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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-02747-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-02747-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho −lesividad− N° 41001-23-33-000-2014-00567-02. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: Por Secretaría General, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-02747-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

4 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Asunto: Causales de revisión artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión N° 16 decide en única instancia el recurso
extraordinario de revisión formulado por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ꟷen
adelante UGPPꟷ, contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve
(2019), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho −lesividad− N°
41001-23-33-000-2014-00567-02.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho N° 41001-23-33-000-2014-00567-02

1.1. El veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014)1, a través de
apoderado judicial, la UGPP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho −lesividad− solicitando la anulación de la Resolución RDP 035987 de 6 de
agosto de 2013, a través de la cual esa entidad, en cumplimiento de una orden de

1 Folio 77 del PDF denominado “Cuaderno 1”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI.
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Recurrente: UGPP

tutela, reconoció a la señora María Albenis Bermeo “pensión de jubilación gracia”
por un valor de un millón doscientos veintinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos
($1.229.144).

Como sustento fáctico de su reclamación, la parte actora indicó que la señora María
Albenis Bermeo nació el seis (6) de febrero de mil novecientos cincuenta y uno
(1951), y que entre el dieciséis (16) de febrero de mil novecientos setenta y seis
(1976) y el diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003) se desempeñó como
docente nacional en la institución INEM Julián Motta Salas, ubicada en el
departamento del Huila. El veintidós (22) de junio de dos mil tres (2003), la señora
Bermeo solicitó ante la extinta CAJANAL el reconocimiento de la pensión gracia, la
cual fue negada por la entidad bajo la consideración de que no se había acreditado
la prestación del servicio por más de veinte (20) años en el ramo docente
departamental, municipal o distrital.

Indicó que, posteriormente, varios docentes, entre ellos la señora María Albenis
Bermeo, presentaron acción de tutela para obtener el reconocimiento de dicha
prestación, la cual fue decidida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, Bolívar, mediante fallo del seis (6) de octubre de dos mil seis (2006), en
el que accedió a las pretensiones formuladas. En consecuencia, mediante
Resolución RDP 035987 de 6 de agosto de 2013 la entidad efectuó el
reconocimiento de la pensión gracia solicitada, en observancia de la decisión de
amparo.

La acción de lesividad se fundó entonces en la consideración de que María Albenis
Bermeo no tenía realmente derecho a la prestación reconocida, en tanto no cumplía
con el requisito de tiempo de servicio en el ramo docente del nivel territorial; además,
la entidad solicitó la devolución indexada de las sumas de dinero pagadas por
concepto de pensión gracia, al advertir que estaba demostrada la mala fe de la
señora Bermeo, quien interpuso la acción de tutela en un lugar distinto al de su
domicilio para lograr el reconocimiento2.

2 Con fundamento en estos mismos hechos, la entidad solicitó la suspensión provisional del acto

acusado, petición a la que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila accedió mediante auto
de 13 de octubre de 2015. Folios 111 a 117 del PDF denominado “Cuaderno Medida”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI.
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Recurrente: UGPP

1.2. Mediante sentencia de veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), el
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de la Resolución RDP 035987
de 6 de agosto de 2013, sin devolución de las sumas ya pagadas, y condenó en
costas a la demandada3.

Como sustento de esta decisión, el Tribunal consideró que los beneficiarios de la
pensión gracia son los docentes territoriales vinculados con anterioridad al treinta y
uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980) y que, toda vez que la
vinculación de la señora María Albenis Bermeo fue como docente nacional y no
territorial, ella no tenía derecho a esa prerrogativa. Sin embargo, en aplicación de
lo reglado en el literal c) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la autoridad judicial se abstuvo de
ordenar la devolución del dinero ya pagado por ese concepto, en tanto no encontró
probado que la señora María Albenis Bermeo hubiere actuado de mala fe en la
adquisición de la pensión gracia.

1.3. Inconformes con lo anterior, tanto la UGPP como la señora María Albenis
Bermeo formularon recursos de apelación.

La UGPP insistió en la petición de reintegro de las sumas de dinero pagadas a la
señora María Albenis Bermeo, por considerar que sí se demostró la mala fe en la
obtención de la pensión, pues para su reconocimiento la ciudadana no acudió a las
acciones ordinarias sino directamente a la acción de tutela, desconociendo que ese
asunto debía ser dirimido por el juez contencioso administrativo y no por el juez
constitucional , además de exigir de manera reiterada a la entidad el reconocimiento
de una prestación a la que no tenía derecho4.

Por su parte, el apoderado de la señora María Albenis Bermeo alegó el
acaecimiento de la cosa juzgada constitucional y la falta de competencia del juez
contencioso para pronunciarse sobre las materias que ya habían sido decididas en

3 Folios 244 a 254 del PDF denominado “Cuaderno 2”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI.
4 Folios 5 a 7 del PDF denominado “Cuaderno 3”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

sede de tutela, así como la imposibilidad de controlar judicialmente un acto
administrativo que se profirió en cumplimiento de una orden de amparo5.

1.4. El treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera
instancia, salvo en lo que concierne a la condena en costas6.

En primer lugar, la Sala consideró que no podían aceptarse los argumentos
tendientes a enervar la posibilidad de que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conociera de este asunto, teniendo en cuenta que la acción de tutela
se ejerció como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y que la
misma Corte Constitucional ha precisado que la cosa juzgada en el ámbito de la
acción de amparo solo tiene como consecuencia que no sea posible presentar una
nueva tutela sobre el punto ya decidido. Además, la Subsección señaló que el hecho
de que el acto administrativo acusado hubiera sido expedido en cumplimiento de
una orden del juez constitucional no lo excluye de control por parte de la autoridad
judicial competente.

Decantado lo anterior, la Sala se refirió al marco legal que regula la pensión gracia
y concluyó que la decisión del a quo en cuanto al reconocimiento de la prestación
debía ser confirmada, toda vez que la señora María Albenis Bermeo fue vinculada
como docente nacional y no territorial.

Sin embargo, consideró que no era posible acceder a la pretensión relacionada con
la devolución de las mesadas ya pagadas, debido a que para ello “deb[ía] estar
acreditada la mala fe con que se actuó para obtener el pago de los beneficios
pensionales en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser
desvirtuada”, sin que en el caso concreto se hubiera demostrado la mala fe de la
señora María Albenis Bermeo, pues el mero hecho de elevar peticiones y/o
presentar acciones de tutela no constituye prueba de que hubiera incurrido en
fraude, maniobras o actos ilegales para lograr el reconocimiento pensional.

5 Folios 22 a 95 del PDF denominado “Cuaderno 3”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI.
6 Folios 146 a 179 del PDF denominado “Cuaderno 3”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI. Tal y como consta a folio
182 del PDF denominado “Cuaderno 3”, archivo ZIP “70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36
2022” del índice 44 de SAMAI, dicha sentencia se notificó personalmente a las partes el primero (1)
de abril de dos mil diecinueve (2019), quedando ejecutoriada al finalizar el día cuatro (4) de ese
mismo mes y año.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

Finalmente, la Sala dispuso revocar la condena en costas.

1.5. Frente a esta decisión, la señora María Albenis Bermeo formuló acción de
tutela, la cual fue declarada improcedente por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en providencia del catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019)7, y
modificada en segunda instancia por la Sección Primera, mediante fallo de once
(11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en el que se dispuso negar el amparo
solicitado8.

2. El recurso extraordinario de revisión

El siete (7) de junio de dos mil diecinueve (2019), la UGPP, a través de apoderado
judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el
treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho N° 41001-23-33-000-2014-00567-02, alegando la
materialización de las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, que “el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso”, y “[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”9.

Como sustento de su recurso, la recurrente alega que la negativa de ordenar el
reintegro de los dineros percibidos por la señora María Albenis Bermeo por concepto
de pensión gracia es contraria al ordenamiento jurídico, pues atenta contra el
principio de sostenibilidad del sistema y desconoce que el reconocimiento estuvo
precedido de una actuación irregular, al punto que el juez de tutela que ordenó el
reconocimiento pensional fue condenado penalmente por estos hechos.

Así, respecto de la causal contemplada en el literal a) de artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la entidad asegura que la decisión de negar el reintegro de las sumas

7 Según consta a folios 201 y siguientes del PDF denominado “Cuaderno 3”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022”, que a su vez contiene la copia digital del
expediente ordinario visible a índice 44 de SAMAI, al proceso de tutela le correspondió el radicado
11001-03-15-000-2019-02659-00.
8 Índice 14 de SAMAI del proceso N° 11001-03-15-000-2019-02659-01.
9 Folio 2 a 21 del PDF denominado “34_ED_RER2019027470”, visible en el índice 23 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

percibidas por la señora Bermeo vulneró los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 58, 83, 95, 121,
123 y 124 de la Constitución Política, “sobreponiendo el interés particular sobre el
general, con detrimento de las arcas públicas y de los demás pensionados”.

Para la parte recurrente, en esta decisión no se consideró que la reclamante acudió
de forma malintencionada a la acción de tutela para obtener el reconocimiento
pensional, al hacerse parte de una demanda de amparo interpuesta por 88 docentes
sin nexo alguno entre ellos y en un municipio (Magangué- Bolívar) en donde los
tutelantes no tenían ni su domicilio ni negocios, proceso respecto del cual la Corte
Suprema de Justicia encontró penalmente responsable del delito de prevaricato al
juez instructor, precisamente por el reconocimiento irregular de la prestación. En
este contexto, sostiene que la mala fe en la que incurrió la otrora demandada estaba
plenamente demostrada.

Por su parte, en lo que concierne a la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP alega que se reconoció una suma superior a la
debida de acuerdo a la ley, en tanto la señora María Albenis Bermeo nunca tuvo
derecho a la pensión gracia y, en consecuencia, “no debió recibir ni un solo peso
por [ese] concepto (…)”.

Finalmente, indica que en este caso se debió aplicar la tesis planteada en la
sentencia T-218 de 2012, en la que la Corte Constitucional reconoció que el fallo de
tutela expedido por el Juzgado de Magangué violó el ordenamiento jurídico y, por
consiguiente, en aplicación del principio “fraus omni corrumpit”, debió ordenarse el
reintegro de las sumas percibidas ilegalmente, tal y como lo había hecho ya la
Sección Segunda en un caso análogo.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Por auto de tres (3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), el Despacho
inadmitió el recurso y le concedió el término de diez (10) días a la parte actora para
que, de considerarlo del caso, procediera a su subsanación10.

3.2. Habiéndose efectuado las correcciones pertinentes, por auto de veintitrés (23)
de febrero de dos mil veintidós (2022) el Despacho admitió el recurso y ordenó la

10 Índice 13 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

notificación personal de la señora María Albenis Bermeo11, de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y del Ministerio Público12.

Dentro del término de ley, solo el Procurador Tercero Delegado intervino en este
asunto13.

Así, mediante Concepto 088 de 2022 solicitó que se declare fundado el recurso
extraordinario de revisión pues, según su criterio, se configuró la causal prevista en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, considerando “el reconocimiento
del derecho, desde los presupuestos para su existencia, desde el surgimiento del
derecho para la entidad al reintegro de las sumas indebidamente pagadas por
concepto de pensión gracia”14.

Para el Ministerio Público, si bien en el caso concreto la Sección Segunda descartó
la configuración de la mala fe, esa misma Sección ha analizado este tema desde la
perspectiva del fraude global, en el que no solo se tiene en cuenta la conducta del
operador judicial que ordena indebidamente la suma periódica, sino de las partes y
de los abogados que promueven esas actuaciones ꟷen principio, todas legalesꟷ,
para obtener un reconocimiento de tal naturaleza, pese a que son conscientes que
no tienen derecho a lo reclamado.

A su juicio, en este caso sí se demostró la mala fe de la señora Bermeo, pues pese
a que prestó sus servicios en una educación educativa del Huila y su residencia y
domicilio se encontraban en dicho departamento, acudió a un Juzgado de
Magangué (Bolívar) ꟷcuyo titular fue posteriormente penado por el delito de
prevaricatoꟷ, para obtener un reconocimiento al que no tenía derecho, aspectos
que no fueron tenidos en cuenta por los jueces de instancia, lo que ocasionó una
vulneración al derecho al debido proceso de la entidad recurrente en tanto el
reconocimiento pensional fue ilegal en su causa misma.

11 Tal y como consta en el índice 35 de SAMAI, la notificación personal se realizó a la dirección

electrónica aportada por la UGPP mediante memorial de dos (2) de marzo de dos mil veintidós
(2022).
12 Índice 27 de SAMAI.
13 Teniendo en cuenta que el término para intervenir en el proceso corrió entre el siete (7) y el

dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022), es claro que la intervención presentada por la
apoderada de la señora María Albenis Bermeo el primero (1°) de noviembre de ese mismo año fue
extemporánea. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
14 Índice 37 de SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

Finalmente, indicó que la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 no se encuentra configurada, pues en este caso no se reconoció ninguna
pensión y, por ende, no podía predicarse que su cuantía excediera el monto fijado
en la ley.

3.3. Mediante auto de treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022) se
resolvieron las solicitudes probatorias elevadas por las partes, decisión que no fue
objeto de recurso15.

3.4. Agotada la etapa probatoria, el trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022)
el expediente entró al Despacho para adoptar la decisión que en derecho
corresponda16.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Especial de Decisión N° 16 es competente para decidir el presente recurso
extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)17 y del numeral 1° del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento
Interno del Consejo de Estado18ꟷ, por tratarse de un recurso contra una sentencia
dictada por una subsección de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Conforme con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala Especial de
Decisión N° 16 establecer si la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el treinta y uno (31) de enero de dos mil
diecinueve (2019), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

15 Índice 39 de SAMAI.
16 Índice 46 de SAMAI.
17 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por

las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.”
18 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de

competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado
(…).
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

41001-23-33-000-2014-00567-02 −lesividad−, se encuentra incursa en las causales
de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y las causales señaladas por
la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Generalidades de la revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003

3.1. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 19 establece el recurso de
revisión contra las decisiones que reconozcan sumas periódicas a cargo del Tesoro
Público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”20.

19 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.
20 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia

C-835 de 2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

De esta forma, tratándose del reconocimiento de sumas periódicas y con el
propósito de preservar la integridad del erario y velar por la sostenibilidad del
sistema general de pensiones, el legislador estableció que las sentencias, actos
conciliatorios o transacciones que reconozcan una prestación periódica o pensiones
a cargo del presupuesto público, pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o
por la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias.

En sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional señaló que dicha norma
establece una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las siguientes
características: (i) está restringido a una parte activa calificada, es decir, solo
determinadas entidades tienen legitimación para instaurarla; (ii) procede
únicamente por las dos causales específicas previstas en la ley, con las cuales se
busca la protección y recuperación del patrimonio público, y (iii) su objeto es
delimitado, por lo que el análisis debe dirigirse a establecer la legalidad de las sumas
periódicas que han sido reconocidas21.

Así, en esta clase de procesos lo que se busca es determinar la legalidad del
reconocimiento efectuado, bajo la premisa de que se debe salvaguardar el erario de
prestaciones ilegales o reconocidas de forma errónea y que esa labor corresponde
no solo a las autoridades administrativas, sino también a las judiciales.

Por ello, la jurisprudencia ha entendido que esta acción especial tiene como fin
último preservar el patrimonio público, lo que impone que se examine desde esa
perspectiva22.

3.2. Salvo por estas diferencias, en lo demás la revisión prevista en la Ley 797
comparte las características propias del recurso extraordinario de revisión, el cual
es una herramienta prevista en las diferentes jurisdicciones con el propósito
despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen
ciertas decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales
que permiten sostener que son contrarias a derecho.

21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 30 de noviembre de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2017-01538-00.
22 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de

Decisión N° 21, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2016-02514-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la decisión
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o
argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario23.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, el Consejo
de Estado ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable
de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión
de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se
convierta en una tercera instancia.”24 (Se resalta).

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.

4. Las causales de revisión previstas en el los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003

De conformidad con el primer inciso del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el primer
requisito de procedibilidad de esta acción especial de revisión es que exista una
sentencia, conciliación o transacción en la que la autoridad respectiva haya
reconocido, reajustado o liquidado alguna prestación periódica de suma de dinero
con cargo a fondos públicos. Sobre el punto, la Sala Especial de Decisión N° 6 del
Consejo de Estado indicó:

“Al revisar con detenimiento el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se advierte
que la acción de revisión especial procede contra sentencias que hayan
decretado (i) un reconocimiento que imponga la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o, (ii) una pensión de cualquier naturaleza. Así mismo,

23 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de diciembre de 2019,

radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00 (REV).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,

radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

la norma dispone que también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

Así las cosas, la acción de revisión exige que el reconocimiento pensional
sea otorgado en una sentencia, o sea el resultado de una transacción o
conciliación. Ahora, si bien el recurrente afirma que en este caso procede
el estudio puesto que al negarse las pretensiones de la demanda, se
‘mantiene’ el reconocimiento de la pensión, y por tanto hay lugar a estudiar:
(i) si ese reconocimiento pensional fue obtenido con violación al debido
proceso, y (ii) si la cuantía excede lo debido de acuerdo con la ley; debe
precisarse que dicha conjetura no está llamada a prosperar, puesto que
como se dijo en precedencia, la revisión es una acción especial, que tiene
como objeto o finalidad controvertir las sentencias, transacciones o
conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público.

De manera que para la prosperidad de las causales del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, no es lo mismo el reconocimiento de una pensión a través
de un acto administrativo, que por medio de una sentencia; y mucho menos
puede equipararse una sentencia que niega las pretensiones de declarar la
nulidad de un acto que reconoce una pensión, con una sentencia que
reconoce o decreta una prestación o una pensión, para efectos de su
estudio en sede del recurso extraordinario de revisión.”25 (Negritas en
original y subraya de la Sala).

De ahí entonces que sea necesario, como primer presupuesto de prosperidad de la
acción contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que se trate de una
sentencia, conciliación o transacción donde se haya efectuado un reconocimiento
pensional.

4.2. Ahora bien, específicamente respecto de la causal prevista en el literal a), debe
anotarse que aquella parte del supuesto de que se haya reconocido, reajustado y/o
liquidado una pensión con cargo al tesoro público o de naturaleza pública y que ese
reconocimiento haya sido espurio, porque ocurrió con violación al debido proceso.

De ahí que el recurrente deba entonces arrimar elementos de prueba que permitan
evidenciar que hubo una contravención de las garantías mínimas del derecho al
debido proceso, como el contar con un juez natural o funcionario competente,
presentar y controvertir las pruebas, defenderse, tener claramente determinadas las
reglas procesales y participar de actuaciones en las que se garantice su

25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 6, sentencia del 3 de noviembre de 2020,

radicación 11001-03-15-000-2020-03047-00.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

publicidad26. Además, esta Corporación ha entendido que un reconocimiento
pensional también es contrario al derecho al debido proceso cuando el “origen o
génesis del derecho es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo
a su favor”27.

4.3. Por su parte, la causal b) del artículo 20 ibidem contempla que procede la
revisión de la providencia que reconozca una prestación periódica por encima de la
cuantía prevista en la ley, lo que implica que deba contrastarse la decisión de
reconocimiento, reajuste o liquidación con las normas que regulan la materia, a
efectos de establecer si el monto está ajustado o no a lo ordenado por el
ordenamiento jurídico. En la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003, se determinó que ella obedecía a la necesidad
“de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos”28.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

“(…) la causal se erige como una herramienta legal útil, que persigue
fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite corregir
los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en
especial, el principio de solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible
fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de
rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación
del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular”.

Para su procedencia, deberá demostrarse “i) que se trate de un derecho debido de
acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un
exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho”29.

Establecido lo anterior y con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la
Sala a realizar el análisis del caso concreto.

26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia del 1 de diciembre de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2020-00171-00 y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2020-00001-00.
27 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia de 1 de marzo de 2021, radicación

11001-03-15-000-2019- 01747-00.
28 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 23, sentencia de 6 de agosto de 2019,

radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

5. El caso concreto

De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde establecer entonces
si en el caso objeto de estudio se materializaron los supuestos para la procedencia
de las causales de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

5.1. Al respecto, lo primero que debe advertir la Sala es que, como se explicó, de
conformidad con los parámetros previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el fallo a revisar debe haber reconocido, reajustado o liquidado una prestación
periódica.

Sin embargo, en este caso está demostrado que la sentencia cuya revisión se
solicita ꟷesto es, la proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve
(2019) por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estadoꟷ, no
reconoció, reajustó ni reliquidó una prestación periódica, sino que declaró la nulidad
de la Resolución RDP 035987 de 6 de agosto de 2013, mediante la cual se había
reconocido “pensión de jubilación gracia en cumplimiento de un fallo de tutela
proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MAGANGUE,
BOLIVAR”.

En ese sentido, es claro que no se trata de una providencia que haya “decretado o
decrete reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza”, tal y como lo exige el inciso primero del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, sino de una que, por el contrario, dejó sin efectos de manera definitiva el acto
a través del cual se reconoció la prestación periódica que se reputaba ilegal, por lo
que, de entrada, no se cumple el supuesto de procedencia de la causal de revisión.

En efecto, en el caso particular y concreto el reconocimiento de la prestación
pensional a cargo de fondos públicos se originó en un acto administrativo ꟷla
Resolución RDP 035987 de 6 de agosto de 2013ꟷ, cuya legalidad no puede ser
examinada por la vía del recurso extraordinario de revisión, herramienta que está
reservada al estudio de providencias judiciales, máxime cuando, como en este
caso, ese análisis ya lo adelantó el juez natural, quien determinó que, en efecto, la
prestación estuvo mal reconocida.

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

En este escenario, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por el
Ministerio Público de acuerdo con los cuales debe analizarse “el reconocimiento del
derecho visto desde los presupuestos de su existencia o causación, esto es, para
el caso concreto, desde el surgimiento del derecho para la entidad al reintegro de
las sumas indebidamente pagadas por concepto de pensión gracia a la docente
María Albenis Bermeo de Rivera, todo lo cual constituye detrimento el erario público
(sic), de suerte que, al ser resuelto el asunto solo bajo la perspectiva de la prueba
de la mala fe, surge razonable considerar la materialización de la causal”, pues ello
supondría desconocer el requisito de procedencia establecido en la ley y plantear
un análisis de fondo de una decisión judicial que no reconoció ni impuso prestación
periódica alguna, por el mero hecho de que esta no accedió a todas las
pretensiones elevadas por la entidad recurrente.

Debe recordarse que, dada la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de
revisión, las causales en las que este se funda deben examinarse de manera
restrictiva, incluso en estos eventos en los que se trata de velar por la sostenibilidad
del sistema pensional, pues, en todo caso, con este se busca despojar de la cosa
juzgada a una sentencia debidamente ejecutoriada, lo que impone ejercer la
revisión de forma rigurosa y estricta. Así, el hecho de que el análisis de este recurso
deba estar permeado por principios como la protección de los recursos limitados
del erario, la liquidez, la solvencia y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, no flexibiliza el entendimiento de las causales en las que la revisión debe
fundarse, ni tampoco permite que este se convierta en una tercera instancia a
efectos de invadir las competencias propias del juez natural de la causa.

Por ello, el Consejo de Estado ha entendido que “[e]se equilibrio entre la prestación
y la legalidad de la misma, es la que debe buscar el juez extraordinario cuando en
virtud de su examen, analice si lo pedido en el recurso extraordinario de revisión
recae en pensión irregularmente otorgada o en monto que no corresponde, o
constituye una mera discrepancia que en última (sic) aconteció por ausencia de
reclamo o defensa en las instancias ordinarias a efectos de plantear discusiones de
orden interpretativo que no resulten de evidente disparidad con lo previsto u
ordenado por la ley.”30. Es así entonces que la acción de revisión especial “no puede

30 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°4, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación

11001-03-15-000-2018-01883-00.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que
incurra el fallador,31 ni para reabrir el debate probatorio de las instancias”32.

Así las cosas, es claro que en este caso no se advierte cumplido el primer
presupuesto general de procedencia de esta herramienta extraordinaria de revisión,
previsto en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, que el
recurso se dirija contra una sentencia que haya reconocido, liquidado o ajustado
alguna prestación periódica con cargo a dineros públicos.

5.2. Aunque lo anterior resulta suficiente para declarar infundado el recurso, la Sala
tampoco advierte que en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho −lesividad− N° 41001-23-33-000-2014-00567-01 se haya transgredido el
derecho al debido proceso de la UGPP en el sentido indicado por la parte actora.

En efecto, la decisión de no ordenar la devolución de las sumas de dinero pagadas
por la UGPP a la señora Bermeo no se advierte irracional o arbitraria, sino que fue
soportada por la autoridad judicial en el análisis de lo acreditado en el proceso
respecto de la conducta de la otrora pensionada; cosa distinta es que la recurrente
no la comparta. Así, sobre el punto el Consejo de Estado explicó en la sentencia
objeto de revisión:

“(…) en lo que se refiere al reintegro de los valores recibidos por la señora
María Albenis Bermeo, la Sala concluye que le asiste razón al a quo al
negar tal pretensión, pues en el proceso no se encuentra acreditada la mala
fe con que pudo actuar esta para obtener el pago de los beneficios
pensionales otorgados, pues no existe prueba que demuestre fraude,
maniobras o actos ilegales tendientes a lograr el reconocimiento pensional,
es decir, la UGPP no acreditó una aptitud inmoral o ilegal de la pensionada.
Lo anterior, dado que para acceder al citado pedimento, no basta que la
entidad exponga la ilegalidad del reconocimiento pensional, sino que
resulta necesario que aporte todo el material probatorio tendiente a
demostrar que la conducta de la señora María Albenis Bermeo se apartó
del postulado de buena fe, en atención a que este mandato constitucional
está estrechamente ligado a los derechos al buen nombre y la dignidad
humana, lo cual se echa de menos dentro del expediente, a contrario
sensu, se colige que la accionada, al presentar las peticiones tendientes a
obtener el reconocimiento de la pensión gracia y al instaurar la acción de
tutela, actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello.”33

31 Cita en original: “Ver Corte Constitucional. Sentencia C-520 de 2009. M.P.: Dra. María Victoria

Calle Correa.”
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°7, sentencia del 4 de febrero de 2020, radicación

11001-03-15-000-2016-03243-00.
33 Folio 175 a 176 del PDF denominado “Cuaderno 3”, archivo ZIP
“70_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_36 2022” del índice 44 de SAMAI.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

En ese orden, el ad quem consideró que el hecho de que la pensión se obtuviera a
través de una acción de tutela ꟷcon las particularidades en las que esta se impetró
y desarrollóꟷ, no resultaba suficiente para concluir la mala fe de la señora Bermeo;
lo anterior, con la advertencia de que el argumento relacionado con la condena
penal impuesta al juez de la acción de amparo no fue planteado en el curso del
proceso ordinario, ni tampoco en este proceso resultó acreditado que la señora
María Albenis Bermeo hubiere sido condenada, ni vinculada al proceso penal que
dio cuenta de la conducta irregular del juez al reconocer la pensión mediante tutela
a ochenta y ocho (88) personas; en consecuencia, no puede entenderse por ese
hecho, que el fallo se originó en maniobras suyas que implicaran la mala fe, pues
a este plenario no se allegaron pruebas en ese sentido.

En el mismo sentido, la Sala advierte que si el fallo del treinta y uno (31) de enero
de dos mil diecinueve (2019) no reconoció ninguna prestación, mal podría
predicarse la configuración de la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en relación con la vulneración de los topes
previstos en la ley, pues, se repite, el reconocimiento de la pensión no ocurrió con
la decisión judicial que se revisa sino con la Resolución RDP 035987 de 6 de agosto
de 201334, expedida en cumplimiento de una orden de amparo transitorio.

5.3. Así las cosas, se concluye entonces que en el fallo objeto de revisión no se
encuentra materializada alguna de las causales de las que trata el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, por lo que el recurso extraordinario deberá declararse infundado.

34
Sobre el punto, en sentencia del 22 de noviembre de 2021 la Sala Especial de Decisión N° 9,
radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, al analizar un asunto similar al aquí planteado, concluyó:
“[e]n el caso que nos ocupa, el Consejo de Estado confirmó la decisión del tribunal que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de lesividad, en tanto que declaró la nulidad de la
Resolución RDP 039899 del 29 de agosto de 2013, proferida por la UGPP, mediante la cual le fue
reconocida la pensión gracia al señor Humberto Jaramillo Guzmán en cumplimiento al fallo de tutela
proferido por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangué de 6 de octubre de 2006 y negó el
restablecimiento del derecho. // Frente al tema es importante señalar que este mecanismo
extraordinario no es el procedente para analizar o debatir lo decidido en el proceso constitucional de
tutela, en donde se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión cuestionada. // Asimismo, es
evidente que con la decisión judicial de 10 de octubre de 2018 se puso punto final a la discusión
frente al reconocimiento y pago de la pensión gracia del señor Jaramillo Guzmán, que provocó un
pago sin fuente jurídica, con lo que zanjó tanto el debate administrativo como judicial en torno al
tema y se finiquitó un reconocimiento pensional irregular que afectó tanto el erario como el principio
de solidaridad y equilibrio financiero del sistema pensional. //. En lo referente a la devolución de las
sumas, es apenas claro que el debate finalizó con la decisión de 20 de agosto de 2014 dictada por
el Tribunal Administrativo del Tolima, cuando decidió denegar la pretensión de ordenar al accionado
la devolución de las sumas percibidas por concepto de pensión gracia (…)”.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

6. Costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “[s]alvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.

Teniendo en cuenta que, tal y como lo ha establecido el Consejo de Estado, cuando
las entidades estatales acuden a la acción especial de revisión prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, lo hacen con el fin de preservar el erario y la legalidad de
las prestaciones periódicas reconocidas35, es claro que este proceso es de aquellos
en los que se ventila un interés público.

En consecuencia, en este caso no resulta procedente proceder imponer condena
por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena, a través de la Sala
Especial de Decisión N° 16, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el treinta y uno (31) de enero de dos mil
diecinueve (2019), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
−lesividad− N° 41001-23-33-000-2014-00567-02.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Por Secretaría General, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

35 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 9, sentencia del 22 de noviembre

de 2021, radicado N°11001-03-15-000-2019-01749-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-02747-00
Recurrente: UGPP

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejera Consejero

CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
Con aclaración de voto

P14

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