Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00567-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión gracia: naturaleza jurídica
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00567-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2014-00567-02
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
31 de enero de 2019
PENSIÓN GRACIA – Naturaleza jurídica / PENSIÓN GRACIA – Finalidad / PENSIÓN GRACIA – Requisitos / PENSIÓN GRACIA – Liquidación / DOCENTE NACIONAL – No es beneficiario de la pensión gracia
La pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. (…).El propósito de la pensión gracia fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación. (…). Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta. (…). La pensión gracia debe ser liquidada con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, de conformidad con la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de ese año, por cuanto expresamente el artículo 1º (inciso 2º) de la Ley 33 de 1985 excluyó las pensiones especiales del régimen ordinario allí previsto. (…). La Sala concluye que no le era dable a la Administración reconocer la pensión gracia a la demandante con ocasión de la naturaleza de su vinculación (nacional), motivo por el cual deberá anularse la Resolución RDP 35987 de 6 de agosto de 2013, tal como lo decidió el a quo.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 26 de agosto de 1997, radicación: S-699, C.P.: Nicolás Pájaro Peñaranda.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 128 / LEY 114 DE 1913 – ARTÍCULO 1 / LEY 114 DE 1913 – ARTÍCULO 2 / LEY 114 DE 1913 – ARTÍCULO 4 / LEY 116 DE 1928 – ARTÍCULO 6 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 15 / LEY 24 DE 1947 – ARTÍCULO 1 / LEY 4 DE 1966 – ARTÍCULO 4 / DECRETO REGLAMENTARIO 1743 DE 1966 – ARTÍCULO 5 / LEY 62 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1160 DE 1947 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 102
RESTITUCIÓN DE SUMAS DE DINERO PAGADAS POR FUERA DE LA LEY Y OBTENIDAS POR MEDIO DE FALLO DE TUTELA / MALA FE – Prueba
Para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación social sin tener derecho a ella, en el proceso deberá estar acreditada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser desvirtuada. (…). En lo que se refiere al reintegro de los valores recibidos por la demandante, la Sala concluye que le asiste razón al a quo al negar tal pretensión, pues en el proceso no se encuentra acreditada la mala fe con que pudo actuar esta para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, pues no existe prueba que demuestre fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr el reconocimiento pensional, es decir, la UGPP no acreditó una aptitud inmoral o ilegal de la pensionada.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de agosto de 2018, radicación: 0258-17, C.P.: César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 ORDINAL 1
CONTROL JUDICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA – Procedencia
Los actos administrativos que se profieran como consecuencia de una orden constitucional de tutela no están excluidos del control judicial que por mandato constitucional y legal le corresponde ejercer a los jueces de lo contencioso-administrativo, por lo tanto, el litigio originado de la cosa juzgada constitucional en materia de amparo, cobra distancia del debate posterior que surja por la expedición de los referidos actos, dado que la discusión primaria gira en torno a la protección de derechos fundamentales y la que se origine de esta, concierne a unas causales específicas de legalidad previstas en el ordenamiento. Los anteriores argumentos son oportunos para desvirtuar la inconformidad planteada por la parte accionada en la alzada, atinente a que los actos que profiera la administración como consecuencia de una orden constitucional de tutela no son enjuiciables, por tratarse a actos de ejecución.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con el control judicial de actos administrativos en cumplimiento de fallos de tutela, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de enero de 2017, radicación: 2400-14.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 303 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 304
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 41001-23-33-000-2014-00567-02(4028-16)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Demandado: MARÍA ALBENIS BERMEO
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Cosa juzgada constitucional en materia de tutela; reconocimiento de pensión gracia; docente nacional; devolución mesadas pensionales
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes (ff. 443, 444 y 458 a 471) contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 430 a 435).
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 25 a 54). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la señora María Albenis Bermeo, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 35987 de 6 de agosto de 2013, por medio de la cual la UGPP, «[…] en cumplimiento de fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué – Bolívar, fechado el día 6 de [o]ctubre de 2006 […]», reconoció la pensión gracia a la señora María Albenis Bermeo, a partir del 6 de febrero de 2001.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, (i) se ordene a la demandada restituirle «[…] las sumas de dinero correspondientes a los valores cancelados mediante la Resolución RDP035987, desde la fecha en que se hizo efectiva, esto es el día 6 de [f]ebrero de 2001, hasta cuando se realice el pago […], es decir se verifique la devolución total del dinero […]», las cuales deberán ser canceladas; y (ii) se declare que a la accionada «[…] no le asiste el derecho al reconocimiento de pensión vitalicia de jubilación gracia, en razón a su vinculación como docente del orden nacional […]; por tanto, no hay lugar al pago de valor alguno por nuevo cálculo pensional». Por último, se condene en costas a la demandada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la entidad actora que «[l]a señora MARIA [sic] ALBENIS ROMERO, nació el día 06 de [f]ebrero de 1951 […]» y se desempeñó como docente nacional desde el 16 de febrero de 1976 hasta el 19 de mayo de 2003.
Dice que el 22 de junio de 2003 la demandada solicitó de la extinguida Caja Nacional de Previsión Social el «[…] reconocimiento y pago de pensión mensual vitalicia – pensión gracia-», lo cual le fue negado mediante Resolución 31881 de 28 de diciembre de 2004, por cuanto no cumplía los requisitos legales para ello, «[…] específicamente [lo] relacionado con la prestación de 20 años de servicio en el ramo docente del orden Nacionalizado, Departamental, Municipal o Distrital», decisión confirmada con Resolución 1735 de 6 de abril de 2005.
Que por lo anterior, la accionada instauró acción de tutela contra la liquidada Cajanal, «[…] tramitada ante el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MAGANGUE [sic], bajo Radicado Nº2006 – 00194 y resuelta mediante providencia de fecha 6 de [o]ctubre de 2006 […]», en el sentido de acceder al amparo deprecado, y por consiguiente, ordenarle reconocer la pensión gracia a la tutelante.
Arguye que «[…] expidió el acto administrativo contenido en la Resolución Nº24194 del 29 de [m]ayo de 2007, mediante la cual se abstiene de dar cumplimiento […]» a la decisión relacionada en el párrafo anterior, «[…] por tratarse de una orden judicial que no se adecua [sic] al ordenamiento legal, ya que se trata del reconocimiento de una pensión a un[a] docente de carácter NACIONAL», motivo por el que la accionada pidió la revocación directa de la aludida Resolución, para que en su lugar se acatara el fallo de tutela; solicitud despachada de manera favorable, razón por la que emitió «[…] la Resolución RDP035987 del 6 de [a]gosto de 2013, acto administrativo que ordena el reconocimiento de pensión de jubilación gracia a [su] favor […]».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 6, 123, 124 y 128 de la Constitución Política y las Leyes 114 de 113, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.
Aduce que «[…] la señora MARIA [sic] ALBENIS BERMEO no cumple con los veinte (20) años de servicio en una entidad territorial, municipal o departamental, requisito que exige la Ley 114 artículo 4, teniendo en cuenta que estuvo vinculad[a] como docente de carácter NACIONAL, por consiguiente dicho período no puede computarse para el reconocimiento de pensión gracia».
Que «[e]l haber realizado el reconocimiento de una pensión gracia desconociendo la vinculación del docente, esto es de carácter NACIONAL, significa un desconocimiento pleno de la normatividad que regula lo referente a la pensión especial gracia».
Indica que «[…] el Acto Administrativo demandado, la Resolución RDP035987 del 6 de [a]gosto de 2013, que dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MAGANGUE [sic] el 6 de octubre de 2006 reconoció la pensión de jubilación gracia a la señora MARIA [sic] ALBENIS BERMEO, teniendo en cuenta tiempos de vinculación de carácter Nacional […]».
Que en atención a que la docente no contaba con los 20 años de servicio como docente nacionalizado o territorial «[…] es evidente que se omitió por tanto, con la expedición del acto administrativo demandado que ordenó el reconocimiento de una pensión gracia, la Ley y jurisprudencia en Colombia, así las cosas, la consecuencia lógica consistía en haber determinado que no era dable el reconocimiento y pago de la prestación, sin embargo, no por esta razón, está obligada hoy en día la Administración Pública a soportar una situación que genera un detrimento continuo al erario […], máxime teniendo en cuenta que el pago de la mesada pensional se hace de manera periódica, lo cual genera una violación injustificada y permanente al principio de estabilidad financiera del sistema pensional, quebrantada con el citado acto administrativo de reconocimiento irregular».
1.5 Medida cautelar. La UGPP en el escrito de demanda solicitó suspender provisionalmente el acto administrativo enjuiciado, debido a que por medio de aquel «[…] se reconoció pensión gracia a un[a] docente del orden Nacional lo cual a todas luces va en contravía del orden público mismo, así como de la estabilidad del sistema, parte de ser una flagrante violación a la normatividad aplicable, como un claro desconocimiento de los lineamientos jurisprudenciales que sobre la materia se han proferido. Este reconocimiento ilegal, le ha causado un detrimento económico a la Nación» (ff. 67 a 82 del cuaderno de apelación de auto de suspensión provisional).
La anterior medida cautelar fue decretada el 13 de octubre de 2015 (ff. 84 a 87 cuaderno de apelación de auto de suspensión provisional) por el Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), proveído que fue objeto de recurso de apelación por parte de la señora María Albenis Bermeo (ff. 91 a 100 cuaderno de apelación de auto de suspensión provisional), concedido el 2 de diciembre siguiente (f. 110 cuaderno de apelación de auto de suspensión provisional), cuyo expediente por reparto le correspondió a este despacho, sin embargo, antes de desatar el referido recurso, mediante auto de 7 de diciembre de 2017 (ff. 140 y 140 vuelto cuaderno de apelación de auto de suspensión provisional), conforme a lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso, en atención a que la alzada se concedió en el efecto devolutivo y a que la sentencia de primera instancia, al haber sido objeto de apelación, se encontraba pendiente de trámite en el despacho, se dispuso incorporar ese expediente al principal, con el propósito de que se tramitaran bajo una misma cuerda procesal.
1.6 Contestación de la demanda (ff. 201 a 381). La señora María Albenis Bermeo, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no y opone las excepciones de cobro de lo no debido, desconocimiento del precedente judicial, falta de jurisdicción y competencia, violación de la Constitución Política y de los derechos fundamentales a la demandada, imposibilidad de control judicial del acto administrativo, inepta demanda y buena fe. Asevera que «[…] la afirmación según la cual, para la pensión gracia, solo se pueden tener en cuenta tiempos departamentales, municipales o distritales; o por otra vía, que no se pueden tener en cuenta tiempos nacionales no se puede sostener en un marco histórico legislativo, pues con una interpretación teleológica de las leyes 116 de 1982 y 37 de 1933, interpretadas en el marco de la ley 39 de 1903, debe concluirse que el legislador extendió la pensión gracia a los docentes con tiempos de servicio nacionales».
Que «[…] la propia demandante, Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL reconoció en forma voluntaria y en vía gubernativa cientos de pensiones gracia a Docentes con tiempos de servicio de carácter Nacional […]».
1.7 Providencia apelada (ff. 430 a 435). El Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), mediante sentencia de 23 de junio de 2016, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, por cuanto declaró la nulidad del acto acusado, condenó en costas a la demandante y negó las demás pretensiones (devolución de las mesadas pensionales), al estimar que «[…] el tiempo que laboró la demandada entre el 16 de febrero de 1976 [y el] momento en que le fue certificado el tiempo de servicio por el Departamento del Huila -19 de mayo de 2003-, lo realizó como docente vinculad[a] como Nacional en forma continua, en el Inem Julián Motta Salas de Neiva; por tal razón dicho tiempo no se puede tener en cuenta para la pensión gracia, dado que […] son beneficiarios de esta pensión, los docentes territoriales o nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y la demandada siempre ha prestado sus servicios a la Nación».
Que «[c]omo el artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA, establece que “…no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;” y aquí no se ha desvirtuado la buena fe de la demandada, no hay lugar a ordenar que devuelva lo percibido», sin embargo, en aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), «[…] por remisión que realiza el 188 del CPACA», se le condena en costas.
1.8 Recursos de apelación:
1.8.1 La entidad actora (ff. 443 y 444). Su inconformidad respecto de la decisión de primera instancia atañe a que negó «[…] el reintegro de las sumas canceladas a la parte demandada por concepto de pensión gracia desde [el] 06 de [a]gosto de 2013 […]», ya que «[…] contrario a lo concluido por el a quo, en el caso […] sí se configuró la mala f[e] por parte de la demandada, ya que de antemano conoció que el reconocimiento de su pensión gracia, era contrario a derecho; pues la entidad demandante, negó el reconocimiento de la prestación en comento, toda vez que la señora MARÍA ALBENIS BERMEO, no acreditó haber laborado 20 años en la docencia oficial, territorial o nacionalizada. No obstante, la demandada, inconforme con la anterior decisión de la extinta CAJANAL, procedió a interponer acción de tutela, con el fin de […] obtener el reconocimiento».
Que «[…] la señora MARÍA ALBENIS BERMEO, incurrió en la violación del principio de la buena f[e], al hacer uso de la acción constitucional de tutela, con el fin de obtener, por esta vía, su reconocimiento pensional, cuando el juez natural para dirimir estos conflictos, es necesariamente el de lo Contencioso Administrativo; es decir, si la aquí demandada, consideraba tener derecho a su pensión, debió instaurar el respectivo medio de control […]». De igual manera, transgredió el referido principio la señora Albenis Bermeo al «[…] solicitar la revocatoria directa de la resolución por medio de la cual, la extin[guida] CAJANAL negaba el reconocimiento pensional […]».
Explica que «[…] la solicitud de devolución de los dineros percibidos por la demandada […] encuentra armonía con el principio de sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social con destinación específica, a efectos de satisfacer las pensiones de otros colombianos que tienen una expectativa pensional, pues debe primar de esa manera el interés general sobre el particular».
1.8.2 La demandada (ff. 458 a 471). Inconforme con la anterior sentencia, la señora María Albenis Bermeo, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación, al considerar que «[l]a sentencia de fecha 6 de octubre del 2006, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangue [sic] – Bolívar, Acción de Tutela No 2006-194, hace transito [sic] a cosa juzgada constitucional […]».
Que «[c]omo la resolución RDP 035987 de fecha 6 de [a]gosto del 2013 tiene el carácter ejecutorio del acto administrativo que da cumplimiento a un fallo de tutela, sentencia de fecha 6 de octubre del 2006 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangue [sic] – Bolívar, NO PROCEDE ACCION [sic] DE LESIVIDAD incoada por la UGPP».
Alega que «[l]a UGPP ha REVOCADO DIRECTAMENTE la Resolución RDP 035987 de fecha 6 de [a]gosto de 2013, objeto de nulidad y [la] ha excluido de la nomina [sic] y del pago mensual de [su] mesada […], sin [su] consentimiento […], desde el mes de OCTUBRE DEL 2014», con lo cual la mencionada entidad «[…] ha violado el debido proceso administrativo, como judicial».
Que «[…] los docentes y funcionarios administrativos que fueron vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional – Ministerio de Educación Nacional, son los denominados de carácter nacional y aquellos que fueron vinculados antes del 1 de enero de 1976 y a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, son los denominados personal nacionalizado», motivo por el que al haberse posesionado el 16 de febrero de 1976 adquirió el carácter de maestra nacionalizada, por ende, tiene derecho a ser beneficiaria de la pensión gracia que le fue reconocida.
II. TRÁMITE PROCESAL
Los recursos de apelación interpuestos por las partes fueron concedidos el 23 de agosto de 2016 (f. 473) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 12 de junio de 2017 (f. 482), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de proveído de 22 de septiembre de 2017 (f. 525), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las partes y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1.1 Entidad demandante (ff. 550 a 553). La UGPP, mediante apoderado, reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación y agrega que «[…] en el proceso se encuentra acreditado con el certificado del FOPEP que la demandada ha venido recibiendo sumas de dinero que no le corresponden, ya que se hizo acreedora al reconocimiento de una pensión especial a la cual no tenía derecho, lo cual ha generado un detrimento patrimonial a la entidad […] y un desequilibrio al Sistema de Seguridad Social, con lo cual se demuestra la MALA FE de la demandada al haber solicitado el reconocimiento de la Pensión Gracia sin el lleno de los requisitos para su declaración, acto administrativo abiertamente violatorio de la normatividad dispuesta para el reconocimiento del régimen especial de pensiones».
2.1.2 Parte demandada (ff. 526 a 545). La señora María Albenis Bermeo esgrime que en atención a que ingresó a la docencia oficial el 16 de febrero de 1976, «[…] se debe denominar DOCENTE NACIONALIZA, Ley 43 de 1975, vinculación a partir […]» del 1.º de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1989.
Que, conforme al artículo 122 de la Constitución Política, «[…] la Secretar[ía] de Educación […] del Huila, no puede certificar que [ella era] una DOCENTE: Nacional», dado que el ente encargado de expedir tal constancia es el Ministerio de Educación Nacional, máxime cuando el acto administrativo de nombramiento emitido por esa cartera por sí solo, «[…] NO da la denominación de docente nacional».
2.1.3 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ff. 555 a 562). La mencionada Agencia interviene en el asunto de la referencia para alegar de conclusión, en el sentido de precisar que, a su juicio, «[…] el estudio de legalidad del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión gracia a la señora María Albenis Bermeo, no vulnera el principio de cosa juzgada constitucional de la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006, pues en dicha oportunidad, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, actuando como juez de tutela, analizó si efectivamente la entidad accionada –UGPP- había vulnerado los derechos fundamentales al “debido proceso, igualdad y […] a la pensión de jubilación” invocados por los docentes que reclamaban el reconocimiento de la pensión gracia, estudio indiscutiblemente diferente al que se realiza en la presente acción de lesividad».
Que «[…] la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado […] ha mencionado que el acto administrativo que reconoce o reliquida prestaciones en cumplimiento de una orden judicial puede ser controvertido por la Entidad que los profirió mediante acción de lesividad».
Precisa que «[…] al haberse acreditado suficientemente que la señora María Albenis Bermeo fungió como docente en calidad de NACIONAL, ello implica que jamás podría ser acreedora de una pensión de gracia, tal como lo tiene decantado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y la Corte Constitucional», por lo tanto, «[…] el acto administrativo demandado […] fue expedido únicamente para dar cumplimiento a una orden judicial que desconoció las normas que trata la referida pensión, circunstancia que claramente resulta perjudicial y lesiva patrimonialmente».
Por último, que en ese asunto «[…] la mala fe se materializó al momento en que la demandada prescindió de hacer uso de las acciones legales correspondientes que brinda la normatividad, específicamente, el Código Contencioso Administrativo –el cuál [sic] era aplicable para la fecha-», de lo que se colige que «[…] la señora Bermeo contaba con un mecanismo idóneo y eficaz para solicitar la anulación del acto administrativo que consideraba lesivo para sus intereses; sin embargo, actuando de manera contraria a la buena fe, a través de la acción de tutela, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia».
2.2 La señora María Albenis Bermeo (ff. 565 a 574) presentó un escrito en el que consigna los mismos argumentos esbozados en los alegatos de conclusión, en el sentido de atacar la validez de las certificaciones emitidas por las secretarías de educación municipales o departamentales que indiquen que su vinculación fue nacional, toda vez que, en caso de revestir tal calidad, la entidad competente para ello es el Ministerio de Educación Nacional.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si existe cosa juzgada constitucional en el presente asunto, dado que la pensión gracia que aquí se controvierte fue reconocida mediante fallo de tutela, por ende, los actos administrativos emitidos en cumplimiento de aquel no son enjuiciables en esta jurisdicción; y, en caso de no configurarse tal fenómeno; (ii) si a la señora María Albenis Bermeo le asistía derecho al reconocimiento de la pensión gracia por haber colmado los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan, o por el contrario, carece de fundamento, pues su vinculación a la docencia oficial fue de carácter nacional; y (iii) si hay lugar a ordenar la devolución de los dineros recibidos por la demandada con ocasión del pago de tal prestación.
3.3 Hechos probados. En atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Cédula de ciudadanía de la señora María Albenis Bermeo (f. 67), en la que consta que nació el 6 de febrero de 1951.
b) Acta de posesión del Ministerio de Educación Nacional (f. 416), que demuestra que la señora Albenis Bermeo asumió el empleo de profesora en el Inem Julián Motta de Neiva, a partir del 16 de febrero de 1976, en virtud del nombramiento hecho por esa cartera con Resolución 363 de 11 de los mismos mes y año.
c) Certificación de tiempo de servicio (f. 70), expedida el 19 de mayo de 2003 por la secretaría de educación del Huila, que da cuenta de que la señora Albenis Bermeo ha laborado para esa dependencia como docente nacional, en propiedad, desde el 16 de febrero de 1976 y tenía vínculo laboral vigente a la fecha de expedición de ese documento.
d) Constancia, sin fecha, de la secretaría de educación del Huila (f. 71), en la que se consigna que la señora María Albenis Bermeo entre el 7 de febrero de 2000 y el 6 de febrero de 2001 devengó asignación básica y primas de navidad y vacaciones.
e) Documento suscrito el 4 de junio de 2003 por la señora María Albenis Bermeo (f. 72), en el que, bajo la gravedad del juramento, indica que se ha «[…] desempeñado con honradez, consagración e idoneidad y buena conducta y care[ce] de los medios de subsistencia en armonía con [su] posición social y costumbres».
f) Escrito de 22 de julio de 2003 (f. 66), por medio de la que la señora María Albenis Bermeo solicita de la extinguida Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de la pensión gracia.
g) Resolución 31881 de 28 de diciembre de 2004 (ff. 78 a 83), confirmada por la 1735 de 6 de abril de 2005 (ff. 86 a 89), con la que la entonces Caja Nacional de Previsión Social negó la petición relacionada en la letra precedente, por cuanto la señora María Albenis Bermeo laboró como docente nacional, lo que le impide colmar el requisito de «[…] 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital».
h) Fallo de tutela de 6 de octubre de 2006 (ff. 93 a 129), proferido por el Juzgado Segundo (2.º) Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), que accedió al amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y «a la pensión de jubilación» de los tutelantes, entre ellos, la señora María Albenis Bermeo, y en consecuencia, le ordenó a la extinguida Caja Nacional de Previsión Social reconocerles la pensión gracia, «[…] en los términos contemplados por la Ley 4ª de 1966; esto es, incluyendo todos los Factores Salariales causados en el año inmediatamente anterior a aqu[el] en que […] adquirieron el status jurídico de Pensionados, junto con su respectiva retroactividad, reajustes e indexación a que pueda haber lugar y que efectivamente tienen derecho […]».
i) Resolución 24455 de 29 de mayo de 2007 (ff. 136 a 141), a través de la cual la entonces Caja Nacional de Previsión Social negó la prestación social que concedió la sentencia relacionada en la letra anterior, toda vez que, pese a existir dicha providencia, el referido reconocimiento contraviene las normas que regulan la pensión gracia.
j) Resolución RDP 35987 de 6 de agosto de 2013 (ff. 55 a 59), mediante la cual la UGPP, en cumplimiento del «[…] fallo judicial proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MAGANGUE, BOLIVAR el 6 de octubre de 2006 […]» (sic), reconoció a la señora María Albenis Bermeo la pensión gracia, «[…] efectiva a partir del 6 de febrero de 2001, sin acreditar retiro por ser del ramo docente».
k) Certificación emanada el 24 de noviembre de 2014 (f. 63) por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, en el que se consigna que a la señora Albenis Bermeo se le pagó en septiembre de 2013 los valores correspondientes a la pensión gracia que le fue reconocida desde el 6 de febrero de 2001 hasta esa fecha ($308.758.704,53), y a partir de ese mes se le ha cancelado su mesada pensional por ese concepto hasta septiembre de 2014.
3.4 Cosa juzgada. El artículo 303 del Código General del Proceso (CGP) establece que «[l]a sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes». A su vez, el artículo 304 ibidem trae como excepción, esto es, que no constituyen cosa juzgada, aquellas sentencias «que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley».
Respecto de la cosa juzgada constitucional en materia de tutela, la Corte Constitucional ha precisado que «[d]ecidido un caso por [esa corporación] o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión […], opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido».
No obstante, aclara esa alta corporación que ese tipo de circunstancias solo opera como prohibición a la procedencia de una nueva acción constitucional de amparo contra un fallo de tutela «definitivamente decidido» o excluido de revisión, ya que sería tanto «[…] como instituir un recurso adicional ante la Corte […] para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido […]». Así discurrió:
A este respecto, es importante distinguir entre el fenómeno de la cosa juzgada en materia ordinaria y el mismo fenómeno en materia constitucional. Mientras que en el primer caso es generalmente admitida la procedencia de la acción de tutela por vías de hecho, en el segundo caso, tratándose de un proceso judicial constitucional, donde se persigue en forma explícita y específica la protección de los derechos fundamentales y la observancia plena del orden constitucional, la oportunidad para alegar la existencia de vías de hecho en los fallos de tutela es hasta la finalización del término de insistencia de los magistrados y del Defensor del Pueblo respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.
En punto a la resolución del primer problema jurídico, la Sala difiere de la interpretación restrictiva contenida en la alzada de la demandada, que defiende la inmutabilidad del fallo de tutela de 6 de octubre de 2006 del Juzgado Segundo (2.º) Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) que amparó los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y «a la pensión de jubilación», y la consecuente imposibilidad de reabrir el debate mediante un proceso judicial ordinario, respecto del derecho al reconocimiento de la pensión gracia que presuntamente le asiste a la señora María Albenis Bermeo.
En este asunto, la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad del referido fallo de tutela se predica respecto de los derechos constitucionales fundamentales amparados por la autoridad judicial que ordenó a la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) el reconocimiento y pago de la pensión gracia a los accionantes, entre ellos, a la señora María Albenis Bermeo (ff. 93 a 129).
Así se colige por cuanto los accionantes, en particular, la señora María Albenis Bermeo, en ese momento, contaban con otro mecanismo de defensa judicial, tal como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prevista en los artículos 84 y siguientes del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra los actos administrativos que les negaron la pensión gracia.
En ese orden de ideas, en el asunto sub lite la cosa juzgada constitucional no cobija el acto administrativo objeto de reproche en este asunto. En primer lugar, lo deduce la Sala, porque la tutela se otorgó como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto los afectados disponían de otro medio de defensa judicial (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991); y en segundo, puesto que existe un ordenamiento especial que otorga a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo la facultad de juzgar, a petición de cualquier persona, la legalidad de los actos que expida la Administración.
Lo contrario sería como desconocer la competencia otorgada tanto por el legislador como por la Carta Política (artículos 236 a 238) a los jueces de lo contencioso-administrativo, para que a través de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan acerca de la legalidad de los diferentes actos que expide la Administración, incluidos, por supuesto, los que emita en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.
A guisa de corolario, los actos administrativos que se profieran como consecuencia de una orden constitucional de tutela no están excluidos del control judicial que por mandato constitucional y legal le corresponde ejercer a los jueces de lo contencioso-administrativo, por lo tanto, el litigio originado de la cosa juzgada constitucional en materia de amparo, cobra distancia del debate posterior que surja por la expedición de los referidos actos, dado que la discusión primaria gira en torno a la protección de derechos fundamentales y la que se origine de esta, concierne a unas causales específicas de legalidad previstas en el ordenamiento.
Los anteriores argumentos son oportunos para desvirtuar la inconformidad planteada por la parte accionada en la alzada, atinente a que los actos que profiera la administración como consecuencia de una orden constitucional de tutela no son enjuiciables, por tratarse a actos de ejecución.
3.5 Reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.1 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, consagró por primera vez la pensión gracia, así:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional [...]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Política de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual.
La Ley 37 de 1933 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
La Corte Constitucional en sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.
Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto de las pensiones estableció lo siguiente:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional (se destaca).
Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[...] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
[...]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional en sentencia C-84 del 17 de febrero de 1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los "docentes oficiales", aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen "un servicio a cargo de la Nación", lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación (se subraya y resalta).
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
En lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia se debe observar lo reglado en el artículo 2.º de la Ley 114 de 1913, según el cual «[l]a cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos».
Luego, el artículo 1.º de la Ley 24 de 1947, «por la cual se adiciona el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter social», dispone:
Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo, en relación con la jubilación y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales con aporte a varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.
[…]
PARAGRAFO 2º. Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año [destaca la Sala].
Cabe advertir que si bien la anterior norma determinó que las pensiones de jubilación de los docentes se liquidarían con base en el promedio de lo devengado en el último año, lo cierto es que el legislador omitió precisar si esa anualidad era la precedente al retiro del servicio o si, por el contrario, era menester tener en cuenta la fecha de adquisición del estatus pensional.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966 preceptúa:
A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.
La anterior Ley no discriminó ninguna pensión de las recibidas por los servidores oficiales y su Decreto reglamentario 1743 de 1966, estableció en su artículo 5.º:
A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público.
De lo anterior se colige que la base de liquidación de las pensiones de que gozaban los servidores públicos estaba constituida por el 75% del salario recibido por el empleado en último año de servicios.
El Decreto 224 de 1972, «por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente», prescribe:
El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.
La norma citada permitió la compatibilidad entre la prestación del servicio docente y el disfrute de la pensión de jubilación, incluida la gracia, hasta cuando el maestro cumpliera la edad de 65 años, cuando se le retiraría forzosamente de sus labores.
A su vez, las Leyes 33 y 62 de 1985 determinaron los requisitos de tiempo de servicio, edad y monto de la pensión de jubilación de los servidores públicos, así:
ARTÍCULO 1º: El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
Sin embargo, el inciso 2.º del referido artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, señaló que «No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones» (se destaca), razón por la cual no resultan aplicables a la pensión gracia los aspectos previstos en el régimen general de pensiones, al comportar esta una prestación especial que cuenta con una normativa específica respecto de su liquidación.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de 12 de julio de 2012, discurrió así:
Ahora, en el año de 1985, con la expedición de la Ley 33 se conservó el quantum del valor pensional en el 75%, se modificó la edad para otorgar las pensiones generales y los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación, ya que se dispuso que el monto del 75% de la asignación se calcularía sobre el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
Sin embargo, esta normatividad exceptuó de su aplicación expresamente en su artículo 1º, a aquellos empleados que por Ley disfrutaran de un régimen especial de pensiones.
[…].
La norma es suficientemente clara al respecto, y lógico es deducir, que pensiones de régimen especial como la que nos ocupa, no podrían ser liquidadas al abrigo del ordenamiento invocado, pues el mismo Legislador las excluyó de su ámbito de aplicación al consagrar expresamente tal excepción, como se infiere del aparte transcrito; así, tampoco puede atenderse a lo dispuesto en la Ley 62 de 1985 pues ésta tan solo modificó el artículo 3º de la citada Ley 33, por lo que se mantuvo incólume lo dispuesto en su artículo 1º en cuanto al régimen de excepción en su aplicación.
Ahora, si se tiene en cuenta que la pensión gracia, no obstante estar a cargo del Tesoro Nacional se causa sin que se requieran aportes a ésta, mal podría liquidarse con base en el valor de los aportes realizados durante el último año de servicios, en tanto estos resultan inexistentes frente a dicha prestación.
En este sentido, el aspecto neurálgico que ha generado mayor controversia entre los beneficiarios de la pensión gracia, corresponde precisamente a la forma como se debe liquidar por parte de la Caja Nacional de Previsión, en virtud a que dicha Entidad ha adoptado para tal efecto las normas anteriormente mencionadas -Ley 33 y 62 de 1985- sin consultar su adecuada aplicación, procedimiento con el cual quedan excluidos de la liquidación de esta prestación especial, una serie de factores salariales que sin duda alguna afectan los intereses económicos y patrimoniales de los pensionados, quienes en forma injusta ven menguada su prestación, debido a una errónea interpretación y aplicación de la Ley.
Al respecto, resulta claro que la excepción analizada anteriormente, consagrada en la Ley 33 de 1985, impide la aplicación de las disposiciones generales allí contenidas frente a la liquidación pensional de la pensión aludida, por lo que se habilita la observancia de lo dispuesto en éste sentido en el régimen anterior contenido en la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario -1743 de 1966- referenciados inicialmente, ya que no discriminó ni excluyó de su aplicación pensión alguna de las percibidas por los servidores oficiales. Así, la pensión gracia al tenor de estas disposiciones debe liquidarse en la forma allí señalada, esto es, tomando como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios; sin embargo debe precisarse que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios refiere el año anterior a la adquisición o consolidación del derecho pues es el momento a partir del cual empieza efectivamente a devengarse en tanto su carácter especial admite su compatibilidad con el salario, de manera que para su percepción no es necesario el retiro definitivo del servicio, es decir, que el derecho se perfecciona con el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos por el Legislador para su otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro [negrilla de la Sala].
De acuerdo con la jurisprudencia arriba transcrita la pensión gracia debe ser liquidada con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, de conformidad con la Ley 4.ª de 1966 y el Decreto 1743 de ese año, por cuanto expresamente el artículo 1.º (inciso 2.º) de la Ley 33 de 1985 excluyó las pensiones especiales del régimen ordinario allí previsto.
Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los que vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la pensión.
La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral; comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.
En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1.º), prevé que salario es «[...] todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones [...]».
Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario «[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».
En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor.
3.5.2 Caso concreto. De las pruebas relacionadas en el acápite de hechos probados se desprende que aunque la señora María Albenis Bermeo tiene más de 50 años (los cumplió el 6 de febrero de 2001), se vinculó a la docencia oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 (16 de febrero de 1976), ha desempeñado dicha labor con buena conducta y ha laborado como profesora durante más de veinte (20) años (desde el 16 de febrero de 1976 hasta el 19 de mayo de 2003), lo cierto es que tales tiempos de servicio, tal como lo consideró el a quo, no podían tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que su vinculación fue de carácter nacional, circunstancia demostrada con el certificado de tiempo de servicios emitido por la secretaría de educación del Huila y el acta de posesión de 16 de febrero de 1976, que reposan en el plenario.
Así lo reiteró esta Corporación en sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, al determinar:
En cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial.
En este orden de ideas, los docentes con vinculación nacional, como la señora María Albenis Bermeo, no tienen el derecho de exigir el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto para acceder a dicha prestación se requiere haber laborado como profesora del orden territorial o nacionalizado y, en consecuencia, tienen vocación de prosperidad las súplicas de la demanda.
Ahora bien, esta Sala concluye que no se ajusta al ordenamiento jurídico la afirmación de la accionada consignada en la alzada, según la cual aquellos docentes «[…] que fueron vinculados antes del 1 de enero de 1976 y a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1945, son los denominados personal nacionalizado», como ella, pues al haberse posesionado como maestra el 16 de febrero de 1976 quedó inmersa en el proceso de nacionalización, toda vez que si bien es cierto que en virtud de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 3), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, también lo es que la categoría de nacionalizado no se adquiría con base en la fecha en que fue efectuado el nombramiento, sino porque este lo haya hecho una entidad territorial.
De lo que se colige que la demandada hace una interpretación errónea del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, que diferenció las clases de docentes de la siguiente manera:
i) Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional.
ii) Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional (personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal nacionalizado y territorial).
Por lo tanto, para que la demandada hubiera desempeñado sus funciones como docente nacionalizada, en atención a que su nombramiento ocurrió después del 1.º de enero de 1976, se requería que dicho vínculo hubiera estado precedido del nombramiento efectuado por una entidad territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, a contrario sensu, como quedó expuesto en párrafos anteriores, su incorporación emanó del Ministerio de Educación Nacional.
Por otro lado, la señora María Albenis Bermeo en sus alegatos de conclusión asevera que no tiene validez la certificación de tiempo de servicio expedida por la secretaría de educación del Huila, que da cuenta de que la vinculación que ella tuvo a la docencia fue de tipo nacional, bajo el fundamento de que en ese evento, la competente para certificar la naturaleza de su incorporación era el Ministerio de Educación, frente a lo cual la Sala observa que lo que pretende la demandada es tachar por falsedad ideológica el aludido documento, actuación que debió haber desplegado dentro de la oportunidad procesal pertinente para ello (contestación de la demanda o audiencia inicial, debido a que allí se tuvo como prueba).
No obstante, resulta oportuno aclarar que la constancia analizada tanto por el juez de primera instancia como por esta Colegiatura para decidir el asunto del epígrafe (i) fue expedida por la autoridad territorial en la que trabajó la señora María Albenis Bermeo, (ii) individualiza el cargo desempeñado, dedicación, plantel y su nivel de vinculación y (iii) detalla la fecha de iniciación, pues cuando fue emitida su vínculo laboral docente se mantenía vigente; datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan la pensión gracia y la jurisprudencia de esta Corporación; además de dicha constancia, la cual fue adosada por la UGPP, se tuvo en cuenta el acta de posesión aportada por la demandada durante el trámite del proceso, sin que se advierta que haya sido tachada o desconocida por las partes.
Por lo expuesto, la Sala concluye que no le era dable a la Administración reconocer la pensión gracia a la señora María Albenis Bermeo con ocasión de la naturaleza de su vinculación (nacional), motivo por el cual deberá anularse la Resolución RDP 35987 de 6 de agosto de 2013, tal como lo decidió el a quo.
Dilucidado lo anterior, la Sala se pronuncia acerca de la inconformidad esbozada en el recurso de apelación de la UGPP consistente en que hay lugar a ordenarle a la señora María Albenis Bermeo que devuelva las sumas que le fueron canceladas por concepto de la pensión gracia que le fue ilegalmente reconocida, debido a que obró contrario al postulado de buena fe, frente a lo cual se precisa que, al tenor del artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-131 de 2004, definió el principio general de buena fe, así:
En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios generales del derecho, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.
Igualmente, la Corte Constitucional ha reiterado que «[…] el artículo 83 de la Constitución Política incluye un mandato de actuación conforme a la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas, aunque que se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de las prerrogativas propias de sus funciones, en particular, de la presunción de legalidad de la que se benefician los actos administrativos que éstas expiden. Esto quiere decir que el mismo texto constitucional delimita el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a (i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas, por lo que su ámbito de aplicación no se extiende, por ejemplo, a las relaciones jurídicas entre particulares. Se trata de una medida de protección de las personas frente a las autoridades públicas, que se concreta, entre otros asuntos, en la prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones juramentadas o documentos autenticados, ya que esto implicaría situar en cabeza del particular la carga de demostrar la buena fe en la gestión, de la que constitucionalmente se encuentran exentos. Esta presunción invierte la carga de la prueba y radica en cabeza de las autoridades públicas la demostración de la mala fe del particular, en la actuación surtida ante ella» (se subraya).
Por otra parte, el artículo 164 (letra c del numeral 1) del CPACA establece que la demanda deberá ser presentada en cualquier tiempo, cuando «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (destaca la Sala).
Con base en lo anterior, para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación social sin tener derecho a ella, en el proceso deberá estar acreditada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser desvirtuada.
En ese sentido, se pronunció esta Sala el 23 de marzo de 2017, al estimar que «[…] la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta».
Derrotero jurisprudencial reiterado por esta subsección el 16 de agosto de 2018, al considerar que «[…] la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse por quien así la alega. Es así que es de competencia de quien la invoca, en este caso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acreditar que la demandada, no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales, con el fin de obtener el reconocimiento prestacional».
Así las cosas, en lo que se refiere al reintegro de los valores recibidos por la señora María Albenis Bermeo, la Sala concluye que le asiste razón al a quo al negar tal pretensión, pues en el proceso no se encuentra acreditada la mala fe con que pudo actuar esta para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, pues no existe prueba que demuestre fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr el reconocimiento pensional, es decir, la UGPP no acreditó una aptitud inmoral o ilegal de la pensionada.
Lo anterior, dado que para acceder al citado pedimento, no basta que la entidad exponga la ilegalidad del reconocimiento pensional, sino que resulta necesario que aporte todo el material probatorio tendiente a demostrar que la conducta de la señora María Albenis Bermeo se apartó del postulado de buena fe, en atención a que este mandato constitucional está estrechamente ligado a los derechos al buen nombre y la dignidad humana, lo cual se echa de menos dentro del expediente, a contrario sensu, se colige que la accionada, al presentar las peticiones tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión gracia y al instaurar la acción de tutela, actuó con la convicción de que le asistía el derecho a ello.
En similar sentido decidió esta Sala en la mencionada sentencia de 23 de marzo de 2017, al determinar:
En el sub júdice la presunción de buena fe que ampara al accionado no ha sido desvirtuada por la entidad demandante, pues de acuerdo con la conducta asumida ante la administración, en sede de tutela y ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se observa que ha actuado con el íntimo convencimiento de que tenía derecho a percibir la pensión gracia con fundamento en los tiempos laborados con una vinculación nacional.
En efecto, el demandado no ha realizado afirmaciones engañosas ni ha aportado certificaciones falsas encaminadas a demostrar que prestó sus servicios docentes en entidades territoriales, es más como se estableció en líneas anteriores de esta providencia reconoció abiertamente –como lo hizo CAJANAL en los actos administrativos demandados- que dos (2) de las vinculaciones laborales derivaron de nombramientos realizados por el Gobernó Nacional; en consecuencia, su discusión ha radicado en la interpretación de la Ley –en especial del artículo 15 de la Ley 91 de 1989-, apoyada en decisiones contenciosas recogidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que sostenían la tesis de que la pensión gracia también se podía reconocer a los docentes que habían trabajado en instituciones de orden Nacional.
Por otra parte, el hecho de que el demandando haya acudido en sede de tutela a obtener la reliquidación de la pensión gracia con todos los factores salariales, no puede hacer presumir un actuar ilegal, fraudulento o engañoso, pues en el ordenamiento jurídico existen diversas acciones para reclamar los derechos sin que el uso de ellas denote mala fe, es más, corresponde a la autoridad que conozca de cada una de ellas determinar si la vía judicial escogida es la adecuada para elevar determinada pretensión.
En este orden de ideas, aunque el señor Antonio Claret Pérez Cárdenas percibió sumas de dinero por concepto de mesadas de una pensión gracia reconocida por CAJANAL con base en una interpretación equivoca de la ley –artículo 15 de la ley 91 de 1989-, no se desvirtuó la buena fe con la que actuó, por lo cual no hay lugar a ordenar que se restituyan las sumas pagadas en exceso y en consecuencia el recurso de apelación presentado por la entidad demandante no tiene vocación de prosperidad.
Así las cosas, le asiste razón al a quo en negar el reintegro de las sumas canceladas a la señora María Albenis Bermeo por concepto de la pensión gracia que le fue indebidamente reconocida, dado que no se desvirtuó la buena fe con la que se presume actuó ante la Administración.
Por otra parte, se tiene que en el escrito de apelación la señora María Albenis Bermeo solicita la revocación del fallo de primera instancia en su integridad, lo cual incluye la condena en costas impuesta y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso; al respecto la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena.
En este sentido, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016 así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la señora María Albenis Bermeo, no se le impondrá condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, ya que se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado, pues no era procedente reconocer la pensión gracia a la señora María Albenis Bermeo, pero no se ordenó la devolución de mesadas pensionales, al no haberse desvirtuado la presunción de buena fe con que ella obró; y revocará la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuestas a la demandada.
Por último, en atención a que mediante auto de 7 de diciembre de 2017 (ff. 140 y 140 vuelto) se dispuso incorporar el expediente 41001-23-33-000-2014-00567-01 (0511-2016) al principal, con el fin de que se tramitaran bajo la misma cuerda procesal, habida cuenta de que en aquel se encontraba pendiente desatar el recurso de apelación interpuesto contra el auto que decretó la medida cautelar, consistente en la suspensión provisional del acto administrativo enjuiciado, esta Sala considera que, comoquiera que con esta providencia se decide definitivamente el asunto, perdió objeto la alzada, motivo por el cual no se emitirá pronunciamiento al respecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 23 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora María Albenis Bermeo, conforme a lo consignado en la parte motiva.
2.º Revócase el ordinal quinto de la parte decisoria de la providencia apelada, en cuanto condenó en costas a la demandada, que incluye las agencias en derecho, de acuerdo con las consideraciones de este fallo.
3.º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
«EFECTOS EN QUE SE CONCEDE LA APELACIÓN. Podrá concederse la apelación:
[…]
2. En el efecto devolutivo. En este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso.
[…]
En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible.
[…]». Sentencia SU- 1219 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia SU- 1219 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ibidem. Ordenamiento vigente a la fecha de expedición de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia. En el mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencias de (i) 27 de enero de 2017, radicación 54001-23-33-000-2012-00053-01 (2400-2014) y 15001-23-33-000-2013-00807-01 (1628-2015); y (ii) de 2 de febrero de 2017, radicación 70001-23-33-000-2013-00239-01 (4942-2014); todas con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
«[S]obre Instrucción Pública».
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
«Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público».
«Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985». Expediente 25000-23-25-000-2007-01316-01 (1348-11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Artículo 1º y 3º. Fecha en la que fue expedido el certificado de tiempo de servicios que daba cuenta de que su vínculo laboral continuaba vigente. Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), demandante: Gladys Amanda Hernández Triana, demandada: UGPP, C. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional». De acuerdo con el artículo 269 del Código General del Proceso (CGP), por remisión que a ese ordenamiento hace el artículo 306 del CPACA, la oportunidad para tachar de falso un documento es «[…] en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba». Sobre el particular, el Consejo de Estado (sección segunda, subsección B) en sentencia de 19 de enero de 2006, consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro, expediente: 25000-23-25-000-2002-05760-01[6024-05] (reiterada por las mismas sección y subsección en fallo de 14 de noviembre de 2015, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, expediente: 52001-23-33-000-2013-00058-01[2636-14]), explicó:
«Los certificados docentes para la pensión gracia. En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de cuando (sic)- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación –desde ese momento- del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión. Las autoridades cuando certifican tiempos de servicio de docentes oficiales deben ser muy cuidadosas en los datos que consignan, los cuales deben reflejar la realidad; por eso, en esta providencia, se expresa como debiera ser un certificado de esa naturaleza para que pueda reflejar la realidad y servir de prueba para resolver acertadamente».
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ, 1954 y Ch. Letourneur, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980. Sentencia C-225 de 20 de abril de 2017. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
El mandato de actuación de buena fe “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)””: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
“la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la balanza Estado-administrados hace las veces de contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840/01.
“En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840/01.
“(…) conforme con la jurisprudencia constitucional, del artículo 83 superior se infiere una presunción de buena fe para los particulares cuando quiera que ellos adelanten actuaciones ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas (…) del citado precepto constitucional no se desprende una presunción general de buena fe en las actuaciones entre particulares”: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08. Por esta razón fue declarado exequible el inciso final del artículo 768 del Código Civil, que incluye una presunción de mala fe en la posesión de un bien y que la demanda consideraba que desconocía la presunción constitucional de buena fe, al considerar que “en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen”, pero esto no implica que si el legislador presume la mala fe en las relaciones entre particulares, la norma sea inconstitucional: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
“(…) la buena fe se concibe como un principio inherente a las relaciones que se desarrollan dentro del ámbito jurídico, destinado a la reivindicación por el exceso de la formalidad en todas las actuaciones de los particulares”: Corte Constitucional, sentencia C-527/13. Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), actora: UGPP, demandada: Martha Rondón Duarte, C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino Cortés. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Sentencia de 5 de mayo de 2016. Radicación 05001-23-33-000-2013-00065-01(0525-14). Actor: Clara Inés Hurtado Trujillo. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social Eice, en Liquidación. En esta providencia se indicó, en un caso similar al presente, que el ejercicio de la acción de tutela para reclamar temas relacionados con la pensión gracia no puede ser tomado por el juez como prueba de mala fe para efectos de ordenar la devolución delas mesadas percibidas en vigencia de un acto administrativo que luego es declarado nulo.
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…]».
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Del expediente 41001-23-33-000-2014-00567-01 (0511-2016).
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