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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04201-00

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04201-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Antonio Gamarra Díaz y otros, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Primera. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04201-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros1
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin
dilaciones injustificadas / Impulso procesal en solicitud de revisión
eventual
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Luis Antonio Gamarra Díaz y otros, en
ejercicio del mecanismo constitucional de tutela previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollado en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

1. Luis Antonio Gamarra Díaz y otros promovieron solicitud de tutela en contra del
Consejo de Estado, Sección Primera para que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y a la igualdad, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de
la mora en el pronunciamiento de la solicitud de revisión eventual3 de la sentencia
proferida el 28 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro
de la acción de grupo tramitada bajo el radicado 7000-13-33-3003-2011-00320-
00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

1 Jaime Rafael Peña Arrieta, Arelis del Carmen González Pérez y Noris Leonor Zabaleta de Gamarra.
2 Ver índice 2 de Samai.
3 70001-333-30-03-2011-00320-01.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

2.1. El 13 de diciembre de 2003, se realizaron operativos por parte de las fuerzas
militares y la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Betulia (Sucre), donde
se privó de la libertad a 57 campesinos acusados de ser miembros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia4. Lo anterior, ocurrió en el contexto de los
falsos positivos judiciales, donde se buscaba simular la obtención de logros
operacionales con el objetivo de obtener incentivos por parte del Estado y para
conseguir una exposición mediática de las imágenes del arresto, pues nunca se
encontraron pruebas de su participación en el grupo armado y fueron dejadas en
libertad.

2.2. En consecuencia, las víctimas directas y sus familiares, en calidad de víctimas
indirectas, ejercieron acción de grupo para obtener una indemnización por la
privación injusta de la libertad en contra de la Fiscalía General de la Nación y otros5,
la cual fue tramitada bajo el radicado 7000-13-33-3003-2011-00320-00.

2.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo decretó la
nulidad de todo lo actuado por considerar que el proceso no se debía tramitar como
una acción de grupo sino como una reparación directa con acumulación subjetiva de
pretensiones. Dicha decisión fue objeto de apelación.

2.4. El Tribunal Administrativo de Sucre en providencia del 2 de agosto de 2012 revocó
la decisión de primera instancia, al considerar que el proceso se debía tramitar como
acción de grupo, por lo cual devolvió el expediente.

2.5. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en sentencia
del 25 de agosto de 2017 declaró la caducidad del medio de control para algunos
demandantes; denegó las pretensiones respecto de otros y declaró
administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación. Como
consecuencia concedió las pretensiones de reparación en favor de 11 demandantes
y su grupo familiar. En contra de esta decisión se presentó recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 28 de septiembre de 2018
revocó parcialmente la decisión del a quo y declaró que el asunto se debía tramitar a
través del medio de control de reparación directa y no de reparación de perjuicios
causados a un grupo, razón por la cual, si bien se accedió a las pretensiones,
quedaron excluidas más de 200 víctimas directas e indirectas6.

2.7. Frente a la anterior decisión se presentó solicitud de revisión eventual con el
objetivo de que el Consejo de Estado unificara su posición respecto al tema.

2.8. El Tribunal Administrativo de Sucre en providencia del 27 de noviembre de 2018
remitió el expediente al Consejo de Estado, Sección Tercera con el fin de que
conociera el recurso extraordinario de revisión. Lo anterior, por cuanto la sentencia

4 En adelante FARC.
5 La Rama Judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) y el Ministerio de Defensa (Policía

Nacional).
6 Entre las personas excluidas se encuentra el tutelante Jaime Rafael Peña Arrieta y su grupo familiar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

de 28 de septiembre de 2018 declaró que el asunto no se trataba de una solicitud de
grupo sino de una de reparación directa. En contra de esta decisión se presentó
recurso de reposición, resuelto de manera desfavorable mediante auto del 31 de
enero de 2019.

2.9. Como consecuencia de lo anterior, se interpuso solicitud de tutela7 en contra de
la sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, por cuanto la autoridad judicial negó la solicitud de adhesión al grupo, convirtió
indebidamente el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
en uno de reparación directa, y tramitó la solicitud de revisión eventual como si se
tratara de un recurso extraordinario de revisión.

2.11. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 27
de mayo de 2019, amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de los demandantes, y, en consecuencia, dejó sin efectos las providencias
del 27 de noviembre de 2018 y del 31 de enero de 2019, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante las cuales se dio trámite de recurso extraordinario
de revisión. La parte demandada presentó escrito de impugnación.

2.12. En cumplimiento de la anterior sentencia el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B en providencia del 9 de agosto de 2019 remitió el expediente
a la Secretaría General para que se tramitara como solicitud de revisión eventual.
Cuyo conocimiento fue repartido al Consejo de Estado, Sección Primera.

2.13. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 16 de
agosto de 2019 resolvió la impugnación de la sentencia de tutela del 27 de mayo del
mismo año, y revocó la sentencia de primera instancia por ser improcedente. En
consecuencia, dejó en firme los autos proferidos el 27 de noviembre de 2018 y 31 de
enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Sucre.

2.14. Por lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Primera, el 28 de octubre de
2019 remitió por competencia el proceso al Consejo de Estado, Sección Tercera para
que se tramitara el recurso extraordinario de revisión.

2.15. El Consejo de Estado, Sección Tercera en providencia del 5 de febrero de
2020 nuevamente remitió el expediente a la Secretaría General para un nuevo
reparto, al considerar que el juez de tutela señaló que a quien le correspondía decidir
cuál era el recurso procedente era a su despacho.

2.16. Por lo anterior, el 10 de marzo de 2020 la Secretaría General remitió el
expediente a la Sección Primera del Consejo de Estado, con el objetivo de tramitar
la solicitud de revisión eventual. Como consecuencia, seleccionó la sentencia del 28
de septiembre de 2018 para su revisión por medio del auto del 2 de noviembre de
2023.

7
La demanda fue interpuesta por: José Fernando Palencia de La Ossa, Ramiro Manuel Acosta Correa,
Luis Simón Valderrama Villamizar y Luis Eduardo Mejía Requena y tramitada bajo el radicado
11001031500020190130700.

3

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Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

2.17. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en mora judicial. Lo anterior, porque el término, de acuerdo al numeral 5º del
artículo 274 de C.P.A.C.A., para proferir sentencia de unificación en la revisión
eventual es de 6 meses desde la fecha de su selección en el despacho. Asimismo,
se ignoró que eran sujetos de especial protección por tratarse de adultos mayores en
condición de vulnerabilidad y ya han pasado 8 años desde la radicación de la solicitud
de revisión eventual sin obtener respuesta de fondo.

2.18. Como consecuencia de lo anterior, se han suspendido procesos relacionados
con estos hechos, como lo son: el ejecutivo para el pago de la condena, pues la
entidad condenada suspendió el turno para pago hasta tanto no se decida el trámite
por parte del Consejo de Estado, y una nueva acción de grupo8 por error
jurisdiccional; además que algunos demandantes beneficiarios de la indemnización
han fallecido sin conocer el resultado.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] PRIMERA: Puesto que también se invoca un derecho no señalado expresamente
por la Constitución como fundamental (tutela judicial efectiva y acceso a la administración
de justicia, art. 229 de la Constitución Política en conexidad con los artículos 272 a 274
Nral. 3º del C.P.A.C.A.), desde ya solicitamos que una vez se active la competencia del
vértice constitucional en la Corte Constitucional, se aplique el art. 2º del Decreto 2591 de
1991 y, en consecuencia, rogamos darle prelación a la presente acción de tutela en la
revisión.

SEGUNDA: Comedidamente solicitamos al Honorable Consejo de Estado ordene o brinde
la protección a los accionantes, tutelándoles los derechos fundamentales al debido
proceso (art. 29 de la C.P.), y acceso a la administración de justicia en procura de una
tutela judicial efectiva (art. 229 de la Constitución Política en conexidad con los artículos
272 a 274 del C.P.A.C.A. y artículo 88 Inc, 2º de la Constitución), el derecho a la igualdad
(artículo 13 C.P.); así mismo, que se dé la aplicación de prelación a casos de privación
injusta de la libertad establecida mediante sentencias de unificación jurisprudencial.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene, —muy respetuosa y
comedidamente—, a la Honorable Magistrada Dra. Nubia Margoth Peña Garzón de la
Sección Primera del Consejo de Estado, que en el plazo perentorio que la Sala de
Decisión de Tutela establezca, resuelva sobre el fondo de la solicitud de revisión eventual
que se halla en su Despacho pendiente de ponencia para adoptar la decisión de fondo,
proceso que se encuentra a disposición de su Despacho incluso desde antes de que se
posesionara, bajo el número de expediente 700013333 003-2011-00320-01. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado, Sección Primera9 realizó un recuento de las
actuaciones procesales que se han surtido para demostrar que han surgidos diversas

8 Proceso con radicado 25000-23-41-000-2020-00723-00.
9 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«12RECIBEMEMORIAL_Memorial_20260420100luisanton(.pdf) NroActua 13.pdf».

4

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Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

circunstancias que han obstaculizado la respuesta de fondo de la solicitud de revisión
eventual, además que la complejidad del asunto hace que la demora sea razonable;
por lo que no se configuró vulneración de derechos fundamentales.

5. La Policía Nacional10 solicitó su desvinculación al proceso por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene competencia para atender las
pretensiones de la demanda, porque la solicitud de tutela está dirigida al Consejo de
Estado para que este resuelva la solicitud de revisión eventual.

6. La Fiscalía General de la Nación11 solicitó su desvinculación del proceso por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, ante la ausencia de una relación de
causalidad con la presunta vulneración de derechos fundamentales alegados en la
demanda.

7. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial12 solicitó su desvinculación al proceso por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que se pretende es la resolución de la
solicitud de revisión eventual y en las funciones de la entidad no se encuentra dejar
sin efectos decisiones judiciales. De esta forma, la entidad tiene una naturaleza
técnica y administrativa en la Rama Judicial y no tiene injerencia en la mora judicial
alegada en la tutela.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa– falta de legitimación en
la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela; iv) determinación del problema jurídico;
y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1° del Decreto 333 del 6 de
abril de 202113 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Consejo de Estado, Sección Primera.

10
Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado « 9RECIBEMEMORIAL_GS2026016903SEGEN(.pdf)
NroActua 11.pdf».
11 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado « 10_MemorialWeb_Respuesta-
RespuestaAccionde(.pdf) NroActua 12.pdf».
12 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado « 6_MemorialWeb_Respuesta-
PRONUNCIAMIENTOLUIS(.pdf) NroActua 10.pdf».
13 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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2.2. Cuestión previa

2.2.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

11. La Corte Constitucional14 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental15. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”16, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”17
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

12. La Policía Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación solicitaron su desvinculación del trámite constitucional
por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tienen la
competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, las cuales
están encaminadas a que se resuelva la solicitud de revisión eventual.

13. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto
fue en calidad de terceros con interés, por conformar la parte demandada dentro del

14 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
15 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
16 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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proceso en cuestión, respectivamente, en aras de garantizarles su derecho de
defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.

2.3. Problema jurídico

14. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo de
Estado, Sección Primera vulneró los derechos fundamentales de Luis Antonio
Gamarra Díaz y otros con ocasión de la mora en que ha podido incurrir para resolver la
solicitud de revisión eventual contra sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el medio de control de acción de grupo con
el radicado 7000-13-33-3003-2011-00320-00/01?

2.4. Procedencia de la solicitud de tutela

15. El artículo 86 constitucional señala que, «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia18, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso
sin dilaciones injustificadas

17. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración
de justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado13, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.

18 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

18. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia
no se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una
dimensión de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en
cabeza de todos los habitantes del país.

19. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional19:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido
esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social
de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial
del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como
la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la
administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de aplicación que
compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una
gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva
resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad
jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en
un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus
pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares;
(iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión
de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca
dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados,
idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el
derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones
injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso. […]».

20. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el
derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada,
sin embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser
entendidos y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos
sustanciales de las partes, como el debido proceso.

21. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera,
además del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un
plazo adecuado.

22. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los

19 Sentencia C-177 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.

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bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas
las personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución
pacífica a las controversias sociales.

23. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial
constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En
ese orden de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.

24. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.

25. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.4.2. Sobre el caso concreto

26. Luis Antonio Gamarra Díaz y otros promovieron solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al
Consejo de Estado, Sección Primera resolver la solicitud de revisión eventual contra
la sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, en el medio de control de acción de grupo con el radicado 7000-13-33-3003-
2011-00320-00/01.

27. De conformidad con la información registrada en Samai20 y en las pruebas
allegadas, se destacan las siguientes actuaciones:

27.1. En ejercicio del medio de control de petición de grupo presentaron demanda
en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, con el objetivo de que se les indemnizara por perjuicios ocasionados por la

20
Ver en Samai proceso ejecutivo identificado con el radicado 7000-13-33-3003-2011-00320-00/01.

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Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

privación injusta de la libertad de la que fueron víctimas, ocurrida el 13 de diciembre
de 2003, con ocasión del proceso penal radicado en el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Luis de Sincé bajo el número 70742- 31-89-001-2004-00266-00.

27.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, en sentencia del
23 de agosto de 2017, declaró la caducidad de un grupo de demandantes por no
haber actuado dentro del término legal, negó las pretensiones de otros, y declaró
administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por
la privación injusta de la libertad de un grupo específico de personas procesadas por
el delito de rebelión. De esta manera, condenó el pago de las sumas
correspondientes por concepto de daño moral a los demandantes beneficiados. En
contra de esta decisión se interpuso recurso de apelación.

27.3. El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 28 de septiembre de
2018, consideró que el presente caso correspondía a un medio de control de
reparación directa y no a una petición de grupo. En este sentido, revocó varios
numerales de la sentencia de primera instancia que hacían referencia a la condena
en costas de la Fiscalía General de la Nación y a la forma de pagar las
indemnizaciones. En todo lo demás, la confirmó.

27.4. El 24 de octubre de 2018, se presentó solicitud de revisión eventual con el
objetivo de revocar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Sucre y de unificar su posición respecto a la posibilidad de iniciar
una petición de grupo por la privación injusta de la libertad derivada de una captura
masiva, para así determinar quiénes debían ser indemnizados. Esta solicitud
obedeció a que, según el criterio del tribunal, los demandantes no cumplían con la
relación de causalidad adecuada para conformar un grupo, pues era necesario que
existiera un único proceso radicado por el delito de rebelión respecto de todos ellos
para poder identificar la existencia de una causa común al daño.

27.5. El proceso ingresó por reparto al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B con el radicado 11001-03-26-000-2019-00049-00 y quedó registrado
como recurso extraordinario de revisión. Lo anterior ocurrió porque el tribunal remitió
el expediente en providencia del 27 de noviembre de 2018 con la precisión de que,
«[…] lo pedido está enmarcado en el recurso extraordinario de revisión, en tanto, este tribunal
ya asignó el proceso como de reparación directa […]».

27.6. Como resultado se presentó recurso de reposición en contra del mencionado
auto, el cual fue resuelto por medio de la providencia del 31 de enero de 2019, y se
confirmó su contenido.

27.7. Por esta razón, Fernando Palencia de la Ossa y otros21 presentaron solicitud
de tutela, cuyo conocimiento correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A con el radicado 11001-03-15-000-2019-01307-00, con la finalidad de
que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Sucre y la providencia del 27 de noviembre de 2018, por

21 Ramiro Manuel Acosta Correa, Luis Simón Valderrama Villamizar y Luis Eduardo Mejía Requena.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

considerar que vulneraron los derechos fundamentales al haber transformado
sorpresivamente la naturaleza de la petición de grupo en una de reparación directa
justo al finalizar el proceso, además de haber tramitado indebidamente como recurso
extraordinario de revisión una solicitud de revisión eventual.

27.8. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 27
de mayo de 2019 amparó los derechos fundamentales de los demandantes, y dejó
sin efectos las providencias del 27 de noviembre de 2018 y del 31 de enero de 2019.
En contra de esta decisión se presentó impugnación.

27.9. En cumplimiento a dicha sentencia, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en providencia del 9 de agosto de 2019 remitió el expediente a la
Secretaría General para que se tramitara como solicitud de revisión eventual.

27.10. Dicha tutela fue resuelta en segunda instancia por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 16 de agosto de 2019, donde
revocó la sentencia de primera instancia por considerarla improcedente, y dejó en
firme los autos proferidos el 27 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019.

27.11.En este orden de ideas, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B en providencia del 5 de febrero de 2020 remitió nuevamente el expediente a
Secretaría General para que se le diera trámite como revisión eventual.

27.12.El 10 de marzo de 2020, el proceso ingresó a la Sección Primera, al despacho
de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, con el radicado 70001-333-30-03-
2011-00320-01, como se evidencia:

27.13.El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 5 de octubre de
2020 resolvió «[p]or la Secretaría General, infórmesele al apoderado de la parte actora que
una vez esté digitalizado el expediente de la referencia, le será enviado al correo electrónico
indicado en su memorial de 2 de octubre de 2020».

27.14. En providencia del 29 de septiembre de 2023 refirió que «[e]l apoderado de la
parte actora, mediante memorial visible en el índice 47 del expediente digital obrante en el
aplicativo SAMAI, solicitó copia del plenario de la referencia para efecto de que obre como
prueba trasladada en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
radicado bajo el núm. 25000-2341- 000-2020-00723-00» y, en consecuencia, «infórmesele
al Despacho del Magistrado Fabio Iván Afanador García de la Sección Primera Subsección
“C”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre este aspecto».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

27.15. En providencia del 2 de noviembre de 2023 decidió:

27.16. En providencia del 22 de febrero de 2024 resolvió:

27.17. El 4 de marzo de 2024, el proceso bajó a la Secretaría General para notificar
la aclaración de voto elevada por uno de los magistrados que integran la Sala
respecto de la decisión anterior.

27.18.A la fecha, el mencionado proceso, en Samai registra como últimas
actuaciones las siguientes:

28. Al respecto, es importante referir que el numeral 5º del artículo 274 del
C.P.A.C.A., precisa que el término para proferir sentencia de unificación en la revisión
eventual es de 6 meses, contados a partir de la fecha de selección del asunto en el
despacho correspondiente:

«[…]ARTÍCULO 274. Competencia y trámite. De la revisión eventual conocerá la
sección que el reglamento determine según su especialidad y para su trámite se
observarán las siguientes reglas:

[…]

5.La sentencia sobre las providencias seleccionadas para revisión será proferida, con el
carácter de Sentencia de Unificación por la sección que el reglamento determine según
su especialidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su selección.
[…]»Además, la autoridad desconoció que los demandantes ostentaban la calidad de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

sujetos de especial protección constitucional, por tratarse de adultos mayores en
condición de vulnerabilidad.

29. Sin embargo, para que exista mora judicial injustificada es necesario verificar
que, en primer lugar, haya existido el incumplimiento de los términos judiciales
establecidos en la ley. En segundo lugar, analizar el desbordamiento del plazo
razonable, para lo cual resulta necesario valorar la complejidad del asunto, la
actividad procesal desplegada por el interesado, la conducta asumida por la autoridad
competente y la situación global del procedimiento. Finalmente, debe evaluarse la
ausencia de un motivo o justificación razonable que explique la demora 22.

30. De esta forma, la Corte Constitucional ha determinado que ante el
incumplimiento sistemático de términos procesales existen situaciones especiales
donde la mora judicial se encuentra justificada:

«[…] existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el
concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben
analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se
justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral
una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u
otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
[…]»23.

31. En el presente caso, en atención a la literalidad de la norma anteriormente
referida, si bien podría plantearse la existencia de mora judicial, lo cierto es que, no
se puede desconocer que, desde el ingreso del proceso al Consejo de Estado en
2018, ha padecido0 dilaciones originadas en la confusión sobre la naturaleza de la
solicitud de revisión eventual interpuesta, razón por la cual el expediente permaneció
fuera del despacho hasta 2020 y solo fue seleccionado para unificación en 2023.
Máxime, cuando el nivel de complejidad de una sentencia de unificación es mayor
que el de otro tipo de providencias.

32. A juicio de la Sala, sin desconocer el tiempo transcurrido desde que se radicó
la solicitud, se observa que se ha tramitado de manera diligente desde que se definió
la naturaleza de esta, dadas las particularidades que se han presentado como
lo son las remisiones del expediente a diferentes subsecciones, la petición de tutela
con sus respectivas sentencias, las notificaciones, traslados, entre otras.

33. Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial
demandada en su informe, «[e]n la actualidad, la providencia que resuelve de manera
definitiva la revisión eventual se encuentra próximo a ser registrado para ser discutido en la
Sala Especial de Decisión que corresponda […] pues dentro de la acción de grupo 70001-
33-33-003-2011-00320-01 han surgido diversas vicisitudes que han dificultado el curso
normal del proceso, precisamente originadas por la complejidad del asunto bajo examen».

22 Sentencia T-186 de 2017, MP. Alberto Rojas Ríos.
23 Sentencia T-186 de 2017y sentencia T-230 de 2013.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

34. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido
incurrir el Consejo de Estado, Sección Primera para definir la solicitud de revisión
eventual interpuesta contra la sentencia del 28 de septiembre de 2018 del Tribunal
Administrativo de Sucre, se recuerda que no todo incumplimiento de un término
judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea
su desconocimiento, lo cual no es predicable en el presente caso como quedó
demostrado.

3. Conclusión

35. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que se negará el amparo de los
derechos fundamentales de Luis Antonio Gamarra Díaz y otros, en la solicitud de
tutela presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Primera.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Antonio Gamarra
Díaz y otros, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de Estado,
Sección Primera.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04201-00
Demandante: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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