Superintendencia de Sociedades elevó pliego de cargos en contra el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, designado por la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., como revisor fiscal de Ático Inversiones, por haber actuado sin tener en cuenta la inhabilidad establecida en el artículo 205, numeral 2, del Código de Comercio, pues aquél se encontraba en segundo grado de consanguinidad con la señora ARDILA HERNÁNDEZ, contadora de la sociedad Ático Inversiones y en segundo grado de afinidad con el representante legal de esta, y por no haber informado la falta de pago de la totalidad del capital social.
1.2.9. El 28 de enero de 2002, la Superintendencia de Sociedades, a través de la Resolución núm. 350-169, impuso una sanción de multa al señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, quien había sido designado la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., como revisor fiscal de la sociedad Ático Inversiones Ltda., por encontrar probados los citados cargos formulados y envió copia de ese acto a la Junta Central de Contadores, para adelantar la averiguación disciplinaria del caso.
1.2.10. El 20 de febrero de 2003, la Junta Central de Contadores ordenó abrir investigación disciplinaria y formuló pliego de cargos en contra del señor Rodríguez Hernández y, posteriormente, la Superintendencia de Sociedades lo exoneró de todo cargo por violación a los deberes de la actividad contable, con la Resolución 350-169 del 28 de enero de 2002. En dicho acto consta que los hechos que motivaron el pliego de cargos en contra del actor acaecieron en 1999.
1.2.11. La Junta Central de Contadores expidió la Resolución No. 63 de 15 de abril de 2004, por las irregularidades contables ocurridas en la sociedad Ático Inversiones, al efecto dispuso:
«Artículo Primero: Sancionar a la Contadora Pública JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, identificada con cédula (…), portadora de la tarjeta profesional de Contador público (…), con suspensión de la inscripción por el término de tres (3) meses, periodo de tiempo durante el cual no podrá ejercer la profesión, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Artículo Segundo: Sancionar al Contador Público HERMES HERNÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía (…), portador de la tarjeta profesional de Contador público (…), con suspensión de la inscripción por el término de un (1) año, periodo de tiempo durante el cual no podrá ejercer la profesión, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Artículo Tercero: Sancionar a la Sociedad Peñaloza y RODRÍGUEZ Ltda inscrita a través de resolución 003 de 1994 de la Junta Central de Contadores, con suspensión de registro por el término de un (1) año, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».
1.2.12. El 2 de julio de 2004, los sancionados interpusieron los recursos de reposición y apelación en contra de la citada Resolución, los cuales fueron decididos mediante las Resolución No. 179 de 19 de agosto de 2004, por medio de la cual, la Junta Central de Contadores, negó la reposición y concedió el de apelación.
1.2.13. El 2 de mayo de 2005, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 1451, confirmó las sanciones impuestas.
1.3. Cargos de violación (procesos 2005-1423 y 1426)
Al converger en el argumento fundamento de censuras de nulidad y por el principio de economía, la Sala compilará las temáticas desarrolladas por los demandantes.
1.3.1. Primer cargo: Violación de los artículos 1º, 4º, 13, 25 y 29 de la Constitución Política. Política; 38 y 62 del CCA; 18 y 19 de la Ley 734 de 2002.
La explicación de este cargo se concretó a su vez en cinco subcargos, a saber:
i) Imposibilidad legal de sancionar por carencia de facultades (incompetencia)
Señalaron que la Junta Central de Contadores y el Ministerio de Educación Nacional carecían de facultades para imponer las sanciones que se demandan, toda vez que en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria, de acuerdo con el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), dado que entre la fecha de su última actuación, esto es, para el caso de la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, el 27 de julio de 1999, y para la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., el 22 de octubre de 1999, hasta la fecha del auto de la apertura de la investigación de 20 de febrero de 2003, transcurrieron más de 3 años, con lo cual se vulneró en forma clara el artículo 29 de la Constitución Política.
Argumentó que, en lo concerniente a las normas generales y especiales, que reglan la potestad disciplinaria de la Junta Central de Contadores, se encuentra el artículo 22 de la Ley 43 de 1990, que consagra el principio de la integración normativa.
Que de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 10 de mayo de 2000, para llenar el vacío procedimental de la Ley 43 de 1990, se debe aplicar primero lo dispuesto en el CCA y, en su defecto, se aplicarán las normas de la Ley 734 de 2002.
Que, por consiguiente, es aplicable el artículo 38 del CCA, que establece que la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas.
Por ello, tanto la Junta Central de Contadores y el Ministerio de Educación Nacional, tenían la obligación de declarar de manera oficiosa la caducidad de su facultad sancionatoria, pues dichas entidades fungían como jueces disciplinarios de los contadores públicos y estaban sometidas a la temporalidad extintiva de las competencias sancionatorias.
ii. Violación del derecho de igualdad ante la ley.
Expresaron que en el acta No. 1717 de 7 de julio de 2005, la Junta Central de Contadores aprobó el texto de la Resolución No. 163 de 3 de agosto de 2005, a través de la cual reconoció la aplicación del artículo 38 del CCA y atendió los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 10 de mayo de 2000 y las decisiones adoptadas por la propia Junta en el acta No. 1711 de 14 de abril de 2005, mediante la cual resolvió declarar la caducidad de sus facultades sancionatorias respecto de los procesos disciplinarios adelantados contra algunos contadores públicos, por hechos acaecidos entre febrero y marzo de 2001 y en mayo de 2002.
Indicó que, en aplicación de la decisión judicial precitada, entre el 9 de junio de 2005 y el 4 de agosto del mismo año, dicha junta declaró la caducidad de la facultad sancionatoria disciplinaria en 80 casos bajo su conocimiento y el correspondiente archivo, determinación que no cobijó a los demandantes, razón por lo cual se evidencia de manera ostensible un trato discriminatorio y violatorio del derecho a la igualdad constitucional.
iii). Violación del debido proceso por falta de actividad investigativa; violación del derecho de defensa por desconocimiento de los descargos presentados y negativa injusta de práctica de pruebas pertinentes para el caso.
Adujo que dentro de los alcances del debido proceso se incluye la obligación de desarrollar una verdadera investigación por parte de la autoridad administrativa, pues el principio de la presunción de inocencia le impone, a la entidad que ejerce la facultad sancionatoria, la carga de la prueba y le exige establecer la certeza sobre la culpabilidad.
Indicaron que no se dio el proceso investigativo y, en cambio, fueron ignorados los descargos, porque no hubo pronunciamiento sobre los mismos, o porque los efectuados no guardaron relación alguna con las exposiciones de defensa. Además, no se decretaron las pruebas solicitadas en tiempo oportuno, que tenían el propósito de demostrar la correcta actuación del investigado en su momento.
Señalaron que se vulneró el principio del non bis in idem, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades le impuso otra sanción al señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, quien fue designado por la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., como revisor fiscal de la sociedad Ático Inversiones Ltda., por los mismos hechos.
iv) Falsa Motivación.
Alegó que la decisión adoptada por la Junta Central de Contadores se fundamenta en asuntos no probados o contrarios a la realidad, por cuanto ignora que las obligaciones sociales de Ático Inversiones Ltda., estuvieron perfectamente soportadas, a tal punto que la Superintendencia de Sociedades como autoridad competente para su aceptación o rechazo, al adelantar su calificación dentro del proceso concursal cursado ante la mencionada sociedad, evaluó y determinó el ingreso efectivo de los dineros a que se referían dichas obligaciones a las arcas sociales, a través de los correspondientes recibos de caja y comprobantes de consignación, por lo cual carece de fundamento y es abiertamente contraevidente la conclusión que indica que se contabilizaron sin soportes.
Argumentaron que la Junta en mención denegó la práctica de las pruebas trasladadas, que estaban en poder de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que los investigados ejercieran el derecho de defensa plenamente, no obstante que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición que indique que un documento no pueda ser solicitado a quien lo posea.
Aunado a lo anterior, acusó que la entidad ignoró de plano, tanto la libertad probatoria a que tienen derecho los administrados, como las razones expuestas en la petición de testimonios para el decreto de cada uno de éstos, que buscan comprobar que las irregularidades imputadas no existieron.
v) La falta o ausencia de graduación de la sanción, con transgresión al principio de proporcionalidad y el deber de motivación del acto (falsa motivación)
Expresaron que en las Resoluciones demandadas no se esboza la calificación de la falta, ni se hace alusión a los criterios para la determinación de la gravedad o levedad de la misma, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.
Sostuvieron que, si bien, la Ley 43 de 1990 no establece criterios de levedad o gravedad de las faltas, de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 2000, los vacíos normativos pueden llenarse acudiendo a la integración normativa y que, en tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados, dichos vacíos pueden llenarse con las normas del CCA o, en su defecto, con el Código Único Disciplinario.
Así las cosas, a juicio de los libelistas, la Junta Central de Contadores no podía entrar a establecer la sanción de manera arbitraria, sin tener en cuenta lo dispuesto en el citado Código Único Disciplinario, norma que sí gradúa las sanciones.
Por tal razón, la sanción impuesta vulneró los principios rectores de proporcionalidad y motivación.
1.3.2. Segundo cargo: Violación del principio constitucional de seguridad jurídica.
Manifestaron que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 del CCA, en consonancia, con lo decidido por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-530 de 2000, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas, razón por la cual no es legalmente posible iniciar actuación administrativa alguna en un caso que se refiere a hechos acontecidos más de tres años atrás.
1.3.3. Tercero cargo: Violación de precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional.
Indicaron que la Corte Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que los jueces están obligados a acatar los precedentes que fijen sus superiores y que, de manera específica, lo precisó en las sentencias T- 569 de 2001 y T-1031 de 2001.
Expresaron que teniendo en cuenta estos precedentes judiciales, resulta de obligatoria aplicación para la Junta Central de Contadores y para el Ministerio de Educación Nacional la declaratoria de la operancia de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Junta, con sujeción a lo previsto en el artículo 38 del CCA, razón por la cual las Resoluciones acusadas son nulas.
2. Trámite de primera instancia
2.1. El 19 de enero de 2006, la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó notificar como accionados al señor Ministro de Educación Nacional y al Presidente de la Junta Central de Contadores.
Con auto del 28 de septiembre de ese año, se adicionó la anterior providencia, disponiendo negar la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones demandadas, toda vez que la petición no se sustentó la supuesta violación de normas superiores que se causa con los actos cuestionados, de conformidad con el numeral 1º del artículo 152 del CCA, providencia suscrita por los Magistrados Ayda Vides Paba, María Victoria Quiñones Triana y Carlos Enrique Moreno Rubio.
El 17 de abril de 2008, la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la acumulación del expediente No. 2005-1426, accionante: JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, con el proceso 2005-1423, demandante: la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA.
2.2. Contestación
2.2.1. El Ministerio de Educación Nacional
Mediante apoderada contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, argumentó:
Para la época en que se adelantó la investigación disciplinaria y se profirió la Resolución sancionatoria, la Junta Central de Contadores aplicaba el término de cinco años de prescripción de la acción disciplinaria, previsto en el Código Único Disciplinario, por cuanto dentro del procedimiento previsto para las investigaciones disciplinarias, en la Ley 43 de 1990, no contempló término de prescripción de la facultad sancionatoria.
Manifestó que, posteriormente, en la decisión adoptada por la Junta Central de Contadores, en el acta No. 1711 de 14 de abril de 2005, se aprobó acoger el término de la caducidad previsto en el artículo 38 del CCA, a partir de esa fecha, esa la razón por la cual en el presente caso, no existió violación del derecho a la igualdad ni un tratamiento discriminatorio, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia fue una decisión adoptada un año antes de que empezara a darse aplicación al término de la caducidad, previsto en el artículo 38 del CCA.
Expresó que tampoco existió violación del derecho de defensa y del debido proceso, porque dentro de la actuación disciplinaria siempre se le garantizaron los derechos a los investigados y se les permitió ejercer las acciones que consideraron necesarias para su defensa.
3. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en Descongestión, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2002, resolvió:
«PRIMERO.- INHÍBASE de pronunciarse de fondo frente a la pretensión de nulidad del Auto de apertura de investigación y pliego de cargos por tratarse de actos de trámite, conforme las razones expuestas en el presente provisto.
SEGUNDO.- DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones contentivas en la parte motiva de esta providencia».
Con respecto al primer cargo, señaló que de acuerdo con la sentencia C-530 de 10 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional, en las actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados, los vacíos del procedimiento pueden llenarse con las normas del CCA o en su defecto, con las normas del Código Único Disciplinario.
Aclaró que la Corte Constitucional no enmarca al Contador Público como funcionario público, ni le da la connotación de «función pública» al ejercicio de su profesión, en tanto, realiza una actividad de carácter particular y, como consecuencia de ello, en materia de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración se debe aplicar el artículo 38 del CCA, y no la Ley 734 de 2002.
Conforme a la citada disposición, dicho término se debe contabilizar desde cuando la Administración tuvo conocimiento del hecho que generó la investigación. Para el efecto, citó como fundamento la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2007 (Expediente núm. 88001-23-31-000-2003-00072-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), en asunto análogo, al indicar que el proceso sancionatorio en asuntos aduaneros comienza con el requerimiento, la aprehensión de la mercancía o el acta de liquidación oficial, pues es a partir de ese momento que la Administración identifica o tiene conocimiento de la conducta constitutiva de la infracción.
Indicó que al auscultar las pruebas allegadas al expediente, como es el auto de apertura de investigación disciplinaria de 20 de febrero de 2003, expedido por la Junta Central de Contadores, se vislumbra que se tuvo conocimiento de los hechos por el informe del 29 de enero de 2002, expedido por el Coordinador Grupo de Visitas e Investigaciones Administrativas de la Superintendencia de Sociedades, mediante el que remitió copia de la Resolución No. 350-668 de 23 de abril de 2001, contentiva de las presuntas irregularidades de la contabilidad y revisoría fiscal detectadas en la sociedad Ático Inversiones Ltda., en liquidación obligatoria.
Por contera, concluyó que al iniciarse la investigación con fundamento en los hechos puestos en conocimiento por la propia Superintendencia y por parte del Gerente liquidador de la citada sociedad, concluyó el Tribunal que es a partir de la mencionada fecha (en que tuvo conocimiento de los hechos) que debe contabilizarse el término de los tres (3) años de caducidad de la facultad sancionatoria.
Por consiguiente, en la fecha en que fue expedida la Resolución acusada No. 63 de 15 de abril de 2004, a través de la cual se impuso la sanción, no hubo lugar al acaecimiento de la caducidad del artículo 38 del CCA, teniendo en cuenta que el acto administrativo sancionatorio fue expedido el 15 de abril de 2004 y el que resuelve el recurso de apelación, con el cual se agota la vía gubernativa, figura adiado el de 2 de mayo de 2005.
Así las cosas, la demandada actuó dentro del término dispuesto para expedir el correspondiente acto administrativo sancionatorio, lo que no dio lugar a la caducidad alegada por el apoderado de la parte demandante.
En lo que respecta al argumento, consistente en que a partir del acta No. 1711 de 14 de abril de 2005, la Junta Central de Contadores aplicó el término de caducidad, previsto en el artículo 38 del CCA, el Tribunal a quo estimó que no es potestativo o facultativo de la Junta, determinar si se aplica o no una norma, así como tampoco su alcance, ya que ni la Ley, ni la Constitución Política facultan a aquélla, ni al Ministerio demandado, para tal determinación, en razón de que no tienen competencia para interpretar una disposición legal, máxime cuando la Corte Constitucional estableció, sin lugar a equívocos, la aplicación en materia disciplinaria de los contadores públicos, del artículo 38 citado.
En cuanto a la violación del derecho a la igualdad, expresó que el actor no allegó ni solicitó prueba alguna en la que se corrobore de forma fehaciente dicha vulneración, es decir, si se encontraba en la misma situación de tiempo, modo y lugar, frente a los demás casos, con el fin de determinar si le asistía o no la razón, además de que a pesar de que los hechos fueron entre los meses de junio y octubre de 1999, la Junta Central de Contadores tuvo conocimiento de éstos, itera, tan sólo cuando le fue remitida la copia de la Resolución, expedida en la Superintendencia de Sociedades, que le impuso la sanción al actor.
Con respecto a la presunta violación del principio del non bis in idem evidenció que las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades y la Junta Central de Contadores son autónomas, pues la primera, realiza la investigación a los libros contables de la sociedad y el desempeño en el ejercicio del cargo y, la segunda, investiga el ejercicio de la profesión acorde con el derrotero y las directrices del orden disciplinario contemplado para los contadores públicos, vale decir, en la Ley 43 de 1990.
En relación con la falta de actividad investigativa, la negación injusta de la práctica de pruebas pertinentes para el caso y la violación del derecho de defensa que ocasionó una falsa motivación, indicó que para determinar su pertinencia, conducencia e importancia en la resolución del asunto, se debieron solicitar en sede jurisdiccional las pruebas que pretendía hacer valer, a fin de que quedara evidenciada la importancia o trascendencia del supuesto fáctico que se echaba de menos y que resultaba indispensable para inclinar la decisión en vía gubernativa, en especial, en lo que hace referencia al dictamen pericial a los libros contables, para así convencer al juez que dichas pruebas eran de la mayor relevancia en sede administrativa y si ello implicó violación al ejercicio del derecho de defensa.
Reconoció que el demandante allegó, dentro de los anexos de la demanda, pruebas aportadas en la investigación adelantada por la Superintendencia de Sociedades, pero advirtió que la investigación llevada a cabo por la Junta Central de Contadores se relaciona con una conducta contraria a la ética profesional, diferente a la irregularidad contable, investigada por el ente de control y vigilancia, luego, entonces, en lo que se refiere a la decisión de la referida Junta, el investigado no logró desvirtuar las conductas imputadas, de ahí que fuera impuesta la sanción de suspensión.
Consideró que los actores no lograron desvirtuar las conductas reprochadas por la Junta Central de Contadores, consistentes en no haber realizado todas las diligencias tendientes a dar a conocer al ente de control, las irregularidades presentadas dentro de la sociedad intervenida frente a la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, así como la aceptación del cargo de revisor fiscal de la sociedad Ático Inversiones Ltda., por parte del señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, quien fue designado sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., como revisor fiscal, en dicha empresa, no obstante que su hermana era la contadora de la misma.
Señaló que la calificación y graduación de la sanción impuesta a los demandantes, en las Resoluciones demandadas, se realizaron de acuerdo con los artículos 23, numeral 3, y 25, numerales 2 y 4, de la Ley 43 de 1990, vale decir, conforme al régimen disciplinario que rige a los contadores públicos.
Con relación al segundo y tercer cargo, el Tribunal estimó que la entidad demandada actuó dentro de los parámetros establecidos en la Ley y lo dispuesto por la Corte Constitucional, en el sentido de que procedió dentro del término establecido en el artículo 38 del CCA, bajo las directrices referenciadas en el primer cargo.
Señaló que no hubo violación alguna a los derechos fundamentales alegados por los actores, así como tampoco que se les haya coartado el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, toda vez que pudieron solicitar las pruebas que consideraba pertinentes, útiles y conducentes.
Manifestó que en lo que atañe a la sanción disciplinaria, los demandantes debieron ajustar su conducta profesional conforme a los cánones estatuidos para el ejercicio de la contaduría pública, advertir, las irregularidades oportunamente a las autoridades de control y a las directivas de la sociedad, así éstas fueran anteriores a la posesión de sus cargos, la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ como contadora de Ático Inversiones Ltda., y el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández como designado por sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., porque la función del Revisor Fiscal no puede circunscribirse de manera fraccionada, sino a un estudio investigativo del antes, durante y después del ejercicio contable de una sociedad.
Indicó que tampoco puede considerarse válida la aceptación del cargo de revisor público, por parte del el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández, a sabiendas de que incurriría en la inhabilidad, prevista en el artículo 205 del Código de Comercio, que afecta la objetividad, imparcialidad y profesionalismo; circunstancia que hace aún más gravosa la conducta desplegada por el designado por sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., para ejercer la revisoría fiscal en Ático Inversiones Ltda., por lo que se hace evidente su falta a la ética profesional. Por consiguiente, estos cargos no tienen vocación de prosperidad.
Por último, anotó que, al no prosperar los cargos planteados en la demanda, no habrá lugar al restablecimiento del derecho.
4. Apelación
El apoderado de los demandantes inconforme con la anterior decisión la apeló.
Manifestó que no es aplicable la sentencia citada por el Tribunal, con relación a la interpretación del artículo 38 del CCA, pues ésta aplica de forma exclusiva a la facultad sancionatoria en asuntos aduaneros, tal y como lo precisa la jurisprudencia del Consejo de Estado, es más, en este antecedentes se cita a su vez la sentencia de 1º de noviembre de 2007 (Expediente núm. 00803, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se señaló que para el cómputo de los dos (2) años de la prescripción de la acción administrativa sancionatoria, a que alude el artículo 14 del Decreto No. 1750 de 1991, debe tomarse como fecha de ocurrencia de los hechos aquella en que se tuvo conocimiento de la infracción e inicio del trámite administrativo correspondiente.
Por lo anterior, indicó que, a su juicio, para todos los efectos legales, se debe tener en cuenta que los hechos investigados acaecieron en 1999, esto es, cinco (5) años antes de la decisión sancionatoria, razón por la cual cuando la Junta Central de Contadores impuso la sanción, ya no contaba con facultad legal para ello.
Arguyó que, en reiteradas ocasiones, la Jurisprudencia ha señalado que para los casos de sanciones impuestas a contadores públicos, la aplicación del artículo 38 del CCA se debe contabilizar desde la fecha del acaecimiento de los hechos que originan la investigación disciplinaria.
Indicó que la decisión del Tribunal de primera instancia es contraria a derecho, habida cuenta de que desconoció la violación de debido proceso, «en su expresión del principio de legalidad», y no declaró la correspondiente nulidad, a pesar de que la Junta Central de Contadores reconoció que el artículo 38 del CCA era la norma aplicable en tratándose de la caducidad de la facultad sancionatoria de los contadores públicos y que el fallo apelado declaró como inaceptable que cinco (5) años después de haberse expedido la sentencia C-530 de 2000 se haya llevado a cabo una reunión para decidir acerca de la aplicación de dicha norma e insistió que esta sí era la disposición aplicable.
Iteró que cualquier decisión sancionatoria expedida por la Junta Central de Contadores con fundamento en una disposición diferente al artículo 38 del CCA vulnera el principio de la igualdad, dado que no existen condiciones de modo, ni tiempo, ni lugar, que permitan la aplicación de otra norma diferente, cuando ya la Corte Constitucional, a través de dicho precedente jurisprudencial, estableció que esa era la única norma procedente.
Alegó que no comparte lo sostenido por el fallador de primera instancia sobre el non bis in idem, pues a pesar de que la Superintendencia de Sociedades de forma expresa estableció que no existió irregularidad alguna en los libros contables y en la contabilidad de Ático Inversiones Ltda., durante el lapso que se desempeñó la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., como revisor fiscal, la Junta Central de Contadores ignoró dicha decisión y la sancionó por asuntos respecto de los cuales ella no tenía responsabilidad alguna. De tal manera, que la Junta en mención juzgó a la actora por los mismos hechos y la sancionó de manera contraevidente, con lo cual vulneró el debido proceso.
Expresó que la Administración, haciendo alusión a la Superintendencia de Sociedades, conoció de los hechos desde abril de 2000, época del informe de visita. Que si, en gracia de discusión, se aceptara que la caducidad se cuenta a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de los hechos, entonces la Junta Central de Contadores profirió la Resolución sancionatoria cuatro (4) años después de que la Administración conociera de los hechos, lo que evidencia la ilegalidad del acto demandado, por haber sido expedido sin facultad para ello, pues la facultad sancionatoria ya había caducado.
Sobre el antecedente jurisprudencial sobre el tema aduaneros que tuvo como fundamento, consideró errado su aplicación, ante la innegable claridad literal del artículo 38 del CCA.
En contraposición, citó la sentencia núm. 11001-03-24-000-2007-00145-00 (Actor: Ana Dolores Pérez Benítez, Consejero ponente doctor Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta), en la cual aparte de reconocer en esta materia la aplicación del artículo 38 del CCA, señaló que la queja no determina el inicio del término de la caducidad de la acción sancionatoria y precisa que la notificación del acto administrativo que pone fin a la actuación administrativa debe darse dentro de los tres (3) años a partir de los hechos.
Anotó que el Acuerdo No. 014 (no se especificó la fecha) de la Junta Central de Contadores, en relación con ese asunto, estableció que en aplicación del artículo 38 del CCA, la facultad del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores para imponer sanciones, caduca en tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas. Que en tratándose de faltas instantáneas, el término se contará desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto.
Que en el presente caso está suficientemente acreditado que la situación fáctica que dio origen a la investigación data del año 1999, es decir, 5 años antes de la decisión proferida por la Junta Central de Contadores (15 de abril de 2004).
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 12 de agosto de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la apelación presentada y ordenó los traslados de ley.
Sin intervención del Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo No. 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.
1. Cuestión previa
Del impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Carlos Enrique Moreno Rubio
El doctor Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver esta apelación por haber participado en el trámite de instancia, al haber hecho parte de la decisión que profirió el auto del 28 de septiembre de 2006, por medio del cual adicionó la providencia que admitió la demanda del expediente No. 2005-1423, disponiendo negar la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones demandadas.
El Consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso -anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil-.
La Sala aceptó su impedimento y lo separó del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, ya que, de conformidad con el alcance de la misma, esta se configura por «Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente».
2. El fondo del asunto
En vista que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de agosto de 2014, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-24-000-2005-01346-01, actor el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández y demandados la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Junta Central de Contadores, con ponente de la Consejera María Elizabeth García González, ya se pronunció sobre la situación fáctica y jurídica, que ahora ocupa la atención de la Sala, en consecuencia, se aviene a las consideraciones y conclusiones jurídicas allí contenidas, para el presente caso, así:
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las Resoluciones No. 63 de 15 de abril de 2004, expedida por el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores, por medio de la cual se impuso a los accionantes una sanción disciplinaria; 179 de 19 de agosto de 2004, expedida por el mencionado Presidente, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de no reponer el antes citado acto demandado, y 1451 de 2 de mayo de 2005, dictada por la Ministra de Educación, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el antes citado acto.
Se observa que las Resoluciones acusadas fueron expedidas como resultado del proceso disciplinario adelantado contra los demandantes, en su condición de contadores públicos, por la violación de los artículos 10, 37, en sus numerales 2, 3, 4, 6, y 50 de la Ley 43 de 1990, al comprobar que eran responsable por las siguientes conductas:
i) Por «omitir», en calidad de revisor fiscal designado por la firma Peñaloza y Rodríguez Ltda., en la sociedad Ático Inversiones Ltda., pronunciarse oportunamente y por escrito «ante los órganos de dirección y gobierno» de dicha sociedad acerca de las irregularidades, que afectan la confiabilidad y fidedignidad de la contabilidad (al no advertir de forma oportuna que el capital de la compañía no se encontraba pagado);
ii) Por «dictaminar» los estados financieros a 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998 y a 30 junio de 1999, sin advertir que se presentaban irregularidades significativas en la situación financiera de la referida sociedad;
iii) Desempeñarse como revisor fiscal principal cuando tenía parentesco con la contadora del ente económico, JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, en segundo grado de consanguinidad y con el representante legal de Ático Inversiones Ltda., MILCIADES ENRIQUE OSPINA ZULUAGA, en segundo grado de afinidad.
Conforme se anotó en el resumen de los fundamentos del recurso, los actores insisten en que el problema jurídico consiste en que las Resoluciones acusadas fueron expedidas por fuera del término de caducidad, previsto en el artículo 38 del CCA, para que las autoridades administrativas impongan sanciones en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos.
Atendiendo el problema jurídico planteado, es menester tener en cuenta la preceptiva del artículo 38 del CCA, la cual dispone:
“Caducidad respecto de las sanciones”
“Art. 38.-Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”
Sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 29 de septiembre de 2011 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2007-00028-00, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), precisó:
“1) CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA LOS CONTADORES PÚBLICOS.
(…)
Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Expediente núm. 2007-00145, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), con ocasión de una acción instaurada contra la Junta Central de Contadores, por hechos análogos a los que aquí se analizan, precisó, en torno al término de caducidad de la facultad sancionatoria, que era aplicable el artículo 38 del CCA. Al respecto, sostuvo la Sala:
“Al punto, se ha de reiterar que según la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, para que no tenga ocurrencia la caducidad de la acción, la notificación del acto administrativo que pone fin a la actuación administrativa debe darse dentro de los 3 años en comento. Así las cosas, es evidente que el acto que puso fin a la actuación administrativa fue notificado mucho después de vencido el término de 3 años contado a partir de realizada la conducta por la actora, y que por lo mismo tuvo ocurrencia la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de ella, de allí que efectivamente el acto sancionatorio es violatorio del artículo 38 del C.C.A, por lo cual el cargo tiene vocación de prosperar, y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo enjuiciado.”
Para ahondar en razones, se observa que la Ley 143 de 1990, “por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público, y se dictan otras disposiciones”, fundamento legal de los actos administrativos acusados, en su artículo 28 consagra el proceso sancionatorio para quienes incumplan las normas que rigen dicha profesión y en su artículo 22 dispone que los pronunciamientos de la Junta Central de Contadores -Tribunal Disciplinario de dicha profesión- están sujetos a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
El tenor de la norma señala lo siguiente:
“ARTICULO 22. DE LAS DECISIONES. Las decisiones de la Junta Central de Contadores sujetas a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, se adoptarán con el voto favorable de las ¾ partes de sus miembros. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de sus miembros.” (Resaltado fuera del texto).
Teniendo en cuenta que la Ley 43 de 1990, guardó silencio sobre el término de caducidad para que la Junta Central de Contadores imponga sanciones disciplinarias, indefectiblemente debe acudirse a la norma general contenida en el Código Contencioso Administrativo y no en el Código Disciplinario Único, que es un estatuto especial aplicable a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales, por ser el régimen más acorde frente a quienes se predica el calificativo de «particulares».
Y desde un espectro teleológico porque, por regla general, las irregularidades de conducta y su sanción, al afectar a las personas, debe contener predicados que permitan finiquitar la investigación, juzgamiento y sanción, pues dentro del contexto del estado social del derecho, Colombia no ha sido un país con tendencia a las penas irredimibles, salvo en excepcionalísimos casos, como la anterior pérdida de investidura, que incluso fue variado por la ley
De interés trascendental resulta el criterio, por demás vinculante, al tratarse de un pronunciamiento dado dentro del estudio de constitucionalidad de la norma, cogido por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 2000, en la que sostuvo que los vacíos de la Ley 43 de 1990 se suplen con las normas del Código Contencioso Administrativo o en su defecto, las del Código Único Disciplinario.
En tal sentido, señaló la Corte:
“La lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionado permite concluir, que aun cuando ésta, comparada con las regulaciones de otros estatutos disciplinarios, puede presentar algunas falencias, por la circunstancia de no regular de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración normativa. Por consiguiente, tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados aquéllos pueden llenarse con las normas del CCA o en su defecto, con las normas del Código Único Disciplinario. Precisamente, se observa que el artículo 22 de la Ley 43 de 1990 dispone la integración normativa, cuando ordena que los pronunciamientos de la Junta de Contadores están sujetas a los recursos establecidos en el CCA” (Resaltado fuera del texto).
Establecido como está que el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el contemplado en el artículo 38 del CCA, cuyo tenor establece que «Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”, procede la Sala a resolver el problema jurídico del caso sub examine» (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Por consiguiente, no cabe duda que el término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos es el contemplado en el artículo 38 del CCA, vale decir, el de tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionar reprocho y la sanción a imponer, como consecuencia de la investigación disciplinaria, debe ser notificada dentro de ese mismo término, a fin de que produzca efectos legales.
De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón, en consecuencia, al a quo cuando sostiene que el término de los tres (3) años de la caducidad de la facultad sancionatoria se debe contabilizar «desde cuando la administración tuvo conocimiento del hecho que generó la investigación», con fundamento en la sentencia de 15 de noviembre de 2007 de la Sección Primera del Consejo de Estado (Expediente núm. 88001-23-31-000-2003-00072-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón).
Sobre el particular, es del caso aclarar que en manera alguna puede atenderse el derrotero de la sentencia en mención al presente caso, pues la misma se refiere exclusivamente a asuntos aduaneros, conforme lo pusieron de presente los apelantes, además de que la queja o el momento en que la autoridad administrativa tuvo conocimiento del hecho no determina la iniciación del término de la caducidad.
Cabe resaltar que, la Sección Primera, en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente núm. AC-2013-02392-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), luego de hacer una reseña sobre el análisis jurídico efectuado por la Corporación referente al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, prevista en el artículo 38 del CCA, precisó que el fenómeno de caducidad se cuenta frente a faltas permanentes o continuadas a partir del último acto, y cuando se trate de asuntos aduaneros «se parte de que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo».
En efecto, al respecto expresó la mencionada providencia:
“Dado lo anterior, quedó demostrado que esta Corporación ha realizado un análisis sobre el término de la caducidad de la facultad sancionatoria concerniente a hechos distintos, como las infracciones en materia de energía que fueron en forma continuada donde la ocurrencia del hecho se contó a partir del último acto, o en el caso aduanero que a pesar de tener norma especial que regula el tema, se parte que existe conocimiento de la falta desde que la entidad inicie el trámite administrativo…”.
Ahora, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2007-00145-00, Actora: Ana Dolores Pérez Benítez, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), sostuvo la Sección Primera:
“Por lo tanto, no cabe aplicar aquí el criterio del momento en que la autoridad competente tuvo conocimiento de los hechos, para empezar a contar el término de caducidad, puesto que ello es pertinente cuando se trata de hechos o conductas que no han trascendido de la esfera del o de los sujetos activos o autores de esos hechos o conducta, que no han salido a la luz pública dentro del ámbito de interés respectivo.
De lo contrario se llegaría al absurdo de que en casos como el del sub lite, si la Junta Central de Contadores no llega a conocer de oficio los hechos, el término de caducidad quedaría dependiendo de la voluntad de los interesados o particulares conocedores de los hechos, en la medida en que cuando a bien tengan denunciarlos sólo entonces empezaría a correr el término, aunque hubieren transcurrido más de los 3 años que lo conforman.
Por consiguiente, en situaciones como la examinada, la queja no determina el inicio del término de caducidad, sino el tiempo que resta para vencerse, de suerte que si la queja llega a ser presentada después de vencido los 3 años contados a partir de los hechos, cuyo acaecimiento es de conocimiento público en el ámbito de interés social o común sobre los mismos, no puede menos que considerarse que se ha presentado una queja después de caducada la facultad sancionatoria de la autoridad competente.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Corresponde ahora, luego de definir la posición de la operancia de la facultad sancionatoria, dilucidar a partir de qué momento se contabiliza el término de los tres (3) años, a que hace referencia la citada norma, en el caso concreto.
A este respecto, conviene destacar que la sentencia de la Sección Primera, inicialmente invocada, esto es, la de 29 de septiembre de 2011, también se pronunció sobre la forma de contabilización del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, y al efecto razonó así:
“…Para contabilizar el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, la Jurisprudencia de esta Sección tiene establecido lo siguiente:
«Ante las diferentes posiciones e interpretaciones que se le ha dado al tema de la prescripción de la acción sancionatoria, acerca de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, la Sala Plena de esta Corporación con el fin de unificar jurisprudencia sostuvo mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009 , que “la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”. (Negrilla fuera de texto).
Asimismo sostuvo que “los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado.
Es, pues, claro, que en los términos del artículo 38 del CCA, la Administración debe ejercer la acción encaminada a sancionar personalmente al autor de la infracción administrativa, dentro de los tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho. En consecuencia, a partir de esa fecha la Administración cuenta con tres (3) años para proferir la resolución sancionatoria y notificarla al sancionado, independientemente de la interposición de los recursos». (Resaltado fuera del texto).
Tratándose de una falta continuada, el cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del último acto que se tuvo conocimiento del ejercicio simultáneo de los cargos de revisor fiscal y contador público de la sociedad Mera Petroleums Colombia Inc., habida cuenta del parentesco de afinidad que existe entre quienes los ejercían...” (Las negrillas y subrayas fuera del texto)
De tal manera que la contabilización del término de la caducidad para imponer la sanción debe establecerse para las faltas permanentes o continuadas, a partir del último acto del que se tiene noticia en el que se actuó irregularmente, y en los demás casos, vale decir, para las faltas instantáneas, en la forma establecida por el artículo 38 del CCA, esto es, desde que el hecho se produce.
En el caso sub examine, debe tenerse en cuenta que las conductas imputadas por las irregularidades contables ocurridas en la sociedad Ático Inversiones Ltda., son constitutivas de faltas continuadas o permanentes, en la medida en que aquellas tuvieron ocurrencia en forma escalonada y progresiva, en relación con las actuaciones del revisor fiscal designado por la empresa PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., y de ejecución instantánea, respecto de los dictámenes rendido por la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, como contadora del mencionado ente societario, de tal manera que el cómputo de la caducidad para imponer la sanción debe hacerse a partir del último acto de irregularidad contenido, así mutatis mutandi, que equivale a la fecha en la cual cesaron dichas conductas.
De los documentos aportados a los autos aparece probado que la última actuación de la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., tuvo ocurrencia el 25 de octubre de 1999, cuando entregó una actualización del dictamen sobre los estados financieros de la mencionada sociedad, con corte a 30 de junio de 1999, a través del señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández.
Y en cuanto a la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, en su calidad de contadora, su último acto fue con el que certificó la contabilidad de Ático Inversiones Ltda., registrada hasta el mes de junio, el día 27 de julio de 1999.
Ello quiere decir que a partir de esas calendas cesa la continuidad de las conductas imputadas, fundamento de la sanción, de allí que la Administración tenía para ejercer la facultad sancionatoria, respecto a señora ARDILA HERNÁNDEZ, hasta el 27 de julio de 2002 y frente a la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., hasta el 25 de octubre de 2002, para expedir y notificar el acto administrativo, mediante el cual imponía las sanciones.
Ahora, se observa la Resolución No. 63 de 15 de abril de 2004 acusada, por medio de la cual el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores sancionó a los accionantes, se notificó, por fuera del término referido, habiendo superado incluso un año y medio desde el último acto por el que se sancionaron a los demandantes.
En consecuencia, como la Resolución que impuso la sanción fue expedida y notificada después del término de los tres (3) años previsto en el artículo 38 del CCA, se tiene que en el caso concreto operó la caducidad de la acción sancionatoria, por lo cual, se impone para la Sala declarar la nulidad de los actos demandados, previa revocatoria del fallo de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la demandada eliminar cualquier anotación o registro que se hubiere efectuado, con ocasión de la expedición de los actos administrativos anulados.
3. Perjuicios reclamados
3.1. La sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA. (Exp. 2005-1423)
A juicio de este actor se le causaron perjuicios con los actos administrativos acusados, por lo cual solicitó, que se condene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional a indemnizarlo. Tales perjuicios los estimó en $350.000.000, discriminados, así:
3.1.1. Por asesorías jurídica, tanto en sede gubernativa como ante lo contencioso administrativo, que tasó en $50.000.000.
Para la Sala, si bien, con las pruebas de la demanda se aportaron tres cuentas de cobro, suscritas por el apoderado judicial, en las que se indica que la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., le debe aquel, por los siguientes conceptos:
a) Cuenta de Cobro No. 001 por valor de $20.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede gubernativa, proceso disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores».
b) Cuenta de Cobro No. 002 por valor de $10.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede gubernativa, Recurso de Reposición {sic} y en subsidio de Apelación {sic} proceso disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores».
c) Cuenta de Cobro No. 003 por valor de $20.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede Contenciosa Administrativa {sic}, demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho {sic} en contra de los actos administrativos emanados de la Junta Central de Contadores y el Ministerio de Educación Nacional».
Frente a lo anterior, no se allegó elemento demostrativo de su efectiva cancelación por parte de la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., ni el contrato de servicios profesionales suscrito entre estos para verificar el valor de los honorarios pactados, motivo por el cual no se podrá acceder a su reconocimiento.
3.1.2. Daño grave e injusto en su imagen comercial, por hacer constar en el certificado de vigencia e inscripción y antecedentes disciplinarios, la sanción de suspensión de su registro, por el término de un (1) año. Para ello, estimó la reparación del daño en $150.000.000.
Lo mismo ocurre con lo reclamado en este ítem, toda vez que no se allegó ninguna prueba que permita tenerlo como demostrado ni el quantum del mismo.
3.1.3. Por la imposibilidad de ejercer su objeto social, que fijó en $150.000.000.
El lucro cesante está debidamente demostrado y en vista que la suspensión del registro fue temporal, el valor a reconocer será por dicho término.
Lo anterior se probó con los documentos visibles 424 a 437 y 442, anexos demanda No. 1. Exp. 2005-1423, pues como consecuencia de la sanción impuesta por la Junta Central de Contadores, la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA. presentó renuncia al contrato de prestación de servicio de revisoría fiscal que tenía con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), entre los soportes se allegó: i) el contrato de prestación de servicio, suscrito el 1º de abril de 1995, por un valor de $250.000 mensuales; ii) certificado de la directora ejecutiva de dicha entidad del 19 de julio de 2005, donde indica que desde el 6 de diciembre de 1990 el demandante viene prestado sus servicios como revisor fiscal y con honorarios inicialmente pactados de $187.500; iii) renuncia presentada sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., a FENAVI, como resultado de las actuaciones de la Junta Central de Contadores y, iv) la aceptación de la renuncia por parte de FENAVI, con fecha del 15 de septiembre de 2005.
Para calcular el lucro cesante consolidado (LCC), se hará uso de la siguiente fórmula:
LCC = Ra x (1 + i)n – 1
i
Donde:
Ra= Renta actualizada
n= Número de periodos (meses)
i= interés técnico
Entonces:
La renta actualizada (Ra), es el valor probado de honorarios en el contrato de prestación de servicios suscrito en abril de 1995 por un valor de $250.000, se actualizará a valor presente.
RA = Valor a actualizar x IPC final
IPC inicial
RA = $250.000 x 139,72 Enero 2018
28,92 Abril de 1995
RA = $1.207.815
El Número de periodos (n), corresponde al término de la sanción impuesta, esto es, a la suspensión por un año del registro de la sociedad.
(n) = 12 meses
El interés técnico (i), equivale al 6% efectivo anual, para la fórmula se sacará el correspondiente mensual.
Conversión de la Tasa Efectiva Anual a la Tasa Efectiva Mensual:
TEM = ((1 + TEA) 1/12 − 1)
TEM = ((1 + 6%) 1/12 − 1)
TEM = ((1 + 0,06) 0,0833333333 − 1)
TEM = ((1,06) 0,0833333333 − 1)
TEM = (1,0048675506− 1)
TEM = 0,004867
Lucro cesante consolidado:
LCC = $1.207.815 x (1 + 0,004867)12 – 1
0,004867
LCC = $14.888.121
En consecuencia, el monto a reconocer a favor de la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., por concepto de lucro cesante consolidado demostrado, la suma de catorce millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento veintiuno pesos ($14.888.121).
3.2. La señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ (Exp. 2005-1426)
A juicio de la accionante se le causaron perjuicios con los actos administrativos acusados, por lo cual solicitó, que se condene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional a indemnizarla. Tales perjuicios los estimó en $114.425.256, discriminados, así:
3.2.1. Por asesorías jurídica, tanto en sede gubernativa como ante lo contencioso administrativo, que tasó en $10.000.000
Para la Sala, si bien, con las pruebas de la demanda se aportó la cuenta de cobro No. 001 por valor de $10.000.000 «por concepto de honorarios profesionales en asistencia jurídica en sede gubernativa y contencioso administrativa, proceso disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores», no se allegó elemento demostrativo de su efectiva cancelación por parte de la señora ARDILA HERNÁNDEZ, ni el contrato de servicios profesionales suscrito entre estos para verificar el valor honorarios pactados, motivo por el cual no se podrá acceder a su reconocimiento.
3.2.2. Daño grave e injusto en su imagen profesional, por hacer constar en el certificado de vigencia e inscripción y antecedentes disciplinario, la sanción de suspensión de su registro, por el término de un (1) año. Para ello, estimó la reparación del daño en $45.112.628.
Lo mismo ocurre con lo reclamado en este ítem, toda vez que no se allegó ninguna prueba que permita tenerlo como demostrado ni el quantum del mismo.
3.2.3. Por daño moral, que lo fijó en $34.200.000.
En lo concerniente a los perjuicios morales, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que para acceder a su reconocimiento, la demandante debía encontrarse en un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado, situación que no se dio en el sub lite, pues la publicidad de las Resoluciones acusadas a terceros y la anotación de la sanción, efectuada en el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, no son demostrativas de la afectación del estado anímico de la actora, habida cuenta de que las mismas no prueban que la reclamante de los perjuicios hubiera padecido de un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado o un daño moral de tal magnitud y trascendencia que deba indemnizarse.
3.2.4. Por la renuncia al cargo de profesional universitario grado 10, con funciones de contador, que desempeñaba en el Instituto Caro y Cuervo y por la dificulta de una nueva vinculación bajo la figura de contrato de trabajo, por la publicidad de la sanción, lo fijó en $25.112.268
El lucro cesante está debidamente demostrado y en vista que la suspensión del ejercicio de la profesión fue temporal, el cual el valor a reconocer será por dicho término.
Lo anterior se probó con los documentos visibles 234 a 239, anexos demanda No. 2. Exp. 2005-1426, pues como consecuencia de la sanción impuesta por la Junta Central de Contadores, la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ presentó renuncia al cargo de profesional universitario, código 3020, grado 10 del Instituto Caro y Cuervo, la cual le fue aceptada, mediante la resolución No. 783 del 6 de septiembre de 2005; también se aportó constancia del jefe de personal del mencionado instituto, con fecha del 4 de octubre de 2005, que el cargo desempeñado tenía una asignación básica mensual de $1.332.942.
Para calcular el lucro cesante consolidado (LCC), se hará uso de la siguiente fórmula, ya indicada, para lo cual se tiene, que en el caso de la señora ARDILA HERNÁNDEZ, son:
La renta actualizada (Ra), es el valor probado salario certificado al momento de la renuncia, que se actualizará a valor presente.
RA = $1.332.942 x 139,72 Enero 2018
83,95 Octubre de 2005
RA = $2.218.447
El Número de periodos (n), corresponde al término de la sanción con suspensión en el ejercicio de la profesión, por 3 meses.
(n) = 3 meses
El interés técnico (i), equivale al 6% efectivo anual, siendo la tasa efectiva mensual, ya indicada: TEM = 0,004867.
Lucro cesante consolidado:
LCC = $2.218.447 x (1 + 0.004867)3 – 1
0,004867
LCC = $6.687.785
En consecuencia, el monto a reconocer a favor de la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ por concepto de lucro cesante consolidado demostrado, la suma de seis millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos ($6.687.785).
4. Costas
Finalmente, en lo que concierne con la solicitud de condena en costas, se estima que la misma no procede concederse, porque el artículo 171 del CCA establece que en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta condena procederá «…teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes…», es decir, que corresponde al juez administrativo valorar el comportamiento en el proceso, quedando en sus manos la ponderación de este aspecto.
En estos términos, se advierte que el comportamiento de la parte demandada, no estuvo precedido de la mala fe, ni la intención de entorpecer el proceso, pues si bien, los argumentos esbozados por las accionadas en segunda instancia no fueron acogidos, ello no conlleva automáticamente a la condena en costas, pues al contestar la demanda y presentar sus alegatos, las demandadas sólo estaban ejerciendo su derecho de defensa, razón por la cual no se accederá a la solicitud de la parte demandante en este sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Aceptar el impedimento manifestado por el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.
SEGUNDO: Revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: declarar la nulidad de la Resolución No. 63 de 15 de abril de 2004, por medio de la cual la Junta Central de Contadores sancionó disciplinariamente a la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ y a la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., y las Resoluciones, que confirmaron dicha decisión, No. 179 de 19 de agosto de 2004, de la Junta Central de Contadores y 1451 de 2 de mayo de 2005, del Ministerio de Educación Nacional.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la demandada eliminar cualquier anotación o registro que se hubiere efectuado, con ocasión de la expedición de los actos administrativos anulados.
CUARTO: A título de indemnización de perjuicios condenar a la Junta Central de Contadores y al Ministerio de Educación Nacional, por lucro cesante consolidado, los siguientes valores:
A favor de la sociedad PEÑALOZA Y RODRÍGUEZ LTDA., la suma de catorce millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento veintiuno pesos ($14.888.121).
Para la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ, la suma de seis millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos ($6.687.785).
QUINTO: No se condena en costas.
SEXTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Corresponden a las promovidas por la señora JEAQUELINE ARDILA HERNÁNDEZ y la sociedad PEÑALOZA Y RODRIGUEZ LTDA, de forma independiente, a través del mismo apoderado.
Fls. 1 – 117. Cdo. 1. Exp. 2005-1423. Resaltados del original.
Fls. 1 – 61. Cdo. 1. Exp. 2005-1426. Resaltados del original.
Ver numeral 1.2.4.
«…Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad…».
Fls. 228 – 243. Anexo 1. Exp. 2005-1423.
Negrilla del original.
Fls. 303 – 326. Anexo 1. Exp. 2005-1423.
Fls. 369 – 381. Anexo 1. Exp. 2005-1423.
Ver numeral 1.2.3.
Ver numeral 1.2.4.
Expediente D-2563. Actor: Isidoro Arévalo Buitrago. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 5, 6, parágrafo art. 7, 8-3, parágrafo art. 10, 16, 17 (parcial), 19 (parcial), 20-3 y parágrafo, 21 (parcial), 23-1, 25 (2-3-4-5); 26 (parcial), 28, 33 (2-4), 37 (parcial), 45, 52, 53 y 73 de la ley 43 de 1990, «por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones». M. P. Antonio Barrera Carbonell.
Fls. 120 – 121. Cdo. 1. Exp. 2005-1423.
Fls. 124 – 126. Idem. Contra esta decisión se promovió recurso de apelación (fl. 127. Cdo. 1). La Sección Primera del Consejo de Estado, con providencia del 27 de septiembre de 2007, confirmó el auto apelado (fls. 5 – 10. Cdo. 3).
Fls. 138 – 141. Cdo. 1. Exp. 2005-1423. Contra el mencionado auto el apoderado judicial de los demandantes interpuso recurso de apelación (fls. 142 – 148. Idem). La Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con providencia del 8 de mayo de 2008, lo rechazó por improcedente (fls. 150 -151. Idem).
Fls. 81 – 88. Cdo 1. Exp. 2005-1426.
Contra el acto de la Junta que lo sancionó, los accionantes presentaron el recurso de apelación y, en subsidio, el de apelación (ver numerales 1.2.12 y 1.2.13.
Fls. 170 – 201. Cdo. 1. Exp. 2005-1423.
Violación de los artículos 1º, 4º, 13, 25 y 29 de la Constitución Política. Política; 38 y 62 del CCA; 18 y 19 de la Ley 734 de 2002
Violación del principio constitucional de seguridad jurídica.
Violación de precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional.
Fls. 203 – 216. Cdo 1. Exp. 2005-1423.
Sentencia de 15 de noviembre de 2007 de la Sección Primera del Consejo de Estado (Expediente núm. 88001-23-31-000-2003-00072-01, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón).
Fl. 9 Cdo. 2. Exp. 2005-1423.
Fl. 26. Cdo. 2. Exp. 2005-1423
Fls. 124 – 126. Cdo. 1. Exp. idem.
Énfasis propio.
La demanda y apelaciones en el ambos procesos son los mismo, el doctor Álvaro Hernán Trujillo Mahecha, representó los intereses judicial de los tres sanciones en la actos demandados, esto es señora Jeaqueline Ardila Hernández (Exp. 2005-1426), el señor Hermes Hernán Rodríguez Hernández (Exp. 2005-1346) y la sociedad Peñaloza y rodriguez Ltda. (Exp. 1423), procesos que se iniciaron de forma individual, dos de los cuales, fueron acumulados (Exp. 2005-1423 y el 1426), lo que se están resolviendo, en el presente fallo.
Resaltados viene del fallo en cita.
Resaltados del fallo en cita.
Artículo 53, modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011.
Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.
“El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que invoca el actor como violado, prescribe:
“Art. 38.- Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”
La correcta interpretación de la norma transcrita sugiere que la fecha oportuna para decidir si se impone o no una sanción, se cuenta a partir del momento en que la Administración tiene conocimiento de la conducta reprochable. Así lo ha sostenido la Sala en asuntos aduaneros, al indicar que el proceso sancionatorio comienza con el requerimiento aduanero, la aprehensión de la mercancía o el acta de liquidación oficial “pues a partir de ese momento la administración identifica o tiene conocimiento de la conducta constitutiva de la infracción”. (Negrillas fuera de texto)
Fls. 129 – 131. Cdo. 13. Exp. 2005-1423.
Fl. 33. Cdo. Anexos Demanda 2. Exp. 2005-1426.
Fls. 228 -423. Cdo. Anexos demanda 1. Exp. 2005-1423.
Fls. 104 – 107. Cdo. 1. Exp. 2005-1423.
Fls. 438. Anexos demanda 1. Exp. 2005-1423.
Fls. 439. Idem.
Fls. 440. Idem.
Sobre la fórmula aplicada se puede consultar entre otras: Sentencia del 28 de enero de 2015, proferida por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del radicado No. 05001-23-31-000-2002-03487-01 (32.912); demandante el señor Darío de Jesús Jiménez Giraldo y otros contra el Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Fallo del 10 de diciembre de 2004, de la misma subsección, expediente No. 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40.060), accionantes la señora Alba Lucía Rodríguez Cardona y otros contra la Nación- Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial; C.P. ENRIQUE GIL BOTERO.
Sobre el interés técnico legal, fijado en el artículo 1617 del Código Civil, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que este es que se reconoce a título de lucro cesante, por la privación temporal del uso del capital. Así, en el proceso radicado No. 73001-23-31-000-1998-01417-01 (17.616), Actor: Oscar Guerra Bonilla y demandados: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y otro; C.P. Ruth Stella Correa Palacio:
«Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación».
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Fls. 53 – 56. Cdo. 6. Exp. 2005-1426.
Fl. 242. Anexos demanda 2. Exp. Idem.
Sentencia del 29 de abril de 2015, nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-24-000-2005-01346-01, C. P. María Elizabeth García González.
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«En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
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