Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-01719-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-01719-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2006-01719-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)
22 de febrero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO A LA PROPIEDAD, A LA POSESIÓN O A LA TENENCIA / DAÑO CAUSADO A LA PROPIEDAD, A LA POSESIÓN O A LA TENENCIA POR PARTE DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR OCUPACIÓN DE BIEN INMUEBLE / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Configurada / ACTIO IN REM VERSO
[…] (1) El Distrito Capital y el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU- proyectaron o trazaron la construcción de la calle 26 sobre un terreno de propiedad de la sociedad. Trazado que corresponde a las llamadas afectaciones y áreas de reserva a las que se refieren las distintas licencias de urbanismo concedidas a la sociedad demandante con el fin de poder desarrollar, por etapas, los globos de terreno de su propiedad de mayor extensión; (2) Pese a que en la Resolución CU2 2001-014 emitida por la Curaduría urbana No. 2 de Bogotá, consta la aprobación del cambio de trazado de la línea de alta tensión y la superposición de su área afectado bienes de propiedad de la parte actora, el Distrito Capital solo proyectó la anotada vía pública y ni la entidad distrital ni el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU- construyeron la vía ni manifestaron su intención de comprarla; (3) La Sociedad accionante decidió construir, con sus propios recursos y sin mediar contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU ni con el Distrito Capital, la calle 26, en la parte de vía correspondiente a los bienes inmuebles de su propiedad; (4) La sociedad construyó andenes, separador central, zonas verdes, realizó excavaciones, movimiento e instalación de servicios públicos, relleno y construcción de vías en sub base, base y rodadura asfáltica, etc, intervenciones que fueron ejecutándose de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la sociedad demandante para dicho efecto y (5) el actor afirmó que las obras anotadas fueron construidas en terrenos que siguen siendo hoy propiedad de la demandante […] En el sub judice el demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que el daño se encuentra todavía ejecutándose y por ello no puede fijarse una fecha cierta de la producción del mismo. Sin embargo, la Sala analiza la prueba aportada y practicada para determinar si este hecho como tal está acreditado, para determinar la fecha a partir de la cual la sociedad actora tuvo conocimiento del daño, con el fin de verificar si la acción se ha presentado en el tiempo exigido por la norma o si por el contrario ha operado el término de la caducidad de la acción […] [P]ara esta Sala está probado que el demandante, tuvo conocimiento desde el día 23 de julio de 2001, fecha en la que se concretan las cesiones obligatorias en favor del Distrito Capital, de que la acción de la demandada afectaba su derecho ocasionándole el daño que reclama en esta sede judicial. En efecto, la sociedad constructora para poder obtener la licencia de urbanismo solicitada, debía cumplir con las cesiones mencionadas tal y como aparece en el Certificado de tradición y libertad del inmueble. Por esta razón, es a partir de este momento que surgió el interés para acceder a la administración de justicia, transcurriendo esa oportunidad hasta el 23 de julio de 2003. No obstante, la parte actora presentó la demanda sólo hasta el primero (1º) de agosto de 2006, razón por la cual es claro y evidente que la acción de reparación directa no se ejerció oportunamente y se encuentra caducada. Con fundamento en los anteriores medios de convicción, la Sala confirmará la sentencia apelada de primera instancia, proferida el primero (1º) de agosto de 2006 proferida por la Subsección C de Descongestión, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá y la falta de competencia respecto de la pretensión subsidiaria de analizar el caso a la luz de la “actio in rem verso”, denegando las demás pretensiones de la demanda , pero por las razones expuestas en este providencia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 619 DE 2000
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Derechos humanos
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984] consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad […] La ley consagra, en principio, un término de dos años contados desde el día siguiente a cuando acaece u ocurre el hecho, la omisión, la operación administrativa, o se produce la ocupación temporal o permanente de un inmueble de propiedad ajena por razón de trabajos públicos o por cualquier otro hecho, como hechos con base en los cuales se ejerce la acción de reparación directa, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, ni la correspondiente condena a la reparación del daño antijurídico que se imputa, porque habrá operado el fenómeno de la caducidad […] [L]a jurisprudencia reconoce que existen eventos en los que la consideración de la caducidad debe hacerse teniendo en cuenta dos reglas, cuya base normativa está en los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 1, 2, 29 y 229 de la Carta Política , a saber: (1) cuando el daño antijurídico a imputar al Estado se deriva de la acción, la omisión o la inactividad en la concreción de actos de lesa humanidad [puede verse auto de 17 de septiembre de 2013, expediente 45092], específicamente por desaparición forzada este fenómeno procesal comprende tres alternativas de cómputo: a) a partir del día de aparición de la víctima, lo cual se convierte en un dato histórico cierto y objetivo, del cual se puede predicar los postulados generales para la caducidad de la simple acción de reparación directa; b) a partir de la firmeza, por ejecutoria, del fallo penal que declare la desaparición forzosa, caso en el cual podría aplicarse las reglas jurisprudenciales que para el cómputo de la caducidad operan con ocasión de daños debidos a detención arbitraria [privación injusta de la libertad]; y, por último, c) a partir del momento de ocurrencia de los hechos, que en la práctica constituye también una fecha cierta [y es la regla general]; (2) cuando se trata de daños ambientales derivados de la acción, omisión o inactividad de la administración pública, cuyo sustento normativo está en las mencionadas normas convencionales y constitucionales, así como en el artículo 79 de la Constitución, siguiendo el auto de 10 de diciembre de 2014 , si se trata “de daños ambientales sobre los que el demandante sólo pudo tener aprehensibilidad, discernimiento y conocimiento de las alteraciones, efectos nocivos o molestias en un momento en el que no es posible, probable, o determinable afirmar la certeza de su ocurrencia, acaecimiento o conocimiento , en virtud de la seguridad jurídica, de la tutela judicial efectiva y de la prudencia, la consideración de la caducidad no puede solucionarse con la simple examinación de la finalización de la (s) obra (s) pública (s), sino que debe procurar considerarse que los daños afirmados en la demanda al ser sucesivos o continuados, o que pueden desencadenar sus efectos propiamente antijurídicos de manera diferida en el tiempo, exigen admitir la demanda para que del acervo probatorio que se recaude y valore pueda con suficientes y adecuados medios determinar al resolver el fondo del asunto si procede declarar o no la caducidad del medio de control de la reparación directa” ; y; (3) cuando se trata de hechos que pueden producir daños antijurídicos por la violación de los derechos humanos de niños o niñas de una comunidad indígena [puede verse auto de 1 de diciembre de 2014, expediente 44586], el cómputo de la caducidad no se puede reducir al ejercicio de la acción en cabeza de los padres, sino que debe hacerse con base en los principios convencionales y constitucionales de interés superior del niño, de reconocimiento y protección del pluralismo cultural y jurídico y de garantía eficaz de la tutela judicial efectiva, en el entendido que el cómputo se hará a partir del momento en el que la persona adquiere su plena capacidad de ejercicio, con fundamento en el derecho o costumbres propias a cada comunidad indígena, o la que opere en la normativa ordinaria, aclarando que para ese cómputo siempre ha de optarse por la más beneficiosa a favor de un miembro de tal comunidad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO – 163 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 229 / LEY 589 DE 2000 – ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 1.1 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 2 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 8.1 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 25.1
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal tiene fundamento y sustento en el artículo 228 de la Constitución Política. Con base en el sustrato constitucional se determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social - , garantizando el derecho de acceso a la administración de justicia dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional. Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales. En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de las acciones contencioso administrativas que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal. Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales. En este sentido, las consecuencias del acaecimiento del elemento temporal que es manifiesto en toda caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública.
DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD
[…] (1) La jurisprudencia inicial de la Sección Tercera establece que el cómputo de la caducidad cuando se trata de la ejecución de una obra pública con la que produce un daño antijurídico a una persona [natural o jurídica] “empezará a contar a partir de la terminación de la misma”. (2) La jurisprudencia de la Sección Tercera entiende que la realización o ejecución de una obra pública produce daños y perjuicios de naturaleza instantánea, de manera que el cómputo del término de caducidad se hace desde la fecha en que queda concluida la obra pública. (3) Cuando de una obra pública se producen daños y perjuicios que se prolongan en el tiempo, la jurisprudencia de la Sección Tercera exigen tener en cuenta los siguientes criterios: (a) cuando se trata de daños producidos con ocasión de obras o trabajos públicos “no es conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo para interponer la acción como quiera que el daño se encuentra materializado en un solo momento” ; (b) no debe confundirse el nacimiento del daño con posterior agravación o empeoramiento; (c) como consecuencia de lo anterior, no puede aceptarse “que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos”, siendo contrario a la Constitución y a la ley ; (d) por regla general, cuando se trata de daños “de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos), no puede “hacerse caso omiso de la época de ejecución” de la obra pública “para hablar sólo de la acción a medida que los daños apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los años de construida la obra” ; (e) en aplicación de lo principios pro actione y pro damato, en ciertos eventos el término de caducidad “debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no” [criterio que es aplicable tanto para asuntos en los que se debate un daño antijurídico producido por una obra pública, como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble]. Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la caducidad debe tener en cuenta la fecha en la que la víctima o demandante conoció la existencia del hecho dañoso “por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción” ; (f) se deben tener en cuenta las situaciones particulares de cada juicio, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho -daño al descubierto- época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado ; y, (g) la caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia. Examinado el supuesto de la caducidad de la acción de reparación cuando se producen daños debidos a obras o trabajos públicos, la Sala examina cuando se trata de supuestos de ocupación temporal o permanente de inmuebles.
CADUCIDAD / OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE / OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA
En relación con el término de caducidad cuando se demanda en acción de reparación directa por la ocupación de un inmueble como consecuencia de la construcción de una obra pública (entendida dicha obra no sólo como la construcción de infraestructura vial, sino también con el desarrollo de soluciones de vivienda u otros procedimientos) […] [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera morigeró la tesis anteriormente reseñada e interpretó el artículo 136 del C.C.A., en aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no […] Luego y con fundamento en lo anterior, la Sección Tercera indicó que tratándose de la ocupación permanente o definitiva de un predio por trabajos públicos o por cualquier otra causa, el término de caducidad no se contaba a partir de la finalización total de la obra u ocupación, sino a partir del momento en el cual se presentó la ocupación en el predio afectado […] Esa posición fue objeto de precisión, en cuanto existió la necesidad de diferenciar los eventos en los cuales se demandaba la reparación de un daño por ocupación de inmuebles con ocasión de trabajos públicos, de aquellos casos en los cuales se demandaba por los daños causados por trabajos públicos […] Se tiene por tanto que la caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia. Y si bien en los casos en los cuales se demanda por daños causados por la ocupación permanente o temporal por la ejecución de una obra pública o por cualquier otra causa, el cómputo del término de caducidad iniciaría al momento en el cual se produce el daño, que puede coincidir con la finalización de la ocupación, lo cierto es que se deben tener en cuenta las situaciones particulares de cada caso en concreto, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho -daño al descubierto- época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado .
CONTENIDO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
hay que analizar las normas del Plan de Ordenamiento Territorial, que para la época de los hechos corresponde al Decreto 619 de 2000, que respecto a los procedimientos en materia de reservas viales establece las zonas de reserva que deben ceder los propietarios titulares de una licencia de urbanismo con el fin compensar a la administración pública y a la colectividad los beneficios obtenidos por el agente urbanizador con la decisión administrativa que le permite a través de la licencia desarrollar una zona de terreno previamente definida.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2006-01719-01(43705)B
Actor: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU–
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
CONTENIDO: Descriptor: Responsabilidad extracontractual del Estado derivada de ocupación permanente de bienes inmuebles por construcción de obra pública. Restrictor: Caducidad de la acción - Niega las pretensiones.
Decide la Sala de Sub-sección el recurso de apelación presentado por la parte actora, contra la sentencia de 30 de septiembre de 2011 proferida por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá y la falta de competencia respecto de la pretensión subsidiaria de analizar el caso a la luz de la “actio in rem verso”, denegando las demás pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda.
La demanda fue presentada el primero (1º) de agosto de 2006 por la Constructora Los Hayuelos S.A., actuando por intermedio de su apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984], contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU- y el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“Primera principal: Que se declare que como consecuencia de la operación administrativa consistente en: i) haber proyectado la vía pública denominada Calle 26 en terrenos de propiedad de la sociedad demandante, específicamente entre la Avenida Ciudad de Cali y el Canal San Francisco, como se especifica en esta demanda; ii) haber destinado, o reservado, para dicha vía la cantidad de 18.963,94 Mts. 2 del lote de mayor extensión de propiedad de la sociedad demandante a que se refiere el hecho 2 de esta demanda, o la cantidad de terreno que aquí se demuestre; iii) no haber adquirido el inmueble afectado con la proyección de la anotada vía sectorial, ni haberla construido, la parte demandada ocasionó daño a la sociedad demandante consistente en no poder desarrollar ni explotar económicamente la indicada área y en ser superflua o simplemente formal la facultad dispositiva que tiene sobre ella, y que para resarcirla se condene a la parte demandada a pagarle a Constructora Los Hayuelos. S.A. el valor comercial y actual de dicho terreno
Primera subsidiaria: En caso de que no prospere la petición anterior, solicito que se declare que el inmueble de propiedad de la sociedad demandante, en un área de 18.963,94, a que se refiere el hecho número 1 de esta demanda, se encuentra ocupado, de manera permanente, en uso público, por causa de su afectación al uso público y estar al servicio de la comunidad, y que para resarcir ese daño se condene a la parte demandada a pagarle a la sociedad demandante el valor comercial y actual de ese predio.
Segunda principal: Que se declare que la parte demandada se enriqueció a raíz del correlativo empobrecimiento de la sociedad demandante a raíz de que ésta, sin mediar contrato alguno, construyó, con su dinero, en la medida de sus disponibilidades y en el mismo terreno indicado en las peticiones anteriores, la vía pública conocida como Calle 26 entre Avenida Ciudad de Cali y el Canal de San Francisco, como se específica en esta demanda, y que para resarcir ese daño se condene a aquella a pagarle a la Constructora Los Hayuelos S.A., en pesos actualizados al día del pago, el valor que esta última empleó en dicha construcción, o en subsidio suyo el que el Idu tenga establecido para obras de características semejantes.
Subsidiaria:
En caso de que no prospere ninguna de las anteriores, solicitó:
Que para restablecer la igualdad ante las cargas públicas, rota en contra de la sociedad demandante a raíz de la afectación para la anotada vía pública del terreno de su propiedad, en área de 18.963,94 Mts. 2, o la que aquí se demuestre, como de su construcción directamente por ella, con sus propios recursos, y actual uso público de las mismas, se condene a la parte demandada a pagarle a la Constructora Hayuelos S.A. tanto el valor comercial y actual de dicho terreno como el dinero que ésta invirtió en su construcción, en pesos actualizados al día del pago, o en subsidio suyo el que el Idu tenga establecido para obras de características semejantes.
Parágrafo: A pesar de lo dispuesto en los arts. 219 y 220 del CCA, esta demanda lleva consigo el ofrecimiento de Escriturar a nombre de la parte demandada el lote de terreno sobre el cual se encuentra la citada vía pública, a que se refiere esta demanda”.
Las anteriores pretensiones se fundaron en los siguientes hechos: (1) El Distrito Capital y el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU- proyectaron o trazaron la construcción de la calle 26 sobre un terreno de propiedad de la sociedad. Trazado que corresponde a las llamadas afectaciones y áreas de reserva a las que se refieren las distintas licencias de urbanismo concedidas a la sociedad demandante con el fin de poder desarrollar, por etapas, los globos de terreno de su propiedad de mayor extensión; (2) Pese a que en la Resolución CU2 2001-014 emitida por la Curaduría urbana No. 2 de Bogotá, consta la aprobación del cambio de trazado de la línea de alta tensión y la superposición de su área afectado bienes de propiedad de la parte actora, el Distrito Capital solo proyectó la anotada vía pública y ni la entidad distrital ni el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU- construyeron la vía ni manifestaron su intención de comprarla; (3) La Sociedad accionante decidió construir, con sus propios recursos y sin mediar contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU ni con el Distrito Capital, la calle 26, en la parte de vía correspondiente a los bienes inmuebles de su propiedad; (4) La sociedad construyó andenes, separador central, zonas verdes, realizó excavaciones, movimiento e instalación de servicios públicos, relleno y construcción de vías en sub base, base y rodadura asfáltica, etc, intervenciones que fueron ejecutándose de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la sociedad demandante para dicho efecto y (5) el actor afirmó que las obras anotadas fueron construidas en terrenos que siguen siendo hoy propiedad de la demandante.
Determinadas las pretensiones y los hechos en la demanda se revisa la actuación procesal desplegada en la primera instancia.
2. Actuación procesal en primera instancia.
La demanda fue inadmitida por auto de 24 de agosto de 2006, con el fin de que se determinara la fecha en la cual se configuró el perjuicio, el acto administrativo que ordenó la afectación de los mismos y la fecha en la cual se concluyó la obra por parte de la Constructora. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición indicando que la demanda no refiere afectación alguna, que la demanda hace alusión al trazado de la calle 26, como parte de la operación administrativa continua conformadora por la ausencia del oficio de oferta de compra de los predios sobre los cuales recayó el trazado de la vía e indicó finalmente que además la construcción todavía no había terminado.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda con el auto de 5 de octubre de 2006, produciéndose la notificación a las entidades municipales demandadas el 24 de noviembre de 2006.
La Alcaldía Mayor de Bogotá-Distrito Capital contestó la demanda el 16 de enero de 2007, oponiéndose a las pretensiones de la demanda por cuanto el Distrito no ha causado perjuicio a la empresa demandada, debido a que dicha labor corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano-IDU y propone como excepciones la inepta demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva y la excepción de oficio.
En la misma fecha, el apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU contesta a su vez el libelo introductorio oponiéndose a las pretensiones por cuanto no se ha probado la culpa de la administración. Como excepciones propone la de inexistencia de requisitos para la declaratoria de responsabilidad patrimonial por ocupación permanente de inmueble, la culpa exclusiva y determinante de la Constructora, la inexistencia del enriquecimiento por parte del IDU y la excepción de oficio.
El proceso se abrió a pruebas cuando el Tribunal profirió el auto de 8 de marzo de 2007. Providencia que fue recurrida por la parte demandada, resolviéndose el recurso por proveído de 26 de abril de 2007. Finalmente, por auto de 10 de marzo de 2011 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio público para que rindiera concepto de rigor si a bien lo tuviere.
La parte actora presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos de la demanda y agregó que se encuentra probado mediante el dictamen pericial decretado y debidamente practicado que la ocupación del lote por la vía del plano CU 2F. 396-07 aprobado por el curador urbano No. 2 de Bogotá. Insistió que en el citado dictamen el lote aparece como una vía sectorial principal V-3E con su separador en medio y cumpliendo con todas las especificaciones exigidas por el IDU para tal fin.
Señaló también que no comparte la apreciación del perito al señalar que la calle 26 por la que se reclama en la demanda corresponde hoy a la vía identificada con el número 19A, y que dicha vía por lo tanto es de carácter local. A su juicio, argumentó, que si bien en el 2003 se convirtió dicha vía en local, lo cierto es que antes esa vía estaba clasificada como una sectorial principal pues correspondía a una parte de la Avenida Industrial de Bogotá, y formaba parte de la malla vial que el constructor tuvo que destinar. A su juicio, por lo tanto, para valorar si el tipo de vía es local o principal debe ser el de la concesión de la licencia de urbanismo y no el momento utilizado por el perito, que obedece a una calificación posterior al momento de los hechos objeto de la demanda.
La parte demandada Distrito Capital en sus alegaciones finales, reiteró los argumentos presentados en su contestación y subrayó que la construcción de la obra alegada por la parte actora fue voluntad única y exclusiva de la sociedad constructora. Consideró además que la vía en disputa es privad y corresponde a una parte interna de la urbanización, correspondiendo por lo tanto a la parte de zonas de cesión gratuita que el urbanizador está obligado a realizar para poder obtener la correspondiente licencia de construcción. Por último, insistió en las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y alegó también la de inexistencia de enriquecimiento ilícito por parte del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU.
La parte demandada, Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, ratificó lo manifestado en la contestación de la demanda y sus objeciones a los dictámenes periciales practicados en el curso del proceso, razón por la que solicitó despachar desfavorablemente las súplicas de la parte actora.
El Ministerio Público en esta instancia guardó silencio.
Agotado el trámite procesal en la primera instancia el Tribunal profirió la sentencia correspondiente.
3. Sentencia de primera instancia.
La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de septiembre de 2011 profirió sentencia en la que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá y la falta de competencia respecto de la pretensión subsidiaria de analizar el caso a la luz de la “actio in rem verso”, denegando las demás pretensiones de la demanda. Su decisión se fundó en los siguientes argumentos:
“En el caso que nos ocupa, se anota que cuanto un propietario de un terreno encuentre que el mismo se encuentra afectado a una vía sectorial, deberá acudir al IDU con el fin de solicitar su negociación y compra, lo que permitirá un pronunciamiento por parte de esta entidad positivo o negativo, el cual a su vez, le abre las puertas para acudir al contencioso administrativo, en caso de que la respuesta no haya sido satisfactoria. Sin embargo, en este caso que hoy se resuelve, la Sala observa que la Constructora Hayuelos no agotó la vía gubernativa, por lo que no existe acto administrativo contentivo de un pronunciamiento del IDU negando o aprobando la negociación de los terrenos, lo que impide que se configure la operación administrativa, por la que pretende el actor que se responsabilice al IDU, debiendo negar esta sala la pretensión principal.
(…)
Respecto de la segunda pretensión principal en el sentido de que se declare el enriquecimiento a cosa del correlativo empobrecimiento de la sociedad, sin mediar contrato alguno para la construcción de la vía pública conocida como la Calle 26 entre la Avenida Ciudad de Cali y el Canal San Francisco, la sala encuentra que se trata de una 2Acción in rem verso”, la cual es competencia exclusiva del Consejo de Estado, por tratarse de una figura traída del derecho civil, a la cual la ley Estatutaria de Administración Judicial no le asignó competencia, correspondiéndole entonces, al Consejo de estado, Sección Primera, el conocimiento de la misma, por tratarse de “asuntos varios”.
(…)
Respecto de la primera pretensión subsidiaria consistente en que declarar que el lote se encuentra ocupado de manera permanente en uso público, como consecuencia de la afectación que sobre éste recae y por encontrarse ya al servicio de la comunidad y que para resarcir este daño, se condene al IDU a pagar el valor comercial del predio, la sala procede a analizar el certificado de tradición y libertad del predio objeto de este litigio (fl 82 n. del c.1.) con número de Matrícula 50- C-1656362, y encuentra que justo después de la descripción de cabida y linderos del inmueble, se encuentra la dirección del mismo donde se lee: 1) Sin dirección Lote “Vía local en zona de reserva por alta tensión-vía sectorial principal calle 26” de la Etapa III”. Y en la anotación 1 se observa que la Escritura 954 del 30 de abril de 2001 contiene una limitación de dominio, consistente una servidumbre de energía eléctrica para el paso de líneas de alta tensión sobre 13.136,22 metros. Luego en la anotación 3, se observa el desenglobe del terreno. Seguidamente en la anotación 3, se resalta que mediante escritura pública 1277 del 7 de julio de 2006 se hizo una aclaración a la escritura inicial que obra en la anotación 1, aclaración que tiene como fin “adicionar las zonas de cesión por vías locales, vehiculares (OTRO)”.
Esta última escritura que es de fecha 23 de julio de 2001 aunque se hay registrado en el año 2006, y allí se observa que en la página 5 (folio 93 del c. 1) aparece un cuadro con las áreas de cesión gratuita al Distrito sobre ANU por etapas, donde se lee que se están cediendo lotes por área de reserva vías del plan vial 25.137.340 M2 por área de reserva línea de alta tensión 11.330.410 M. Las áreas totales de cesión gratuita al Distrito se encuentran allí detalladas por cada etapa, de la 1 a la 5”
(…) [S]e permite la Sala precisar la obligación que tenía el Constructor de CEDER con carácter gratuito al Distrito, no sólo la propiedad de los terrenos afectados con malla vial intermedia y local, sino también la obligación de construir dichas vías, razón por la cual no es procedente la primera pretensión subsidiaria del actor, en el sentido de pedir que se declare la ocupación permanente de dichos terrenos, por cuanto la propiedad ya se encuentra en cabeza del Distrito desde el 23 de julio de 2001 cuando se concretaron las cesiones que debía realizar el Constructor al Distrito, mediante escritura pública debidamente registrada. Al no tener el actor la propiedad de dichos predios no se puede configurar el daño antijurídico que este pretende consiste en ocupación permanente.
(…) [E]n el caso de nos ocupa, no se ha roto el equilibrio de las cargas públicas, por cuanto es obligación de las personas propietarias de terrenos en zonas urbanas y que quieren desarrollarlos y urbanizarlos, adecuarse a las normas del POT en el municipio o Distrito donde se encuentren ubicados, pagar el valor de la licencia de urbanización y construcción, de conformidad con la reglamentación vigente y realizar las cesiones gratuitas de conformidad para el desarrollo de la malla vial establecido en el POT y en el Plan Vial, así como destinar las zonas de reserva por alta tensión y ejecutar las obras de infraestructura vial que exija la entidad competente, al momento de la aprobación de la licencia, obras a las que se compromete el urbanizador y que se contabilizan por la administración pública, como una parte del valor de la licencia.” de la misma 2 de marzo de 1998 y fecha de terminación 01 de abril de 1998. También reposa documento de reclamación ante el ente territorial fechado el 11 de diciembre de 1998”; y, (2) el término “de dos años se cuenta a partir de ocurrida la ocupación temporal y permanente del inmueble y al concluir la obra el 1º de abril de 1998 (folio 95) es esta la fecha desde donde se empieza a contar el termino [sic], por lo que al presentar la demanda el 15 de agosto de 2000 estaba más que vencido el término para instaurar la acción, es más para la fecha en que se celebró la Conciliación Prejudicial o sea el 17 de mayo de 2000 (folio 26 cuaderno principal) ya había caducado la acción”.
Contra dicha providencia la parte actora presentó recurso de apelación, manifestando que la sentencia recurrida omitió el objeto de la demanda, es decir, el causado con la operación administrativa consistente en:
“i) haber proyectado la vía pública denominada Calle 26 en terrenos de propiedad de la sociedad demandante, específicamente entre la Avenida Ciudad de Cali y el Canal de San Francisco, como allí se especifica; ii) haber destinado, o reservado, para dicha vía la cantidad de 18.963,94 Mts. 2 del lote de mayor extensión de propiedad de la sociedad demandante a que se refiere el hecho 2 de la demanda, o la cantidad de terreno que aquí se demuestre; y iii) no haber adquirido el inmueble afectado con la proyección de la anotada vía sectorial ni haberla construido”
Centró su disenso también en la falta de argumentación para no fallar sobre el enriquecimiento sin causa de la demandada a costa de los daños y perjuicios que claramente están probados en el plenario y que el Tribunal de instancia consideró que solo es competente para conocer de dichos asuntos la Sección primera del Consejo de Estado.
Consideró también que no es cierto que los terrenos reconocidos por la sentencia como cesiones obligatorios sean ya propiedad del Distrito y para ello, alude a la necesidad de revisar todos los elementos probatorios adjuntados con la demanda para comprobar que los terrenos en disputa son propiedad de la sociedad actora.
Respecto a la naturaleza local de la vía, ratificó lo expuesto en los alegatos finales y en las objeciones al dictamen pericial, puesto que enfatizó, el desarrollo urbanístico posterior de la zona no puede ser acarreado solo por la parte actora, puesto que se verifica un abierto desequilibrio por el planeamiento en cabeza de la sociedad constructora y un enriquecimiento sin causa por parte del Distrito Capital.
Por último, insistió en que pese a que en 2003 la vía se convirtió en local, no se puede desconocer que al momento de la solicitud de licencia de urbanismo y al inicio de la intervención la misma aparecía en la planificación como vía sectorial principal.
El Tribunal profirió el 16 de marzo de 2012 auto con el que concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora.
Una vez surtido el anterior trámite se procedió a enviar las actuaciones a esta Corporación.
4. Actuación procesal en segunda instancia.
Esta Corporación mediante auto de 30 de abril de 2012 admitió el recurso de apelación presentado. Luego, por auto de 13 de agosto de 2012 se corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para las partes presentaran sus alegatos de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera el concepto de rigor si a bien lo tuviere.
Las partes rarificaron las posiciones alegadas en el curso del procesoy el Ministerio Público en esta instancia procesal guardó silencio.
Agotada la actuación en primera y segunda instancia la Sala procede a proferir sentencia en el presente asunto sin observar ninguna causal de nulidad, con base en las siguientes consideraciones.
CONSIDERACIONES
Corresponde a esta Sala de Subsección decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de septiembre de 2011 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1. Competencia.
La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en proceso de doble instancia.
2. Aspecto procesal previo.
La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca de la caducidad de la acción de reparación directa ejercida, como cuestión procesal.
2.1. La caducidad de la acción de reparación cuando se trata de ocupación de inmueble.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984] consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8° dispone, sobre el término para intentar la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”
La ley consagra, en principio, un término de dos años contados desde el día siguiente a cuando acaece u ocurre el hecho, la omisión, la operación administrativa, o se produce la ocupación temporal o permanente de un inmueble de propiedad ajena por razón de trabajos públicos o por cualquier otro hecho, como hechos con base en los cuales se ejerce la acción de reparación directa, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, ni la correspondiente condena a la reparación del daño antijurídico que se imputa, porque habrá operado el fenómeno de la caducidad. Sin embargo, como se sostiene más adelante, no será el único supuesto, ya que el mismo Código Contencioso Administrativo incorporó la regla de la caducidad para los eventos de desaparición forzada de personas [adicionado por la Ley 589 de 2000, artículo 7]. Así mismo, la jurisprudencia en aplicación de las normas convencionales [artículos 1.1, 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos] y constitucionales [artículos 1, 2, 29, 93 y 229 de la Carta Política] reconoce la existencia de supuestos en los que la caducidad o bien opera como garantía del ejercicio de los derechos humanos [en el específico caso de desaparición forzada], casos en los que se demanda la reparación por daños antijurídicos derivados de actos de lesa humanidad, o su cómputo debe hacerse teniendo en cuenta la singularidad en la producción de hechos continuados, como ocurre cuando se trata de hechos constitutivos de daños ambientales invocados, y de afectaciones a menores de edad de comunidades indígenas.
La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal tiene fundamento y sustento en el artículo 228 de la Constitución Política. Con base en el sustrato constitucional se determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social-, garantizando el derecho de acceso a la administración de justicia dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional.
Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales. En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de las acciones contencioso administrativas que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal.
Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales.
En este sentido, las consecuencias del acaecimiento del elemento temporal que es manifiesto en toda caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública.
La caducidad como instituto procesal debe examinarse en el marco de su fundamento constitucional, que no es otro que el artículo 228 de la Constitución en el que se apoya la ratio de los términos procesales, los cuales deben responder al principio de diligencia de todos los sujetos que actúan en el proceso. En cuanto a este primer argumento, el precedente jurisprudencial constitucional señala, que “la Constitución no sólo pretende que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos, esto es, que se borre la consabida brecha entre normas válidas y normas eficaces, también pretende que los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos ven garantizados sus derechos sean efectivos. De ahí el énfasis en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa consagrada en el artículo 209 y la exigencia contemplada en el artículo 228 de que los términos procesales se observen con diligencia so pena de sanciones [...] Dicho precepto legal, por lo demás, expresa nítidamente el interés general que todos los ciudadanos tienen en la buena y pronta marcha de la justicia […] La constitucionalidad de la sanción en cuestión no puede ser vista desde la estrecha óptica de la relación individual de autoridad entre juez y parte. Ello, por cuanto su "justicia" es la resultante no de su conformidad con las expectativas -siempre cambiantes, variables e inciertas- de los individuos considerados como sujetos de una relación procesal, sino por su correspondencia con los valores que el propio Constituyente priorizó en la Carta de 1991, entre los cuales se cuenta el restablecimiento de la confianza ciudadana en la justicia, y su prestación recta y eficaz”.
Dicho fundamento constitucional orienta la aplicación de los términos procesales desde una perspectiva social, propia a la justicia distributiva [Rawls, Dworkin, Dobson], cuyo sustento se encuentra en la efectiva protección de los derechos y en la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social. Lo anterior ratifica el precedente jurisprudencial constitucional según el cual, desde “esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”.
Con base en estos presupuestos, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado que, para “nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que atendiendo ese propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia, para que las partes actuen (sic) dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio”.
Se está poniendo de presente la necesidad de considerar la caducidad como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, lo que debe ser considerado, valorado y apreciado sin que haya lugar a su deformación y/o distorsión, porque sería como admitir su propia negación al colapsar el sistema jurídico, restarle eficacia y eficiencia al juez y plantear una suerte de ruptura al principio de confianza legítima. En este sentido, el precedente jurisprudencial constitucional considera, que el “derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fín (sic), el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”.
Desde la perspectiva propiamente del instituto de la caducidad, su alcance, conforme al fundamento constitucional que se expresó, debe considerarse en los términos que el precedente constitucional ofrece “la institución jurídica de la caducidad de la acción se fundamenta en que, como al ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio que le corrresponde (sic). De ahí que tampoco sea sostenible el argumento según el cual la caducidad frustra el derecho de acceso a la justicia pues, mal podría violarse este derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de ejercerlo, opta por la vía de la inacción. Es imposible que pueda desconocerse o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo, renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su integridad demanda”.
Y cabe resaltar, que el ejercicio de la acción de reparación directa dentro de los términos fijados por el artículo 136 numeral 8º del C.C.A., representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general, por lo que el precedente jurisprudencial constitucional considera que la caducidad se constituye en el “límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
A lo que se agrega, siguiendo el precedente jurisprudencial constitucional, que la “caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso”.
En criterio de la Sala los términos de caducidad, en especial para el ejercicio de la acción de reparación directa, están fijados para garantizar la certeza jurídica a todo ciudadano que se crea con la posibilidad de invocar la tutela judicial, pero también a toda la colectividad, especialmente cuando se trata del respeto que merece proteger frente a la estabilidad cuando se trata de daños antijurídicos cuya causa y ocurrencia se consolidó en un momento temporal preciso, sin perjuicio del carácter continuado del mismo, de “ahí que, la posibilidad de ejercer la acción de reparación directa en cualquier tiempo, como lo pretende el actor, no sólo vulneraría los derechos al debido proceso y a la pronta administración de justicia, sino la seguridad y certeza jurídicas en que se fundamenta el Estado de derecho”.
Ahora bien, para determinar el término de la caducidad en el caso concreto, la pregunta debe ser: ¿partiendo del precedente de la Sala, a partir de cuándo se debe efectuar el cómputo de la caducidad de la acción?
En primer lugar, debe observarse que el legislador ha establecido una evidente e inobjetable regla general en materia de caducidad, permitiéndole a quien alegue ser víctima de daños antijurídicos imputables al Estado, hacer uso de la acción dentro de los 2 años siguientes [Día siguiente] de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal por obra pública o por cualquier otra causa de la propiedad ajena, o también, según el caso y las circunstancias, es procedente su invocación a partir del día siguiente a aquel en que la persona interesada tenga conocimiento del hecho, operación, omisión u ocupación, etc.
Así las cosas, se ha distinguido que el cómputo de dicho término inicial i) al día siguiente a cuando ha sucedido la conducta generadora del daño antijurídico, o ii) a partir del momento en que el daño es conocido por quien lo ha padecido, distinguiendo dicho fenómeno de la prescripción, y manteniéndose su concepción tradicional respecto del daño continuado.
Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio de cognoscibilidad, y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció.
Además de los anteriores supuestos, la jurisprudencia reconoce que existen eventos en los que la consideración de la caducidad debe hacerse teniendo en cuenta dos reglas, cuya base normativa está en los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 1, 2, 29 y 229 de la Carta Política, a saber: (1) cuando el daño antijurídico a imputar al Estado se deriva de la acción, la omisión o la inactividad en la concreción de actos de lesa humanidad [puede verse auto de 17 de septiembre de 2013, expediente 45092], específicamente por desaparición forzada este fenómeno procesal comprende tres alternativas de cómputo: a) a partir del día de aparición de la víctima, lo cual se convierte en un dato histórico cierto y objetivo, del cual se puede predicar los postulados generales para la caducidad de la simple acción de reparación directa; b) a partir de la firmeza, por ejecutoria, del fallo penal que declare la desaparición forzosa, caso en el cual podría aplicarse las reglas jurisprudenciales que para el cómputo de la caducidad operan con ocasión de daños debidos a detención arbitraria [privación injusta de la libertad]; y, por último, c) a partir del momento de ocurrencia de los hechos, que en la práctica constituye también una fecha cierta [y es la regla general]; (2) cuando se trata de daños ambientales derivados de la acción, omisión o inactividad de la administración pública, cuyo sustento normativo está en las mencionadas normas convencionales y constitucionales, así como en el artículo 79 de la Constitución, siguiendo el auto de 10 de diciembre de 2014 , si se trata “de daños ambientales sobre los que el demandante sólo pudo tener aprehensibilidad, discernimiento y conocimiento de las alteraciones, efectos nocivos o molestias en un momento en el que no es posible, probable, o determinable afirmar la certeza de su ocurrencia, acaecimiento o conocimiento, en virtud de la seguridad jurídica, de la tutela judicial efectiva y de la prudencia, la consideración de la caducidad no puede solucionarse con la simple examinación de la finalización de la (s) obra (s) pública (s), sino que debe procurar considerarse que los daños afirmados en la demanda al ser sucesivos o continuados, o que pueden desencadenar sus efectos propiamente antijurídicos de manera diferida en el tiempo, exigen admitir la demanda para que del acervo probatorio que se recaude y valore pueda con suficientes y adecuados medios determinar al resolver el fondo del asunto si procede declarar o no la caducidad del medio de control de la reparación directa”; y; (3) cuando se trata de hechos que pueden producir daños antijurídicos por la violación de los derechos humanos de niños o niñas de una comunidad indígena [puede verse auto de 1 de diciembre de 2014, expediente 44586], el cómputo de la caducidad no se puede reducir al ejercicio de la acción en cabeza de los padres, sino que debe hacerse con base en los principios convencionales y constitucionales de interés superior del niño, de reconocimiento y protección del pluralismo cultural y jurídico y de garantía eficaz de la tutela judicial efectiva, en el entendido que el cómputo se hará a partir del momento en el que la persona adquiere su plena capacidad de ejercicio, con fundamento en el derecho o costumbres propias a cada comunidad indígena, o la que opere en la normativa ordinaria, aclarando que para ese cómputo siempre ha de optarse por la más beneficiosa a favor de un miembro de tal comunidad.
Ahora bien, dentro del análisis de la caducidad de la acción de reparación directa cabe distinguir los supuestos siguientes:
2.1.1. En materia de obra pública o trabajos públicos. (1) La jurisprudencia inicial de la Sección Tercera establece que el cómputo de la caducidad cuando se trata de la ejecución de una obra pública con la que produce un daño antijurídico a una persona [natural o jurídica] “empezará a contar a partir de la terminación de la misma”.
(2) La jurisprudencia de la Sección Tercera entiende que la realización o ejecución de una obra pública produce daños y perjuicios de naturaleza instantánea, de manera que el cómputo del término de caducidad se hace desde la fecha en que queda concluida la obra pública.
(3) Cuando de una obra pública se producen daños y perjuicios que se prolongan en el tiempo, la jurisprudencia de la Sección Tercera exigen tener en cuenta los siguientes criterios: (a) cuando se trata de daños producidos con ocasión de obras o trabajos públicos “no es conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo para interponer la acción como quiera que el daño se encuentra materializado en un solo momento”; (b) no debe confundirse el nacimiento del daño con posterior agravación o empeoramiento; (c) como consecuencia de lo anterior, no puede aceptarse “que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos”, siendo contrario a la Constitución y a la ley; (d) por regla general, cuando se trata de daños “de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos), no puede “hacerse caso omiso de la época de ejecución” de la obra pública “para hablar sólo de la acción a medida que los daños apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los años de construida la obra”; (e) en aplicación de lo principios pro actione y pro damato, en ciertos eventos el término de caducidad “debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no” [criterio que es aplicable tanto para asuntos en los que se debate un daño antijurídico producido por una obra pública, como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble]. Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la caducidad debe tener en cuenta la fecha en la que la víctima o demandante conoció la existencia del hecho dañoso “por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”; (f) se deben tener en cuenta las situaciones particulares de cada juicio, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho -daño al descubierto- época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado; y, (g) la caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia.
Examinado el supuesto de la caducidad de la acción de reparación cuando se producen daños debidos a obras o trabajos públicos, la Sala examina cuando se trata de supuestos de ocupación temporal o permanente de inmuebles.
2.1.2. En materia de ocupación temporal o permanente de inmuebles de propiedad privada.
En relación con el término de caducidad cuando se demanda en acción de reparación directa por la ocupación de un inmueble como consecuencia de la construcción de una obra pública (entendida dicha obra no sólo como la construcción de infraestructura vial, sino también con el desarrollo de soluciones de vivienda u otros procedimientos), la jurisprudencia de la Sección Tercera sostiene:
“Cuando se construye una obra pública y se alega que la construcción de la misma (técnicamente el trabajo público) causó un daño a una propiedad inmueble, el término para formular la correspondiente acción indemnizatoria empezará a contar a partir de la terminación de la misma, máxime cuando, como en el caso sub - júdice, la demanda afirma que tan pronto se construyó el muro en la margen izquierda del río, paralelo a la carretera y para protección de su banca, ni siquiera empezaron los perjuicios sino que sólo se agravaron, y a que el proceso erosivo se había iniciado desde muchos años antes (unos 16) […]
Es claro que una obra pública puede producir perjuicios instantáneos, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio aledaño, como también lo es que puede ser la causa de una cadena de perjuicios prolongada en el tiempo. Vgr. la obra impide el flujo normal de las aguas que pasan por un inmueble o es la causa de las inundaciones periódicas del mismo. En el primer evento (perjuicio instantáneo) el término de caducidad es fácil de detectar: tan pronto se ejecute la obra empezará a correr el término para accionar. Para una mayor certeza la jurisprudencia de la Sala ha señalado como fecha inicial, aquella en la que la obra quedó concluida. En los eventos de perjuicios prolongados en el tiempo, aunque en la práctica es más difícil detectar la fecha inicial porque puede confundirse el nacimiento del perjuicio con su agravación posterior, no por eso puede aceptarse que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos, y contrariaría el mandato expreso de la ley que es enfática en hablar de dos años ‘contados a partir de la producción del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos’.
Como regla general entonces, podrá sostenerse que en las acciones indemnizatorias por daños de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos) originados en trabajos públicos en los que la ejecución de la obra pública es la causa eficiente de los mismos, no podrá hacerse caso omiso de la época de ejecución de ésta para hablar sólo de la acción a medida que los daños vayan apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los daños de construida la obra. En otros términos, el legislador al establecer la caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con posterioridad a dicho bienio”.
Posteriormente, la jurisprudencia de la Sección Tercera morigeró la tesis anteriormente reseñada e interpretó el artículo 136 del C.C.A., en aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no; sostuvo:
“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C. C. A. establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción” (subrayado fuera de texto).
Luego y con fundamento en lo anterior, la Sección Tercera indicó que tratándose de la ocupación permanente o definitiva de un predio por trabajos públicos o por cualquier otra causa, el término de caducidad no se contaba a partir de la finalización total de la obra u ocupación, sino a partir del momento en el cual se presentó la ocupación en el predio afectado:
“La ocupación permanente o definitiva de un predio por obras públicas es un hecho dañoso reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como fuente de indemnización a favor de la persona que ha visto afectados sus derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, y está prevista legalmente como una de las causas por las que el afectado puede reclamar directamente la reparación del daño, como lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
El señor Walter Padilla solicitó la declaratoria de responsabilidad del INVÍAS por la ocupación permanente, por obras públicas, de la franja de un terreno que afirma es de su propiedad. Señaló además los siguientes hechos que resultan relevantes para la decisión:
• Las obras de la carretera La Troncal Caribe o Vía al Mar iniciaron en 1976 (pretensión primera y hecho quinto, fols. 78 y 82 c. 2).
• La ocupación a su predio acaeció en 1983, cuando se iniciaron las obras de la segunda etapa, que finalizaron en 1988 (hechos quinto, sexto y séptimo).
• La totalidad de las obras de la carretera La Troncal Caribe o Vía al Mar finalizaron en 1992 (hechos quinto y sexto).
Con fundamento en los anteriores hechos, la Sala advierte que la ocupación del predio del demandante inició en 1983 y duró hasta el año 1988, cuando culminaron las obras de la segunda etapa que afectaron una parte del terreno del cual afirma es propietario.
(…). Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de dos años es desde el día siguiente de verificada la ocupación -año 1983- y, como la demanda se presentó el 7 de junio de 2002, cabe concluir que la acción de reparación directa no fue ejercida oportunamente”.
Esa posición fue objeto de precisión, en cuanto existió la necesidad de diferenciar los eventos en los cuales se demandaba la reparación de un daño por ocupación de inmuebles con ocasión de trabajos públicos, de aquellos casos en los cuales se demandaba por los daños causados por trabajos públicos:
“Por el contrario, la Sección ha discurrido de manera disímil cuando la lesión antijurídica que se irroga no consiste en la ocupación de un inmueble –temporal o permanente– sino cuando proviene de trabajos públicos, pues en estos últimos escenarios la lógica ha indicado que no es conveniente prolongar en el tiempo el conteo del plazo para interponer la acción como quiera que el daño se encuentra materializado en un solo momento, a diferencia del primer supuesto en el cual se alberga la esperanza de que el Estado restituya la posesión material sobre el respectivo bien al concluir la obra.
En consecuencia, una es la forma como se determina la caducidad tratándose del daño por la ocupación de un inmueble en virtud de una obra pública, y otra diferente la que tiene que ver con perjuicios irrogados sobre bienes (muebles o inmuebles) por cuenta de la ejecución de un trabajo u obra pública. Lo anterior, por cuanto en la primera hipótesis el daño que se reclama es precisamente la ocupación del inmueble una vez culminada la obra, mientras que en la segunda hipótesis la lesión antijurídica que se invoca reside en la afectación a bienes, derechos o intereses legítimos –distintos a la ocupación del terreno– en medio de la ejecución de la obra pública.
En consecuencia, en el segundo supuesto el término de caducidad iniciará a computarse una vez ocurra el hecho o la omisión respectiva, o en su defecto la parte tenga conocimiento del daño.
[…] Entonces, se insiste, existe una justificación que amerita mantener la distinción en el cómputo de la caducidad cuando el daño proviene de la ocupación de un inmueble por cuenta de una obra pública, ya que en estas hipótesis se espera o existe una expectativa legítima de que al concluir la ejecución del contrato se restituya la posesión material del respectivo bien, razón por la cual sólo hasta la finalización de la misma se podrá establecer el período de afectación de aquél y, por lo tanto, solicitar la indemnización de perjuicios.
No sucede lo mismo cuando el perjuicio que se depreca se relaciona con una afectación concreta generada por un hecho de la ejecución de la obra (v.gr. daños a la vivienda principal, a los corrales, a potreros, etc.) toda vez que en estos casos la caducidad iniciará su cómputo una vez producido el hecho concreto o se haya tenido conocimiento del mismo, salvo que el daño por el cual se reclama tenga la connotación de continuado.
[…] En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada en tanto se acompasa con los lineamientos legales y jurisprudenciales sobre la materia, puesto que una posición contraria –como la que se defiende en el recurso de apelación– resulta incompatible en tanto pretende prolongar en el tiempo la posibilidad de acceder a la administración de justicia cuando los daños, de carácter permanente, ya se han consolidado, lo que genera sin anfibología inseguridad jurídica […]”.
Se tiene por tanto que la caducidad opera cuando el término concedido por la ley para ejercitar la acción fenece y se edifica sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e independiente de consideraciones ajenas al transcurso del tiempo, sin que pueda ser objeto de convención o de renuncia. Y si bien en los casos en los cuales se demanda por daños causados por la ocupación permanente o temporal por la ejecución de una obra pública o por cualquier otra causa, el cómputo del término de caducidad iniciaría al momento en el cual se produce el daño, que puede coincidir con la finalización de la ocupación, lo cierto es que se deben tener en cuenta las situaciones particulares de cada caso en concreto, en el sentido en que las circunstancias particulares permitirán en ocasiones iniciar el cómputo desde el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento del hecho -daño al descubierto- época que permite la reclamación judicial de la indemnización del daño alegado.
Con base en lo anterior, la Sala estudiará si la acción de reparación directa estaba caducada al momento de presentación de la demanda.
2.2. Análisis de la caducidad en el caso en concreto.
En el sub judice el demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que el daño se encuentra todavía ejecutándose y por ello no puede fijarse una fecha cierta de la producción del mismo.
Sin embargo, la Sala analiza la prueba aportada y practicada para determinar si este hecho como tal está acreditado, para determinar la fecha a partir de la cual la sociedad actora tuvo conocimiento del daño, con el fin de verificar si la acción se ha presentado en el tiempo exigido por la norma o si por el contrario ha operado el término de la caducidad de la acción.
En efecto, para poder realizar el estudio del caso, hay que analizar las normas del Plan de Ordenamiento Territorial, que para la época de los hechos corresponde al Decreto 619 de 2000, que respecto a los procedimientos en materia de reservas viales establece las zonas de reserva que deben ceder los propietarios titulares de una licencia de urbanismo con el fin compensar a la administración pública y a la colectividad los beneficios obtenidos por el agente urbanizador con la decisión administrativa que le permite a través de la licencia desarrollar una zona de terreno previamente definida.
También se arrimó al plenario la escritura pública de 23 de julio de 2001, en la cual se consignan los terrenos que a título de cesión obligatoria la Sociedad Constructora Hayuelos S.A. entregó a la ciudad para desarrollar las diferentes etapas de su proyecto urbanístico.
En el certificado de libertad y tradición aportado al proceso, en consonancia con lo afirmado por el Tribunal de instancia, se puede inferir que:
“[E]l lote se encuentra ocupado de manera permanente en uso público, como consecuencia de la afectación que sobre éste recae y por encontrarse ya al servicio de la comunidad y que para resarcir este daño, se condene al IDU a pagar el valor comercial del predio, la sala procede a analizar el certificado de tradición y libertad del predio objeto de este litigio (fl 82 n. del c.1.) con número de Matrícula 50- C-1656362, y encuentra que justo después de la descripción de cabida y linderos del inmueble, se encuentra la dirección del mismo donde se lee: 1) Sin dirección Lote “Vía local en zona de reserva por alta tensión-vía sectorial principal calle 26” de la Etapa III”. Y en la anotación 1 se observa que la Escritura 954 del 30 de abril de 2001 contiene una limitación de dominio, consistente una servidumbre de energía eléctrica para el paso de líneas de alta tensión sobre 13.136,22 metros. Luego en la anotación 3, se observa el desenglobe del terreno. Seguidamente en la anotación 3, se resalta que mediante escritura pública 1277 del 7 de julio de 2006 se hizo una aclaración a la escritura inicial que obra en la anotación 1, aclaración que tiene como fin “adicionar las zonas de cesión por vías locales, vehiculares (OTRO)”.
De lo anterior, según los documentos aportados, para esta Sala está probado que el demandante, tuvo conocimiento desde el día 23 de julio de 2001, fecha en la que se concretan las cesiones obligatorias en favor del Distrito Capital, de que la acción de la demandada afectaba su derecho ocasionándole el daño que reclama en esta sede judicial. En efecto, la sociedad constructora para poder obtener la licencia de urbanismo solicitada, debía cumplir con las cesiones mencionadas tal y como aparece en el Certificado de tradición y libertad del inmueble. Por esta razón, es a partir de este momento que surgió el interés para acceder a la administración de justicia, transcurriendo esa oportunidad hasta el 23 de julio de 2003. No obstante, la parte actora presentó la demanda sólo hasta el primero (1º) de agosto de 2006, razón por la cual es claro y evidente que la acción de reparación directa no se ejerció oportunamente y se encuentra caducada.
Con fundamento en los anteriores medios de convicción, la Sala confirmará la sentencia apelada de primera instancia, proferida el primero (1º) de agosto de 2006 proferida por la Subsección C de Descongestión, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá y la falta de competencia respecto de la pretensión subsidiaria de analizar el caso a la luz de la “actio in rem verso”, denegando las demás pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en este providencia.
Definido lo anterior, resta por abordar a la Sala la determinación de la procedencia de la condena en costas o no a alguna de las partes en el proceso.
3. Condena en costas.
Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia de primera instancia del primero (1º) de agosto de 2006 proferida por la Subsección C de Descongestión, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la Caducidad de la acción impetrada por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado Magistrado
Presidente de sala Aclaración de voto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2006-01719-01(43705)B
Actor: CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A.
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU–
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Aunque acompañé la decisión adoptada en la providencia de 22 de febrero de 2019, mediante la cual se declaró la caducidad, aclaro voto.
1. El fallo contiene varias citas jurisprudenciales relativas a la caducidad en los eventos de graves violaciones a derechos humanos. Como estas consideraciones no tienen relación con el objeto de la decisión, esto es, los daños por la ocupación permanente de inmueble, escapan a la materia de la controversia [obiter dictum].
Aunque no fue citada, el fundamento de la decisión corresponde con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera (sentencia de 9 de febrero de 2011 Rad. 38271, fundamento jurídico 32), según el cual, la demanda para reclamar los daños causados con la ocupación permanente de un inmueble, debe presentarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a que ocurre dicha ocupación.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Folios 396 a 414 del cuaderno principal.
Folios 386 a 393 del cuaderno principal.
Folios 2 a 23 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 26 y 27 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 29 a 33 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 34 a 38 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 40 y 41 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 42 a 48 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 1 a 16 del cuaderno 3 del Tribunal.
Folios 97 y 98 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folio 299 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 300 a 320 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 350 a 362 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 363 a 383 del cuaderno 1 del Tribunal.
Folios 386 a 393 del cuaderno principal.
Folios 396 a 414 del cuaderno principal. Folio 437 del cuaderno principal. Folio 441 del cuaderno principal. Folio 470 del cuaderno principal. Folios 471 a 484 del cuaderno principal. Folio 485 del cuaderno principal. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984], subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado. La mayor pretensión de la demanda ascendía a la suma de cinco mil novecientos dieciséis millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta mil pesos ($5.916’749.280), por concepto de perjuicios materiales, lo que implica que superaría la cuantía exigida para el primero (1º) de agosto de 2000 como fecha de presentación de la demanda, la que correspondía, según el Decreto 597 de 1997, al valor de veintiséis millones trescientos noventa mil pesos [$26.390.000.oo].
“Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.
“Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
“Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
“Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter
“Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Corte Constitucional, SC-115 de 1998. “El fenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho particular […] “La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.
Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado “ (…) “No cabe duda que el legislador está facultado constitucionalmente para establecer un límite para el ejercicio de las acciones y de los recursos, tal como sucede en este caso, siempre y cuando aquel resulte razonable. “Por consiguiente, la fijación de términos de caducidad responde como se ha expresado, a la necesidad de otorgar certeza jurídica al accionante y a la comunidad en general, así como para brindarle estabilidad a las situaciones debidamente consolidadas en el tiempo, así como a los actos administrativos no impugnados dentro de las oportunidades legales”. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000. Corte Constitucional, SC-165 de 1993. “Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”. Corte Constitucional, SC-351 de 1994. “El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin (sic), el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”. Corte Constitucional, SC-418 de 1994. “El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia... En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000. Corte Constitucional, sentencia C-351 de 1994. “De ahí que tampoco sea sostenible el argumento según el cual la caducidad frustra el derecho de acceso a la justicia pues, mal podría violarse este (sic) derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de ejercerlo, opta por la vía de la inacción. Es imposible que pueda desconocerse o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo, renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su integridad demanda”. Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000. “De la anterior jurisprudencia se puede concluir que la fijación de términos de caducidad para las acciones contencioso administrativas, si bien implica una limitación al derecho de los individuos para interponerlas, está encaminada a asegurar la eficacia de los derechos de las personas, racionalizando el acceso a la administración de justicia.
En tal medida, es necesario tener en cuenta además que el derecho de acción, en cuanto pretende el restablecimiento de derechos subjetivos, conlleva la obligación de su ejercicio oportuno. Por otra parte, ha sostenido esta Corporación que la determinación de la oportunidad para ejercer tal derecho corresponde fijarla al legislador, quien tiene un amplio margen discrecional para establecer los términos de caducidad de las acciones, quedando limitado únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad”. Corte Constitucional. Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, SC-351 de 1994. “Para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que atendiendo ese propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia, para que las partes actuen (sic) dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio (…) la institución jurídica de la caducidad de la acción se fundamenta en que, como al ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio que le corresponde”.
Corte Constitucional, sentencia C-115 de 1998. “El fenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho particular" (...) "La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido abundantemente analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de extinción de las acciones, independientemente de las regulaciones consagradas a través de la figura jurídica de la prescripción extintiva de derechos". "Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos" (...) "La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. WALINE, Marcel, Droit Administratif, Sirey, Paris, pp.174 y 175. “En fin, si se dispone aún de un recurso contencioso, en principio es preferible buscar primeramente un entendimiento amigable; lo que es posible de hacer sin riesgo de que prescriba el recurso contencioso, porque el recurso administrativo, si es ejercido dentro del término señalado para el ejercicio del contencioso, interrumpe la prescripción de este”. Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999. “De otro lado, resulta necesario dotar de firmeza a las determinaciones oficiales estableciendo un momento a partir del cual ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería abocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal entorpecerían el desarrollo de las funciones públicas. Ha dicho la Corte: ‘La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’.
Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia, precisamente porque la limitación de plazo para impugnar ciertos actos –y es algo en lo que se debe insistir– está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico. Ha añadido la Corte: ‘El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta’”. Corte Constitucional. Sentencia C-115 de 1998. “La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (art. 136 CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Respecto de la figura de la caducidad puede verse la posición consolidada en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencias de 25 de julio de 2011; expediente: 20146; 19 de noviembre de 2011, expediente: 19497; 1º de febrero de 2012, expediente; 21460; 7 de junio de 2012; expediente: 23698, entre otras. Corte Constitucional, SC-165 de 1993. Corte Constitucional, SC-165 de 1993. Corte Constitucional, SC-351 de 1994. Corte Constitucional, SC-351 de 1994. Corte Constitucional, SC-351 de 1994. Corte Constitucional, SC-115 de 1998. Corte Constitucional, SC-832 de 2001. Puede verse también sentencias C-394 de 2002, C-1033 de 2006, C-410 de 2010. Corte Constitucional, SC-115 de 1998. Corte Constitucional, SC-115 de 1998. Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000. “(…) es necesario tener en cuenta que (…) el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso, constituye una garantía para los administrados en la medida en que agrega un día al término de caducidad respecto del anterior. Por otra parte, al empezar éste a correr al día siguiente, se tiene en cuenta un principio de realidad evidente, ya que, dependiendo de la hora en que le fuera dado a conocer, el administrado no contaba con ese día para interponer la demanda, toda vez que bien podía encontrarse por fuera del horario de atención de los despachos judiciales (…)”. Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. “Por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa.
Excepcionalmente, esta Sala en su jurisprudencia ha tenido en cuenta que el término de caducidad, por alguna de esas conductas administrativas, se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia, precisamente, porque el hecho no se hizo visible. En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13126, dentro del proceso adelantado por J. A. R. A. contra Nación-Ministerio de Obras Públicas, expediente 12090 y del 10 de abril de 1997, expediente 10954”. Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2005, expediente 26721. “Entratándose (sic) de ocupación temporal o permanente de inmuebles, el término para accionar, empieza a correr a partir del día siguiente de su ocurrencia, es decir desde cuando cesó la ocupación temporal porque en ese momento se consolida el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 17 de febrero de 2005, expediente 28360. Sección Tercera, auto de 31 de mayo de 1979. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia extranjera y nacional, existen notables diferencias entre las figuras de la prescripción y la caducidad; La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de l9 de octubre de 1946, estudió el tema al examinar el contenido jurídico del artículo 7° de la Ley 160 de 1936 en relación con el ejercicio de las acciones consagradas y de los plazos señalados para intentarlas por la vía ordinaria. Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de 2006, expediente 32628. “Cuando el daño por el cual se reclama indemnización proviene de una conducta omisiva de la Administración, la prolongación en el tiempo de esa actitud omisiva, característica que es connatural a la omisión, no conduce a concluir la inexistencia del término para intentar la acción; en este evento, tal término empezará a contarse a partir del día siguiente en que se consolidó la omisión, es decir, del momento en el cual se puede predicar el incumplimiento de un deber por parte de la Administración”. En una posición contraria ver: Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 37268. “Ahora bien, es menester precisar que el hecho dañoso puede darse de forma instantánea o modulada en el tiempo, es decir, puede agotarse en un único momento o presentarse de forma reiterada o continuada en el tiempo pero, independientemente de la forma en la que se exterioriza dicha actuación, el término de caducidad inicia una vez haya tenido ocurrencia la causación del daño, por tanto, desde el momento en que se presentó el daño irrogado al patrimonio de la víctima debe computarse el término de caducidad de la acción, es decir, al momento en el cual la actuación específica causó el daño cuya indemnización se reclama. Lo anterior obedece por cuanto desde ese primer momento en que se causó el perjuicio, la víctima puede acudir a la administración de justicia para solicitar el restablecimiento del derecho correspondiente. De otra manera, existirían situaciones en las cuales el término de caducidad nunca iniciaría, cuestión que daría lugar a la indeterminación de tales situaciones jurídicas, en contra de la seguridad jurídica de los sujetos procesales y de su debido proceso, comoquiera que el ejercicio de su derecho de defensa se vería extendido indefinidamente. Aun cuando se trate de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, sino que opera desde el mismo momento en que ésta ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el daño”. Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 28 de septiembre de 1961. “La equivalencia que se da en el mismo Código Contencioso Administrativo a los vocablos "prescripción" y "caducidad" es una impropiedad de lenguaje. Lo cierto es que esos vocablos corresponden jurídicamente a fenómenos semejantes, aunque bien diferentes por algunos aspectos.
En numerosas ocasiones el Consejo de Estado ha rechazado demandas de plena jurisdicción, así como ha confirmado autos inadmisorios de demandas en revisión de impuestos, fundándose en que tales acciones tienen fijados en el Código Contencioso Administrativo plazo perentorio para su ejercicio, de tal manera que vencido el plazo la acción se extingue. Este fenómeno jurídico de la extinción del derecho a accionar o a recurrir por vencimiento del término perentorio concedido para ello es lo que los doctrinantes denominan caducidad. Aunque en el mismo Código se le denomine indistintamente caducidad o prescripción parece más ajustado a la terminología jurídica llamar a ese fenómeno caducidad, porque no; obstante ser sus consecuencias muy semejantes a las de la prescripción se diferencia de ésta por varios extremos importantes. Entre ellos pueden tenerse en cuenta, por su trascendencia los siguientes, en los cuales debe ponerse énfasis cuando se trata de acciones contencioso administrativas de carácter subjetivo, es decir, de las encaminadas a sustentar un derecho particular que se cree lesionado por un acto de la Administración creador de una situación jurídica individual y concreta para el demandante. Dicen los doctrinantes que en ciertos casos, con el fin de no cargar a una persona con obligaciones inseguras y para ella desconocidas, conviene señalar un plazo invariable para que quien se pretenda titular de los derechos correlativos opte por ejercitarlos o renuncie a ellos. Y eso es lo que sucede precisamente a las personas administrativas cuando producen actos creadores de situaciones individuales y concretas para otros entes jurídicos. Se hizo necesario por eso fijar términos precisos e invariables dentro de los cuales hubiera de ejercitarse la acción o el recurso concedido contra tales actos en favor de quienes se creyeran lesionados por ellos. Dentro de ese plazo el derecho de accionar o de recurrir puede ejercitarse desde el primer día. Después del plazo prefijado tal derecho ya no existe. El se ha extinguido con el término concedido para ejercitarlo. Esa extinción del derecho por la extinción del plazo prefijado en la ley para incoar la acción es lo que se denomina caducidad de ésta. Y esos plazos están preestablecidos en forma objetiva, es decir, sin consideración a situaciones personales del interesado. Si los deja transcurrir sin presentar la demanda, el derecho a la acción caduca, se extingue inexorablemente, sin que pueda alegar para revivirlos excusa alguna, ya que no son susceptibles de interrumpirse, al contrario de lo que ocurre con la prescripción extintiva de derechos. En otras palabras, el derecho puramente potestativo a la acción o al recurso comienza con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo improrrogable. Teniendo esto en cuenta, quien se crea con derecho a accionar o a recurrir contra el acto administrativo que le ha creado una situación jurídica subjetiva debe hacerlo cuanto antes para no correr el riesgo de que se le extinga el plazo concedido. Los tratadistas y la jurisprudencia están de acuerdo también en que el plazo prefijado para ejercitar un derecho como es el de accionar en el caso que se estudia puede y debe dar lugar a que el juzgador lo declare de oficio caducado y con él la acción cuyo ejercicio limita. Muchas son las opiniones de tratadistas en favor de esta tesis y el Consejo de Estado como se dijo al principio la aplica para no admitir la demanda si aparece evidente que ella se ha presentado cuando el término se halla extinguido. No es menester, pues, que la persona administrativa demandada invoque la extinción del término como excepción.
En la caducidad o vencimiento del plazo prefijado para incoar una acción subjetiva contra actos de la Administración no cabe siquiera que ésta renuncie al derecho que le da el vencimiento del plazo que el demandante tuvo y no aprovechó para intentar la acción o el recurso. Se trata de una institución de orden público para evitar que las personas estatales queden expuestas más allá del plazo prefijado al cumplimiento de obligaciones inseguras y ocultas que hubiera podido crearles el ejercicio de su actividad en frente de otras personas”. Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de 2006, expediente 32628. “Se tiene entonces que el inicio del término para intentar la acción coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo”. Sección Tercera, Subsección C, Auto de 21 de febrero de 2011, expediente 39360. “En el caso sub examine, al estar en presencia de las anteriores circunstancias, el término de caducidad debe ser el dispuesto en el inciso 2° del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. Debemos precisar que dicho artículo, al ser adicionado por la Ley 589 de 2000, en el sentido de establecer en su inciso segundo una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción, no hizo otra cosa que permitir el acceso a la justicia para aquellas personas víctimas de este cruel delito, debido a que, como ya se mencionó, el delito de desaparición forzada continúa en el tiempo hasta tanto ocurra uno de estos eventos: que aparezca la víctima, o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Luego entonces, el plazo de los dos (2) años se empieza a contabilizar a partir del acaecimiento de cualquiera de los sucesos ya indicados. Del estudio del material probatorio allegado al proceso, es posible establecer que el soldado Gildardo Pabón Perdomo se encuentra desaparecido desde 1998, sin que a la fecha se tenga conocimiento de su paradero, y por cuanto dicha conducta no ha cesado, no puede considerarse caducada la acción de reparación directa, toda vez que éste no ha recobrado su libertad, ni tampoco se ha proferido sentencia dentro del proceso penal que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.” Consejo de Estado”. Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 2000, expediente.12200. Puede verse: Sección Tercera, sentencias de 12 de mayo de 2010, expediente 31582; Sub-sección A, sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente 19835; Sub-sección A, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 24249. Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, expediente 18273. “No obstante, esta Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido” [subrayado fuera de texto].
Así como en los principios de derecho internacional público, considerados normas de ius cogens, se elaboraron con ocasión de los juicios de Núremberg y de Tokio, así como de aquellos en los que se inspiran las normas de protección de los derechos humanos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, de las Convenciones, Tratados y Resoluciones de las Naciones Unidas que han definido el tratamiento de los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Sección Tercera, Sub-sección C, auto de 26 de julio de 2011, expediente 41037. “Sin embargo, la Sección Tercera de esta Corporación ha reconocido que existen ciertas excepciones a la regla de caducidad dispuesta por el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A, una de ellas es el caso de la desaparición forzada, en la que el término empieza a correr luego de constatados uno de estos dos eventos: (i) el aparecimiento de la víctima o (ii) la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. La anterior conclusión tiene su fundamento legal en la ley 589 de 2002, que introdujo una modificación al Código Contencioso Administrativo en relación con el momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción de reparación directa con el fin de reclamar los daños derivados del delito de desaparición forzada, esto es, “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición (…)En efecto, cualquier tipo de desplazamiento forzoso presupone un abandono involuntario e intempestivo del lugar de residencia y de la actividad económica a la que se dedicaban los afectados, por ende, implica un desarraigo cultural de quien se ve forzado a migrar a un punto geográfico diferente. Esta situación se agrava, cuando el desplazamiento no se produce al interior del país, sino que rebasa las fronteras nacionales, donde el desarraigo es aun (sic) mayor en virtud de las marcadas diferencias culturales que existen entre un país y otro. Así las cosas, el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía existen, y por tanto, es imposible volver. 5. Respecto de la forma para computar el plazo de caducidad en los eventos de daño continuado, la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa, en el sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el tiempo, como sería la hipótesis del desplazamiento forzado, el término para intentar la acción, sólo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo”. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente 13772. “...en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.
Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”. En sentencia de 16 de agosto 2001, exp. 13.772, dijo la Sala: “... en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios solo surgen a partir del momento en que estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de la acción, de tal manera que si bien de aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se mide la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”. Corte Constitucional, sentencia T-584 de 2012. En el análisis de la vulneración de derechos fundamentales la Corte Constitucional es cuidadosa de establecer de qué actividad puede afirmarse la producción de un fenómeno contaminante que desencadena la vulneración de uno de aquellos derechos: “Por otro lado, del cuerpo probatorio obrante en el expediente, se encuentra que evidentemente hay un problema de contaminación del agua de los aljibes que utiliza la accionante y su familia, Aunque no por ello, puede colegirse inequívocamente que las actividades desarrolladas por ECOPETROL S.A sean los causantes de la alegada contaminación. En efecto, no hay claridad sobre los elementos contaminantes del agua, motivo por el cual la comunidad y la empresa accionada designaron dos laboratorios para que realizaran dicho análisis”. Puede verse: Corte Constitucional, sentencia T-966 de 2002. Acerca de la complejidad de la determinación de la contaminación y de la producción de daños ambientales y ecológicos puede verse: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 der marzo de 2014, expediente 25000232700020019047901AP. La Sub-sección C mediante el auto de 9 de mayo de 2011 [expediente 40324] argumentó que “considerando que la caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado, solo se debe proceder a su declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su acaecimiento; por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no de la caducidad”.
Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1994. “[…] máxime cuando, como en el caso sub - júdice, la demanda afirma que tan pronto se construyó el muro en la margen izquierda del río, paralelo a la carretera y para protección de su banca, ni siquiera empezaron los perjuicios sino que sólo se agravaron, y a que el proceso erosivo se había iniciado desde muchos años antes (unos 16). Posición sostenida en: Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1 de octubre de 2014, expediente 33767. “[…] Según lo manifestado por la parte demandada, para la época en que formuló la demanda (15 de febrero de 2002) la acción estaba caducada, ya que el término debía contarse desde el momento en que inició la ejecución del contrato, esto es, desde el 18 de noviembre de 1997; sin embargo, como atrás se advirtió, lo importante para contabilizar dicho término es identificar la fecha en la que culminó la obra en el predio afectado. Ahora, comoquiera que en este caso la parte demandada no demostró el momento en que terminó la obra sobre el inmueble cuya posesión alegan los demandantes y, en su lugar, está demostrado que la totalidad de la misma culminó el 15 de febrero de 2000, se infiere que la acción de reparación directa se ejerció dentro del término de ley”. Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1994, expediente 8610. “[…] La premisa para este tipo de casos es que “una obra pública puede producir perjuicios instantáneos, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio aledaño […] En el primer evento (perjuicio instantáneo) el término de caducidad es fácil de detectar: tan pronto se ejecute la obra empezará a correr el término para accionar. Para una mayor certeza la jurisprudencia de la Sala ha señalado como fecha inicial, aquella en la que la obra quedó concluida”. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 26 de julio de 2011, expediente 21281. “[…] el daño que se reclama es precisamente la ocupación del inmueble una vez culminada la obra, mientras que en la segunda hipótesis la lesión antijurídica que se invoca reside en la afectación a bienes, derechos o intereses legítimos –distintos a la ocupación del terreno– en medio de la ejecución de la obra pública”. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 26 de julio de 2011, expediente 21281. Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1994, expediente 8610. “[…] En los eventos de perjuicios prolongados en el tiempo, aunque en la práctica es más difícil detectar la fecha inicial porque puede confundirse el nacimiento del perjuicio con su agravación posterior, no por eso puede aceptarse que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias por trabajos públicos, y contrariaría el mandato expreso de la ley que es enfática en hablar de dos años contados a partir de la producción del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”. Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1994, expediente 8610. “[…] En otros términos, el legislador al establecer la caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con posterioridad a dicho bienio”. Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. “[…]sostuvo la Sala que si “bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C. C.
A. establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo”. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007, expediente 30512. Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. “[…] Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007, expediente 30512. Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 15093. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 22364. Sección Tercera, sentencias de 28 de enero de 1994, expediente 8610 y de 12 de noviembre de 1998, expediente 13531. Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; de 2 de febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007, expediente 30512. Sección Tercera, auto del 9 de abril de 2008, expediente 33834. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de julio de 2011, expediente 21281. Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 15093. Folios 386 a 393 del cuaderno principal.
Folios 386 a 393 del cuaderno principal.
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