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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-01307-00

Fecha
27 de mayo de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-01307-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE DECIDIO EN SEGUNDA INSTANCIA LA ACCIÓN DE GRUPO Y NEGÓ LA CONCESIÓN DE LA REVISIÓN EVENTUAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTO SUSTANTIVO / VÍA DE HECHO - Por impartir a la solicitud de revisión eventual el trámite del recurso extraordinario de revisión / DEBER DE ADECUAR LA ACCIÓN DE GRUPO A LA DE REPARACIÓN DIRECTA - Cuando el juez observa un trámite inadecuado de la demanda / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Litis recae sobre derechos individuales|

En la acción de tutela que se decide, los fundamentos giran en torno a examinar: (i) si con la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre de adecuar el trámite procesal de la acción de grupo para considerar que los supuestos fácticos se subsumían en el medio de control reparación directa y (ii) si con la orden de imprimir al escrito de revisión eventual de la acción de grupo -presentado por el apoderado de los accionantes- el trámite del recurso extraordinario de revisión, se incurre en un vía de hecho. (…) El razonamiento del Tribunal que lo condujo a mutar la acción de grupo en reparación directa, no lo autorizaba, so pretexto del acceso a la administración de justicia, a cambiar motu proprio el sentido y alcance del medio de defensa propuesto, cuya finalidad es, justamente, obtener un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la procedencia de la acción de grupo interpuesta frente a los hechos que se juzgaban en dicha instancia. Se concreta la vía de hecho judicial, en el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre del 27 de noviembre de 2018, que ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, Sección Tercera «a fin de que se surta el respectivo trámite del recurso de revisión propuesto». (…) Lo anterior, porque el apoderado de los accionantes, quien alude haber efectuado una elaboración argumentativa propia de la revisión eventual de sentencias en acciones de grupo, obtendrá con la adecuación del recurso, efectuada por el Tribunal, un resultado infructuoso en el análisis de procedencia del recurso extraordinario de revisión, dados sus presupuestos y causales de exclusivas. Surge evidente que el Tribunal Administrativo de Sucre, en la providencia referida y en la del 31 de enero de 2019, que al resolver el recurso de reposición mantuvo la negativa de examinar la procedencia, oportunidad y trámite de la revisión eventual, incurrió en defecto sustantivo, porque a pesar del margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realizó una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— y claramente irrazonable o desproporcionada. En efecto, con la interpretación del Tribunal que lo inclinó a examinar el asunto, al momento de proferir sentencia bajo las pautas del medio de control reparación directa y no a través de la instaurada acción de grupo, le correspondía otorgar el derecho a contradecir esta postura, siendo el instrumento procesal viable para ello la revisión eventual promovida y no el recurso extraordinario de revisión. Por ende, como a este medio de defensa, que el artículo 273 del CPACA prevé, no se le dio trámite, se coartó el derecho fundamental a la defensa, porque se impidió contradecir si la «mutación» de la acción propuesta, efectuada por el Tribunal fue acertada, posibilidad que solamente puede determinar el Consejo de Estado, acorde a las reglas de competencia contempladas en el artículo 274 ibídem.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01307-00(AC)

Actor: JOSÉ FERNANDO PALENCIA DE LA OSSA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Decide la Sala la acción de tutela formulada por José Fernando Palencia de la Ossa, Ramiro Manuel Acosta Correa, Luis Simón Valderrama Villamizar y Luis Eduardo Mejía Requena contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

Antecedentes

Solicitud de tutela

Los señores José Fernando Palencia de la Ossa, Ramiro Manuel Acosta Correa, Luis Simón Valderrama Villamizar y Luis Eduardo Mejía Requena instauran acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Sucre y solicitan las siguientes:

Pretensiones

PRIMERA: Comedidamente solicitamos al Honorable Consejo de Estado ordene o brinde la protección a los accionantes tutelándoles el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) por la verificada ocurrencia de los hechos narrados.

SEGUNDA: Tutelar por conexidad el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (Art 229 CP), toda vez que a pesar de que los accionantes acudieron al proceso para ser integrados al grupo accionante, y estuvieron convencidos de hacer parte de un grupo accionante, al final fueron defenestrados, en una época en que sus acciones individuales ya están afectadas por la caducidad.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se ordene al Tribunal Administrativo de Sucre, que restablezcan los derechos fundamentales de los accionantes y en ese sentido que vuelvan a proferir el fallo de segunda instancia dentro del proceso de acción de grupo, conforme lo ordena la Ley 472 de 1998 y acatando la jurisprudencia sobre la materia.

CUARTA: Que como medida de satisfacción, garantía de no repetición y contribución al mejoramiento de la administración de justicia, se ordene que los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre que profirieron la sentencia contentiva de la vía de hecho judicial tomen un curso sobre acciones de grupo, impartido por algún estudiante de Derecho perteneciente a cualquier Universidad acreditada en el País, antes de volver a proferir la decisión a su cargo dentro de la acción de grupo.

Hechos de la solicitud

1.2.1. Se indica en el escrito de tutela que las Fuerzas Militares con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, realizaron «megaoperativos» que culminaron en la detención injusta y masiva de varias personas, acusadas de hacer parte de organizaciones terroristas, procedimientos que luego de cumplir el «efecto mediático perseguido» culminaron con la absolución de las cincuenta y ocho personas contra quienes recayó durante largo tiempo la privación de su libertad.

1.2.2. En virtud del «falso positivo judicial», algunas de las víctimas directas e indirectas impetraron la acción de grupo, y fue así como se solicitó tener como criterio de pertenencia al grupo lo siguiente:

Toda persona que haya sido privada de la libertad dentro del proceso penal No 2004-290 que cursó en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre), o que tenga una relación civil o de parentesco únicamente en calidad de padre, madre, hijo(a), esposo(a), o compañero(a) permanente, con quien haya sido privado(a) de la libertad dentro de tal proceso.

1.2.3. Después de once meses de trámite de la acción de grupo, el día 12 de julio de 2012, la juez de primera instancia declaró la nulidad de todo lo actuado, por considerar que la demanda ha debido presentarse en ejercicio del medio de control reparación directa, con acumulación subjetiva de pretensiones. Esta decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante «auto en el que concluyó que la acción impetrada era la de grupo y que, como tal, debía ser examinada y resuelta por la a quo, exhortándola además para que lo hiciera de manera célere y siempre al abrigo de la Ley 472 de 1992 (sic)».

1.2.4. Contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, como consecuencia de la desinformación que tuvo el trámite de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, en la «acción de grupo», se promovió acción de tutela ante el Consejo de Estado, cuyo conocimiento correspondió al magistrado de la Sección Segunda, Subsección A, Gabriel Valbuena Hernández y mediante fallo del 19 de abril de 2018, notificado el 26 de ese mes y año, se protegieron los derechos de la señora Norma de Jesús Atencia España y otros en la referida acción —– de cuyo grupo hacen parte los accionantes—–.

1.2.5. El 26 de septiembre de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en la referida acción de tutela, y dos días después, el 28 de septiembre de ese año, el Tribunal Administrativo de Sucre expidió sentencia de segunda instancia en la «acción de grupo», omitiendo acatar las medidas impuestas en la vía de amparo que consistían en «proceder a reconstruir el expediente» que en dicho Tribunal se encontraba parcialmente extraviado; «verificar que estaban pendientes de ser practicadas en segunda instancia pruebas que habiendo sido decretadas en primera instancia dejaron de practicarse sin culpa de quién las pidió» y «fallar el proceso como acción de grupo en estricta observancia de la Ley 472 de 1998».

1.2.6. Se expresa que «los incumplimientos a las decisiones de tutela proferidas en contra del Tribunal Administrativo de Sucre aún hoy se mantienen, y sus miembros, orondos, gozan de una opípara impunidad que carcajea ante la perplejidad que se dibuja en el rostro de quienes, como los aquí solicitantes de amparo, son los más débiles entre los débiles».

1.2.7. En el acápite «hechos nuevos y sobrevinientes que en la actualidad vuelven a violar el derecho fundamental de los accionantes», se manifiesta que en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en la «acción de grupo» y en las decisiones que luego de la sentencia se adoptaron, los magistrados de dicha corporación judicial, modificaron la naturaleza del proceso para «metamorfosearlo de acción de grupo en acción de reparación directa», en contravía de lo que «ese Tribunal había considerado años atrás» y con desconocimiento de la orden de tutela proferida por la Sección Segunda, que dispuso «tramitar el proceso al abrigo de la Ley 472 de 1998».

1.2.8. Se afirma que la «desconcertante» decisión de modificar la naturaleza del proceso «trajo consecuencias terribles» para los accionantes, porque teniendo criterios de pertenencia al grupo «de un tajo fueron expulsados» junto con otras doscientas personas, de hacer parte del grupo, en los términos de los artículos 48 parágrafo y 55 de la Ley 472 de 1998, lo cual acarrea la funesta consecuencia de no poderse interponer el medio de control reparación directa por caducidad.

1.2.9. La «maniobra modificando sorpresivamente», justo al momento de proferir sentencia la naturaleza del proceso, para convertirlo de acción de grupo en reparación directa, dejó desprovistas de indemnización a personas que reunían las condiciones para concurrir en calidad de afectados, situación que además produjo «un devastador efecto» en el núcleo social, que generó división y violencia porque mientras a unos integrantes se les favoreció a otros se les impidió el acceso a la administración de justicia.

1.2.10. Contra la sentencia de segunda instancia en la «acción de grupo», se interpuso el 25 de octubre de 2018 «una solicitud de revisión eventual» con fundamento en los artículos 272 a 274 del CPACA, que no fue concedida «con el pretexto de que esa solicitud aplica sólo para las acciones de grupo y populares, y que como la acción fallada ya no era una acción de grupo, entonces sencillamente no procedía».

1.2.11. Se aduce que en un acto más de «versatilidad», los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre «le impartieron a la solicitud de revisión eventual» el trámite del «recurso extraordinario de revisión», y en la actualidad, ese «perverso» recurso, se encuentra en el Consejo de Estado, Sección Tercera, con el radicado 11001-03-26-000-2019-00049-00, en el despacho del consejero Alberto Montaña Plata. «para surtir lo que corresponde a un recurso extraordinario que la parte interesada jamás solicitó».

Fundamentos jurídicos de la tutela

En el escrito de tutela se aduce que la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se convirtió la acción de grupo en reparación directa, se opone a las sentencias de unificación jurisprudencial emanadas del Consejo de Estado, plasma el desconocimiento de precedentes judiciales, e incurre en defecto procedimental, debido a que la inadecuada adecuación, solamente es posible al «empezar el proceso», actuación que de suyo «por el abuso de poder y el prevaricato» en que incurrieron los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, fue objeto de denuncia.

En ese orden, se argumenta que era de obligatorio cumplimiento para el Tribunal Administrativo de Sucre, acatar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera del 16 de enero de 2014 y del 28 de septiembre de 2018, radicados 11001-03-26-000-2013-00110-00 y 25000-26-41-000-2046-02346-01; y de la Corte Constitucional C-569 de 2004 y C-116 de 2008, y además, resolver la controversia aplicando la «abundante jurisprudencia» que la sentencia cuestionada invocó, toda vez que el «descalabro judicial» del fallo entutelado, consiste en que contiene una «retorcida técnica argumental» que «traiciona» su propia fundamentación jurídica.

El defecto procedimental, la violación directa de la Constitución y el defecto fáctico, se edifican en que el Tribunal Administrativo de Sucre, «a bastonazos», extendió la vigencia de la Ley 1437 de 2011, para fundamentar la «mutación» que sufrió la «acción de grupo» en «acción de reparación directa», en un «insulto al sentido común» y que representa la frase «sin querer queriendo del Chavo».

Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 5 de abril de 2019, en el cual se ordenó notificar como demandados a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Sucre y, como terceros interesados, a la Nación, Ministerio de Defensa —– Policía Nacional—–, a la Rama Judicial, —– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial—–, y a la Fiscalía General de la Nación, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

Igualmente, se comisionó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, para que notificara de la acción constitucional a todas las personas que intervinieron como demandantes, coadyuvantes y terceros interesados en la «acción de grupo», quienes serán tenidos como terceros interesados en las resultas del proceso.

Intervenciones

1.6.1 Del Tribunal Administrativo de Sucre

El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, Rufo Arturo Carvajal Argoty, en el escrito de intervención, llama la atención sobre el lenguaje irrespetuoso utilizado por el apoderado de los accionantes, que a su juicio desconoce el artículo 78 numeral 4 del Código General del Proceso.

En defensa de la decisión, advierte que se pretendió encaminar bajo la «acción de grupo» una situación fáctica que correspondía al medio de control reparación directa con acumulación de pretensiones.

En sustento de esta afirmación, expresó:

Si bien se trató de un proceso penal donde aparecen varios sindicados, las circunstancias de cada procesado debían y de hecho eran diferentes, si se atiende que el derecho penal colombiano es de acto, lo cual impide predicar consecuencias similares, en clave de reparación de perjuicios para todos los involucrados, tesis que hoy en día se refuerza al analizar el título de imputación de privación injusta de la libertad, bajo el concepto de daño antijurídico.

1.6.2. De la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela y, para el efecto, expresa que se pretende utilizar el instrumento constitucional, para remediar una equivocación de las partes que implicó la imposibilidad de éxito de la situación litigiosa.

Refiere que la acción de tutela con radicado núm. 2018-00547-00, resuelta por el Consejo de Estado, no fue incumplida ni por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo ni por el Tribunal Administrativo de Sucre, porque se cumplió en debida forma y con celeridad, tramitar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida dentro de la «acción de grupo», y a su vez, de forma oportuna, el Tribunal Administrativo de Sucre emitió la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2018.

Concluye que no se logró identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, ni demostrar el motivo por el que los accionantes no fueron vinculados e integrados al proceso de la «acción de grupo», y que del escrito de tutela, solamente se aprecia una narración de hechos que, a pesar del carácter informal de dicha acción, no alcanzan a identificar los fundamentos de la invocada afectación de derechos fundamentales que pretende imputarse al fallo cuestionado.

1.6.3 De la Nación —–Policía Nacional—–.

La Nación —– Policía Nacional—–, a través del jefe del grupo Asuntos Jurídicos, depreca la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales y, refiere, que el Tribunal Administrativo de Sucre, tenía el deber de adecuar la acción al observar que la incoada fue incorrecta. Sostuvo que, como la litis recaía respecto de causas individuales —– sujetos de un proceso penal —–, los perjuicios presuntamente ocasionados también ostentaban esa naturaleza y, por consiguiente, no existía una relación inescindible, de la cual se pudiera predicar la afectación a un conglomerado de personas para acudir a la acción de grupo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los jueces o tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

La acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por la expedición de la sentencia del 28 de septiembre de 2018, que en segunda instancia resolvió revocar la sentencia del 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo. El problema jurídico consiste en determinar si con la decisión judicial, en la que se dispuso por el Tribunal que «el presente asunto no trata de un medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo sino de una reparación directa», afirmación que conllevó imprimir al escrito de revisión eventual de la «acción de grupo» el carácter de recurso extraordinario de revisión, se incurrió en una «vía de hecho».

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la Carta Política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad jurídica.

En el presente asunto, la Sala estima que los hechos expuestos se adecuan al defecto sustantivo, cuyo examen se abordará, como un componente de la causal de procedibilidad desconocimiento del precedente, invocada en el libelo tutelar.

2.4.1. Defecto sustantivo: por la aplicación de un precepto que de forma manifiesta no regía la materia y por desconocimiento del precedente judicial

Ha señalado la jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada.

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente, vale decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente; b) que se trate de un problema jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. Sin embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora, los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.

2.6. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias del Tribunal Administrativo de Sucre que decidieron en segunda instancia la «acción de grupo» y negaron la concesión de la «revisión eventual»

2.6.1. El asunto tiene relevancia constitucional pues se centra en la discusión de una presunta vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2.6.2. Se presentó con inmediatez porque la sentencia que decidió la «acción de grupo» fue proferida el 28 de septiembre de 2018 y quedó ejecutoriada el 12 de octubre de ese año y los autos que negaron la concesión de la «revisión eventual» son de fechas 27 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019. A su turno, la acción de tutela se instauró el 29 de marzo de 2019, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.6.3. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.6.4. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, toda vez que la providencia decidió el asunto como si se tratara del medio de control reparación directa cuando se había formulado la acción de grupo.

2.6.5. En lo referente al agotamiento de los medios de defensa judicial como presupuesto de procedibilidad, la Sala se detendrá en la verificación del cumplimiento de esta exigencia, aspecto que guarda relación con el problema jurídico expuesto y, para el efecto, se hace necesario abordar el siguiente acápite:

2.6.5.1 Hechos probados

2.6.5.1.1. Ante el Juzgado Administrativo de Sincelejo se interpuso «acción de grupo» sustentada en que varias personas fueron afectadas por la común privación injusta e ilegal de la libertad, propiciada por miembros armados de seguridad del Estado, que imputaron cargos inexistentes a «inocentes, humildes y pobres campesinos» quienes fueron señalados de pertenecer a la guerrilla por el solo hecho de residir en zona de conflicto.

2.6.5.1.2. El 12 de julio de 2012, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Sincelejo, declaró la nulidad del proceso en la «acción de grupo», instaurada por Norma de Jesús Atencia España y otros. En sustento, consideró que la exclusividad para conocer del asunto correspondía al Tribunal Administrativo de Sucre por tratarse de la privación injusta de la libertad, acorde a las reglas del artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2.6.5.1.3. El Tribunal Administrativo de Sucre declaró que esa Corporación carecía de competencia para conocer de la acción de grupo y, ordenó devolver el expediente al juzgado administrativo de origen. Advirtió que si bien el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 es una norma especial de competencia para conocer los procesos donde se persiga la responsabilidad por la privación injusta de la libertad, existiendo una regulación normativa propia para la acción de grupo, conforme a los artículos 50 y 51 de la ley 472 de 1998, y atendiendo los principios y la especialidad de dicha acción, debe prevalecer la competencia asignada a los jueces administrativos del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos.

2.6.5.1.4. El 25 de agosto de 2017, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, dictó sentencia en la «acción de grupo» radicación núm. 700013333003-2011-00320-00, demandante Norma de Jesús Atencia España y otros —–cuyo grupo integran los accionantes según la demanda de tutela—– y, dispuso entre otras decisiones, negar la excepción de improcedencia de la acción de grupo, declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación y condenar a dicha entidad a pagar los daños morales de varias personas integrantes de los grupos familiares y los materiales a las víctimas directas.

El sustento para estimar que la acción de grupo era la pertinente para conocer el juzgamiento de los hechos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fue el siguiente:

De la jurisprudencia traída a colación, se colige sin excitación alguna que el requisito de procedibilidad de la existencia de una causa común en el daño reclamado por el grupo del accionante, debe ser entendido en el sentido de que el perjuicio padecido por la parte demandante debe provenir de una misma acción, omisión u operación administrativa, que la entidad que lo engendró sea la misma y que exista un nexo de causalidad entre el hecho generador del daño y el daño antijurídico que se solicitó sea indemnizado.

Siendo así las cosas, esta Judicatura considera que el requisito en estudio se encuentra satisfecho en la presente litis; toda vez que los perjuicios materiales e inmateriales que fueron peticionados, por la parte accionante en el escrito genitor devienen de la acción de una misma entidad pública; esto en ocasión de que el daño padecido por la parte en mención tiene como causa determinante o su génesis en la medida aseguramiento que le impuso la Fiscalía General de la Nación a las víctimas directas de este litigio en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el punible de Rebelión […]

2.6.5.1.5. Ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, se conoció la acción de tutela interpuesta por la señora Norma de Jesús Atencia España, radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00547-00, contra el Juzgado Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.

Con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández, el 19 de abril de 2018, se profirió sentencia que amparó los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa, por haberse acreditado el trámite irregular derivado de la falta de claridad en el sistema de reparto de los procesos remitidos a la segunda instancia, así como por la no incorporación en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI de las actuaciones surtidas en la «acción de grupo».

En consecuencia, se ordenó a los órganos judiciales entutelados, ingresar al referido Sistema de Gestión Judicial las anotaciones correspondientes a las actuaciones surtidas dentro de la «acción de grupo»; en caso de que existiera un error en el número de radicación asignado al proceso referido, se ordenó actualizar y comunicar tal decisión a las partes a través de medios de comunicación de amplia circulación, y se instó al Tribunal Administrativo de Sucre «a efectos de que surta el trámite de la segunda instancia dentro de la citada acción de grupo, con apego a las formalidades establecidas en la Ley 472 de 1992 (sic) y el Código General del Proceso y que profiera la decisión de fondo con estricta observancia de los términos establecidos en la citada Ley».

2.6.5.1.6. El 26 de septiembre de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver la segunda instancia de la acción de tutela, dispuso revocar el numeral quinto de la sentencia de tutela de primera instancia, para en su lugar, «ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo, adelantar la búsqueda de los 12 cuadernos de pruebas que se echaron de menos dentro de la acción de grupo». Ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y/o de las dependencias que correspondan, prestar un acompañamiento constante y eficiente a los despachos judiciales del departamento de Sucre, en aras de garantizar la implementación y adecuada utilización del Sistema Siglo XXI Web (TYBA) y, confirmó el fallo de primera instancia en todo lo demás.

2.6.5.1.7. El 28 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo y, dispuso lo siguiente:

Segundo: REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia datada 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, entendiéndose entonces, que el presente asunto no trata de un medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo, sino de una reparación directa.

Tercero: REVOCAR el numeral noveno de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado; en consecuencia, las costas del proceso se regirán por lo que se afirma más adelante.

Cuarto: NO CONDENAR en costas de primera o segunda instancia a las partes, conforme lo afirmado en el art. 711 del C.C.A. y lo dicho anteriormente.

Quinto: REVOCAR el numeral DÉCIMO PRIMERO de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, al tratarse el presente asunto de un medio de control de reparación directa.

Sexto: CONFIRMAR en lo restante la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado.

Séptimo: De esta determinación, de manera inmediata COMUNÍQUESE al Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández, proceso de tutela radicado No. 11001-03-15-000-2018-00547-00, para lo de su competencia.

El argumento para adecuar la acción de grupo interpuesta a la de reparación directa, fue el siguiente

Traído lo afirmado al proceso penal, no cabe duda que las decisiones judiciales que permiten la privación de la libertad de una persona, van surgiendo en igual manera, esto es, de forma particularizada –aun cuando se emitan en conjunto-. Ya que, tratándose de un derecho penal de acto, a cada persona le corresponde unos hechos, un modo de ejecución y una responsabilidad jurídica, sin que la conexidad a que se somete el expediente pueda desdeñar tal criterio.

De ahí que, la causa de la privación de la libertad y su libertad de “x” persona, no pueda considerarse como la causa para la otra u otras, pues, cada una, responde penalmente de manera distinta. Esto a su vez, en punto de lo tratado, hace que en este tipo de asuntos no pueda predicarse aplicable el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, sino que por el contrario, deba ser la reparación directa la socorrida.

Alcanzada tal conclusión, para lo tratado devendría en entender que se presentó la excepción de trámite inadecuado de la demanda, por ende la declaración de nulidad de lo actuado; sin embargo, tal excepción debe entenderse subsanable con la adecuación correcta del trámite, de ahí que en criterio de la Sala, en este proceso, se deba emitir fallo de fondo, entendiendo que la sentencia versa sobre una reparación directa y no de un medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.

Tal solución procesal, no afecta el debido proceso de las partes intervinientes y por el contrario, garantiza el acceso a la administración de justicia en punto de obtener una decisión judicial, máxime cuando las etapas procesales se han cumplido a cabalidad.

[…]

Si lo anterior se le suma, que por virtud de esta providencia, un proceso de conocimiento de la Sala Oral (acción de grupo) se muta en una reparación directa, el hecho mismo de la mutación (saneamiento) efectuado en sede oral, hace que la normatividad de la ley 1437 de 2011, pueda ser invocada, en tanto sería tanto como entender que la demanda se formuló bajo su vigencia, apreciación que evidentemente solo puede ser considerada para efectos meramente procesales, que no sustanciales.

A partir de lo dicho y de esta providencia, debe entenderse que el presente asunto versa sobre una reparación directa y así se falla en segunda instancia por este Tribunal, en relación con los puntuales cargos formulados en recurso de apelación, conservando validez lo actuado hasta el momento.

2.6.5.1.8. El 25 de octubre de 2018, en el Tribunal Administrativo de Sucre, el apoderado de los accionantes de la vía de amparo de la referencia, presentó escrito que tituló «solicitud para ante el Consejo de Estado de hacer revisión eventual de la sentencia proferida en acción de grupo» y solicitó el envío al Consejo de Estado de dicha petición de revisión eventual. Entre los argumentos expuestos para deprecar este trámite, se mencionó que en la sentencia de segunda instancia, se modificó la naturaleza de la acción de grupo que había sido presentada y tramitada, convirtiéndola en una de reparación directa «maniobra extravagante» que desconoció precedentes jurisprudenciales.

2.6.5.1.9. El 27 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Sucre, resolvió la petición anterior y, para el efecto indicó:

Este despacho dispondrá remitir el presente proceso al Honorable Consejo de Estado, bajo el entendido que lo pedido está enmarcado en el recurso extraordinario de revisión, en tanto, este tribunal ya signó el proceso como de reparación directa.

Con fundamento en lo anterior, ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, Sección Tercera «a fin de que se surta el respectivo trámite del recurso de revisión formulado».

2.6.5.1.10. El 29 de enero de 2019, el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió remitir al Tribunal Administrativo de Sucre la solicitud de «revisión eventual», radicada ante esta Corporación, de la sentencia del 28 de septiembre de 2018, y, adujo, que ello obedecía a que, en virtud de los artículos 273 y 274 del CPACA, toda solicitud de revisión eventual de sentencia que decida la protección de intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, deberá ser examinada, previamente, por los tribunales administrativos y luego de determinar si se cumplen los requisitos, se efectúa la remisión al superior.

2.6.5.1.11. Contra la decisión del 27 de noviembre de 2018, se interpuso por el apoderado recurso de reposición, en el que expresó su inconformidad al considerar que el Tribunal, «intenta bloquear o sabotear el trámite que legalmente debe dársele a la solicitud de “REVISIÓN EVENTUAL”», pues únicamente le correspondía, de manera exclusiva y excluyente, limitarse a conceder la solicitud promovida y, con la decisión, autónoma, de darle el alcance de recurso extraordinario de revisión, profirió un auto sin competencia que afectó el derecho a la defensa, porque las causales y presupuestos respecto de ambos procedimientos son distintas.

2.6.5.1.12. A través del auto del 31 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de Sucre, confirmó la decisión recurrida y justificó la adecuación que se le hizo al escrito presentado como revisión eventual de acción de grupo, para en su lugar, imprimirle el trámite del recurso extraordinario de revisión, en las siguientes razones que se resumen:

Que la «solicitud de revisión» se remitió «en calidad de recurso extraordinario de revisión» porque es el acto procesal procedente frente a las sentencias en el marco del medio de control reparación directa, que fue el que se decidió con la sentencia del 28 de septiembre de 2018.

Que como lo sostiene el propio recurrente «si bien finalmente será el Honorable Consejo de Estado el que tome la determinación respectiva», es de resaltar que el Tribunal ostentaba la competencia para adecuar la cuerda procesal y, por «lógica consecuencial, lo procedente es la acción de revisión y bajo tal criterio se dispone la remisión del expediente ante el Honorable Consejo de Estado».

2.6.5.1.13. El secretario del Tribunal Administrativo de Sucre, expidió copias fieles y exactas de los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, y dejó la siguiente constancia:

Esta secretaría deja constancia que, el apoderado demandante, Dr, William Oswaldo Corredor Vanegas, mediante escrito presentado en esta Corporación en fecha 25 de Octubre de 2018, solicitó Recurso Extraordinario de REVISIÓN ante el H. Consejo de Estado. Ante ésta solicitud, el Despacho mediante providencia de fecha de 27 de Noviembre de 2018, accedió a tal solicitud y ordenó remitir el proceso al superior para que se surtiera el trámite correspondiente.

Para constancia se rubrica y sella a los doce (12) días del mes de Febrero de dos mil diecinueve (2019).

2.6.5.1.14. El oficial mayor de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 15 de marzo de 2019, antes de efectuar el ingreso del expediente al despacho del Consejero Alberto Montaña Plata, dejó la siguiente constancia:

Al despacho del Honorable Consejero Alberto Montaña Plata, hoy 15 de marzo de 2019, para conocer el recurso extraordinario de revisión de sentencia presentado por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2018 por el tribunal Administrativo de Sucre.

Por otra parte, se informa que el presente proceso ya había ingresado previamente a esta Corporación y fue conocido por la Sección Primera. En dicha oportunidad, mediante providencia del 29 de enero de 2019, el Consejero Hernando Sánchez (e) ordenó su remisión al tribunal de origen para que éste continuara con el trámite de la “revisión eventual”. Posteriormente, el mencionado Tribunal mediante auto del 31 de enero de la presente anualidad, ordenó remitirlo nuevamente al Consejo de Estado, toda vez que adecuó el medio de control al de reparación directa; y por lo tanto, únicamente procedía el recurso extraordinario de revisión y no la revisión eventual invocada.

2.6.5.2. Consideración preliminar sobre nuevos hechos diferentes a los conocidos por esta Subsección, en la acción de tutela radicación núm. 11001-03-15-000-2018-00547-00.

Como preámbulo del presupuesto de procedibilidad que se examinará, es necesario precisar que los hechos conocidos por la Sección Segunda, Subsección A, en la acción de tutela del encabezado y que culminaron con la concesión del amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa de la señora Norma de Jesús Atencia España, son diferentes a los expuestos en la acción de tutela que ahora se decide.

En la acción de tutela, radicada con el núm. 11001-03-15-000-2018-00547-00, se ordenó a través de la sentencia del 19 de abril de 2018, al Juzgado Administrativo del Circuito de Sincelejo, al Tribunal Administrativo de Sucre y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, garantizar el derecho a la información frente a las irregularidades detectadas en las actuaciones correspondientes a la acción de grupo que cursó en los órganos judiciales, por la falta de información del estado del proceso durante el trámite del recurso de apelación, y por ello, se dispuso ingresar al Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI las anotaciones correspondientes.

Ahora bien, en la acción de tutela que se decide, los fundamentos giran en torno a examinar: (i) si con la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre de adecuar el trámite procesal de la acción de grupo para considerar que los supuestos fácticos se subsumían en el medio de control reparación directa y (ii) si con la orden de imprimir al escrito de revisión eventual de la acción de grupo —–presentado por el apoderado de los accionantes—– el trámite del recurso extraordinario de revisión, se incurre en un vía de hecho.

Se concluye de lo expuesto, que como no se observa identidad fáctica entre los hechos que identifican cada una de las acciones de tutela mencionadas, la Sala continuará con el análisis del presupuesto de procedibilidad en la acción de tutela de la referencia, no sin antes señalar que las situaciones expuestas en el libelo, referidas a que el Tribunal Administrativo de Sucre incumplió las medidas dispuestas en el fallo de tutela consistentes en que se procediera a «reconstruir el expediente» antes de proferir la sentencia y a «fallar el proceso como acción de grupo en estricta observancia de la Ley 472 de 1998», son manifestaciones que pudieron perfilarse dentro de un incidente de desacato

2.6.5.3. Análisis de la Sala respecto: (i) al presupuesto de procedibilidad que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial y (ii) de la «vía de hecho judicial».

La valoración de los medios probatorios allegados al expediente, permite observar que como no se concedió por el Tribunal Administrativo de Sucre el único medio de defensa judicial que procedía contra la sentencia proferida en la acción de grupo, la acción de tutela debe prosperar.

Se reúne en el sub lite el presupuesto de procedibilidad que no existan otros medios de defensa judicial, porque se advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre obstaculizó el acceso a la revisión eventual de la sentencia en la acción de grupo, bajo el equívoco argumento de considerar que como lo decidido en el fondo correspondió al medio de control reparación directa, no cabe la revisión eventual de la sentencia sino el recurso extraordinario de revisión.

El razonamiento del Tribunal que lo condujo a mutar la acción de grupo en reparación directa, no lo autorizaba, so pretexto del acceso a la administración de justicia, a cambiar motu proprio el sentido y alcance del medio de defensa propuesto, cuya finalidad es, justamente, obtener un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la procedencia de la acción de grupo interpuesta frente a los hechos que se juzgaban en dicha instancia.

Se concreta la vía de hecho judicial, en el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre del 27 de noviembre de 2018, que ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, Sección Tercera «a fin de que se surta el respectivo trámite del recurso de revisión propuesto», toda vez que el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, invocado por el Tribunal, resulta desnaturalizado. Lo anterior, porque el apoderado de los accionantes, quien alude haber efectuado una elaboración argumentativa propia de la revisión eventual de sentencias en acciones de grupo, obtendrá con la adecuación del recurso, efectuada por el Tribunal, un resultado infructuoso en el análisis de procedencia del recurso extraordinario de revisión, dados sus presupuestos y causales de exclusivas.

Surge evidente que el Tribunal Administrativo de Sucre, en la providencia referida y en la del 31 de enero de 2019, que al resolver el recurso de reposición mantuvo la negativa de examinar la procedencia, oportunidad y trámite de la revisión eventual, incurrió en defecto sustantivo, porque a pesar del margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realizó una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— y claramente irrazonable o desproporcionada.

En efecto, con la interpretación del Tribunal que lo inclinó a examinar el asunto, al momento de proferir sentencia bajo las pautas del medio de control reparación directa y no a través de la instaurada acción de grupo, le correspondía otorgar el derecho a contradecir esta postura, siendo el instrumento procesal viable para ello la revisión eventual promovida y no el recurso extraordinario de revisión. Por ende, como a este medio de defensa, que el artículo 273 del CPACA prevé, no se le dio trámite, se coartó el derecho fundamental a la defensa, porque se impidió contradecir si la «mutación» de la acción propuesta, efectuada por el Tribunal fue acertada, posibilidad que solamente puede determinar el Consejo de Estado, acorde a las reglas de competencia contempladas en el artículo 274 ibídem.

Además, como el Tribunal Administrativo de Sucre rehusó ejercer la competencia para conocer si se reunían o no los presupuestos de oportunidad y trámite de la acción de grupo, en aras de amparar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, se dejarán sin efectos los autos proferidos por este órgano judicial, datados el 27 de noviembre de 2018 y el 31 de enero de 2019 y se dispondrá que se profiera decisión de remplazo, en la que se examine la oportunidad y trámite de la revisión eventual de la sentencia del 28 de septiembre de 2018, proferida en la acción instaurada por Norma de Jesús Atencia y otros.

Igualmente, consultado el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI se encuentra que el «RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE» pasó al despacho del magistrado Alberto Montaña Plata para su admisibilidad y, por ese motivo, resulta oportuno disponer la devolución del expediente de la radicación allí indicada —11001032600020190004900— al Tribunal Administrativo de Sucre; que se hagan las anotaciones y constancias secretariales que resulten pertinentes para dar cumplimiento a la parte resolutiva de este fallo y las actualizaciones en el mencionado sistema de información judicial, a efectos de garantizar el derecho a la publicidad.

Finalmente, no pasa desapercibido la Sala, llamar la atención al señor apoderado de los accionantes por la utilización del lenguaje inadecuado, en contra de los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, que no se compadece con el decoro que debe caracterizar el ejercicio profesional. Igualmente, constituye falta de respeto la pretensión cuarta, porque su contenido burlesco en contra de la administración de justicia y la calificación despectiva de sus integrantes es reprochable.

2.7. Conclusión

Aunque de manera puntual no se formuló la acción de tutela contra los autos que denegaron la concesión del medio de defensa eventual pertinente, sino contra la sentencia que decidió el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia en la acción de grupo, la Sala dejará sin efectos las decisiones de fechas 27 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, que guardan relación con el amparo del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, infringido por el Tribunal Administrativo de Sucre, por la negativa en conceder el único medio de defensa judicial eventual, que procedía contra la sentencia de la acción de grupo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: amparar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de los señores José Fernando Palencia de la Ossa, Ramiro Manuel Acosta Correa, Luis Simón Valderrama Villamizar y Luis Eduardo Mejía Requena, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

En consecuencia, se dispone:

Dejar sin efectos los autos del 27 de noviembre de 2018 y del 31 de enero de 2019, proferidos por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, en el expediente radicado con el núm. 70-001-23-33-003-2011-00320-01, demandante Norma de Jesús Atencia España y otros

Segundo: ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión, en la que se sigan las pautas señaladas en la parte motiva de este fallo, dentro del proceso con el número de 70-001-23-33-003-2011-00320-01, demandante Norma de Jesús Atencia España y otros.

Tercero: ordenar la devolución del expediente radicado ante el Consejo de Estado, Sección Tercera con el núm. 11001032600020190004900, y que se identifica en el sistema de Gestión Judicial Siglo XXI como «RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018», al Tribunal Administrativo de Sucre; que se hagan las anotaciones y constancias secretariales que resulten pertinentes para dar cumplimiento a este fallo y las actualizaciones en el mencionado sistema de información judicial, a efectos de garantizar el derecho a la publicidad.

Cuarto: En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folio 30.
Folios 124 a 127.
Folios 49 a 60.
Folios 63 a 64
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces».
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-634 de 2011, entre otras.
Constancia secretarial. Folio 1278 cuaderno «recurso extraordinario de revisión»
Folios 330 a 365 del expediente en préstamo «acción de grupo».
Folios 18 a 23 del cuaderno «incidente de nulidad acción de grupo»
Folios 26 a 29 del cuaderno ibídem.
Folios 1040 a 1088 del expediente en préstamo «acción de grupo».
Folios 98 a 111 del cuaderno anexo.
Folios 112 a 120 ibídem.
Folios 1174 a 1195 del cuaderno «recurso extraordinario de revisión de sentencia»
Folios 1207 a 1248 ibídem.
Folios 1254 del cuaderno ibídem.
Folios 96 a 98 del cuaderno «revisión eventual ante el Consejo de Estado»
Folios 160 a 1263 del cuaderno «recurso extraordinario de revisión de sentencia»
Folios 1266 a 1267 ibídem.
Folios 1278 ibídem.
Folios 1285 ibídem.
Modificada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 26 de septiembre de 2018, para ordenar la búsqueda de doce cuadernos de pruebas.
Numeral 3 del artículo 274 del CPACA: 3. Los Tribunales Administrativos, dentro del término de ocho (8) días contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente sección que el reglamento determine, el expediente, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, esta resuelva, mediante auto motivado, sobre la petición de revisión.

15 Mar 2019AL DESPACHO POR REPARTOPARA CONSIDERAR LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO15 Mar 2019
Que como medida de satisfacción, garantía de no repetición y contribución al mejoramiento de la administración de justicia, se ordene que los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre que profirieron la sentencia contentiva de la vía de hecho judicial tomen un curso sobre acciones de grupo, impartido por algún estudiante de Derecho perteneciente a cualquier Universidad acreditada en el País, antes de volver a proferir la decisión a su cargo dentro de la acción de grupo.

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