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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-05150-00

Fecha
10 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2019-05150-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la Constructora Hayuelos S.A. contra la sentencia del 22 de febrero de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso correspondiente al medio de control reparación directa radicado 25000-23-26-000- 2006-01719-01 (43705). 76 Negrilla no original Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 Radicado: 11001-03-15-000-2019-05150-00 (REV) Demandante: Constructora Hayuelos S.A. Segundo. Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho a la Constructora Hayuelos S.A. y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la recurrente. Cuarto: En firme esta providencia el expediente deberá regresar al despacho del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2019-05150-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIUNO ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2019-05150-00
Demandante: CONSTRUCTORA HAYUELOS S.A.
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y BOGOTÁ,
DISTRITO CAPITAL

Temas: Causal de revisión, numeral 5 del artículo 250
del CPACA / desconocimiento del precedente
jurisprudencial
_________________________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad
Constructora Hayuelos S.A. contra la sentencia del 22 de febrero de 2019 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó la sentencia
de primera instancia del 30 de septiembre de 2011, emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de Descongestión
y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción y se abstuvo de condenar en costas.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

La sociedad Constructora Los Hayuelos S.A., hoy Constructora Hayuelos S.A.
formuló el 1 de agosto de 2006 la acción de reparación directa contra el Instituto de
Desarrollo Urbano IDU y Bogotá Distrito Capital cuyas pretensiones fueron las
siguientes:

«a) Primera principal: Que se declare que como consecuencia de la operación
administrativa consistente en: i) haber proyectado la vía pública denominada Calle 26
en terrenos de propiedad de la sociedad demandante, específicamente entre la
Avenida Ciudad de Cali y el Canal San Francisco, como se especifica en esta
demanda; ii) haber destinado o reservado, para dicha vía la cantidad de 18.963,94
metros cuadrados del lote de mayor extensión de propiedad de la sociedad
demandante a que se refiere el hecho 2 de esta demanda, o la cantidad de terreno que
aquí se demuestre; iii) no haber adquirido el inmueble afectado con la proyección de la
anotada vía sectorial, ni haberla construido, la parte demandada ocasionó un daño a la
sociedad demandante consistente en no poder desarrollar ni explotar económicamente
la indicada área y en ser superflua o simplemente formal la facultad dispositiva que

2

Radicado: 11001-03-15-000-2019-05150-00 (REV)
Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

tiene sobre ella, y que para resarcirla se condene a la parte demandada a pagarle a
Constructora Los Hayuelos S.A. el valor comercial y actual de dicho terreno».

b) «Primera subsidiaria: En caso de que no prospere la petición anterior, solicito que
se declare que el inmueble de propiedad de la sociedad demandante en un área de
18.963,94 metros cuadrados, a que se refiere el hecho número 2 de esta demanda,
se encuentra ocupado de manera permanente, en uso público, por causa de su
afectación al uso público y al estar al servicio de la comunidad, y que para resarcir ese
daño se condene a la parte demandada a pagar a la sociedad demandante el valor
comercial y actual de ese predio».

c) «Segunda principal: Que se declare que la parte demandada se enriqueció a raíz
del correlativo empobrecimiento de la sociedad demandante a raíz de que ésta sin
mediar contrato alguno, construyó, con su dinero, en la medida de sus posibilidades y
en el mismo terreno indicado en las peticiones anteriores, la vía pública conocida como
Calle 26 entre la Avenida Ciudad de Cali y el Canal San Francisco, como se especifica
en esta demanda, y que para resarcir ese daño se condene a aquella a pagarle a la
Constructora Los Hayuelos S.A., en pesos actualizados al día del pago, el valor que
esta última empleó en dicha construcción, o en subsidio suyo el que el IDU tenga
establecido para obras de características semejantes».

d) «Subsidiaria:

En caso de que no prospere ninguna de las anteriores, solicito:

«Que para restablecer la igualdad ante las cargas públicas, rota en contra de la
sociedad demandante a raíz de la afectación para la anotada vía pública del terreno de
su propiedad, en área de 18.963,94 metros cuadrados, o la que aquí se demuestre,
como de su construcción directamente por ella, con sus propios recursos, y actual uso
público de las mismas, se condene a la parte demandada a pagarle a la Constructora
Los Hayuelos S.A., tanto el valor comercial y actual de dicho terreno como el dinero
que éste invirtió en su construcción, en pesos actualizados al día del pago, o en
subsidio suyo el que el IDU tenga establecido para obras de características
semejantes.

Parágrafo: A pesar de lo dispuesto en los arts. 219 y 220 del CCA, ahora CPACA, esta
demanda lleva consigo el ofrecimiento de escriturar a nombre de la parte demandada
el lote de terreno sobre el cual se encuentra la citada vía pública a que se refiere esta
demanda».

1.1.1. Los hechos de la demanda

Como hechos y fundamentos de derecho relevantes se señalaron los siguientes:

i) El Distrito Capital y el IDU proyectaron o trazaron la construcción de la Calle
26 sobre un terreno de propiedad de la Constructora Los Hayuelos S.A., trazado que
corresponde a las llamadas afectaciones y áreas de reserva a las que se refieren las
distintas licencias de urbanismo concedidas a la demandante con el fin de
desarrollar, por etapas, los globos de terreno de su propiedad de mayor extensión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05150-00 (REV)
Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

ii) Pese a que en la Resolución CU2-2001-014 emitida por la Curaduría Urbana
No. 2 de Bogotá, consta la aprobación del cambio de trazado de la línea de alta
tensión y la superposición de su área afectando bienes de propiedad de la parte
actora, el Distrito Capital solo proyectó la anotada vía pública, y ni la entidad distrital
ni el IDU la construyeron ni manifestaron su intención de comprarla.

iii) La sociedad accionante decidió construir con sus propios recursos y sin
mediar contrato con el IDU ni con el Distrito Capital, la calle 26, en la parte de vía
correspondiente a los bienes inmuebles de su propiedad.

iv) La sociedad construyó andenes, separador central, zonas verdes, realizó
excavaciones, movimientos de tierras e instalación de servicios públicos, relleno y
construcción de vías en sub-base, base y rodadura asfálticas, etc.; intervenciones
que fueron ejecutándose de acuerdo con la disponibilidad de recursos de los
Hayuelos para dicho efecto y,

v) Las obras anotadas fueron construidas en terrenos que siguen siendo hoy de
propiedad de la parte actora.

1.1.2. Los fundamentos de derecho de la demanda

La demanda menciona como fundamentos de derecho los artículos 13, 58, 90 y 95,
numeral 9, de la Constitución Política; los artículos 1, 2, 3 y 86 del Código
Contencioso Administrativo; 831 del Código de Comercio; 17 y 19 de la Ley 105 de
1993; 5, 6, 9, 10 y 79 de la Ley 9ª de 1989 y 72 y 418, numeral 1, del Acuerdo 6 de
1990.1

1.2. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de
Descongestión profirió sentencia el 30 de septiembre de 2011 en la que declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá y la falta de
competencia respecto de la pretensión subsidiaria consistente en que se analizara el
caso a la luz de la «actio in rem verso».

En sustento de la decisión se expusieron los siguientes aspectos:

1 Folios 1 a 3 del cuaderno contentivo del recurso extraordinario de revisión

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05150-00 (REV)
Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

i) El planteamiento del problema jurídico consistió en determinar si cabía imputar
responsabilidad al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— por los perjuicios
materiales causados a la Constructora Hayuelos S.A. por la no compra de los
terrenos en los cuales se construyó una vía pública con recursos del urbanizador, sin
que el IDU hubiera entrado a negociar y a comprar dichos terrenos, ni tampoco a
cancelar el valor invertido en la construcción de la vía.

ii) La parte actora considera que existe una operación administrativa por parte
del IDU la cual consistió en planear y proyectar una vía sectorial en los terrenos de
su propiedad en un área de 18.963,94 metros y luego haber omitido adquirir el
inmueble afectado a dicha vía, la cual a su vez debía ser construida por el IDU.
Frente a esta afirmación, el IDU se defiende al indicar que según la normatividad
vigente en materia del POT, ese terreno es objeto de cesión gratuita por parte del
constructor al Distrito, por tratarse de una zona de reserva por alta tensión y
desarrollo vial. Además, aduce que existe una causal de exoneración de
responsabilidad del IDU, por cuanto se inició la construcción de la vía sin que
mediara contrato con el IDU, situación que no podía entrar a legalizar esta entidad.

iii) En relación con la caducidad, la acción de reparación directa es procedente
toda vez que se pretende el resarcimiento patrimonial por el presunto daño
antijurídico sufrido como consecuencia de una operación administrativa que ha
generado una ocupación permanente de un lote de propiedad de la accionante
afectado a una vía pública que ya se encuentra en uso; por tanto, la conducta se
mantiene en el tiempo y, por ende, la demanda no se encuentra caducada.

iv) Cuando un propietario de un terreno observe que este se encuentra afectado
a una vía sectorial, deberá acudir al IDU con el fin de solicitar su negociación y
compra, lo que permitirá un pronunciamiento por parte de esta entidad, positivo o
negativo el cual a su vez le abre las puertas para acudir al Contencioso
Administrativo en caso de que la respuesta no haya sido satisfactoria. Sin embargo,
como la Constructora Hayuelos no agotó la vía gubernativa, no existe un acto
administrativo contentivo de un pronunciamiento del IDU que niegue o apruebe la
negociación de los terrenos, lo cual impide que se configure la operación
administrativa por la que pretende el actor que se responsabilice al IDU, situación
que implica negar la pretensión principal.

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

v) En lo atinente a que se declare el enriquecimiento a costa del correlativo
empobrecimiento de la sociedad, sin mediar contrato alguno para la construcción de
la vía pública conocida como la calle 26 entre la Avenida Ciudad de Cali y el Canal
San Francisco, ello se configura en lo que se denomina «actio in rem verso», cuyo
conocimiento es exclusivo del Consejo de Estado por tratarse de una figura traída del
derecho civil a la cual la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no le asignó
competencia y, por ello, le corresponde a la Sección Primera del Consejo de Estado
su trámite por tratarse de «asuntos varios».

vi) Respecto a la primera petición subsidiaria consistente en declarar que el
inmueble se encuentra ocupado de manera permanente en uso público como
consecuencia de la afectación que sobre este recae y por encontrarse al servicio de
la comunidad, motivo por el cual debe condenarse al IDU a resarcir este daño con el
pago del valor comercial del predio, se precisa que el inciso segundo del artículo 153
del Decreto 619 de 2000, permite concluir la obligación que tenía el constructor de
ceder con carácter gratuito al Distrito, no sólo la propiedad de los terrenos afectados
con la malla vial intermedia y local, sino también la de construir dichas vías.

Por esa razón, no es procedente la primera pretensión subsidiaria en el sentido de
pedir que se declare la ocupación permanente de dichos terrenos, por cuanto la
propiedad ya se encuentra en cabeza del Distrito desde el 23 de julio de 2001
cuando se concretaron las cesiones que debía realizar el constructor mediante
escritura pública debidamente registrada. Por ende, al no tener el actor la propiedad
de dichos predios no se puede configurar el daño antijurídico que se pretende,
derivado de la ocupación permanente.

vii) En cuanto a la última petición subsidiaria consistente en que se restablezcan
las cargas públicas para obligar al IDU a pagar el valor comercial actual del terreno y
el dinero que invirtió en la construcción de la vía, debidamente actualizado, no se
accede a ello por cuanto como quedó explicado, en el caso, no se ha roto el
equilibrio de las cargas públicas, toda vez que a las personas que son propietarias de
terrenos en zonas urbanas y que quieran desarrollarlos y urbanizarlos les
corresponde adecuarse a las normas del POT en el municipio o distrito en el que se
encuentren ubicados para lo cual deben pagar el valor de la licencia de urbanización

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y construcción y realizar cesiones gratuitas de conformidad con la reglamentación
vigente.

viii) A su turno, les corresponde a los propietarios de terrenos ubicados en zonas
urbanas que quieran desarrollarlos y urbanizarlos, destinar las áreas de reserva por
alta tensión y ejecutar las obras de infraestructura vial que exija la entidad
competente al momento de la aprobación de la licencia, obras a las que se
compromete el urbanizador y que se contabilizan por la administración pública como
una parte del valor de la licencia.

ix) Lo anterior indica que la Constructora Hayuelos S.A. no ha sido la única
empresa constructora que ha tenido que ceder terrenos al Distrito y realizar vías
locales dado que estas actividades surgen de una reglamentación general a la que
deben someterse todas las empresas que quieran desarrollar urbanísticamente los
predios de su propiedad, fenómeno que se explica por el derecho que tiene el ente
territorial a percibir contribuciones por los desarrollos viales que haga algún sector
urbano de su competencia, lo que genera para el particular plusvalía y valorización
de sus predios.2

1.3. La sentencia objeto de revisión

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 22 de
febrero de 2019, revocó la sentencia de primera instancia proferida el 30 de
septiembre de 2011 por la Subsección C, Sección Tercera, Sala de Descongestión,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuya parte resolutiva se dispuso:
primera: declarar la caducidad de la acción impetrada por las razones expuestas y
segunda: abstenerse de condenar en costas.

En sustento se expresaron las siguientes razones:

1.3.1. La caducidad de la acción de reparación directa cuando se trata de
ocupación de inmueble:

i) El legislador ha establecido una evidente e inobjetable regla general en
material de caducidad, permitiéndole a quien alegue ser víctima de daños imputables

2 Cuaderno uno del expediente contentivo de la acción de reparación directa. Folios (386 a 393 v).

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al Estado hacer uso de la acción dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia
del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal de obra pública o
por cualquier otra causa de la propiedad ajena, o también, según el caso y las
circunstancias, es procedente su invocación a partir del día siguiente a aquel en que
la persona interesada tenga conocimiento3 del hecho, operación, omisión u
ocupación.4

ii) Así las cosas, se ha distinguido que el primer evento para el cómputo de dicho
término corre: a) al día siguiente a cuando ha sucedido la conducta generadora del
daño antijurídico o b) a partir del momento en que el daño es conocido por quien lo
ha padecido distinguiéndose dicho fenómeno de la prescripción y manteniéndose su
concepción tradicional respecto del daño continuado.

iii) Por otra parte, el segundo evento en el cómputo de la caducidad ha sido
estructurado a partir de un criterio de «cognoscibilidad», y tiene lugar cuando el
hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus
repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado
solamente hasta una ulterior oportunidad; de modo que el término de caducidad se
computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció. 5

3 En la providencia el número original del pie de página es 50. Sección Tercera, sentencia del 11 de

mayo de 2000, expediente 12200. «Por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese
término es el día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión, y operación administrativa.
Excepcionalmente, esta Sala en su jurisprudencia ha tenido en cuenta que el término de caducidad,
por alguna de esas conductas administrativas, se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y
no a partir de su ocurrencia, precisamente porque el hecho no se hizo visible. En el mismo sentido se
pronunció la Sala en sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13126, dentro del proceso
adelantado por J.A.R.A. contra Nación-Ministerio de Obras Públicas, expediente 12090 y del 10 de
abril de 1997, expediente 10954».
4 En la providencia el número original del pie de página es 51. Sección Tercera, sentencia del 25 de

agosto de 2005, expediente 26721. «Entratándose (sic) de ocupación temporal o permanente de
inmuebles, el término para accionar, empieza a correr a partir del día siguiente de su ocurrencia, es
decir de cuando cesó la ocupación temporal porque en ese momento se consolida el perjuicio, o
desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente ». Puede verse también:
Sección Tercera, sentencia de 17 de febrero de 2005, expediente 28360.
5 En la providencia el número original del pie de página es 55. Sección Tercera, sentencia del 29 de

enero de 2004, expediente 18273. “No obstante, esta Corporación ha expresado, en diferentes
ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza correr a partir de la ocurrencia del hecho o la
omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos,
debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible
y el paciente tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término
de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha
sido efectivamente advertido». [subrayado fuera del texto].

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1.3.2. En materia de obra pública o trabajos públicos:

i) La jurisprudencia inicial de la Sección Tercera establece que el cómputo de la
caducidad cuando se trata de la ejecución de una obra pública con la que se produce
un daño antijurídico a una persona natural o jurídica «empezará a contar a partir de
la terminación de la misma».
ii) La jurisprudencia de la Sección Tercera entiende que la realización o
ejecución de una obra pública produce daños y perjuicios de naturaleza instantánea,
de manera que el cómputo del término de caducidad «se hace desde la fecha en que
queda concluida la obra pública».

iii) Cuando de una obra pública se producen daños y perjuicios que se prolongan
en el tiempo, la jurisprudencia de la Sección Tercera exige tener en cuenta algunos
criterios.6

1.3.3. En materia de ocupación temporal o permanente de inmuebles de
propiedad privada:

i) En relación con el término de caducidad cuando se demanda en acción de
reparación directa por la ocupación de un inmueble como consecuencia de la
construcción de una obra pública (entendida dicha obra no sólo como la construcción

6 a) Cuando se trata de daños producidos con ocasión de obras o trabajos públicos «no es
conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo para interponer la acción comoquiera que el
daño se encuentra materializado en un solo momento»; b) no debe confundirse el nacimiento del daño
con posterior agravación o empeoramiento; c) como consecuencia de lo anterior, no puede aceptarse
«que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta
solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos
públicos», siendo contrario a la Constitución y la ley; d) por regla general, cuando se trata de daños
«de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos) no puede «hacerse caso omiso de la
época de ejecución» de la obra «para hablar sólo de la acción a medida que los daños apareciendo,
así su ocurrencia sea posterior a los años de construida la obra»; e) en aplicación de los principios pro
actione y por damato, en ciertos eventos el término de caducidad «debe empezar a contarse a partir
de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede
coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no» [criterio que es
aplicable tanto para asuntos en los que se debate un daño antijurídico producido por una obra pública,
como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble]. Se trata de afirmar como criterio
aquel según el cual el cómputo de caducidad debe tener en cuenta la fecha en la que la víctima o
demandante conoció la existencia del hecho dañoso «por la sencilla razón de que sólo a partir de esta
fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción»; f) se deben tener en cuenta las situaciones
particulares de cada juicio, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en
ocasiones iniciar el cómputo desde la fecha en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho -daño
al descubierto- época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado; y g) la
caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica
sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al
transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia.

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de infraestructura vial, sino también con el desarrollo de soluciones de vivienda u
otros procedimientos), la jurisprudencia trazó algunos parámetros.7

ii) Posteriormente, la jurisprudencia de la Sección Tercera morigeró la tesis
anteriormente señalada e interpretó el artículo 136 del C.C.A, en aplicación de los
principios pro actione y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de
caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo
conocimiento del hecho que produjo el daño, el cual puede coincidir con la ocurrencia
de este en algunos eventos.8

iii) Luego y con fundamento en lo anterior, la Sección Tercera indicó que
tratándose de la ocupación permanente o definitiva de un predio por trabajos
públicos o por cualquier otra causa, el término de caducidad no se contaba a partir
de la finalización total de la obra u ocupación, sino desde el momento en el cual se
presentó la ocupación en el predio afectado. 9

7 La cita original corresponde al pie de página 71, en el cual se alude a las providencias de la Sección

Tercera, sentencias del 28 de enero de 1994, expediente 8610 y de 12 de noviembre de 1998,
expediente 13531 de la que se transcribe el siguiente aparte: «Como regla general entonces, podrá
sostenerse que en las acciones indemnizatorias por daños de ocurrencia prolongada en el tiempo
(periódicos o sucesivos) originados en trabajos públicos en los que la ejecución de la obra pública es
la causa eficiente de los mismos, no podrá hacerse caso omiso de la época de la ejecución de ésta
para hablar sólo de la acción a medida que los daños vayan apareciendo, así su ocurrencia sea
posterior a los daños (sic) de construida la obra. En otros términos, el legislador al establecer la
caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la institución:
que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos años
siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con
posterioridad a dicho bienio».
8 «Si bien es cierto que el inciso 4° del artículo 136 del C.C.A establece que el término de caducidad

para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad
ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse
en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que
es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre en el
mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el
principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en
el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir
de esa fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción». (subrayado fuera del texto). Sección
Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. Reiterada en las siguientes
providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; del 27 de febrero de 2003, expediente
23446; de 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18
de julio de 2007, expediente 30512.
9 «La ocupación permanente o definitiva de un predio por obras públicas es un hecho dañoso

reconocido por la jurisprudencia el Consejo de Estado, como fuente de indemnización a favor de la
persona que ha visto afectados sus derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, y
está prevista legalmente como una de las causas por las que el afectado puede reclamar directamente
la reparación del daño, como lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. El señor
Walter Padilla solicitó la declaratoria de responsabilidad del INVIAS por la ocupación permanente, por
obras públicas, de la franja de un terreno que afirma es de su propiedad. Señaló además los

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iv) Esta posición fue objeto de precisión en cuanto existió la necesidad de
diferenciar los eventos en los cuales se demandaba la reparación de un daño por
ocupación de inmuebles con ocasión de trabajos públicos, de aquellos casos en los
que se pretendía la reparación por los daños causados en virtud de trabajos
públicos.10

v) Se tiene por tanto que la caducidad opera cuando el término concedido por la
ley para ejercitar la acción fenece, y se edifica sobre la conveniencia de señalar un
plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo,
sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia. Y si bien es cierto en los
casos en los cuales se demanda por daños causados por la ocupación permanente o
temporal derivada de la ejecución de una obra pública o por cualquier otra causa, el
cómputo del término de caducidad iniciaría al momento en el que se produce el daño,
que puede coincidir con la finalización de la ocupación, también lo es que deben
tenerse en cuenta las situaciones particulares y, en ese sentido, en circunstancias
especiales se permitirá iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado
tuvo conocimiento del hecho —daño al descubierto— época que faculta iniciar la
reclamación judicial tendiente a obtener la indemnización por el daño causado.11

siguientes hechos que resultan relevantes para la decisión: […]-La ocupación a su predio acaeció en
1983, cuando se iniciaron las obras de la segunda etapa, que finalizaron en 1988 (hechos quinto,
sexto y séptimo). […] Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha a partir de la cual se cuenta el término
de caducidad de dos años es desde el día siguiente de verificada la ocupación -año 1983- y, como la
demanda se presentó el 7 de junio de 2002, cabe concluir que la acción de reparación directa no fue
ejercida oportunamente». Sección Tercera, auto del 9 de abril de 2008, expediente 33834.
10 «En consecuencia, una es la forma como se determina la caducidad tratándose del daño por la

ocupación de un inmueble en virtud de una obra pública, y otra diferente la que tiene que ver con
perjuicios irrogados sobre bienes (muebles e inmuebles) por cuenta de la ejecución de un trabajo u
obra pública. Lo anterior, por cuanto en la primera hipótesis el daño que se reclama es precisamente
la ocupación del inmueble una vez culminada la obra, mientras que en la segunda hipótesis la lesión
antijurídica que se invoca reside en la afectación a bienes, derechos o intereses legítimos -distintos a
la ocupación del terreno- en medio de la ejecución de la obra pública. En consecuencia, en el segundo
supuesto el término de caducidad iniciará a computarse una vez ocurra el hecho o la omisión
respectiva, o en su defecto la parte tenga conocimiento del daño. […] Entonces, se insiste, existe una
justificación que amerita mantener la distinción en el cómputo de la caducidad cuando el daño
proviene de la ocupación de un inmueble por cuenta de una obra pública, ya que en esta hipótesis se
espera o existe una expectativa legítima de que al concluir la ejecución del contrato se restituya la
posesión material del respectivo bien, razón por la cual sólo hasta la finalización de la misma se podrá
establecer el período de afectación de aquél, y por lo tanto, solicitar la indemnización de perjuicios. No
sucede lo mismo cuando el perjuicio que se depreca se relaciona con una afectación concreta
generada por un hecho de la ejecución de la obra (v.gr. daños a la vivienda principal, a los corrales, a
los potreros, etc) toda vez que en estos casos la caducidad iniciará su cómputo una vez producido el
hecho concreto o se haya tenido conocimiento del mismo, salvo que el daño por el cual se reclama
tenga la connotación de continuado» […».]. (subrayado no original). Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 26 de julio de 2011, expediente 21282. (
11 Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 15093.

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11

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

vi) Para poder realizar el estudio del asunto, deben analizarse las normas del
Plan de Ordenamiento Territorial, que para la época de los hechos corresponde al
Decreto 619 de 2000, que respecto a los procedimientos en materia de reservas
viales establece las zonas de reserva que compete ceder a los propietarios titulares
de una licencia de urbanismo — a fin de compensar a la administración pública y a la
colectividad por los beneficios obtenidos por el agente urbanizador— con la decisión
administrativa que le permite a través de la licencia desarrollar una zona de terreno
previamente definida.

vii) Por lo anterior, según los documentos aportados, está probado que el
demandante tuvo conocimiento desde el 23 de julio de 2001, fecha en la que se
concretan las cesiones obligatorias en favor del Distrito Capital, de que la acción de
la demandada afectaba su derecho ocasionándole el daño que reclama en la sede
judicial.

viii) En efecto, la sociedad constructora para poder obtener la licencia de
urbanismo solicitada debía cumplir con las cesiones mencionadas tal y como
aparece en el certificado de tradición y libertad del inmueble. Por esa razón, a partir
de ese momento surgió el interés para acceder a la administración de justicia,
transcurriendo esa oportunidad desde el 23 de julio de 2001 hasta el 23 de julio de
2003. No obstante, la parte actora presentó la demanda solamente hasta el 1 de
agosto de 2006, razón por la cual es claro y evidente que la acción de reparación
directa no se ejerció oportunamente y se encuentra caducada.

1.4. La causal de revisión invocada

La parte actora estimó que la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, del 22 de febrero de 2019, se subsume en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA: «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

1.5. Pretensiones de la demanda de revisión

La recurrente en este acápite solicitó:

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12

Radicado: 11001-03-15-000-2019-05150-00 (REV)
Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

Por razón del único cargo formulado, en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia
de tutela de fecha 24 de octubre de 2019 a que he venido haciendo referencia, la
providencia recurrida resulta afectada de nulidad, por lo que respetuosamente solicito
declarar que carece de valor y efecto legal alguno y subsidiariamente, proveer lo que
en derecho corresponda u ordenarle al Honorable Consejo de Estado que así lo haga.

Y en orden al pronunciamiento del fallo de reemplazo, me remito a lo manifestado a lo
largo del proceso de reparación directa, comenzando por la demanda, el alegato de
primera instancia y el escrito de sustentación al recurso de apelación que interpuse
contra la sentencia de fecha 1 de agosto de 2006 proferida por la Subsección C de
descongestión de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.6. Fundamentos de hecho del recurso extraordinario

i) La Constructora Los Hayuelos S.A., hoy Constructora Hayuelos S.A., instauró
demanda de reparación directa en la que fue parte demandada el Instituto de
Desarrollo Urbano IDU y Bogotá, Distrito Capital, la cual dio origen al proceso
identificado con el radicado 25000-23-26-000-2006-01719-01 (43705).

ii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia
datada el 22 de febrero de 2019, con ponencia del magistrado Jaime Enrique
Rodríguez Navas y aclaración de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la
cual se encuentra debidamente ejecutoriada.

iii) La sentencia que se recurre, por una parte, revocó la de primera instancia del
30 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, Sala de Descongestión, y por otra, declaró la
caducidad de la acción impetrada.

1.7. Fundamentos de derecho del recurso extraordinario

i) La Constructora Hayuelos S.A. presentó el 7 de mayo de 2019 acción de
tutela contra los magistrados que expidieron la sentencia recurrida del 22 de febrero
de 2019, en aras de obtener la defensa de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, la que se sustentó en que para declarar la
caducidad de la acción de reparación directa se aplicó una jurisprudencia dictada en
el mes de abril de 2008 en la cual se dispuso que el término para instaurar la
demanda se contaba a partir del momento en el cual se presentó la ocupación en el
predio afectado, cuando la tesis vigente para la fecha de presentación del libelo

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

introductorio, esto es, para el 1 de agosto de 2006, señalaba que dicho término se
comenzaba a computar a partir del día siguiente a aquel en que «cesó» la ocupación
o «desde cuando terminó la obra».

Dicho de otra manera, la sentencia que fue materia de la acción de tutela aplicó
retroactivamente su criterio referente a la forma de contar el término de caducidad de
la acción de reparación directa, puesto que a la demanda presentada en el año 2006,
con base en la jurisprudencia que regía para el año 2005, se le impuso un criterio del
año 2008.

ii) En sentencia del 24 de octubre de 2019, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela, para lo cual argumentó que no se cumplía el presupuesto de procedibilidad —
subsidiariedad— habida cuenta que los argumentos expuestos por la accionante
podían ser debatidos mediante el recurso extraordinario de revisión previsto en los
artículos 248 y s.s. del CPACA.

En sustento de la decisión emitida en la acción de tutela se expuso lo siguiente:

[…] cuando lo que se alega es que el juez se apartó del precedente o de la
jurisprudencia en vigor en relación con la contabilización del término de caducidad para
el momento de la presentación de la demanda, el mecanismo idóneo para cuestionar
dicha situación es el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
[…].

De otra parte, en la providencia de tutela se trajo a colación la sentencia del 26 de
septiembre de 2019, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con
ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, expediente radicado 2019-
02393-00, en la que se expresó que existen otras causales de nulidad que surgen de
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política.

En el citado proveído se indicó:

[…] igualmente, junto a este criterio, se ha aceptado que pueden existir otros motivos
no contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que
surgen de la vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir, que la violación al

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

debido proceso constitucional en la sentencia es causal de revisión. En este evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho
puede dar lugar a la configuración de la causal de revisión en comento.

Así lo entendió una de las Salas Especiales de Decisión al indicar «…las causales de
nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil en las condiciones
establecidas en el art 142 del mismo y las que se originen de la sentencia por violación
al debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29. (expediente 2015-
02342-00 C.P. Alberto Yepes Barreiro).

iii) Como consecuencia de la determinación adoptada en la sentencia de tutela,
formula el recurso extraordinario de revisión con fundamento en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 208 ibidem y los artículos
134 y 355 del CGP, en tanto que la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado,12 al declarar la caducidad de la acción de reparación directa 13 desconoció
que para la época en que fue presentada la demanda, la jurisprudencia de esa
Corporación que regía para ese momento señalaba que el término de caducidad se
contaba a partir del día siguiente en que «cesó» la ocupación o desde cuando
«termine» la obra y no desde que dicha obra y ocupación inició.14

iv) Al presentar la demanda que dio origen al proceso de reparación directa, la
sociedad actora se amparó en un criterio jurisprudencial que en ese entonces estaba
vigente; por lo tanto, resulta ser un obstáculo para acceder a la administración de
justicia que, con posterioridad, vale decir, para el momento en que se dictó la
sentencia también por vía jurisprudencial, se cambie el planteamiento para cerrar
«las puertas a la jurisdicción».

v) En sentencia del 4 de mayo de 2011, radicación 19001-23-31-003-1998-
02300-01, el Consejo de Estado, Sección Tercera, magistrada ponente: Ruth Stella
Correa Palacio se dijo:

12 Se indica en el recurso extraordinario de revisión que la Sección Tercera, Subsección C en el fallo

recurrido, expuso: «tratándose de la ocupación permanente o definitiva de un predio por trabajos
públicos o por cualquier otra causa, el término de caducidad no se contaba a partir de la finalización
total de la obra u ocupación, sino a partir del momento en el cual se presentó la ocupación en el predio
afectado»
13 Indica la parte recurrente: «tal como dicha Corporación lo afirmó en auto de abril 29 de 2018

(llamada 73 del fallo)» En el citado pie de página se citó el auto del 9 de abril de 2008, emitido por la
Sección Tercera, expediente 33834 y no el mencionado por el accionante
14 En el recurso extraordinario se señala que en el pie de página 51 del fallo recurrido se expresó lo

siguiente: «Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2005, expediente 26721. Entratándose
(sic) de ocupación temporal o permanente de inmuebles, el término para accionar, empieza a correr a
partir del día siguiente de su ocurrencia, es decir desde cuando termine la obra en relación la
ocupación permanente».

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Como el acceso a la justicia necesita un conjunto de garantías que posibiliten y hagan realidad
el ejercicio de este derecho fundamental, el estado debe propiciar las condiciones jurídicas y
materiales para su vigencia en términos de igualdad (art 13 constitucional). Y por ello sí un
órgano de cierre fija en un momento dado un criterio jurisprudencial sobre la acción idónea para
reclamar un derecho, es claro que luego de presentada la demanda no es razonable ni
proporcionado que sorprenda al demandante con un intempestivo cambio de criterio en este
punto.
Una decisión en ese sentido, claramente obstaculiza el goce y el ejercicio del derecho a
acceder a la justicia y se erige en una barrera ilegítima erigida, paradójicamente, por aquél que
está encargado de hacer valer su contenido y alcance.

Igualmente, en sentencia del 8 de junio de 2017, radicación 73001-2331-000-2008-
00076-01, el Consejo de Estado, Sección Tercera, magistrado ponente: Ramiro
Pazos Guerrero aseveró:15

13.11 Los efectos de los cambios jurisprudenciales y el acceso efectivo a la administración de
justicia. En el caso concreto, el juez de primer grado aplicó de manera retroactiva la nueva
postura jurisprudencial inaugurada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2009 sobre
la vía procesal para reclamar por el enriquecimiento sin causa que se inició con anterioridad a
dicho cambio de jurisprudencia y, en consecuencia, profirió un fallo inhibitorio. El problema
consiste, entonces, en cómo conciliar los cambios jurisprudenciales con el derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia.
“(…)”
13.17. En el caso concreto, se precisa que la acción ejercida fue la correcta, teniendo en
consideración que el error al formular la demanda se orientó por la tesis jurisprudencial vigente
al momento de los hechos, conforme al cual el enriquecimiento sin causa por ser un hecho de la
administración constituía una pretensión que debía ser ventilada por la acción de reparación
directa. Lo anterior quedó confirmado por el juez de primera instancia al momento de admitir la
demanda.
13.18. En ese orden, no se declarará la prosperidad de la excepción de ineptitud sustantiva en
la formulación de la demanda – como lo hizo el a quo en la sentencia de primera instancia -, ya
que al aplicar de manera retroactiva la postura inicial emulada por la Sección Tercera en 2009,
en la que dijo que la acción in rem verso tenía un curso autónomo e independiente, alteró un
presupuesto procesal de la acción e impidió el acceso a la administración de justicia de quien

15 «13.11 Los efectos de los cambios jurisprudenciales y el acceso efectivo a la administración de

justicia. En el caso concreto, el juez de primer grado aplicó de manera retroactiva la nueva postura
jurisprudencial inaugurada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2009 sobre la vía
procesal para reclamar por el enriquecimiento sin causa que se inició con anterioridad a dicho cambio
de jurisprudencia y, en consecuencia, profirió un fallo inhibitorio. El problema consiste, entonces, en
cómo conciliar los cambios jurisprudenciales con el derecho de acceso efectivo a la administración de
justicia».“(…)” «13.17. En el caso concreto, se precisa que la acción ejercida fue la correcta, teniendo
en consideración que el error al formular la demanda se orientó por la tesis jurisprudencial vigente al
momento de los hechos, conforme al cual el enriquecimiento sin causa por ser un hecho de la
administración constituía una pretensión que debía ser ventilada por la acción de reparación directa.
Lo anterior quedó confirmado por el juez de primera instancia al momento de admitir la demanda.
13.18. En ese orden, no se declarará la prosperidad de la excepción de ineptitud sustantiva en la
formulación de la demanda – como lo hizo el a quo en la sentencia de primera instancia -, ya que al
aplicar de manera retroactiva la postura inicial emulada por la Sección Tercera en 2009, en la que dijo
que la acción in rem verso tenía un curso autónomo e independiente, alteró un presupuesto procesal
de la acción e impidió el acceso a la administración de justicia de quien reclamó con anterioridad a la
inauguración de dicha postura el pago de la ejecución de prestaciones no amparadas en un contrato
estatal mediante la acción de reparación directa».

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reclamó con anterioridad a la inauguración de dicha postura el pago de la ejecución de
prestaciones no amparadas en un contrato estatal mediante la acción de reparación directa.

Por eso, no se entiende el motivo por el cual si la Sección Tercera del Consejo de
Estado ya se había pronunciado en el sentido de que no se podía aplicar una
jurisprudencia anterior o con efecto retroactivo, ese criterio se desconozca, máxime
porque no puede «sorprenderse» al demandante «con abruptos cambios
jurisprudenciales que en últimas comprometen el núcleo esencial de su derecho
fundamental al libre acceso a la jurisdicción». 16

1.8. Oposición

A través de apoderado debidamente constituido, el Instituto de Desarrollo Urbano
IDU, se opuso a la prosperidad del recurso interpuesto con fundamento en las
siguientes razones:

i) No es viable, como lo solicita la actora, proferir una sentencia de remplazo
puesto que se respetó el debido proceso en todas las actuaciones judiciales
adelantadas por el Consejo de Estado en relación con la aplicación del precedente
jurisprudencial relativo a la caducidad en los procesos donde se discute la
indemnización del Estado por ocupación permanente o definitiva de inmuebles de
propiedad de particulares.

ii) La causal invocada por la recurrente, esto es, la prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, solo es pertinente si se demuestra que se produjo una
nulidad originada en la sentencia, por lo cual se concluye que en el presente caso no
existe vicio alguno, en tanto que no hubo vulneración del derecho al debido proceso
dado que la sentencia fechada el 22 de febrero de 2019 fue expedida por autoridad
competente, con pleno acatamiento de las formas propias de cada juicio y se siguió
el procedimiento que en la ley se ha determinado previamente.

iii) Adicional a lo anterior, no puede perderse de vista que en la evolución del
concepto de caducidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha emitido

16 Cuaderno contentivo del recurso extraordinario de revisión folios 1 a 10.

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pronunciamientos similares a los adoptados en la sentencia del 22 de febrero de
2019 y que son anteriores a la fecha de presentación de la demanda. 17 En igual
sentido, y con énfasis en el tema, se encuentran pronunciamientos de esa Sección.18

iv) Por lo anterior, el Consejo de Estado, al proferir la sentencia recurrida, aplicó
de manera correcta la jurisprudencia relativa a la caducidad de la acción de
reparación directa en los casos donde se solicita el resarcimiento de los presuntos
daños ocasionados con la ocupación permanente o definitiva de inmuebles de
propiedad de particulares; de ahí, que no se haya configurado una violación al debido
proceso y mucho menos la negación del acceso a la administración de justicia de la
actora.

v) Adicional a lo mencionado, se debe indicar que las citas jurisprudenciales
referidas en el escrito del recurso extraordinario de revisión no sustentan los
argumentos del recurrente y, por consiguiente, no constituyen asidero para lograr su
pretensión de dejar «nulo» y sin efectos el fallo del 22 de febrero de 2019, toda vez
que aquellas hacen alusión solamente a la garantía que le asiste a la parte

17 El apoderado del IDU cita apartes de la sentencia del 29 de enero de 2004, radicación: 25000-23-

26-000-1995-00814-01 (18273), Consejo de Estado, Sección Tercera, consejero ponente: Alier
Eduardo Hernández Enríquez, de la cual se transcriben algunos apartes: «No obstante, esta
Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr
a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento,
cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el
perjuicio de que se trata es irreversible (…) Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término
de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido
efectivamente advertido».
18 El apoderado cita apartes de la sentencia del 21 de octubre de 2009, expediente: 37165, Consejo

de Estado, Sección Tercera, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, de la cual se transcriben
algunos apartes: «El código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8°, dispone sobre el
término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente: “La de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”. La ley consagra entonces un
término de dos (2) años, contados desde el día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión que da
lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa,
período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado,
por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. Sobre el momento a partir del
cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado
en los siguientes términos: “Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo
surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de
caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del
hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación tacita, pues el daño es la primera
condición para la procedencia de la acción reparatoria”. (…) “En relación con las omisiones, el término de
caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre
que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de
caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es
la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria” ».

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demandante cuando se impetra la acción contenciosa administrativa de manera
equivocada y no se refieren a la caducidad.

vi) Finalmente, contrario a las consideraciones de la parte actora, el Consejo de
Estado, en el proceso radicado 47001-233-31-000-2006-00937-01 (43916) con
ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, manifestó frente al tema:

«En relación con el término para formular las pretensiones de reparación directa, en las
que se pretende la indemnización de perjuicios en razón de la ocupación jurídica de un
bien, debe señalarse que el término para la interposición de la demanda no se cuenta
desde el momento en que se declaró afectado el bien por razones de utilidad pública,
sino desde el instante en el que el interesado tiene conocimiento de que, con ocasión
de tal declaratoria, se limitó el ejercicio de su derecho de dominio por la imposibilidad
jurídica y material que tiene de usar o disponer del mismo. Si bien el término para
incoar la acción de reparación directa, como ya se indicó, por regla general coincide
con el hecho generador del daño y en los eventos de ocupación temporal o
permanente de inmuebles, con la cesación de dicha ocupación o con la terminación de
la obra, en los casos en que los bienes resultan afectados por una decisión
administrativa (ocupación jurídica) para efectos de la construcción de una obra pública
y sobre los mismos no se adelantan las labores de adquisición o expropiación, el
término para interponer la demanda, por regla general, debe empezar a correr desde el
momento en que el particular tuvo conocimiento de que no podía darle al bien la
destinación que pretendía, a consecuencia de esa determinación de la entidad
pública».19

Consideraciones
2.1. Competencia

La demanda que ocupa la atención de la Sala se interpuso 6 de diciembre de 2019,
en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —CPACA—, cuyo artículo 249, confiere a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo la competencia para conocer de los recursos
extraordinarios de revisión, «sin exclusión de la sección que profirió la decisión».20

Sin embargo, le corresponde a esta Sala Especial proferir el fallo correspondiente, en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que implementó las Salas Especiales de Decisión para resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado.

19 Expediente electrónico
20 Esta expresión fue declarada exequible en la sentencia C-450 de 2015.

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Cabe resaltar que dicho Acuerdo se dictó con base en las facultades otorgadas por los
artículos 237, numeral 6, de la Constitución Política, 35 de la Ley 270 de 1996 y 107 del
CPACA, que permite la creación de Salas Especiales de Decisión para resolver asuntos

atribuidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Además, el artículo 29, numeral 1, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 que
contiene el «reglamento interno del Consejo de Estado» sobre la competencia para
conocer los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por
sus secciones o subsecciones establece:

Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

«1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado».

2.2. Cuestión previa

2.2.1. El cómputo de caducidad de la revisión

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión se profirió el 22 de febrero
de 2019 y la demanda se instauró el 6 de diciembre de ese año, es decir, dentro del
lapso previsto en el artículo 251 del CPACA.21

2.2.2. Problema jurídico

21 «ARTÍCULO 251 DEL CPACA. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos
contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de
los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no
se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio».

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, del 22 de febrero de 2019 está inmersa en la causal
de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».
Para dar respuesta al anterior problema, la Sala considera necesario abordar el
estudio de los siguientes temas: 2.3) aspectos generales del recurso extraordinario
de revisión necesarios para definir el asunto de la referencia; 2.4) la causal de
revisión invocada; 2.5) análisis del caso concreto; y, 3) conclusión.

2.3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión necesarios para
definir el asunto de la referencia

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una
sentencia contraria a derecho»; por tal razón, su procedencia se limita a las causales
taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera
restrictiva. Asimismo, ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un
detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En
dicha providencia se expuso lo siguiente:

Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente
ha indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge
como una excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias
ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el
recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha
sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general,
giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que
ésta es materialmente injusta.(…) En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal
como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las
sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el

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Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario
de revisión existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la
justicia, y como se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una
limitación a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.

[…]

Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el
campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas,
buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada. (…)
[Negrillas y cursivas del original]

Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso-administrativa, el
Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la
naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisión. Así, en vigencia del antiguo
Código Contencioso-Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante,
la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la
constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas causales que autorizan su
utilización, permite enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición del fallo
recurrido, con el fin de restituir el derecho al afectado a través de una nueva
sentencia.

Así lo señalaba en la siguiente providencia de 2005:

Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al
principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en
relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la
Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de
que se produzca una decisión ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio
extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos
rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo no se pueden
discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden
fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en

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firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba,
que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.22

De igual modo, en lo que respecta al carácter instrumental del recurso, debe
señalarse que el último criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado
determina que este debe interpretarse como una actuación independiente del asunto
de origen, por lo que constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de
control. En sentencia de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:

Esta Corporación había acogido la tesis según la cual los recursos extraordinarios no
se podían entender como una actuación ajena e independiente del proceso de origen,
razón por la que se aplicaba la legislación que rigió el proceso en donde se emitió el
fallo objeto del recurso. Sin embargo, en reciente decisión, providencia de 12 de
agosto del año en curso, la Sala Plena Contenciosa modificó la postura expuesta,
para indicar que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y
no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto
del litigio original. Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una
demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben
ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control
más que consagró el legislador en la jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga
advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de
2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hacía el Código de
Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe interponer por medio
de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros términos, el recurso
es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia, a partir del
auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.

Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos
248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces
Administrativos».23 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la sentencia objeto de impugnación,24 y debe reunir los requisitos fijados
en el artículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal invocada,
acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y
pretenda hacer valer.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
23 Artículo 249 CPACA.
24 Artículo 251 CPACA.

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Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia altera de forma inequívoca el
sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo
admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como
causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter
procedimental.25 En sentencia de 8 de mayo de 2019,26 esta corporación, respecto
de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente:

[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con
la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni
prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes
en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción
sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por
lo que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i)
una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii)
procede adicionalmente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la
protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el
procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales del
artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

25 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de

revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA,
deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de
juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al
desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales
1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que
se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, Exp: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), M.P. Marta Nubia

Velásquez Rico.

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Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que
no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

2.4. La causal de revisión invocada

La parte actora estimó que la sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado del 22 de febrero de 2019, se subsume en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 «existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».

2.4.1. De la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación»

El primer aspecto por valorar en el estudio de esta causal es el condicionamiento de
que la sentencia objeto de revisión ponga fin al proceso y contra la cual no hubiese
cabido recurso de apelación.

Sobre el segundo aspecto de la nulidad alegada, ha sido criterio de esta Corporación
para su configuración la demostración de alguna de las causales enlistadas en el
artículo 140 del Código Procesal Civil, hoy reemplazado por el artículo 133 del
Código General del Proceso, pero que por su condición y naturaleza pueda acaecer
materialmente al momento de dictar la sentencia y no antes.

Al respecto, la Sala Plena sostuvo27:

27 Sentencia del 11 de mayo de 1998, radicación núm: REV-93. actor: Gabriel Mejía Vélez, consejero

ponente: Mario Alario Méndez.

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25

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[…]
la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la
disposición referida –se hace alusión al artículo 140 del C. de P.C.-, cuando se
provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia
(numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque
así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como
única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite
íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3);
o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la
oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.
[…]

Bajo ese entendimiento y siguiendo los razonamientos de dicha decisión, se deducen
como nulidades originadas en la sentencia, de acuerdo con el artículo 133 del Código
General del Proceso las siguientes: la del numeral 1.°: por falta de jurisdicción y
competencia; la del numeral 2.°: cuando el juez procede contra providencia
ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia; la del numeral 3.°: cuando se adelanta después
de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si
en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida; y, la del numeral 7.°:
cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

Además, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la
legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de la
Carta Política.

Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa se pueden citar los siguientes: i) la
sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada al proceso; ii) la
sentencia de las corporaciones judiciales que no cuenta con el número de votos
necesarios para la aprobación, o aquella que aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados; (igual observación que en el otro proyecto) iii) la sentencia
que no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de

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pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten
arribar a una decisión; iv) la sentencia se dicta con violación al principio de la non
reformatio in pejus; v) la decisión que desconoce el principio de congruencia bien
sea por una condena extra, ultra o minuspetita;28; y vi) cuando el juez, sin
fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria que se traduce en
denegación de justicia.29.

La Corte Constitucional ha reconocido que el recurso extraordinario de revisión es el
mecanismo idóneo y eficaz para la protección del derecho al debido proceso ante
una sentencia injusta.

En la Sentencia SU-659 de 2015, la Corte Constitucional, sobre el particular, indicó:

i) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la
de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o ii) cuando el derecho
fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera
integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Conforme a la exposición efectuada en esta providencia sobre los «Aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión necesarios para definir el asunto
de la referencia», realiza la Sala el siguiente análisis:

2.5.1. La sociedad Constructora Los Hayuelos S.A. presentó el 1 de agosto de 2006
el medio de control reparación directa contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y
Bogotá, Distrito Capital.30

2.5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de
Descongestión profirió fallo el 30 de septiembre de 2011, en el cual dispuso:

28 Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018,

radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01.
30 Folio 23 (v) cuaderno (1) del proceso de reparación directa.

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«PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito
Capital de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de competencia respecto de la pretensión subsidiaría
de analizar el caso a la luz de la “actio in rem verso”, por lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: Sin condena en costas
[…]».31

2.5.3. El 22 de febrero de 2019, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, profirió el fallo recurrido en el cual se
dispuso:

«REVOCAR la sentencia de primera instancia del primero (1°) de agosto de 2006 (sic)
proferida por la Subsección C de Descongestión, Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción impetrada por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.
[…]»32

2.5.4. Contra la anterior decisión se interpuso acción de tutela que fue decidida el 24
de octubre de 2019.33 En el cuerpo de la providencia se efectuó el siguiente recuento
fáctico y jurídico:

«A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia dado que, a
juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto pasó por alto que en la
fecha en que se presentó la demanda de reparación directa, esto es, el 1º de agosto de
2006, la jurisprudencia aplicable para ese momento en materia de ocupación temporal
o permanente de inmuebles, indicaba que el término de caducidad se contabilizaba a
partir del día siguiente en que cesó la ocupación o a partir de cuando terminase la obra
y no desde que esta inició o la respectiva ocupación. Para el efecto trajo a colación las
sentencias de 17 de febrero y 25 de agosto de 2005, proferidas, respectivamente,

31 Folios 386 a a 393v ibidem.
32 Folios 578 a 593 ibidem con aclaración de voto del magistrado: Guillermo Sánchez Luque.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, magistrada ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, radicación:

11001-03-15-000-2019-01905-00, actora: Constructora Los Hayuelos S.A. En la parte resolutiva se
declaró improcedente. La decisión no fue impugnada y quedó ejecutoriada. El consejero Oswaldo
Giraldo López aclaró voto.

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dentro de los expedientes identificados con los números únicos de radicación 2004-
01086-0134 y 2003-00595-0135».

Y en el análisis de la Sala caso concreto se expusieron los siguientes argumentos:

«En el presente caso, la actora sostiene que la sentencia censurada no tuvo en cuenta
que al momento en que presentó la demanda de reparación directa el precedente
jurisprudencial establecido por esta Corporación era claro en señalar que en materia de
ocupación permanente o temporal de inmuebles, el término de caducidad se debía
contabilizar “[…] a partir del día siguiente en que cesó la ocupación o a partir de
cuando terminase la obra y no desde que esta inició o la respectiva ocupación […]”,
posición que si bien, a su juicio, luego varió, este no tenía por qué ser aplicado en su
caso particular para efectos de determinar tal fenómeno.

En este orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no
cumple con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, habida cuenta que
los argumentos expuestos por la accionante se pueden debatir mediante el recurso
extraordinario de revisión, establecido en el artículo 248 y ss del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

En efecto, cuando lo que se alega es que el juez se apartó del procedente o de la
jurisprudencia en vigor en relación con la contabilización del término de caducidad para
el momento de la presentación de la demanda, el mecanismo idóneo para cuestionar
dicha situación es el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es “existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Frente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión y, particularmente en lo
que respecta a la causal aludida, la Sala Especial de Decisión núm. 6, en sentencia de
1º de agosto de 201736, sostuvo que era procedente tal mecanismo cuando se resuelve
la excepción de caducidad con fundamento en una posición jurisprudencial posterior a
la fecha de presentación de la demanda.

[…]

Así mismo, esta Sección en sentencia de tutela de 26 de septiembre de 201937, se
manifestó sobre la procedencia de dicho recurso extraordinario, en el evento en el que
se pretenda controvertir el fallo que ha declarado la caducidad de la acción,
apartándose del precedente o de la jurisprudencia en vigor en relación con la
contabilización del término de caducidad para el momento de la presentación de la
demanda, lo cual a todas luces hace ineficaz o improcedente la acción de tutela para
estudiar tal inconformidad».

Y puntualizó de la siguiente manera:

34 M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
35 M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm 6,

expediente con número de radicación 2016-03181-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado

con el número único de radicación 2019-02393-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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«De lo anterior, se evidencia que, la razón que invoca la actora como constitutiva de la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados, habilita el ejercicio del
recurso extraordinario de revisión, pues su reproche radica en que la Sección Tercera
al momento de revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, declarar la
caducidad de la acción de reparación directa, dejó de lado la posición jurisprudencial
establecida sobre la materia en la fecha de presentación de la demanda y, basó su
decisión en una posterior que, a su juicio, no le era aplicable.

En el caso bajo estudio, la accionante no ha agotado el recurso extraordinario de
revisión siendo este el mecanismo idóneo para plantear la inconformidad que pretende
sea desatada en esta acción constitucional, por lo tanto es clara la improcedencia de
esta última».38

La Constructora Hayuelos S.A. «como consecuencia de la determinación tomada por
la sentencia de tutela» formuló el recurso extraordinario de revisión, el cual se
fundamentó en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA por
desconocimiento del precedente, toda vez que para declarar la caducidad de la
acción de reparación directa el fallo recurrido aplicó una jurisprudencia dictada en el
mes de abril de 200839 en la cual se dispuso que el término para instaurar la
demanda se contaba a partir del momento en el que se presentó la ocupación en el
predio afectado, cuando la tesis vigente para la fecha de presentación del libelo
introductorio, esto es, para el 1 de agosto de 2006,40 señalaba que dicho término se
comenzaba a computar a partir del día siguiente a aquel en que «cesó» la ocupación
o «desde cuando terminó la obra».

Dicho de otra manera, la sentencia que fue materia de la acción de tutela aplicó
retroactivamente su criterio referente a la forma de contar el término de caducidad de
la acción de reparación directa, puesto que a la demanda presentada en el año 2006,
con base en la jurisprudencia que regía para el año 2005, se le impuso un criterio del
año 2008.

38 Igualmente, se abstuvo de examinar la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable por cuanto este no se advierte y sobre dicho aspecto la parte actora tampoco
hizo mención alguna.
39 Indica la parte recurrente: «tal como dicha Corporación lo afirmó en auto de abril 29 de 2018

(llamada 73 del fallo)» En el citado pie de página se citó el auto del 9 de abril de 2008, emitido por la
Sección Tercera, expediente 33834 y no el mencionado por el accionante.
40 Sentencias del 25 de agosto de 2005, expediente 26721 y del 17 de febrero de 2005, expediente

23860.

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

En síntesis, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado41 al declarar la
caducidad de la acción de reparación directa42 desconoció que para la época en que
fue presentada la demanda, la jurisprudencia de esa Corporación que regía para ese
momento señalaba que el término de caducidad se contaba a partir del día siguiente
en que «cesó» la ocupación o desde cuando «termine» la obra y no desde que dicha
obra y ocupación inició.43

Frente al anterior reproche, la Sala participa de la perspectiva jurídica en la cual se
ha dicho que el desconocimiento del precedente no se subsume en la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA y, en consecuencia, no
tiene la virtualidad de constituirse en un vicio de la sentencia. En ese orden de ideas,
cuando no sea procedente el recurso de unificación de jurisprudencia, el cambio de
criterio jurisprudencial es susceptible de ser examinado a través de la acción de
tutela, precisamente bajo la causal de procedibilidad desconocimiento del precedente
judicial.

En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido señalando la tesis
que se consigna en el párrafo precedente y que se recoge en la sentencia del 17 de
junio de 2022, en la que se indicó lo siguiente:44

«6.2. Supuesto desconocimiento del precedente judicial en el que incurrió el
Tribunal de segunda instancia al dictar la sentencia censurada

El Invima consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima no tuvo en cuenta 19
antecedentes judiciales dictados por diferentes tribunales administrativos del país, en

41 La Sección Tercera, Subsección C en el fallo recurrido, expuso: «tratándose de la ocupación
permanente o definitiva de un predio por trabajos públicos o por cualquier otra causa, el término de
caducidad no se contaba a partir de la finalización total de la obra u ocupación, sino a partir del
momento en el cual se presentó la ocupación en el predio afectado». (folios 45 y 46 de la sentencia)
42 Indica la parte recurrente: «tal como dicha Corporación lo afirmó en auto de abril 29 de 2018

(llamada 73 del fallo)» En el citado pie de página se citó el auto del 9 de abril de 2008, emitido por la
Sección Tercera, expediente 33834 y no el mencionado por el accionante. En aras de garantizar el
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal la Sala tendrá en cuenta esta última
providencia.
43 En la sentencia recurrida pie de página 51: «Entratándose (sic) de ocupación temporal o

permanente de inmuebles, el término para accionar, empieza a correr a partir del día siguiente de su
ocurrencia, es decir desde cuando cesó la ocupación temporal porque en ese momento se consolida
el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente. Puede verse
también Sección Tercera, sentencia de 17 de febrero de 2005, expediente 28360».
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 11001-03-26-000-2021-00204-00
(67.618), actor: Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos, demandado: Luz Aideé Castaño
Romero y otros, referencia: Recurso Extraordinario de Revisión -Ley 1437 de 2011-.

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Radicado: 11001-03-15-000-2019-05150-00 (REV)
Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

los que se discutieron situaciones similares a las debatidas en el proceso ordinario y se
decidió a su favor, lo cual, a su juicio, generó inseguridad jurídica.

El Consejo de Estado45 ha señalado que el desconocimiento del precedente no
constituye una causal de revisión, porque este recurso no le permite al juzgador
analizar los argumentos de las instancias, así:

“(…) el defecto que se predica de la sentencia objeto de revisión – violación
del derecho a la igualdad por el desconocimiento del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado-, no corresponde a alguno de los
presupuestos que podrían viciarla de nulidad.

Lo cierto es que la violación al precedente alegada, aun si fuera cierta, no
constituye vicio formal de la sentencia, ni violación del debido proceso, ni,
mucho menos, alguna de las causales taxativas previstas por el artículo 140
del Código de Procedimiento Civil o 133 del Código General del Proceso,
por lo que no es competencia del juez revisor analizar, por esta vía judicial,
los argumentos expuestos (…) 46

El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal
prevista por el legislador para el efecto.

Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial
–esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que
tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las
sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
tendría cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar
la aplicación de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en
los términos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005, con el fin de proteger el derecho fundamental de igualdad.

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción
de tutela contra providencias judiciales impugnadas por el
desconocimiento del precedente y, por ende, por la violación del derecho a
la igualdad, al considerar que el recurso extraordinario de revisión no es el
mecanismo judicial idóneo para atacar dicho vicio o defecto de la

45En la providencia que se transcribe el pie de página corresponde al número 34. Consejo de Estado,

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de abril
de 2015, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, exp: 2013-02724-00(REV). Reiterada en las siguientes
providencias dictadas por esta Corporación: i) Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia del 4 de
agosto de 2020, C.P: César Palomino Cortés, exp: 2016-03553- 00(REV) y ii) Sala Catorce Especial
de Decisión, sentencia del 7 de noviembre de 2019, C.P: Alberto Montaña Plata, exp: 2018-03604-
00(REV). También se puede consultar el fallo proferido el 7 de octubre de 2014, por la Sala Quince
Especial de Decisión, C.P: Luis Rafael Vergara Quintero, exp: 2009-00445-00(REV).
46 En la providencia el pie de página corresponde al número 35. [Cita original del texto] Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de julio de 2012, C.P:
Mauricio Torres Cuervo, exp: 2007-00173-01 (REV).

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sentencia, ya que no fue previsto por el legislador como una causal de
dicho recurso”47 (se destaca).

En conclusión, el supuesto alegado por la parte recurrente no encuadra en ninguno de
los supuestos por los cuales se configura la causal de revisión invocada, por cuanto no
significa un vicio formal de la sentencia, ni vulneración a la garantía del debido
proceso, ni mucho menos constituye alguna de las nulidades señaladas taxativamente
en la ley procesal civil.

Así las cosas, la Sala se releva de analizar los planteamientos esbozados frente a este
aspecto por el Invima, por cuanto a través del mecanismo excepcional de la referencia
no es posible hacer un estudio de decisiones judiciales que versaron sobre hechos
similares a los discutidos en el litigio primigenio, pues, se reitera, ello no corresponde a
la finalidad del recurso extraordinario de revisión».

En ese sentido, también se pronunció esta corporación en sentencia del 17 de marzo
de 2022 en la que se expresaron los siguientes argumentos:48

«La señora Ucari Patricia Flórez Talaigua presentó recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, al considerar que se incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.

Al respecto, se observa que esta causal se sustentó en la supuesta aplicación indebida
del precedente jurisprudencial por parte del Tribunal, ya que considera que tuvo en
cuenta para resolver la controversia lo previsto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-556 de 2014, pese a que la misma estudió un asunto con supuestos
fácticos y jurídicos diferentes.

Lo anterior, toda vez que en el caso analizado por la Corte Constitucional se resolvió
sobre el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por un empleado
nombrado en provisionalidad, al que se declara insubsistente su nombramiento sin
motivación; mientras que, en el asunto objeto de estudio en el presente recurso, se
cuestionó el pago de los salarios y prestaciones sociales, también de una empleada
nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, cuyo
nombramiento fue revocado por el supuesto incumplimiento de los requisitos legales
para ocupar el cargo.

Para resolver el cargo planteado, la Sala advierte que el desconocimiento de un
precedente judicial no puede considerarse como un presupuesto configurativo de la
causal quinta de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia.

Ciertamente, el desconocimiento del precedente es solo una inconformidad de quien la
recurre frente a las consideraciones y decisión plasmadas por el Ad quem en la
sentencia de segunda instancia, como consecuencia de haber resuelto de manera

47 En la providencia el pie de página corresponde al número 36. [cita original del texto] Corte
Constitucional, sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

magistrado ponente: César Palomino Cortés, radicado: 11001-03-25-000-2017-00176-00 (1099-2017),
demandante: Ucari Patricia Flórez Talaigua, demandado: municipio de Tuchí, recurso extraordinario
de revisión.

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desfavorable sus pretensiones. Para la Sala, este argumento de controversia no
constituye un vicio formal de la sentencia, en el que se pueda sustentar alguna de las
causales previstas por el legislador para la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.

Sobre la improcedencia del recurso extraordinario de revisión por desconocimiento del
precedente judicial, la Sala 13 Especial de Decisión en sentencia del 7 de abril de
2015, consideró:

“Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial
–esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que
tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las
sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría
cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación
de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin
de proteger el derecho fundamental de igualdad.

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para
atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el
legislador como una causal de dicho recurso.49

Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión”.

Así las cosas, como no es posible, a través de este mecanismo excepcional, hacer un
estudio sobre la jurisprudencia aplicable al caso, pues ello no corresponde a la
finalidad del recurso extraordinario de revisión, la Sala se releva de analizar los
planteamientos esbozados por la señora Ucari Patricia Flórez Talaigua, pues los
mismos buscan que se resuelva el asunto bajo otro criterio, pese a que el Tribunal
expuso de forma razonada los motivos por los cuales consideró que debía tenerse en
cuenta lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014, en
especial porque se trataba del retiro del servicio de una empleada nombrada en
provisionalidad en un cargo de carrera administrativa y, concluyó que era posible su
aplicación, así no se tratara de una insubsistencia del nombramiento, decisión
adoptada en virtud del principio de autonomía funcional».

La postura que se acoge por esta Sala implica que no es dable acoger el criterio
plasmado en la sentencia del 24 de octubre de 201950 dictada por la Sección Primera
de esta corporación, en la acción de tutela instaurada por la sociedad Constructora Los

49 En la providencia el pie de página corresponde al número. 26. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias

T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente:

Nubia Margoth Peña Garzón, radicación: 11001-03-15-000-2019-01905-00.

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Hayuelos contra la decisión objeto del recurso extraordinario,51 la cual fue declarada
improcedente bajo el argumento de que el recurso extraordinario de revisión era el
mecanismo con el que contaba la citada sociedad para examinar el desconocimiento
del precedente judicial, con arreglo en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA. 52

En la citada sentencia, indicó la Sección Primera de esta corporación, que en la
decisión de tutela del 26 de septiembre de 201953 se analizó la procedencia de dicho
recurso en el evento que se pretenda «controvertir el fallo que ha declarado la
caducidad de la acción, apartándose del precedente o de la jurisprudencia en vigor
en relación con la contabilización del término de caducidad para el momento de la
presentación de la demanda» situación que «a todas luces hace ineficaz o
improcedente la acción de tutela para estudiar tal inconformidad, dada la existencia
de otro mecanismo de defensa idóneo».

51 Dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C del 22 de febrero de 2019, consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e) en la
acción de reparación directa, radicado: 25000-23-26-000-2006-01719-01 (43705).
52«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso

de apelación». En la referida sentencia de tutela del 24 de octubre de 2019, se indicó que «[f]rente a la
procedencia del recurso extraordinario de revisión y, particularmente en lo que respecta a la causal
aludida, la Sala Especial de Decisión núm 6, en sentencia del 1º de agosto de 2017, sostuvo que era
procedente tal mecanismo cuando se resuelve la excepción de caducidad de la acción con
fundamento en una posición jurisprudencial posterior a la fecha de presentación de la demanda». La
citada de tutela señalada en este pie de página transcribió los siguientes apartes de esta última
sentencia: «En este punto, la Sala precisa que se aparta de la postura adoptada en el fallo de
segunda instancia por parte de la Sección Tercera de esta Corporación –de tener por caducada la
acción-, puesto que resolvió aplicarle a este caso una posición posterior bajo la cual el registro
presupuestal no es una condición para su perfeccionamiento, sino que es un requisito necesario para
su ejecución, con la consideración de que “la caducidad de la acción comporta un presupuesto
objetivo que debe sustraerse al vaivén de los cambios jurisprudenciales, por lo que es claro que el
término comenzó a contabilizarse a partir del perfeccionamiento del contrato, en los términos del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993”. […] En este contexto, para esta Sala de Decisión, cuando se hace
el estudio de la caducidad de la acción, debe hacerse con fundamento en las normas –así
como su interpretación- vigentes para la época en que se presentó la demanda, sin que sea
permitido aplicar cambios jurisprudenciales posteriores, más aún cuando afectan el ejercicio de la
acción. […] Entonces, toda vez que en este caso no había operado la caducidad de la acción y por
tanto la demanda fue presentada en tiempo, se encuentra fundada la causal de nulidad originada en
la sentencia». (Resaltado fuera del texto) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia del 1 de agosto de 2017, consejero
ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 11001-03-15-000-2016-03181-00 (REV), actor:
Procuraduría General de la Nación, demandado: Departamento del Cesar y otro.
53 Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, radicación: 11001-03-15-000-2019-02393-00

(AC), actor: Elianor Ávila Gómez y otro, demandado: Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado.

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En ese orden de ideas, se transcriben algunos apartes de la sentencia de tutela del 26
de septiembre de 2019 citada en la sentencia de tutela del 24 de octubre de ese año,
en la cual se adujo:

“[…] De manera que no procede este recurso por el hecho de que el fallador solo hasta
la sentencia hubiera declarado la caducidad de la acción, bien porque la encontró
apenas acreditada54 ante la evidencia probatoria que informa al juez de los hechos que
sustentan la demanda o porque la excepción sustentada en este motivo de caducidad,
se hubiera decidido hasta esa oportunidad procesal. En estos casos, el recurso
extraordinario no sería escenario para subsanar la incuria de las partes al ejercitar la
acción o reclamar un pronunciamiento previo al fallo, en tanto que en estos eventos,
las partes controvierten el conteo, sin que ello sea susceptible de recurso
extraordinario.

A pesar de lo anterior, esta Corporación jurisprudencialmente ha definido
algunos precisos eventos en los cuales este medio extraordinario sí sería
procedente para controvertir el fallo que ha declarado la caducidad de la acción,
y ocurre cuando: i) el juez se apartó del precedente o de la jurisprudencia en
vigor en relación con la contabilización del término de caducidad55 para el
momento de la presentación de la demanda, y ii) cuando pese a la declaratoria de
caducidad de la acción, el juez hubiese adoptado una decisión de fondo, lo que
podría enmarcarse en una presunta falta de competencia para pronunciarse
sobre el objeto de la litis.” […] (Negrillas del texto original).

En consecuencia, se concluyó en la sentencia del 24 de octubre de 2019:

«De lo anterior, se evidencia que, la razón que invoca la actora como constitutiva de la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados, habilita el ejercicio del
recurso extraordinario de revisión, pues su reproche radica en que la Sección Tercera
al momento de revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, declarar la
caducidad de la acción de reparación directa, dejó de lado la posición jurisprudencial
establecida sobre la materia en la fecha de presentación de la demanda y, basó su

54 En el fallo de tutela del 26 de septiembre de 2019, el pie de página origjnal es 10. Al respecto la

Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 11 de abril de 2018, expediente N°
11001032500020130018200, señaló: “[…] el hecho que el proceso promovido […] no hubiera
terminado con una decisión de fondo a sus pretensiones, porque los jueces de instancia, al verificar
uno de los presupuestos de procedibilidad de la, entonces, acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, hubieren encontrado que no se cumplía con haberse presentado la demanda en tiempo y
hubieran declarado probada la excepción de caducidad de la acción, es un aspecto que no puede
considerarse invalidante de una decisión judicial, en la que, por lo demás, es deber del juzgador
verificar el cumplimiento de tales presupuestos y dictar una sentencia, congruente y coherente con la
controversia planteada, resolviendo todos los aspectos puestos a su consideración, incluidas las
excepciones propuestas por la parte demandada, conforme lo disponía el artículo 170 del Código
Contencioso Administrativo. […]” C.P. César Palomino Cortés.
55 En el fallo de tutela del 26 de septiembre de 2019, el pie de página original es 12. Al respecto se

precisó: “[…] los recurrentes no expresaron los motivos por los cuales consideran que en el caso
concreto la Subsección de la Sección Tercera que dictó la sentencia de segunda instancia se apartó
del “precedente” o por lo menos de la jurisprudencia en vigor, en relación con la contabilización del
término de caducidad de la acción, carga argumentativa que les asistía si pretendían demostrar que,
ante la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia correspondía conocer del caso a la Sala Plena
bien de la Sección Tercera o del Consejo de Estado, porque hubiese contabilizado en forma diferente
el término de caducidad de la acción. […]” Consejo de Estado – Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 1° de agosto de 2017. Actor: Embosques y Otros. C.P. Rocío Araujo Oñate.

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decisión en una posterior que, a su juicio, no le era aplicable.

En el caso bajo estudio, la accionante no ha agotado el recurso extraordinario de
revisión siendo este el mecanismo idóneo para plantear la inconformidad que pretende
sea desatada en esta acción constitucional, por lo tanto es clara la improcedencia de
esta última».

Los argumentos expuestos en esta providencia serían suficientes para considerar
que el desconocimiento del precedente no se subsume en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA y, que para el caso, el instrumento judicial
procedente era la acción de tutela porque no es viable el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en tanto que la sentencia recurrida no fue expedida en
única o segunda instancia por los Tribunales sino por el Consejo de Estado.56

No obstante, la expectativa que se le generó a la recurrente en la sentencia de tutela
del 24 de octubre de 2019, que declaró improcedente la acción en decisión soportada
en que el desconocimiento del precedente judicial era susceptible de ser conocido a
través del recurso extraordinario de revisión bajo la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA y no al amparo de la acción de tutela, conlleva, en aras de
garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, efectuar las siguientes
manifestaciones, de las cuales emerge que, de todas maneras, no se observa en la
decisión del 22 de febrero de 2019 que el juzgador haya pasado por alto el criterio
señalado en las providencias que alude la sociedad actora.

En efecto, la parte recurrente señala que la sentencia recurrida, que declaró la
caducidad de la acción, desconoció la providencia del 25 de agosto de 2005, radicado
26721,57 la cual regía un año antes de presentarse la demanda y en la que se señaló:
«Entratándose (sic) de ocupación temporal o permanente de inmuebles, el término
para accionar, comienza a correr a partir del día siguiente de su ocurrencia, es decir
desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente»;

56 Artículo 257 del CPACA. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra

las sentencias dictadas en única o segunda instancia por los tribunales administrativos. […]
57Consultada esta sentencia se constata que en efecto se plasmó el texto transcrito por el recurrente.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente. Ruth
Stella Correa Palacio, radicación: 27001-23-31-000-2003-00595-01 (26721), actor: Alberto Uechek Meluk
y otros, demandado: Departamento del Chocó.

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además, se afirma que esta tesis coincide con la planteada en la sentencia del 17 de
febrero de 2005, expediente 28360.58

En ese sentido, señala que correspondía aplicar las anteriores sentencias las cuales se
encontraban vigentes al momento de instaurar la demanda —1 de agosto de 2006— 59
y, por ende, para sustentar el fallo, no era procedente hacer uso de la tesis plasmada
en el auto del 9 de abril de 201860 con fundamento en la cual se indicó: «tratándose
de la ocupación permanente o definitiva de un predio por trabajos públicos o por
cualquier otra causa, el término de caducidad no se contaba a partir de la finalización
total de la obra u ocupación, sino a partir del momento en el cual se presentó la
ocupación en el predio afectado».61

La Sala constata que, a diferencia de lo expuesto por el recurrente, no fue el auto
interlocutorio del 9 de abril de 201862 el que determinó la declaratoria de caducidad de
la acción adoptada en el fallo recurrido, sino que se aplicó la sentencia del 24 de
febrero de 2005,63 tesis que se reitera en la sentencia del 26 de julio de 2011,64 de cuya
interpretación se hizo el siguiente razonamiento:

58 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente:

Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación: 68001-23-15-000-2004-01086-01 (28360), actor:
Carlos Hernando Guerra Ochoa y otros, demandado: Area Metropolitana de Bucaramanga.
59 (Folio 23v) cdno del proceso de reparación directa.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente:

Ramiro Saavedra Becerra, radicado: 08001-23-31-000-2005-03756-01 (33834), actor: Walter Padilla
Padilla, demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías. Texto citado en el fallo recurrido: «La
ocupación permanente o definitiva de un predio por obras públicas es un hecho dañoso reconocido
por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como fuente de indemnización a favor de la persona que
ha visto afectados sus derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, y está prevista
legalmente como una de las causas por las que el afectado puede reclamar directamente la
reparación del daño, como lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. El señor
Walter Padilla solicitó la declaratoria de responsabilidad del INVÍAS por la ocupación permanente, por
obras públicas, de la franja de un terreno que afirma es de su propiedad. Señaló además los siguientes
hechos que resultan relevantes para la decisión: - Las obras de la carretera La Troncal Caribe o Vía al
Mar iniciaron en 1976 (pretensión primera y hecho quinto, fols. 78 y 82 c. 2). - La ocupación a su predio
acaeció en 1983, cuando se iniciaron las obras de la segunda etapa, que finalizaron en 1988 (hechos
quinto, sexto y séptimo).- La totalidad de las obras de la carretera La Troncal Caribe o Vía al Mar
finalizaron en 1992 (hechos quinto y sexto). Con fundamento en los anteriores hechos, la Sala advierte
que la ocupación del predio del demandante inició en 1983 y duró hasta el año 1988, cuando culminaron
las obras de la segunda etapa que afectaron una parte del terreno del cual afirma es propietario. (…)
Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de dos
años es desde el día siguiente de verificada la ocupación -año 1983- y, como la demanda se presentó
el 7 de junio de 2002, cabe concluir que la acción de reparación directa no fue ejercida
oportunamente».
61 El texto en comillas se cita en la sentencia recurrida (folio 27).
62 Ibidem pie de página 59
63 Al folio 28 del fallo recurrido se cita la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez,

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

«si bien en los casos en los cuales se demanda por daños causados por la ocupación
permanente o temporal por la ejecución de una obra pública o por cualquier otra causa, el
cómputo del término de caducidad iniciaría al momento en el cual se produce el daño, que
puede coincidir con la finalización de la ocupación, lo cierto es que se deben tener en
cuenta las situaciones particulares de cada caso en concreto, en el sentido de que las
circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento
en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho —daño al descubierto—, época
que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado»65 (subrayado y
negrilla no original).

Fue precisamente con base en el anterior derrotero que la Sección Tercera en la
sentencia objeto del recurso extraordinario, concluyó que la sociedad, ahora recurrente,
tuvo conocimiento el 23 de julio de 2001, fecha en que se concretaron las cesiones
obligatorias en favor del Distrito Capital, de que la acción de la demandada afectaba su
derecho ocasionándole el daño que reclamó por la vía de la reparación directa y, por
ende, a partir de ese momento surgió el inicio del cómputo de la caducidad. En ese

radicado: 52001-23-31-000-1996-08010-01 (15093), actor: Emilio Vicente Díaz Pabón, demandado:
Nación, Ministerio de Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad. En esta última sentencia
sen indican los siguientes apartes: «Lo anterior permite a la Sala concluir que el pronunciamiento
judicial citado no puede considerarse ni como el hecho generador de la conducta dañosa, ni como el
medio a través del cual el actor conoció su realización, ya que esta conducta desde un comienzo era
conocida por él (30 de agosto de 1992), pudiendo haber demandado tal conducta desde un inicio; en
consecuencia la omisión del actor en haber demandado esa conducta de la Nación, realizada a
través del DAS, no puede convertirse en motivo para renovar el término de caducidad previsto por la
ley. No sobra recordar que la caducidad de la acción fue edificada sobre la conveniencia de señalar un
plazo objetivo, independientemente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo. Con sujeción
a lo expuesto es claro que para la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este otro
juicio contra la Nación, 1 de octubre de 1996, ya habían trascurridos los dos años que contempla la
ley para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa, teniendo en cuenta que la conducta
señalada por el actor como causante de los daños cuyo resarcimiento reclama, era conocida por él
desde el mes de agosto de 1992» (subrayado no original).
64 .Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

consejero ponente: Enrique Gil Botero, radicado: 05001-23-24-000-1994-02631-01 (21281), actor:
Helda Rubéola Muñoz Sánchez y otros, demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías que se
menciona a los folios 27 y 28 de la sentencia recurrida: «Por el contrario, la Sección ha discurrido de
manera disímil cuando la lesión antijurídica que se irroga no consiste en la ocupación de un inmueble
–temporal o permanente– sino cuando proviene de trabajos públicos, pues en estos últimos
escenarios la lógica ha indicado que no es conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo
para interponer la acción como quiera que el daño se encuentra materializado en un solo momento, a
diferencia del primer supuesto en el cual se alberga la esperanza de que el Estado restituya la
posesión material sobre el respectivo bien al concluir la obra.
En consecuencia, una es la forma como se determina la caducidad tratándose del daño por la
ocupación de un inmueble en virtud de una obra pública, y otra diferente la que tiene que ver con
perjuicios irrogados sobre bienes (muebles o inmuebles) por cuenta de la ejecución de un trabajo u
obra pública. Lo anterior, por cuanto en la primera hipótesis el daño que se reclama es precisamente
la ocupación del inmueble una vez culminada la obra, mientras que en la segunda hipótesis la lesión
antijurídica que se invoca reside en la afectación a bienes, derechos o intereses legítimos –distintos a
la ocupación del terreno– en medio de la ejecución de la obra pública. En consecuencia, en el
segundo supuesto el término de caducidad iniciará a computarse una vez ocurra el hecho o la
omisión respectiva, o en su defecto la parte tenga conocimiento del daño». (subrayado y negrilla
no originales).
65 (folio 28 de la sentencia recurrida).

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

orden de ideas, infirió que como la demanda solamente se presentó hasta el 1 de
agosto de 2006, era claro y evidente que la acción de reparación directa no se ejerció
oportunamente y se encontraba caducada. 66

Emerge de lo expuesto, que para resolver la controversia se aplicó una tesis del 24 de
febrero de 200567 —daño al descubierto— que se encontraba vigente para el momento
en que se instauró la demanda —1 de agosto de 2006— ;68 por tanto, se advierte que
no se plasmó en la sentencia recurrida, como erradamente lo indica la demandante, el
criterio sentado en el auto interlocutorio del 9 de abril de 201869 y tampoco estaba atado
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a las pautas señaladas en la
sentencia del 25 de agosto de 2005, radicado 26721,70 que coincide con la consignada
en la sentencia del 17 de febrero de 2005, expediente 28360,71 por cuanto en virtud
de las particularidades del caso, consideró que correspondía aplicar la tesis del daño al
descubierto acogida desde la decisión del 24 de febrero de 2005.72

En ese sentido, la Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación podía hacer
uso del criterio vigente para el momento de instauración de la demanda plasmado en la
sentencia del 24 de febrero de 2005 con fundamento en el cual se determinó que era la
fecha en que la recurrente tuvo conocimiento de las cesiones obligatorias en favor del
Distrito Capital, el momento a partir del cual surgió el interés para acudir a la
administración de justicia, es decir, el 23 de julio de 2001 y como la demanda se

66 (Folio 30 v de la sentencia recurrida) «De lo anterior, según los documentos aportados, para esta

Sala está probado que el demandante, tuvo conocimiento desde el día 23 de julio de 2001, fecha en la
que se concretan las cesiones obligatorias en favor del Distrito Capital, de que la acción de la
demandada afectaba su derecho ocasionándole el daño que reclama en esta sede judicial. En efecto,
la sociedad constructora para poder obtener la licencia de urbanismo solicitada, debía cumplir con las
cesiones mencionadas tal y como aparece en el Certificado de tradición y libertad del inmueble. Por
esta razón, es a partir de este momento que surgió el interés para acceder a la administración de
justicia, transcurriendo esa oportunidad hasta el 23 de julio de 2003. No obstante la parte actora
presentó la demanda, sólo hasta el 23 de julio de 2006, razón por la cual es claro y evidente que la
acción de reparación directa no se ejerció oportunamente y se encuentra caducada».
67 Ibidem 63
68 Reiterada en sentencia del 26 de julio de 2011
69 Ibidem 61
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente. Ruth

Stella Correa Palacio, radicación: 27001-23-31-000-2003-00595-01 (26721), actor: Alberto Uechek Meluk
y otros, demandado: Departamento del Chocó.
71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente:

Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación: 68001-23-15-000-2004-01086-01 (28360), actor:
Carlos Hernando Guerra Ochoa y otros, demandado: Area Metropolitana de Bucaramanga.
72 Ibidem 66

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presentó el 1 de agosto de 2006, para esa data la acción de reparación directa se
encontraba caducada.

Se infiere de todo lo expuesto, que aun cuando la Sala considera que el
desconocimiento del precedente no se configura en la causal del recurso extraordinario
de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que para
esos efectos procede la acción de tutela, en vista de que se le generó a la recurrente en
la sentencia de tutela del 24 de octubre de 201973 la expectativa de que ello era posible,
de forma excepcional, en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de
justicia, se abordó el conocimiento del asunto.

En ese sentido, se concluye que la Sección Tercera, del Consejo de Estado para definir
la controversia no aplicó el auto del 9 de abril de 2018 en la decisión cuestionada y no
le correspondía acudir al criterio señalado en la sentencia citada como desconocida del
25 de agosto de 2005, radicado 26721, que coincide con la sentencia del 17 de
febrero de 2005, expediente 28360, por cuanto en virtud de las particularidades del
caso, era viable hacer uso de la tesis del daño al descubierto prevista en la decisión del
24 de febrero de 2005.

2.6. De la condena en costas

El recurso se tramitó en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y, en ese orden de ideas, el
asunto se rige por el artículo 188 del CPACA. el cual estatuye que la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil, en la actualidad Código General del
Proceso.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365 numeral 8
ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente:

Nubia Margoth Peña Garzón, radicado: 11001-03-15-000-2019-01905-00, actora: Constructora Los
Hayuelos S.A.

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La Sala encuentra que la gestión del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en este
proceso es suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho a su
favor a título compensatorio,74 en virtud de la actuación que realizó en condición de
demandado reflejada en la contestación de la demanda, sumado a la naturaleza y
duración de la causa procesal conforme a lo previsto en los artículos 365 y 366 del
CGP.

Comoquiera que el proceso es de única instancia, la liquidación de costas será
realizada por la Secretaría General, en consonancia con los parámetros señalados
en el artículo 36675 del CGP.

Igualmente, en virtud del numeral 4° del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Sobre el particular, el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
dispuso lo siguiente:

«[…] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial
tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por
este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan
valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los
referidos límites.

[…] Artículo 5°. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

74 La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta Corporación con ponencia de la magistrada Rocío

Araujo Oñate, en sentencia del 6 de agosto de 2019 precisó que «[…] la función de las agencias en
derecho es la de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión
procesal que realizó» […], radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante: Yesid Figueroa
García, demandado: municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual.
75 Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

Juzgado que haya conocido el proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y
corresponderá al juez aprobarla o hacerla […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el tendrá en cuenta además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas […].6.
Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».

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Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.76 […]»

En ese orden de ideas, se fijarán las agencias en derecho en favor del Instituto de
Desarrollo Urbano IDU y a cargo de la recurrente, en la suma de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente —SMMLV— a la fecha de ejecutoria de la presente
providencia.

3. Conclusión

Comoquiera que a la recurrente se le generó en la sentencia de tutela del 24 de
octubre de 2019 la expectativa de que era posible tramitar el recurso extraordinario de
revisión bajo la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por lo tanto
de forma excepcional, en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de
justicia, se abordó el conocimiento del asunto y, se concluyó que no aconteció el
desconocimiento del precedente en la sentencia emitida el 22 de febrero de 2019 por el
Consejo de Estado, por la Sección Tercera, Subsección C. Por ese motivo, se
declarará infundado el recurso propuesto.

Procede la condena en costas a título compensatorio a favor del Instituto de
Desarrollo Urbano IDU.

En mérito de lo expuesto, la Sala Veintiuno Especial de Decisión de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
Constructora Hayuelos S.A. contra la sentencia del 22 de febrero de 2019 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso
correspondiente al medio de control reparación directa radicado 25000-23-26-000-
2006-01719-01 (43705).

76 Negrilla no original

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Demandante: Constructora Hayuelos S.A.

Segundo. Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho a la
Constructora Hayuelos S.A. y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la recurrente.

Cuarto: En firme esta providencia el expediente deberá regresar al despacho del
magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la Secretaría
General del Consejo de Estado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala Especial en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Con aclaración de voto

WILSON RAMOS GIRÓN

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
MECG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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