Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-00356-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-00356-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2020-00356-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
4 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2020 00356 00
Demandante: Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 15 000 2020 00356 00
Demandante: MORA MORA & CÍA. LTDA. Y OICA S.A.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y OTRO
Tesis: Es infundado el recurso extraordinario de revisión
por la causal de nulidad originada en la sentencia,
si el recurrente reitera los argumentos que expuso
en el proceso primigenio.
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado
por las sociedades Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., integrantes del
Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., por intermedio de
apoderado judicial, en contra de la sentencia del 3 de diciembre de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda de controversias contractuales
1.1.1. Las sociedades Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., integrantes del
Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., por intermedio de
apoderado judicial, interpusieron demanda de controversias contractuales
contra el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la sociedad Estyma S.A.,
con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 001937 del 21 de abril
de 1998, por medio de la cual se adjudicó la licitación pública STC-009-
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Demandante: Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A.
97, así como la nulidad absoluta del Contrato 310 del 2 de junio de 1998,
derivado de la referida adjudicación. Consecuencialmente, solicitaron que
se declarara que el consorcio tenía derecho a la adjudicación del contrato
y que se condenara al INVIAS a pagarle, por concepto de restablecimiento
del derecho, los perjuicios causados a título de daño emergente y lucro
cesante.
1.1.2. Como fundamento de las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales, Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A. alegaron,
en síntesis, que: (i) mediante Resolución 008253 del 23 de diciembre de
1997, el INVIAS abrió la Licitación Pública STC-009-97, para la
construcción de la Carretera Platanillal - Balsillas - San Vicente, Sector
Quebrada Perlas III - Las Morras; (ii) la licitación se cerró el 27 de febrero
de 1998 y en esta presentaron propuestas, entre otras, el Consorcio Mora
Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A. y la sociedad Estyma S.A.; (iii) la propuesta
de Estyma S.A. debió ser rechazada porque no cumplía con los requisitos
documentales y no relacionaba el equipo ofrecido para la obra, por lo que
no era posible compararla objetivamente; (iv) sin embargo, el INVIAS
requirió a Estyma S.A. para que presentara los documentos faltantes y
ofició a un tercero para que le brindara información sobre un equipo
ofrecido por ella, lo que fue irregular, pues el pliego de condiciones no
facultaba a la entidad para solventar falencias de las propuestas por fuera
de la oportunidad debida; (vi) por lo anterior, fue evidente la intención
del INVIAS de mejorar la propuesta de Estyma S.A., contrariando los
principios de transparencia, selección objetiva e igualdad; (vii) pese a las
falencias anotadas, el INVIAS aceptó la propuesta de esa sociedad, la cual
obtuvo un puntaje de 79.02, mientras la propuesta del consorcio obtuvo
75.95; (viii) durante la audiencia de adjudicación del 16 de abril de 1998,
el INVIAS no aceptó las observaciones presentadas por otros proponentes
contra la propuesta de Estyma S.A.; (ix) pero, aplicando criterios
subjetivos y sin atender las disposiciones del pliego de condiciones, sí
accedió a una observación presentada contra el consorcio demandante,
que hacía referencia a su cronograma de actividades; (x) de acuerdo con
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lo anterior, recalificó la propuestas y Estyma S.A. obtuvo un puntaje de
77.21, mientras que el consorcio obtuvo 60.95 puntos; (xi) de haberse
mantenido la calificación inicial, se habría presentado un empate y habría
tenido que aplicarse el mecanismo de desempate con resultado a favor
del consorcio, teniendo en cuenta que las observaciones contra el
cronograma ofertado por este no eran determinantes y el plazo de su
propuesta era menor; (xii) mediante Resolución 001937 del 21 de abril
de 1998, el INVIAS adjudicó la licitación a Estyma S.A. y suscribió con
esta el Contrato 310 del 2 de junio de 1998 y el contrato adicional 310-
1-1998, y (xiii) por lo expuesto, el acto de adjudicación estaba viciado de
nulidad por violación de la ley, abuso de poder y desvío de poder, y el
contrato también era nulo.
1.1.3. La demanda fue identificada con el radicado 25000-2326-000-
1998-02365-00/02, y de ésta conoció en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en
segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
1.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
Mediante sentencia del 3 de diciembre de 20181, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, revocó el fallo del 15 de julio de 2010,
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, había denegado las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, declaró la nulidad de la Resolución 001937 del 21 de abril
de 1998, por medio de la cual se adjudicó la licitación pública STC-009-
97, y la nulidad absoluta del Contrato 310 del 2 de junio de 1998. Sin
embargo, denegó las demás pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la decisión, señaló que los argumentos del recurso
de apelación se centraban en los supuestos errores del INVIAS en la
evaluación de: (i) los equipos incluidos en la oferta de Estyma S.A., y (ii)
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Folios 440 a 470 del expediente del proceso ordinario.
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el cronograma de actividades de la oferta del Consorcio Mora Mora & Cía.
Ltda. y Oica S.A.
1.2.1. En cuanto a la evaluación de los equipos de la oferta de
Estyma S.A., señaló que el pliego de condiciones de la licitación exigía el
diligenciamiento del formulario denominado RELACIÓN DEL EQUIPO
NECESARIO OFRECIDO, el cual debía ser presentado con los soportes del
caso, documentación que tenía por finalidad acreditar la propiedad, la
capacidad y el año de fabricación del equipo ofrecido.
Dijo que el pliego establecía que dicho formulario constituía un requisito
habilitante, por lo que su omisión impedía evaluar la propuesta e
implicaba su rechazo, y, a su vez, los soportes de este eran requisitos
puntuables.
En ese orden, advirtió que Estyma S.A. presentó el formulario RELACIÓN
DEL EQUIPO NECESARIO OFRECIDO, pero de manera incompleta, pues
omitió las columnas de origen y ubicación. Sin embargo, como los
argumentos de la apelación únicamente giraron en torno a los
documentos soporte supuestamente faltantes, centró en estos el análisis,
es decir, buscó verificar el cumplimiento de las exigencias puntuables de
los equipos ofrecidos por Estyma S.A.
En tal sentido, advirtió que el INVIAS solicitó a Estyma S.A. información
faltante sobre el año de fabricación, la capacidad y la propiedad de ciertos
equipos, la cual fue aportada por la proponente el 11 de marzo de 1998.
Además, observó que la entidad le requirió documentación a dicha
sociedad y a un tercero2 “incluso después de vencido el traslado del
informe de evaluación”.
De este modo, señaló que, en relación con la capacidad de la
retroexcavadora Fiat-Allis SL9, así como con la capacidad y la propiedad
de las concretadoras Apolo, el INVIAS permitió que Estyma S.A. saneara
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Solicitud relacionada con la capacidad de una retroexcavadora contenida en la oferta, y que fue atendida por
la sociedad Equitec S.A. el 30 de marzo de 1998.
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las falencias de la oferta. Por lo tanto, al tratarse de un requisito
puntuable, advirtió que, sobre tales ítems, la calificación debió ser de cero
(0) puntos.
Además, observó que la certificación de la propiedad del cargador 966D
no podía ser tenida en cuenta porque provenía del representante legal de
Estyma S.A., y no tenía su firma. Por tal razón, ese ítem también debía
tener una calificación de cero (0) puntos.
Por lo tanto, concluyó que debía anularse la calificación de las propuestas
efectuada en la Resolución 001937 del 21 de abril de 1998.
1.2.2. Luego, estudió el cargo del recurso de apelación relacionado con la
calificación de la propuesta del Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda.
y Oica S.A., en cuanto al cronograma de actividades. Al respecto,
advirtió que el pliego de condiciones exigía la presentación de un
cronograma secuencial y armónico para cada una de las actividades de la
obra y que, de cumplirse tal exigencia, se otorgaría un puntaje de quince
(15) puntos, y en caso contrario, este sería de cero (0).
Frente al caso concreto, advirtió que el error de la propuesta del
consorcio, que no fue negado por las sociedades que lo integran, consistió
en cambiar la secuencia lógica de unas actividades, que no es otra cosa
que la línea de programación constituida por las actividades críticas, la
cual determina el plazo de obra y se elabora en el programa Microsoft
Project versión 4.0.
Sobre el particular, señaló que la prueba pericial había manifestado que
tales inconsistencias no eran críticas y no tenían relevancia para el
cumplimiento del contrato. Sin embargo, destacó también que la
ingeniera civil Tatiana Ramos Bermúdez, testigo técnica que trabajaba
para el INVIAS, quien participó en la evaluación del proceso de
contratación, había declarado que la deficiencia encontrada equivalía a
“construir una casa y después los cimientos”.
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El ad quem sustentó la decisión en esta declaración, pues estimó que
gozaba de credibilidad porque resultaba coherente con las demás
exigencias del pliego. Por lo tanto, concluyó que no eran de recibo los
argumentos de la parte recurrente, que manifestó que la inconsistencia
del cronograma no era relevante, y dijo que, por el contrario, el puntaje
de este ítem debía ser de cero (0) puntos.
1.2.3. De acuerdo con lo expuesto, efectuó el recálculo de los ítems de
evaluación y advirtió que a Estyma S.A le habría correspondido la
puntuación mayor (74.33), y al Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica
S.A., la menor (60.95). Sin embargo, como el puntaje mínimo establecido
en la convocatoria era de 75 puntos, concluyó que ninguna de las ofertas
era elegible y que la licitación debió ser declarada desierta.
Por lo tanto, declaró la nulidad de la Resolución 001937 del 21 de abril de
1998, y consecuencialmente, de acuerdo con el numeral 4º del artículo
44 de la Ley 80 de 1993, la del Contrato 310 del 2 de junio de 1998, pero
sin lugar a restituciones mutuas. Además, denegó las pretensiones de
Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión
Mediante escrito radicado el 31 de enero de 20203, Mora Mora & Cía. Ltda.
y Oica S.A. interpusieron el recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 3 de diciembre de 2018, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, con fundamento en la causal consagrada
en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)4, “existir
nulidad originada en la sentencia”.
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Folios 1 a 37 del expediente del recurso extraordinario.
4
Ley 1437 de 2011.
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En el acápite de pretensiones, solicitó que se anule únicamente el ordinal
tercero de la parte resolutiva de la decisión recurrida, que denegó las
demás pretensiones de la demanda y que, en su lugar, se acceda a éstas.
2.1.1. Como fundamento de las pretensiones, expuso que la sentencia
recurrida constituye una vía de hecho porque desconoció, sin exponer
motivación que lo justificara, la prueba pericial que determinó que los
errores del cronograma presentado por el consorcio no eran críticos y que
no afectaban el plazo de la obra, comoquiera que las actividades objeto
de esas inconsistencias no hacían parte de la ruta crítica.
Dicha prueba, destacó, no fue objeto de tacha y su trámite fue legal, pese
a lo cual la providencia recurrida no explicó por qué no la tuvo en cuenta.
Señaló que el numeral 4.4.4 del pliego de condiciones estipulaba que
únicamente las inconsistencias graves que afectaran el plazo y el
programa de utilización de equipos llevarían a una calificación de cero (0)
puntos. Sin embargo, la decisión recurrida no encontró probado un error
de tal naturaleza y, aun así, determinó que el puntaje del consorcio en
este punto debía ser de cero (0).
Además, el pliego establecía que el cronograma era susceptible de
modificación, no solo por situaciones sobrevinientes, sino también por
exigencias del INVIAS, en caso de atrasos mensuales.
Alegó que la providencia recurrida, “haciendo eco” de los testimonios de
los ingenieros que eran funcionarios del INVIAS y de la observación
presentada por la sociedad Grodco S.A., que también fue proponente,
señaló que la programación presentada por el consorcio no tenía
secuencia lógica. Empero, ninguno de ellos explicó técnicamente las
razones por las cuales la inconsistencia era grave y afectaba el
cronograma de actividades y el programa de utilización de equipos, ni en
qué forma afectaba el plazo de la propuesta.
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Arguyó que el magistrado ponente de la decisión recurrida no tenía el
conocimiento técnico para referirse a la secuencia lógica del proyecto,
teniendo en cuenta los equipos y recursos físicos disponibles. Que, por lo
tanto, era necesario que la autoridad judicial tuviera en cuenta la prueba
pericial aportada, que respondía preguntas relacionadas con la eventual
repercusión de algún error sustancial del cronograma frente al plazo
propuesto para ejecutar la obra y sobre el programa de utilización de
equipos.
Más concretamente, alegó que el dictamen era relevante para la decisión
del caso porque, “como lo afirman los Señores Peritos las actividades
cuestionadas no hacen parte de la Ruta Crítica y se podrían haber
modificado sus fechas reales de iniciación y terminación, corrigiendo el
error de programación sin afectar el PLAZO FINAL DE TERMINACION DE
OBRA, es decir, el Cronograma de Actividades presentado en la Propuesta
del Consorcio, cumple con las cláusulas del Pliego de Condiciones no
demandaba ser corregido y debía ser aprobado para la ejecución
contractual”.
Luego, arguyó que la decisión recurrida no efectuó el análisis de las
implicaciones económicas de las inconsistencias en la secuencia lógica del
cronograma. En tal sentido, adujo que los ítems apoyo de neopreno y
elementos antisísmicos no requieren de ningún equipo, sino solamente de
una herramienta menor, y que, en todo caso, el costo total de esos dos
elementos en el presupuesto de la oferta del consorcio era solo de
$22.620.000, valor que corresponde únicamente al 0.19% del
presupuesto básico total ofrecido, que era de $11.661.046.270.
Por otro lado, alegó que en el proceso estaba probado que en “la misma
audiencia” del proceso de contratación —no especificó en cuál—, la
administración recibió un escrito de objeciones, el cual no fue puesto en
conocimiento de las demás partes para ejercer el derecho a la defensa,
violando los principios de igualdad, transparencia, economía y
responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993.
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2.1.2. Por otra parte, cuestionó la valoración que efectuó la providencia
recurrida de la declaración del testigo técnico, ingeniero civil del INVIAS,
Carlos Javier González, quien hizo parte de las evaluaciones de las
propuestas, pues fue evidente su afán de defender la calificación asignada
al consorcio por el cronograma de actividades. Y agregó que “los
Evaluadores no hicieron otra cosa que mejorar la propuesta de ESTYMA,
desde el inicio del Proceso Licitatorio y por esto la Sentencia recurrida
declaró la nulidad de la Resolución Número 1937 del 21 de abril de 1.998”.
De igual manera, cuestionó la declaración de la ingeniera civil Tatiana
Ramos Bermúdez, pues considera que ella tuvo un “desempeño irregular
y parcializado” en la “calificación de los equipos de la Sociedad ESTYMA
S.A., con el único propósito de que se le adjudicara la licitación a la
referida sociedad”.
2.2. Oposición al recurso extraordinario de revisión
El recurso fue admitido5 por el despacho sustanciador a través de auto
del 22 de junio de 20226, que ordenó notificar y dar traslado al INVIAS, a
la sociedad Estyma S.A. y al Procurador Delegado ante la Sección Primera
del Consejo de Estado, conforme con lo previsto en el artículo 253 del
CPACA.
2.2.1. Dentro del término concedido en el auto admisorio de la demanda 7,
el INVIAS presentó contestación8 por intermedio de apoderado y,
después de resumir los antecedentes del proceso contractual y de las
sentencias de primera y segunda instancia, alegó que los argumentos del
recurso no buscaban acreditar una nulidad originada en la sentencia, esto
es, alguna de las circunstancias enlistadas en el artículo 133 del Código
5
Inicialmente fue inadmitido a través de proveído del 1º de julio de 2020, porque no se allegó el documento
en el que conste la constitución del consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., ni la constancia de ejecutoria
de la sentencia recurrida, ni las copias de la demanda y sus anexos para el archivo y un traslado. La parte
actora presentó la subsanación oportunamente el 22 de julio de 2020 y la demanda fue admitida.
6
Índice 29 del recurso extraordinario en SAMAI.
7
Se observa que el INVIAS presentó un primer memorial de contestación el 10 de agosto de 2020, cuando la
demanda aún no había sido admitida.
8
Índice 37 del recurso extraordinario en SAMAI.
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General del Proceso (CGP), o alguna irregularidad insaneable que afectara
sustancialmente el debido proceso, sino que giraban en torno a las
inconformidades del consorcio con tal decisión, pues esta no satisfizo sus
expectativas en el proceso de controversias contractuales.
Alegó que la providencia recurrida sí valoró el dictamen pericial de la
demandante, pues manifestó que dicha prueba evidenciaba el error en la
propuesta del consorcio, y reconoció que los peritos habían sostenido que
tal error no era crítico. Sin embargo, la sentencia también otorgó valor
probatorio a la declaración de la testigo técnica de INVIAS, quien
consideró que tal deficiencia era vital.
Entonces, señaló que la sentencia advirtió la existencia de criterios
técnicos disímiles, pero concluyó que la propuesta del consorcio no
cumplía con la secuencia lógica de las actividades, lo que justificó la
calificación de cero (0) puntos. Es decir, que la autoridad judicial sí valoró
el dictamen, pero no llegó a la conclusión pretendida por la demandante,
lo que no configura la causal de revisión invocada.
Argumentó que la nulidad por ausencia de motivación se presenta ante la
carencia absoluta de pronunciamiento sobre las razones de hecho o
derecho, o cuando la providencia se basa en circunstancias erróneas,
incompletas o dolosamente aducidas. Es decir, que esta causal del recurso
extraordinario de revisión no procede para controvertir las razones del
fallo o la apreciación de los hechos y las pruebas.
Finalmente, señaló que la decisión controvertida valoró las pruebas
conforme con las reglas de la sana crítica y no incurrió en vulneración del
debido proceso de las partes.
2.2.2. La sociedad Estyma S.A. contestó la demanda9 por intermedio de
apoderado y señaló que, en efecto, la sentencia objeto de recurso
9
Índice 38 ibidem.
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encontró inconsistencias en la evaluación realizada por el INVIAS a su
propuesta. Específicamente, en tanto se le otorgó una calificación de
77.21 puntos, cuando debió ser de 74.33 puntos, al no haber acreditado
la propiedad de los equipos ofertados en la etapa inicial, sino con
posterioridad al requerimiento que le realizó la entidad. Tal falencia,
recordó, fue lo que conllevó a que se declarara la nulidad de la Resolución
001937 del 21 de abril de 1998.
Sin perjuicio de lo anterior, argumentó que la declaratoria de nulidad del
acto no le otorgaba per se a los demás proponentes de la licitación el
derecho a obtener un restablecimiento. Y precisó que, para ello, el
demandante tendría que cumplir una doble carga procesal, esto es,
demostrar que el acto lesionó normas superiores y que su propuesta se
ajustaba al pliego de condiciones y que era la mejor.
Empero, eso no ocurrió en este caso porque el Consorcio Mora Mora &
Cía. Ltda. y Oica S.A. tampoco cumplió con la totalidad de los requisitos
para ser elegible en la licitación, y su propuesta no alcanzó los 75 puntos
que exigía el pliego de condiciones, ni fue la mejor para los intereses de
la entidad. En concreto, porque no contaba con un cronograma lógico,
pues el orden de las actividades no era ejecutable técnicamente, de
acuerdo con los recursos físicos disponibles. Tal elemento, destacó, era
un parámetro fundamental para que en la etapa de ejecución del contrato
no se generaran modificaciones en el cronograma, lo que implicaría
mayores costos.
Agregó que, en todo caso, no habría lugar a un restablecimiento del
derecho porque ninguna propuesta cumplió con la totalidad de los
requisitos del pliego de condiciones. Y que, de hecho, la propuesta de
Estyma S.A. fue la mejor para los intereses del INVIAS, razón por la cual
no debe prosperar la pretensión de indemnización pedida por la no
adjudicación del contrato al consorcio demandante.
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2.3. Concepto del Ministerio Público
2.3.1. El procurador delegado de intervención 6: primero ante el Consejo
de Estado rindió concepto10 en el que advirtió que los argumentos del
presente recurso no se enmarcan en los presupuestos de configuración
de la causal de nulidad originada en la sentencia por falta de motivación,
pues esta no se configura por posibles deficiencias derivadas de la
valoración de las pruebas o de los hechos, o de la interpretación de las
normas, ni del desconocimiento del precedente judicial, sino únicamente
por la carencia total de pronunciamiento sobre las razones de hecho o de
derecho que sustentan la decisión, lo que no ocurrió en este asunto.
Adujo que, en todo caso, la sentencia debatida no desconoció el dictamen
pericial aportado por la demandante, sino que, por el contrario, lo
confrontó con las demás pruebas practicadas y concluyó que, pese a las
contradicciones técnicas que tenían las pruebas recaudadas en cuanto a
las implicaciones de las inconsistencias del cronograma del consorcio,
estas eran un factor determinante para la evaluación de la propuesta.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que lo que pretendía la recurrente
era controvertir la motivación de la sentencia acusada, con base en sus
apreciaciones subjetivas, finalidad para la cual no procede el recurso
extraordinario de revisión, que, por su naturaleza, no puede emplearse
para debatir la actividad interpretativa o los juicios probatorios que
soportaron la decisión, incluso si no fueron precisos, esto es, para revivir
el debate ya agotado por el juez natural, so pena de desconocer el
principio de independencia judicial.
Sostuvo, además, que en este caso procede condenar en costas a la parte
vencida, de acuerdo con los artículos 188 y 255 del CPACA, modificados
por la Ley 2080 de 2021, y con el numeral 1° del artículo 365 del CGP.
10
Índice 39 ibidem.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia y oportunidad
De acuerdo con lo previsto por los artículos 107 y 249 del CPACA y por el
numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201911,
la Sala Especial de Decisión es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión.
La sentencia del 3 de diciembre de 2018 fue notificada mediante edicto
fijado del 24 al 28 de enero de 2019, y el término de ejecutoria corrió
entre los días 29 y 31 del mismo mes y año12. A su vez, la presente
demanda se radicó 31 de enero de 202013, es decir, dentro del plazo de
un año posterior a la ejecutoria de la decisión, término establecido en el
artículo 25114 del CPACA.
3.2. Del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que
implica una excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de
impugnación de las sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.
Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su
interposición son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que
se convierta en una tercera instancia15. No comporta entonces una nueva
oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la omisión
11
Reglamento interno del Consejo de Estado.
12
Folio 471 del expediente del proceso ordinario.
13
Índice 2 del proceso de revisión en SAMAI.
14
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso. (…)”. (Subrayas de la Sala).
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993, Rad.
1992-00037-00 (Rev).
13
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probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación
del derecho o en la valoración de las pruebas.
En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además
de designar las partes y su representante, el nombre y domicilio del
recurrente y los hechos y omisiones que el sirven de fundamento, deberá
señalar con precisión la causal y exponer los motivos que justifican su
procedencia16.
3.3. La causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 del
CPACA
3.3.1. El numeral 5º del artículo 250 del CPACA previó como causal de
revisión la de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha
precisado que, para la configuración de esta causal, deben estar reunidos
los siguientes presupuestos17:
(i) Que contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el
recurso de apelación.
(ii) Que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no antes,
ya que la proposición de nulidades procesales está sometida a las reglas
de procedibilidad establecidas en el artículo 134 del Código General del
Proceso (CGP).
(iii) Debe corresponder a alguno de los vicios señalados por el artículo
133 ibidem o alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.
2012-00231-00 (Rev).
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
14
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gravosa la situación al demandante sin que exista demanda de
reconvención; en los eventos en que la providencia carezca de
motivación18; cuando se profiera un nuevo fallo en un proceso concluido
con sentencia en firme; si se procede a dictar sentencia cuando
previamente se ha aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención; si se profiere fallo como única actuación; cuando
se condena a quien no ha sido parte en el proceso; cuando se dicta
sentencia después de ocurrida alguna de las causales de interrupción o
suspensión; cuando existe un mayor o menor número de magistrados o
de votos a los previstos, u otras situaciones que comporten una violación
del derecho fundamental al debido proceso.
Así mismo, la jurisprudencia ha explicado que19 “se desprende del artículo
29 constitucional, cuya violación puede originar la nulidad del fallo
respectivo, cuando la transgresión (…) se presente directamente en el
fallo, por ejemplo, cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, o se decide por fuera de los términos que originaron la
controversia”.
Es importante resaltar que, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
corporación20, “en principio, esta causal está limitada a los vicios
procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, mas
no los acaecidos en etapas anteriores21. La jurisprudencia de la Sala Plena
18
Frente a la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, esta Corporación ha precisado que
“se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Expediente
radicación nro. 11001 03 26 000 2019 00143 00 (64827). Así mismo la Corporación ha dicho que esta causal
también se presenta por violación al debido proceso por falta de congruencia. En este punto ver: Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P. Alberto Yepes
Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
19
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
20
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 26 de enero de 2023. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2019 04168 00.
21
Cita original: “La Sala Plena, en uno de sus pronunciamientos concluyó que esa causal de revisión exige que
el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como
causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime
si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo
145 ejusdem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar
sentencia’”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp. 11001- 03-15-000-2001-0091-01”.
15
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de esta Corporación22, sin embargo, ha aceptado como hechos
constitutivos de esta causal los vicios procesales ocurridos antes de
proferirse la sentencia, siempre que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando fue
proferida la sentencia recurrida23. Quien considere fue afectado, en todo
caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la
nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de
revisión en cuestión será una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o
errores procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en
el artículo 134 del Código General del Proceso (C.G.P.) o para proponer
nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136
ibidem”.
3.3.2. Ahora, esta corporación ha reconocido que la transgresión al debido
proceso como vicio que daría lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia puede presentarse cuando la decisión
recurrida se sustenta en pruebas ilícitas, o impone condena a una persona
que no fue vinculada al proceso, o carece de motivación, o falta al
principio de congruencia, entre otros.
En cuanto a la falta de motivación, debe tenerse en cuenta que
únicamente es motivo de revisión la carencia total de pronunciamiento
del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar
a una decisión24.
22
Cita original: “En este sentido, la Corporación se ha pronunciado en las siguientes providencias: del 31 de
mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00; del 9 de marzo de 2010, expediente
número 1100103150002002-1024-01; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 7 de febrero de
2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 18 de octubre de 2005, expediente número
11001-03-15-000-2000-00239-00, y del 20 de abril de 2004, expediente número 11001-03-15-000-1996-
0132-01”.
23
Cita original: “La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en
la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable,
no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp.
11001-03-15-000-2001-0091-01”.
24
Sentencia del 14 de agosto de 2023, Consejo de Estado, Sala Segunda Especial de Decisión, consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez, radicación: 11001 03 15 000 2015 00545 00.
16
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha
señalado que resulta improcedente, con fundamento en esta causal,
alegar supuestas deficiencias en la motivación, cuestionar la estimación
que el juez realizó de los hechos, las pruebas o de las normas jurídicas
que rigen el caso. De admitirse tales reclamaciones, se desconocería el
carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en una instancia
adicional25.
3.4. Análisis del caso
Las sociedades Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., integrantes del
Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., interpusieron el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 3 de diciembre de 2018,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con
fundamento en la causal consagrada en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA, “existir nulidad originada en la sentencia”.
En concreto, piden que se anule el ordinal tercero de la parte resolutiva
de la decisión recurrida, en tanto, pese a haberse declarado la nulidad de
la Resolución 001937 del 21 de abril de 1998, por medio de la cual se
adjudicó la licitación pública STC-009-97 a la sociedad Estyma S.A., y del
Contrato 310 del 2 de junio de 1998, denegó las demás pretensiones de
la demanda al considerar que la calificación de cero (0) puntos asignada
al cronograma de actividades de su propuesta estaba ajustada a derecho
porque este carecía de secuencia lógica, lo que era determinante como
factor evaluativo.
3.4.1. Como primer aspecto, la demandante alega que la providencia
recurrida debe ser declarada nula porque no expone las razones por las
que no tuvo en cuenta el dictamen pericial que aportó al proceso, el cual,
según alega, demostraba que los errores del cronograma de su propuesta
25
Sentencia de 7 de mayo de 2013, C.P. Mauricio Torres Cuervo, número único de radicación 11001-03-15-
000-2003-00858-01.
17
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no eran críticos y no incidían en el plazo de la obra, comoquiera que las
actividades afectadas no hacían parte de la ruta crítica.
Al respecto, es pertinente recordar que la causal de revisión
correspondiente a la nulidad originada en la sentencia puede configurarse
por ausencia de motivación. Empero, en tal caso, el recurso debe
fundamentarse en la ausencia total de exposición de las razones del fallo,
y no en los simples desacuerdos de la parte recurrente con los motivos
exteriorizados por la autoridad judicial, por ejemplo, al valorar las
pruebas.
En el sub lite, la demandante alegó que la sentencia del 3 de diciembre
de 2018 no expuso las razones por las cuales no tuvo en cuenta el
dictamen pericial aludido. Es decir, que la premisa del recurso
extraordinario de revisión bajo estudio es que la providencia atacada dejó
por completo de lado dicho medio de convicción.
Sin embargo, la Sala observa que la sentencia recurrida expuso lo
siguiente sobre el particular:
“3.2.16. La parte actora solicitó la práctica de una prueba pericial para
determinar (i) si los documentos de los equipos que Estyma S.A. no presentó
eran sustanciales o meramente formales. De ser sustanciales, dilucidar si estaba
en la obligación de aportarios todos; (ii) si la falta de tales documentos daba
lugar a la puntuación o no; (iii) la calificación que debía obtener Estyma S.A.;
(iv) si el cronograma de actividades del consorcio de las actoras tenía un error
sustancial que afectara el contrato; (v) calcular los perjuicios las actoras por la
privación de ser adjudicatarias.
(…)
Referente a los defectos del cronograma de actividades del consorcio de las
actoras señaló que ‘las actividades cuestionadas no son críticas ni conforman la
RUTA CRÍTICA y en consecuencia se podrían haber modificado sus fechas reales
de iniciación y terminación, corrigiendo el error de programación, sin afectar el
plazo final de terminación de la obra’ (fl. 11, c. 14).
(…)
En el sub lite, el error de la propuesta del consorcio de las actoras, que no ha
sido negado por estas y fue confirmado por el peritaje (fl. 11, c. 14), consistió
en cambiar la secuencia lógica de unas actividades, que los peritos estimaron
como no críticas y sin relevancia para el cumplimiento del contrato (fl. 11, c.
14); sin embargo, la testigo técnica Claudia Tatiana Ramos Bermúdez, ingeniera
18
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civil, quien participó en la evaluación del proceso en estudio a nombre del Invías,
sostuvo lo contrario, tanto que comparó la deficiencia encontrada con el hecho
de construir una casa y después los cimientos (s. 511 a 513, c. 17)”. (Subrayas
de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, valoró el dictamen y lo confrontó con los
testimonios técnicos que también se refirieron, pero en sentido distinto,
a las implicaciones de las inconsistencias del cronograma ofertado por el
Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A.
Por lo tanto, el presente recurso extraordinario de revisión resulta
infundado en tanto aduce que la sentencia incurrió en falta de motivación
al no exponer las razones para no tener en cuenta el dictamen pericial.
Por un lado, porque no fue esa la decisión que se adoptó, comoquiera que
la prueba sí fue objeto de estudio, resultando entonces innecesario que la
autoridad judicial expusiera razones que la llevaran a descartarla. Y, por
otro lado, porque la causal invocada solo procede cuando se presenta
carencia absoluta de motivación sobre determinado aspecto de la
providencia, circunstancia que, como acaba de verse, no se presentó en
el sub lite, pues que sí se expusieron los motivos por los que se dio
credibilidad a otras pruebas recaudadas en relación con el mismo hecho.
Otra cosa es que de tal análisis la autoridad judicial no extrajo las
conclusiones que la parte demandante esperaba, circunstancia que no
conlleva a la configuración de la causal de revisión correspondiente a la
nulidad originada en la sentencia.
3.4.2. En este orden, también en lo relacionado con la calificación del
cronograma de su propuesta, la parte actora alegó que: (i) la decisión
recurrida no tuvo en cuenta que el pliego de condiciones establecía que
únicamente las inconsistencias graves que afectaran el plazo y el
programa de utilización de equipos llevarían a una calificación de cero (0)
puntos, y que el cronograma era susceptible de modificación; (ii) la
providencia se basó en los testimonios técnicos de funcionarios del INVIAS
19
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y en la observación presentada por otro proponente, los cuales no
explicaron técnicamente las razones por las cuales la inconsistencia era
grave y afectaba el cronograma de actividades y el programa de
utilización de equipos, ni en qué forma afectaba el plazo de la propuesta;
(iii) dichos testigos técnicos actuaron con evidente interés de beneficiar
la propuesta de Estyma S.A.; (iv) el magistrado ponente carecía del
conocimiento técnico necesario para referirse a la secuencia lógica del
proyecto, por lo que debía fundamentarse en la prueba pericial, y (iv) no
analizó las implicaciones económicas de las inconsistencias en la
secuencia lógica del cronograma, las cuales correspondían únicamente al
0.19% del presupuesto básico total ofrecido.
Adicionalmente, expuso que la sentencia objeto del recurso no tuvo en
cuenta que en el proceso estaba probado que en una audiencia de la
licitación se presentó un escrito de objeciones que no fue puesto en
conocimiento de los demás intervinientes por parte de la entidad, por lo
que se afectaron los principios de igualdad, transparencia, economía y
responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993.
A juicio de la Sala, los anteriores argumentos no corresponden a ninguno
de los vicios enlistados en el artículo 133 del CGP, ni encuadran en alguna
de las circunstancias que la jurisprudencia ha reconocido como
posiblemente constitutivas de la causal de revisión consistente en la
nulidad originada en la sentencia. Por el contrario, se observa que la
recurrente se limita a reiterar los argumentos que se discutieron en el
proceso de controversias contractuales, por lo que es claro que lo que
persigue es reabrir la discusión jurídica que ya se agotó.
Valga reiterar, el recurso extraordinario de revisión no procede para
controvertir las razones del fallo y mucho menos para reiterar los
fundamentos de la demanda ordinaria o del recurso de apelación contra
la decisión de primera instancia, pues en tales eventos, es claro que se
está intentando emplear este mecanismo como una tercera instancia.
20
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3.4.3. Por lo expuesto, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por las sociedades Mora Mora & Cía.
Ltda. y Oica S.A., integrantes del Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica
S.A., contra la sentencia del 3 de diciembre de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
3.5. Costas
Vistos los artículos 188 del CPACA26 y 365 del CGP27, en especial su
numeral 8º, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 255 ibidem, y
a lo expuesto por esta corporación, la Sala considera que hay lugar a
decretar condena en costas por agencias en derecho, en la medida en que
se comprueba que el INVIAS y la sociedad Estyma S.A. comparecieron a
este proceso por conducto de apoderado debidamente constituido.
En consecuencia, se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del
5 de agosto de 201628, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
y se impondrá a su favor y a cargo de las sociedades Mora Mora & Cía.
Ltda. y Oica S.A., la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente para cada una. No se condenará al pago de gastos y
expensas, toda vez que no se acreditó probatoriamente su causación.
En mérito de lo expuesto, la Sala Dieciocho Especial de Decisión de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
26
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.”
27
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. (…)”.
28
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
21
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Demandante: Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por las sociedades Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A.,
integrantes del Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica S.A., contra la
sentencia del 3 de diciembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a las sociedades Mora Mora & Cía.
Ltda. y Oica S.A., integrantes del Consorcio Mora Mora & Cía. Ltda. y Oica
S.A., por concepto de agencias en derecho, por lo que deberán pagar al
INVIAS y a la sociedad Estyma S.A. la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente para cada una.
TERCERO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente Sala Especial Consejera de Estado
Consejero de Estado
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR WILSON RAMOS GIRÓN
Consejero de Estado Consejero de Estado (E)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
22
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