RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2019-01599-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2019-01599-02

Fecha
23 de enero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2019-01599-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2021 por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura núm. 16 que negó la pérdida de investidura del entonces representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, señor David Alejandro Barguil Assís, elegido para el período constitucional 2014-2018, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia al presidente de la Cámara de Representantes para su conocimiento. Por secretaría de la corporación procédase de conformidad. TERCERO: Por Secretaría General de la corporación dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.1 del auto de 7 de febrero de 2020, en el sentido de devolver al Congreso de la República, una vez en ejecutoriada esta decisión, los originales de las solicitudes de permiso radicadas por el señor David Alejandro Barguil Assís durante el periodo constitucional 2014-2018, con las respectivas anotaciones en SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2019-01599-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Radicación: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Solicitantes: Catherine Juvinao Clavijo y otros
Acusado: David Alejandro Barguil Assís – representante a la Cámara por
el período constitucional 2014-2018.

Tema: Ausentismo parlamentario. Excusas válidas para justificar la
inasistencia. Artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decide el recurso de apelación
interpuesto por la ciudadana Catherine Juvinao Clavijo y la apelación adhesiva
formulada por el exrepresentante a la Cámara David Alejandro Barguil Assís contra
la sentencia de 11 de octubre de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión
núm. 16, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura del
representante Barguil Assís, elegido para el período constitucional 2014 – 2018.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de pérdida de investidura

Los ciudadanos Catherine Juvinao Clavijo, Omar Alejandro Alvarado Bedoya,
Viviana Mercedes Miranda, María Piedad Velasco Lacayo, Luis Miguel Moisés
García y Johnny Ventura Julio, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, en concordancia con el artículo 184 de
la Constitución Política y la Ley 1881 de 2018, solicitaron al Consejo de Estado que
se despojara de la investidura al señor David Alejandro Barguil Assís, representante
a la Cámara por el departamento de Córdoba, para el período constitucional 2014-
2018.

En criterio de los actores, el exparlamentario incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2.º del artículo 183 de la Constitución Política, por
inasistir a más de seis (6) reuniones plenarias en las que fueron votados proyectos
de ley y/o de acto legislativo dentro de los períodos de sesiones ordinarias
comprendidos entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2014; el 16 de marzo y el
20 de junio de 2015; el 16 de marzo y el 20 de junio de 2016; el 20 de julio y el 16

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

de diciembre de 2016; el 16 de marzo y el 20 de junio de 2017, y entre el 20 de julio
y el 16 de diciembre de 20171.

1.1. Los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la solicitud de pérdida
de investidura

De acuerdo con la solicitud de pérdida de investidura, el señor David Alejandro
Barguil Assís fue elegido como representante a la Cámara para el periodo
constitucional 2014-2018, por la circunscripción del departamento de Córdoba, en
nombre del Partido Conservador Colombiano. Con posterioridad, fue elegido como
senador de la República con el aval del mismo partido, por el periodo 2018-2022.

Según los demandantes, el convocado incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2.º del artículo 183 de la Constitución Política,
toda vez que, en su condición de representante a la Cámara, dejó de asistir, sin
excusa válida, a un total de 63 sesiones plenarias en las que se votaron proyectos
de ley y de acto legislativo durante seis (6) de los ocho (8) periodos de sesiones del
cuatrienio 2014-2018, como se resume a continuación:

LEGISLATURA 2014-2015
Periodo de 20 de julio al 16 de diciembre de 2014
El representante contestó el llamado a lista, pero no participó ni votó en 10 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos, sin justificación alguna.

Fechas de las sesiones: 5, 6 y 12 de agosto; 3 y 30 de septiembre; 7 y 14 de octubre; 5
y 25 de noviembre, y 2 de diciembre de 2014 – Gacetas: 484, 485, 498, 547, 709, 717
y 766 de 2014, y 286, 367 y 243 de 2015.
Total inasistencias: 10

Periodo de 16 de marzo al 20 de junio de 2015
El representante contestó el llamado a lista, pero no participó ni votó en 9 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos, sin justificación alguna.

Fechas de las sesiones: 18 de marzo; 22 de abril; 6 y 26 de mayo, y 2, 3, 9, 11 y 16 de
junio de 2015 – Gacetas: 218, 435, 564, 477, 673, 736, 840, 782 y 783 de 2015.

El congresista no respondió el llamado a lista ni presentó excusa o impedimento válido
en 1 sesión, correspondiente a la del 21 de abril de 2015 [Gaceta 442-15]
Total inasistencias: 10

1 Folios 1 a 50 del cuaderno núm. 1, [el expediente también se encuentra digitalizado en la sede electrónica

SAMAI dentro de la documental del trámite de primera instancia con radicado 11001-03-15-000-2019-01599-
00, índice 211, documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 1 […]», pág. 3 a 42.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

LEGISLATURA 2015-2016
Periodo del 16 de marzo al 20 de junio de 2016
El representante contestó el llamado a lista, pero no participó ni votó en 9 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos, sin justificación alguna.
Fechas de las sesiones: 13, 19, y 26 de abril; 17, 24, 25 y 31 de mayo, y 14 y 20 de junio
de 2016 – Gacetas: 301, 481, 387, 499, 487, 500, 537, 714 y 653 de 2016.
El congresista no respondió el llamado a lista ni presentó excusas o impedimento en 1
sesión, correspondiente a la del 25 de abril de 2016 [Gaceta 354-16].
Total inasistencias: 10
LEGISLATURA 2016-2017
Periodo de 20 de julio al 16 de diciembre de 2016
El representante contestó el llamado a lista, pero no participó ni votó en 10 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y actos legislativos,
sin justificación alguna.

Fechas de las sesiones: 2, 9 y 30 de agosto; 13 de septiembre; 10 de octubre; 22 y 29
de noviembre, y 5, 13 y 14 de diciembre de 2016 – Gacetas: 686, 814, 840, 841,1026,
1169 y 1191 de 2016, y 70, 75 y 182 de 2017.

El congresista no contestó el llamado a lista, ni presentó excusas o impedimento en 3
sesiones, correspondientes a las del 5 de octubre; 9 y 23 de noviembre de 2016.
Total inasistencias: 13
Periodo de 16 de marzo al 20 de junio de 2017
El representante contestó el llamado a lista, pero no participó ni votó en 5 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos, sin justificación alguna.

Fechas de las sesiones: 21 y 22 de marzo; 3, 18 y 25 de abril de 2017 – Gacetas: 291,
242, 369, 336 y 397 de 2017.
El representante no contestó lista, ni presentó excusa o impedimento en 2 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos, correspondientes a las sesiones del 29 de marzo y 16 de junio de 2017–
Gacetas: 292 y 715 de 2017.
Total inasistencias: 7
LEGISLATURA 2017-2018
Periodo de 20 de julio al 16 de diciembre de 2017
El representante contestó el llamado a lista, pero no participó ni votó en 8 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos, sin justificación alguna

Fechas de las sesiones: 1.º, 2 y 29 de agosto; 12 y 26 de septiembre; 23 de noviembre,
y 12 y 14 de diciembre de 2017 – Gacetas: 858, 844, 854 y 896 de 2017, y 20, 57, 122
y 97 de 2018.
El representante no contestó lista, ni presentó excusa o impedimento en 5 sesiones
parlamentarias en las que se votaron nominalmente proyectos de ley y de actos
legislativos.
Fechas de las sesiones: 30 de agosto; 14, 15, 16 y 20 de noviembre de 2017 – Gacetas:
921 de 2017; 177, 56, 45 y 62 de 2018.
Total inasistencias: 13

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Conforme a lo anterior, manifestaron que en ninguna de las gacetas del Congreso
de la República que contienen las actas de las sesiones parlamentarias, se
encontraron las respectivas excusas médicas, permisos de comisiones oficiales o
especiales de la Mesa Directiva, o constancias de hechos «súbitos» que justificaran
la inasistencia del exparlamentario a las doce (12) sesiones en las que nunca se
registró, y menos aún, en las cincuenta un (51) veces en que atendió el llamado a
lista y luego se ausentó del recinto, sin mediar constancia alguna.

En relación con esta última modalidad de inasistencia señalaron que esta es una
práctica indebida consistente en registrarse al inicio de la sesión plenaria y, con
posterioridad, retirarse del recinto, sin participar en las votaciones llevadas a cabo,
lo cual, según lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, también
configura la causal de inasistencia parlamentaria prevista en el numeral 2.º del
artículo 183 de la Constitución Política.

Igualmente sostuvieron, que en todas las sesiones plenarias que se indican en la
solicitud, se votaron algunos de los asuntos que hacen parte del «iter legislativo» de
los proyectos de ley y/o de acto legislativo, vale decir, el articulado y el título, los
informes de ponencia, las proposiciones de archivo, los informes de conciliación, y
los informes de objeciones presidenciales, por lo que, consideran que se cumple
con el presupuesto exigido para configurar la causal de ausentismo parlamentario
de que trata el numeral 2.º del artículo 183 constitucional, esto es, que efectivamente
en las sesiones en las que no asistió el congresista se hayan votado proyectos de
ley y/o de acto legislativo o mociones de censura.

Por otra parte, indicaron que, aunque el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, prescribe
que los congresistas pueden justificar su ausencia a las sesiones plenarias, estiman
que no toda excusa es válida para justificar el incumplimiento de la función
congresual, pues es necesario validarlas conforme al trámite previsto en la
Resolución 0665 de 2011 «por la cual se reglamenta el procedimiento para la
declaración de la inasistencia injustificada de los Representantes a la Cámara»,
expedida por la Mesa Directiva de esa corporación.

Así, estiman que las inasistencias a las sesiones plenarias indicadas en el cuadro
explicativo que contiene la solicitud, son injustificadas en la medida que no existe
un soporte documental que acredite los hechos justificativos de la inasistencia, ni
fueron tramitadas conforme a los términos de la Ley 5.ª de 1992 y la Resolución
0665 de 2011.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

2. Trámite procesal en primera instancia

2.1. Admisión de la solicitud

El magistrado sustanciador del proceso, luego de ordenar la corrección del escrito
por falta de requisitos formales2, procedió a admitir esta causa, mediante auto de
14 de mayo de 2019, contra el representante a la Cámara David Alejandro Barguil
Assís3; en consecuencia, ordenó notificar personalmente al congresista investigado
y al agente del Ministerio Público. Además, ordenó correr traslado de este escrito al
acusado por el término de cinco (5) días hábiles, de acuerdo con el artículo 10 de la
Ley 1881 de 20184.

2.2. El escrito de oposición

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, el congresista accionado, a través
de apoderado judicial, se opuso a la solicitud de pérdida de investidura. Frente a la
pretensión de los convocantes, señaló que se oponía categóricamente a la misma
por carecer de sustento fáctico y jurídico.

En primer lugar, manifestó que los hechos en que se sustenta la pretensión fueron
presentados de forma fragmentaria, descontextualizada y faltando a la verdad. Es
así como solo aceptó el hecho referido a la calidad de representante a la Cámara
elegido para el periodo constitucional 2014-2018, conforme lo acredita la credencial
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por lo demás, fue enfático
al señalar que no incurrió en la causal de pérdida de investidura que le atribuyen los
accionantes. A su vez, se refirió de manera detallada a cada una de las sesiones en
las que, según los actores, dejó de asistir, para concluir que en ninguno de los
periodos se configuran los elementos objetivo y subjetivo necesarios para imponer
la sanción de pérdida de investidura por ausentismo parlamentario.

En resumen, los argumentos de defensa frente a las inasistencias en las que se
sustenta la solicitud de desinvestidura, se contraen a señalar lo siguiente: i) los
permisos para ausentarse de las sesiones plenarias fueron autorizados por el
presidente de la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 5.ª
de 1992, para lo cual acompañó copias de las actas de la Comisión de Acreditación
Documental. También allegó cuatro DVDs, que contienen las grabaciones de
algunas sesiones plenarias y gacetas del Congreso. Así mismo, acompañó con su

2 Por medio de auto de 25 de abril de 2019 se concedió el término de 10 días para que se surtiera la presentación

personal de la solicitud por todos los signatarios de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.º de la Ley 1881 de
2018. [Folios 54 y 55 del cuaderno núm. 1 del expediente – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211,
documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 1 […]», pág. 55 a 57].
3 En el mismo auto se rechazó la solicitud de pérdida de investidura respecto de los ciudadanos Alejandro

Alvarado Bedoya y Johnny Ventura Julio porque no subsanaron el escrito.
4 Folios 61 y 62 del cuaderno núm. 1 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 1 […]», pág. 66 a 69].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

escrito copia de los permisos que contienen el visto bueno del presidente, junto con
la certificación S.G.2-0800/2019 del 28 de mayo de 2019, suscrita por el secretario
general (e) de la Cámara de Representantes; ii) en las gacetas consta que el
accionado sí asistió a las sesiones plenarias y estuvo presente, incluso, después
del llamado a lista; iii) el congresista se retiró de las sesiones plenarias amparado
en los principios de buena fe y confianza legítima, luego de que el presidente
autorizara su retiro; iv) en algunas de las sesiones, el retiro del congresista se
produjo a causa de una incapacidad física, para lo cual acompañó 24 certificados
de incapacidades médicas, suscritas por el médico de la Cámara de
Representantes; v) la constancia del registro manual y en el sistema electrónico que
aparece en la respectiva gaceta es prueba suficiente de la asistencia a la sesión
plenaria, pues, «nadie puede registrarse con posterioridad a la apertura de la sesión
sin estar presente»; vi) los permisos concedidos por el presidente de la Cámara se
sustentan en los artículos 90 y 124 de la Ley 5.ª de 1992, esta última disposición
referida al derecho de oposición y a la posibilidad de retiro del congresista y la
decisión de abstenerse de votar en los casos allí determinados.

De esta manera concluye que no se acreditaron los elementos objetivo que
configuran la causal alegada, ni el elemento subjetivo que permita calificar su
conducta como dolosa o gravemente culposa, pues las ausencias de las plenarias
estuvo justificada en las incapacidades médicas por motivos de salud, así como en
las autorizaciones concedidas por el presidente de la Cámara para cumplir
actividades relacionadas con la función congresional y de representación de su
partido, circunstancia que generó en el accionado la confianza legítima de actuar
conforme a la ley5.

2.3. Auto que decreta pruebas y otras actuaciones procesales

Mediante auto de 10 de junio de 2019 y con fundamento en el artículo 11 de la Ley
1881 de 2018, se decretaron las pruebas dentro del presente proceso de pérdida
de investidura6, incorporando las documentales aportadas por las partes, entre
ellas, las allegadas en medio magnético por el convocado. Así mismo, se decretaron
las pruebas testimoniales solicitadas por el accionado y, como prueba de oficio, se
requirió a la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral la remisión
de algunos documentos relacionadas con los hechos objeto de este proceso.

Frente a la solicitud de pruebas presentada por la señora Catherine Juvinao,
mediante memorial radicado el 4 de junio de 2019, esto es, después de que el
congresista presentó su escrito de oposición, en el cual pedía un «cotejo de firmas»
de todos los documentos que el accionado allegó, incluyendo los rubricados por el

5 Folios 77 a 176 del cuaderno núm. 1 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 1 […]», pág. 90 a 189].
6 Folios 373 a 378 vuelto del cuaderno núm. 2 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 2 […]», pág. 252 a 263].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

personal médico, funcionarios del congreso y demás autoridades oficiales, el
magistrado sustanciador la rechazó por extemporánea, al indicar que la oportunidad
procesal para pedir pruebas era con la presentación de la solicitud. Además, agregó
que resultaba improcedente por tratarse de una solicitud de cotejo frente a todos los
medios probatorios en abstracto. A su vez, indicó que era inconducente en tanto no
se indicaron las letras y firmas que debían ser cotejadas ni tampoco los documentos
que se requerían comparar.

Posteriormente, mediante auto de 26 de junio de 2019, en respuesta a una solicitud
de adición y corrección del auto de pruebas elevada por la parte accionada y al
recurso de reposición y en subsidio de súplica formulado por la señora Catherine
Juvinao, se adicionaron las órdenes en el sentido de incorporar los documentos
aportados con el escrito de oposición visibles a los folios 345 a 368 del cuaderno
principal, que corresponden al original de las incapacidades médicas otorgadas al
congresista. De igual manera, se resolvió el recurso de reposición en el sentido de
confirmar la decisión de negar el cotejo de firmas y letras y se concedió el recurso
de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo formulado contra
esta negativa7, previa adecuación del medio de impugnación, dado que, como se
indicó, había interpuesto recurso de súplica. Por último, ordenó como prueba de
oficio, escuchar el testimonio del médico del Congreso.

El 9 de septiembre de 2019, el magistrado ponente, mediante proveído de esta
misma fecha, negó la solicitud de nulidad procesal formulada por la accionante a
través de memorial del 26 de julio de 2019, fundada en que la audiencia en la cual
se recepcionó el testimonio del señor Juan Alonso Saab Hernández, médico del
Congreso, se llevó a cabo de forma reservada y, por lo tanto, con violación al debido
proceso, por lo que, a su juicio, dicha prueba debía excluirse conforme a lo previsto
en el artículo 214 del CPACA. La solicitud de nulidad fue resuelta en forma negativa
al explicar que, de conformidad con el numeral 5.º del artículo 107 del Código
General del Proceso, existían razones que justificaban que la diligencia se
adelantara de esta manera, pues el objeto del testimonio recaía sobre asuntos
relativos al estado de salud del accionado, por lo que la declaración del testigo Juan
Alonso Saab se recibió sin la presencia de todas aquellas personas distintas a los
sujetos procesales, con plena garantía del derecho al debido proceso8.

Por su parte, a través de auto de 11 de septiembre de 2019, el magistrado a quien
correspondió tramitar el recurso de apelación, declaró la improcedencia del recurso
interpuesto por la parte actora contra la negativa del decreto del cotejo de firmas,
por estimar que el auto que niega la práctica de una prueba no era susceptible del

7 Folios 530 a 544 vuelto del cuaderno núm. 3 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 3 […]», pág. 196 a 225].
8 Folios 730 a 745 del cuaderno núm. 4 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 4 […]», pág. 185 a 215].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

recurso de la apelación, conforme al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, vigente al
momento de su interposición, es decir, hasta antes de la modificación introducida
por la Ley 2080 de 20219.

El trámite procesal también da cuenta de que se formuló recusación contra el
magistrado ponente, Dr. Nicolás Yepes Corrales, y mediante auto de 30 de
septiembre de 2019, se declaró infundada dicha recusación presentada en contra
del referido magistrado10.

De otro lado, por auto de 10 de octubre de 2019, el magistrado sustanciador amplió
por una única vez, el término de traslado de las pruebas fijado en auto de 10 de
junio de 2019, de tres (3) a cinco (5) días11 y, dentro de dicho término, la ciudadana
Catherine Juvinao12, en esta ocasión, formuló «tacha de falsedad» contra los
permisos otorgados por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, por
estimar que las firmas no correspondían a las rúbricas de los presidentes de cada
legislatura a quienes se les atribuían, y los sellos allí plasmados y la firma del
secretario de la Cámara de Representantes eran absolutamente falsos. Así mismo,
formuló «tacha de falsedad» en relación con las incapacidades suscritas por el
médico del Congreso de la República, por cuanto consideró que se hicieron con un
mismo lapicero y todos estos documentos fueron confeccionados en un mismo
momento. Agregó que, existen pruebas en las redes sociales –Twitter13 e Instagram,
que soportan esta aseveración, pues, en las fechas en las que el señor Barguil Assís
estuvo incapacitado, según estas evidencias, en realidad se encontraba
desarrollando otras actividades con total normalidad.

En este orden, para sustentar la tacha de falsedad, en su escrito insertó distintas
capturas de pantalla de las redes sociales, Twitter e Instagram, con las que
pretendía restarles valor probatorio a las excusas médicas y a los permisos
otorgados, y solicitó la práctica de una «prueba pericial» de datación de tintas,
mediante la cual se buscaba confrontar la antigüedad del vertimiento de las tintas
sobre el papel, pues, según insistió, los documentos aportados por el accionado
habrían sido elaborados en un mismo momento.

El Despacho sustanciador, por auto de 7 de febrero de 2020, negó la «tacha de
falsedad» y por ende las pruebas solicitadas para corroborar lo dicho, habida cuenta
que lo procedente era el «desconocimiento de documentos», medio probatorio

9 Folios 206 a 213 del cuaderno anexo núm. 4 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, «[…]

ANEXO 4 […]», pág. 233 a 247], también se puede consultar directamente el radicado 2019-01599-01.
10 Folios 787 a 789 vuelto del cuaderno núm. 5 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 5 […]», pág. 185 a 215].
11 Folios 796 a 797 vuelto del cuaderno núm. 5 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 5 […]», pág. 30 a 33].
12 Folios 811 a 975 del cuaderno núm. 5 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 5 […]», pág. 52 a 380].
13 Actualmente la red social se denomina «X».

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

previsto en el artículo 272 del CGP, toda vez que la tacha de falsedad tiene como
finalidad controvertir los documentos provenientes de las partes y no los emanados
de terceros. Además, la tacha de falsedad tiene como propósito discutir la
autenticidad y no el contenido del documento.

No obstante, el Despacho sustanciador, en orden a establecer la verdad real,
decretó como prueba de oficio, el «reconocimiento de firmas» de los documentos
que obraban a folios 184 a 228 del expediente principal, así como a folios 6 y
siguientes del cuaderno anexo núm. 2, para lo cual, solicitó al secretario de la
Cámara de Representantes que allegara al proceso los originales de las solicitudes
de permiso radicadas por el señor Barguil Assís en el periodo 2014-201814, y
procedió a convocar a los congresistas a quienes se les atribuían las firmas de las
autorizaciones de permiso15. Finalmente, las audiencias donde se evacuaron dichas
pruebas se llevaron a cabo los días 11 de marzo, 25 de septiembre y 8 de octubre
de 2020.

Concluida la etapa probatoria, mediante auto de 30 de octubre de 202016, el
Despacho fijó fecha y hora para realizar la audiencia pública de que tratan los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018. La diligencia fue aplazada mediante auto
de 6 de noviembre siguiente, por solicitud de la parte convocante17. En ese mismo
memorial la ciudadana Catherine Juvinao Clavijo solicitó tener como prueba dentro
del proceso de pérdida de investidura un dictamen grafológico que acompañó,
suscrito por el perito Richard Poveda Daza y que se compulsaran copias a la
Fiscalía General de la Nación para que se investigara la posible comisión de delitos
por la falsedad documental.

Una vez más, el magistrado ponente, por auto de 23 de noviembre de 202018, negó
la posibilidad de incorporar pruebas por fuera de las oportunidades procesales,
razón por la cual, ordenó estarse a lo resuelto en el auto de 7 de febrero de 2020,
en tanto, lo pretendido por la actora al solicitar que se incorporara como prueba un
dictamen grafológico con el que se demostraría que las excusas médicas aportadas
al proceso fueron producidas en una misma fecha, ya se había solicitado en
oportunidades anteriores dentro del marco del incidente de desconocimiento de
documentos al pedir la aplicación de la prueba de datación de tintas. Por otra parte,
se negó la solicitud de compulsar copias dado que el Despacho no evidenció
razones para ello.

14 El secretario general de la Cámara de Representantes, mediante oficio S.G.2.0157/2020 de 17 de febrero de

2020, envió los originales de los permisos otorgados al exrepresentante David Alejandro Barguil Assís para
ausentarse de las plenarias durante el periodo 2014-2018 [Fls. 1032-1034]. Los documentos allegados constan
en el cuaderno Anexo núm. 4 (temporal) del expediente físico.
15 Folios 998 a 1013 vuelto del cuaderno núm. 6 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211,

documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 6 […]», pág. 3 a 34].
16 Radicado 2019-01599-00, índice 249 de SAMAI. [El expediente físico fue digitalizado hasta el folio 1084 del

cuaderno núm. 6, como consta en el índice 211 del trámite de primera instancia].
17 Radicado 2019-01599-00, índice 256 de SAMAI.
18 Radicado 2019-01599-00, índice 266 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Por auto de 18 de enero de 202119, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia
pública [arts. 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018] el 10 de febrero de la misma
anualidad.

2.4. La audiencia pública

El 10 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública de que trata el artículo
12 de la Ley 1881 de 201820. En síntesis, los intervinientes expusieron las siguientes
razones:

La ciudadana Catherine Juvinao Clavijo reiteró: i) que las pruebas aportadas por el
congresista accionado para justificar las inasistencias eran falsas; ii) que de acuerdo
con el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992 y la Resolución 0665 de 2011 no existe
diferencia entre el procedimiento que debe surtirse para justificar las inasistencias
a la plenaria y el retiro de la sesión, razón por la cual, como los permisos por retiro
de la sesión no se tramitaron ante la Comisión de Acreditación Documental, no
debían aceptarse como justificados; iii) que las pruebas aportadas por el accionado
eran falsas, pues es un «hecho notorio» que aquel se retiraba de las sesiones
plenarias para atender otros compromisos, como entrevistas de radio, cocteles y
otras actividades tal y como lo demuestran sus redes sociales. Además, con el
dictamen grafológico que aportó, se logró demostrar que las firmas de algunos de
los documentos allegados al proceso eran falsas, lo cual fue negado por el
magistrado ponente, de forma arbitraria; iv) finalmente, señaló que el elemento
subjetivo se encuentra acreditado, pues el congresista actuó con dolo al retirarse de
las plenarias con posterioridad al registro de asistencia, sin tramitar la excusa ante
la Comisión de Acreditación Documental.

Por su parte, la procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó
negar la pretensión de desinvestidura del accionado porque no se demostró el
elemento objetivo de la causal, esto es, la inasistencia injustificada a más de seis
(6) sesiones plenarias dentro de un mismo periodo de sesiones.

Posteriormente, intervinieron, tanto el congresista convocado, como su apoderado.
El primero, sostuvo que la aprobación de más de 14 leyes de su autoría, dan cuenta
del compromiso parlamentario y su labor congresual. De igual manera, insistió en
que su conducta se ajustó a la ley, en la medida en que los retiros de la plenaria
fueron autorizados conforme lo dispone el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, sin
necesidad de surtir el trámite previsto en la Resolución 0665 de 2011, pues dicho
trámite es procedente ante la ausencia total de la sesión y no en los casos de retiro
autorizado. Por su parte, el apoderado del señor Barguil Assís insistió en los

19 Radicado 2019-01599-00, índice 282 de SAMAI.
20 Radicado 2019-01599-00, índice 300 y 302 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

argumentos señalados en el escrito de oposición para indicar que no se configuró
la inasistencia alegada por los actores. En punto de los permisos recordó que fueron
otorgados por el presidente de la Mesa Directiva de la respectiva Cámara y las
excusas médicas fueron expedidas y reconocidas por el médico del Congreso de la
República, lo que descarta cualquier acusación de falsedad documental.

2.5. La sentencia de primera instancia

La Sala Especial de Decisión 16, mediante sentencia de once (11) de octubre de
2021, negó la solicitud de pérdida de investidura presentada por los señores
Catherine Juvinao Clavijo, Viviana Mercedes Miranda, María Piedad Velasco
Lacayo y Luis Miguel Moisés García contra el exrepresentante a la Cámara, David
Alejandro Barguil Assís.

En primer lugar, se hizo mención a algunos aspectos relevantes del medio de control
de pérdida de investidura, así como de la causal prevista en el numeral 2.º del
artículo 183 de la Constitución Política. Luego, procedió a resolver la solicitud de
desconocimiento de documentos, para lo cual, señaló, que dicho instrumento
procesal no está previsto para examinar «si los documentos contienen o no
información veraz», sino, si éstos fueron suscritos por las personas a quienes se
atribuyen. Seguidamente, precisó que los originales sobre las solicitudes y
autorizaciones de permiso, enviados por el secretario general de la Cámara de
Representantes, coinciden a cabalidad con las copias que obran en el expediente.
A su vez, indicó que todos los congresistas que conformaron la Mesa Directiva de
la Cámara de Representantes durante el periodo constitucional 2014-2018 –con la
salvedad del representante Jaime Armando Yepes Martínez- reconocieron
públicamente las firmas que se les mostraron y que corresponden a las solicitudes
de permiso obrantes en el expediente; lo propio ocurrió con la firma del secretario
general de la Cámara de Representantes. Con fundamento en ello, concluyó que
todas las autorizaciones de permiso son auténticas, en la medida en que se tiene
certeza de su autoría, razón por la cual, no prosperó el desconocimiento de
documentos alegado por la actora.

De otro lado, respecto del cuestionamiento de la parte actora en punto a la validez
y eficacia probatoria de los permisos, habida cuenta que no surtieron el trámite
previsto en la Ley 5.ª de 1992 y la Resolución 0665 de 2011, se indicó que en el
presento caso, en efecto, ninguno de los permisos se tramitó bajo dicho
procedimiento, no obstante, todos fueron concedidos con el visto bueno del
presidente o vicepresidente de la Mesa Directiva de la respectiva Cámara; por lo
que, el hecho de no haberse surtido el mencionado trámite, no le resta validez ni
eficacia probatoria a dichos documentos; por una parte, porque para la época de los
hechos no existía una reglamentación clara sobre cómo debían tramitarse los

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

permisos de retiro, y por otra, porque la carga del accionado se agotó con la
radicación de la solicitud.

En este sentido, se adujo que, ni la Ley 5.ª de 1992 ni la Resolución 0665 de 2011
regularon, al menos, no de manera expresa, el trámite que debe surtir el congresista
para retirarse de la plenaria con un permiso autorizado. Sin embargo, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en reciente pronunciamiento concluyó que las
autorizaciones para el retiro de la plenaria no estaban sujetas al procedimiento
señalado en la citada Resolución 0665. Así mismo, indicó que a pesar de que los
permisos no quedaron registrados en las gacetas, ello no le resta credibilidad, dado
que, la publicación en la gaceta no es requisito de validez ni de existencia del
permiso.

Ahora bien, en relación con las incapacidades médicas, la Sala Especial precisó
que estos documentos son auténticos toda vez que existe certeza de quién los
suscribió y a quién se le atribuye. Lo anterior, dado que el Dr. Juan Alonso Saab
Hernández, en calidad de médico del Congreso de la República, reconoció dichos
documentos como de su autoría, en la audiencia practicada el 25 de julio de 2019.
Frente a la veracidad de la información contenida en los mencionados documentos,
se indicó que, en aplicación del principio de buena fe, se entiende que los datos allí
consignados son ciertos, en la medida en que fueron suscritos por un médico
debidamente registrado que ostenta la calidad de servidor público.

Posteriormente, la Sala se ocupó del análisis de los elementos objetivo y subjetivo
que configuran la causal de ausentismo parlamentario. En relación con el elemento
objetivo, procedió al estudio de las sesiones plenarias en cada uno de los periodos
legislativos en los que se censura la inasistencia del congresista, las cuales
corresponden a las sesiones ordinarias en las que se votó al menos algún
componente del proceso de formación de la ley o de acto legislativo, tal y como
consta en los cuadros anexos que hacen parte integral de la sentencia. En resumen,
el análisis del a quo se sintetiza de la siguiente manera21:

• Periodo de sesiones del 20 de julio al 16 de diciembre de 2014

Se revisaron las Gacetas del Congreso de la República núm. 484, 485, 498, 547,
709, 717 y 766 de 2014; 286, 367 y 243 de 201522. La Sala Especial al analizar la
asistencia del convocado a cada una de las sesiones plenarias concluyó que
durante este periodo se ausentó injustificadamente en 3 de las 10 sesiones
señaladas por los actores, según se detalla a continuación:

21 Radicado 2019-01599-00, índice 335 de SAMAI.
22 Ver cuadro anexo núm. 1 que hace parte integral de la sentencia.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

1. Sesiones plenarias en las que se demostró la asistencia del accionado: 14
de octubre y 2 de diciembre de 2014.

Para la sesión del 14 de octubre de 2014, el a quo consideró, con vista en la
Gaceta 766 de 2014, que el convocado estuvo presente en dicha sesión tal y
como lo evidencia el saludo que el presidente de la Cámara le extendió en la
plenaria, con lo cual, además del registro, quedó demostrado que sí asistió a esa
sesión en particular. En la plenaria del 2 de diciembre de 2014, el registro
videográfico de la sesión da cuenta de la presencia del señor Barguil Assís en
momentos en los que ya había dado inicio, por lo que, a juicio de la Sala Especial
se acreditó la asistencia del accionado.

2. Inasistencias por retiro de la plenaria con excusas aceptables por
incapacidad física debidamente comprobada [art. 90 de la Ley 5.ª de 1992]: 6 y
12 de agosto, 30 de septiembre, 7 de octubre y 5 de noviembre de 2014.

En el expediente obran las solicitudes del parlamentario dirigidas al presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para ausentarse del recinto
de las plenarias por motivos de salud, con el correspondiente visto bueno.
Asimismo, se aportaron las incapacidades suscritas por el médico del Congreso
de la República para cada una de las fechas indicadas. Las pruebas con las
cuales la parte actora pretendió desvirtuar la justificación de la inasistencia fueron
rechazadas por extemporáneas.

3. Inasistencias injustificadas: sesiones plenarias del 5 de agosto, 3 de
septiembre y 25 de noviembre de 2014.

En la sesión del 5 de agosto de 2014 el accionado solicitó permiso para
ausentarse con el fin de atender «asuntos relacionados con la actividad
parlamentaria». El 3 de septiembre de 2014, solicitó permiso para retirarse con
el fin de atender asuntos relacionados con la actividad congresional, en su
calidad de presidente del Partido Conservador. A su vez, el 25 de noviembre de
2014 solicitó permiso al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes para ausentarse del recinto para atender «asuntos relacionados
con la actividad parlamentaria», sin precisar cuáles asuntos.

En esta oportunidad la Sala Especial consideró, en síntesis, que, pese a que le
fueron autorizados los permisos, el excongresista estaba en la obligación de
«privilegiar» la función legislativa frente a cualquier otra actividad parlamentaria,
la que, a su vez, debía indicar con precisión en la solicitud de permiso.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

• Periodo de sesiones del 16 de marzo al 20 de junio de 2015

Se revisaron las Gacetas del Congreso de la República núm. 218, 442, 435, 564,
477, 673, 736, 840, 782 y 783 de 201523. La Sala Especial al analizar la asistencia
del convocado a cada una de las sesiones plenarias concluyó que durante este
periodo se ausentó injustificadamente en 4 de las 10 sesiones señaladas por los
actores, según se detalla a continuación:

1. Sesiones plenarias en las que se demostró la asistencia del accionado: 6 y
26 de mayo de 2015.

En relación con la sesión del 6 de mayo de 2015 se indicó que la prueba del video
en el que se registró dicha sesión [fl. 418], con una duración aproximada de siete
horas, demuestra que el accionado se encontraba en el recinto al momento de
las votaciones tal y como se corrobora en la imagen registrada a la 1:18.15 hora
de la sesión. A su vez, en punto a la sesión del 26 de mayo de 2015, la Sala
Especial consideró que según consta en el folio 16 de la Gaceta 477 de 2015, el
accionado votó de forma manual el título del proyecto de ley núm. 175 de 2013
Cámara. De manera que, para el a quo es evidente que el exrepresentante
Barguil Assís asistió a la sesión plenaria de la fecha, en la medida en que está
demostrado que votó de forma nominal uno de los proyectos de ley discutidos.

2. Inasistencias por retiro de la plenaria con excusas aceptables por incapacidad
física debidamente comprobada [art. 90 de la Ley 5.ª de 1992]: 18 de marzo; 22
de abril; 2 y 3 de junio de 2015.

En el expediente consta la solicitud dirigida al presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Representantes para ausentarse del recinto de las plenarias por
motivos de salud, con el correspondiente visto bueno. Asimismo, se aportó la
incapacidad suscrita por el médico del Congreso de la República para cada una
de las fechas indicadas. A su vez, las pruebas con las cuales la parte actora
pretendió desvirtuar la justificación de la inasistencia fueron extemporáneas,
razón por la que la Sala Especial las excluyó del análisis.

3. Inasistencias injustificadas: sesiones plenarias del 21 de abril; 9, 11 y 16 de
junio de 2015.

En las sesiones del 21 de abril, 9 y 16 de junio, el presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes autorizó el retiro del señor Barguil Assís «por
temas relacionados con la actividad parlamentaria», permisos que, en criterio de
la Sala Especial no resultaban admisibles, en la medida en que no se indicaron
qué actividades parlamentarias debía cumplir y cualquiera de ellas no podía ser

23 Ver cuadro anexo núm. 2 que hace parte integral de la sentencia.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

más importante que la legislativa, de manera que el congresista debía
«privilegiar» la asistencia a la plenaria. En la sesión del 11 de junio el accionado
solicitó permiso para ausentarse con el fin de atender asuntos relacionados con
la actividad parlamentaria y su condición de Presidente del Partido Conservador,
el cual tiene el visto bueno del presidente de la Mesa Directiva. Al respecto, la
Sala Especial consideró que tener la calidad de presidente del partido
conservador no autorizaba al convocado a retirarse de la plenaria, «toda vez que
dicha condición de director de su colectividad no podía primar sobre sus deberes
parlamentarios».

• Periodo de sesiones del 16 de marzo al 20 de junio de 2016

Se revisaron las Gacetas del Congreso de la República núm. 301, 481, 354, 387,
499, 487, 500, 537, 714 y 653 de 201524. La Sala Especial al analizar la asistencia
del convocado a cada una de las sesiones plenarias concluyó que durante este
periodo se ausentó injustificadamente en 4 de las 10 sesiones señaladas por los
actores, según se detalla a continuación:

1. Sesión en la que se demostró la asistencia del accionado: 17 de mayo de
2016.

En esta oportunidad la Sala Especial señaló que está probado, como lo alegó el
convocado y consta en la solicitud de permiso obrante a folio 204 del expediente,
que el señor David Alejandro Barguil Assís se retiró de la plenaria. Sin embargo,
también lo está, que aquel estuvo presente al menos en una parte de la sesión,
tal y como se evidencia en el respectivo video que lo ubica cuando la plenaria ya
había comenzado.

2. Inasistencias por retiro de la plenaria con excusas aceptables por incapacidad
física debidamente comprobada [art. 90 de la Ley 5.ª de 1992]: 13 y 26 de abril;
25 y 31 de mayo y 14 de junio de 2016.

En el expediente consta la solicitud del parlamentario dirigida al presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para ausentarse del recinto de
las plenarias por motivos de salud, con el correspondiente visto bueno. Asimismo,
se aportó la incapacidad suscrita por el médico del Congreso de la República
para cada una de las fechas indicadas, incluida la transcripción de la incapacidad
otorgada por un médico particular el 14 de junio de 2016.

3. Inasistencias injustificadas: sesiones plenarias del 19 y 25 de abril, y 20 de
junio de 2016.

24 Ver cuadro anexo núm. 3 que hace parte integral de la sentencia.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

En las sesiones de 19 de abril y 20 de junio de 2016 el presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes autorizó el retiro del señor Barguil
Assís para atender asuntos relacionados con la actividad parlamentaria,
permisos que, en criterio de la Sala Especial no resultaron admisibles, en la
medida en que no se indicaron qué actividades parlamentarias debía cumplir y
cualquiera de ellas no podía ser más importante que la legislativa, de manera que
el congresista debía privilegiar la asistencia a la plenaria. En relación con la
sesión del 25 de abril de 2016 se indicó, que de la lectura de la Gaceta 354 de
2016 se desprende que el exparlamentario no asistió a la sesión, pues allí se
consignó que el señor Barguil Assís se encontraba «ausente sin excusa». Sin
embargo, en el escrito de oposición se adujo que la ausencia estaba justificada,
supuesto que no fue de recibo para la Sala en la medida en que la excusa que
presentó el convocado se sustentó en el permiso para asistir a un «evento del
partido Conservador en calidad de Presidente», justificación que, bajo la tesis
sostenida por el a quo no resulta admisible, dado que, «no es aceptable que el
congresista decida dar prevalencia a las actividades de su partido sobre las
responsabilidades que en calidad de parlamentario adquirió […]». Por ello, se
valoró como ausente en dicha sesión.

4. En la sesión del 24 de mayo de 2016 el congresista registró su asistencia antes
de que la sesión se instalara formalmente, lo que, según la jurisprudencia, esa
circunstancia no es demostrativa de la asistencia.

Para la Sala Especial el accionado registró asistencia, pero no participó en la
sesión; ello, por cuanto, no obra en el expediente ningún medio de convicción
que dé cuenta, bien de su presencia en la plenaria o que se ausentó con
justificación válida. La sesión se contabiliza como inasistente por el hecho de
contestar a lista y retirarse inmediatamente y sin justificación alguna de la
plenaria.

• Periodo de sesiones del 20 de julio al 16 de diciembre de 2016

Se revisaron las Gacetas del Congreso de la República núm. 686, 814, 840, 841,
980, 1026, 1169, 1191 de 2016; y las Gacetas 10, 11, 70, 182 y 75 de 201725. La
Sala Especial al analizar la asistencia del convocado a cada una de las sesiones
plenarias concluyó que durante este periodo se ausentó injustificadamente en 4 de
las 13 sesiones señaladas por los actores, según se detalla a continuación:

1. Sesiones en las que se demostró la asistencia del accionado porque
estuvo presente en la plenaria: 2 y 9 de agosto de 2016.

25 Ver cuadro anexo núm. 4 que hace parte integral de la sentencia.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

En la sesión del 2 de agosto de 2016 la Sala Especial consideró, que el
convocado sí asistió a dicha sesión, toda vez que está probado que estuvo
presente al momento de debatir y votar de manera ordinaria el proyecto de ley
núm. 093 de 2015 Cámara. A su vez, en relación con la sesión del 9 de agosto
de 2016, se indicó, que de la información de la Gaceta 814 de 2016 se
desprende que el accionado sí asistió a la sesión, toda vez que el presidente
de la Cámara señaló que aquél se encontraba en la plenaria y que, por ello,
propuso reabrir el debate del proyecto de ley del que era ponente.

2. Inasistencias por retiro de la plenaria con excusas aceptables por
incapacidad física debidamente comprobada [art. 90 de la Ley 5.ª de 1992]: 30
de agosto; 13 de septiembre; 5 y 10 de octubre; 23 de noviembre; 13 y 14 de
diciembre de 2016.

En el expediente consta la solicitud dirigida al presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes para ausentarse del recinto de las plenarias
por motivos de salud, con el correspondiente visto bueno, así como la
certificación expedida por el secretario de la misma Cámara que da cuenta del
retiro con permiso concedido al parlamentario. A su vez, se aportó la
incapacidad suscrita por el médico del Congreso de la República para cada
una de las fechas indicadas.

3. Inasistencias injustificadas: sesiones plenarias del 9, 22, 29 de noviembre y
5 de diciembre de 2016.

En relación con la sesión del 9 de noviembre de 2016, para la Sala Especial
no es causa justificada el retiro para atender «temas relacionados con el
ejercicio de la presidencia del Partido Conservador». Ello, por cuanto, pese a
la autorización de retiro, el hecho de que un congresista ostente una
responsabilidad directiva dentro de su colectividad política, no lo excusa de
hacer presencia en la plenaria, pues el mandato popular le impone dar
preponderancia a sus funciones de congresista, incluso por encima de las
ocupaciones asignadas por su partido. Respecto de la sesión de 22 de
noviembre, la Sala consideró que el permiso para «atender compromisos
parlamentarios con representantes del Gobierno Nacional», pese a contar con
el visto bueno del presidente, tampoco es válido para justificar la inasistencia
porque el congresista «sacrificó su asistencia a la plenaria para atender
compromisos con miembros del Gobierno, lo cual no era plausible», pues su
deber primigenio es el de atender las funciones legislativas, constituyente y de
control político que se desarrollan en la plenaria. En punto a la sesión del 29
de noviembre, la Sala reiteró la tesis ya expresada frente a la autorización de
retiro para atender «temas relacionados con el ejercicio de la presidencia del
Partido Conservador», en el sentido de señalar que dicha dignidad no excusa

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

al parlamentario de hacer presencia en la plenaria. A su vez, respecto de la
sesión de 5 de diciembre, en la que el accionado pretende justificar la
inasistencia con fundamento en el permiso otorgado por el presidente de la
Cámara para atender asuntos relacionados con su actividad parlamentaria con
miembros del gobierno nacional, el a quo desestimó dicha autorización en
cuanto «no era posible que el parlamentario se ausentara del recinto para
excusarse de cumplir sus principales funciones congresionales, aupado en la
realización de otras actividades con miembros del Gobierno Nacional» dado
que no cualquier motivo justifica la inasistencia a la plenaria.

• Periodo de sesiones del 16 de marzo al 20 de junio de 2017

Se revisaron las Gacetas del Congreso de la República núm. 291, 242, 292, 369,
336, 397 y 715 de 201726. La Sala Especial al analizar la asistencia del convocado
a cada una de las sesiones plenarias concluyó que durante este periodo se ausentó
injustificadamente en 2 de las 7 sesiones señaladas por los actores, según se
detalla a continuación:

1. Sesiones en las que se demostró la asistencia del accionado porque estuvo
presente en la plenaria: 22 de marzo y 18 de abril de 2017.

En relación con la sesión de 22 de marzo, la Sala Especial señaló que el
accionado se registró electrónicamente cuando la sesión ya había iniciado, lo
que, en principio, permite establecer su presencia en la plenaria, toda vez que,
dicha circunstancia lo ubica en la sesión cuando la misma se estaba
desarrollando. Respecto de la sesión del 18 de abril, la Sala señaló,
igualmente, que su presencia se desprende de la gaceta, en la cual está
acreditado el registro de asistencia manual.

2. Inasistencias por retiro de la plenaria con excusas aceptables por
incapacidad física debidamente comprobada [art. 90 de la Ley 5.ª de 1992]:
21 de marzo de 2017.

En el expediente consta la solicitud dirigida al presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes para ausentarse del recinto de las plenarias
por motivos de salud, con el correspondiente visto bueno, así como la
certificación expedida por el secretario de la misma Cámara que da cuenta del
retiro con permiso concedido al parlamentario. A su vez, se aportó la
incapacidad suscrita por el médico del Congreso de la República para la fecha
indicada.

26 Ver cuadro anexo núm. 5 que hace parte integral de la sentencia.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

3. Inasistencia con excusa justificada por permiso del presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes: sesión plenaria del 3 de abril de
2017.

En esta oportunidad el congresista solicitó autorización para el retiro de la
plenaria en los siguientes términos «respetando el mandato del pueblo
colombiano expresado en el plebiscito no voté la refrendación de los acuerdos
de paz, y en particular, no estoy de acuerdo con varios aspectos de los
proyectos que sobre la materia serán discutidos en el día de hoy». Para la Sala
Especial el motivo expresado se enmarca dentro de las razones de conciencia
del parlamentario asociadas a las convicciones íntimas respecto de la justicia,
la paz y el perdón.

4. Inasistencias injustificadas: sesión plenaria del 25 de abril de 2017. Para la
Sala Especial no es causa justificada el retiro de la sesión para atender «temas
inherentes a [la] actividad parlamentaria». En este sentido, se indicó que el
convocado desatendió la obligación constitucional al privilegiar otras funciones
congresionales sobre su deber de participar en la formación de la ley.

5. Sesiones a las que no asistió el congresista ni presentó excusa válida: 29
de marzo de 2017.

6. Sesiones en las que no asistió pero sí justificó la inasistencia: 16 de junio
de 2017. De acuerdo con la Resolución 111 del 5 de junio de 2018 de la
Comisión de Acreditación Documental, el señor David Barguil Assís allegó
excusa médica que justificaba su inasistencia a la plenaria.

• Periodo de sesiones del 20 de julio al 16 de diciembre de 2017

Se revisaron las Gacetas del Congreso de la República núm. 858, 844, 854, 921 y
896 de 2017, y núm. 20, 177, 56, 45, 62, 57, 122 y 97 de 2018 27. La Sala Especial
al analizar la asistencia del convocado a cada una de las sesiones plenarias
concluyó que durante este periodo se ausentó injustificadamente en 1 de las 1228
sesiones señaladas por los actores, según se detalla a continuación:

1. Sesiones en las que se demostró la asistencia del accionado porque estuvo
presente en la plenaria: 12 de septiembre y 12 de diciembre de 2017.

En relación con la sesión del 12 de septiembre, se indicó que el señor Barguil
Assís sí asistió a la plenaria puesto que el video de la respectiva sesión lo

27 Ver cuadro anexo núm. 6 que hace parte integral de la sentencia.
28 Pese a que se demandaron 13 sesiones, se excluyó la sesión del 16 de noviembre de 2017, toda vez que en

esta no se votó ningún proyecto de ley, acto legislativo o moción de censura.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

registra en el momento en el que se estaba votando el informe de ponencia
del proyecto de ley núm. 182 de 2016 Cámara, razón suficiente para concluir
su asistencia. Respecto de la sesión del 12 de diciembre, se consideró que
ante la duda sobre la asistencia del accionado a esta sesión, pues el registro
manual no le permitía a la Sala tener certeza del momento en el que
efectivamente se registró, esto es, si antes o después del inicio de la sesión,
con fundamento en el principio in dubio pro reo, según el cual, toda duda debe
ser resuelta a favor del procesado, no se puede tener por acreditada la
ausencia injustificada del accionado, más aún, cuando la parte actora
incumplió el onus probandi que le correspondía.

2. Inasistencias por retiro de la plenaria con excusas aceptables por
incapacidad física debidamente comprobada [art. 90 de la Ley 5.ª de 1992]: 2
de agosto y 14 de diciembre de 2017.

En el expediente consta la solicitud dirigida al presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes para ausentarse del recinto de las plenarias
por motivos de salud, con el correspondiente visto bueno, así como la
certificación expedida por el secretario de la misma Cámara que da cuenta del
retiro con permiso concedido al parlamentario. A su vez, se aportó la
incapacidad suscrita por el médico del Congreso de la República para cada
una de las fechas indicadas.

3. Inasistencia con excusa justificada por permiso del presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes: sesiones del 29 de agosto, 26 de
septiembre y 23 de noviembre de 2017.

En estas plenarias el congresista solicitó permiso para retirarse de la sesión
dado que no participaría, por razones de objeción de conciencia, en la votación
de la iniciativa en discusión relacionada con la adopción e implementación de
los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las FARC. Para la Sala
Especial, la ausencia está justificada dado que, el tema relacionado con la
implementación del Acuerdo de Paz en el congreso «sí puede entenderse
como un asunto de conciencia que permite justificar la ausencia del
congresista, pues es de aquellas circunstancias que no solo lo habilitan a votar
en forma distinta a lo concluido por su bancada, sino que, además, justifican
su ausencia en la sesión donde se decidía el asunto sobre el cual pesaba su
objeción». Además, se dijo que, más allá de una postura política, dicha
objeción responde a las convicciones íntimas de los ciudadanos y de los
miembros de las corporaciones públicas respecto de temas como la justicia, la
reconciliación, la reparación y el perdón.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

4. Inasistencias injustificadas: sesión plenaria del 1.º de agosto de 2017. Para
la Sala Especial no es causa justificada el retiro de la sesión para atender
«asuntos relacionados con la actividad parlamentaria». En este sentido, se
reiteró que el convocado desatendió la obligación constitucional al privilegiar
otras funciones congresionales sobre su deber de participar en la formación
de la ley.

5. Sesiones en las que no asistió el congresista, pero sí justificó la inasistencia
ante la Comisión de Acreditación Documental: 30 de agosto; 14, 15 y 20 de
noviembre de 2017.

En suma, como para ninguno de los periodos analizados se demostró la inasistencia
a 6 o más sesiones plenarias, tal y como lo exige el numeral 2.º del artículo 183
constitucional, para la Sala Especial no se configuró la causal de pérdida de
investidura, razón por la cual, no era necesario estudiar el elemento subjetivo de la
causal invocada. En consecuencia, se negó la solicitud de pérdida de investidura.

3. Trámite procesal en segunda instancia

3.1. El recurso de apelación

La ciudadana Catherine Juvinao Clavijo interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia proferida por la Sala Especial de Decisión núm.16
que negó la solicitud de pérdida de investidura contra el exrepresentante a la
Cámara por el departamento de Córdoba, David Alejandro Barguil Assís. Los
motivos de la impugnación se contraen a los siguientes argumentos:

Primer cargo: La negativa del decreto del cotejo de documentos, el peritaje
grafológico y de datación de tintas sobre las excusas médicas y los permisos de
retiro, impidió el esclarecimiento de la verdad.

La recurrente sostuvo que en el trámite de la primera instancia no se decretaron las
pruebas que solicitó. A este respecto señaló que, en el auto de 10 de junio de 2019,
por medio del cual se decretaron las pruebas, el Despacho sustanciador negó el
«cotejo de documentos» bajo el argumento de la extemporaneidad de la prueba, ya
que se solicitó el 4 de junio de 2019 y no al momento de radicar la solicitud de
pérdida de investidura. En sentir de la recurrente, esta prueba se solicitó «antes de
la terminación de la etapa probatoria» y, en todo caso, resultaba imposible para los
actores haberla solicitado al momento de presentar el escrito de pérdida de
investidura, puesto que, las excusas médicas y los permisos fueron incorporados al
proceso, por parte del accionado, al momento de oponerse a la pretensión.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Seguidamente, se refirió a la tacha de falsedad, a las pruebas grafológicas y a la
datación de tintas, que fueron solicitadas ante el a quo, cuando descorrió el traslado
de las pruebas allegadas por el señor David Barguil. Al respecto indicó que,
mediante auto de 7 de febrero de 2020, el Despacho negó estos medios probatorios,
empero, a la tacha de falsedad le dio el trámite de «reconocimiento de grafías», lo
cual, para los actores resultaba inconducente, pues lo que se debía controvertir, en
realidad, era el contenido ideológico de las excusas médicas y de los permisos de
retiro, toda vez que no existía duda sobre su autoría. En este sentido, afirmó que, el
peritaje grafológico y de tintas, por el contrario, arrojaba un resultado revelador que
reforzaba la tesis sostenida por los actores, en cuanto a que las excusas
presentadas por la defensa fueron confeccionadas en un mismo momento – y no a
lo largo de 4 años–, además con un mismo elemento escritor y con el concurso del
médico de la Cámara, el secretario general y los congresistas firmantes.

Agregó que las pruebas que fueron negadas tenían origen en que un presidente de
la Cámara de Representantes objetó la autoría de uno de los documentos, pero
luego se retractó, lo que indujo a que la recurrente allegara un dictamen grafológico
elaborado por la firma «Grafólogos Bogotá» y suscrito por el perito Richard Poveda,
quien se trasladó a la sede del Consejo de Estado y practicó un análisis físico
espectral preliminar sobre las 24 incapacidades médicas originales aportadas por el
accionado, dictamen que fue allegado mediante memorial del 5 de noviembre de
2020. El resultado de este análisis arrojó que se advertía «una excesiva semejanza
en la disposición de los textos, en la ubicación del sello húmedo y la firma del médico
cirujano» respecto de los certificados de incapacidades médicas, así como en la
«tonalidad cromática del elemento escritor». Sin embargo, esta prueba también fue
desechada por el juez de primer grado, mediante auto del 23 de noviembre de 2020,
con el mismo argumento de la extemporaneidad.

Así, luego de presentar sus razones para oponerse al fallo, concluyó que existe un
desbalance en la oportunidad probatoria que se le concede al accionante frente al
imputado, pues, en su criterio, este último tiene la posibilidad de presentar «su
argumento probatorio sin glosa alguna». Así entonces, cuestiona el argumento de
la extemporaneidad de los medios de prueba, del juez de primer grado, en tanto
considera que no hubo una interpretación garantista sino formalista que no permitió
una adecuada valoración de las pruebas. Finalmente, señaló que, a través del «auto
para mejor proveer» era totalmente viable decretar la prueba grafológica y la de
datación de tintas con el fin de determinar la «veracidad ideológica de los
documentos».

Segundo cargo: El fallo adolece de defecto fáctico por no incorporarse la prueba
de las publicaciones de las redes sociales e incurrirse en una indebida valoración
probatoria.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

En relación con esta censura, sostuvo que las capturas de pantalla impresas de las
redes sociales de Twitter e Instagram, que están contenidas en su escrito cuando
se descorrió el traslado de las pruebas, dan cuenta de que el señor David Barguil
Assís, asistió a reuniones sociales para las fechas en que estuvo incapacitado; sin
embargo, fueron negadas como pruebas dentro del plenario por haber sido
solicitadas extemporáneamente. Al respecto señaló que «cuando existen pruebas
a punto de revelar la verdad sustancial», el juez no puede excusarse en reglas
procedimentales, pues habría lugar a un defecto por exceso ritual manifiesto. En su
criterio, el a quo ignoró por completo la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal
al excluir del debate probatorio las pruebas mencionadas bajo el argumento de la
extemporaneidad.

A su vez, indicó que dichas publicaciones eran indispensables para demostrar que
las excusas médicas y los permisos de retiro no son correlativos a las actuaciones
del senador. Así, la trazabilidad que se realizó a las redes del exrepresentante
demuestra que «no estaba acatando la instrucción médica dada por el galeno […]
que el señor Barguil no respetó los deberes y derechos que se le otorgan al
momento de la expedición de una incapacidad médica, o sea, el derecho principal
de procurar el restablecimiento de la salud física o mental y el deber primordial a
descansar y seguir las recomendaciones médicas».

Por lo tanto, concluye que, si se analizan las evidencias de las redes sociales, el
excongresista debe perder la investidura en la medida en que las inasistencias
injustificadas excederían el número de seis (6). En este orden, acompañó un anexo
con una tabla de fechas de asistencias vs. las evidencias de redes sociales 29 que
muestran al parlamentario en actividades sociales, entrevistas a medios de
comunicación y reuniones con dirigentes del Partido Conservador, que desvirtúan
el diagnóstico del médico oficial de la Cámara de Representantes, pues, tal y como
se refleja en las imágenes, el estado de salud le permitió continuar con la agenda
de trabajo fuera de la sede del Congreso, lo cual le resta credibilidad y valor a las
incapacidades y permisos allegados. En este punto, las sesiones que controvierte
son las siguientes:

Periodo de sesiones Inasistencias injustificadas según
publicaciones en redes sociales
20 de julio al 16 de diciembre de 2014 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 6 de agosto, 30 de
septiembre, 7 de octubre y 5 de noviembre
de 2014.
16 de marzo al 20 de junio de 2015 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 18 de marzo, 6 de
mayo, 2 y 3 de junio de 2015

29 Radicado 2019-01599-00, índice 340 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

16 de marzo al 20 de junio de 2016 Dos (2)
Sesiones plenarias de 26 de abril y 17 de
mayo de 2016

20 de julio al 16 de diciembre de 2016 Tres (3)
Sesiones plenarias de 2 de agosto, 13 de
septiembre y 5 de octubre de 2016
16 de marzo al 20 de junio de 2017 Una (1)
Sesión plenaria de 3 de abril de 2017
20 de julio al 16 de diciembre de 2017 Ocho (8)
Sesiones plenarias de 2 y 30 de agosto, 26
de septiembre, 14, 15, 16 y 20 de
noviembre, y 12 de diciembre de 2017

Por otra parte, tal y como consta en el cuadro anexo al recurso de apelación, que
contiene una relación de cada una de las sesiones analizadas por la primera
instancia, la recurrente cuestiona la valoración probatoria de la Sala Especial de
Decisión sobre las excusas justificadas de las inasistencias del convocado frente a
las siguientes sesiones plenarias: 12 de agosto y 14 de octubre de 2014; 22 de abril
y 6 de mayo de 2015; 13 de abril, 25 y 31 de mayo, y 14 de junio de 2016; 9 y 30
de agosto, 10 de octubre, 23 de noviembre, 13 y 14 de diciembre de 2016; 21 y 22
de marzo, 3 y 18 de abril y 16 de junio de 2017; 29 de agosto, 12 y 26 de septiembre,
23 de noviembre y 14 de diciembre de 2017. Entre las razones que adujo la
recurrente están: i) que el accionado no justificó su ausencia en tanto abandonó la
plenaria sin permiso o excusa médica y ii) que se retiró por «supuestos» motivos de
salud, esto es, desconoce la veracidad de las excusas médicas y las autorizaciones
de permiso por esta razón.

Tercer cargo: El Consejo de Estado en la sentencia recurrida modificó la
jurisprudencia respecto de la interpretación y aplicación de la Resolución 0665 de
2011 y el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, en perjuicio de la postura de los
accionantes.

En este acápite, la recurrente se refirió a la sentencia del 16 de marzo de 2021,
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
a la cual hizo alusión el fallo, para indicar que, según este proveído, las ausencias
por retiro de la sesión no están sometidas al trámite de autorización de la Mesa
Directiva, para la validez de tales excusas. Para la actora, esto significó un cambio
«discrecional» de la jurisprudencia en punto a la interpretación y aplicación de la
Resolución 0665 de 2011 y el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992.

Contrario a la tesis propuesta en este fallo y de acuerdo con la Ley 5.ª de 1992, el
procedimiento para validar las excusas es el mismo cuando se trata de la
inasistencia total a la plenaria o del retiro de la misma, luego de contestar el llamado

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

a lista. Lo anterior, por cuanto el artículo 60 de la citada ley es claro al señalar que
todas las excusas deben enviarse a la Comisión de Acreditación Documental dentro
de los cinco (5) días siguientes a su presentación. En igual sentido, la Resolución
0665 de 2011 fijó un solo procedimiento para presentar las excusas, ya sea por
inasistencia o bien por retiro de la sesión. Por lo tanto, concluye que como las
excusas médicas y los permisos de retiro no se tramitaron bajo el procedimiento
reglado en la Resolución 0665 de 2011, ni hay registro en las gacetas oficiales del
Congreso de la República ni en las actas de la Comisión de Acreditación
Documental, debió desestimarse estas pruebas.

Por otra parte, manifestó que el «visto bueno» estampado en los permisos
otorgados al congresista por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara,
el cual se valoró como suficiente para reconocerle validez, no es un criterio
razonable para otorgarle admisibilidad a las excusas por inasistencia, las cuales
obedecen a situaciones excepcionales que separan a los parlamentarios de su
función principal consistente en participar en los debates y decisiones propias del
Congreso de la República.

Cuarto cargo: La Sala Especial de Decisión desestimó el dolo en la conducta del
exrepresentante, pese a que se demostró que el congresista tenía pleno
conocimiento de los procedimientos de ley para la validación de las excusas ante la
Comisión de Acreditación Documental –CAD–.

En relación con este cargo, señala que quedó evidenciada la conducta dolosa o, en
el mejor de los casos, la gravemente culposa del exparlamentario Barguil Assís,
pues, en las actas de la Comisión de Acreditación Documental números: 29 de abril
de 2016, 44 de agosto de 2017 y 57 de noviembre de 2017 y que obran en el
expediente, quedó revelado que el exrepresentante siguió correctamente el
procedimiento de acreditación de excusas para justificar otras inasistencias, en al
menos, catorce (14) ocasiones, cuyas fechas de sesiones acompañó en un cuadro
que describe lo acontecido. Por lo tanto, el congresista no solo conocía el
procedimiento para la validación de excusas, sino que también, en seis (6)
ocasiones lo hizo a posteriori, es decir, después de ocurrida la inasistencia.
Entonces, lo anterior denota que el congresista actuó con dolo, «al no acreditar
debidamente las justificaciones de las fechas objeto de esta demanda».
Sencillamente, respondió el llamado a lista y se retiró de la sesión, evadiendo la
función legislativa, presentando excusas espurias para eludir las consecuencias
legales de su conducta y, de paso, afectando el patrimonio público de manera
indebida al recibir una remuneración a la cual no tenía derecho.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Con fundamento en los argumentos expresados solicitó la revocatoria de la
sentencia impugnada para que, en su lugar, se decrete la desinvestidura del
accionado30.

3.2. Trámite del recurso de apelación

El magistrado ponente concedió el recurso de apelación mediante auto de 19 de
noviembre de 202131.

Repartido el proceso en segunda instancia el Despacho sustanciador a través de
auto de 20 de mayo de 2022, admitió el recurso de apelación y corrió traslado al
accionado y al agente del Ministerio Público en los términos del artículo 14 de la Ley
1881 de 201832. En el mismo auto se incorporaron al proceso las pruebas
documentales aportadas por la recurrente, esto es, i) el peritaje grafológico
elaborado por la firma «Grafólogos Bogotá» y suscrito por el perito Richard Poveda;
ii) las publicaciones en redes sociales insertadas en el cuadro anexo al recurso de
apelación; y, iii) el informe del grupo de investigaciones especializado del
laboratorio de informática forense. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, en concordancia con el numeral 2.º del artículo
212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, en la medida
en que cumplían los requisitos para el decreto de las pruebas en segunda instancia
y guardaban relación directa con el objeto a decidir.

A su turno, el accionado, David Alejandro Barguil Assís, a través de apoderado,
interpuso recurso de reposición33 por estimar que la garantía de la doble instancia
en los procesos de pérdida de investidura se instauró en favor, única y
exclusivamente de los congresistas, por lo que el recurso de apelación interpuesto
por la ciudadana Catherine Juvinao Clavijo contra la sentencia que negó la pérdida
de investidura era improcedente. En segundo lugar, afirmó que las pruebas
acompañadas con el recurso de apelación también eran improcedentes, esto es, el
peritaje grafológico, las publicaciones en redes sociales y el informe de laboratorio
de informática forense, porque ya habían sido denegadas correctamente por la Sala
Especial en el trámite de la primera instancia, precisamente por extemporáneas.

El Despacho mediante auto de 16 de septiembre de 2022, confirmó el proveído34,
por considerar que la garantía de la doble instancia se introdujo en la Ley 1881 de
2018, no solo en favor del congresista, en ejercicio del derecho de defensa y
contradicción sino también como un juicio de corrección sobre la decisión de primera
instancia. En este orden, estimó que era procedente la formulación del recurso de

30 Radicado 2019-01599-00, índice 340 de SAMAI.
31 Radicado 2019-01599-00, índice 342 de SAMAI.
32 Radicado 2019-01599-02, índice 5 de SAMAI.
33 Radicado 2019-01599-02, índice 12 de SAMAI.
34 Radicado 2019-01599-02, índice 15 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

apelación por parte de la convocante y no resultaba violatorio del derecho a la
«doble conformidad», como lo había acotado el accionado, figura distinta que ha
sido instituida en los instrumentos internacionales como una prerrogativa que le
asiste al sancionado en algunos ámbitos, como en el derecho penal. Por otra parte,
mantuvo la decisión de incorporar las pruebas anteriormente mencionadas, en
aplicación del artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el numeral 2.º del
artículo 212 del CPACA, en cuanto señala que es procedente admitir pruebas en
segunda instancia cuando estas han sido negadas en primera instancia.

3.3. La oposición a la apelación principal

El exrepresentante, David Alejandro Barguil Assís, al descorrer el traslado del
recurso de apelación, por conducto de apoderado, se refirió, de la siguiente manera,
frente a cada uno de los motivos de inconformidad planteados por la apelante:

a) En relación con el reparo denominado «no se decretaron pruebas solicitadas
por la parte demandante tales como el cotejo de documentos, el peritaje
grafológico y de tintas».

Expuso el accionado, luego de hacer un recuento detallado de las actuaciones
surtidas en el trámite de la primera instancia, que fue el legislador quien definió las
formas propias del juicio de pérdida de investidura, así como las oportunidades
probatorias dentro del proceso, por lo que mal puede la recurrente alegar una falta
de equilibrio o desbalance cuando ello no es así. En este caso, es indiscutible que
las pruebas de las que se duele la actora no se tuvieron en cuenta porque fueron
presentadas por fuera de la oportunidad procesal prevista para ello. Además, las
razones para negar las pruebas pedidas fueron más allá, pues también se
denegaron por ser inconducentes, impertinentes e inútiles.

Por otra parte, agregó que el dictamen grafológico que ahora se acoge en segunda
instancia, se aportó en el mes de noviembre de 2020, cuando ya se había agotado
el trámite de desconocimiento de documentos promovido por la parte actora y se
había concluido legalmente la etapa probatoria. De manera que, permitir que una
parte aporte pruebas en cualquier etapa del proceso, no es nada distinto que
desquiciar el sistema procesal, atentar contra el debido proceso y afectar la garantía
del derecho de defensa y contradicción.

b) En relación con el cargo denominado «defecto fáctico: la prueba de las
publicaciones en redes sociales cambiaría la decisión de forma sustancial en
caso de que se hubiesen tenido en cuenta».

Argumentó que, en el caso concreto, no se configura un defecto fáctico por cuanto
la sentencia se fundamentó en las pruebas oportuna y regularmente incorporadas

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

al proceso, como lo dispone el artículo 212 del CPACA y estas publicaciones
tomadas de redes sociales, a las que refiere la recurrente, fueron aportadas al
proceso en memorial del 16 de octubre de 2019, esto es, por fuera de la oportunidad
procesal, razón por la cual, fueron rechazadas por el Despacho sustanciador,
además por ser inconducentes e impertinentes.

De otro lado adujo que dichos documentos no prueban ningún hecho que pueda
variar el sentido de la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues las
publicaciones en redes sociales solo prueban la fecha y hora de la publicación, pero
no la supuesta inasistencia del excongresista a la sesión plenaria como lo pretende
acreditar la recurrente. Es más, en el dictamen pericial aportado por la actora, en el
trámite de la primera instancia, y ahora con el recurso de apelación, se considera
que solo contiene unas descripciones genéricas, pero no son concluyentes.

Por lo tanto, estima que además de que no existe defecto fáctico, lo que pretende
la recurrente es estructurar un cargo con base en pruebas irregularmente allegadas
al proceso, que no son conducentes, pertinentes o útiles, y con base en una
valoración subjetiva de las mismas que de ninguna manera pueden probar la
inasistencia parlamentaria.

c) En relación con el reparo denominado «el Consejo de Estado cambia la
jurisprudencia en cuanto a la aplicación de la Resolución 0665 de 2011, en
una atribución que no le corresponde y que, de haberse evitado, conduciría
a la desinvestidura del congresista».

Argumentó que la inconformidad contra la sentencia de primera instancia se basa
en una interpretación subjetiva sobre el alcance y aplicación de la Resolución 0665
de 2011. Al respecto, afirma, que la Sala Especial de Pérdida de Investidura num.16
nunca varió la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
relación con la resolución comentada; por el contrario, se limitó a dar aplicación a la
interpretación jurisprudencial dictada por esta corporación, como se puede advertir
al leer la sentencia.

d) En relación con el cargo denominado «sobre el componente subjetivo de la
causal: el juez desestimó el dolo en la conducta del congresista aún a pesar
de que se probó que este tenía pleno conocimiento de los procedimientos de
ley para la validación de excusas ante la Comisión de Acreditación
Documental, lo cual, en muchas otras ocasiones sí lo hizo correctamente».

Señaló que, lejos de probarse el dolo o la culpa grave en la conducta del
exrepresentante, lo que se probó fue todo lo contrario, que el señor David Alejandro
Barguil Assís, siempre tramitó las excusas conforme a los cánones legales y con
apego a la práctica parlamentaria imperante para los casos de inasistencia y retiro

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

de la sesión. Por lo tanto, actuó bajo la convicción de obrar conforme al Reglamento
del Congreso de la República y demás disposiciones normativas aplicables, lo cual
es suficiente para desestimar el argumento planteado por la apelante.

A su vez, con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 212 y 214 del CPACA, solicitó que al momento de
decidir el recurso de alzada fueran excluidas las pruebas aportadas con el recurso,
en tanto fueron allegadas al plenario con violación al debido proceso. Con
fundamento en lo anterior, solicitó a la Sala Plena, desestimar el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y mantener incólume la sentencia
impugnada35.

3.4. La apelación adhesiva

Dentro del término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, el
señor David Alejandro Barguil Assís presentó apelación adhesiva contra la
sentencia de primera instancia, para lo cual argumentó que, si bien es cierto que la
Sala Especial de Decisión núm.16 negó la solicitud de pérdida de investidura
presentada en su contra, también lo es, que no hizo una valoración adecuada de
algunas pruebas, lo cual derivó en que el a quo, calificó ciertas ausencias como
injustificadas, cuando en realidad estaban acreditadas con la correspondiente
excusa, es decir, con el permiso autorizado por el presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara. Por lo tanto, luego de analizar cada una de las sesiones, señaló que
deben tenerse como justificadas las siguientes inasistencias:

Periodo de sesiones Total de inasistencias injustificadas
20 de julio al 16 de diciembre de 2014 Tres (3)
Sesiones plenarias de 5 de agosto; 3 de septiembre y 25
de noviembre de 2014.
16 de marzo al 20 de junio de 2015 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 21 de abril; 9, 11 y 16 de junio de
2015.
16 de marzo al 20 de junio de 2016 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 19 y 25 de abril; 24 de mayo y 20 de
junio de 2016.
20 de julio al 16 de diciembre de 2016 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 9, 22 y 29 de noviembre; y 5 de
diciembre de 2016.
16 de marzo al 20 de junio de 2017 Una (1)
Sesión plenaria del 25 de abril de 2017.
20 de julio al 16 de diciembre de 2017 Una (1)
Sesión plenaria del 1.º de agosto de 2017.

De otro lado, solicitó que se excluyan del cómputo de inasistencias, para efectos de
la causal del numeral 2.º del artículo 183 de la Constitución Política, las sesiones en
las cuales no se votaron proyectos de ley o de acto legislativo o mociones de

35 Radicado 2019-01599-02, índice 20 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

censura. En tal sentido, precisó que la sesión del 9 de noviembre de 2016, se
circunscribió a decidir un asunto sobre impedimentos relacionados con el Proyecto
de Ley 101/15; la sesión del 5 de diciembre de 2016, tuvo el mismo propósito, esto
es, resolver unos impedimentos relacionados con el Proyecto de Ley 049/15. Por lo
tanto, estas dos (2) sesiones no pueden contabilizarse para configurar la causal.

Por último, se refirió a la culpabilidad como elemento subjetivo de la conducta para
señalar que el señor Barguil Assís «jamás actuó con culpa o dolo»; todo lo contrario,
siempre tuvo el convencimiento –debido a su diligencia– de actuar conforme a la
ley, y como lo dicta la costumbre parlamentaria, en el sentido de solicitar la
autorización a la Mesa Directiva para el retiro de la sesión. Una tesis contraria,
asaltaría la buena fe y la confianza legítima del exrepresentante quien siempre se
retiró de la plenaria bajo la convicción de estar obrando conforme a derecho.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que i) que se excluyan del cómputo de
inasistencias, las sesiones que relacionó en su escrito, por cuanto tienen excusa
justificada y ii) que se excluyan de este mismo cómputo, las sesiones del 9 de
noviembre y 5 de diciembre de 2016, toda vez que en ellas solo se votaron
impedimentos36, por lo tanto, no configuran la causal de que trata el numeral 2.º del
artículo 183 de la Constitución Política.

3.5. Oposición a las pruebas en segunda instancia

A través de escrito enviado al buzón de correo electrónico de la Secretaría General
de la corporación, dentro del término concedido para el traslado de las pruebas
incorporadas en el trámite de la segunda instancia, que fueron allegadas por la
recurrente principal, el accionado ejerció su derecho de contradicción, para lo cual,
señaló, que las pruebas decretadas por auto de 20 de mayo de 2022 contravienen
el artículo 212 del CPACA, en tanto dispone que para que las pruebas puedan ser
valoradas por el juez, deben ser aportadas en las oportunidades procesales
previstas en la ley. En este caso, el juez de segunda instancia no podía
incorporarlas, pues esta no es la oportunidad para subsanar falencias probatorias
de la parte accionante, dado que fueron allegadas en el trámite de primera instancia
de manera extemporánea y además eran inconducentes e inútiles. Por lo tanto,
insiste en que dichas pruebas se deben excluir de la actuación procesal.

Así mismo, indicó que los documentos aportados por la apelante principal
denominados «informe de laboratorio sobre pericia grafotécnica y
documentológica» sobre las excusas médicas y permisos, realizado por la firma
«Grafólogos Bogotá» y suscrita por el perito Richard Poveda y el «Informe de
Investigador de Laboratorio de Informática Forense» que certifica las publicaciones

36 Radicado 2019-01599-02, índice 20 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

de redes sociales del congresista David Barguil, además de no cumplir con los
requisitos mínimos, según el artículo 226 del CGP, para que se tengan como una
prueba pericial, tampoco resultan concluyentes en sentido alguno. Así, las
publicaciones en las redes sociales del excongresista no prueban nada distinto a la
publicación en sí misma, por lo que, no son pruebas idóneas para demostrar la
inasistencia a las plenarias.

De otro lado, las pruebas allegadas con el recurso de apelación son pruebas que
ya fueron valoradas por la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación
penal adelantada contra el señor David Alejandro Barguil Assís, por la presunta
comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude
procesal, que promovió la propia actora en su contra. Por lo tanto, solicita que se
incorporen como pruebas trasladadas, en los términos del artículo 174 del CGP,
estas piezas procesales, habida cuenta que, mediante providencia del 20 de enero
de 2022, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió
de abrir investigación formal contra el senador David Barguil Assís.

En el auto de 21 de octubre de 202237 se admitió la apelación adhesiva y se
incorporaron como prueba los documentos allegados por el señor David Barguil, a
través de un link de enlace que contiene i) el Informe de objeción elaborado por
Forensys Law CORP. Soluciones Forenses y Legales; ii) auto del 20 de enero de
2022 emitido por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
que ordenó el archivo de la investigación; y, iii) cuaderno número 1, que contiene
copia de la denuncia presentada por la demandante y de los «dictámenes
periciales» aportados con el recurso de apelación. Así mismo, se decretó la prueba
trasladada a la que se ha venido aludiendo.

Una vez allegado el expediente digital del proceso penal, mediante auto de 4 de
noviembre de 202238, correspondiente al radicado 11001024700020210001500
[instrucción n.º 00376], se corrió traslado de esta prueba a los sujetos procesales
advirtiendo sobre la obligación de guardar la reserva del contenido de la actuación
penal y de la información sensible, so pena de las sanciones establecidas en el
ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 323 de la Ley 600 de 2000.

El 16 de noviembre de 2022, la señora Catherine Juvinao Clavijo, a través de la
ventanilla virtual radicó un memorial por medio del cual descorrió el traslado de las
pruebas solicitadas en la apelación adhesiva39. En dicho memorial señaló que la
inhibición de la Corte Suprema de Justicia, frente a las acusaciones sobre la
presunta falsedad o alteración ideológica de los documentos, aún mantiene la
incertidumbre en relación con la posible alteración ideológica cometida por el

37 Radicado 2019-01599-02, índice 24 de SAMAI.
38 Radicado 2019-01599-02, índice 37 de SAMAI.
39 Radicado 2019-01599-02, índice 47 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

accionado para excusarse de sus inasistencias en el Congreso de la República.
Insistió en que, al tratarse de incapacidades médicas de varios años, la increíble
semejanza en la tinta, refuerza la posibilidad de que estas no fueron elaboradas en
un mismo momento. Por ello insiste en que se debió decretar la prueba de datación
de tintas con el método DATINK sobre las incapacidades médicas aportadas al
proceso. La recurrente, en consecuencia, solicita que la Sala Plena evalúe la
posibilidad de decretar como prueba de oficio la datación de tintas, lo cual sustenta
en los siguientes términos: «haciendo uso de sus facultades oficiosas se ordene la
práctica de la prueba de DATINK sobre las incapacidades médicas expedidas por
el doctor Juan Alonso Saab y que obran dentro del expediente». Al respecto, es
importante señalar, que de acuerdo con el artículo 213 del CPACA, es potestativo
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el ejercicio de la facultad oficiosa
en materia de pruebas «para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda».
De manera que, el poder oficioso para el decreto de pruebas es una facultad que
no se sustenta en la solicitud de parte sino en la potestad del juez para decretarlas,
de suerte que, en el presente caso, esta Sala no estima necesario ejercer dicha
facultad para los fines previstos en el artículo 213 del CPACA.

3.6. Concepto del procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado

El agente del ministerio público rindió concepto dentro del presente proceso y
solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia proferida por la Sala
Especial de Decisión núm. 16, que negó la pérdida de investidura contra el
exrepresentante a la Cámara, David Alejandro Barguil Assís, pues en ninguno de
los periodos examinados se alcanzaron a configurar las seis (6) ausencias
injustificadas necesarias para demostrar la causal invocada. Para esta agencia
fiscal, las pruebas decretadas en segunda instancia no tienen la virtualidad de
enervar la fuerza probatoria de las excusas médicas con las que se justificó la
inasistencia del accionado a las sesiones plenarias señaladas por los actores.

A su vez, el delegado argumentó que las publicaciones en redes sociales no
permiten inferir razonablemente la inasistencia a las sesiones plenarias, puesto que
en ellas nada se indica al respecto, toda vez que, corresponden a la publicación de
eventos en los que, en criterio de la recurrente, pese a la incapacidad médica, el
accionado, al parecer, asistió a eventos varios, lo cual, de ninguna manera, es
demostrativo de la ausencia parlamentaria sobre la que se sustenta la causal de
pérdida de investidura. Por otra parte, se indica que la sentencia objeto de
apelación, resulta acorde con las líneas de interpretación que ha decantado la
jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera que no se evidencia el cambio
discrecional o caprichoso en la tesis sostenida por esta corporación frente a la
causal de desinvestidura alegada.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación
interpuestos en contra de la sentencia del 11 de octubre de 2021, proferida por la
Sala Especial de Decisión núm. 16, en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 y
237 numeral 5.º de la Carta Política; 2° de la Ley 1881 de 2018; el artículo 37
numeral 7° de la Ley 270 de 1996 y el artículo 34 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
de 2019 –Reglamento Interno del Consejo de Estado–.

2. La acreditación de la calidad de Congresista

Se encuentra demostrado en el proceso que el señor David Alejandro Barguil Assís
fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, para el
periodo 2014-2018, según consta en la copia del formulario E-28 de 16 de marzo
de 2014, expedido por los delegados del Consejo Nacional Electoral que contiene
la respectiva credencial congresional40.

3. El problema jurídico

En los términos de los recursos de la apelación principal y adhesiva, corresponde a
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinar si, en el presente caso,
se configuran los elementos –objetivo y subjetivo– de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 183.2 de la Constitución Política por ausencia
injustificada del exrepresentante David Alejandro Barguil Assís, respecto de las
sesiones plenarias aludidas por cada uno de los recurrentes, a partir de los cargos
formulados contra la sentencia de primer grado.

Para tal efecto, se debe determinar, en relación con el apelante principal: i) si la
negativa del juez de primera instancia, frente al decreto e incorporación de algunas
pruebas, esto es, el cotejo de documentos, el peritaje grafológico y de tintas sobre
las excusas médicas y los permisos de retiro y las publicaciones en redes sociales
de Twitter e Instagram, que dan cuenta de reuniones y actos sociales del
excongresista, en los días en que estuvo incapacitado por razones de salud, se
ajustó al ordenamiento jurídico procesal; ii) si se incurrió en una indebida valoración
probatoria sobre las excusas por inasistencia del accionado dado que, en su sentir,
no podían considerarse como excusas válidas; iii) si se modificó la línea
jurisprudencial frente a la interpretación y aplicación de la Resolución 0665 de 2011
y del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, relacionada con el trámite que debe surtirse

40Folio 43 del cuaderno núm. 1 del expediente – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211,
documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 1 […]», pág. 45].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

sobre las excusas por retiro de la sesión y su validez y, finalmente, iv) si se configuró
el dolo en la conducta que se le censura al convocado.

Por su parte, en relación con el apelante adhesivo, es preciso determinar: i) si debe
tenerse como válidas las excusas de retiro a las sesiones parlamentarias que
relaciona el congresista en su escrito de impugnación, pese a contar con la
autorización del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representante y
ii) si podía tenerse como parámetro de valoración las sesiones del 9 de noviembre
y 5 de diciembre de 2016 dado que, según afirma el recurrente adhesivo, en ellas
no se votaron proyectos de ley o de actos legislativos ni mociones de censura.

En este orden, para resolver los planteamientos anteriormente esbozados, la Sala
abordará tres aspectos relevantes a saber: i) la institución de la pérdida de
investidura y, ii) el alcance de la causal prevista en el numeral 2.º del artículo 183
de la Constitución Política, para luego, iii) resolver el caso concreto a partir de los
motivos de impugnación de los apelantes.

3.1. La institución jurídica de la pérdida de investidura

De manera reiterada la jurisprudencia ha sostenido que la pérdida de investidura
prevista en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política es una acción pública
ciudadana, que tiene por objeto sancionar las conductas que afectan la dignidad y
el decoro de la labor congresual y busca preservar el buen nombre y la legitimidad
del Congreso de la República. Su trámite está asignado a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante un procedimiento previsto, actualmente, en la
Ley 1881 de 2018.

En esta línea se ha pronunciado la Corte Constitucional para destacar la naturaleza,
finalidad y consecuencia jurídica de la sanción:

[C]onstituye un verdadero juicio de responsabilidad política que se define con la
imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga
la violación al código de conducta que deben observar los congresistas en razón al
valor social y político de la investidura detentada. Una vez aplicada la sanción, el
congresista pierde su calidad de tal y además, queda inhabilitado de manera
permanente para ser congresista. Esta sanción particularmente drástica se
estableció en la Constitución, con fundamento en la altísima dignidad que supone
ser Representante a la Cámara o Senador, a los intereses sociales que representa
en virtud de la confianza depositada por los electores y a la significación del
Congreso dentro del Estado Democrático41.

Así entonces, el juicio de pérdida de investidura es una manifestación del principio
de participación democrática, a través del cual los ciudadanos ejercen un control

41 Corte Constitucional, sentencia SU- 399 de 31 de mayo de 2012. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

político dirigido a preservar la dignidad de la función congresual y la transparencia
en el desempeño de la tarea legislativa. Es un proceso autónomo, de naturaleza
jurisdiccional y de carácter sancionatorio42 en el que se impone un castigo intemporal
que impacta los derechos políticos del sancionado en cuanto implica la separación
inmediata del cargo y una inhabilidad irredimible en el tiempo para cargos de
elección popular, lo que se traduce en la imposibilidad para el sancionado de aspirar
a ser elegido en el futuro43. En punto a los propósitos fundamentales de esta figura,
esta corporación ha señalado:

El procedimiento especial a través del cual se impone esta sanción surge como
consecuencia de una acción pública cuya finalidad principal es:

a. Garantizar a los ciudadanos que aquellos a quienes se ha distinguido con esta
investidura, no abusen de su poder aprovechándolo para alcanzar sus fines
personales [44]
b. Procurar por la transparencia absoluta de los miembros de las corporaciones
públicas en relación con sus actuaciones [45] y
c. Proteger la confianza que el electorado ha depositado en sus elegidos […]
porque además sanciona:
i. La falta de posesión en el cargo y
ii. La inasistencia a sesiones plenarias en las que se voten proyectos de ley,
actos legislativos o mociones de censura en número definido por la
Constitución. Esto último como un castigo al llamado “ausentismo
parlamentario”.
Esta acción constituye una ampliación de los mecanismos de participación
democrática, [46] que busca la sujeción del congresista a los límites fijados en el
ordenamiento constitucional, y desterrar prácticas indebidas, depurar conductas
indecorosas, evitar abusos de poder con fines personales, garantizar el interés público
y recuperar el prestigio del órgano legislativo. [47].48

Ahora bien, la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura conlleva un juicio
de responsabilidad subjetiva que impone la observancia de todas las garantías al
debido proceso, de manera que, la sanción sólo puede derivarse de la conducta

42 Sobre la naturaleza de esta acción, se pueden consultar, entre otras sentencias, las siguientes: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de agosto de 2012, radicación: 11001-
03-15-000-2011-00254-00(PI) MP. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 29 de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-01700-00(PI), MP. Milton
Chaves García. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de abril de
2018, radicación: 11001-03-13-000-2017-00328-00(PI), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-15-000-2019-04144-01. MP. Oswaldo Giraldo López.
43 Constitución Política, art.179.4; Ley 617 de 2000, arts. 30.1, 33.1, 37.1 y 40.1.
44 Cita original «16 […] Corte Constitucional, Sentencia C-497 de 1994; Citado en Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de noviembre de 2014, radicación 110010315000201200900-
00 (2012-00899 Y 2012-00960 acumulados)».
45 Cita original «17 […] Ramirez Ramirez, Jorge Octavio. P. 26».
46 Cita original «18 Derecho político calificado de fundamental, previsto en el artículo 40 constitucional. Ver

Sentencia SU-1159 de 2003 de la Corte Constitucional».
47 Cita original «19 […] Ramírez Ramírez, Jorge Octavio. P. 26».
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de mayo de 2019,

radicación: 11001-03-15-000-2018-03883-01 (PI), MP. William Hernández Gómez.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

dolosa o culposa49 del congresista que incurra en cualquiera de las causales
previstas en los artículos 183 superior, 109 modificado por el artículo 3.º del Acto
Legislativo 1 de 200950 y 110 de la Constitución Política51.

3.2. El alcance de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
2.º del artículo 183 de la Constitución Política – Reiteración jurisprudencial-

El propósito del constituyente al establecer esta causal de pérdida de investidura
fue el de erradicar el llamado «ausentismo parlamentario»52 a través del castigo por
el incumplimiento del deber constitucional que tienen los congresistas, de acuerdo
con el artículo 114 superior, de cumplir la principal misión en el Congreso de la
República: «reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre
el gobierno y la administración».

En este orden, según el artículo 183.2 constitucional, el congresista pierde su
investidura cuando con su conducta omisiva de inasistencia afecta el cumplimiento
de las competencias propias del órgano legislativo en la formación de la voluntad
democrática traducida en la expedición de las leyes y actos reformatorios de la
constitución, así como la facultad de ejercer el control político sobre el gobierno y la
administración a través de la moción de censura. La norma es del siguiente tenor:

ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:
[…]
2º) Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias
en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
[…]
Las causales 2ª) y 3ª) no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.

A su vez esta causal se encuentra prevista, con el mismo contenido normativo, en
el numeral 6.º del artículo 296 de la Ley 5.ª de 1992, Ley Orgánica del Congreso de
la República53:

ARTÍCULO 296. CAUSALES. La pérdida de la investidura se produce:
[…]

49 Artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019.
50 Artículo 109. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el

siguiente:> El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con
personería jurídica, de conformidad con la ley.
[…]
Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los
topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la
pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.
51Artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los

partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que
establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o
de pérdida de la investidura (destaca la Sala).
52 Así lo señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 19 de noviembre de 2019 dictada

dentro del proceso con radicación: 11001-03-15-000-2018-02405-01. MP. Rocío Araújo Oñate.
53 Ley Orgánica del Congreso de la República.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

6. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis (6) reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo y de ley o mociones de
censura.
[…].

PARÁGRAFO 1o. Las dos últimas causales no tendrán aplicación, cuando medie
fuerza mayor.

Por su parte, esta misma Ley Orgánica, en su artículo 268, dentro del catálogo de
deberes de los congresistas establece el de «Asistir a las sesiones del Congreso
pleno, las Cámaras legislativas y las Comisiones de las cuales formen parte», y el
artículo 271 ejusdem, dispone que la falta de asistencia de los congresistas a las
sesiones, sin excusa válida, no causará los salarios y prestaciones sociales, sin
perjuicio de la pérdida de investidura, cuando a ello hubiere lugar. Esto último
acontece, cuando en el juicio de responsabilidad subjetiva que se adelanta,
conforme al procedimiento señalado en la Ley 1881 de 2018, se demuestre que el
congresista con su conducta dolosa o gravemente culposa, incurrió en la
inasistencia en el número de sesiones que señala la Constitución Política.

Pues bien, en este contexto es importante señalar que la jurisprudencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo54 en relación con la causal de ausentismo
parlamentario ha precisado los elementos que la configuran, a saber: i) la
inasistencia del congresista a las sesiones parlamentarias; ii) que el ausentismo
ocurra en el mismo periodo de sesiones; iii) que complete seis (6) reuniones
plenarias a las que deje de asistir el parlamentario; iv) que en dichas sesiones se
voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura y, v) que la
ausencia no esté justificada o no se hubiere producido por motivos de fuerza mayor.
Así, frente a cada uno de los supuestos normativos, la corporación ha explicado:

I) La inasistencia del congresista

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo recuerda que «no asistir» es la
conducta que tipifica la causal prevista en el artículo 183.2 de la Constitución
Política, de suerte que la sanción recae sobre el ausentismo parlamentario, esto es,

54 Entre otras decisiones, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 1.º de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2014-00529-00(PI), MP. Danilo Rojas
Betancourth. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de febrero de
2019, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02035-01(PI), MP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de marzo de 2019. Radicación: 11001-
03-15-000-2018-02151-01(PI), MP. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02332-01(PI),
MP. Julio Roberto Piza Rodríguez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 19 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02405-01, MP. Rocío Araújo Oñate. Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-15-000-2019-04144-01, MP. Oswaldo Giraldo López. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 21 de septiembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02, MP.
Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

dejar de asistir a las sesiones plenarias convocadas para votar proyectos de acto
legislativo, de ley, o mociones de censura, anunciados previamente.

Ahora bien, debe precisarse que la locución «inasistencia» está relacionada
estrechamente con el momento de la votación, por lo que, para efectos de valorar
la conducta del congresista, la palabra debe articularse con la expresión «en las que
se voten», los proyectos a los que alude la norma constitucional, para lo cual, es
importante tener en cuenta los tipos de votación que realiza el Congreso, esto es,
la votación ordinaria, secreta o nominal55. La sesión plenaria a la cual concurren los
congresistas, es una de las fases que se cumple para el trámite de las leyes y uno
de los escenarios de deliberación y votación con mayor amplitud y legitimidad que
desarrolla el principio democrático y de representación política.

Así las cosas, es deber de todo congresista asistir a toda la sesión, esto es, desde
que inicia hasta que termina. Sin embargo, para efectos de la causal aquí estudiada,
resulta relevante la asistencia al momento de las votaciones, pues es, justamente,
cuando se conforma la voluntad política, se estructura las mayorías y se votan los
proyectos de ley o de acto legislativo, momento al cual el constituyente vincula el
número de sesiones que configuran la causal. En otros términos, la inasistencia a
las votaciones se constituye en el fundamento de la sanción, pues con ella se
lesiona gravemente el principio democrático y se propicia un fraude a la
representación política, en tanto se espera que el congresista participe con su
expresión de voluntad soberana, en la conformación de las leyes.

Ahora bien, también ha precisado esta corporación que cuando el congresista asiste
parcialmente en las votaciones, dicha ausencia parcial, por sí misma, no basta para
configurar la causal, pues el solo hecho de haber participado en la votación de un
proyecto de ley, de acto legislativo o de una moción de censura –pero no en la
votación de todos– es demostrativo de que el congresista asistió a la sesión,
mientras que, abstenerse de votar, como no es la conducta que estructura la
sanción, «podría ser prueba indiciaria, prima facie, justamente de lo opuesto»56. Con
todo, si el congresista se abstiene de votar por una razón excusable, conforme lo
contempla el artículo 124 de la Ley 5.ª de 199257, previa autorización del presidente
de la respetiva corporación, y de ello queda constancia en el acta o por cualquier
otro medio de prueba, este hecho no da lugar a la pérdida de investidura, pues, lo
que se censura no es no votar, sino la ausencia a la plenaria.

55 Ley 5.ª de 1992, artículo 128.
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de septiembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02, MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
57 Art. 124. El Congresista sólo podrá excusarse de votar, con autorización del Presidente, cuando al verificarse

una votación no haya estado presente en la primera decisión, o cuando en la discusión manifiesta tener conflicto
de intereses con el asunto que se debate.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Lo anterior tiene concordancia con el ejercicio del derecho a disentir, «que implica
en algunos casos, la posibilidad de abstenerse de votar, bien mediante la abstención
propiamente dicha – estar en el recinto, pero no votar -, o mediante el retiro del
recinto mientras se vota. El ejercicio del derecho a disentir, como parte esencial del
derecho a la oposición, materializa, a su vez, la libertad de expresión y fortalece el
papel que deben cumplir los partidos políticos en esa materia»58.

Así entonces, debemos tener presente que el «deber de asistir» no es sinónimo de
permanencia sino de presencia, puesto que un congresista puede retirarse por
momentos de la sesión, siempre y cuando ello no conlleve desatender de manera
injustificada los propósitos de la convocatoria y, por tanto, se afecte la formación de
la voluntad democrática.

También es pertinente señalar, que el inicio de la sesión ocurre con posterioridad al
llamado a lista, es decir, después de haberse constatado el quórum y una vez el
presidente de la cámara respectiva anuncia que se abre la sesión y pide al
secretario dar lectura al orden del día, conforme lo disponen los artículos 8959 y 9160
de la Ley 5.ª de 1992. Así, es claro que entre el momento del registro y antes de
que se abra la sesión no hay propiamente discusión ni deliberación61.

En armonía con lo expuesto, si el congresista atiende el llamado a lista que se
realiza antes del inicio de cada sesión y, posteriormente, se retira del recinto
parlamentario, sin justificación alguna, incurre en el incumplimiento de su deber de
asistencia, dado que, el deber de asistir a la sesión no se agota con el hecho de
responder el llamado a lista, pues su presencia está ligada necesariamente a la
conformación del quorum y las mayorías decisorias, como se indicó anteriormente,
lo cual impacta en la suerte de los proyectos legislativos, por lo que «no puede
entenderse que un parlamentario asistió a una sesión plenaria si luego de haber
respondido el llamado a lista abandona el recinto, sin mediar excusa o justificación
jurídicamente admisible»62.

58 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1.º de agosto de 2017,
Radicado: 11001-03-15-000-2018-00780-00(PI), Consejero Ponente: Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
59 Artículo 89. Llamada a lista. Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión, cada uno de los

Presidentes de las Corporaciones ordenarán llamar a lista para verificar el quórum constitucional. En el acta
respectiva se harán constar los nombres de los asistentes y ausentes a la sesión, y las razones de excusa
invocadas, con su transcripción textual. Su desconocimiento por el Secretario es causal que puede calificarse
de mala conducta. || Para el llamado a lista podrá emplearse por el Secretario cualquier procedimiento o sistema
técnico que apruebe o determine la Corporación.
60 Artículo 91. Iniciación de la sesión. Verificado el quórum, el Presidente de cada Corporación declarará abierta

la sesión, y empleará la fórmula:
"Abrase la sesión y proceda el Secretario a dar lectura al orden del día para la presente reunión".
61 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2019, radicación:

11001-03-15-000-2018-02332-01 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de junio de 2018,

radicación: 11001-03-15-000-2018-00318-01 MP. Guillermo Sánchez Luque – Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02151-
01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

En este aspecto, la jurisprudencia de esta Sala Plena ha sido consistente en señalar
que el retiro injustificado de un congresista de la sesión plenaria es una forma de
inasistencia que se castiga con la pérdida de investidura de acuerdo con el artículo
183.2 de la Constitución Política, «por cuanto el retiro afecta el cumplimiento del
objeto de la sesión: votar proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura,
como ocurre cuando el congresista registra la asistencia y luego se retira sin
ninguna justificación»63.

Lo anterior, ha sido consignado, en la sentencia de 28 de septiembre de 2021, de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 64, en tanto señaló:

Cabe resaltar, como lo hizo la sentencia de 5 de marzo de 2018 de la Sala Novena
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura65, reiterada en la sentencia de 13 de
junio de 201866, que el deber de asistir a la sesión no se agota simple y llanamente
con el hecho de responder el llamado a lista, sino que debe entenderse que la
asistencia implica la presencia del parlamentario en la sesión, conclusión que
emerge del contenido de los artículos 89 y 91 de la Ley 5ª, por lo que no puede
entenderse que un parlamentario asistió a una sesión plenaria si luego de haber
respondido el llamado a lista abandona el recinto, sin mediar una excusa o
justificación jurídicamente admisible67.

Además de lo anterior, las inasistencias relevantes están vinculadas a que se voten
proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura, de modo que no puede
contabilizarse, para dichos efectos, aquella sesión en la que solo se voten
cuestiones accesorias o incidentales dentro del trámite legislativo como los
impedimentos y las recusaciones, como más adelante se precisará.

II) Que la inasistencia ocurra en el mismo periodo de sesiones

En relación con este segundo elemento se ha indicado en la jurisprudencia, que la
ausencia relevante para la causal de pérdida de investidura, es aquella que ocurre
en cualquiera de las sesiones del Congreso68, convocadas en un mismo periodo69.
Así, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de 7 de
mayo de 2019, frente a este segundo supuesto, señaló, que el artículo 183.2 de la
Constitución Política no exige que la inasistencia se presente en un determinado

63 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2019, radicación:

11001-03-15-000-2018-02332-01 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
64 Radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02 MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión de Pérdida de

Investidura, sentencia de cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018), número único de radicado 11001-03-
15-000-2018-00318-00(PI), MP. Gabriel Valbuena Hernández.
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de trece (13) de junio de dos mil

dieciocho (2018), número único de radicado 11001-03-15-000-2018-00318-01(PI), MP. Guillermo Sánchez
Luque.
67 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de marzo de 2019, número

único de radicado 11001-03-15-000-2018-02151-01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés.
68 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 5.ª de 1992, las sesiones del Congreso se dividen en

ordinarias, extraordinarias, especiales, permanentes y reservadas.
69 Constitución Política, artículo 138.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

tipo de sesiones, por lo que, la inasistencia puede ocurrir en cualquiera de ellas,
«siempre que sean convocadas en un mismo periodo para votar proyectos de ley,
de acto legislativo o mociones de censura». Se indicó, que «no es posible asimilar
el periodo con la legislatura, ni tampoco es viable sumar las inasistencias de dos
periodos de una misma legislatura, ni la inasistencia entre sesiones ordinarias y
extraordinarias, pues esa interpretación desconocería el principio de legalidad en
materia sancionatoria y desbordaría el entendimiento de la causal para extenderla
a supuestos fácticos no regulados»70.

III) Que la inasistencia se verifique en seis (6) reuniones plenarias en las
que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura

Al respecto, se ha considerado que el ausentismo parlamentario que da lugar a la
pérdida de investidura, es el relativo a las reuniones plenarias en las que se voten,
y no en las que simplemente se debatan proyectos de ley, de acto legislativo o
mociones de censura. Así las cosas, la inasistencia que se censura es aquella que
entorpece el funcionamiento del órgano legislativo, esto es, que afecta el desarrollo
de la función congresual.

Los proyectos de ley y de acto legislativo tienen diversos componentes de
naturaleza inescindible en su trámite, a saber: el informe de ponencia, el articulado,
las proposiciones, el título, el informe de conciliación y el informe de objeciones
presidenciales –este último se exceptúa respecto de los proyectos de acto
legislativo–. Cada uno de estos componentes se debate y se vota por separado.
Así, los congresistas deben asistir a las sesiones plenarias en las que se voten cada
uno de los mencionados componentes de los proyectos de ley y de acto legislativo,
conforme avanza su trámite en el Congreso, pues, de su aprobación o improbación
depende que un determinado texto pueda llegar a convertirse en una ley de la
República o en un acto reformatorio de la Constitución. De manera que, la
inasistencia a una sesión en la que solo se voten asuntos incidentales, como los
impedimentos y las recusaciones, que no hacen parte esencial del trámite
legislativo, no se puede contabilizar para los efectos de la causal prevista en el
numeral 2.º del artículo 183 constitucional.

IV) Que la ausencia no esté justificada o no se haya producido por
motivos de fuerza mayor

En relación con este último supuesto, es importante señalar que el juez del proceso
sancionatorio de pérdida de investidura debe establecer si existe alguna razón de
carácter excepcional que justifique la inasistencia a las reuniones plenarias en las
que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura.

70 Radicación: 11001-03-15-000-2018-02332-01(PI). MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Es así como el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política dispone que la
causal no tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor, esto es, de acuerdo con el
artículo 64 del Código Civil71 «el imprevisto al que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.»; en otras palabras, una causa extraña y
externa al hecho del accionado; se trata de un hecho irresistible e imprevisible, ajeno
y exterior a la actividad o servicio que causó el daño. De manera que, cualquier
suceso con las características de imprevisibilidad e irresistibilidad, que sea ajeno o
externo al propio demandado, puede constituir una fuerza mayor que impide la
configuración de la causal, lo que significa que no puede configurarse cuando es el
mismo accionado quien con su conducta consciente, imprudente o poco previsiva
se pone a sí mismo en imposibilidad de asistir a la sesión72.

A su vez, el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, establece como excusas que justifican
las ausencias de los congresistas a las sesiones, además del caso fortuito y la
fuerza mayor, las siguientes circunstancias, según se lee en el texto:

ARTÍCULO 90. EXCUSAS ACEPTABLES. Son excusas que permiten justificar las
ausencias de los Congresistas a las sesiones, además del caso fortuito, la fuerza
mayor en los siguientes eventos:

1. La incapacidad física debidamente comprobada.
2. El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso.
3. La autorización expresada por la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva
Corporación, en los casos indicados en el presente Reglamento.

PARÁGRAFO. Las excusas por inasistencia serán enviadas a la Comisión de
acreditación documental de la respectiva Cámara, en los términos dispuestos por el
artículo 60 de este Reglamento. Su dictamen será presentado a la Mesa Directiva la
cual adoptará la decisión final, de conformidad con la Constitución y la ley73.

Ahora bien, la jurisprudencia ha precisado que «por fuera de estos eventos
expresamente previstos en la Constitución y en la ley, hay otros que pueden
explicar y justificar la ausencia del congresista a las sesiones plenarias al momento
de la votación, por lo que corresponderá al juez del proceso de pérdida de
investidura examinarlos, -siempre que se hayan alegado y se encuentren
demostrados-, a fin de establecer si justifican su proceder»74.

71 Subrogado por el artículo 1.º de la Ley 95 de 1890.
72 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de septiembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02, MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
73 Mediante la Resolución MD 0665 del 23 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de

Representantes, reglamentó y unificó el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los
Representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina.
74 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de septiembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02, MP. Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Dentro de estos últimos eventos, se puede citar, el retiro de un congresista de una
sesión plenaria en la que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones
de censura, con ocasión de una decisión de bancada –que es obligatoria– por
razones de tipo político, tales como el ejercicio del derecho de oposición o de
minoría, lo cual, «no constituye una inasistencia para efectos de la causal de
desinvestidura - arts. 107, 108 y 112 de la C.P.-»75.

En este orden de ideas, el análisis de los elementos para configurar la causal del
artículo 183.2 constitucional comporta el deber del juez de examinar las
circunstancias particulares que rodearon la conducta reprochada.

3.3. El caso concreto

3.3.1. Cuestión previa

En primer lugar, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo debe pronunciarse
sobre la solicitud del exparlamentario en el escrito de oposición a las pruebas
decretadas mediante auto del 20 de mayo de 2022, en el sentido de que se excluyan
de la actuación procesal las siguientes i) informe de laboratorio sobre pericia
grafotécnica y documentológica sobre las excusas médicas y permisos, realizado
por la firma «Grafólogos Bogotá» y suscrito por el perito Richard Poveda; ii) el
«Informe de Investigador de Laboratorio de Informática Forense», y iii) las
publicaciones en redes sociales contenidas en el anexo al recurso de apelación, en
la medida que, según se alega, se trató de pruebas «correctamente» negadas por
el sentenciador de primer grado, por haber sido aportadas de manera extemporánea
y porque las mismas resultaban inconducentes e inútiles; por lo tanto, afirma que la
segunda instancia no es la oportunidad para subsanar falencias probatorias de la
parte accionante.

Al respecto debe simplemente precisar la Sala que esta solicitud ya fue resuelta
mediante auto de 16 de septiembre de 2022, emitido por el magistrado sustanciador
en segunda instancia, que decidió el recurso de reposición interpuesto por el
accionado contra el auto de 20 de mayo de 2022, que admitió el recurso de
apelación contra la sentencia de 11 de octubre de 2021 e incorporó como pruebas
en segunda instancia, específicamente las aportadas por la recurrente, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 1881 de 2018 en armonía con el artículo
212.2 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021 76. Por esta

75 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de junio de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2018-00318-01 MP. Guillermo Sánchez Luque.
76 Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán

solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código.
[…]
2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando fuere
negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

razón, el señor David Barguil debe estarse a lo resuelto por el ponente en dicha
providencia.

3.3.2. El recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Catherine Juvinao
Clavijo.

En orden a resolver los cargos formulados por la apelante principal, debe recordarse
que los motivos de censura, se concretan a lo siguiente: 1) que el a quo omitió el
decreto del cotejo de documentos, el peritaje grafológico y de tintas sobre las
excusas médicas y los permisos de retiro, con el argumento de la extemporaneidad,
cuando estas pruebas eran decisivas para el esclarecimiento de los hechos; 2) que
existió un defecto fáctico por cuanto la prueba de las publicaciones en redes
sociales, Twitter e Instagram, dirigidas a quebrantar la veracidad de las
certificaciones médicas y las autorización de retiro, no fue decretada por el a quo,
lo cual cambiaría sustancialmente el sentido de la decisión y, porque según su
criterio, las ausencias por retiro no estaban justificadas; 3) que se varió la
jurisprudencia en cuanto a la interpretación y aplicación de la Resolución 0665 de
2011 y del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, relacionada con el trámite de los
permisos ante la Comisión de Acreditación Documental; 4) que el juez de primera
instancia desestimó el dolo, el cual se configuró con la conducta que se le censura
al congresista.

3.3.2.1. La negativa del juez frente a las solicitudes probatorias de la parte
actora

Para efectos metodológicos, la Sala abordará el estudio conjunto de los cargos 1) y
2), relacionados con las pruebas que no fueron decretadas por el magistrado
sustanciador, integrante de Sala Especial de Decisión, habida cuenta que tienen en
común que fueron negadas por extemporáneas. En este orden, la negativa
probatoria tiene que ver con el decreto del cotejo de documentos solicitado, una vez
el accionado presentara su escrito de oposición; y el peritaje grafológico y de tintas
sobre las excusas médicas y los permisos de retiro, cuando ya se había fijado fecha
para la audiencia pública. Así mismo, la no incorporación de las publicaciones de
las redes sociales, allegadas en el escrito con el cual se descorrió el traslado de las
pruebas documentales aportadas por el accionado.

Según se indica, con estas pruebas se pretendía restarle validez a las excusas
médicas y a los permisos de retiro presentados por el accionado para ejercer su
derecho de defensa. Califica como un despropósito que el juez de primera instancia
le hubiera exigido que estas solicitudes probatorias debieron formularse con el
escrito introductorio, dado que, para ese momento, los certificados médicos y las

la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten
para su perfeccionamiento.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

autorizaciones del presidente de la Cámara, no existían en actas o gacetas, ni
tampoco obraban en el expediente. En punto a las publicaciones de las redes
sociales del congresista, señala que, de haberse analizado este material probatorio,
la decisión sería sustancialmente diferente, en la medida que se puede constatar
que el señor David Barguil participó en distintos actos sociales, justamente los días
en que supuestamente estaba enfermo, lo cual desvirtúa su estado de incapacidad
física y permite concluir que se ausentó de las plenarias, defraudando la función
legislativa principal.

Sea lo primero señalar, que de acuerdo con el artículo 29 superior, las garantías del
debido proceso se relacionan con el derecho que tienen las personas a ser juzgadas
conforme a leyes preexistentes, ante el juez competente, y con plena observancia
de las formas propias de cada juicio. Bajo esta línea argumentativa, la Corte
Constitucional precisó:

Ahora bien, ¿Qué se entiende por formas propias de cada juicio? Pues son las reglas
-señaladas en la norma legal- que, de conformidad con la naturaleza de cada juicio,
determinan cada una de las etapas propias de un proceso y que, a su vez, se
constituyen en las garantías de defensa y de seguridad jurídica para los intervinientes
en el respectivo litigio. Esas reglas, como es lógico, deben ser establecidas única y
exclusivamente por el legislador, quien, consultando la justicia y el bien común, expide
las pautas a seguir -con fundamento en la cláusula general de competencia y,
generalmente, a través de códigos (Art. 150-2 C.P.)- dentro de cada proceso
judicial.77.

Así las cosas, el legislador goza de una amplia potestad de configuración normativa
en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias
de cada juicio, necesarios para la realización del derecho sustancial78. Ahora bien,
un elemento medular del proceso lo constituye la estructura probatoria del mismo,
que está integrado por los medios de prueba admisibles, la oportunidad procesal
para solicitarlas o aducirlas, la facultad oficiosa del juez, las reglas de admisibilidad
y la valoración probatoria. En tal sentido, conforme al principio de preclusión de la
prueba, las partes y los sujetos procesales, están facultados para aportar o solicitar
pruebas y contradecirlas en las oportunidades señaladas en la ley procesal, de
manera que toda prueba allegada por fuera de la oportunidad procesal, resulta
extemporánea y por ende inadmisible en el debate judicial.

A este respecto el artículo 164 del Código General del Proceso, dispone que «toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso», lo que significa que el juez debe valorar aquellas pruebas incorporadas
o practicadas en la oportunidad procesal y con las ritualidades que señale el

77 Corte Constitucional sentencias C-140 de 1995, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, citada en la sentencia C-496

de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
78 Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2002, MP. Álvaro Tafur Galvis.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

legislador procesal. Sobre este punto, el tratadista y profesor Hernán Fabio López
Blanco, señala:

Dentro de la misión de orden y garantía que se asigna al derecho procesal es este
un aspecto central, pues vulneraría el debido proceso por la dificultad o imposibilidad
de ejercitar el derecho de contradicción de las pruebas, el permitir su decreto o
aporte en cualquier ocasión, como en veces lo quieren abogados de conducta
perfunctoria que so pretexto de que prima el derecho sustancial sobre el procesal
tratan de solicitar o aportar pruebas cuando ya venció la ocasión para hacerlo79.

Ahora bien, en relación con el juicio de pérdida de investidura la Ley 1881 de 2018
definió las etapas y los términos de este proceso de naturaleza especial, y en los
artículos 5.º y 10.º señaló las «oportunidades probatorias» que garantizan el debido
proceso y el principio de igualdad de las partes.

En efecto, el artículo 5.º de la Ley 1881 de 2018, dispone:

Artículo 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un
ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:
(…)

d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;
(…)

Parágrafo 2. Cuando el solicitante pretenda hacer valer dentro del proceso una
prueba pericial, deberá aportar el dictamen con la solicitud.

A su turno, el artículo 10 de la ley ibidem, en punto de la oportunidad probatoria para
la parte accionada, señaló:

Artículo 10. El Congresista dispondrá de los cinco (5) días siguientes, contados a
partir de la fecha de la notificación, para referirse por escrito a lo expuesto en la
solicitud. Podrá aportar pruebas o pedir las que considere conducentes, en los
términos del artículo siguiente.

En el caso concreto, el juez de primera instancia, obrando en estricto acatamiento
de las normas procesales, esto es, el artículo 5.º de la Ley 1881 de 2018, resolvió
mediante auto de 10 de junio de 201980, rechazar por extemporánea la solicitud de
pruebas presentada el 4 de junio de 201981, por la señora Catherine Juvinao Clavijo,
relacionada con el cotejo de todos los documentos y manuscritos firmados por el

79 López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, DUPRE Editores Ltda., Bogotá, D. C.

Colombia, 2019, pág. 37.
80Folios 373 a 378 vuelto del cuaderno núm. 2 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 2 […]», pág. 252 a 263].
81 Folios 369 y 370 del cuaderno núm. 2 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 2 […]», pág. 247 a 248]. El escrito fue presentado por la accionante el 4 de junio
de 2019, con posterioridad a la oposición que hiciera el accionado quien aportó varias documentales, entre
ellas, 24 excusas médicas en original y sendas copias de las autorizaciones de retiro.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

personal médico y funcionarios del congreso para justificar las ausencias
imputadas, que allegó el congresista en su escrito de contestación. Adicionalmente,
agregó razonamientos relativos a los requisitos, conducencia y utilidad de la prueba.
Así razonó el magistrado sustanciador:

Frente a la solicitud de pruebas elevada el 4 de junio de 2019 por la señora Catherine
Juvinao Clavijo, el despacho la rechaza por extemporánea. La oportunidad procesal
de la parte actora para solicitar pruebas que pretende hacer valer en el proceso, es
la presentación de la demanda, la cual feneció el día 22 de abril de 2019. Además la
misma resulta improcedente, puesto que la solicitud se refiere al cotejo en abstracto
frente a todos los medios probatorios, sin indicar el propósito de la misma, de donde
se podría decir que se trata de desvirtuar las justificaciones de inasistencia
presentadas en la contestación de la demanda, pero ello por sí solo es insuficiente,
pues no se refiere concretamente a alguna de ellas, ni tampoco brinda las razones
para ponerlas en tela de juicio o desvirtuar la presunción de autenticidad que las
cobija. La solicitud de cotejo resulta inconducente, en tanto no indica las letras o
firmas que deben ser cotejados, las razones para ello, ni tampoco se establece frente
a cuáles otros medios o documentos deban ser comparados ni en donde reposan los
mismos. Tampoco resulta claro si se cuestiona su autenticidad o su veracidad, es así
como no se cuenta con elementos necesarios y suficientes para determinar el alcance
y objeto de la prueba solicitada, pues no se indicó nada referente a sus elementos
intrínsecos o extrínsecos. El decreto del cotejo no es automático, sino que obedece a
que su petición y decreto sea oportuna, necesaria, pertinente y útil, lo cual no se
observa en la solicitud y por ende carece de objeto, a la luz de la Ley 1437 de 2011.

Posteriormente, mediante auto de 26 de junio de 201982, entre otros asuntos, se
resolvió el recurso de reposición presentado por la parte actora contra la negativa
de la prueba de cotejo de documentos, confirmando la decisión por las mismas
razones de extemporaneidad. A su turno, por auto de 11 de septiembre de 201983
el magistrado ponente de la Sala Plena, declaró improcedente el recurso de
apelación conforme al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, sin la modificación
introducida por la ley 2080 de 2021, que establecía que contra el auto que deniega
la práctica de una prueba no procede apelación.

De otro lado, el 16 de octubre de 201984, al descorrer el traslado de las pruebas
aportadas por el convocado con su escrito de oposición y para efectos de su
contradicción, la parte actora insistió en la solicitud del cotejo de sellos y firmas;
además, tachó de falsos los documentos aportados y solicitó una prueba de
«datación de tintas», como peritaje forense para determinar la antigüedad de las
tintas en el documento original. Además, para controvertir las documentales que
allegó el exrepresentante, trajo varias impresiones consignadas en su memorial, de
la cuenta personal de Twitter e Instagram del congresista, que evidencia algunas

82 Folios 530 a 544 vuelto del cuaderno núm. 3 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 3 […]», pág. 196 a 225].
83 Folios 206 a 213 del cuaderno anexo núm. 4 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, «[…]

ANEXO 4 […]», pág. 233 a 247], también se puede consultar directamente el radicado 2019-01599-01.
84 Folios 811 a 892 del cuaderno núm. 5 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 5 […]», pág. 52 a 215].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

actividades del parlamentario, en los días en que estuvo ausente por excusa
médica, con las que pretendía desmentir las incapacidades médicas y las
autorizaciones de permiso.

En punto a la tacha de falsedad, mediante auto de 7 de febrero de 2020 85, el
magistrado sustanciador consideró que la figura procedente para desconocer la
autoría de los documentos aportados por terceros, no era la tacha de falsedad sino
el «desconocimiento del documento», de conformidad con los artículos 269 y 272
del CGP; en consecuencia, adecúo la petición de la actora a este mecanismo de
contradicción documental. Sin embargo, también acotó que en el marco del
desconocimiento documental no es posible corregir, reforzar o reencauzar la carga
probatoria que las partes, razón por la cual, negó la aplicación de la datación de
tintas.

En lo que tiene que ver con las imágenes tomadas de la red social del congresista,
indicó que dichas pruebas tampoco podían ser incorporadas al proceso, porque el
trámite del desconocimiento documental solo sirve para desvirtuar su autenticidad
más no para evidenciar que lo que se registra es contrario a la verdad. De suerte
que para determinar la falsedad ideológica de un documento debe examinarse en
conjunto todas las demás pruebas obrantes en el expediente y que fueron
solicitadas o aportadas de manera oportuna. Además, porque el traslado de las
pruebas no puede entenderse como una oportunidad para complementar o
incorporar nuevas pruebas al proceso.

Finalmente, el 5 de noviembre de 202086, la accionante, cuando ya se había fijado
fecha para la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881, solicitó
que se tuviera como prueba un Informe de laboratorio sobre pericia grafotécnica y
documentológica con membrete «Grafólogos Bogotá Servicio Especializado de
peritos desde 1995» suscrito por un perito especialista en Ciencias Forenses, que
ella acompañó en esa oportunidad, en el que se registra como fecha de elaboración
el 30 de octubre de 2020. Esta prueba fue nuevamente negada por medio de auto
de 23 de noviembre de 202087 en el cual, se dispuso estarse a lo resuelto en el auto
de 7 de febrero de 2020.

Como se puede observar, el magistrado ponente, se sujetó a las normas sobre
oportunidad procesal para la solicitar y aportar pruebas en el juicio de pérdida de
investidura, que están señaladas en los artículos 5.º y 10.º de la Ley 1881 de 2018,
de conformidad con los cuales, para el convocante, esta oportunidad es con el
escrito introductorio y para el convocado, con el escrito de oposición.

85 Folios 998 a 1013 del cuaderno núm. 6 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento

.pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 6 […]», pág. 3 a 34].
86 Radicado 2019-01599-00, índice 254 de SAMAI.
87 Radicado 2019-01599-00, índice 265 de SAMAI.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

De otra parte, la «tacha de falsedad» formulada por la accionante contra los
documentos aportados por el congresista, como bien lo señaló el a quo, no era
procedente, habida cuenta que de conformidad con el artículo 269 del CGP, esta
figura de oposición documental, no sirve para controvertir la veracidad sino la
autenticidad de los documentos. En tal sentido, un documento es auténtico cuando
existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando
existe certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento, en original
o en copia, elaborados, firmados o manuscritos; además, de los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, según lo dispone el artículo 244 del CGP, y
esta autenticidad se presume en los documentos públicos y privados emanados de
las partes o de terceros, pero puede ser desvirtuada a través de la tacha de
falsedad, respecto de los documentos emanados por la parte a quien se le atribuye
su autoría.

Sin embargo, la tacha de falsedad solo procede respecto de la falsedad material y
no de la ideológica. La primera se presenta cuando se le hacen adulteraciones,
cambios, o supresiones al documento y la segunda, llamada ideológica o intelectual,
ocurre cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la
realidad. Así, entonces, como quiera que la accionante lo que pretendía era
demostrar que las certificaciones médicas y las autorizaciones del presidente de la
Cámara no correspondían a la realidad, dado que, según afirma en el recurso de
apelación, existía una completa relación de evidencias documentales extraídas de
las redes sociales del congresista David Barguil (Twitter e Instagram), en las que se
observa al legislador en perfecto estado de salud, asistiendo a una diversidad de
eventos sociales, es claro que las disposiciones de regulan la figura de la tacha de
falsedad no la hacen procedente para este propósito, por lo que la Sala concluye
que la actuación procesal se sujetó al procedimiento previsto en la ley.

De otra parte, tampoco se evidencia un «desbalance» por la forma como se reguló
en la ley la oportunidad para aportar o solicitar la práctica de pruebas en el juicio de
pérdida de investidura, pues, en todo caso, existe el derecho de contradicción de la
prueba, que supone, entre otras cosas, que de todo documento incorporado al
proceso debe corrérsele traslado a la contraparte para que lo pueda controvertir,
bien mediante «la tacha de falsedad» o el «desconocimiento del documento»,
figuras que comparten la limitación aquí narrada, esto es, que no sirven para debatir
la falsedad ideológica sino la autenticidad del documento, según lo disponen los
artículos 269 y 272 del CGP, y tampoco están instituidas para reabrir las
oportunidades probatorias, mejorar la prueba o reforzar las allegadas
oportunamente. En el presente caso, se garantizó plenamente la contradicción de
la prueba, por cuanto en el auto de 10 de junio de 2019, el magistrado ponente
ordenó el traslado de las pruebas decretadas, entre ellas los documentos aducidos,
por el término común de tres (3) días de acuerdo con el artículo 110 del CGP; el

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

traslado se surtió mediante fijación en lista el 16 de septiembre de 2019 88; y, el 10
de octubre de 2019 el magistrado sustanciador amplió por una única vez dicho
término a cinco (5) días89. Así entonces, se desvirtúa lo afirmado por la recurrente,
al indicar que se le impidió «criticar» las pruebas por motivos de extemporaneidad.

Resuelto este aspecto del recurso, seguidamente procede la Sala a valorar el
informe de laboratorio sobre pericia grafotécnica y documentológica suscrito por el
perito Richard Poveda Daza y el informe del investigador de Laboratorio de
Informática Forense relacionados con las excusas médicas, los permisos de retiro
y las publicaciones en redes sociales del congresista David Barguil, los cuales
fueron incorporadas al proceso en el trámite de la segunda instancia, con
fundamento en el numeral 2.º del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo
53 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto del 20 de mayo de 202290, suscrito por
el magistrado ponente, como prueba documental y no como dictamen pericial, en
tanto no cumplían con los requisitos mínimos legales señalados en el artículo 226
del CGP91, exigencias que deben dar cuenta de tres aspectos: los fundamentos, la
imparcialidad y la idoneidad de quien lo elaboró. En efecto, en relación con el
informe de laboratorio sobre pericia grafotécnica y documentológica suscrito por el
perito Richard Poveda Daza, respecto del cual consta en el índice 254 de SAMAI
un documento anexo signado por el mismo perito en el que indica, entre otros
aspectos, los estudios realizados y las publicaciones elaboradas, en criterio del
magistrado sustanciador, dicho anexo no cumplía con los requisitos señalados en

88 Folio 751 del cuaderno núm. 4 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf «[…]

CUADERNO PRINCIPAL 4 […]», pág.226].
89 Folios 796 y 797 del cuaderno núm. 5 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf

«[…] CUADERNO PRINCIPAL 3 […]», pág. 196 a 225].
90 Radicado 2019-01599-02, índice 5, confirmado en auto de 19 de septiembre de 2022, índice de 15 de SAMAI.
91 […]

El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:
1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.
2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización
del perito.
3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su
elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos
y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.
4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos
diez (10) años, si las tuviere.
5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración
de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde
se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el
dictamen.
6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la
parte, indicando el objeto del dictamen.
7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.
8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de
los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En
caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de
aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar
la justificación de la variación.
10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

los numerales 3.º, 6.º, 7.º, y 8.º del artículo 226 del CGP. A su vez, el informe del
investigador de Laboratorio de Informática Forense no contenía las declaraciones e
informes de que tratan los numerales 4.º a 9.º del citado artículo, como tampoco
elementos que acreditaran la experticia e idoneidad del perito, de acuerdo con lo
requerido en el numeral 3.º ejusdem.

1.Informe de Investigador de Laboratorio de Informática Forense

Se trata de un documento en el que se analizan 78 capturas de pantalla –imágenes
forenses- que visualizan publicaciones realizadas en el perfil de Twitter –
«@davidbarguil» e Instagram, en distintas fechas. En la página 109, numeral 11.2
del capítulo «Interpretación de resultados», se consignó lo siguiente:

Las descripciones contentivas en el numeral décimo del presente INFORME DE
INVESTIGADOR DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE, deben
interpretarse de manera descriptiva mas no concluyente, lo único concluyente al
respecto es la real existencia de dichas publicaciones para la fecha de la extracción
y obtención de imágenes forenses, así como las fechas indicadas.

Como se advierte, la prueba no aporta elementos frente al objeto que se pretende
demostrar, en tanto, es un documento simplemente descriptivo e ilustrativo, como
en el mismo texto lo concluye quien lo suscribe, que visualiza 78 imágenes forenses
[copias espejo] obtenidas de la red social plataforma www.twitter.com, que muestran
unas publicaciones específicas realizadas en los meses: agosto a diciembre de
2014; marzo a junio de 2015; abril a junio y agosto a noviembre de 2016; y, marzo,
abril, y agosto a diciembre de 2017, cada una de ellas con un texto de análisis en el
que se lee –a manera de ilustración-:

10.2.- CAPTURA DE PANTALLA No. 2: Se visualiza publicación realizada por parte
del perfil con el Nick name “La voz del pueblo @coneolavozdelpu”, dicha publicación
se realizó el 12 de diciembre de 2017 a las 3:31 p.m en la cual hacen mención al
señor DAVID BARGUIL […].

10.78.-CAPTURA DE PANTALLA No. 78: Se observa lo que al parecer es
publicación realizada en el perfil de Twitter correspondiente al Nick name «DAVID
BARGUIL @davidbarguil» en la cual informa que al parecer estará en un debate.
Dicha publicación se realizó el 6 de agosto de 2014 a las 4:02P.M […]

De manera que, la recurrente, con vista en las imágenes que registran esas
publicaciones, las cuales insertó en el anexo al recurso de apelación, está basada
en inferencias meramente subjetivas, - como por ejemplo, afirmar que el accionado
pese a que se retiró de las plenarias con excusa, según las publicaciones en las
redes, «nunca estuvo incapacitado» porque se ve «en perfectas condiciones de
salud» y «continuó con su agenda»-, con lo cual pretende restarle eficacia
probatoria a las incapacidades médicas y a los permisos concedidos al
exparlamentario Barguil Assís.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Ahora, si bien es cierto que algunas imágenes muestran al congresista, según su
perfil personal en Twitter que, por ejemplo 2 horas antes del permiso por
incapacidad por razones de salud, el día 30 de septiembre de 2014, estaba en una
mesa de trabajo, como se observa en la dirección web que se inserta en la imagen:
https://twitter.com/davidbarguil/status/517009803437408256 o anuncia en un tuit92,
el día 1 de octubre de 2014, que está en un medio de comunicación, ello por sí solo
no descalifica el dictamen que emite el profesional de medicina, pues, nada obsta
para que este congresista atendiera dichas entrevistas o compromisos, pese a su
estado de salud.

En este orden, las ausencias o retiros en las sesiones plenarias del 6 de agosto, 30
de septiembre, 7 de octubre y 5 de noviembre de 2014 [periodo del 20 de julio al
16 de diciembre de 2014]; 18 de marzo, 6 de mayo, 2 y 3 de junio de 2015 [periodo
del 16 de marzo al 20 de junio de 2015]; 26 de abril y 17 de mayo de 2016 [periodo
del 16 de marzo al 20 de junio de 2016]; 2 de agosto, 13 de septiembre y 5 de
octubre de 2016 [periodo del 20 de julio a diciembre de 2016]; 3 de abril de 2017
[periodo de 16 de marzo a 20 de junio de 2017]; 2 y 30 de agosto; 26 de septiembre;
14 ,15 ,16 y 20 de noviembre de 2017, y 12 de diciembre de 2017 [periodo del 20
de julio al 16 de diciembre de 2017], las cuales fueron contrastadas por la recurrente
mediante las imágenes o las publicaciones en las redes sociales, no pueden ser
desestimadas por este juez de segunda de instancia, habida cuenta que cuentan
con la correspondiente excusa justificada.

2. Informe de laboratorio sobre pericia grafotécnica y documentológica
suscrito por el perito Richard Poveda Daza.

El documento contiene un estudio rendido «sobre dos (2) oficios dirigidos a la Mesa
Directiva Cámara de Representantes, de fechas agosto 30 y noviembre 23 de 2016,
a folios 209 y 215, aportados en copias simples y veinticuatro (24) Certificados de
Incapacidades Médicas, con fechas de expedición comprendidas entre el 2014- 8 –
6 al 2017-12-14 expedidos a nombre de DAVID BARGUIL ASSIS, obrantes a folios
345 al 368 [del expediente]», en el que se indica:

Desde el punto de vista pericial estos casos de confección de documentos en un
mismo momento gráfico pese a tener fechas distantes son de difícil comprobación
y puede acudirse a otros documentos similares (otros certificados de incapacidad)
para determinar si esas características suelen ser comunes en todos los casos o
solo para estos documentos concretamente.

92«Tuit. Del ingl. Tweet. 1.m. Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter y que no puede

rebasar un número limitado de caracteres». RAE: https://dle.rae.es/tuit .

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

CONCLUSIÓN: Con base en el análisis anterior y de acuerdo con las técnicas y
métodos utilizados conforme al material aportado para cotejo se concluye de
manera preliminar lo siguiente:

PRIMERO: Las firmas atribuidas al Dr. JAIME ARMANDO YEPES MARTÍNEZ,
observadas en los oficios de fechas: agosto 30 y noviembre 23 de 2016,
constitutivos de los folios 209 y 215 respectivamente, NO SE IDENTIFICARON o
corresponden con la gesticulación gráfica o firma habitual de JAIME ARMANDO
YEPES MARTÍNEZ.

SEGUNDO: Existe una alta probabilidad que el diligenciamiento de los Veinticuatro
(24) Certificados de las Incapacidades Médicas en estudio, se hallan (sic) realizado
con un elemento escritor (bolígrafo o lapicero) que contenga tinta de similares
características, por lo cual para establecer si fue un mismo útil escritor se sugiere la
realización de experticias físico químicas y análisis de tintas, que pueden ser
adelantadas en los Laboratorios del CTI o Medicina Legal en donde cuentan con los
equipos necesarios para adelantar la labor.

No existe en el país metodología estandarizada de trabajo para determinar la
antigüedad de las tintas y establecer si unas corresponden al año 2014 y otras al
2017 […].

Pues bien, frente a lo anterior, esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
concluye que no hay certeza, ni resultan definitivas las apreciaciones contenidas en
el documento, como se lee en el mismo texto. Respecto de los permisos autorizados
por el congresista Jaime Armando Yepes Martínez el 30 de agosto y 23 de
noviembre de 2016, sobre los cuales se afirma que «no se identificaron o
corresponden con la gesticulación gráfica o firma habitual» del mencionado
congresista en su calidad de presidente, el a quo, desestimó el documento del 30
de agosto, además porque el congresista Yepes Martínez, en un primer momento
dudó de su autoría y luego se retractó y reconoció su firma. Así lo indicó en el
proveído, cuando señaló:

[C]arece de valor probatorio, toda vez que el Congresista Jaime Armando Yepes,
quien para la época de los hechos fungía como Vicepresidente de la Cámara no
reconoció su firma en la audiencia realizada el 8 de octubre de 202093. Sin embargo,
en el expediente obra certificación expedida por el Secretario de la Cámara de
Representantes en el que indica que el demandado se encontraba en la situación
de retiro con permiso94, así como documento expedido por el médico del Congreso
en el que consta que se concedió incapacidad por el término de un día95.

Así las cosas, el juez de instancia mantuvo como justificada la ausencia del
congresista a la sesión del 30 de agosto de 2016, lo que, en opinión de esta Sala
Plena Contenciosa, resulta acertado, pues, bajo los principios de la sana crítica y
persuasión racional, no puede desconocerse que en el expediente obran otras

93 Se advierte que mediante memorial visible a índice 246 de SAMAI, el Congresista se retractó de dicha

afirmación e indicó que sí reconocía su firma.
94 Folios 456 y 604 del expediente.
95 Folio 359 del expediente.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

pruebas como la certificación expedida por el secretario de la Cámara de
Representantes [Fls. 456 y 604], y la incapacidad que autorizó el médico del
Congreso [F. 359], por lo cual se encontró acreditada la excusa por retiro del
exparlamentario Barguil Assís a la sesión plenaria del 30 de agosto de 2016.

Ahora bien, en relación con la sesión de 23 de noviembre de 2016, frente a la cual
existe solicitud de permiso, cuya copia consta en el folio 215 del expediente dirigida
a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para atender «temas con su
salud», se tiene que la firma de este documento fue reconocida por el parlamentario
Jaime Armando Yepes Martínez, quien fungía como presidente de la Cámara para
aquel entonces, en diligencia llevada a cabo el 8 de octubre de 2020, al manifestar
expresamente con vista en los folios 215 del cuaderno principal y 37 del anexo 2,
que esta es la «firma abreviada» que utiliza, es decir, el visto bueno consignado en
la solicitud de permiso es de su autoría, tal y como en efecto, lo ha constatado esta
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el respectivo link de enlace de la
diligencia96, lo cual despeja todo asomo de duda en relación con la autenticidad del
documento.

Además, esta prueba se valoró en conjunto con la certificación expedida por el
secretario general de la Cámara, según la cual, el señor Barguil Assís, para esa
sesión, el congresista se retiró con permiso [Fls. 456 y 604], e igualmente con la
incapacidad expedida por el médico Congreso para esa misma fecha [Fl. 363]. Por
lo tanto, se comparte la valoración efectuada por el juez de primer grado, en el
sentido de encontrarla justificada, contrario a lo sostenido por la accionante.

De otro lado, frente a las 24 excusas médicas el informe forense tampoco es
conclusivo en la medida en que se trata de un «informe preliminar» que refiere a
una «alta probabilidad» de que el diligenciamiento de los documentos se haya
realizado con un mismo elemento escritor y con una misma tinta, pero sin que ello
arroje una conclusión absoluta. Además, en el mismo documento se pone de
presente la dificultad que demanda la comprobación en la «confección de
documentos en un mismo momento gráfico pese a tener fechas distantes», para lo
cual se propone acudir a otras pruebas como experticias físico-químicas y análisis
de tintas, lo que denota una falta de contundencia en el medio de prueba que
conlleve a la plena convicción del fallador sobre el hecho que se pretende
demostrar.

Finalmente, respecto del informe de objeción a cargo de «FORENSYS LAW
CORP.SOLUCIONES FORENSES LEGALES», el cual fue aportado por el
denunciado David Alejandro Barguil Assís dentro del proceso penal adelantado en

96 Índice 245 de SAMAI.

Url:https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/5318e343-7a40-4d82-a98d-4f89f01c44a2?vcpubtoken=d8e304fd-8760-423b-
93b1-b33683a47da6

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

su contra por la Corte Suprema de Justicia, y que fue incorporado como prueba
documental en el trámite de la segunda instancia, se advierte que este documento
contiene un informe y valoración técnica sobre el «Informe de Laboratorio sobre
Pericia Grafotécnica y Documentológica» realizado por el perito Richard Poveda
Daza, que evidencia conclusiones que restan mérito probatorio al mencionado
informe del perito Poveda.

En resumen, en el citado documento se consignan, entre otras conclusiones, sobre
el informe suscrito por el señor Richard Poveda: i) que no cumple con los requisitos
legales para valorarla como prueba pericial; (ii) que existe una insuficiencia e
inexactitud del método utilizado; (iii) que la conclusión no es clara ni precisa dado
que indica una «alta probabilidad» de que el diligenciamiento de los veinticuatro (24)
certificados de incapacidades se hayan realizado con y elemento escritor que
contenga tinta de similares características, pero a continuación hace una corrección
al indicar que para establecer si fue un mismo útil escritor se deben realizar
experticias físico-químicas y análisis de tintas, y que no existe en el país
metodología estandarizada para determinar la antigüedad de las tintas, es decir, el
concepto es ambiguo y contradictorio; (iv) el informe documentológico examinado
no contiene gráficas, imágenes, placas fotográficas o semejantes, que comprueben,
ilustren, enseñen y documenten las supuestas características comunes en cuanto
a la reacción espectral de los veinticuatro (24) certificados de incapacidad médica
cuando fueron sometidos a valoración bajo luz ultra violeta e infrarroja; v) el experto
forense no ilustra ni enseña o grafica comparaciones, confrontaciones o cotejos de
un documento frente a otro y entre sí, para demostrar y comprobar las supuestas
similitudes de respuesta espectral.

Así las cosas, este documento corrobora el análisis efectuado por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo en punto al Informe de Laboratorio sobre Pericia
Grafotécnica y Documentológica, en la medida en que su contenido no resulta
conclusivo ni aporta elementos que desvirtúen la autenticidad del permiso otorgado
por el presidente de la Cámara de Representantes el 23 de noviembre de 2016, así
como de las 24 incapacidades médicas suscritas por el médico del Congreso.

Por último, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,
mediante Oficio 09104 del 1.º de noviembre de 202297, envió los cuadernos de
copias del expediente judicial –con carácter reservado– identificado con el número
de radicado 11001-02-47-000-2021-00015-00 (00376). Dentro de las piezas
procesales allegadas se aportó la decisión de enero 20 de 2022 por medio de la
cual la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se inhibió de
abrir investigación formal contra el señor David Alejandro Barguil Assís por la

97 Radicado 2019-01599-02, índice 34 [Se precisa que la actuación que contiene el expediente remitido,
actualmente, tiene el Estado de «CONFIDENCIAL», en virtud de lo dispuesto en el auto de 4 de noviembre de
2022, índice 37 de SAMAI del mismo radicado].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal
y determinación del falso testimonio, atribuidos en la denuncia de Catherine Juvinao
Clavijo.

La Corte Suprema de Justicia al analizar la materialidad de la conducta denunciada,
señaló, entre otros argumentos, los siguientes: 1) que existió falta de seriedad y de
fundamentos técnicos del «informe preliminar» de grafología que aportó junto con
la noticia criminal para fundamentar sus acusaciones; 2) que quedaron reducidas a
meras suspicacias y especulaciones los señalamientos de la denunciante en el
sentido de que les fueron falsificadas las firmas a los dignatarios de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes que signaron los permisos al señor David
Alejandro Barguil Assís durante el periodo constitucional 2014 a 2018; esas firmas
impuestas en las autorizaciones otorgadas al congresista Barguil Assís para
retirarse de las sesiones, fueron reconocidas como propias por sus signatarios; 3)
que las incapacidades transcritas o emitidas por el médico Saab Hernández «se
expidieron en la fecha consignada en cada uno de los documentos», es decir, «no
lo fueron en un único momento o data»; 4) que los padecimientos o quebrantos de
salud a los que aluden las incapacidades son ciertos, afirmación que desmiente lo
dicho por la denunciante en cuanto que se elaboraron de forma artificiosa para
justificar espuriamente las ausencias o retiro de las plenarias del señor David
Alejandro Barguil Assís con la finalidad de evitar que prosperara la acción de pérdida
de investidura impetrada; 5) que la denunciante le confiere un alcance a las noticias
o comentarios divulgados en las redes sociales del aforado que no tienen, porque
«las publicaciones prueban, en estricto sentido, el pronunciamiento y la carga de
una imagen o video, empero, de ella no es posible deducir, per se, sin ninguna otra
posibilidad y alternativa […] que el contenido audiovisual tiene ocurrencia en ese
mismo instante»; 6) que las conductas punibles denunciadas son inexistentes.

Así las cosas, para la Sala, las excusas médicas y las autorizaciones de retiro son
demostrativas de la causa que justificó válidamente la inasistencia del accionado en
cada una de las respectivas plenarias, de tal manera que, el argumento que alega
la accionante para desmentir su veracidad, carece de sustento probatorio y no va
más allá de una mera afirmación especulativa con la que pretende desmentir el
estado de salud del convocado.

En este orden de ideas, es claro que, la apelante no logró desvirtuar el mérito
probatorio de las excusas presentadas por el exparlamentario para justificar su
ausencia a las sesiones plenarias cuestionadas.

3.3.2.2. Segundo cargo: Indebida valoración probatoria sobre las excusas por
inasistencia del accionado

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Con vista en el cuadro que se aportó como anexo al escrito de apelación, la Sala
observa que la señora Catherine Juvinao manifestó razones de inconformidad frente
al criterio de valoración probatoria del a quo en relación con las inasistencias del
convocado en las siguientes sesiones plenarias:

Periodo de sesiones Inasistencias en las que se controvierte la valoración
probatoria
20 de julio al 16 de diciembre de 2014 Dos (2)
Sesiones plenarias de 12 de agosto y 14 de octubre de
2014.
16 de marzo al 20 de junio de 2015 Tres (3)
Sesiones plenarias de 22 de abril; 6 y 26 de mayo de 2015.
16 de marzo al 20 de junio de 2016 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 13 de abril, 25 y 31 de mayo, y 14
de junio de 2016.
20 de julio al 16 de diciembre de 2016 Seis (6)
Sesiones plenarias de 9 y 30 de agosto, 10 de octubre, 23
de noviembre, 13 y 14 de diciembre de 2016.
16 de marzo al 20 de junio de 2017 Tres (3)
Sesiones plenarias de 21 y 22 de marzo, 3 y 18 de abril y
16 de junio de 2017.
20 de julio al 16 de diciembre de 2017 Cuatro (4)
Sesiones plenarias de 29 de agosto, 12 de septiembre, 23
de noviembre y 14 de diciembre de 2017.

A continuación, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, procede a resolver
los motivos censura que alega la apelante principal frente a cada una de las
plenarias, de la siguiente manera:

• Sesión del 14 de octubre de 201498

La recurrente aduce que el accionado no aportó permiso de retiro ni justificación
alguna de su inasistencia, pues hay prueba de que el congresista atendió el llamado
a lista y posteriormente abandonó la sesión.

Para la Sala Especial de Decisión, de la información de la gaceta se desprende, sin
lugar a dudas, que el demandado sí asistió a la plenaria y que estaba presente en
la sesión, al menos hasta que el presidente de la Cámara de Representantes
preguntó si se declaraba reservada la sesión para resolver un tema relacionado con
la comisión de acusaciones; así lo evidencia el saludo que le fue extendido. El
registro de asistencia y la manifestación del presidente de la Cámara que reconoce
la presencia del representante Barguil en la plenaria, permitieron a la Sala Especial
inferir que sí estaba presente cuando la sesión se desarrolló.

Pues bien, al revisar la Gaceta 766 de 27 de noviembre de 2014, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo advierte lo siguiente: i) el congresista responde el
llamado a lista a las 15:38:54 horas [pág. 3], luego de que iniciara la sesión a las

98 Gaceta N.º 766 de 27 de noviembre de 2014.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

3:32 p. m. [pág. 2]; ii) según consta en la página 11 de la gaceta, en desarrollo de
la sesión, el presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Raúl Amín Sáleme,
manifestó: «[u]n saludo muy especial de bienvenida al Presidente del Partido
Conservador, al doctor David Barguil, quien nos acompaña hoy en la Plenaria.
Doctor Barguil, le deseo todos los éxitos mañana en el inicio de retiro espiritual que
convoca a la fuerza que decide. Vamos a votar, abrimos registro. Señores miembros
de la Plenaria, les pregunto si nos declaramos en sesión reservada»; iii) el
congresista no intervino en las deliberaciones ni en la votación nominal del proyecto
de ley en la sesión.

Bajo este contexto, para la Sala existe prueba de la asistencia del exparlamentario
a la sesión, pues así lo demuestra el saludo que, en el desarrollo de la plenaria, le
presentó el presidente de la Cámara de Representantes, al momento de declarar la
sesión reservada y abrir el registro de votación, tal y como quedó consignado en el
acta. En este punto, es importante recordar, que de acuerdo con el artículo 126 de
la Ley 5.ª de 1992 «Ningún Senador o Representante podrá retirarse del recinto
legislativo cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación».

Por otra parte, si bien es cierto que el accionado no votó el proyecto de ley en la
sesión, la omisión a este deber no configura la causal de pérdida de investidura
prevista en el artículo 183.2 constitucional, pues como lo ha señalado esta Sala «el
votar es un elemento del tipo, mas no el verbo rector de la conducta sancionada»99.
En otras palabras «como la causal de desinvestidura está determinada por la
inasistencia del congresista a la plenaria y no por la falta de votación, es posible que
se pruebe que el congresista estuvo presente en la sesión y, a pesar de ello, no
votó»100. En este caso, el convocado se abstuvo de votar, no obstante, el acta de
la respectiva sesión, da cuenta de su presencia, por lo que, independientemente de
las razones por las que no votó, no quedó demostrada su inasistencia a la plenaria.

• Sesión del 6 de mayo de 2015101

La recurrente plantea la inconformidad bajo el argumento de que el congresista no
podía abstenerse de votar el Plan Nacional de Desarrollo, pues ello es ilegal, en la
medida en que los parlamentarios solo pueden abstenerse de votar «vía
impedimento, objeción de conciencia o decisión de bancada».

99 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de septiembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02, MP. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido, en
sentencia de 7 de mayo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02332-01, MP. Julio Roberto Piza
Rodríguez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ya había tenido oportunidad de pronunciarse en el
sentido de señalar, que la conducta de «no votar» no es constitutiva de la causal. Si bien votar es indicativo de
asistencia, el no votar no necesariamente indica ausencia, toda vez que la asistencia del congresista podría
verificarse mediante la constatación de la presencia en la plenaria, sin perjuicio, de que pueda probarse lo
contrario.
100 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de junio de 2018,

radicación: 11001-03-15-000-2018-00318-01 MP. Guillermo Sánchez Luque.
101 Gaceta N.º 564 de 5 de agosto de 2015.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

La Sala Especial de Decisión señaló, que a folio 418 del expediente consta el video
contentivo de esta sesión, con una duración de 7 horas aproximadamente y se
observa la aparición del accionado a las 1:18 ,1:19 y 1:26 horas. A la 1:18:15
aparece en primer plano y en la parte inferior izquierda de la imagen la cara del
representante Barguil, mientras al fondo se escucha la voz del secretario dando
lectura al informe de conciliación del proyecto de ley que se votaría. Para el a quo
el señor Barguil Assís sí asistió a la sesión plenaria del 6 de mayo de 2015 pues el
video lo ubica allí cuando se estaba desarrollando la sesión. Se indica que la
conducta reprochada en la causal 2.ª del artículo 183 superior es el ausentismo y
no la abstención de votar, por lo que, contrario a lo afirmado por la actora, el hecho
de no votar no se traduce en inasistencia.

En este orden, la Sala Plena contenciosa pudo establecer que según consta en la
Gaceta 564 de 5 de agosto de 2015, el congresista respondió el llamado a lista a
través de registro electrónico a las 14:43:33 [pág. 4], antes del inicio de la sesión a
las 3:57 p. m. [pág.2]. Ahora bien, el video de la sesión [Fl. 178-181], que según el
artículo 243 del CGP es una prueba documental que se presume auténtica, en tanto
no fue desconocida dentro del proceso, da cuenta, efectivamente de la presencia
del exparlamentario en la plenaria de la sesión en los precisos momentos
registrados por el a quo. No obstante, para la presente sesión consta en el folio 19
del cuaderno Anexo núm. 4 (temporal) la solicitud de permiso para retirarse de la
plenaria suscrita por el accionado, con fecha de recepción de 6 de mayo de 2015 y
el visto bueno del presidente de la Cámara. El permiso lo solicitó para ausentarse
del recinto de sesiones «en razón a la decisión de abstenerse de participar en la
votación del Plan Nacional de Desarrollo». Igualmente, el secretario general de la
Cámara certificó mediante oficio S.G.2.1011/2019 que para la sesión de 6 de mayo
de 2015 el representante Barguil Assís se ausentó con «Permiso de retiro» [Fl.456].

Así las cosas, para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la ausencia del
exparlamentario durante esta plenaria está justificada de acuerdo con lo previsto en
el artículo 90.3 de la Ley 5.ª de 1992, por la autorización del presidente de la Cámara
de Representantes para el retiro del recinto legislativo.

Ahora bien, la apelante sustenta su inconformidad en que el accionado no podía
abstenerse de votar, argumento el cual no es de recibo en el análisis de la causal
de pérdida de investidura por ausencia parlamentaria, pues se recuerda que, si bien
la locución «inasistencia» está relacionada estrechamente con el momento de la
votación, el hecho de votar no constituye el verbo rector de la causal, sino uno de
sus elementos, de ahí que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la corporación,
la causal del artículo 183.2 superior se configura por la inasistencia del congresista
a la plenaria, y no por la falta de votación.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

• Sesión del 9 de agosto de 2016102

En esta oportunidad, la recurrente aduce que «el congresista abandonó la plenaria
sin aportar ningún permiso ni excusa médica».

La Sala Especial de Decisión consideró que, según consta en la gaceta, el
convocado sí asistió a la sesión toda vez que el presidente de la Cámara señaló
que el representante se encontraba en la plenaria y que proponía reabrir el debate
del proyecto de ley del que era ponente PL 164 de 2015103 [pág. 43]. Lo anterior,
para el a quo, se corrobora al analizar el video contentivo de esta sesión [Fl. 181]
en el que a la hora 3:28:04 a 3:28:29 se observa en primer plano al demandado
saludando a la mesa directiva, y luego reaparece a la hora 3:29:10 hasta que el
presidente de la Cámara señala que el señor Barguil Assís se encuentra presente
en el recinto.

Para la Sala Plena contenciosa, obra la Gaceta 814 de 30 de septiembre de 2016
en donde consta la siguiente intervención del presidente de la Cámara de
Representantes [pág. 43]:

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, la Secretaría me informa
que en el proyecto que está en el número 4, el Proyecto de Ley número 164 que
había sido aplazado porque el ponente el Representante David Barguil no estaba
en el recinto en este momento está presente, le pregunto a la Plenaria que está
proponiendo el Representante David Barguil que se reabra la discusión de este
proyecto, del punto 4 le pregunto a la Plenaria, la proposición es reabrir la discusión
del proyecto de ley que se encuentra en el numeral 4 del Orden del Día.

Esta misma intervención quedó registrada en la hora 3:29:56 de la sesión tal y como
se evidencia en el video, en el que, de igual manera se observa la presencia del
exparlamentario en los momentos consignados por el a quo104.

Así las cosas, para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo queda claro que:
i) el excongresista atendió el llamado a lista por registro electrónico a las 06:16:45
[pág. 4 Gaceta 814], luego de que iniciara la sesión a las 02:45 p. m. [pág. 3]; ii) en
desarrollo de la sesión, el presidente de la Cámara de Representantes expresa que
el exrepresentante no se encontraba en el recinto y, al presentarse en el lugar,
procede a preguntar a la plenaria si se reabre la discusión del Proyecto de Ley núm.
164 del cual es ponente el representante Barguil Assís; iii) el congresista no

102 Gaceta N.º 814 de 30 de septiembre de 2016.
103 «Por medio de la cual se establece un límite al incremento anual del Impuesto Predial Unificado producto de

actualizaciones catastrales y se dictan otras disposiciones».
104 Los folios en físico del expediente [F.], así como archivos .mp4 contentivos de los videos de las sesiones

plenarias, pueden consultarse en el índice 211 «EXPEDIENTE DIGITAL» del trámite de primera instancia de
SAMA con el radicado 11001-03-15-000-2019-01599-00.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

intervino en las deliberaciones ni en la votación nominal de la ponencia del PL 110
de 2015.

En este de orden de ideas, está probada la asistencia del accionado en el recinto
de la plenaria. El saludo del presidente de la Cámara, así lo acredita. Si bien es
cierto, no intervino en la votación nominal, la omisión a este deber no configura la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.2 constitucional. Ahora
bien, a pesar de que el excongresista asistió parcialmente a la sesión según quedó
demostrado, ello no significa que inasistió para efectos de configurar la causal, pues
como lo ha precisado esta Sala «si asiste parcialmente, ese solo hecho no se puede
considerar configurativo de inasistencia»105. En conclusión, no le asiste razón a la
impugnante y se mantiene la asistencia a esta sesión plenaria.

• Sesión del 23 de noviembre de 2016106

El recurso se sustenta así: «El congresista supuestamente se registra de manera
manual. La defensa en la contestación asegura que el congresista se retiró por
compromisos de índole parlamentario, pero el permiso de retiro aduce presuntos
motivos de salud en una evidente inconsistencia».

Para la Sala Especial de Decisión, el representante sí acudió al recinto en donde se
desarrolló la plenaria del 23 de noviembre de 2016 y registró su asistencia
manualmente. Está acreditado que el señor Barguil Assís se retiró con permiso de
la plenaria. En efecto, a folio 215 obra copia de la solicitud de autorización de retiro
para atender «temas con mi salud», la cual fue reconocida por el presidente de la
Cámara de Representantes. A su vez, según la certificación suscrita por el
secretario general de la Cámara [Fls.456 y 604], el accionado se retiró de dicha
sesión con permiso. Asimismo, obra a folio 363 la incapacidad expedida por el
médico del Congreso. En criterio de la Sala Especial, el retiro del accionado se
encuentra justificado.

En este orden de ideas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera
que, de acuerdo con lo probado en el proceso, tal y como lo evidenció la primera
instancia, el exparlamentario se retiró de la plenaria con permiso autorizado por
motivos de salud. Este hecho, que a la luz del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992
constituye una excusa válida, está demostrado: 1) con la solicitud de permiso que
fue autorizado por el presidente de la Cámara según consta en el folio 50 del anexo
núm. 4 (temporal) del expediente en el que reposa el documento original con la
respectiva fecha de recepción y el visto bueno reconocido por el presidente de ese
momento; 2) con la incapacidad médica otorgada por el médico del Congreso
105 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de septiembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2019-01602-02, MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
106 Gaceta N.º 11 de 19 de enero de 2017.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

aportada en original [F. 363]; 3) con el oficio S.G.2.1011/2019 suscrito por el
secretario General de la Cámara de Representantes [Fls. 452-458] en el que se
indica que para la sesión de 23 de noviembre de 2016 el señor Barguil Assís contaba
con «Permiso de retiro». Así las cosas, la razón del permiso no es otra distinta a
los motivos de salud que invocó el accionado en su solicitud, lo cual, de acuerdo
con el reglamento del Congreso, constituye excusa válida de su inasistencia.

• Sesión de 22 de marzo de 2017107

La apelante aduce como motivo de impugnación para esta sesión que «no se
configuró quórum decisorio».

La Sala Especial de Decisión señaló, que el señor Barguil Assís se registró cuando
la sesión ya había iniciado lo que, en principio, permite establecer su presencia en
la plenaria, toda vez que esa circunstancia lo ubica en la sesión cuando la misma
se estaba desarrollando. Por lo tanto, como existe un indicio que lo ubica en el
recinto cuando la sesión ya había iniciado, en aplicación de los principios de
favorabilidad, indubio pro reo y pro personae, y sin que obre prueba que acredite lo
contrario, concluyó que sí asistió, al menos en algún momento del desarrollo de la
plenaria.

Pues bien, al respecto, debe precisar esta colegiatura de segunda instancia, que el
quórum es «el número mínimo de miembros asistentes que se requieren en las
Corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir» [art. 116 Ley 5.ª de 1992].
Así mismo, la falta de quórum decisorio en esta sesión, no se invocó en la solicitud
de pérdida de investidura, en el fallo, ni tampoco es un ingrediente normativo de la
causal que se alega. Se trata entonces de un argumento nuevo que se aduce en
sede del recurso de apelación, lo cual desconoce la congruencia que debe existir
entre el recurso, la sentencia censurada y el sustento de la solicitud de
desinvestidura, razón por la que la Sala no abordará su estudio.

• Sesión de 3 de abril de 2017108

La apelante sostuvo que el permiso aportado por el excongresista resulta «ilegal»
porque «los congresistas solo pueden abstenerse [de votar] en caso de estar
impedidos, de objeción de conciencia o de decisión de bancada».

Para la Sala Especial de Decisión, el representante se retiró justificadamente de la
plenaria. En ese sentido, encontró que la sesión inició en horas de la tarde [03:07
p. m]; que el congresista se registró de forma manual y que presentó solicitud de

107 Gaceta N.º 242 de 21 de abril de 2017.
108 Gaceta N.º 369 de 22 de mayo de 2017.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

autorización de retiro dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes
el 3 de abril de 2017, en los siguientes términos: «respetando el mandato del pueblo
colombiano expresado en el plebiscito no voté la refrendación de los acuerdos de
paz, y en particular, no estoy de acuerdo con varios aspectos de los proyectos que
sobre la materia serán discutidos el día de hoy» [F. 221]. El permiso fue autorizado
por el presidente de la Cámara de Representantes, quien reconoció su firma en la
audiencia practicada dentro del proceso. Además, según la certificación expedida
por el secretario general de la Cámara, el accionado se encontraba en la situación
de retiro con permiso [Fls. 456 y 604].

La primera instancia concluyó que la excusa presentada por el señor David Barguil
Assís para retirarse de la plenaria es válida, pues el motivo que adujo se puede
enmarcar dentro de las razones de conciencia, toda vez que lo que lo llevó a
retirarse de la plenaria fue la íntima convicción de que el Acuerdo Final de Paz no
podía implementarse debido a que no se aprobó en el plebiscito. Precisó que, los
asuntos de conciencia pueden ir más allá de lo reglado en los estatutos de cada
partido, por lo que era perfectamente posible que el demandado se retirara de la
plenaria, pues, lo relacionado con el trámite de la implementación de los Acuerdos
de Paz responde a la concepción de justicia, reconciliación, paz y perdón, asuntos
que tienen que ver con el fuero interno de cada individuo.

Al respecto, se impone precisar que la solicitud de permiso de 3 de abril de 2017
presentada por el exparlamentario Barguil Assís se sustentó en los siguientes
términos, según consta en el documento original que reposa en el folio 60 del anexo
núm. 4 (temporal) del expediente:

En esta oportunidad me dirijo a usted con fundamento en el artículo 90 de la Ley 5
de 1992, para solicitarle respetuosamente en el desarrollo de la sesión plenaria su
autorización para ausentarme del recinto de sesiones (Salón Elíptico), en razón a
que respetando el mandato del pueblo colombiano expresado en el plebiscito no
voté la refrendación de los acuerdos de paz, y en particular no estoy de acuerdo con
varios aspectos de los proyectos que sobre la materia serán debatidos el día de hoy.

Es decir, atendiendo a una reflexión íntima y personal solicitó el permiso que fue
autorizado a través del visto bueno del presidente. Luego entonces, la ausencia por
retiro de la plenaria estaba justificada en la autorización otorgada por el presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de acuerdo con el numeral
3.º del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992.

Por otra parte, es importante recordar, como tuvo oportunidad de señalarlo la Corte
Constitucional en sentencia C-859 de 2006, que: «cuando la Carta se refiere a los
«asuntos de conciencia» no se está limitando exclusivamente a las cuestiones que
pueden dar lugar a la objeción de conciencia de que trata el artículo 18 de la Carta.
Compete a cada partido o movimiento, en virtud de su autonomía, definir los asuntos

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

de conciencia que queden eximidos del régimen de bancadas». A su vez, como lo
indicó el a quo, esta corporación, en sentencia del 29 de mayo de 2012, precisó que
«pueden existir cuestiones de conciencia que no estén en los estatutos o que lo allí
indicado no necesariamente responda a tales asuntos; y cuando así ocurra, será el
congresista el encargado de evaluar el tema conforme a parámetros de
razonabilidad […]»109. Así las cosas, la Sala mantendrá la ausencia justificada para
esta sesión plenaria.

• Sesión de 18 de abril de 2017110

La recurrente sustentó su inconformidad así: «El congresista abandonó la plenaria
una vez se registró, sin aportar ninguna justificación, permiso o excusa».

Para la Sala Especial de Decisión están acreditados dos indicios: uno, el registro de
asistencia manual, que no permite a la autoridad judicial establecer con certeza si
la presencia del congresista se produjo antes o después del inicio de sesión y, otro,
consistente en el hecho de que el demandado no emitió voto alguno en los
proyectos de ley votados. Sin embargo, el registro de asistencia permite deducir que
el congresista al menos estuvo presente en algún momento en el recinto donde se
celebró la plenaria.

Pues bien, en el expediente está demostrado que el exparlamentario se registró
manualmente, lo que permite inferir, como lo consideró la primera instancia, que el
accionado estuvo presente «en algún momento» en el recinto de la plenaria, es
decir, que sí asistió. En consecuencia, no hay razón para debatir el análisis
efectuado por la primera instancia.

• Sesión del 16 de junio de 2017111

El recurso se sustenta únicamente en el siguiente argumento «Excusa tramitada a
posteriori en actas de la Comisión de Acreditación Documental».

En punto a esta sesión, la Sala Especial de Decisión indicó que en la Gaceta 715
de 2017 se registra que el señor Barguil Assís no asistió a esa plenaria y que no
tenía excusa para su inasistencia. Sin embargo, a folio 331 del expediente obra
copia de la Resolución 1117 del 5 de junio de 2018 «por medio de la cual se resuelve
un recurso» en la que la Comisión de Acreditación Documental revocó la decisión
de tener como inasistente al exparlamentario. La existencia de este acto es
suficiente para entender que la ausencia está justificada.

109 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012,
radicación: 11001-03-15-000-2010-01329-00. MP. Danilo Rojas Betancourth.
110 Gaceta N.º 336 de 16 de mayo de 2017.
111 Gaceta N.º 715 de 22 de agosto de 2017.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Para el juez de segunda instancia, consta en el expediente [F. 331] copia de la
Resolución 1117 de 5 de junio de 2018 d «[p]or medio de la cual se resuelve un
recurso», dictada por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 5.ª de 1992 y la Resolución 0665
de 2011, mediante la cual se revoca la Resolución MD 0298 de 6 de febrero de 2018
que consta en el acta núm. 44 de estudio y dictamen de excusas de inasistencia
expedida por la Comisión de Acreditación Documental, declarando la inasistencia
injustificada del representante David Barguil Assís a la sesión plenaria del 16 de
junio de 2017. En la parte motiva del acto, se consignaron, entre otras razones, las
siguientes:

De conformidad con la presente evaluación, la excusa presentada por el Honorable
Representante a la Cámara David Alejandro Barguil Assís, debió tenerse como válida,
por cuanto cumplía con los requisitos contemplados en el numeral 1.º del artículo 2.º
de la Resolución MD No. 0665 de 23 de marzo de 2011, en la cual se recogen
expresamente las disposiciones del numeral 1º del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992,
por lo que se procede a la revocatoria de la decisión adoptada en la Resolución MD
No. 0298 de seis (6) de febrero de 2018.

Este acto, que goza de presunción de legalidad, en tanto fue emitido dentro de la
actuación administrativa con ocasión del recurso interpuesto por el exparlamentario
con el fin de que se revocara la declaración de inasistencia injustificada, y se
corrigiera la inconsistencia presentada al registrar en el acta una ausencia no
justificada luego de que se tramitara la respectiva transcripción y radicación de la
incapacidad médica. De manera que, no existen motivos para desestimar el análisis
de la primera instancia.

• Sesión de 29 de agosto de 2017112

La apelante indica que «El congresista aporta presunto permiso de retiro para
abstenerse de votar por supuesta objeción de conciencia, lo cual no quedó probado
en la gaceta de la plenaria o en constancia alguna».

La Sala Especial de Decisión señaló que en el expediente obra copia de la solicitud
de permiso de retiro dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.
El documento fue recibido el 29 de agosto de 2017 y cuenta con el visto bueno del
presidente de la Cámara, quien además reconoció su firma en diligencia del 11 de
marzo de 2020. Además, el secretario de la Cámara certificó que el accionado se
retiró con permiso. El señor Barguil Assís no asistió a la primera parte de la sesión
en la que se analizó lo relativo al Procedimiento Especial para la Paz Proyecto de
AL 015 de 2017. Registró su asistencia a las 4:49 p. m. y alegó objeción de

112 Gaceta N.º 854 de 26 de septiembre de 2017.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
65

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

conciencia para votar los temas relacionados con la implementación de los acuerdos
de paz. Para el a quo no se configuró la inasistencia.

Pues bien, en punto a esta sesión la Sala Plena de lo contencioso administrativo
precisa que, en efecto, de acuerdo con la Gaceta 854 de 26 de septiembre de 2017,
está probado que el congresista atendió el llamado a lista por registro electrónico a
las 04:49:00 [pág. 3], con posterioridad a que iniciara la sesión a las 02:51 p. m.
[pág. 2]. El representante radicó el 29 de agosto de 2017, con fundamento en los
artículos 90 y 124 de la Ley 5.ª de 1992, un permiso para ausentarse del recinto de
las sesiones, en el que manifestó: «lo anterior, en tanto no participaré, por razones
de objeción de conciencia, en la votación de la iniciativa en discusión relacionada
con la adopción e implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el
gobierno y las FARC». El permiso cuenta con el visto bueno del presidente de la
corporación [F.65 anexo núm. 4 temporal], quien además reconoció su firma en
diligencia del 11 de marzo de 2020. Obra igualmente, el Oficio S.G.2.1011/2019
suscrito por el secretario general de la Cámara de Representantes en el que se
registra para esa sesión «Permiso de retiro» [F. 456 y 604].

Además, según consta en la Gaceta 854 en el orden del día para la sesión ordinaria
del martes 29 de agosto de 2017 se incluyó para segundo debate el Procedimiento
legislativo especial para la paz, lo cual, corrobora el motivo expresado por el
exparlamentario para solicitar la autorización de retiro. De manera que, se despejan
las presunciones y suposiciones que aduce la recurrente. Por otra parte, se alega
que el permiso «no quedó probado en la gaceta de la plenaria o en constancia
alguna». Al respecto se recuerda que en materia de pérdida de investidura rige el
principio de libertad probatoria, luego, los documentos a los que se ha hecho
mención prestan mérito probatorio suficiente para dar por acreditada la justificación
de la inasistencia a la sesión.

• Sesión de 12 de septiembre de 2017113

Para la recurrente, el congresista «abandona» sus deberes congresuales en la
plenaria y no aporta ninguna justificación ni permiso de retiro.

Según la Sala Especial de Decisión, el representante aparece en el video contentivo
de esta sesión, «hora 1:43:05, […] hasta la hora 1:54:17 del video. Debe resaltarse
que en la hora 1:44:50 el sonido se reactiva y en ese momento se escucha la voz
del secretario de la Cámara leyendo los resultados de la votación, luego las
proposiciones al articulado del proyecto de ley número 182 de 2016 Cámara […] en
la hora 2:05:35, se desplaza cerca del lugar donde se ubica la mesa directiva». Se
dijo que, el hecho de que no haya votado no configura la ausencia. De esta manera,

113 Gaceta N.º 896 de 5 de octubre de 2017.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
66

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

estimó probado que el señor Barguil Assís sí asistió a la sesión del 12 de septiembre
de 2017, toda vez que las pruebas lo ubican allí durante su desarrollo y, en
particular, cuando se estaba analizando y votando el proyecto de ley.

Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo evidencia, con vista en
la Gaceta 896 de 5 de octubre de 2017, que el señor David Alejandro Barguil Assís
atendió el llamado a lista por registro electrónico a las 04:39:38, [pág. 3], luego de
que iniciara la sesión inició a las 02:47 p. m [pág. 2]; sin embargo, no intervino en
las deliberaciones ni en la votación nominal del proyecto de ley en la sesión [PL 182
de 2016], pese a que estuvo presente en la plenaria tal y como se registra en el
video de la sesión. Luego entonces, a pesar de que el excongresista asistió
parcialmente a la sesión, según quedó demostrado, y no hay registro de su votación,
ello no significa en el presente caso, que inasistió para efectos de configurar la
causal.

• Sesión de 23 de noviembre de 2017114

La apelante sustenta su inconformidad así: «Objeción de conciencia de la cual se
dejó constancia en la sesión y por ende aparece debidamente registrada en la
gaceta».

Según la Sala Especial de Decisión, de las pruebas obrantes en el expediente se
desprende que el congresista sí asistió a la sesión, pues el registro de asistencia
mientras la plenaria se estaba desarrollando lo ubica en el recinto; cosa distinta es
que haya sido autorizado por la mesa directiva para retirarse y, por ende, no votar
ni participar del proyecto de ley 016 de 2017, con ocasión de la «objeción de
conciencia» alegada.

El representante radicó permiso para retirarse el 23/11/17 por motivos de objeción
de conciencia en los siguientes términos:

[S]olicito su permiso para retirarme del recinto de sesiones, lo anterior, en tanto no
participaré, por razones de objeción de conciencia, en la votación de la iniciativa en
discusión relacionada con la adopción e implementación de los acuerdos de paz
suscritos entre el gobierno y las FARC.

Para la Sala Plena, la apelante no expresa in extenso los motivos de inconformidad
en relación con el análisis que llevó a la primera instancia a concluir el retiro
justificado de la plenaria. Sin embargo, se advierte que obra en el expediente copia
de la solicitud de permiso radicada el 23 de noviembre de 2017 [Fls. 227 cuad. 2 y
67 anexo núm. 4 temporal], la cual tiene el visto bueno de la Primera Vicepresidenta

114 Gaceta N.º 57 de 22 de febrero de 2018.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
67

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

de la Mesa Directiva de la Cámara, quien reconoció su firma en diligencia llevada a
cabo el 11 de marzo de 2020. Además, consta igualmente el Oficio S.G.2.1011/2019
suscrito por el secretario general de la Cámara de Representantes en el que se
registra para esa sesión «Permiso de retiro» [F. 457]. En este orden de ideas, está
plenamente acreditado el retiro de la plenaria con excusa justificada en los términos
del numeral 3.º del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992.

• Sesiones de 12 de agosto de 2014; 22 de abril de 2015; 13 de abril, 25 y
31 de mayo, y 14 de junio de 2016; 30 de agosto, 10 de octubre, 13 y 14
de diciembre de 2016; 21 de marzo y 14 de diciembre de 2017.

Para estas sesiones, el motivo de impugnación que aduce la apelante es el mismo,
en el sentido que, sostiene que el convocado en cada una de las mencionadas
plenarias simplemente respondió el llamado a lista y se retiró por «supuestos
motivos de salud». Frente a esta censura la Sala considera importante señalar que,
como bien lo estimó el a quo, está demostrado que el señor David Barguil Assís se
retiró con permiso115, cuya autorización está certificada116 y obra la respectiva
incapacidad117, elementos que dan cuenta de que sus ausencias fueron
debidamente justificadas para esas sesiones por motivos de salud.

• Sesiones de 2 de diciembre de 2014 y 26 de mayo de 2015

En punto a estas sesiones, debe precisarse, que no le asiste interés de recurrir a la
actora, toda vez que, ella misma acepta la asistencia del exparlamentario tal y como
lo concluyó el a quo, pues para la primera sesión señala, en el recurso, que el
«[c]ongresista sí asiste y se declara impedido para votar», y para la segunda, aduce
que el «congresista sí votó manualmente».

En conclusión, con fundamento en el análisis que antecede, no prospera el
segundo cargo.

115 Folios 186, 194, 201, 205, 206, 207, 212, 218, 219 220, y 228 del expediente físico cuaderno núm. 2 – digital,

Folios 4, 17, 27, 33, 35, 37, 46, 54, 56, 58 y 68 anexo núm. 4 (temporal) SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice
211, documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 2 […]», pág. 6 a 48].
116 Folios 456 y 604 del expediente físico cuadernos núm. 3 y 4 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice

211, documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 3 […]», pág. 95 y .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 4
[…]», pág. 26].
117 Folios 346, 351, 354, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 365, 366 y 368 del expediente físico cuaderno núm. 2 –

digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211, documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 2 […]»,
pág. 224 a 246].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
68

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

3.3.2.3. El fallo de primera instancia modificó la jurisprudencia en cuanto a la
interpretación y aplicación de la Resolución 0665 de 2011 y del artículo 90 de
la Ley 5.ª de 1992.

En este aspecto, la parte actora alega que la jurisprudencia de esta corporación no
ha sido consistente en la interpretación sobre el ámbito de aplicación de la
Resolución 0665 de 2011 y el artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992, al crear
procedimientos «diferenciados» para la validación de excusas por inasistencias,
pese a que el legislador no ha previsto dicha diferencia. En efecto, indica que la Ley
5.ª de 1992, en punto del procedimiento entre lo que debe acontecer cuando se trata
de una inasistencia total a la plenaria y cuando se trata de un retiro de la misma
después del llamado a lista, no hizo distinción alguna, por lo que todas las excusas,
deben enviarse a la Comisión de Acreditación Documental, dentro de los cinco días
siguientes a su presentación, como lo dispone el artículo 90 en armonía con el
artículo 60 de la Ley 5.ª de 1992.

En este orden, sostuvo que el a quo le restó validez al procedimiento en tratándose
de excusas por razones de salud, para crear una nueva causal de justificación, que
consiste en que el congresista no tiene el deber de tramitar las excusas médicas
cuando sea la causa de su retiro de la sesión. Así mismo, cuestionó la validez de
los permisos para el retiro del congresista con tan solo un «visto bueno», del
presidente de la Mesa Directiva, lo cual, en su sentir, carece de toda razonabilidad,
pues se viola el debido proceso en tanto no pueden estar en la misma condición los
parlamentarios que se excusan oportunamente y cuyas justificaciones surten el
procedimiento reglado, y aquellos que están tan solo un momento de la sesión y se
retiran bajo un simple visto bueno de la Mesa Directiva de la Cámara.

En relación con este cargo, se advierte que, en efecto, la Sala Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura núm. 16 en punto a los permisos que fueron autorizados
por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, consideró
que no podía restárseles validez a los mismos, de un lado, porque para la época de
los hechos, (2014-2018) no existía una reglamentación clara respecto de cómo
debían tramitarse los permisos de retiro, y de otro, porque la carga del
exrepresentante acusado se cumplió con la radicación de la solicitud. Por tanto,
concluyó que, a partir de la jurisprudencia vigente de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, de cuya cita se extraen importantes precisiones sobre
la evolución que ha tenido esta materia, indicó que era viable tener como justificadas
estas inasistencias. Así razonó el juzgador de primer grado:

Sobre el punto, debe señalarse que ni la Ley 5ª ni la Resolución No. 665 de 2011
regularon, al menos no de manera expresa, cuál es el trámite que debe surtir un
permiso solicitado por un congresista para retirarse de la plenaria. Así, si bien en
providencia de marzo de 2019 la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que
a los permisos de retiro debía aplicársele la misma reglamentación que a las

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
69

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

ausencias, esto es, ir a la Comisión de Acreditación Documental118, en sentencia del
16 de marzo de 2021 la misma Sala concluyó que «si un congresista tiene
autorización de la mesa directiva para ausentarse del recinto, no debe agotar el
procedimiento previsto para las excusas»119.

En todo caso no puede perderse de vista que esta Corporación, en sentencia del 8
de septiembre de 2020, explicó que la referida resolución no tiene como propósito
«establecer un estatuto probatorio para regular el sistema de prueba o conducencia
de la prueba en los juicios de pérdida de investidura»120, sino solamente determinar
las consecuencias salariales y prestacionales ante la inasistencia de los
congresistas a las sesiones plenarias. […].

Si esto es así, mal podría la Sala concluir que los permisos allegados son inválidos
por no atender las disposiciones de la Resolución No. 665 de 2011, cuando lo cierto
es que al momento de los hechos ni siquiera existía certeza de que esa norma les
fuera aplicable y cuando, de forma reciente, esta Corporación concluyó que tales
autorizaciones no debían seguir el procedimiento contemplado en el referido acto
por regular una situación distinta a la del permiso del retiro.

Estima la Sala Plena, que el criterio hermenéutico fijado en la providencia objeto de
impugnación, acogió la tesis adoptada por la corporación, esto es, que los permisos
para retirarse de la sesión, no pueden desestimarse por el solo hecho de que no
hayan surtido el trámite de la Resolución 665 de 2011, pues dicho trámite es solo
para efectos salariales y presupuestales, ante la inasistencia del congresista. Así
mismo, fue coherente en punto a la aplicación del principio de libertad probatoria y
la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica como garantía del
debido proceso en el juicio sancionatorio de pérdida de investidura.

Ahora bien, no desconoce la Sala Plena que, en punto al sometimiento a dicho
reglamento de las dos situaciones que se presentan, esto es, la inasistencia total y
la ausencia por retiro autorizado por el presidente de la corporación, luego de que
el congresista contesta a lista, ha habido dos posturas en la Sala Plena
Contenciosa, pero en todas se ha indicado que, el solo hecho de que no se cumpla
el procedimiento descrito en la resolución mencionada no invalida la autorización.

Así por ejemplo en sentencia de 27 de marzo de 2019121 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, se indicó:

Al respecto se señala que si bien la Sala comparte el criterio consistente en que no
existe vacío normativo en relación con el trámite de las incapacidades para justificar
el retiro de las sesiones plenarias puesto que para el evento del retiro del congresista
de la sesión debe ser aplicada la reglamentación existente para los casos de

118 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de 2019,

radicación 11001-03-15-000-2018-02151-01. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés.
119 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de marzo de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2019-04144-01, MP. Oswaldo Giraldo López.
120 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de septiembre de 2020,

radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01, MP. José Roberto Sáchica Méndez.
121 Radicado 11001-03-15-000-2018-02151-01 MP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
70

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

ausencias, contenido en las resoluciones 0665 de 2011 y 132 de 2014, lo cierto es
que no puede acompañar la tesis consistente en restar validez a las incapacidades
que no han surtido este trámite en los procesos judiciales que se tramitan ante esta
jurisdicción, dada la existencia del principio de libertad probatoria.

Mediante sentencia de 7 de mayo de 2019122 se reiteró la tesis anterior, así:

En razón a que en las salas especiales de pérdida de investidura no existía un
criterio uniforme frente a la aplicación de la Resolución 0665 de 2011123 para los
casos en los que el congresista, pese a asistir a la plenaria, se retira con excusa,
por sentencia del 27 de marzo de 2019, la Sala Plena124 unificó el criterio, en el
sentido de que no existe vacío normativo, respecto del trámite de las incapacidades
para justificar tanto la inasistencia como el retiro de los congresistas de las sesiones
plenarias. Sin embargo, precisó que existen diferencias entre: (i) el procedimiento
interno que se adelanta en la Cámara de Representantes y en el Senado de la
República para el trámite de las excusas, la declaratoria de inasistencia y los
descuentos por nómina, y (ii) el trámite del proceso judicial de pérdida de investidura,
por la causal del artículo 183-2 CP.

Así mismo, mediante sentencia de 8 de septiembre de 2020125, la Sala Plena indicó
que, la aplicación del trámite de las excusas previsto en la Resolución 0665 de 2011
tiene efectos estrictamente laborales y la falta de dicho trámite no puede restarle
validez a las excusas que se alleguen al proceso de pérdida de investidura, pues
ello contraviene el derecho de prueba del accionado:

Las precisiones que anteceden sirven, entonces, para distinguir que una cosa son
los fines para los que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes reglamentó
el trámite de las excusas (Resolución 0665 de 2011), de los fines para los que la ley
1881 de 2018 rituó el proceso de pérdida de investidura. Aquellos están
relacionados con efectos estrictamente laborales y entrañan obligaciones y cargas
para los servidores públicos, de modo que la inobservancia de las cargas que
soportan, no puede prestar causa para sancionarlo con la pérdida de investidura.

Importa decir, sin embargo, que, aunque algunas decisiones han considerado que
tal reglamentación no regula el trámite de las excusas cuando el Congresista se
retira de la sesión, y otras, en precisión de esto, no ven restricción para que en “….
el evento del retiro del congresista de la sesión debe ser aplicada la reglamentación
existente para los casos de ausencias, contenido en las resoluciones 0665 de 2011
y 132 de 2014”126, lo cierto es que, en ninguno de los eventos analizados, la falta de
dicho trámite puede restar validez a las excusas que acusen este déficit, pues tal
entendimiento viene contrario al derecho de prueba ya explicado. Así, será esta
jurisdicción, en cada caso concreto, tal como lo hizo la Sala de Decisión No 19 en el
proveído impugnando que, atendiendo el principio de libertad probatoria y la libre

122 Radicado 11001-03-15-000-2018-02332-01 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
123 Y de la Resolución 132 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para el trámite de las

excusas y descuentos en nómina de los senadores de la República, por inasistencia a las sesiones de la
corporación.
124 Corresponde a la sentencia dictada en el radicado 11001031500020180215101, MP. Roberto Augusto

Serrato Valdés
125 Radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01 MP. José Roberto Sáchica Méndez.
126 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 27 de maro de 2019, MP. Roberto Serrato

Valdez, rad 11001031500020180215101(PI)

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
71

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

apreciación de la prueba mediante la persuasión racional, la que deberá evaluar si
las pruebas allegadas al expediente, cualquiera que ellas sean, permiten comprobar
debidamente los motivos que válidamente están llamados a excusar la inasistencia
del Congresista.

Ahora bien, en sentencia de 16 de marzo de 2021127, la Sala determinó que el
procedimiento establecido en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992 y la
Resolución 0665 de 2011, no se aplica a los casos en los que el congresista solicita
permiso para retirarse del recinto de la plenaria, pues dicho procedimiento solo está
previsto los respectivos descuentos en nómina de quienes no se hicieron presentes
en la respectiva sesión.

(i) Las excusas son el medio que permiten justificar la inasistencia de un congresista
a una sesión plenaria; sin embargo, difiere del evento en el cual éste acude a la sesión
plenaria y en el transcurso de la misma solicita permiso para retirarse a la mesa
directiva de la respectiva Corporación; lo que significa que, si un congresista tiene
autorización de la mesa directiva para ausentarse del recinto, no debe agotar el
procedimiento previsto para las excusas.

(ii) Así las cosas, no es posible aplicar los requisitos ni el procedimiento establecido
por el parágrafo del artículo 90 de la Ley 5ª de 1992 ni lo dispuesto en la Resolución
nro. 665 de 2011, que se refiere al trámite para validar las excusas, a los casos en
que el congresista solicita permiso para retirarse de la sesión plenaria encontrándose
en el recinto, pues la precitada resolución alude “al procedimiento para la declaración
de inasistencia injustificada” para los respectivos descuentos en nómina de los
representantes a la Cámara128, que aplica al Congresista que no se hizo presente en
la respectiva sesión.

iii) En ese sentido, cuando el congresista acude a una sesión plenaria y en el
transcurso de la misma solicita autorización para retirarse que es concedida por la
mesa directiva de la Corporación, no es posible computarla como inasistencia, puesto
que su actuación está amparada en una manifestación de voluntad que se presume
legal y válida, ya que constituye un acto administrativo de la mesa directiva o de su
presidente, con sus respectivos atributos. Para ello deberá tenerse en cuenta que la
solicitud de retiro esté motivada en el cumplimiento de labores congresuales, lo que
se refuerza no solo en la jurisprudencia de esta Corporación, sino en lo dispuesto por
el artículo 6 de la Resolución 665 de 2011 que, si bien no aplica al caso, recoge los
motivos por los cuales la autorización puede ser concedida.

Posteriormente, en sentencia de 28 de septiembre de 2021 129, el pleno de la
corporación reiteró el principio de libertad probatoria en juicios de pérdida de
investidura, lo que se traduce en la posibilidad de que el juez llegue a la convicción
de los hechos a partir de cualquier elemento demostrativo, sin la exigencia de un
medio de prueba específico propio del sistema de tarifa legal.

127 Radicación 11001-03-15-000-2019-04144-01 MP. Oswaldo Giraldo López.
128Al efecto ver, entre otras, sentencia del 8 de septiembre de 2020. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. MP. José Roberto Sáchica Méndez, radicación nro. 11001-03-15-000-2019-04145-01.
129 Radicación 11001-03-15-000-2019-01602-02 MP. Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
72

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Para el trámite de las excusas por inasistencia, la Ley 5ª establece un
procedimiento especial, que consiste en enviarlas a la Comisión de Acreditación
Documental de la Cámara o del Senado, la cual deberá presentar un concepto ante
la Mesa Directiva de la respectiva Corporación con el fin de que ésta adopte una
decisión definitiva sobre el particular (artículo 90). Las excusas aceptadas en los
términos establecidos por el Reglamento del Congreso podrán hacerse valer dentro
del proceso de pérdida de investidura, para demostrar que la inasistencia a una
sesión determinada se encuentra justificada.

Aun así, de no haberse surtido dicha formalidad ante la respectiva Comisión de
Acreditación Documental, y sin perjuicio de la responsabilidad que sea procedente
indagar por tal hecho, el juez deberá valorar los elementos de prueba que sean
aportados como soporte de las excusas, tales como permisos, certificados de
incapacidades médicas, entre otros, de cara a la configuración o no de una
inasistencia relevante en los términos de la causal, en el marco del principio de la
libertad probatoria y de las reglas de la sana crítica que gobiernan el proceso
sancionatorio de la pérdida de investidura. En efecto, por fuera de estos eventos
expresamente previstos en la Constitución y en la ley, hay otros que pueden
explicar y justificar la ausencia del congresista a las sesiones de la plenaria al
momento de la votación, por lo que corresponderá al juez del proceso de pérdida
de investidura examinarlos, -siempre que se hayan alegado y se encuentren
demostrados-, a fin de establecer si justifican su proceder.

[…]

De lo expuesto puede concluirse que, la Sala Especial de Decisión núm. 16 acogió
la postura reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en cuanto a
que para la valoración de las excusas médicas y los permisos autorizados por la
Mesa Directiva o el presidente de la Cámara de Representantes, debe tenerse en
cuenta que el hecho de no haberse adelantado el procedimiento señalado en el
artículo 90 de la Ley 5.ª de 1992 y la Resolución 0665 de 2011, no es óbice para
desestimar estas autorizaciones, pues, se reitera, este trámite está previsto para los
descuentos de nómina, es decir con fines salariales y prestacionales, dado que en
el marco de este proceso es válido cualquier medio de convicción para demostrar
la justificación de la inasistencia bien por ausencia, o por retiro de la sesión plenaria,
criterio bajo el cual se valoraron los documentos aportados al proceso.

Finalmente, la Sala reitera que el «visto bueno» estampado en el escrito por medio
del cual se solicita autorización para el retiro del recinto de las sesiones, no le resta
validez a la decisión. Este es un mecanismo informal para dar asentimiento de que
el congresista puede retirarse. Además, la diligencia de reconocimiento de las
rúbricas estampadas en dichos permisos, por parte de quienes fungieron como
miembros de la Mesa Directiva, para las fechas en las que se autorizaron los
permisos, permitió constatar la autenticidad de dichos documentos130. Asimismo,
mediante Oficio S.G.2.1011/2019 de 18 de junio de 2019 el secretario general de la
Cámara de Representantes, de acuerdo con el numeral 12 del artículo 47 de la Ley

130 Índices 233 y 245 de SAMAI actuación de primera instancia.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
73

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

5.ª de 1992131, certificó las sesiones plenarias en las distintas legislaturas en las que
se otorgó «permiso de retiro» al accionado132. Por lo tanto, se concluye que el fallo
de primer grado no desconoció la jurisprudencia de la corporación.

3.3.2.4. Existió dolo, en la conducta que se le censura al congresista.

Para la recurrente, el juez de primera instancia desestimó el dolo en la conducta del
accionado a pesar de que se probó que tenía pleno conocimiento de los
procedimientos de ley para la validación de excusas ante la Comisión de
Acreditación Documental, como lo demuestran algunas de las actuaciones surtidas
por él mismo.

Al respecto, se impone precisar que, en el juicio de pérdida de investidura, solo es
procedente analizar el elemento subjetivo, cuando está demostrada la configuración
de la causal de forma objetiva. En otros términos, constituye un presupuesto para
proceder a verificar si la conducta del congresista se cometió a título de dolo o culpa
grave, el que se haya comprobado la configuración la causal invocada, pues, en
caso contrario, resulta absolutamente inane su análisis.

En este orden, la Sala Especial de Decisión, consideró que como para ninguno de
los períodos analizados se demostró la inasistencia a 6 o más sesiones plenarias,
como lo exige el numeral 2.º del artículo 183 de la Constitución Política para la
configuración de la causal conocida como ausentismo parlamentario, no se estudió
el elemento subjetivo de la causal. Por lo tanto, carece de sustento la censura que
a este respecto se hace del fallo, pues el a quo procedió de conformidad con los
presupuestos que disciplinan el estudio de la mencionada causal.

En suma, no encuentra la Sala Plena, razones para desestimar el fallo proferido por
la Sala Especial de Decisión núm. 16, en relación con los cargos formulados por la
señora Catherine Juvinao, quien actuó como convocante en esta causa judicial.

3.3.3. Los cargos formulados en la apelación adhesiva

En relación con la apelación adhesiva es importante señalar, que para la doctrina,
«[m]ás que un medio impugnativo es el acto en virtud del cual la parte vencedora
(apelada) se suma (adhiere) a la apelación interpuesta por el contrario (apelante)
con la finalidad de mejorar los argumentos vertidos por el Tribunal (a quo) en la
parte considerativa de la resolución que ha sido combatida, a efecto de darles mayor

131 ARTÍCULO 47. DEBERES. Son deberes del Secretario General de cada Cámara:

[…]
12. Expedir las certificaciones e informes -si no fueren reservados- que soliciten las autoridades o los
particulares.
132 Folios 452 y siguientes del cuaderno núm. 3 – digital, SAMAI, radicado 2019-01599-00, índice 211,

documento .pdf «[…] CUADERNO PRINCIPAL 3 […]»].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
74

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

solidez, ya sea porque los mismos se consideren débiles o poco convincentes, o
porque los expresados se estimen erróneos y se crean correctos los que se aducen,
coadyuvando así con este último, buscando la confirmación de tal determinación
por la superioridad (ad quem) y evitando el riesgo de que sea revocada»133.

Ahora bien, el parágrafo del artículo 322 del Código General del Proceso, dispone:

La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en
lo que la providencia apelada le fuere desfavorable […].

En este orden de ideas, si bien la sentencia de primera instancia no le resultó
desfavorable al accionado, en el entendido de que negó la solicitud de
desinvestidura presentada en su contra, está legitimado para adherirse a la
apelación principal en tanto puede controvertir el análisis del a quo frente a las
inasistencias que valoró como injustificadas, con el propósito de que se confirme la
decisión, pues, en el caso concreto, de acuerdo con los argumentos expresados por
la recurrente principal en punto a las sesiones cuestionadas, existe el riesgo para el
convocado de que la sentencia se revoque, en la medida que se complete el número
de plenarias a las cuales dejó de asistir, sin causa justificada, y se configure de ese
modo la causal prevista en el numeral 2.º del artículo 183 constitucional para
decretar la pérdida de investidura por ausentismo parlamentario.

Precisado lo anterior, debe decirse que, en síntesis, el excongresista convocado
recurrió la sentencia de primera instancia, con dos propósitos fundamentales: 1) que
se tenga en cuenta la justificación de la ausencia a las plenarias en aquellas
sesiones en las que el a quo consideró que no se comprobó una justa causa para
la inasistencia; 2) que no se tengan en cuenta, para los efectos de la causal del
numeral 2.º del artículo 183 de la Constitución Política, las sesiones en las cuales
no se votaron proyectos de ley, acto legislativo o mociones de censura.

Así las cosas, la Sala procede al análisis de los cargos a partir de los dos grupos de
sesiones que cuestiona el recurrente, esto es, el primero que corresponde a las
inasistencias injustificadas porque no se aceptaron los permisos autorizados por el
presidente de la Cámara, y el segundo, aquellas en las que no se votaron proyectos
de ley, acto legislativo o mociones de censura.

1) Inasistencias injustificadas

Para el recurrente, las sesiones, que a continuación se ilustran, en las que el
accionado contaba con el permiso para ausentarse, de acuerdo con el artículo 90

133 Contreras Vaca Francisco José, Derecho Procesal Civil –Teoría y Clínica, El Cid Editor Incorporated, 2011,

pág. 345.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
75

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

de la Ley 5.ª de 1992, deben ser excluidas del cálculo de las inasistencias de que
trata el numeral 2.º del artículo 183 constitucional.

Sesión Plenaria Motivos del permiso de retiro Análisis y conclusiones de la
autorizado por el presidente de Sala Especial de Decisión
la Mesa Directiva de la Cámara
de Representantes

3 de septiembre de 2014; 11 de El representante radicó solicitud Para la Sala Especial de Decisión
junio de 2015; 25 de abril y 29 de de autorización de permiso para atender actividades propias de un
noviembre de 2016. retirarse con el fin de atender partido político, incluso en calidad
asuntos relacionados con su de presidente de aquel no justifica
actividad congresional dada su la ausencia del congresista a la
condición de Presidente del plenaria, dado que debía
Partido Conservador. privilegiarse la función legislativa.

Por tanto, pese al visto bueno
concedido por el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara, las
inasistencias son injustificadas.

5 de agosto y 25 de noviembre de El representante radicó solicitud La Sala Especial sostuvo que, si el
2014; 21 de abril, 9 de junio y 16 de autorización de permiso para día de la plenaria deben realizarse
de junio de 2015; 19 de abril, 20 retirarse de las plenarias con el fin varias funciones congresionales,
de junio y 22 de noviembre de de atender asuntos relacionados le corresponde al parlamentario
2016; 25 de abril y 1 de agosto de con la actividad parlamentaria. «privilegiar o escoger aquella que
2017. maximice la aplicación del
principio de representación».

Por otra parte, el accionado no
indicó si las actividades para las
que solicitaba el permiso se
enmarcaban dentro del artículo 6.º
de la Ley 5.ª de 1992. Por lo tanto,
la indeterminación del motivo con
el que justificó su retiro de la
plenaria impide establecer si en
efecto esas otras funciones
congresionales debían
privilegiarse incluso sobre las
principales que el constituyente le
asignó.

Por tanto, pese al visto bueno
concedido por el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara, las
inasistencias son injustificadas.

Pues bien, según el alcance interpretativo que la jurisprudencia ha dado al artículo
90.3 de la Ley 5.ª de 1992134, la autorización de la Mesa Directiva o del presidente
de la Cámara –según el caso– para retirarse de la sesión es una excusa aceptable
que justifica la ausencia del congresista; sin embargo, es importante señalar que, el
juez de la pérdida de investidura al examinar la conducta del acusado en el marco
del principio de la libertad probatoria y de las reglas de la sana crítica que gobiernan
el proceso sancionatorio de la pérdida de investidura, puede apartarse de la
valoración y ponderación que han efectuado la Mesa Directiva o el presidente de la

134 Radicado 11001-03-15-000-2019-04144-01, MP. Oswaldo Giraldo López.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
76

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Cámara para consentir el permiso, cuando se aducen motivos que no justifican el
incumplimiento del deber de asistir a las plenarias y no guardan relación con el
ejercicio de la condición congresional como lo indica el artículo 6.º de la Resolución
0665 de 2011, en cuyo texto se dispone:

La autorización expedida por la Mesa Directiva o el Presidente de la Corporación. Será
considerada como excusa válida de inasistencia de un Representante a la Cámara a
las sesiones de la Corporación la autorización expedida por la Mesa Directiva o el
Presidente de la misma, con el propósito de atender los eventos y reuniones
relacionados con la circunscripción electoral que representa en la Corporación, así
como las demás concernientes al ejercicio de su condición congresional, incluyendo
las reuniones y convocatorias de bancadas con representación en la Cámara de
Representantes.

Así las cosas, con vista en las razones que sostuvo el accionado en la apelación
adhesiva, son dos los motivos que sustentan los permisos otorgados por el
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, los cuales, la
Sala Especial desestimó, por las razones descritas, para concluir que no se justificó
la inasistencia a las plenarias.

En primer lugar, los permisos autorizados para atender asuntos relacionados con la
actividad parlamentaria dada la condición del exrepresentante David Alejandro
Barguil Assís, como presidente del Partido Conservador. Al respecto, es importante
señalar, que de acuerdo con el numeral 9.º del artículo 283 de la Ley 5.ª de 1992135,
la función congresual no es incompatible con la participación en los «organismos
directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería
jurídica de acuerdo con la ley». De manera que, el permiso otorgado al señor Barguil
Assís para atender asuntos relacionados con la actividad congresional, en su
condición de presidente del Partido Conservador, es una excusa válida para
justificar la inasistencia a las sesiones plenarias, pues el propósito de ese permiso
guarda relación, con el ejercicio de la función congresual y los derechos políticos
del exparlamentario, sin perjuicio de los deberes que le impone el desempeño del
cargo, más aún cuando, no se puede perder de vista, que los congresistas ejercen
una labor de naturaleza eminentemente política con la que pretenden la garantía de
los intereses democráticos y del bien común. Por otra parte, la misma Resolución
0665 de 2011 – art. 6.º- califica como excusa válida de inasistencia de un
representante a las sesiones plenarias, la autorización expedida por la Mesa
Directiva o el presidente de la misma, con el propósito de atender reuniones y
convocatorias de bancadas en sus respectivos partidos y movimientos políticos con
representación en la Cámara de Representantes.

En segundo lugar, la Sala Especial de Decisión consideró como injustificados los
permisos concedidos por el presidente de la Cámara al exparlamentario David

135Numeral declarado exequible mediante sentencia C-985 de 1999.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
77

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Alejandro Barguil Assís, para retirarse con el fin de atender asuntos relacionados
con la «actividad parlamentaria», por dos razones fundamentales: 1) en razón a que
se debe «privilegiar» la función que garantiza el principio democrático y de
participación política, y 2) porque, en la solicitud de permiso no se indicaron las
actividades que se llevarían a cabo para poder establecer la relación con la función
congresional.

En este punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que
pretender que el congresista «privilegie» el ejercicio de las funciones
congresionales para escoger aquella que maximice el principio democrático y de
representación política, como lo sostuvo la Sala Especial de Decisión, significaría,
excluirlos de todas aquellas actividades, eventos, reuniones, convocatorias de
bancadas que también tienen relación con la condición congresional, las cuales,
por expresa disposición del artículo 6.º de la Resolución 0665 de 2011 son
consideradas como excusa válida de inasistencia de un Representante a la Cámara
a las respectivas plenarias. Por otra parte, la noción de privilegio que predica el a
quo, se traduce en la ineficacia de los permisos para los congresistas como garantía
de sus derechos en condiciones de igualdad frente a los demás servidores públicos.
Restar mérito a una solicitud de permiso que presenta el parlamentario fundada en
la necesidad de atender asuntos relacionados con la actividad parlamentaria
porque no se indicaron las actividades que se llevarían a cabo para «establecer la
relación con la actividad congresional», en otras palabras, para corroborar el motivo
que se expresa, va en contravía del postulado constitucional de la buena fe y
presupone imponer una carga adicional que carece de sustento legal o
reglamentario.

Por lo tanto, al accionado se le concedieron los permisos de retiro que radicó en
cumplimiento de lo previsto en el reglamento del Congreso, por lo cual, actuó bajo
la confianza legítima de contar con la autorización del presidente de la Cámara para
retirarse de la plenaria con la convicción y la certidumbre de que con ello no incurría
en la inasistencia que pudiera perjudicarlo. En este orden de ideas, las ausencias
en las sesiones plenarias de: 3 de septiembre de 2014; 11 de junio de 2015; 25 de
abril y 29 de noviembre de 2016; 5 de agosto y 25 de noviembre de 2014; 21 de
abril, 9 de junio y 16 de junio de 2015; 19 de abril, 20 de junio y 22 de noviembre
de 2016; 25 de abril y 1 de agosto de 2017, estima esta Sala Plena contenciosa,
son justificadas.

Ahora, la inasistencia a la sesión plenaria del 24 de mayo de 2016 se mantendrá
como injustificada en la medida en que como lo señaló el a quo, no obra en el
expediente ningún medio de convicción que dé cuenta, bien de la presencia del
parlamentario en la plenaria o que se ausentó de ella con justificación válida.

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
78

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

2) Sesiones plenarias en las que no se votaron proyectos de ley, de acto
legislativo o moción de censura

En criterio del recurrente, la Sala Especial de Decisión incluyó las sesiones plenarias
del 9 de noviembre y 5 de diciembre de 2016 para el conteo de que trata el artículo
183.2 constitucional, pese a que, en ellas no se votaron proyectos de ley, de acto
legislativo ni mociones de censura. Aunado a que, el señor Barguil Assís contaba
con la autorización para ausentarse de dichas plenarias, el a quo las desestimó,
como en los casos anteriores.

Al respecto, se impone concluir que, contrario a lo señalado por el recurrente, en las
sesiones del 9 de noviembre y 5 de diciembre de 2016 se votaron, respectivamente:
i) la ponencia negativa del PL 101 de 2015136, y ii) el título y pregunta de aprobación
del PL 049 de 2015, ambas, de forma nominal entre otras votaciones ordinarias 137.
Sin embargo, las inasistencias están justificadas por los permisos para retiro
otorgados por el presidente de la Cámara en las condiciones ya anotadas, esto es,
con la solicitud para asistir a otras actividades congresionales y del Partido
Conservador Colombiano.

De acuerdo con lo expuesto, el total de inasistencias injustificadas, se modifica de
la siguiente manera:

Periodo de sesiones Total de inasistencias injustificadas
20 de julio al 16 de diciembre de 2014 0
16 de marzo al 20 de junio de 2015 0

16 de marzo al 20 de junio de 2016 Una (1): sesión plenaria de 24 de mayo de 2016.
20 de julio al 16 de diciembre de 2016 0
16 de marzo al 20 de junio de 2017 Una (1): sesión del 29 de marzo de 2017
20 de julio al 16 de diciembre de 2017 0

3) Ausencia del elemento subjetivo de la conducta

En punto al análisis del elemento subjetivo de la conducta, la Sala reitera la tesis ya
planteada en el sentido de que, como para ninguno de los periodos analizados se

136 Gaceta N.º 10 de 19 de enero de 2017.
137 En la sesión de 5 de diciembre de 2016, según la Gaceta 70 de 2017, se votó ordinariamente lo siguiente:

1. Orden del día con proposición [pág. 14].
2. Informe de conciliación del PL 180 de 2015 Cámara, 44 de 2015 Senado [pág. 15].
3. Proposición de realización de audiencia pública para discutir acerca de los crímenes contra la paz, ataques
a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares para
el miércoles 7 de diciembre de 2016. [pág. 15].
4. Informe de ponencia, articulado, título y la pregunta del PL número 157 del 2016 Cámara, 151 del 2016
Senado «[p]or la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1.° enero
del 2017 al 31 diciembre del 2018». [pág. 16 y 23].
5. Informe de ponencia, articulado, título y la pregunta del PL del PL 220 de 2016 Cámara «[p]or medio de la
cual se adoptan medidas en relación con los deudores de los programas PRAN y Fonsa» [pág. 24].
6. Informe de ponencia y el articulado del PL 049 de 2015 [pág. 34 y 35].

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
79

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

demostró la inasistencia a 6 o más sesiones plenarias, como lo exige el numeral 2.º
del artículo 183 de la Constitución Política para la configuración de la causal
conocida como ausentismo parlamentario, este hecho releva del estudio de la
culpabilidad en el juicio sancionatorio de pérdida de investidura, dado que, ello
requiere como presupuesto, que se configure el elemento objetivo de la causal
invocada. En este orden de ideas, acertó el a quo al no referirse al aspecto subjetivo
de la causal, toda vez que, como ya se indicó, no se logró acreditar el número de
inasistencias que se requieren para el ausentismo parlamentario que da lugar a la
pérdida de investidura.

Así las cosas, se impone confirmar la sentencia apelada, que denegó la solicitud de
pérdida de investidura presentada por los ciudadanos Catherine Juvinao Clavijo,
Viviana Mercedes Miranda, María Piedad Velasco Lacayo y Luis Miguel Moisés
García contra el señor David Alejandro Barguil Assís, representante a la Cámara
por el departamento de Córdoba, para el periodo constitucional 2014-2018, con las
precisiones que anteceden en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2021 por la Sala
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura núm. 16 que negó la pérdida de
investidura del entonces representante a la Cámara por el departamento de
Córdoba, señor David Alejandro Barguil Assís, elegido para el período constitucional
2014-2018, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia al presidente de la Cámara
de Representantes para su conocimiento. Por secretaría de la corporación
procédase de conformidad.

TERCERO: Por Secretaría General de la corporación dese cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 1.1 del auto de 7 de febrero de 2020, en el sentido de
devolver al Congreso de la República, una vez en ejecutoriada esta decisión, los
originales de las solicitudes de permiso radicadas por el señor David Alejandro
Barguil Assís durante el periodo constitucional 2014-2018, con las respectivas
anotaciones en SAMAI.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
80

Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2019-01599-02
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo y otros

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Magistrada Magistrado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado Magistrado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE EDISSON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrada Magistrado
Con aclaración de voto

WILSON RAMOS GIRÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 núm. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
81

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.